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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01053-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01053-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2026-01053-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01053-01
Accionante: ANDRÉS JOSÉ BOTERO ESCOBAR
Accionado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Temas: Confirma improcedencia. Falta de legitimación en la causa por
activa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 22 de julio de
2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 9 de julio de 20262, la autoridad judicial que asumió el conocimiento
del asunto en primera instancia admitió la acción constitucional y mediante
providencia del 27 de julio de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Andrés José Botero Escobar, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante
RNEC). Con la solicitud de amparo pretenden que se le protejan los derechos
fundamentales a la participación política, al debido proceso y a la igualdad.

2. Le atribuyó la transgresión de sus garantías constitucionales a la
convocatoria contenida en la Resolución 1846 del 18 de febrero de 2026, «Por la
cual se convoca a los ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El
Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 Índice 4, Samai. Al respecto, se notificó como accionada a la Registraduría Nacional del Estado

Civil y se vinculó como tercero al departamento de Antioquia, en atención a la solicitud de la parte
accionante. Además, se negó la medida provisional pedida, en la que se requirió la suspensión
de la convocatoria a la consulta popular relacionada con el acto objeto de reproche.

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Accionado: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Ferrer del departamento de Antioquia a consulta popular con fines de constituir
el Área Metropolitana denominada “Valle de San Nicolás”».

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales a la participación política (artículo
40 C.P.) y al debido proceso (artículo 29 C.P.) del accionante y de los ciudadanos
convocados a la consulta popular del Área Metropolitana "Valle de San Nicolás",
cuya vulneración se atribuye a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDA. Como medida provisional desde el auto de admisión, en los términos
del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, SUSPENDER de manera inmediata la
convocatoria para la consulta popular del Área Metropolitana "Valle de San
Nicolás" programada para el 2 de agosto de 2026, y cualquier acto administrativo
posterior que pretenda reactivarla, hasta tanto se resuelva de fondo esta acción.

TERCERA — PRINCIPAL. Como pretensión de fondo, ORDENAR a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que deje sin efectos la convocatoria
contenida en la Resolución N.° 1846 del 18 de febrero de 2026 y sus actos
modificatorios —Resoluciones N.° 3640 del 13 de abril de 2026 y N.° 3703 del 15
de abril de 2026—, por violación del artículo 8 literales d) y g) de la Ley 1625 de
2013, y que se abstenga de realizar la votación del 2 de agosto de 2026 o cualquier
otra fecha derivada de la convocatoria viciada.

CUARTA — SUBSIDIARIA. Como pretensión subsidiaria, ORDENAR a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que, si decide reactivar el proceso de
consulta popular para la constitución del Área Metropolitana "Valle de San Nicolás",
lo haga mediante una nueva convocatoria que cumpla íntegramente todos los
requisitos del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, fijando una fecha de votación que
en ningún caso supere los cinco (5) meses contados desde la publicación de la
nueva convocatoria en su página web, y previa verificación del concepto de ambas
Comisiones Especiales.

1.2. Hechos

4. Mediante Resolución 6866 del 10 de junio de 2025, la RNEC convocó a
los ciudadanos de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El
Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, del departamento
de Antioquia, para que el 9 de noviembre de 2025 respondieran, con sí o no, la
siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de
San Nicolás, que estaría conformada por los municipios del Carmen de Viboral, El
Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer?

5. El proceso fue suspendido por medio de Resolución 13599 del 27 de
octubre de 2025, por falta de presupuesto. Con ocasión de ello, se presentó una
acción de tutela que, en sentencia de segunda instancia, del 19 de diciembre de
2025, amparó el derecho fundamental a la participación ciudadana, por lo cual
ordenó a la RNEC y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantar los
trámites necesarios para obtener el aporte efectivo de los recursos que
permitieran la materialización de la convocatoria.

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6. En virtud de lo anterior, por Resolución 1880 del 19 de febrero de 2026, se
aprobó un monto de $7.414.321.674 para financiar la consulta popular.

7. Posteriormente, la RNEC expidió la Resolución 1846 del 18 de febrero de
2026, en la cual convocó una nueva consulta popular con idéntica finalidad y
destinatarios. Las votaciones se programaron para el 26 de julio de 2026.

8. No obstante, para el mismo día, el Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación (ICFES) fijó la aplicación de las Pruebas Saber 11. En
consecuencia, al ser necesarios los establecimientos educativos para ambos
eventos, la RNEC profirió la Resolución 3640 del 13 de abril de 2026, en la que
modificó la fecha de realización de la consulta popular para el 2 de agosto de
2026.

9. El accionante manifestó que el 23 de junio de 2026 los alcaldes de los
municipios convocados, junto con el gobernador de Antioquia, solicitaron el
aplazamiento de la consulta popular porque resultaba conveniente realizarla de
forma concurrente con la destinada al proceso de constitución del Área
Metropolitana de Urabá.

10. Por lo anterior, mediante Resolución 6580 del 25 de junio de 2026, la
RNEC suspendió nuevamente la convocatoria establecida para el 2 de agosto de
20263.

1.3 . Sustento de la vulneración

11. La parte accionante indicó que la Resolución 6580 del 25 de junio de 2026
«fue una creación administrativa carente de todo sustento legal» porque se
profirió con falta de competencia.

12. Además, expuso que la Resolución 1846 del 18 de febrero de 2026, se
encuentra viciada, en tanto desconoció el artículo 8, literal d de la Ley 1625 de
2013 porque excede el término que la norma prevé para realizar el certamen
electoral desde la publicación de la convocatoria, que es de mínimo 3 y máximo
5 meses, como condición absoluta.

13. En línea con lo anterior, explicó que, de llevarse a cabo las elecciones el
2 de agosto de 2026, se excedería el plazo contenido en la norma indicada por
15 días. Y, en caso de que la Resolución 1846 de 2026 fuera de reanudación, el
plazo excedería 13 meses y 23 días.

14. También señaló como desconocido el literal g, del artículo 8 de la Ley 1625
de 2013, con fundamento en que el 23 de abril de 2025 la RNEC certificó que
estaban cumplidos los requisitos de dicha norma, sin que la Cámara de
Representantes hubiese rendido su concepto.

3 Sin que allí estableciera la nueva fecha de realización de la consulta popular.

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1.4. Intervención

15. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se negaran las
pretensiones, toda vez que el accionante no aportó elementos de juicio que
permitan concluir que se vulneraron sus derechos fundamentales, máxime si se
considera que no acudió con anterioridad a la entidad para obtener la satisfacción
de sus intereses.

16. Sobre los conceptos del Senado de la República y la Cámara de
Representantes afirmó que no son vinculantes, lo cual se zanjó en la sentencia
del 28 de mayo de 20264 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En todo
caso, agregó que ha cumplido con sus funciones legales y constitucionales, al
punto que ha atendido cabalmente el procedimiento contenido en la Ley 1625 de
2013.

1.5. Sentencia de primera instancia

17. En sentencia del 22 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró improcedente la solicitud de amparo. Al respecto, consideró
que, en sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, se negaron las pretensiones de ilegalidad del acto de
convocatoria que aquí se cuestiona.

18. Señaló que, si bien el término excedido no fue alegado como causal de
nulidad en la demanda ya resuelta, lo cierto es que fue un argumento resuelto
por el órgano de cierre en materia electoral en el auto del 11 de febrero de 20265;
oportunidad en la que se aclaró que «es posible que situaciones ajenas a la
Registraduría pudiesen afectar el calendario electoral».

19. En ese sentido, los efectos de la citada decisión son erga omnes, esto es,
oponibles incluso a personas que no hicieron parte de la contienda.

1.6. Impugnación

20. La parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de tutela de
primera instancia y se acceda a la protección constitucional.

21. Indicó que el acto demandado en el medio de control de nulidad de
radicado 11001-03-28-000-2025-00156-00 difiere del que aquí cuestiona, en
tanto allá se reprochó la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025, y acá la
Resolución 1846 del 18 de febrero de 2026. Así, la cosa juzgada solo pesa sobre
el acto demandado en el referido proceso.

4 Radicación 11001-03-28-000-2025-00156-00 (principal) 11001-03-24-000-2025-00317-00
(acumulado).
5 Ídem.

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22. Además, cuestionó que no se estudiara el posible perjuicio irremediable
que acarrea no acceder a sus pretensiones, teniendo en cuenta que, si se
presentara un proceso de nulidad contra la Resolución 1846 del 18 de febrero de
2026, no se produciría una decisión de fondo antes del 2 de agosto de 2026.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala confirmará la sentencia proferida el 22 de julio de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo, pero porque no se encontró satisfecho el requisito de legitimación en
la causa por activa.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

24. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo6.

25. Esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos
los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

27. En efecto, en relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser
presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos
fundamentales, bien sea por sí misma o a través de representante legal,
apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa. Al
respecto, la Corte Constitucional manifestó, desde la sentencia T-416 de 1997,
que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
sustancial que se discute en el proceso».

6 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.

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28. En este mismo sentido, en sentencia T-552 de 2006, la Corte señaló que
el ordenamiento jurídico colombiano prevé cuatro posibilidades para la
legitimación en promoción de la acción de tutela: (i) su ejercicio directo; (ii) su
ejercicio por medio de representantes legales, en caso de menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas; (iii) el ejercicio por medio
de apoderado judicial, caso en el que el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y el escrito debe contar con poder especial para el asunto y, (iv)
por medio de agente oficioso.

29. Como se expuso en precedencia, el señor Botero Escobar acudió en su
nombre a ejercer el presente mecanismo constitucional. En relación con la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, mencionó lo siguiente:

• Derecho a la participación política: «[u]na consulta popular convocada en
violación de los plazos imperativos y requisitos sustanciales de la ley orgánica
que la rige no constituye un ejercicio legítimo del derecho de participación:
constituye una amenaza a él, pues expone a los ciudadanos a las consecuencias
de un acto democrático que podría ser declarado nulo ex post»

• Derecho al debido proceso: «[e]l artículo 8 de la Ley 1625 de 2013 establece un
procedimiento específico, con etapas y plazos imperativos, para la convocatoria
de consultas populares destinadas a la constitución de áreas metropolitanas.
Dicho procedimiento es una garantía procesal de carácter orgánico que protege
a los ciudadanos convocados, a los principios de legalidad y seguridad jurídica,
y a la integridad del sistema democrático».

• Derecho a la igualdad: «[l]a entidad accionada vulnera esta garantía al exigir el
cumplimiento riguroso y previo de la ley para ciertos procesos de constitución de
áreas metropolitanas (como el de Urabá), mientras que para el caso del Valle de
San Nicolás flexibiliza los requisitos sustanciales, permitiendo la marcha de un
proceso sin los conceptos legales exigidos, configurando una discriminación en
la función administrativa».

30. Al respecto, expuso que la trasgresión ius fundamental deviene del acto
administrativo que convocó nuevamente la consulta popular el 26 de febrero de
2026, el cual está viciado, pero que le es imposible demandarlo porque mientras
se resuelve el asunto es posible que se materialice su contenido. Puntualmente,
refirió como desconocidos los literales d y g del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013.

31. Se recuerda en este punto que, dentro del presupuesto de la legitimación
por activa, la persona que acuda en ejercicio de la tutela tiene la carga de,
además de mencionar los derechos fundamentales que se le vulneran, explicar
de qué forma estos resultan amenazados o violentados en su caso. Sin embargo,
de la revisión de los argumentos expuestos por el señor Botero Escobar, no es
posible para la Sala extraer en qué se traduce la trasgresión de las garantías que
el invoca; por el contrario, lo que se advierte es la proposición de cargos de
ilegalidad contra la Resolución 1846 del 18 de febrero de 2026.

32. En otras palabras, la parte actora no aclaró a través del escrito de la
solicitud de amparo, ni es visible para el juez de tutela, cómo la RNEC vulnera o
amenaza los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación

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política o a la igualdad del señor Botero Escobar.

33. Cabe reiterar que la Corte Constitucional mencionó en la Sentencia T-522
de 2006 que «la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados», y en el presente asunto el accionante omitió por completo indicar
en qué se traduce para sí mismo la vulneración de los derechos que invoca.

34. En ese orden de ideas, se configura la falta de legitimación en la causa
por activa del señor Andrés José Botero Escobar, por cuanto no expuso una
situación que esté afectando sus derechos fundamentales de manera particular
y concreta, lo que conduce a la declaratoria de improcedencia de la presente
acción.

35. Finalmente, se aclara que, en caso de que el actor insista en que sobre el
acto de convocatoria a la consulta popular subsisten vicios, deberá proponer el
medio de control correspondiente, contra el acto administrativo definitivo a que
haya lugar.

36. Por esto, la Sala confirmará la sentencia del 22 de julio de 2026 del
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la improcedencia de la tutela,
pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

II. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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