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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00672-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00672-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 4 de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00672-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00672-01
Accionante: Luis Daniel Ramírez Vezga y otros1
Accionado: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del
Estado Civil.

Tema: Tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales2 a la participación política y a la igualdad

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 4 de
octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante
la cual declaró improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito de
subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2. Los señores Luis Daniel Ramírez Vezga, Orlando Rodríguez López y
Edgardo Jesús Rodríguez Quiñones, actuando en nombre propio, instauraron
acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, en adelante CNE, y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en adelante RNEC, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política y la
igualdad, ocurrida con ocasión de la supuesta programación de consultas
interpartidistas presidenciales en fechas diferentes, lo que, en su sentir, contravino
el mandato de simultaneidad del artículo 63 de la Ley 1475 de 2011 y comprometió

1
Orlando Rodríguez López y Edgardo Jesús Rodríguez Quiñones.
2
Con respecto a «los actos y decisiones relacionados con la programación de las consultas interpartidistas
presidenciales [para] evitar un perjuicio irremediable a los derechos de participación política (art. 40 C.P.) y a la
igualdad e imparcialidad administrativa (art. 209 C.P.), originado en la realización escalonada (en fechas distintas)
de consultas interpartidista para el mismo cargo presidencial (…).»
3
Ley 1475 de 2011. Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas- En las consultas populares se aplicarán las
normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los
partidos y movimientos que las convoquen. (…). La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones
a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las
consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso las
consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma
fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo. El Consejo Nacional
Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los

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la transparencia y la imparcialidad administrativa.

2.1 Hechos

3. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la Organización
Electoral, mediante la Resolución 0701 del 19 de febrero de 2025 4, convocó la
jornada nacional de consultas populares, internas e interpartidistas para el 26 de
octubre de 2025. Esa fecha quedó fijada como el día oficial para la realización de
consultas de los partidos y movimientos que optaran por este mecanismo de
selección, incluida la eventual consulta interpartidista presidencial.

4. Para el periodo electoral 2026, el calendario aprobado estableció que el 8
de marzo de 2026 se celebrarán las elecciones generales de Senado y Cámara,
fecha en la que, de conformidad con la normatividad electoral, también pueden
coincidir consultas internas o interpartidistas. En ese mismo cronograma se
programaron la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo y la eventual
segunda vuelta para el 21 de junio de 2026.

5. Los accionantes manifestaron que en el escenario político nacional surgió
la propuesta de algunos partidos y movimientos políticos5, de realizar una consulta
interpartidista presidencial el 8 de marzo de 2026, orientada a escoger su
candidato presidencial. Afirmaron que esta posibilidad, planteada públicamente,
supondría la realización de una segunda consulta presidencial dentro del mismo
ciclo electoral 2025–2026.

6. La parte actora manifestó que la realización de consultas presidenciales en
dos fechas distintas para el mismo fin permitiría que un ciudadano participe
sucesivamente en más de un ejercicio destinado a seleccionar candidatura
presidencial. Según su relato, ello alteraría las condiciones de igualdad, visibilidad
y estrategia entre organizaciones políticas y afectaría la transparencia del proceso
interno de selección.

7. También expuso que, ante la existencia de una convocatoria oficial para
octubre de 2025 y la promoción de una consulta adicional para marzo de 2026, se
requería una decisión administrativa expresa que precisara la compatibilidad o
incompatibilidad de ambas fechas. Afirmó que cualquier avance logístico o
normativo hacia la consulta de marzo podría consolidar un hecho consumado y
comprometer el orden jurídico sobre simultaneidad previsto para este tipo de
mecanismos.

2.2. Fundamento jurídico

8. Los accionantes fundamentaron la acción en la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la participación política y a la igualdad, alegando que

partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas. Negrillas y
subrayas de la Sala.
4
“Por la cual se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus
decisiones o la escogencia de sus candidatos para el año 2025.”
5
Conocidos informalmente de acuerdo con la parte actora como “Frente Amplio y otros.”

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la realización de consultas presidenciales en fechas distintas transgredía el
equilibrio y homogeneidad que debe garantizar la Organización Electoral. Al
respecto, sostuvieron que el diseño del mecanismo exige uniformidad temporal
para todos los actores involucrados.

9. Como eje central de su argumentación señalaron que el artículo 6 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011 dispuso que las consultas interpartidistas para
seleccionar candidatos a un mismo cargo “se realizarán en la misma fecha”.
Alegaron que esta regla era de obligatorio cumplimiento y que la programación en
fechas distintas contrariaba directamente el mandato legal que exigía
simultaneidad.

10. Invocaron además el deber de imparcialidad e igualdad administrativa
previsto en el artículo 209 constitucional6, el cual exige que la administración actúe
garantizando condiciones equitativas. A su juicio, permitir consultas escalonadas
generaría ventajas injustificadas para quienes consulten más tarde, afectando la
competencia política y el acceso igualitario a los mecanismos de participación.

11. Adujeron también que la posibilidad de realizar una consulta adicional en
marzo de 2026 configuraba un perjuicio irremediable, pues cualquier avance
administrativo relacionado con autorizaciones, logística o difusión, podría
consolidar una situación contraria a la ley estatutaria. Por ello sostuvieron que la
tutela es procedente como mecanismo inmediato o, en su defecto, como
mecanismo transitorio para evitar el hecho consumado.

2.3. Pretensiones

12. La parte accionante solicitó:

«Primero. Amparo principal. Amparar los derechos fundamentales de
participación e igualdad frente a la programación no simultánea de consultas
presidenciales (Ley 1475/2011, art. 6).

Segundo. Medida provisional (D. 2591/1991, art. 7). Suspender la aplicación
del acto de calendario que fija la consulta en fecha distinta, u ordenar a
CNE/RNEC abstenerse de ejecutarla en esa fecha, conforme al art. 6 (Ley
1475/2011).

Tercero. Amparo transitorio (subsidiariedad). En caso de estimarse la
existencia de otro medio judicial (p. ej., nulidad), que la tutela proceda
transitoriamente para evitar el perjuicio irremediable, dado lo inminente de la
jornada (D. 2591/1991, art. 6).

Cuarto. Lineamientos obligatorios. Expedir lineamientos de la Organización
Electoral recordando a las organizaciones políticas la obligatoriedad de la
simultaneidad para consultas populares cuando el objetivo sea escoger
candidato(a) presidencial, con fundamento en los arts. 6 de la Ley 1475/2011 y
209 C.P.». Sic en toda la cita.

6
Constitución Política de Colombia, artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.

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2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante auto7 del 22 de octubre de 2025, a través del cual ordenó notificar al
CNE y a la RNEC como accionados. Asimismo, notificó de la actuación a la
Procuradora Judicial 159 II Delegada en Asuntos Administrativos como tercera
interesada en el resultado del proceso y negó la medida cautelar solicitada por los
accionantes.

2.4.1. El CNE8 afirmó que no existía ningún acto administrativo que autorizara la
consulta en marzo de 2026 y que se mantenía vigente la fecha única del 26 de
octubre de 2025 contenida en la Resolución 0701 de esta anualidad.

14. Precisó que tampoco incurrió en omisión administrativa alguna, toda vez
que no se había presentado ninguna solicitud formal de autorización de consulta
interpartidista por parte de ninguna organización política que requiriera
pronunciamiento de esa corporación.

15. Señaló que ha actuado dentro de sus competencias legales y que la RNEC
es la encargada de expedir los calendarios electorales. En ese entendido, adujo
que, en su criterio, no existió ninguna trasgresión ius fundamental actual ni
perjuicio irremediable alguno.

16. En consecuencia, reprochó que el temor de los accionantes frente a una
eventual consulta presidencial en marzo de 2026 constituía una hipótesis política
sin sustento fáctico ni jurídico, por lo que expuso que la Corte Constitucional había
sido clara en indicar que la acción de tutela no podía fundarse en conjeturas,
interpretaciones o riesgos futuros, sino en una amenaza concreta, real y
verificable, por lo que solicitó que se declarara improcedente el amparo invocado.

2.4.2. La RNEC9 sostuvo que la acción era improcedente respecto a esa entidad,
toda vez que actuó conforme a la normativa vigente y no trasgredió los derechos
fundamentales de la parte actora.

17. Aunado a lo anterior reprochó que, conforme lo establecen los numerales
1 y 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede ante
los actos administrativos cuestionados, ya que estos son de carácter general,
impersonal y abstracto.

18. Finalmente, indicó que dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 10

7
Índice 5 del aplicativo SAMAI
8
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
9
Índice 11 del aplicativo SAMAI.
10
Constitución Política de Colombia. Artículo 107. Modificado por el Acto Legislativo núm. 1 de 2003. Se
garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (…) Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos
podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones
públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las
normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen
para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá

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constitucional y los artículos 5, 6 y 7 del capítulo II “De las consultas como
mecanismo de democracia interna” de la Ley 1475 de 2011.

2.4.3. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia Impugnada

19. El Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la acción de
tutela. En primer lugar, precisó que la parte actora no acreditó la legitimación en
la causa por activa, toda vez que no demostró la existencia de una afectación
propia, directa y actual de sus derechos fundamentales, pues las pretensiones se
dirigieron a cuestionar aspectos generales del proceso electoral.

20. En ese entendido la primera instancia indicó que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, la legitimación en la causa por activa es un
presupuesto indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo, por lo que,
al no existir una vulneración concreta al derecho de participación política de los
accionantes, sino un interés abstracto en la observancia de la regla de
simultaneidad prevista en la Ley 1475 de 2011, no se habilitaba el uso de la acción
de tutela.

21. En segundo lugar, el a quo concluyó que la acción tampoco cumplió con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que recordó que la parte actora contaba con
otros mecanismos judiciales para cuestionar la legalidad de la Resolución 01542
de 2025, como la acción de simple nulidad o la de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.6. Impugnación11

22. La parte actora reiteró los argumentos de su escrito de tutela y solicitó que
se revoque el fallo de primera instancia con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales invocados.

23. Los accionantes señalaron que, aunque el Tribunal consideró que no
contaban con legitimación en la causa por activa, ellos sí eran titulares del
derecho político. Adujeron que, la afectación no era abstracta, sino concreta, pues,
contrario a lo expuesto por la Organización Electoral en sus respuestas, en la
Resolución 1542 del 1 de abril de 2025 se consignó de manera explícita la fecha
8 de marzo de 2026 para la realización de una consulta, lo que en definitiva
evidenciada duplicidad en las fechas y alteraba las condiciones en que podían
ejercer su derecho a participar en igualdad de condiciones en la elección
presidencial.

24. Respecto del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, los
impugnantes alegaron que los mecanismos planteados, no eran idóneos ni
eficaces para proteger de manera inmediata sus derechos, por lo que insistieron

inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a
manifestarse y participar en eventos políticos. Negrillas y subrayas de la Sala.
11
Índice 24 del aplicativo SAMAI

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en que la tutela era el mecanismo preferente y sumario para evitar un perjuicio
irremediable, dado que las decisiones electorales tenían efectos inmediatos y no
podían esperar el desarrollo de un proceso más largo ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el primer problema jurídico radica en
resolver, si la parte actora está legitimada en la causa por activa, esto es, si
demostró una afectación propia, directa y actual de sus derechos fundamentales
que habilite la acción de tutela.

27. En segundo lugar, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular el de
subsidiariedad, para controvertir actos administrativos de carácter general.

28. Solo en caso de superarse los anteriores presupuestos, el problema jurídico
de fondo consiste en determinar si con ocasión de las resoluciones núm. 701 de
2025 y 1542 de 2025 proferidas por el CNE, las entidades de la Organización
Electoral accionadas desconocieron la regla de simultaneidad prevista en el
artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, generando una vulneración cierta a los
derechos fundamentales de participación política e igualdad alegados por la parte
actora.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

29. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como

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cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

32. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

33. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

34. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia12.

35. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

4. Análisis del caso concreto

36. De entrada, esta Sala considera, como lo hizo el Tribunal Administrativo de
Santander en la providencia de primer grado, que la presente acción de tutela es
improcedente, por las razones que se pasan a explicar.

12 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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37. En primer lugar, con relación a la legitimación en la causa por activa, es
evidente que la parte accionante no demostró una afectación concreta, directa y
actual de sus derechos fundamentales. Así las cosas, en el caso analizado, en
manera alguna los actores acreditaron cómo la programación de fechas para
consultas internas les generaba un impacto personal y se limitaron a plantear
inquietudes de orden general respecto a las resoluciones reprochadas, lo que a
todas luces no satisface el estándar constitucional exigido para activar el amparo.

38. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional es clara en que la tutela
no procede para defender la legalidad en abstracto ni para exigir el cumplimiento
general de la normatividad estatutaria. No obstante, los accionantes orientaron su
solicitud justamente hacia ese propósito, pretendiendo que el juez constitucional
verifique la correcta aplicación del artículo 6 de la Ley 1475 de 2011. Esa
pretensión no se sustenta en un agravio subjetivo, sino en un interés ciudadano
general, lo que excluye su legitimación individual.

39. Adicionalmente, tampoco se acreditó que los actores participaran en un
proceso interno de consulta, o que pertenezcan a una colectividad política
directamente afectada o tengan una expectativa real de postulación que pueda
verse mermada por las fechas discutidas, por lo que su calidad se reduce a la de
electores, sin que ello configure, per se, una afectación diferenciada. Por lo
expuesto, la supuesta lesión es hipotética y compartida de manera uniforme por
todo el electorado.

40. En consecuencia, ante la ausencia de un vínculo personal claro entre la
decisión administrativa impugnada y un derecho fundamental individual, así como
la inexistencia de una afectación directa, la acción carece de un presupuesto
esencial que impide reconocer la legitimación en la causa por activa.

41. Aunado a lo anterior, la Sala observa que la decisión impugnada declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
al concluir que la controversia planteada se dirigió contra resoluciones de carácter
general proferidas por el Consejo Nacional Electoral, frente a las cuales existen
mecanismos judiciales ordinarios idóneos para su cuestionamiento, punto que no
fue desvirtuado por los accionantes en la impugnación, más allá de mencionar que
estos podían llevar un mayor tiempo en su resolución, dejando a un lado que, en
el proceso de nulidad, es procedente de ser el caso, el solicitar una medida
cautelar para la suspensión provisional de los efectos de los actos que censura.

42. En efecto, la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo constituye el medio de control natural para examinar la validez de
los actos administrativos generales, en este caso, uno de contenido electoral13,
permitiendo un debate amplio sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico.
En ese entendido, la acción tutela no puede desplazar, salvo circunstancias
excepcionales, los mecanismos previstos por el legislador para el control de

13
Sobre actos de esta naturaleza, se ha pronunciado la Sección Quinta de esta corporación. Ver radicados 11001-
03-28-000-2025-00079-00 y 11001-03-28-000-2024-00192-00 entre otros.

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legalidad de estos.

43. Por otro lado, la parte actora sostuvo en su impugnación que la tutela era
necesaria para evitar una vulneración a sus derechos de participación política,
derivada de la presunta autorización de consultas interpartidistas en fechas
diferentes. Sin embargo, tal afirmación no demuestra por sí misma la ineficacia de
los medios judiciales ordinarios ni la existencia de un daño inminente que amerite
la intervención del juez constitucional.

44. Desde esta perspectiva, la Sala recuerda que el requisito de subsidiariedad
exige acreditar que los mecanismos ordinarios no resultan idóneos o eficaces en
el caso concreto. En ese entendido, no basta con alegar la existencia de una
afectación a derechos políticos ni manifestar inconformidad con el contenido de
los actos administrativos, pues se requiere demostrar, con carga argumentativa
suficiente, la imposibilidad real de acudir a las acciones contenciosas.

45. Así las cosas, en el expediente no obra elemento alguno, que permita
concluir que la acción de nulidad carezca de aptitud para garantizar una protección
adecuada. En consecuencia, el debate planteado sobre la aparente vulneración
del principio de simultaneidad previsto en el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, es
plenamente susceptible de estudio mediante los mecanismos ordinarios.

46. Por otra parte, la Sala advierte que en la impugnación tampoco se acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable, por lo que la simple afirmación de
que la realización escalonada de consultas podría afectar la igualdad o la
participación no constituye un daño inminente, grave o impostergable, tal como lo
exige la jurisprudencia constitucional para habilitar la procedencia excepcional del
amparo.

47. En ese sentido, la inminencia, entendida como riesgo cierto y próximo de
afectación, no se desprende de los argumentos de la parte actora, que se limitó a
describir posibles impactos electorales sin aportar evidencia de una lesión actual
o de inminente ocurrencia, por lo que sus hipótesis abstractas no cumplen el
estándar requerido para activar el amparo como mecanismo transitorio.

48. En cuanto a la gravedad, la Sala observa que los accionantes no
demostraron que la eventual realización de consultas en fechas diferente
comporte un daño que comprometa de manera irreversible su derecho a participar
en la contienda política, máxime cuando el ordenamiento jurídico ofrece vías para
restablecer la legalidad, incluso antes de la elección.

49. Adicionalmente, la impugnación tampoco confrontó de manera sólida los
fundamentos de la decisión de primera instancia, limitándose a reiterar los mismos
argumentos del escrito inicial, sin aportar elementos nuevos que demostraran la
necesidad o urgencia de acudir a la tutela para salvaguardar los derechos
invocados, lo que lleva de manera indiscutible a confirmar el fallo impugnado.

50. Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Santander,
acertó al declarar improcedente la acción de tutela, pues la parte actora no cumplió

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la carga de demostrar la ineficacia de los medios ordinarios ni acreditó un perjuicio
irremediable que justificara la admisión excepcional del amparo.

51. Por lo anterior, se confirma la improcedencia de la tutela por carecer del
requisito de legitimación en la causa por activa y no agotar el requisito de
subsidiariedad, por los motivos expuestos en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 4 de octubre de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander por las razones expuestas en la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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