Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00192-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00192-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00192-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de junio de 2025
Demandantes: Diana Alejandra González Martínez y otro
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Rad: 11001-03-28-000-2024-00192-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio del dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00192-00
Demandantes: Diana Alejandra González Martínez y otro
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil - Resolución 6042 del 24 de
junio de 2024 por medio de la cual se convocó a una consulta popular
para la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de
Colombia
Temas: Consulta popular en el marco de la creación de áreas metropolitanas.
Régimen aplicable. Improcedencia de estudiar la excepción de
inconstitucionalidad por asuntos que corresponden al control
abstracto de las leyes.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado dicta sentencia de única instancia en el medio
de control de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
1. Los ciudadanos Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez, en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011,
solicitaron la nulidad de la Resolución 6042 del 24 de junio de 2024, mediante la cual se
convocó a los ciudadanos de los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira,
Santiago de Cali (Valle del Cauca); Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), a consulta popular
el domingo 24 de noviembre de 2024, para que, en ejercicio de su soberanía, se
pronuncien sobre:
¿Está usted acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia,
que estaría conformada por los entes territoriales de: del Distrito de Santiago de Cali, y los
municipios de Jamundí, Palmira, Candelaria, Dagua, Puerto Tejada y Villa Rica?
1.2. Hechos
2. El alcalde de Palmira (Valle) para el período 2020-2023, suscribió, junto con otros seis
mandatarios locales, un acuerdo de voluntades para impulsar la creación de un área
metropolitana, denominada del Suroccidente de Colombia (AMSO) y en virtud de ello,
mediante comunicación 172737 de 2023, presentaron ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil (en adelante RNEC o la entidad demandada) el proyecto de constitución para
que se realice una consulta popular para su aprobación.
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3. La RNEC mediante el acto demandado, convocó a los ciudadanos de los municipios de
Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Santiago de Cali (Valle del Cauca), Puerto Tejada y
Villa Rica (Cauca), a una consulta popular, para que el 24 de noviembre de 2024 se
pronunciaran sobre la pregunta descrita previamente.
4. Con fundamento en la resolución anterior, la entidad expidió la Resolución 6091 del 24
de junio de 2024, por la que fijó el calendario electoral para la consulta a realizarse en la
fecha mencionada.
1.3. Concepto de la violación
5. La parte demandante consideró que el acto cuestionado desconoce los artículos 103 y
152 de la Constitución Política, 1º, 3º, 20, 21, y 32 de la Ley 1757 del 2015, y el 8º, 51 y 53
de la Ley 136 de 1994.
6. Argumentaron que, para la expedición del acto por parte de la entidad demandada se
omitió la verificación de los requisitos establecidos por el legislador estatutario en las leyes
134 de 1994 y 1757 de 2015, las cuales regulan de manera especial los mecanismos de
participación ciudadana, incluida la consulta popular. Alegaron que una simple lectura de
las consideraciones de la resolución acusada pone de presente que la autoridad electoral
se limitó a establecer las exigencias que se derivan del artículo 8º de la Ley 1625 de 2013.
7. Indicaron que, en atención a lo descrito, la RNEC adoptó la decisión cuestionada, sin
que previamente se hubiere efectuado la consulta correspondiente ante las corporaciones
públicas de los municipios que tienen la intención de conformar el área metropolitana, así
como, no se surtió el trámite de revisión de constitucionalidad por parte del tribunal
administrativo competente.
8. Razonaron que el artículo 103 constitucional regula la consulta popular como uno de los
medios a través de los cuales se busca un pronunciamiento de los ciudadanos sobre un
asunto particular y, por lo tanto, conforme al artículo 152 del mismo texto normativo, solo
puede ser desarrollado y llevado a cabo conforme a lo dispuesto en las leyes del nivel
estatutario.
9. Manifestaron que la Ley 1757 de 2015, es posterior y especial a la Ley 1625 del 2013,
por lo que resultan exigibles en el trámite de la creación de áreas metropolitanas, las
exigencias que se reseñaron en párrafos precedentes. Consideraron que si bien, el artículo
319 superior reconoce la posibilidad para que a través de una disposición legislativa de
naturaleza orgánica se regule la vinculación de municipios en un área metropolitana «ello
no se traduce necesariamente en una norma contrapuesta, limitante o excluyente, sino
complementaria en fundamental con la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana».
10. Señalaron que, con la sentencia C-150 del 2015, se validó el control previo por parte
de los concejos municipales y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo al trámite
de consulta popular, por lo que ello deviene en reglas de la democracia que no pueden ser
desconocidas.
11. Incluyeron un acápite denominado «EVENTUAL ESTUDIO DE EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL No C DEL ARTÍCULO 8 DE LEY 1625 DE 2013», en el
que solicitaron a esta Sección que se inaplique esa norma, que fue el fundamento
normativo de la entidad demandada para expedir el acto reprochado, al considerar que
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esta disposición reguló el uso de un mecanismo de participación ciudadana, el cual debe
ser reglado por una ley estatutaria y no una orgánica.
12. Indicaron que:
«Si bien a la ley orgánica la propia Constitución le facultó la reglamentación de la constitución de
las áreas metropolitanas en Colombia, cuando el legislador las reguló y consideró que su
conformación lo era a través de un mecanismo de consulta popular, los requisitos del llamado a
pueblo para la expresión popular en las urnas, solo es posible conforme al Art- 103 y 152 a
través de la reglamentación de la ley estatutaria.
No podría desconocer el literal c del Art. 8 de la ley 1625 de 2013 que además de los requisitos
reglados para la conformación de un área metropolitana allí descritos, en materia de la consulta
popular y los requisitos de su llamado, no sea verificable los requisitos de la ley estatutaria de
participación ciudadana y la de participación democrática, que según la propia constitución Art.
103 y 152 cuenta con reserva estatutaria, y por tanto la simple y limitada verificación de los
requisitos establecidos en la ley 1625 de 2013 se torna inconstitucional».
13. Con fundamento en lo anterior, se solicitó la suspensión provisional de los efectos del
acto demandado.
1.4. Trámite relevante
1.4.1. Admisión y decisión de la medida cautelar
14. Mediante auto del 24 de octubre de 20241, quien funge como ponente de la presente
providencia admitió la demanda y dispuso su notificación al representante legal de la
entidad demandada, a los alcaldes de los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí,
Palmira, Santiago de Cali (Valle del Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), así como a
los gobernadores de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
15. En providencia de la misma fecha2 se corrió traslado de la petición de suspensión
provisional elevada por los actores.
16. En providencia del 14 de noviembre de 20243 esta Sección negó la solicitud de medida
cautelar antes referida4.
1.4.2. Contestaciones
17. El municipio de Dagua (Valle del Cauca), a través de apoderada judicial se pronunció
oponiéndose a las pretensiones de la demanda5. Admitió los hechos como ciertos, pero
aclaró que el procedimiento mediante el cual puede convocarse y efectuarse la consulta
popular para la constitución del área metropolitana, se llevó a cabo con plena observancia
de lo dispuesto en el artículo 319 de la Constitución Política y la Ley 1625 de 2013.
18. Propuso las excepciones de mérito que denominó «ausencia de causa para demandar» y
la que llamó «excepción de oficio».
1
Expediente digital SAMAI – Índice 00008
2
Expediente digital SAMAI – Índice 009.
3
Expediente digital SAMAI – Índice 00037
4
Con el salvamento de voto de los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Pedro Pablo Vanegas Gil. La providencia fue aprobada
con la participación del conjuez Roberto Rafel Bornacelli Guerrero.
5
Expediente digital SAMAI – Índice 00025
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19. El Distrito Especial de Santiago de Cali, actuando por intermedio de apoderado
judicial solicitó se nieguen las pretensiones6, teniendo en cuenta que la constitución de
áreas metropolitanas está regulada por la Ley Orgánica 1625 de 2013 y la convocatoria de
la consulta popular debe estar precedida únicamente por el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los literales a) y b) del artículo 8 de la mencionada ley, en la cual no se
incluyeron condiciones adicionales, tales como el concepto previo y favorable del concejo
municipal o la revisión de constitucionalidad por parte del tribunal administrativo, que
reclaman ahora los demandantes.
20. Admitió los hechos como ciertos y finalmente propuso las excepciones de «presunción
de legalidad», «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales (ausencia de acto
enjuiciable)» 7 con fundamento en el carácter previo del acto de convocatoria que impide su
control jurisdiccional y «carencia actual de objeto», señalando los comicios ya se celebraron,
surtiendo plenos efectos la decisión de convocar a los ciudadanos para la consulta8.
21. La Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de apoderado judicial se
pronunció9 oponiéndose a las pretensiones de la demanda, ya que su actuación se ajustó
al cumplimiento del proceso de convocatoria establecido en la Ley 1625 de 2013, el cual
constituye norma especial para este tipo de trámite y no resulta acorde con el
ordenamiento jurídico extender exigencias de otras disposiciones estatutarias. Además, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los actos administrativos por
medio de los cuales se convoca a una eventual constitución de un área metropolitana son
actos de trámite.
22. Formuló las excepciones de «legalidad del acto acusado», «ineptitud de la demanda-
ausencia de acto enjuiciable» y «carencia actual de objeto», estas dos últimas, en los mismos
términos del apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali10.
23. El municipio de Jamundí (Valle del Cauca), a través de apoderado judicial, se
pronunció11 invocando la excepción de «carencia actual de objeto por hecho superado», ya que
desaparecieron las circunstancias que dieron origen al presente medio de control, lo que
genera la extinción del objeto jurídico del proceso.
24. Coadyuvó y se adhirió a las contestaciones presentadas por el Distrito Especial de
Santiago de Cali y por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
25. Finalmente, el Departamento del Cauca por intermedio de apoderada judicial se
pronunció12 oponiéndose a las pretensiones, por cuanto la Registraduría Nacional del
Estado Civil cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 1625 de 2013 para
la convocatoria de la consulta popular, con el fin que los ciudadanos manifiesten si aceptan
o no la conformación del Área Metropolitana del Sur Occidente, por ser norma especial
aplicable a este caso.
26. Formuló las excepciones que denominó «carencia actual de objeto» y «ausencia de causal
de nulidad».
6
Expediente digital SAMAI – Índice 00052
7
Decididas mediante auto del 6 de mayo del 2025. Expediente digital SAMAI – Índice 0059
8
La decisión de esta fue diferida al fallo.
9
Expediente digital SAMAI – Índice 00053
10
Ídem. Pie de página 7 y 8.
11
Expediente digital SAMAI – Índice 00054
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27. Las demás entidades vinculadas a la actuación procesal guardaron silencio.
1.4.3. Auto que dispone el trámite de sentencia anticipada13
28. En providencia del 6 de mayo del 2025, el despacho conductor del proceso se
pronunció sobre las excepciones propuestas con las contestaciones a la demanda, así
como fijó el litigio, ordenó el decreto y práctica de pruebas de naturaleza documental y
dispuso dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada, para lo cual, indicó que una
vez finalizara el traslado de las pruebas, se otorgara a las partes el término para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rinda su concepto.
1.5. Alegatos de conclusión
29. El señor Julián Arturo Polo Echeverri (demandante)14 presentó escrito en el que
reiteró su solicitud de anular el acto demandado. Indicó que, si bien es cierto el artículo 319
de la Constitución Política refiere que para la creación de las áreas metropolitanas se
requiere de una consulta popular, dicha circunstancia implica que ese mecanismo de
participación ciudadana se regula y adelanta por los presupuestos de la Ley Estatutaria
1757 del 2015.
30. Indicó que los requisitos sobre concepto previo por parte de las corporaciones públicas
y el estudio de constitucionalidad por parte del tribunal administrativo, responde a un
escenario plural que involucra a todos los poderes públicos, por lo que no es
constitucionalmente admisible la interpretación que se propone por las entidades
demandadas de excluir de esos requisitos al trámite que se adelanta sobre el particular
cuando se trata de conformar un área metropolitana.
31. A su juicio, la anterior tesis se sostiene de lo dilucidado en la sentencia C-150 del 2015,
que estudió la exequibilidad de la Ley 1757 del mismo año, en donde en varios de sus
apartados se refirió a la consulta popular que se requiere para la creación de esta figura
asociativa.
32. Mencionó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto
del 201615, refirió en esa oportunidad la necesidad de aplicar los parámetros de la Ley 134
de 1994, en cuanto hace al concepto de conveniencia y al estudio por parte de la autoridad
judicial competente.
33. Aseguró que, en el presente caso, se demostró que el Concejo Municipal de Palmira,
con posterioridad a la expedición del acto demandado, se opuso a la iniciativa de
constitución del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (acta 160 de la sesión
del 17 de octubre del 2024), lo que pone de presente que cercenar la posibilidad de las
autoridades locales de intervenir en este trámite, tiene serios efectos en el sistema de
participación democrática.
34. Concluyó indicando que:
«Esto sin duda, termina generando una inestabilidad y consolidando un poder ilegitimo
en quienes ostentan conforma (sic) a la ley orgánica, la iniciativa en materia de
13
Expediente digital SAMAI – índice 0059
14
Expediten digital SAMAI – índice 0071.
15
Concepto Sala de Consulta C.E. 935 de 1996 del 11 de diciembre de 2016.
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conformación de áreas metropolitanas, sin que la conveniencia política, social y
participativa propia de la actividad de las corporaciones públicas y menos la validez
constitucional del concepto del Tribunal Administrativo correspondiente, sean exigidos,
en una clara interpretación ajena a los principios constitucionales democráticos».
35. El apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali16 reiteró sus argumentos
de la contestación de la demanda, para referir que la constitución del área metropolitana,
para todos los efectos, se rige por la ley orgánica que reguló la materia, tal y como fue
definido en la sentencia del 10 de septiembre del 2020, radicación 11001-03-28-000-2019-
00046-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
36. La Registraduría Nacional del Estado Civil17 insistió en que no aplicables para la
expedición del acto demandado, los requisitos fijados en la Ley 1757 del 2015,
relacionados con los conceptos previos de los concejos municipales y del tribunal
administrativo competente.
37. El departamento del Cauca18 reiteró sus argumentos de la contestación a la
demanda.
38. El municipio de Palmira19 señaló las razones por las cuales considera que es
procedente negar la nulidad de la resolución acusada, dado que no se requiere la
aplicación de las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 del 2015, así como que, en todo
momento, se garantizó el derecho a la participación ciudadana.
1.6. Concepto del Ministerio Público20
39. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó se nieguen las
pretensiones de la demanda. Señaló que «es claro que la Ley 1625 de 2013, norma especial
aplicable en materia de consultas convocadas para la integración de áreas metropolitanas, no
incluyó como condiciones el concepto previo y favorable de los concejos municipales, ni el examen
previo de constitucionalidad que pueda ejercer el Tribunal Administrativo; por tanto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, con la expedición de la Resolución 6042 del 24 de junio del 2024, no
desconoció la Ley Estatutaria 134 de 1994 (artículos 8, 51 y 53), ni la Ley Estatutaria 1757 de 2015
(artículos 1, 3, 20, 21 y 32), en la medida en que tales disposiciones no resultan aplicables».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 202121 y en el artículo 1322 del
Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
16
Expediente digital SAMAI – Índice 0073.
17
Expediente digital SAMAI – Índice 0074.
18
Expediente digital SAMAI – Índice 0075.
19
Expediente digital SAMAI – Índice 0076.
20
Expediente digital SAMAI – Índice 0072.
21
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones
administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está
radicada en los tribunales administrativos. (…).
22
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
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Acuerdo 434 de 2024, esta Sección es competente para tramitar y decidir en única
instancia el proceso de la referencia.
2.2. Problema jurídico
41. En atención a la fijación del litigio efectuada en providencia del 6 de mayo del 2025,
corresponde a la Sala resolver lo siguiente:
«Determinar si es nulo el acto administrativo contenido en la Resolución 6042 del 24 de junio de
2024, por el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a los ciudadanos de los
municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Santiago de Cali (Valle del Cauca); Puerto
Tejada y Villa Rica (Cauca) a consulta popular, por presuntamente desconocer los artículos los
artículos 103 y 152 de la Constitución Política; 8, 51 y 53 de la Ley 134 de 1994; y 1, 3, 20, 21 y
32 de la Ley 1757 de 2015» (sic a toda la cita).
42. Previo a resolver sobre el particular, la Sala estima procedente resolver sobre el
alegato presentado por la entidad demandada, el Distrito Especial de Santiago de Cali, el
municipio de Jamundí y el departamento del Cauca, en el sentido de señalar que en el
presente asunto se configura la carencia actual de objeto, estudio que fue diferido a la
sentencia en el auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada.
43. Seguidamente, se atenderá el fondo del asunto, para lo cual, una vez establecidos los
hechos probados al interior del proceso, (i) se estudiará la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad propuesta por los demandantes, y (ii) se determinará el régimen de la
consulta popular en el marco de la creación de las áreas metropolitanas y con ello dilucidar
si son predicables las exigencias que los actores extrañan como requisitos previos a la
expedición del acto demandado.
2.3. Cuestión previa: carencia actual de objeto
44. En su contestación a la demanda, los apoderados del Distrito Especial de Santiago de
Cali y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, siendo secundados por el municipio de
Jamundí y el departamento del Cauca, indicaron que la Resolución 6042 del 24 de junio del
2024 tenía como finalidad convocar a los ciudadanos para que se pronunciaran respecto
de la pregunta sometida a consulta popular, comicios que se llevaron a cabo en la fecha
establecida, por lo que el acto demandado surtió plenos efectos, por lo que carece de
objeto el estudio de legalidad del acto mencionado.
45. Se debe anotar que la postura unificada de esta Sección23, refiere que, si el acto
acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo aún en el evento en que
haya sido retirado del ordenamiento jurídico, mantiene su competencia para conocer de
su legalidad porque, su exclusión impide que el acto se aplique hacia el futuro, pero no
desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos
jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia. Se refirió que:
«Por lo anterior, un acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico que produjo efectos
jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control por la jurisdicción contencioso
administrativa, quien formalmente decidirá si dicho acto excluido fue expedido en su
momento observando los elementos de validez: competencia, objeto, forma, causa y
23
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de mayo del 2018. Radicación 47001-23-33-000-2017-00191-02 (SU). M.P.
Rocío Araújo Oñate.
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finalidad. De esta manera, no podría configurarse la denominada sustracción de materia24 y
se impone por parte del operador judicial su resolución de fondo en la sentencia».
46. En aplicación del criterio jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala considera que
en el presente asunto no es procedente dar aplicación a la figura de la carencia actual de
objeto, dado que es claro que el acto de convocatoria aquí demandado, surtió plenos
efectos en el marco de la actuación electoral para el desarrollo de la consulta popular para
la creación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, tanto así, que su
presunción de legalidad fue el fundamento de los pasos subsiguientes que culminaron con
la elección.
47. Por lo dicho, aunque no se desconoce que al día de hoy ya se cumplieron las fechas
para el desarrollo de la jornada electoral convocada, lo cierto es que esa circunstancia no
implica que se configure el fenómeno de la carencia actual de objeto, dado que lo cierto es
que la Resolución 06042 del 2024, al momento de la radicación de la demanda y de su
admisión, era un acto susceptible de control directo por medio de la simple nulidad
presentada por los demandantes, y, como bien lo reconocen los intervinientes y se indicó
en forma previa, aquella surtió efectos en relación con su objeto, lo cual permite el estudio
de su legalidad.
48. Por lo anterior, este argumento no tiene vocación de prosperidad.
2.4. Excepción de inconstitucionalidad
49. Esta figura, que tiene como fundamento el criterio del poder normativo de la
Constitución Política derivado del artículo 4º de aquella, ha sido entendida por la
jurisprudencia constitucional, como una herramienta o instrumento derivado del control
concreto de constitucionalidad que permite a los operadores jurídicos inaplicar, en un caso
particular y con efectos inter partes25, una norma respecto de la cual se verifica que
contradice normas del texto superior.
50. Como se indicó en los antecedentes, los demandantes fundamentan la aplicación de la
mencionada figura en la presunta irregularidad de haber consagrado en la ley orgánica,
asuntos que correspondían al trámite legislativo de aquellas de naturaleza estatutaria, por
lo que no es procedente la aplicación del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013 para resolver
el caso concreto.
51. Así las cosas, la argumentación que se expone en el escrito inicial dista de la
posibilidad de control concreto que se radica en cabeza de todos los jueces, para
establecer cómo frente a una situación particular y determinada, la aplicación de una norma
resulta contraria a los postulados superiores. Contrario a ello, los demandantes proponen
una circunstancia que es propia del control abstracto que corresponde, por expresa
disposición del artículo 243 de la Constitución Política de 1991, a la Corte Constitucional,
por lo que este aspecto no se encuentra de la órbita de competencias de esta Sección.
52. Por lo anterior, esta Sección no encuentra procedente adoptar algún pronunciamiento
sobre el particular.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-000-
2012-00039-04.
25
Corte Constitucional. SU-132 del 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
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Demandantes: Diana Alejandra González Martínez y otro
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2.5. La consulta popular en el marco de la creación de las áreas metropolitanas
53. Sea lo primero señalar, que el artículo 103 de la Carta Política, en lo que se conoce
como un Estado «democrático y participativo»26, contempla los diferentes mecanismos
de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, en los cuales incluyó la
consulta popular, al tiempo que estableció que su reglamentación estará a cargo de la
ley. Como desarrollo de este mandato, el Congreso de la República expidió la Ley
Estatutaria 134 de 199427 por la cual fueron dictadas normas sobre el particular, cuyo
artículo 8º definió que la consulta popular en los siguientes términos:
«[…] es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el
Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del
pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto».
54. Al estudiarse la constitucionalidad de la referida disposición del nivel estatutario, se
indicó por la Corte Constitucional en la sentencia C-180 de 1994, que aquella responde
a la posibilidad con la que cuenta un gobernante de acudir al electorado para conocer
sus expectativas en relación con asunto específico de su interés, cuyo resultado obliga
a la adopción de acciones concretas.
55. Ahora bien, tanto la norma mencionada como la posterior Ley 1757 del 2015 28,
regularon, entre otros requisitos para este mecanismo de participación ciudadana, la
necesidad del concepto previo de las corporaciones públicas departamentales o
municipales29, así como el trámite de revisión previa de la constitucionalidad de aquel
por parte del tribunal administrativo que resulte competente30.
56. Sin desconocer la existencia de las exigencias legales antes descritas, esta
judicatura también encuentra que el artículo 319 de la Constitución Política de 1991
refiere lo siguiente:
«Artículo 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y
físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse
como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e
integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios
públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y
ejecutar obras de interés metropolitano.
La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen
administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de
administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y
señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la
vinculación de los municipios.
26
Sobre este concepto, revisar las sentencias C-180 de 1994 y C-150 del 2015 de la Corte Constitucional. Se ha indicado que, esta
caracterización impuesta por el ordenamiento constitucional, implica, entre otras cosas « (i) que el pueblo es poder supremo o
soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar,
administrar y controlar, (ii) que el electorado a través de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se subordinan
los órganos del Estado y los habitantes, (iii) que la ciudadanía decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el
poder público, mediante actos electivos y (iv) que el pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen en el
ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente». Sentencia T-121 del 2017.
27
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
28
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
29
Artículo 53, Ley 136 de 1994. Artículo 32, Ley 1757 del 2015.
30
Artículo 21, Ley 1757 del 2015.
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Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales
protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y
autoridades, de acuerdo con la ley …». (Negrillas y subrayas fuera del texto)
57. Como desarrollo de este mandato, mediante la Ley Orgánica 1625 de 2013, el
Congreso expidió el régimen político, administrativo y fiscal actualmente aplicable a las
áreas metropolitanas31, como expresión de la autonomía prevista y reconocida en el
texto superior. En cuanto a la formación, el artículo 8º señaló lo siguiente:
«Artículo 8°. Constitución. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con
características de Área Metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las
siguientes normas:
a) Tendrán iniciativa para promover su creación los alcaldes de los municipios interesados,
la tercera parte de los concejales de dichos municipios, el cinco por ciento (5%) de los
ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los mismos municipios y el
Gobernador o los Gobernadores de los departamentos a los que pertenezcan los municipios
que se pretendan integrar a un Área Metropolitana;
b) Los promotores del área metropolitana elaborarán el proyecto de constitución en donde
se precise como mínimo: Los municipios que la integrarán, el municipio núcleo y las razones
que justifican su creación;
c) El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, esa Entidad realice la verificación
de los requisitos exigidos en los literales a) y b), y en caso de certificar que la
propuesta cumple con los mismos, procederá a convocar la consulta popular. La
Registraduría Nacional del Estado Civil proveerá los medios necesarios para la organización
de la consulta popular;
d) La fecha para realizar la consulta popular en ningún caso será inferior a tres (3) meses, ni
superior a cinco (5) meses a partir de que se haya decretado la convocatoria y sea
publicada en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este lapso
deberá difundir periódicamente el llamamiento a consulta popular a través de los medios
masivos de comunicación que tengan mayor impacto en los municipios interesados;
e) Modificado por el art. 2, la Ley Orgánica 1993 de 2019. <El nuevo texto es el
siguiente> Se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la
mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y
la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la población
registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes.
f) Cumplida la consulta popular, en cada uno de los municipios donde fuera aprobado el
proyecto de conformidad con el literal e), los respectivos alcaldes y los presidentes de los
concejos municipales protocolizarán en la Notaría Primera del municipio núcleo, la
conformación del Área Metropolitana o el ingreso a una ya existente en un plazo no mayor
de treinta días calendario;
g) Previamente a la radicación del proyecto ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
los promotores remitirán el proyecto a la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que en un término no mayor a un (1) mes, emitan concepto sobre la
conveniencia, oportunidad y demás aspectos relevantes de la constitución de un área
metropolitana o anexión de uno o varios municipios.[…]».
58. Por lo dicho, lo primero que evidencia esta judicatura, es que existe una norma
especial en materia de ordenamiento territorial, incluida en la misma Constitución, que
indica que mediante una ley orgánica se regularán dichos asuntos, esto es, en una
31
Esta norma derogó la Ley 128 de 1994 que era la anterior ley orgánica de las áreas metropolitanas.
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norma especial se determinará la forma en que se deben convocar y realizar las
consultas populares para la creación de áreas metropolitanas.
59. Adicional a lo expuesto, existen argumentos jurisprudenciales que soportarían la
conclusión antes descrita. La sentencia C-150 de 2015, en la que se analizó la
constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, misma que los solicitantes
alegan como infringida, señaló:
«5.4.2. Reglas jurisprudenciales en la consulta popular.
5.4.2.1. Inexistencia de una reserva estatutaria estricta para la regulación de las
consultas populares territoriales
Para la regulación de la consulta popular territorial pueden concurrir disposiciones
estatutarias o las integradas al Estatuto General de la Organización Territorial, según ello se
encuentra establecido en el artículo 105 de la Constitución. De esta manera, la reserva de
ley estatutaria no se activa en lo relativo a estas consultas territoriales con la misma fuerza
en que ocurre respecto de los otros mecanismos de participación, dado que para esas
consultas existe una competencia legalmente repartida» (énfasis de la Sala).
60. Lo anterior se encuentra en concordancia con el artículo 51 de la Ley Estatutaria
134 de 1994, que señala que:
«ARTÍCULO 51.- Consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local. Sin
perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General
de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y
alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos
departamentales, municipales, distritales o locales» (énfasis de la Sala).
61. En línea con lo expuesto, en la sentencia C- 053 de 2019 la Corte señaló:
«En efecto, el artículo 105 es claro en señalar: (i) que es a través del estatuto general de la
organización territorial, que como señaló anteriormente ha sido leído por esta Corporación
como una ley orgánica de ordenamiento territorial, la que debe señalar los requisitos y
formalidades en que los gobernadores y alcaldes según el caso, podrán realizar
consultas populares, (ii) que la norma constitucional establece una facultad en cabeza de
las autoridades territoriales y no una obligación y (iii) que en el caso en que decidan realizar
dichas consultas, las mismas deben recaer sobre asuntos propios de la competencia del
respectivo departamento o municipio» (énfasis de la Sala).
62. Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver sobre el fondo del asunto planteado
por los demandantes.
2.6. Caso concreto
63. En el presente asunto se demostró lo siguiente:
a) Del contenido de la Resolución 6042 del 24 de junio del 202432, por medio del
cual, el registrador nacional del Estado Civil convocó a los ciudadanos de los
municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Santiago de Cali (Valle del
Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca) a consulta popular con fines de constituir
el área metropolitana denominada «Suroccidente de Colombia», así como de sus
antecedentes administrativos33, se resaltan los siguientes elementos relevantes:
32
Folio 37. Anexos de la demanda. Escrito unificado de reforma.
33
Expediente digital SAMAI - Índice 0022.
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• Con comunicación del 11 de mayo del 2023, radicada con el número 122737 34, los
alcaldes de los municipios mencionados presentaron ante la entidad electoral el
proyecto de constitución del área metropolitana, con el fin de que se adelanten los
trámites pertinentes para llevar a cabo la consulta popular de que trata la Ley 1625
del 2013.
• Con oficio RDE-DGE-302135 la dirección de Gestión Electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil requirió a los solicitantes remitir el concepto emitido por la
Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, tal y como lo
exige el literal g) del artículo 8 de la mencionada norma.
• Con escrito de noviembre del 202336, los mandatarios locales allegaron el oficio
CESPDOT 3-14.3-224/23 del 23 del mismo mes y año, en donde la mencionada
comisión comunica el concepto favorable sobre la conveniencia, oportunidad y
demás aspectos relevantes para la creación del área metropolitana «Suroccidente de
Colombia».
• Con oficio radicado bajo el número 2-2024-015754 del 4 de abril del 2024 el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió la aprobación de la operación
presupuestal de traslado contenida en la Resolución 2468 de 12 de marzo de esa
anualidad, con la cual se otorga los recursos necesarios para adelantar el
mecanismo de participación ciudadana de consulta popular.
• Revisada la documentación aportada, se certificó, por el registrador Delegado en lo
Electoral, con documento del 13 de diciembre del 202337, la iniciativa de constitución
del área metropolitana cumple con lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 8º
de la Ley 1625 de 2013, ya que se acreditó la debida legitimación de quienes lo
solicitaron (alcaldes municipales) y se arrimó proyecto que contiene la designación
del municipio núcleo, así como una relación en extenso de las razones de orden
territorial, social, demográficas, ambientales, económicas, culturales y tecnológicas
que la justifican, ello en aras de lograr la administración coordinada del desarrollo
sostenible y humano, el ordenamiento territorial y la racional prestación de servicios
públicos, ejecución de obras de infraestructura y materialización de proyectos de
interés social.
b) Con Resolución 6091 del 24 de junio del 202438, la autoridad electoral fijó el
calendario de la consulta popular convocada con el acto antes reseñado.
c) Con oficio TRD-2024-130.6.1.789 del 2 de octubre del 202439 el secretario
jurídico de la Alcaldía Municipal de Palmira informó que no existe documentación que
evidente el trámite de remisión al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para el
control previo de constitucionalidad de la iniciativa antes mencionada.
34
Este documento fue aportado con los antecedentes del acto administrativo remitidos por la Registraduría Nacional del Estado
Civil al momento de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar. Expediente digital SAMAI – índice 0022.
35
No se relaciona la fecha.
36
No se indica el día específico.
37
Este documento fue aportado con los antecedentes del acto administrativo remitidos por la Registraduría Nacional del Estado
Civil al momento de descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar. Expediente digital SAMAI – índice 0022.
38
Folio 33 de los anexos de la demanda. Escrito unificado de reforma.
39
Folio 44 de los anexos de la demanda. Escrito unificado de reforma.
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d) Con oficio del 2 de octubre del 202440, el presidente del concejo del mismo
municipio informa que «esta honorable corporación, hoy no ha adelantado trámite
alguno referente a la emisión de concepto previo» sobre el particular.
e) En comunicación del 13 de mayo del 202541, el presidente del Concejo Municipal
de Palmira reiteró que no se adelantó trámite de concepto previo por parte de dicha
corporación o remisión al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para el estudio
de la constitucionalidad de la propuesta de consulta popular para la creación del Área
Metropolitana del Suroccidente de Colombia.
En la misma oportunidad, se allegó copia de las actas 160 del 17 de octubre del 2024
y 176 del 6 de noviembre de la misma anualidad, en las que se consigan discusiones
en el seno de la entidad edilicia, en relación con el proyecto antes mencionado.
64. Así las cosas, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que en el trámite de
expedición del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución 6042 del 24 de junio
del 2024, no se adelantó etapa alguna relacionada con requerir concepto previo de
las corporaciones públicas de los municipios interesados en la configuración del
área metropolitana en comento, así como tampoco, se evidencia constancia de
trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para el estudio de la
constitucionalidad del asunto.
65. Ahora bien, como viene de indicarse en los antecedentes de esta providencia, el
reparo de los demandantes se centra en cuestionar que la resolución acusada fue
expedida sin que se hubiera comprobado por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil el cumplimiento de las exigencias antes descritas, por lo que el análisis se centrará en
la aplicabilidad o no de aquellas.
66. La Sala anticipa que no se accederá a las pretensiones de la demanda de nulidad, en
tanto la causal alegada no se configura en el presente caso, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
67. En primer lugar, es de señalar que la jurisprudencia de esta Sección42 ha referido
que la ilegalidad del acto administrativo por infracción de norma superior implica
contrastar objetivamente la actuación correspondiente en relación con normas
jerárquicamente superiores. A su vez, se ha señalado que, para la configuración de
esta causal, se debe demostrar (i) la pertinencia de la norma para regular el asunto, y,
conforme a ello, establecer que aquella (ii) fue inaplicada; (iii) fue aplicada de forma
indebida y/o (iv) fue interpretada de forma errónea43.
68. Con fundamento en lo anterior, en el presente caso se puede concluir que la entidad
demandada, al momento de adoptar la Resolución 6042 del 24 de junio de 2024, se
circunscribió a los requisitos que le eran exigibles para el efecto, los cuales, se concretan
en los literales a) y b) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013, tal y como se deriva del literal
c) subsiguiente, así:
40
Folio 46 de los anexos de la demanda. Escrito de reforma unificado.
41
Expediente digital SAMAI – Índice 0067.
42
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de octubre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00085-00. M.P.
Gloria María Gómez Montoya.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Rad: 23001-
23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Reiterado recientemente en fallo del 4 de mayo del 2023, radicación
11001-03-28-000-2022-00312-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de
septiembre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00131-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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«Artículo 8°. Constitución. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con
características de Área Metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las
siguientes normas:
[…] c) El proyecto se entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, esa Entidad realice la
verificación de los requisitos exigidos en los literales a) y b), y en caso de certificar
que la propuesta cumple con los mismos, procederá a convocar la consulta popular.
La Registraduría Nacional del Estado Civil proveerá los medios necesarios para la
organización de la consulta popular […] » [Énfasis de la Sala].
69. De la norma en comento, los únicos requisitos para proceder a convocar la
correspondiente consulta popular son (i) verificar la condición subjetiva de quien tiene la
iniciativa para el efecto (literal a) y (ii) la elaboración del proyecto de constitución del área
metropolitana (literal b). En el presente, asunto, dentro de los antecedentes del acto
administrativo, obra la constancia del cumplimiento de los anteriores presupuestos, así:
70. Ahora bien, en atención al marco normativo expuesto en las consideraciones de la
presente providencia, no resultan de recibo los argumentos de los demandantes, según los
cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil debió verificar el cumplimiento de
requisitos adicionales fijados en las leyes estatutarias 136 de 1994 y 1757 del 2015, ya que
el artículo 319 Constitucional, en concordancia con el artículo 10544 del mismo cuerpo
normativo, difieren el establecimiento del régimen de las áreas metropolitanas, lo que
incluye el proceso y las formalidades para su creación, a una ley de naturaleza orgánica,
como lo es la Ley 1625 del 2013.
71. En consideración a ello, la misma Corte Constitucional señala que en materia de
consultas populares del nivel territorial no existe una reserva estricta de ley estatutaria, al
manifestar en los pronunciamientos de exequibilidad citados en precedencia, que el mismo
constituyente fijó la posibilidad para que dicho mecanismo de participación ciudadana en
esos eventos, en los que se encuadra la creación de áreas metropolitanas, deba ser
regulado por una legislación de la naturaleza antes mencionada.
44
ARTICULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial
y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir
sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.
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72. Lo anterior sin desconocer la jerarquía y relevancia en el ordenamiento jurídico
colombiano que se predica de las leyes de naturaleza estatutaria, especialmente, cuando
desarrollan derechos políticos; sin embargo, lo que se pone de presente, es que en materia
de ordenamiento territorial se ha determinado que sea la legislación de carácter orgánico la
que fije los parámetros a seguir en la materia, incluidos los presupuestos para permitir la
participación ciudadana en la adopción de estas decisiones.
73. En este punto, es importante resaltar que, como bien lo señala el demandante en sus
alegatos de conclusión, el diseño de la consulta popular en las leyes 136 de 1994 y 1757
del 2015, permite la participación de otras ramas del poder público en el asunto.
74. Sin embargo, esa consideración no deviene en suficiente para concluir que se debe
acudir a dichos parámetros normativos en materia de áreas metropolitanas, dado que lo
que se entiende de la voluntad del legislador, en desarrollo de un mandato del
constituyente contenido en el artículo 319, es que sea el pueblo el que, de forma directa,
determine sobre la adopción o no de esa forma de asociación territorial, eliminando la
intervención de otras autoridades, sin que ello constituya por sí solo en un defecto de los
espacios de representatividad y participación democrática.
75. Así las cosas, para esta judicatura, es claro que la Ley 1625 del 2013 constituye una
norma especial y preferente en el proceso de creación de un área metropolitana
determinada, por lo que es a su contenido que se debe acudir para dichos efectos.
76. Es de resaltar que, a igual conclusión, arribó esta Sala en el fallo del 10 de septiembre
del 202045, en donde se señaló que «los artículos 53 de la Ley Estatutaria 134 de 1994 y
32 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 no resultan aplicables a la consulta popular que sea
convocada para la integración del área metropolitana, puesto que dicho mecanismo de
participación tiene que sujetarse a lo establecido en la norma especial que regula esta
materia, como es la Ley Orgánica 1625 de 2013».
77. De otra parte, los argumentos que exponen los accionantes para concluir sobre la
aplicación de los parámetros de la Ley 1757 del 2015, referidos a la jerarquía de aquella y
a su expedición posterior a la regulación del 2013, no son de recibo. Lo anterior, por
cuanto esta judicatura no observa que se presente una antinomia o contradicción entre dos
preceptos legales que deba ser resuelta a través de los parámetros antes mencionados.
78. Ello es así, en tanto fue el mismo constituyente el que determinó la forma especial en
que sería regulado el ordenamiento territorial y, por lo tanto, no se trata de disposiciones
jurídicas en conflicto, sino de la existencia de una regulación específica que rige la
formación de actos como el aquí demandado. Si bien en aquella se acude a mecanismos
de participación ciudadana que también se encuentran desarrollados en otras
disposiciones, para estos particulares efectos, aquellos se fundamentan en las normas
orgánicas que se han expedido por el Congreso de la República en la materia, por
mandato expreso constitucional.
79. En esta medida, se puede concluir que los razonamientos propuestos por los
accionantes buscan que la legalidad del acto demandado se confronte respecto de normas
que no resultan aplicables al trámite que debía de seguir la Registraduría Nacional del
45
Radicación 11001-03-28-000-2019-00046-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Estado Civil para la expedición de aquel y, por lo tanto, el cargo de nulidad propuesto en
este sentido no tiene vocación de prosperidad.
80. En atención a lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente providencia no
procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara el voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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