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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03380-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03380-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 28 de mayo de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03380-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Luis Alberto Albor Mozo.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03380-01.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
28 de mayo de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Luis Alberto Albor Mozo fue declarado contraventor por
infringir el literal F del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, mediante Resolución núm. 0445 de 4 de abril de 2024
expedida por la Inspección de Tránsito y Transporte del Distrito de Santa
Marta.

1.2. Inconforme con la anterior decisión el accionante presentó recurso
de apelación.

1.3. Mediante Resolución núm. 0558 de 19 de abril de 2024, la Secretaría
Distrital de Movilidad de Santa Marta confirmó la decisión.

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1.4. La Secretaría Distrital de Movilidad de Santa Marta, mediante la
Resolución núm. 0688 de 15 de mayo de 2024, dio cumplimiento a un
fallo judicial y dispuso la revocatoria de las Resoluciones núm. 0445 del
4 de abril de 2024 y núm. 0558 del 19 de abril de 2024, ordenando la
reapertura del proceso contravencional.

1.5. Mediante Resolución núm. 1628 de 15 de noviembre de 2024, la
Inspección de Tránsito y Transporte del Distrito de Santa Marta declaró
contraventor al señor Luis Alberto Albor Mozo, por infringir el literal F del
artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y lo sancionó con
multa de ciento ochenta salarios mínimos diarios legales vigentes.

1.6. El 17 de abril de 2026, el señor Luis Alberto Albor Mozo presentó a
la Secretaría Distrital de Movilidad de Santa Marta, solicitud de caducidad
del proceso contravencional conforme a lo previsto en el artículo 161 de
la Ley 769 de 2002.

1.7. La Secretaría Distrital de Movilidad de Santa Marta, el 30 de abril de
2026, emitió respuesta negando la solicitud, al considerar que el proceso
contravencional culminó dentro del término establecido para ello, según
lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales, al considerar que la Secretaría de Movilidad de Santa Marta
disponía de un término de doce meses para adoptar una decisión dentro del
proceso contravencional y proceder a su notificación, conforme a lo
establecido en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002. Sin embargo, al no
hacerlo dentro de dicho lapso, perdió competencia y se configuró la caducidad.

Sostuvo que la autoridad accionada vulneró su derecho al debido proceso, al
hacer creer que emitió decisión el 15 de noviembre de 2024 y que no notificó

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en debida forma.

Indicó que la autoridad accionada al “[…] desconocer la caducidad configurada
afecta mi derecho al trabajo como taxista y el mínimo vital de mi familia que
depende de mi labor como conductor de maquinaria pesada […]”.

Finalmente, afirmó que la autoridad accionada debió decretar la caducidad del
proceso contravencional “[…] so pena de incurrir en conductas disciplinarias y
penales como prevaricato por acción y omisión y fraude procesal […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Se me ampare los derechos Fundamental y Debido Proceso,
principio de publicidad, derecho a la defensa y legitima defensa.

• Ordenar a la secretaria de movilidad y a las demás entidades
accionadas y/o a los funcionarios competente para que realice la gestión
tendiente a darle estricto cumplimiento al marco normativo del Art 161 de
la Ley 769 de 2002.

• Se el conmine al secretario de movilidad resolver la solicitud en los
términos del art 161 de la Ley 769 de 2012, so pena de incurrir en
prevaricato por acción y omisión.

• Conminar a la secretaria de movilidad de santa marta retire cualquier
tipo de reporte del comparendo No. 47001000000037277421 es de fecha
15 de abril de 2023 por darse el fenómeno de la caducidad regulado en
el art 161 Ley 769 de 2002 Código de Tránsito.

• Se vincule a la personería, procuraduría General de la nación y Oficina
de Control Disciplinario, consejo superior de la judicatura.

• Ordenar a la entidad surtir la notificación en los términos del Art 66 de
la Ley 1437 de 2011 y se decrete la caducidad como lo dispone la Ley y
la Constitución.

• Se le ordene a la entidad declarar la caducidad establecida en el art 161
de la Ley 769 de 2002, por haber transcurrido el termino de los 12 meses
sin que la decisión este en firme.

• Se me ampare el derecho a la igualdad de las resoluciones No. 0235 y
0236 del 05 de febrero de 2016, No.1006 del 13 de octubre de 2015, No.
0202 del 07 de julio de 2015, No.0559 del 19 de agosto de 2015., No.0056

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del 29 de mayo de 2015, No. 2847 de 22 de octubre de 2018, No. 0711
del 10 de septiembre de 2015.

• Se me ampare el derecho a la igualdad de la resolución No. 0682 del
22 de febrero de 2018 y resolución No. 4903 del 09 de noviembre de 2017
[…]”. [Sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 6 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santa Marta, la
Personería Distrital de Santa Marta, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía
Distrital de Santa Marta y el Consejo Superior de la Judicatura y se vinculó a
la Procuraduría General de la Nación y al señor Nasir Azar Blanco, en su
condición de Inspector de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad
de Santa Marta, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

2. El 28 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente la solicitud de
amparo.

3. Mediante auto de 10 de junio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Personería Distrital de Santa Marta solicitó la desvinculación de la acción
de tutela, al considerar que las actuaciones adelantadas se limitaron al
ejercicio de funciones de vigilancia, seguimiento y acompañamiento
institucional, sin que pueda atribuírsele responsabilidad por la respuesta
material que corresponde emitir a otra autoridad administrativa.

Informó que el contenido de la presente acción constitucional guarda similitud
con el proceso de tutela identificado con el radicado núm. 47001-40-05-001-
2026-10249-00, el cual se tramita ante el Juzgado Primero Laboral Municipal
de Santa Marta.

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2. La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Santa Marta solicitó su
desvinculación de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, al señalar que los hechos mencionados por la parte actora no son
atribuibles al Jefe de dicha dependencia, puesto que la solicitud fue elevada
ante la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santa Marta. Asimismo, afirmó
que la acción de tutela resulta improcedente para solicitar la anulación de los
comparendos, toda vez que dichos actos administrativos deben controvertirse
mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. La Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, al considerar que el Alcalde del Distrito
carece de competencia funcional para proferir una decisión encaminada a
atender circunstancias cuya autoridad competente es la Secretaría de
Movilidad Multimodal y Sostenible del Distrito de Santa Marta.

4. El Inspector de Tránsito y Transporte de Santa Marta, solicitó declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que, “[…] se
encuentra acreditado que la Secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible
del Distrito de Santa Marta emitió respuesta material y de fondo al derecho de
petición presentado por el accionante el día 17 de abril de 2026, mediante
comunicación remitida el 30 de abril de 2026 [...]”. Asimismo, afirmó que el
accionante cuenta con los recursos administrativos y medios de control para
controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos dentro del
proceso contravencional.

Mencionó que, el accionante promovió acción de tutela ante el Juzgado
Laboral Municipal de Santa Marta, sustentada en los mismos supuestos
fácticos y pretensiones, lo que configura una actuación temeraria.

5. La Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible del Distrito de Santa
Marta solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, al
considerar que dio una respuesta oportuna y notificó efectivamente al
peticionario.

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Mencionó que el accionante promovió previamente acción de tutela ante el
Juzgado Primero Laboral Municipal de Santa Marta, dirigida contra las mismas
entidades accionadas y sustentada en los mismos hechos y derechos que
sirven de fundamento a la presente acción constitucional.

6. El Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, solicitó la desvinculación
de la acción de tutela por carecer de legitimación por pasiva, toda vez que,
“[…] si lo pretendido por la parte actora es que se inicie proceso disciplinario
para que se sancione servidores judiciales, me permito indicar que la autoridad
competente para adelantar el conocimiento de las mismas es la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial junto con sus seccionales […]”.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 28 de mayo
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, desvinculó al Consejo
Superior de la Judicatura y negó la solicitud de desvinculación presentada por
la Personería Distrital de Santa Marta, la Oficina de Control Interno y la
Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta.

Advirtió que en la acción de tutela no se configuró la temeridad ante la
inexistencia de identidad con la solicitud de amparo con radicado núm. 47001-
40-05-001-2026-10249-00, dado que las acciones constitucionales tienen dos
objetos distintos, “[…] la que se tramita en el Juzgado Laboral pretende la
declaratoria de prescripción de la acción de cobro de conformidad con lo
señalado en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, mientras que la que se
adelanta en el asunto de la referencia está en caminada a que se declare la
caducidad con fundamento en el artículo 161 ibidem […]”.

Afirmó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, “[…]
no obra constancia o memorial que permita inferir que el demandante agotó el
aludido mecanismo de impugnación. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que, una
vez concluido el trámite, bien porque se resolvió la alzada o bien porque la

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Resolución 1628 del 15 de noviembre de 2024 quedó en firme, lo cierto es que
el interesado tiene a su disposición en el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho contenido en 138 del CPACA9, para cuestionar
la legalidad de los actos a los que les adjudica la transgresión de sus derechos
Fundamentales […]”.

Adicionalmente, concluyó que, si bien el accionante alegó que su derecho al
trabajo podría verse afectado con la ejecución del comparendo, no explicó de
qué manera ello, en términos materiales, podría coartar el ejercicio de sus
labores, ni el despacho logró advertirlo, razón por la cual resultaba innecesaria
la intervención del juez constitucional.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia argumentando que “[…]
no es necesario acudir a la vía administrativa para amparar el derecho del
accionante, debido a que la misma norma de tránsito establece, que cuando
se dé el fenómeno de la caducidad la entidad debe declararla del oficio, razón
suficiente para que se le ampare el debido proceso del accionante debido a
que se dieron los elemento que exige la norma para decretarla; el paso del
tiempo y que no se hubiese adoptado una decisión definitiva dentro del término
no prorrogable que establece el art 161 de la ley 769 de 2002 […]”. [Sic en toda
la cita]

Indicó que no puede desconocerse el precedente administrativo expedido por
la autoridad accionada y que ante una situación similar han aplicado lo
dispuesto en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002.

Asimismo, mencionó que “[…] se me vulnera mi derecho al trabajo ya que mi
licencia es mi fuente de trabajo pro mi actividad de conductor […]”. [Sic en toda
la cita]

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al expedir la Resolución núm. 1628
de 15 de noviembre de 2024 y notificarla el 30 de abril de 2026.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a las accionadas a
declarar de oficio la caducidad en el proceso contravencional.

De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir la Resolución núm. 1628 de 15 de noviembre de 2024,
contra la cual no interpuso recurso de alzada.

3
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.

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Por tanto, el accionante cuenta con un medio de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la
Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares y la caducidad del proceso contravencional alegada.

En este contexto, resulta oportuno destacar que esta Sala ha reiterado 4 que
con la expedición de la Ley 1437 de 2011 ya no es admisible el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos
para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como
el estudiado.

Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de

4 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de

noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
5 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.

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cuestionamientos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitar la
exoneración del deber de pagar la multa correspondiente, ya que no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio.

Finalmente, la Sala advierte que, si bien el accionante manifestó que la sanción
impuesta podría afectar su derecho al trabajo, no explicó de qué manera dicha
medida limita de forma concreta el ejercicio de sus labores, y no se logra
advertirlo.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 28 de mayo de 2026 proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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