Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05924-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05924-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05924-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Elizabeth Elena Coral Bernal.
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05924-00.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Elizabeth Elena Coral Bernal se encuentra nombrada en
propiedad en el cargo de secretaria del Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal
de Bogotá, convertido transitoriamente en Juzgado Sesenta y Tres de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá.
1.2. Manifestó que tuvo conocimiento de la vacante para el cargo de Juez del
Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Bogotá y, en consecuencia, presentó una comunicación dirigida a la
Presidencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
manifestando su interés en ser nombrada en provisionalidad para dicho cargo.
1.3. Mediante Resolución núm. 925 de 27 de julio de 2026, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá realizó el nombramiento en provisionalidad por
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vacancia definitiva en el cargo de Juez del Juzgado Ochenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá, transformado transitoriamente en Juzgado Sesenta y
Tres de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá, de la doctora
Jenny Zuleima Velasco Lizcano.
1.4. Inconforme con la anterior decisión, el 29 de julio de 2026, la accionante
presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación.
1.5. Informó que, a través de derecho de petición, solicitó copia de la
Resolución núm. 925 de 27 de julio de 2026, toda vez que no conoce el acto
administrativo mediante el cual se hizo el nombramiento en el cargo de Juez.
1.6. Posteriormente, mediante Resolución núm. 1019 de 24 de agosto de
2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazó el recurso de
reposición, al considerar que la aquí accionante carece de legitimación en la
causa por activa para interponer el recurso, en tanto el acto administrativo
recurrido no altera la situación jurídica de la recurrente, asimismo, negó la
concesión del recurso de apelación por improcedente.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al “[…] debido proceso administrativo, igualdad, acceso al
desempeño de funciones públicas en condiciones de mérito, confianza
legítima, buena administración, transparencia y respeto por el régimen
constitucional de carrera judicial “[…] con ocasión de la actuación adelantada
para proveer la vacante judicial en provisionalidad de Juez del Juzgado
Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá.
Mencionó que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al
proveer en provisionalidad una vacante “[…] pese a existir una postulación
presentada oportunamente por una servidora judicial de carrera, sin que hasta
el momento se conozca si dicha candidatura fue efectivamente considerada,
evaluada y resuelta mediante una decisión suficientemente motivada y
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compatible con los principios constitucionales y legales que gobiernan la
administración de justicia […]”.
De lo anterior “[…] Solicito establecer si el procedimiento seguido para la
provisión de la vacante respetó las garantías constitucionales derivadas del
debido proceso administrativo, la igualdad, el mérito, la publicidad, la
transparencia y la motivación suficiente de las decisiones administrativas […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
“[…] Primera. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la igualdad, al acceso al desempeño de
funciones públicas en condiciones de mérito, a la confianza legítima, a la
buena administración y al respeto por el régimen constitucional y legal de
la carrera judicial, consagrados en los artículos 13, 29, 40 numeral 7, 125,
209 y 228 de la Constitución Política.
Segunda. DECLARAR que la actuación administrativa adelantada para
la provisión en provisionalidad del cargo de Juez del Juzgado 81 Civil
Municipal de Bogotá transitoriamente convertido en 63 de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple vulneró mis derechos fundamentales, si
del trámite constitucional y del expediente administrativo se establece
que mi postulación no fue considerada, valorada o decidida mediante un
procedimiento compatible con la Constitución, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Tercera. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
remitir al expediente constitucional copia íntegra, auténtica y completa del
procedimiento administrativo relacionado con la provisión del cargo
objeto de controversia, incluyendo, entre otros: El acto administrativo de
nombramiento. Los antecedentes administrativos. Las postulaciones
recibidas. Los documentos allegados por los aspirantes. Los estudios
efectuados para la provisión del cargo. Las verificaciones de requisitos.
Las actas, conceptos, comunicaciones internas y demás documentos que
sirvieron de fundamento para la decisión. La motivación del acto
administrativo, cuando exista.
Cuarta. ORDENAR que, en caso de acreditarse la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, se deje sin efectos el acto
administrativo mediante el cual se efectuó el nombramiento cuestionado
únicamente en cuanto resulte necesario para restablecer las garantías
constitucionales vulneradas, disponiendo que la autoridad competente
adelante nuevamente el procedimiento correspondiente con estricta
observancia de la Constitución, la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley
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2430 de 2024, el artículo 3 del CPACA y los principios de mérito, igualdad,
publicidad, transparencia, imparcialidad y motivación.
Quinta. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
que, dentro del nuevo procedimiento, valore expresamente la postulación
presentada por la suscrita, junto con la documentación aportada para
acreditar el cumplimiento de los requisitos del cargo, dejando constancia
motivada de la evaluación realizada, sin que ello implique una orden de
efectuar el nombramiento.
Sexta. ORDENAR que toda decisión futura relacionada con la
postulación presentada por la accionante sea debidamente motivada y
comunicada, de manera que permita el ejercicio efectivo de los
mecanismos constitucionales y legales de control.
Séptima. Como medida provisional, de conformidad con el artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991, ORDENAR la suspensión temporal de los
efectos del acto administrativo mediante el cual se efectuó el
nombramiento en provisionalidad del cargo objeto de controversia,
mientras se decide de fondo la presente acción, siempre que la Sala
estime acreditados los presupuestos de apariencia de buen derecho y
riesgo de ineficacia del fallo.
Octava. DISPONER las demás medidas que la Honorable Sala considere
necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales cuya salvaguarda se solicita […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 4 de agosto de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por solicitud de la accionante, en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso. Asimismo, se negó la medida
provisional solicitada por la parte actora.
2. La accionante, con posterioridad a la presentación de la solicitud de amparo,
allegó memorial el 26 de agosto de 2026, mediante el cual informó que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante Resolución núm.
1019 de 24 de agosto de 2026, rechazó el recurso de reposición presentado
contra la Resolución núm. 925 de 27 de julio de 2026 y, al respecto afirmó que
aquella “[…] resulta particularmente relevante porque constituye la respuesta
administrativa posterior mediante la cual el Tribunal definió que la suscrita
carecía de interés jurídico para obtener un examen de fondo de esos
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cuestionamientos. Por ello, la controversia constitucional ya no se apoya
únicamente en el desconocimiento inicial del acto y de sus antecedentes, sino
también en una decisión expresa que negó el estudio material del recurso por
ausencia de legitimación […]”.
Asimismo, presentó las siguientes nuevas solicitudes:
“[…] PRIMERO. Tener por presentado este memorial e incorporar al
expediente los hechos sobrevinientes aquí informados.
SEGUNDO. Tener como pruebas documentales sobrevinientes, por el
valor que en derecho corresponda, la Resolución No. 1019 de 24 de
agosto de 2026, la Resolución No. 925 de 27 de julio de 2026, los
documentos remitidos con esta última y la constancia de su remisión a la
suscrita.
TERCERO. Valorar al momento de decidir de fondo que la Resolución
No. 1019 rechazó de plano el recurso de reposición por falta de
legitimación y, por esa razón, no efectuó un pronunciamiento material
sobre la incorporación, estudio y valoración de mi postulación ni sobre los
criterios concretos de selección cuestionados en el recurso.
CUARTO. Tener en consideración que, pese a las gestiones adelantadas
para obtener directamente la documentación, los antecedentes
administrativos que permitirían reconstruir la valoración de las
postulaciones y la formación de la decisión no obran en la documentación
que me fue remitida el 26 de agosto de 2026.
QUINTO. Valorar, dentro del examen constitucional integral del caso, la
diferencia existente entre la fundamentación de la Resolución No. 925 —
que, pese a calificar la vacancia como definitiva, invocó la regla legal
correspondiente a la vacancia temporal— y la interpretación
posteriormente sostenida en la Resolución No. 1019 al decidir el recurso.
SEXTO. En caso de que el Despacho considere indispensable para
adoptar la decisión de fondo contar con elementos adicionales acerca de
la formación del acto administrativo cuestionado, respetuosamente
solicito que valore la posibilidad de ejercer las facultades oficiosas que el
ordenamiento reconoce al juez constitucional para esclarecer los hechos
relevantes del proceso, particularmente en cuanto a la incorporación y
eventual valoración de la postulación presentada por la accionante y los
antecedentes que sustentaron la Resolución No. 925 de 2026 […]”.
III. INTERVENCIONES
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se satisface el
requisito de subsidiariedad, dado que “[…] lo que realmente persigue la
impulsora es atacar la Resolución No. 925 del 27 de julio de 2026 -mediante
la cual esta Corporación realizó un nombramiento en provisionalidad por
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vacancia definitiva […]”, por tanto, la accionante cuenta con las vías judiciales
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para debatir su legalidad.
Afirmó que cuando se trata de nombramiento por vacancia definitiva “[…] la
norma no impone un requisito especial para su suplencia, más que hacer el
nombramiento en provisionalidad hasta tanto se pueda hacer la elección por
el sistema de méritos […]”.
Finalmente, indicó que “[…] el 29 de julio de 2026, la aquí accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo que
reprocha en este amparo, el cual, se encuentra en trámite de resolución por
parte de este Tribunal […]”.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que la accionante cuenta con
otros medios ordinarios de defensa. Asimismo, pidió la desvinculación de la
acción de tutela, al considerar que carece de legitimación por pasiva.
3. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó la desvinculación
de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación por pasiva,
toda vez que la autoridad competente para determinar el nombramiento del
cargo de Juez del Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Bogotá es el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
4. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y
Afines – Sindicato de Industria solicitó su intervención en el trámite de tutela
como coadyuvante de la parte actora, al considerar que se encuentra
plenamente acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el “[…] desconocimiento de los pilares constitucionales de la
función pública, como son la provisión de cargos a través del mérito que
garantizan las herramientas democráticas de la división de poderes y de la
independencia judicial, los cuales se materializan de manera objetiva y
transparente en la carrera judicial […]”.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
2.1. De la solicitud de desvinculación
La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitaron su desvinculación
del presente trámite de tutela al carecer de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
fueron relacionadas por la accionante como unas de las posibles entidades
que ocasionaron la vulneración de sus derechos fundamentales, les asiste
interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón
por la que se negarán las solicitudes de desvinculación.
2.2. De la Coadyuvancia
Mediante escrito de 5 de agosto de 2026, la Asociación Nacional de
Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines – Sindicato de
Industria – ASONAL presentó solicitud de coadyuvancia, en representación de
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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la servidora judicial aquí accionante. A partir de lo anterior, planteó entre
otros el siguiente argumento:
“[…] hay que recordar, la reforma introducida por la ley 2430, concretó ya
diversas medidas para la promoción y ascenso, que también forman parte
de la carrera judicial.
Por ello, privilegiando este principio de rango constitucional que irradia
todo el ordenamiento y materializa los cimientos mismos del Estado Social
de Derecho desde la estructura del estado, para el caso particular se
coadyuva esta solicitud de la compañera ELIZABETH ELENA CORAL
BERNAL, en aplicación del bloque de constitucionalidad referido, que
deberá así mismo reflejarse en interpretación exegética, sistemática y,
ante todo, teleológica, en los actos administrativos de nombramiento que
se emitan por la Corporación accionada […]”. [Sic en toda la cita]
Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que el inciso segundo del
artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que: “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
La Corte Constitucional2 ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela
como “[…] la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela […]”.
A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes
reglas para la procedencia de la coadyuvancia:
“[…] (i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las
posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado
en el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones
propias de amparo a sus derechos fundamentales;
(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se
expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes
de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante
la Corte Constitucional, según sea el caso […]”3. [Se destaca]
2
Sentencia T-070 de 2018.
3
Corte Constitucional, Auto 401 de 2020.
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Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá a la Asociación Nacional de
Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines – Sindicato de
Industria – ASONAL como coadyuvante de la parte actora, por cuanto
comparte las reclamaciones y argumentos expuestos en la solicitud de
amparo, sin plantear pretensiones autónomas o diferentes.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión del trámite
administrativo adelantado para la provisión del cargo de Juez del
Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, transitoriamente
convertido en el Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Bogotá, actuación que culminó con la
expedición de la Resolución núm. 925 del 27 de julio de 2026 y de
la Resolución núm. 1019 del 24 de agosto de 2026, mediante la cual
se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra aquella y se
negó la concesión del recurso de apelación por improcedente.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
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casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.
Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad4.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el presente caso, se observa que la pretensión de la parte actora consiste
en que “[…] se deje sin efectos el acto administrativo mediante el cual se
efectuó el nombramiento cuestionado, únicamente en lo que resulte necesario
para restablecer las garantías constitucionales presuntamente vulneradas
[…]”, con ocasión del trámite administrativo adelantado para la provisión del
cargo de Juez del Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogotá,
transitoriamente convertido en el Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Bogotá, así como de la decisión
mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra dicho
4
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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acto administrativo y se negó la concesión del recurso de apelación por
improcedente.
De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir la Resolución núm. 925 del 27 de julio de 2026 y la
Resolución núm. 1019 del 24 de agosto de 2026.
En este contexto, resulta oportuno aseverar que la accionante cuenta con
medios de defensa judiciales, como lo son los medios de control previstos en
la Ley 1437 de 2011 a través de los cuales puede discutir con posterioridad la
legalidad de los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá
solicitar medidas cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores5 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia6, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
5
Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de noviembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
6
Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta
decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad de los actos administrativos objeto de
cuestionamientos.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que de la revisión del escrito de tutela no
se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte actora a la Asociación
Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines –
Sindicato de Industria – ASONAL.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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