Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00156-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00156-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00156-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de mayo de 2026
Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (principal)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
Demandantes: LUIS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO Y OTROS1
Demandada: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Tema: La consulta popular en el marco de la creación de áreas
metropolitanas. Carácter vinculante del concepto de
conveniencia emitido por la Comisión Especial de Seguimiento
al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, promovido por Luis
Eduardo Peláez Jaramillo y otros ciudadanos, contra la Resolución 6866 del 10 de
junio de 2025, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil –en adelante
RNEC–.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
Los ciudadanos Luis Eduardo Peláez Jaramillo, Alejandro Arcila Jiménez, Kevin
Alexánder Jiménez Molina, Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, Juan Pablo Guerra
González y Gustavo Adolfo García Pineda ejercieron el medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se declare la
nulidad de la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025 «Por la cual se convoca a los
1 Alejandro Arcila Jiménez, Kevin Alexánder Jiménez Molina, Jennifer Dalley Pedraza Sandoval,
Juan Pablo Guerra González y Gustavo Adolfo García Pineda.
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1
Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
ciudadanos de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario,
Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer del Departamento de Antioquia a consulta
popular con fines de constituir el Área Metropolitana denominada “Valle de San
Nicolás”, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil en ejercicio de sus
funciones.».
1.2. Hechos comunes a los procesos acumulados
Indicaron que el 13 de diciembre de 2024, los alcaldes de los municipios de La Ceja,
La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San
Vicente Ferrer, así como el gobernador del departamento de Antioquia, presentaron
el proyecto de constitución del área metropolitana denominada «Valle de San
Nicolás» ante la RNEC.
Resaltaron que ese mismo día, esas autoridades remitieron a las Comisiones de
Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes y el Senado de la
República la solicitud con el fin de que emitieran concepto sobre la constitución de
dicha área metropolitana.
Adujeron que el 26 de diciembre de 2024, la RNEC advirtió que la iniciativa no
contaba con los mentados conceptos, razón por la cual, se los solicitó a los alcaldes
de los municipios de conformidad con el literal g) del artículo 8 de la Ley 1625 de
2013. Pese a esto, para el 13 de enero de 2025, las respectivas comisiones de
ordenamiento territorial no los habían expedido, pues el Senado lo envió hasta el 3
de abril de 2025, esto es, 3 meses y 10 días después de lo exigido por la Ley.
Recordaron que, el citado órgano electoral, mediante oficio 1-2025-046995 del 9 de
mayo de 2025, solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación del presupuesto para
llevar a cabo la consulta, pese a la ausencia de concepto de la comisión de la
Cámara de Representantes.
Afirmaron que el 14 de mayo de 2025, la Comisión de Ordenamiento Territorial de
la Cámara de Representantes efectuó la votación en orden a emitir el aludido
concepto, es decir, con posterioridad a que la RNEC avalara el proyecto de
constitución de la mentada área metropolitana y realizara la solicitud de asignación
de presupuesto del Ministerio de Hacienda. No obstante, resaltaron que no se tiene
constancia sobre la fecha en que esa célula legislativa envió el citado documento al
órgano electoral.
Sostuvieron que el 10 de junio de 2025, la RNEC expidió la Resolución 6866 del 10
de junio de 2025 «Por la cual se convoca a los ciudadanos de los municipios de La
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
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Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y
San Vicente Ferrer del departamento de Antioquia a consulta popular con fines de
constituir el Área Metropolitana denominada “Valle de San Nicolás».
Narraron que en esa misma fecha el organismo electoral expidió la Resolución 6870
«Por la cual se fija el calendario electoral de la CONSULTA POPULAR para la
constitución del Área Metropolitana denominada “Valle de San Nicolás”», en la cual
se fijaron las fechas para: (i) el inicio de la campaña, desde el 11 de junio de 2025,
a favor, en contra o por la abstención; (ii) la incorporación al censo electoral de las
cédulas de primera vez; (iii) el límite para la designación de comisiones escrutadoras
y claveros de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial; iv) el límite para la
publicación de listas de jurados; v) las votaciones, esto es, el 9 de noviembre de
2025; entre otras etapas.
1.3. Normas violadas y el concepto de la violación
Los demandantes alegaron que el acto acusado se encuentra incurso en los vicios
de: (i) infracción a norma superior, por cuanto desconoció los artículos 29 de la
Constitución Política; 83 y 93 de la Ley 5ª de 1992; 3 del CPACA; 8.º, literales e) y
g) y parágrafo 5.º, literal c), de la Ley 1625 de 2013; 53 de la Ley 134 de 1994 y 32
de la Ley 1755 de 2015, (ii) desviación de poder, (iii) expedición irregular y (iv) falsa
motivación. Dicha vulneración la estructuran en diferentes censuras así:
1. «Los conceptos de Cámara y Senado requeridos para constituir el Área
fueron extemporáneos»
Precisaron que el artículo 8.º, literal g), de la Ley 1625 de 2013, prevé que las dos
células legislativas deben emitir el respectivo concepto de conveniencia y
oportunidad de la consulta popular en un término no mayor a un mes desde su
radicación. Sin embargo, resaltaron que el Senado tardó 3 meses y medio para
expedirlo y la Cámara de Representantes 5 meses y un día. En todo caso,
argumentaron que dicho documento ni siquiera fue tenido en cuenta por la RNEC a
la hora de certificar el cumplimiento de los requisitos de la mentada ley, pese a que,
si bien no es vinculante, sí resulta obligatorio para dar trámite a la consulta popular.
2. «Los conceptos de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Cámara y
Senado se obtuvieron con posterioridad a la radicación del proyecto de
constitución del Área Metropolitana ante la Registraduría»
Nuevamente, trajeron a colación el artículo 8.º, literal g), de la Ley 1625 de 2013,
para llamar la atención en punto a que la norma prescribe que, previamente a la
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
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radicación del proyecto ante la RNEC, los promotores deben remitirlo a la Comisión
Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial, tanto de Cámara como de Senado; obtener el concepto correspondiente
dentro del mes que contempla la referida previsión y, ahí sí, remitir lo pertinente al
citado órgano electoral.
No obstante, censuran que no sólo fue inobservada esta formalidad, sino que la
RNEC omitió su obligación de verificar su cumplimiento y, ante su falta de
acreditación, debió rechazar el trámite del proyecto hasta tanto no se obtuvieran los
conceptos en mención; por el contrario, dispuso «reiniciar un trámite que desde su
inicio debió ser rechazado por incumplimiento de los requisitos». Aunado a esto, los
promotores no cumplieron con remitir por cuenta propia los mentados conceptos,
pues el del Senado fue enviado por esa misma célula legislativa; mientras que el de
la Cámara ni siquiera existía para cuando la RNEC avaló el cumplimiento de
requisitos mediante oficio del 9 de mayo de 2025.
3. «No se agotaron los requisitos de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 para
convocar a una consulta popular municipal al no haber autorización de los
Concejos Municipales para celebrar las mismas»
Partieron de la premisa de que la Ley 1625 de 2013 define las formas de
funcionamiento de las áreas metropolitanas, pero no reglamenta el mecanismo de
participación ciudadana que precede la formación de este tipo de entidades supra
territoriales, por tanto, consideran que debe acudirse a las previsiones estatutarias
contenidas en las Leyes 134 de 1994 (art. 53) y 1757 de 2015 (art. 32). Conforme a
estos preceptos, resaltaron que los alcaldes promotores debían someter dicha
iniciativa a consulta de los concejos de los respectivos municipios, con el fin de que
conceptuaran sobre la aprobación o negativa a dar trámite a esa consulta popular2.
Para afianzar la anterior idea, citaron el artículo 8.º, parágrafo 5.º, literal c), de la Ley
1625 de 20133, previsión que, si bien se refiere a la creación de áreas
2 Los demandantes citaron la sentencia C-150 de 2015 de la Corte Constitucional, conforme a la
cual, adujeron que la reglamentación estatutaria de la consulta popular es aplicable a todos los
casos, incluso, a aquella que se efectúa para constituir un área metropolitana. Al respecto, citaron
este aparte: «La consulta popular del orden nacional y del orden territorial tiene una dimensión
representativa en la que interviene en el orden nacional y por expresa disposición constitucional el
Presidente y el Senado de la República (art. 104) y, en el orden territorial el Gobernador o el Alcalde
–también en virtud de la exigencia constitucional precisa fijada en el artículo 105- y las asambleas,
concejos o juntas administradoras locales –por disposición legal-.» (Subrayas de la parte actora).
3 El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, esa entidad realice la verificación de los requisitos
exigidos en los literales a) y b), y en caso de certificar que la propuesta cumple con los mismos,
procederá a ordenar a los respectivos alcaldes y presidentes de los concejos municipales la
realización de las consultas populares necesarias. (Destaca la parte actora).
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
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metropolitanas entre ciudades capitales y municipios circunvecinos, revela «la
necesidad de que la consulta se realice como una consulta popular de nivel
municipal, con lo que las autoridades encargadas de tramitar la realización de la
misma son los Concejos y Alcaldías.».
Por último, agregaron que el inciso final del artículo 53 de la Ley 134 de 1994
establece que «[el] texto de la consulta se remitirá al tribunal contencioso
administrativo competente para que se pronuncie dentro de los 15 días siguientes
sobre su constitucionalidad», obligación que, advirtieron, tampoco fue cumplida por
los promotores de la conformación del área y cuya verificación fue omitida
totalmente por la entidad demandada en la parte motiva del acto demandado.
4. «La pregunta que se hará en la consulta popular está formulada de manera
incorrecta violando el alcance de la misma»
Advirtieron que la pregunta formulada4 es antitécnica e imprecisa, pues pretende
indagarle al ciudadano en punto a la conformación del área metropolitana, en lugar,
de limitarse a auscultar su voluntad de cara a si desea que su municipio integre esa
entidad político-administrativa. Lo anterior, resulta coherente con el literal e) del
artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, en cuanto es diáfano en prescribir que «Se
entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de
votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la
participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la
población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios
intervinientes.» (Subrayado de la parte actora).
5. «Vicio de procedimiento insubsanable por sesiones simultáneas»
Alegaron que el acto impugnado fue expedido en forma irregular y falsamente
motivado, debido a que se apoyó en un «concepto previo» del Senado de la
República desprovisto de validez, por ser discutido y aprobado por la Comisión
Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial al mismo tiempo en que se llevaba a cabo una sesión de la plenaria de la
citada célula legislativa, circunstancia que contraría los artículos 83 y 93 de la Ley
5ª de 1992.
Explicaron que, en la sesión de la referida comisión, el registro de asistencia de los
congresistas que la integraron se abrió a las 08:47 a. m., y la votación ocurrió entre
4 «¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que
estaría conformada por los municipios del Carmen de Viboral (sic), El Retiro, El Santuario, Guarne,
La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer?».
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
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las 09:56 y 09:59 a. m. Y que, de manera concomitante, ese mismo día, la plenaria
del Senado de la República abrió su registro a las 09:09:26 am y sesionó hasta las
16:17:15 p. m., lo que ubica la votación de esa comisión dentro del lapso de la
plenaria.
6. «Falsa motivación y motivación aparente del acto administrativo»
Coligieron que el acto demandado hace referencia a la existencia del mencionado
concepto del Senado de la República, no obstante, este carece de eficacia por ser
aprobado en simultaneidad con la plenaria de esa misma célula legislativa y por
ocasionarse una ruptura de la secuencia legal, lo que configura falsa motivación en
los términos del artículo 137 del CPACA.
7. «Violación del debido proceso administrativo»
El artículo 29 constitucional exige procedimientos con reglas claras, etapas
definidas y presupuestos previos; en este sentido, la ausencia de un concepto válido
y la alteración del orden legal impidieron la formación regular de la convocatoria a
consulta popular. En tal medida, la RNEC actuó sin el presupuesto habilitante
completo, afectándose así la garantía de participación y la seguridad jurídica.
1.4. Contestaciones de las demandas
Los diferentes sujetos procesales que se vincularon al proceso contestaron la
demanda en los términos que a continuación se resumen:
1.4.1 Registraduría Nacional del Estado Civil5
La apoderada de la RNEC se opuso a las pretensiones de las demandas, con base
en los siguientes argumentos:
Recordó que la Corte Constitucional, en Sentencia C – 072 de 2014, declaró
condicionalmente exequible el literal g) del artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013, bajo
el entendido que en la elaboración del proyecto de constitución del área
metropolitana y el cumplimiento de la obligación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil de convocar la consulta popular, el concepto previo rendido por las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de
5 Anotaciones 57 (proceso 2025-00317-00) y 60 (proceso 2025-00156-00)
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Representantes, no resulta vinculante dado que su naturaleza es informativa y de
coordinación, mas no un requisito de validez absoluto.
Precisó que el acto demandado es uno más de los actos administrativos de trámite
o preparatorios proferidos en el procedimiento especial de la consulta popular, el
cual finaliza con la expedición de acto administrativo definitivo que es el de la
declaratoria de los resultados de la votación (E-26), por tanto, no es sujeto de control
jurisdiccional, siendo clara la improcedencia del presente medio de control.
Por otro lado, afirmó que: (i) no es necesaria la autorización de los respectivos
concejos municipales para constituir un área metropolitana, pues el artículo 8.º de
la Ley 1625 de 2013 señala con claridad que dicha iniciativa corresponde a los
alcaldes de los municipios y, (ii) la pregunta formulada es clara y precisa, por lo que
permite que el ciudadano exprese su opinión sin confusión6.
1.4.2 Senado de la República7
El señor Diego Alejandro González González, actuando en calidad de secretario
general del Senado de la República y, en ejercicio de la representación judicial
delegada por la Mesa Directiva de la citada corporación, se opuso a las pretensiones
de las demandas con sustento en los siguientes argumentos:
Indicó que los reproches formulados carecen de sustento fáctico y jurídico y
desconocen la naturaleza meramente consultiva, no vinculante y no condicionante,
del concepto emitido por las comisiones de ordenamiento territorial. Para sustentar
esto, citó la Sentencia C-072 de 2014, frente a la cual, destaca que se determinó,
de forma inequívoca, que dicho concepto no constituye requisito habilitante ni limita
la competencia de la RNEC para convocar a la consulta, razón por la cual, cualquier
discusión sobre la oportunidad, forma o simultaneidad en la sesión legislativa no
tiene la virtualidad de afectar la validez del acto impugnado.
Explicó que de conformidad con lo contemplado en el artículo 91 de la Ley 5ª de
1992, en consonancia con la interpretación que de esa norma efectuó la Corte
Constitucional en Sentencia C-784 de 2014, la simple apertura de registro de
asistencia no implica el inicio de una sesión, de ahí que la exégesis que efectúa la
parte actora resulta errónea y desconoce las reglas fijadas por la citada alta
corporación.
6 En este aspecto, trajo a colación la Sentencia C-150 de 2015 de la Corte Constitucional.
7 Anotación 58 (proceso 2025-00317-00).
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
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1.4.3 Municipio de La Unión – Antioquia8
La apoderada del referido municipio se opuso a las pretensiones de las demandas,
con base en los siguientes argumentos:
Manifestó que no comparte que se aduzcan desconocidos los artículos 93 y 93 de
la Ley 5 de 1992, pues la prohibición de simultaneidad de sesiones que allí se
establece establecidas no cobija a las comisiones de ordenamiento territorial, sino
a las comisiones permanentes, de tal manera que carece de todo fundamento el
cargo único formulado, pues lo que las normas prohíben es la simultaneidad entre
las sesiones de las comisiones permanentes y las plenarias de las cámaras.
Indicó que, si lo pretendido por la parte actora es la declaratoria de ilegalidad del
concepto emitido por el Senado de la República, ello debe hacerlo por vía judicial o
a través de petición a esa instancia legislativa. En ese sentido, recalcó que la
actuación de la RNEC se limitaba a recibir ese documento, por lo que de ninguna
manera podía presumir su invalidez.
De otra parte, arguyó que debe distinguirse, entre las normas que fijan términos y
aquellas que tienen carácter meramente perentorio, pero no naturaleza preclusiva.
A partir de esto, dijo que el artículo 8º, literal g), de la Ley 1625 de 2013, no prevé
ninguna consecuencia para aquellos casos en que el proyecto de consulta es
radicado ante la RNEC sin haberlo remitido, previamente, a las respectivas
comisiones de Cámara y Senado; tampoco cuando esas células tardan más del mes
para emitir sus conceptos.
Explicó que, en el caso de las consultas populares para constituir áreas
metropolitanas no resultan obligatorios los pronunciamientos de los concejos
municipales con anterioridad a que se lleven a cabo, pues ello no está previsto en
la Ley 1625 de 2013 que regula íntegramente la materia.
Por último, en cuanto a la supuesta incorrecta formulación de la pregunta, sostuvo
que no existe coherencia entre la estructuración de ese cargo y la norma que se
alega como vulnerada y que, en todo caso, la ley contempla que desde la
elaboración del proyecto se debe precisar «[l]os municipios que la integrarán, el
municipio núcleo y las razones que justifican su creación», luego no cabe duda de
que los habitantes de cada uno de los municipios votan por integrarse a un área
cuyos otros municipios participantes están previamente establecidos.
8 Anotaciones 52 (proceso 2025-00317-00) y 76 (proceso 2025-00156-00)
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
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1.4.4 Municipio de Rionegro – Antioquia9
El apoderado del referido municipio se opuso a las pretensiones de las demandas,
con base en los siguientes argumentos:
Sostuvo que el procedimiento adelantado para la constitución de la ya conocida área
metropolitana es válido y el hecho que los conceptos de las respectivas Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial del Senado y la Cámara de Representantes se hayan expedido el 3 de
abril de 2025 y 14 de mayo de 2025, respectivamente, no genera nulidad en el
trámite del acto demandado, por cuanto la autonomía territorial y la voluntad
popular, debe priorizarse sobre los plazos procedimentales10.
Enfatizó en que subordinar la voluntad local y la decisión de los ciudadanos a unos
conceptos emitidos por el Congreso de la República, vulneraría el principio de
autonomía territorial de los municipios establecido en el artículo 287 de la
Constitución Política. Por tanto, indicó que: i) aunque fue extemporánea su remisión,
ello resultaba suficiente para satisfacer el requisito formal; ii) el término de un mes
que contempla el literal g) del artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013 es una regla que
propende por la celeridad y la coordinación, mas no un vicio de nulidad que afecte
la iniciativa.
1.4.5 Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia11
La apoderada del referido municipio se opuso a las pretensiones de las demandas,
por considerar que el acto acusado cumple los requisitos legales y reglamentarios
previstos en las normas vigentes. Dijo que el trámite de la obtención del concepto
parlamentario previo fue realizado conforme a los parámetros establecidos en la Ley
5ª de 1992.
Explicó que, contrario a lo alegado por los demandantes, no existió simultaneidad
de sesiones ni violación de los artículos 83 y 93 de la Ley 5ª de 1992, toda vez que
el concepto fue solicitado y recibido en estricto cumplimiento del debido proceso
parlamentario.
De otro lado, indicó que los conceptos que deben emitir las Comisiones Especiales
de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, tanto
9 Anotaciones 54 (proceso 2025-00317-00) y 50 (proceso 2025-00156-00).
10 Como sustento de esta tesis, cita la Sentencia C – 072 del 4 de febrero de 2014.
11 Anotaciones 55 (proceso 2025-00317-00) y 50 (proceso 2025-00156-00).
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9
Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
de Senado como de Cámara, no tienen carácter vinculante de cara a la iniciativa y
a la autoridad que la tramita (RNEC), tal como se concluye de la Sentencia C-072
de 2014 de la Corte Constitucional. La tesis opuesta, vulneraría la voluntad
ciudadana y el principio de autonomía territorial.
En este orden, afirmó que la extemporaneidad de los mentados conceptos no
impedía que la registraduría continuara con el trámite establecido en la Ley 1625 de
2013, de tal suerte que la remisión de aquellos, aunque tardía, resultaba suficiente
para satisfacer el requisito legal previsto en la norma. Aclaró que, si bien dichas
células legislativas cuentan con el plazo de un mes para emitirlos, la aludida regla
tan solo procura por celeridad y coordinación en el marco del procedimiento, pero
en manera alguna puede erigirse como una sanción de nulidad insubsanable.
1.4.6 Municipio de El Retiro – Antioquia12
El apoderado del referido municipio se opuso a las pretensiones de las demandas,
con base en los siguientes argumentos:
Tal como lo han hecho otros intervinientes, trajo a colación la Sentencia C-072 de
2014, para sustentar que los conceptos previos de las ya mentadas comisiones no
son obligatorios o vinculantes de cara a la obligación de la RNEC. Explicó que, en
el presente caso, para cuando se expidió el acto acusado ya se contaba con las dos
manifestaciones de Senado y Cámara, de ahí que sea irrelevante su
extemporaneidad.
De otra parte, dijo que el artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013 es claro en prescribir
que la iniciativa para promover la creación de áreas metropolitanas reside en los
alcaldes de los municipios interesados, sin que sea necesaria la autorización de los
concejos municipales. Y, por último, precisó que la pregunta formulada fue clara y
precisa, por lo que no le asiste razón a la parte actora en la censura que plantea en
este aspecto.
1.4.7 Municipio de El Santuario – Antioquia13
El apoderado del citado municipio se opuso a las pretensiones de las demandas,
con base en los siguientes argumentos:
12 Anotación 54 (proceso 2025-00156-00).
13 Anotación 68 (proceso 2025-00156-00).
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10
Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
Indicó que el hecho que los conceptos de Senado y Cámara fueran remitidos por
fuera del plazo señalado en el literal g) del artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013, no
vicia de nulidad la convocatoria que hizo la RNEC por cuanto: (i) no son vinculantes
de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C - 072 de 2014;
(ii) para el momento de la expedición de la Resolución 6866 de 2025, ya se contaba
con dichos documentos; (iii) no hacen parte de los requisitos que de acuerdo con el
literal c) de dicho artículo debe revisar el órgano electoral antes de proferir la
resolución de convocatoria a la consulta popular.
Afirmó que para convocar a la consulta popular no eran exigibles las autorizaciones
de los respectivos concejos municipales, pues tal requisito no está contemplado en
la Ley 1625 de 2013, debiendo primar el principio de especialidad que, en este caso,
sugiere no aplicar las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Además, recalcó que las
formalidades requeridas son únicamente las contenidas en los literales a) y b) del
artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013.
En punto a la indebida formulación de la pregunta, precisó que esta no deja lugar
dudas respecto a que se está consultando a los ciudadanos sobre si están o no de
acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás,
precisando además qué municipios la integrarían. Agregó que se trata más de una
discusión semántica, que no tiene la virtualidad de anular la resolución en cuestión.
1.4.8 Municipio de San Vicente de Ferrer – Antioquia14
La apoderada del referido municipio se opuso a las pretensiones de las demandas
bajo los mismos argumentos esbozados por el municipio de La Unión, en punto al
carácter perentorio de los términos que establece la Ley 1635 de 2013, la no
obligatoriedad de obtener un pronunciamiento previo a la consulta popular por parte
de los concejos municipales y la claridad de la pregunta formulada bajo ese
mecanismo democrático.
1.4.9 Gobernación de Antioquia15
El apoderado del mentado ente territorial se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
Respecto a los conceptos de las respectivas células legislativas del Congreso de la
República que extraña la parte actora, dijo que ningún aparte de la norma que se
14 Anotación 77 (proceso 2025-00156-00).
15 Anotación 79 (proceso 2025-00156-00).
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
alega vulnerada exige que se deban tener al momento de radicar la solicitud ante la
RNEC, pues tan solo impone que el proyecto sea enviado, tal como sucedió en el
presente caso. Diferente es que las correspondientes comisiones lo remitan con
posterioridad al término legal, lo cual no podría viciar de nulidad el acto aquí
demandado conforme lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-072 de
2014.
1.5 Trámite procesal
En proceso radicado con el número 2025-00317-00 se expidieron estos autos: (i) 7
de octubre de 2025, se admitió la demanda y se corrió traslado de la medida cautelar
solicitada; (ii) auto del 31 de octubre de 2025, en el cual se declaró la carencia actual
de objeto frente a la medida pedida y, (iii) 27 de enero de 2026, que remitió el
expediente a secretaría para eventual acumulación.
En cuanto al proceso con radicado 2025-00156-00 se emitieron los siguientes autos:
(i) 26 de septiembre de 2025, se admitió la demanda y se corrió traslado de la
medida cautelar solicitada; (ii) auto del 21 de octubre de 2025, no repuso la admisión
de la demanda; (iii) 22 de octubre de 2025, ordenó notificar al gobernador del
departamento de Antioquia y, (iv) auto del 6 de noviembre de 2025, que declaró la
carencia actual de objeto frente a la medida cautelar solicitada16.
A través de auto de 11 de febrero de 2026, se decretó la acumulación de los
procesos y se ordenó a la Secretaría que, una vez surtida la notificación de esa
decisión, remitiera al magistrado sustanciador los procesos acumulados para que
continuara con el trámite respectivo.
Por auto del 9 de abril de 2026, se declararon no probadas las excepciones previas
de ineptitud sustantiva de la demanda y falta de legitimación en la causa por
pasiva17; se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada; se tuvo como
pruebas las documentales allegadas por los sujetos procesales; se fijó el litigio en
los términos que más adelante se citará y, finalmente, se ordenó correr traslado para
alegar de conclusión.
1.6. Alegatos de conclusión
Los sujetos procesales rindieron sus alegatos de conclusión en los siguientes
términos:
16 Esto por cuanto el acto demandado no estaba surtiendo efectos, dado que el trámite de la consulta
popular fue suspendido por la RNEC, mediante Resolución 13599 del 27 de octubre de 2025.
17 Propuestas por los apoderados del municipio de El Santuario y la gobernación de Antioquia.
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
La RNEC, los apoderados de los municipios de Santuario, La Ceja, El Carmen de
Viboral, El Retiro y La Unión, así como el del departamento de Antioquia, reiteraron
los argumentos expuestos en las contestaciones de las demandas.
Por su parte, al apoderado del municipio de La Ceja, además de defender la
legalidad del acto acusado, alegó que en el presente caso se configura la carencia
actual del objeto por cuanto el trámite ya había terminado y una ineptitud sustantiva
de la demanda en razón a que se pretende la nulidad de un acto de trámite.
A su turno, el señor Alejandro Arcila Jiménez insiste en que se debe declarar,
además de la ilegalidad del acto acusado, la pérdida de fuerza de ejecutoria de
este18.
1.7 Concepto del Ministerio Público19
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó negar las
pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:
Una vez efectuada una reseña de la normatividad y la jurisprudencia que rige el
tema de las consultas populares, se refirió a la exigencia del concepto de las
Comisiones de Seguimiento Territorial de Senado y Cámara, frente al cual, enfatizó
en que tal requisito no tiene carácter vinculante, tal como se precisó en la sentencia
C-072 de 2014, proferida por la Corte Constitucional.
De otro lado, precisó que las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 no son aplicables
a la consulta que se convoca para crear un área metropolitana, habida cuenta de
que es la Ley 1625 de 2013 la norma especial y preferente para dichos efectos. Por
tanto, dijo que ese mecanismo democrático debe atender tan solo las exigencias
formales contempladas en el artículo 8 de esta última ley.
En cuanto a la presunta indebida formulación de la pregunta, dijo que la apreciación
subjetiva del demandante no evidencia una infracción al ordenamiento jurídico
aplicable, ni cuenta con la entidad suficiente para estructurar, a partir de ella, la
causal de nulidad invocada.
Por último, en punto a la simultaneidad de sesiones, indicó que de conformidad con
los artículos 53 y 63 de la Ley 5 de 1992, la Comisión de Vigilancia del Proceso de
18 Como sustento de esta petición, cita la sentencia del 10 de septiembre de 2020 (Rad. 11001-03-
28-000-2019-00046-00), en la que se declaró la carencia actual de objeto, por sustracción de
materia, comoquiera que la fecha de elección no llevó a cabo la consulta popular dentro del término
que establece el artículo 8, literal d), de la Ley 1625 de 2013.
19 Actuación 109 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
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Descentralización y Ordenamiento Territorial, tiene la naturaleza de ser una
comisión especial, por lo que no estaría cobijada por la prohibición del artículo 93
de la Ley 5ª de 1992, pues esta disposición se refiere taxativamente a «Las
Comisiones Permanentes».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1437
de 201120 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434
de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta es
competente para pronunciarse de fondo en única instancia en el presente proceso
acumulado.
2.2. Cuestiones previas
La Sala observa que el señor Alejandro Arcila Jiménez, en el escrito de los alegatos
de conclusión, insiste en que se debe declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del
acto acusado por haberse extendido el término máximo de cinco (5) meses que
prevé el artículo 8º, literal d), de la Ley 1625 de 2013 sin que se hubiere celebrado
la consulta popular desde su fecha de convocatoria. Frente a esto, se le recuerda
que dicha solicitud, tal como el mismo lo reconoce, ya fue objeto de pronunciamiento
en el auto del 11 de febrero de 2026, razón por la cual, tendrá que estarse a la
resuelto en esa ocasión.
Ahora bien, el solicitante resalta que en esa ocasión no se dispuso en la parte
resolutiva de la providencia un numeral en el que se negara esa solicitud, sin
embargo, se aclara que dicho asunto fue tratado como una cuestión previa que, en
la práctica judicial, implica la resolución de la petición en ese mismo acápite, sin
necesidad de que se disponga algo en el apartado de «RESUELVE».
En similar sentido, el apoderado del municipio de La Ceja alega la ocurrencia del
fenómeno de la «carencia actual de objeto», en cuanto no se puede pretender «la
20 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio
de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 1. De la nulidad
de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o
entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que
se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en
los tribunales administrativos.
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nulidad de una convocatoria sobre un evento ya ocurrido y consolidado…un proceso
participativo ya ejecutado por la administración y la ciudadanía», alegato que, de
cierta manera, resulta extraño si se tiene en cuenta que no hay prueba de que la
consulta popular se haya realizado, sino más bien, que aún se encuentra en los
trámites previos al certamen electoral, tal como se advierte de la Resolución 1846
de 18 de febrero de 2026, expedida por la RNEC, que da cuenta que la consulta se
llevará a cabo el 26 de julio de 202621.
Por último, el apoderado de ese mismo municipio alega la configuración de una
ineptitud sustantiva de la demanda por pretenderse la nulidad de un acto que
considera de mero trámite, frente a lo cual, se le precisa que no es el momento
oportuno para ejercer este mecanismo de defensa, pues ello debió ser alegado con
la contestación de la demanda, olvido que no puede suplirse en la etapa de alegatos
de conclusión. Sin perjuicio de esto, esa misma cuestión sí fue planteada
oportunamente por el municipio de El Santuario y resuelta por el magistrado ponente
de forma desfavorable, a través de auto del 9 de abril de 2026, por lo que el
representante de La Ceja deberá estarse a lo resuelto en esta providencia.
2.3. El acto acusado
El acto objeto de impugnación es la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025 «Por
la cual se convoca a los ciudadanos de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El
Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer del Departamento de
Antioquia a consulta popular con fines de constituir el Área Metropolitana
denominada “Valle de San Nicolás”, expedida por el Registrador Nacional del
Estado Civil en ejercicio de sus funciones.».
2.4. Problema jurídico
De conformidad con la fijación del litigio efectuada en el auto del 9 de abril de 2026,
el problema jurídico se circunscribe a determinar:
(…) si, como lo señalan los demandantes, el acto acusado fue expedido con
infracción a norma superior, desviación de poder, en forma irregular y con falta de
motivación, por cuanto aducen que: (i) Los conceptos de Cámara y Senado no
fueron radicados con la solicitud interpuesta ante la RNEC y, de contera, fueron
expedidos extemporáneamente; (ii) No existió autorización de los concejos
municipales respectivos para que conceptuaran sobre la viabilidad de la consulta
popular; (iii) La pregunta que se formularía a los ciudadanos se estructuró
21 Al respecto, véase los actos administrativo allegados por la RNEC que dan cuenta del devenir del
trámite de consulta popular (Anotación 101 de SAMAI – Rad. 2025-00156-00).
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incorrectamente y (iv) El concepto emitido por la comisión pertinente del Senado se
discutió y aprobó en simultáneo con una sesión plenaria de esa célula legislativa.
En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará, previamente,
las siguientes temáticas: (i) la consulta popular en el marco de la creación de áreas
metropolitanas y, (ii) caso concreto.
2.5. La consulta popular en el marco de la creación de áreas metropolitanas
De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política, «Todo ciudadano tiene
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede: (…) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos,
referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.». A
su turno, el artículo 103 ibidem, contempló los diferentes mecanismos de
participación que el pueblo puede ejercer en ejercicio de su soberanía, en los cuales
incluyó la consulta popular, a la vez que estableció que su reglamentación estaría a
cargo del legislador.
En cumplimiento de ese mandato constitucional, el legislador expidió La Ley
Estatutaria 134 de 199422 en cuyo artículo 8º definió la consulta popular como «[…]
la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por
el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a
consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto».
Vale la pena precisar que en el artículo 53 de dicho compendio normativo se previó
la obligatoriedad de presentar ante la instancia correspondiente –Congreso de la
República, Asamblea, Concejo y Junta Administradora Local– el texto que se
pretende someter a decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la
consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, con el fin de que el
respectivo colegiado expidiera un concepto que, en caso de ser desfavorable,
impediría continuar con el trámite del procedimiento democrático.
Esa misma norma contempla que «El texto de la consulta se remitirá al tribunal
contencioso-administrativo competente para que se pronuncie dentro de los 15 días
siguientes sobre su constitucionalidad.». De ahí que, una decisión desfavorable a la
iniciativa, esto es, que se declare su inconstitucionalidad, tiene la virtud de dar por
terminado ese trámite.
22 «Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.».
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
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11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
Al margen de lo anterior, la Ley 134 de 1994, en procura de armonizar su texto con
el artículo 319 constitucional que se analizará a continuación, no tuvo intención de
constituir cláusulas restrictivas o limitantes en punto a las exigencias que se
requieren para tramitar una consulta popular, pues en su artículo 51 fue expresa en
disponer que: «Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale
el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine,
los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida
sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales».
Ahora bien, en materia de áreas metropolitanas, el constituyente se preocupó desde
un principio por dotarlas de un régimen normativo especial en los siguientes
términos:
ARTICULO 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas,
sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana,
podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y
coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad;
racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y,
si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés
metropolitano.
La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen
administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de
administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades
municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares
que decidan la vinculación de los municipios.
Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y
autoridades, de acuerdo con la ley.
Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley.
(Negrillas de la Sala)
De acuerdo con la norma transcrita, el texto superior atribuyó al legislador la
potestad de fijar un régimen administrativo y fiscal de carácter especial, así como
estructurar la forma de convocar y realizar las consultas populares que tuvieran
como único fin decidir la vinculación de los municipios que integrarían esa área
metropolitana.
Y fue en desarrollo de esa habilitación superior que el legislador expidió la Ley
Orgánica 1625 de 2013, en la que estableció el régimen político, administrativo y
fiscal actualmente aplicable a las áreas metropolitanas, como expresión de la
autonomía reconocida en el texto superior. De otro lado, estructuró las formalidades
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Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
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propias de la consulta popular que se convoque para esos efectos y la forma de
realizarla en los siguientes términos:
ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIÓN. Cuando dos o más municipios formen un conjunto
con características de Área Metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo
con las siguientes normas:
a) Tendrán iniciativa para promover su creación los alcaldes de los municipios
interesados, la tercera parte de los concejales de dichos municipios, el cinco por
ciento (5%) de los ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los
mismos municipios y el Gobernador o los Gobernadores de los departamentos a los
que pertenezcan los municipios que se pretendan integrar a un Área Metropolitana;
b) Los promotores del área metropolitana elaborarán el proyecto de constitución en
donde se precise como mínimo: Los municipios que la integrarán, el municipio
núcleo y las razones que justifican su creación;
c) El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, esa Entidad
realice la verificación de los requisitos exigidos en los literales a) y b), y en caso de
certificar que la propuesta cumple con los mismos, procederá a convocar la consulta
popular. La Registraduría Nacional del Estado Civil proveerá los medios necesarios
para la organización de la consulta popular;
d) La fecha para realizar la consulta popular en ningún caso será inferior a tres (3)
meses, ni superior a cinco (5) meses a partir de que se haya decretado la
convocatoria y sea publicada en la página web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. En este lapso deberá difundir periódicamente el llamamiento a consulta
popular a través de los medios masivos de comunicación que tengan mayor impacto
en los municipios interesados;
e) <Literal modificado por el artículo 1 de Ley 1993 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> Se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando
la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la
propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por
ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los
municipios intervinientes.
f) Cumplida la consulta popular, en cada uno de los municipios donde fuera
aprobado el proyecto de conformidad con el literal e), los respectivos alcaldes y los
presidentes de los concejos municipales protocolizarán en la Notaría Primera del
municipio núcleo, la conformación del Área Metropolitana o el ingreso a una ya
existente en un plazo no mayor de treinta días calendario;
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g) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Previamente a la radicación del
proyecto ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, los promotores remitirán el
proyecto a la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que en un término no mayor a un (1) mes, emitan concepto
sobre la conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes de la constitución
de un área metropolitana o anexión de uno o varios municipios.
Así entonces, la norma transcrita previó de forma muy precisa diferentes aspectos
atinentes a la constitución de las áreas metropolitanas, de tal manera que fue claro
en señalar la legitimidad frente a este tipo de iniciativas; los requisitos formales
mínimos que deben cumplirse en punto al proyecto de constitución; la autoridad
encargada de velar por la acreditación de esas exigencias; los plazos para efectuar
esa verificación y realizar la consulta popular; la votación necesaria para su
aprobación; la remisión del proyecto al Congreso de la República, entre otros
aspectos.
En suma, la ley se preocupó en demasía por estructurar, de forma detallada y
pormenorizada, todo el procedimiento de constitución de las áreas metropolitanas
desde el inicio de su trámite hasta la declaratoria de los resultados, lo que se
entiende de cara al carácter especial que a este tipo de conjunciones territoriales le
dio el constituyente de 1991.
Posteriormente, se expidió la Ley Estatutaria 1757 de 201523, cuyo artículo 1.º indicó
que su objeto era regular «la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones
públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito
y el cabildo abierto; y establece las normas fundamentales por las que se regirá la
participación democrática de las organizaciones civiles.». No obstante, pese a tal
amplitud de su campo de aplicación, ese mismo precepto aclaró que «[l]a regulación
de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación
democrática en la vida política, económica, social y cultural, ni el ejercicio de otros
derechos políticos no mencionados en esta ley.».
Este último aparte, permite entrever que no fue intención del legislador agotar o
compendiar en su contenido todas las expresiones democráticas originadas en la
voluntad popular o en la administración pública, pues reconoce la existencia de otros
escenarios de participación y expresión que tienen un distintivo espacio en el
ordenamiento jurídico colombiano, verbi gracia, las consultas populares que se
erigen exclusivamente para efectos de constituir un área metropolitana.
23«Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática».
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Tal visión de las normas aquí estudiadas es la que la Corte Constitucional ha
adoptado de tiempo atrás, por ejemplo, en la Sentencia C-150 de 2015, en la que
señaló que: «Para la regulación de la consulta popular territorial pueden concurrir
disposiciones estatutarias o las integradas al Estatuto General de la Organización
Territorial, según ello se encuentra establecido en el artículo 105 de la Constitución.
De esta manera, la reserva de ley estatutaria no se activa en lo relativo a estas
consultas territoriales con la misma fuerza en que ocurre respecto de los otros
mecanismos de participación (…)». Y en la C-053 de 2019, en la que precisó: «En
efecto, el artículo 105 es claro en señalar: (i) que es a través del estatuto general de
la organización territorial, que como señaló anteriormente ha sido leído por esta
Corporación como una ley orgánica de ordenamiento territorial, la que debe señalar
los requisitos y formalidades en que los gobernadores y alcaldes según el caso,
podrán realizar consultas populares (…)».
Acorde con lo expuesto, es dable afirmar que el mecanismo de la consulta popular
en el marco de la creación de áreas metropolitanas tiene una fisionomía propia y
especial, distinguible de esa misma figura que prevén las Leyes 134 de 1994 y 1757
de 2015.
2.6. Caso concreto
Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala analizará en los siguientes
numerales las diferentes censuras planteadas por los demandantes, las cuales se
identificarán conforme a la misma literalidad en la que se sistematizaron en el
resumen del concepto de la violación:
2.6.1. «Los conceptos de Cámara y Senado requeridos para constituir el Área
fueron extemporáneos» y «Los conceptos de las Comisiones de
Ordenamiento Territorial de Cámara y Senado se obtuvieron con posterioridad
a la radicación del proyecto de constitución del Área Metropolitana ante la
Registraduría»
Frente a estos reparos, se recuerda que los demandantes censuran, por un lado,
que dichos conceptos se hayan emitido por fuera del mes –contando desde su
petición– que impone el artículo artículo 8.º, literal g), de la Ley 1625 de 2013, pues
advierten que el Senado tardó 3 meses y medio para expedirlo y la Cámara de
Representantes 5 meses y un día; agregaron que la RNEC ni siquiera los tuvo en
cuenta al certificar el cumplimiento de formalidades, pese a que, si bien no eran
vinculantes, sí resultaban obligatorios para tramitar la consulta popular.
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Demandantes: Luis Eduardo Peláez Jaramillo y otros
Demandada: Registraduría Nacional del Estado Civil
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00156-00 (ppal.)
11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
De otra parte, adujeron que los interesados, con anterioridad a la radicación del
proyecto ante la autoridad electoral, debieron tramitar, obtener y adjuntar a esa
petición los mentados conceptos, razón por la cual, la RNEC debió rechazar la
solicitud. Además, que los promotores allegaron esos conceptos por cuenta propia,
pues el Senado envió el suyo y el de Cámara no existía para cuando la Registraduría
avaló el cumplimiento de requisitos.
Al respecto, la sala electoral debe dejar por sentado si la formalidad que establece
el artículo 8.º, literal g), de la Ley 1625 de 2013, se erige como un verdadero
imperativo o elemento sustancial de la petición que inicia el trámite y de los actos
que validan el cumplimiento de requisitos y la convocatoria misma a consulta
popular, de tal manera que su inobservancia derive en un vicio de nulidad que afecta
la validez de ese acto; aspecto que, se anticipa, ya ha sido dilucidado por la
jurisprudencia constitucional.
En efecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-072 de 2014, condicionó
la exequibilidad de la norma en comento con base en los siguientes argumentos:
(…) la garantía de los municipios de ejercer con autonomía las competencias que
les corresponden (num 2 Art 287 C.P), implica tanto ejercerlas libre de toda
injerencia ajena a sus propios intereses, como también ejercerlas con el propósito
de organizarse con otros municipios como una unidad administrativa, valga decir
como un área metropolitana. Y este propósito debe depender únicamente de la
voluntad de quienes agencian intereses municipales. Así, el trámite de su
conformación no puede supeditarse a la autorización de entes distintos a los entes
locales, pues ello vulneraría su autonomía.
(…)
28.- También se desborda el marco de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
en el que se despliega la garantía de autonomía territorial, si la mencionada
exigencia se configura en un concepto vinculante para que se elabore el proyecto
de constitución del Área Metropolitana o para que la Registraduría Nacional del
Estado Civil convoque a la consulta popular solo si éste es favorable.
(…)
De igual manera, la sola obligación de remitir el proyecto de constitución del Área
Metropolitana a las mencionadas Comisiones, resulta una fórmula idónea para
poner en conocimiento a estas instancias sobre los procesos de descentralización y
organización territorial. (…) Y, en respeto del principio de subsidiariedad, la
intervención de las Comisiones aludidas, con el alcance explicado, es decir sin
requerir de ellas un concepto favorable a la constitución de un área metropolitana
para que ésta sea posible, reconoce que las autoridades de mayor nivel de
centralización sólo pueden intervenir en los asuntos propios de las instancias
inferiores cuando éstas se muestren incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo
sus responsabilidades.
(…)
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11001-03-24-000-2025-00317-00 (acumulado)
Para la Corte Constitucional la norma acusada [artículo 8.º, literal g)] sugiere una
alternativa: (i) Se debe entender que cuando el literal c) expresamente dispone que
el proyecto de constitución del área metropolitana se entregue a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de recibo realice la verificación de los requisitos exigidos en los literales a)
y b), es decir la verificación de la iniciativa y la verificación del contenido del proyecto,
y en caso de certificar que la propuesta cumple con los mismos, proceda a convocar
la consulta popular; -ante la consagración textual de esto en el aludido literal c) se
insiste- entonces no puede asumirse que existe algún requisito adicional para que
se elabore el proyecto de constitución del Área Metropolitana ni para que se
convoque la consulta popular, por lo cual del resultado de la última dependerá en
definitiva la conformación del ente administrativo territorial. Por ello, el concepto
regulado en el literal g) no podría entenderse, justamente, como un requisito
adicional para que se elabore el proyecto en cuestión y la Registraduría lo verifique
y proceda a convocar la respectiva consulta popular.
Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional declaró exequible el literal g) del
artículo 8° de la Ley 1625 de 2013, «bajo el entendido que en la elaboración del
proyecto de constitución del Área Metropolitana y el cumplimiento de la obligación
de la Registraduría Nacional del Estado Civil de convocar la consulta popular en los
términos del literal c) del artículo 8° de la Ley 1625 de 2013, el concepto previo
rendido por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, no obliga» (Negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, es diáfano el artículo 8, literal c), de la Ley 1625 de 2013,
al prescribir que la RNEC debe velar por el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los literales a) y b) de la citada norma, estos son, la legitimidad de la
iniciativa y la presentación del proyecto de constitución del área metropolitana
donde se precise los municipios que la integrarán, el municipio núcleo y las razones
que justifican su creación. Por consiguiente, los actos de validación formal que
efectúa el órgano electoral al inicio del trámite y al expedir el acto de convocatoria,
no están limitados por la existencia o favorabilidad del concepto de las ya
mencionadas comisiones de las dos células legislativas del Congreso de la
República.
Desde luego, lo anterior no releva a los interesados de cumplir la obligación
contenida en el literal g)24; sin embargo, no puede interpretarse que, por el hecho
de que la norma indique que tal actuación debe surtirse «[p]reviamente a la
24 «g) Previamente a la radicación del proyecto ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, los
promotores remitirán el proyecto a la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que en un término no mayor a un (1) mes, emitan concepto sobre la
conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes de la constitución de un área metropolitana
o anexión de uno o varios municipios.».
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radicación del proyecto ante la Registraduría», esta se convierta en una especie de
solemnidad que deba acreditarse ante la autoridad electoral, so pena de rechazo de
la petición. En palabras de la Corte Constitucional, en la sentencia transcrita en
párrafos anteriores: « no podría entenderse, justamente, como un requisito adicional
para que se elabore el proyecto en cuestión y la Registraduría lo verifique y proceda
a convocar la respectiva consulta popular ».
Se insiste, que, en los términos de la Corte Constitucional, tal remisión a las
comisiones del Congreso de la República tiene como finalidad materializar los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que deben regir las
relaciones intergubernamentales, con el fin de obtener unos conceptos que, por
regla general, no condicionan el actuar de la RNEC, ni mucho menos la voluntad
ciudadana o administrativa de tramitar una consulta popular, sino que más bien
sirven de referente o criterio de orientación para el futuro votante.
Además, tampoco afecta la validez del acto demandado el hecho que hayan sido
las diferentes cámaras del Congreso las que hayan remitido directamente esos
conceptos a la RNEC y no los peticionarios, pues la carga que impone el literal g)
del artículo 8 de la ley 1625 de 2013 se agota con la remisión, por parte de estos
últimos, del proyecto de área metropolitana a las citadas comisiones especiales.
Ahora bien, en punto al incumplimiento del término «no mayor a un (1) mes» que
prevé el mentado literal g) para que las comisiones emitan sus respectivos
conceptos, se precisa que es un aspecto accesorio que corre la misma suerte del
concepto, bajo el entendido que, si bien ese elemento temporal hace parte del
trámite previo a la radicación de la solicitud de convocatoria a consulta popular, su
inobservancia no tiene la virtud de viciar la legalidad del procedimiento
administrativo, sin que esto demerite la importancia que el legislador le imprimió en
procura de materializar los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.
Lo anterior, aunado a que: (i) la norma en comento no estableció consecuencia
alguna ante la falta de atención del plazo por parte de las autoridades obligadas y,
(ii) en todo caso,
Así las cosas, la Sala concluye que no prospera la censura estudiada en este
numeral.
2.6.2 «No se agotaron los requisitos de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015
para convocar a una consulta popular municipal al no haber autorización de
los Concejos Municipales para celebrar las mismas»
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Bajo este rótulo, la parte actora parte de la premisa que la Ley 1625 de 2013 tan
solo definió el funcionamiento de las áreas metropolitanas, pero no reglamentó el
mecanismo de consulta popular que precede a su creación, razón por la cual, se
debe acudir a las Leyes 134 de 1994 (art. 53) y 1757 de 2015 (art. 32), conforme a
las cuales era necesario: (i) someter la iniciativa a consulta a debate al interior de
los concejos municipales con el fin de que aprobaran o negaran el trámite de ese
mecanismo y, de ser positiva la decisión, (ii) remitir el texto al tribunal contencioso
administrativo para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Tal como sucedió en el estudio del anterior cargo, la Sala advierte que tal punto de
controversia ya fue objeto de pronunciamiento cuyo sustento se acoge nuevamente
en la presente providencia. En efecto, mediante sentencia del 10 de septiembre de
2020, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2019-00046-0025,
se precisó:
(…) A diferencia de lo expuesto por los actores, la constitución del área
metropolitana está regulada por la Ley 1625 de 2013 que estableció el
procedimiento mediante el cual puede hacerse la convocatoria y llevarse a cabo la
consulta popular para tales efectos, como lo señaló el artículo 319 de la Constitución
al asignar la expedición de esta normatividad al legislador orgánico.
El artículo 8º indicó que la convocatoria que haga el registrador nacional para la
consulta popular con fines de integración del área metropolitana deberá estar
precedida de la verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en sus
literales a) y b), es decir la iniciativa para promover el proyecto y la información
mínima que deberá aportarse sobre los municipios que harán parte de la entidad
asociativa territorial, el municipio que será núcleo y las razones que justifican la
creación.
Al margen de estas exigencias, la Ley 1625 de 2013 no incluyó como condiciones
para la convocatoria y realización de la consulta popular el concepto previo y
favorable de los concejos de los municipios involucrados en el proceso, ni el trámite
de revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Administrativo con
jurisdicción en la región que aspira a convertirse en nueva entidad administrativa.
Lo anterior lleva a concluir que los artículos 53 de la Ley Estatutaria 134 de 1994 y
32 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 no resultan aplicables a la consulta popular
que sea convocada para la integración del área metropolitana, puesto que dicho
mecanismo de participación tiene que sujetarse a lo establecido en la norma
especial que regula esta materia, como es la Ley Orgánica 1625 de 2013.
Por su carácter especial y por la naturaleza jurídica fijada por la Constitución, la ley
orgánica que regula particularmente la consulta popular para las áreas
25 El análisis normativo efectuado en este precedente fue nuevamente acogido por esta Corporación:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de junio de 2025, MP Gloria María Gómez
Montoya, Rad. 11001-03-28-000-2024-00192-00.
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metropolitanas prevalece en su aplicación sobre las normas estatutarias que
desarrollan esta herramienta democrática para otros fines en el mismo orden
territorial.
Así entonces, el análisis sistemático de los artículos 10526 y 31927 de la Constitución
Política y 8.º de la Ley 1625 de 2013, impone a esta sala electoral acudir al principio
de especialidad, conforme al cual debe preferirse aquellas disposiciones que
regulen de manera particular una situación jurídica frente a previsiones más
generales. Bajo este postulado, es claro que no eran exigibles los conceptos
favorables de los distintos concejos municipales, ni tampoco la declaratoria de
constitucionalidad por parte del respectivo tribunal administrativo.
Lo anterior, resulta coherente con lo dicho por la Corte Constitucional, justamente,
en la providencia que cita uno de los demandantes para hacer valer la tesis que
aquí se desestima. Así, esa alta corporación, en Sentencia C-150 de 2015, precisó:
5.4.2. Reglas jurisprudenciales en la consulta popular.
5.4.2.1. Inexistencia de una reserva estatutaria estricta para la regulación de las
consultas populares territoriales
Para la regulación de la consulta popular territorial pueden concurrir disposiciones
estatutarias o las integradas al Estatuto General de la Organización Territorial,
según ello se encuentra establecido en el artículo 105 de la Constitución. De esta
manera, la reserva de ley estatutaria no se activa en lo relativo a estas consultas
territoriales con la misma fuerza en que ocurre respecto de los otros mecanismos
de participación, dado que para esas consultas existe una competencia legalmente
repartida.
Por último, la sala no admite la remisión que hace la parte actora al parágrafo 5.º,
literal c) del artículo 8.º de la Ley 1625 de 201328, pues se trata de un precepto que
26 «Art. 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de
la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el
caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo
departamento o municipio.»
27 «Art. 319. (…) La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen
administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de administración tengan
adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar
y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios.» (Negrillas y
subrayas de la Sala).
28 «PARÁGRAFO 5o. Las ciudades capitales y sus municipios circunvecinos podrán constituir áreas
metropolitanas de acuerdo con las siguientes normas:
(…)
c) El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, esa entidad realice la verificación de los requisitos
exigidos en los literales a) y b), y en caso de certificar que la propuesta cumple con los mismos,
procederá a ordenar a los respectivos alcaldes y presidentes de los concejos municipales la
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regula de forma especial la constitución de áreas metropolitanas integradas por
ciudades capitales y municipios circunvecinos; supuesto que fue adicionado a esa
norma por la Ley 2082 de 2021, bajo una teleología o principios seguramente
diferentes y que no son del caso analizar en el sub examine.
Acorde con lo anterior, no prospera la censura estudiada en este numeral.
2.6.3 «La pregunta que se hará en la consulta popular está formulada de
manera incorrecta violando el alcance de la misma»
Se recuerda que la parte actora aduce que la pregunta formulada en la consulta
popular es imprecisa, pues indaga al ciudadano en punto a la conformación del área
metropolitana, en lugar de limitarse a auscultar su voluntad de cara a si desea que
su municipio integre esa entidad político-administrativa, pues el artículo 8.º de la Ley
1625 de 2013, habla de la mayoría de los votos de «cada uno de los municipios».
Para resolver esta censura resulta necesario traer a colación la literalidad de la
pregunta que se pretende formular en la consulta popular:
¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de
San Nicolás, que estaría conformada por los municipios del Carmen de Viboral (sic),
El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer?
Ahora bien, la supuesta irregularidad que advierte del acto demandado parte de una
equivocada lectura de la norma que se alega vulnerada y de la cual deriva unos
supuestos parámetros legales, los cuales, vale la pena precisar, no existen en la
Ley 1625 de 2013. Por el contrario, el precepto en cita alude a la mayoría necesaria
para la aprobación de la consulta y no a un tema de lineamientos de la pregunta.
A propósito de este tema, resulta de suma importancia traer a colación la sentencia
de la Corte Constitucional C-551 de 200329, en la que se estableció la siguiente
regla que resulta transversal a los diferentes mecanismos de participación en los
que se formulen preguntas a la ciudadanía:
132- Puede suceder que según los términos en que sean redactadas las preguntas,
éstas puedan ser manipulativas o directivas de la voluntad del ciudadano, inductivas
de la respuesta final, tendenciosas o equívocas, lo cual puede conducir a la
desinformación, al error, o a una falsa percepción del fenómeno político. Para la
Corte es evidente que este tipo de preguntas mengua de manera significativa las
realización de las consultas populares necesarias. Aprobada la consulta, se deberá realizar la
protocolización en la Notaría Primera de la ciudad capital, la conformación del Área Metropolitana o
el ingreso a una ya existente en un plazo no mayor de treinta días calendario.»
29 Dicha postura fue reiterada por esa alta corte en sentencia C-150 de 2015.
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condiciones de libertad del sufragante y obviamente desconoce la exigencia de
lealtad.
De cara a lo anterior, la Sala observa que la simpleza en la redacción de la pregunta
transcrita en párrafos anteriores redunda en la claridad que debe tener el votante,
pues el ciudadano que lee ese interrogante y habita en La Ceja, por dar un ejemplo,
por mera intuición fijaría su atención en el nombre de su municipio y la eventual
posibilidad de que este haga o no parte de esa área metropolitana de cara a su voto
favorable o no.
Acorde con lo anterior, la Sala concluye que no prospera la censura estudiada en
este numeral.
2.6.4 «Vicio de procedimiento insubsanable por sesiones simultáneas»,
«Falsa motivación y motivación aparente del acto administrativo» y «Violación
del debido proceso administrativo»
Conforme a estas supuestas irregularidades, se censura que el acto impugnado se
apoyó en un «concepto previo» del Senado de la República desprovisto de validez,
por ser discutido y aprobado por la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso
de Descentralización y Ordenamiento Territorial30 al mismo tiempo en que se llevaba
a cabo una sesión de la plenaria de la citada célula legislativa31, circunstancia que
contraría los artículos 83 y 93 de la Ley 5ª de 1992.
Frente a este aspecto, la Sala debe recordar que dicho concepto materializa los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, pero en manera alguna
hace parte de los requisitos legales que el legislador previó y que son validados por
la RNEC con posterioridad a la radicación de la solicitud. Así entonces, esa falta de
consustancialidad del concepto emitido por las respectivas comisiones de Cámara
y Senado, en el marco de la constitución de áreas metropolitanas, conlleva a que la
supuesta irregularidad advertida no tenga la vocación de viciar el acto aquí
demandado.
En todo caso, esta Sala coincide con el estudio normativo que efectuó el Ministerio
Público, en cuanto: (i) el artículo 53 de la Ley 5ª de 1992 distingue entre Comisiones
Constitucionales Permanentes, Comisiones Legales, Comisiones Especiales y
Comisiones Accidentales; (ii) el artículo 93 ibidem prevé que «Las Comisiones
Permanentes tendrán sesiones en horas que no coincidan con las plenarias, con las
30 Se informa que el registro de asistencia de los congresistas que integraban esa comisión abrió a
las 08:47 a. m., y la votación se produjo entre las 09:56 y 09:59 a. m.
31 Se informa que el registro de asistencia se abrió a las 09:09:26 am y sesionó hasta las 16:17:15
p. m.
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características que señala el presente Reglamento» (Subrayas propias) y, (iii) el
artículo 63 de la citada ley concibe como comisión especial aquella encargada de la
vigilancia del proceso de descentralización y ordenamiento territorial, esto es, de la
que habla el literal g) del artículo 8.º de la Ley 1625 de 2013.
Así entonces, la comisión especial en cita no estaría cobijada por la prohibición
contenida en el artículo 93 ibidem, pues esta disposición se refiere de forma taxativa
a las «comisiones permanentes».
Acorde con lo expuesto, la Sala no encuentra prosperidad alguna en esta última
censura analizada.
2.7. Conclusión
En la medida que no se configuraron ninguno de los vicios alegados por los
demandantes, la sala negará las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, tendientes a
obtener la nulidad de la Resolución 6866 del 10 de junio de 2025 «Por la cual se
convoca a los ciudadanos de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El
santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer del Departamento de Antioquia a
consulta popular con fines de constituir el Área Metropolitana denominada “Valle de
San Nicolás”, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil en ejercicio de
sus funciones.».
SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Elkin Yesid Salazar Echeverry,
identificado con cédula de ciudadanía 15.430.185 y tarjeta profesional 132.511 del
C. S. de la J., para actuar como apoderado del municipio de La Ceja (Antioquia),
conforme al poder que obra en el expediente digital.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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