Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01129-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-01129-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-01129-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2026-01129-01
Accionante: MARÍA CARMENZA CARDONA OCAMPO Y OTROS
Accionado: JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma la improcedencia.
Ausencia de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 31 de julio de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa, subsidiariedad e
inmediatez.
2. La señora María Carmenza Cardona Ocampo no acreditó los presupuestos para
actuar como agente oficiosa de los demás accionantes, no se demostraron las razones
que justificaran flexibilizar la inmediatez frente al auto del 29 de agosto de 2025 y no se
agotaron los recursos ordinarios disponibles contra el auto del 14 de julio de 2026.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 24 de julio de 2026, María Carmenza Cardona Ocampo, en nombre propio y como
agente oficiosa de José Liber Ospina Nieto, Sergio Andrés Ospina Cardona y José
Ricardo Ospina Cardona, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Veintidós
Administrativo de Medellín, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad material, al acceso efectivo a la administración de justicia,
a la prevalencia del derecho sustancial, al acceso a la prueba y a la contradicción
probatoria, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de armas, que considera vulnerados
por las siguientes providencias proferidas en el medio de control de reparación directa
con radicado 05001-33-33-022-2024-00316-00:
a. Auto del 29 de agosto de 2025, que resolvió el recurso de reposición contra la
providencia que negó la solicitud de amparo de pobreza.
b. Auto del 14 de julio de 2026, que efectuó requerimiento previo al desistimiento
tácito de la prueba por ausencia de designación del perito.
Hechos relevantes
4. Miguel Ángel Ospina Cardona (q.e.p.d.)1 falleció el 26 de septiembre de 2022 a causa
de una explosión en la mina «El Tesoro», ubicada en la vereda El Tesoro del municipio
de Argelia (Antioquia).
5. María Carmenza Cardona Ocampo, José Liber Ospina Nieto, Sergio Andrés Ospina
1
Quien para la fecha de los hechos tenía 16 años.
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1
Radicación: 05001-23-33-000-2026-01129-01
Accionante: María Carmenza Cardona Ocampo
Accionado: Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín
Referencia: Acción de Tutela
Cardona y José Ricardo Ospina Cardona2 presentaron demanda de reparación directa
contra la Nación - Agencia Nacional de Minería, el departamento de Antioquia y el
municipio de Argelia. El proceso se tramita en el Juzgado Veintidós Administrativo de
Medellín3, con radicado 05001-33-33-022-2024-00316-00.
6. En el proceso, solicitaron amparo de pobreza porque carecen de empleo formal,
ingresos fijos y capacidad de ahorro, son campesinos que residen en zona rural del
municipio de Argelia, donde se desempeñan en labores rurales, están clasificados en
los grupos B1 y B2 del Sisbén IV y se encuentran afiliados al régimen subsidiado en
salud.
7. Mediante providencia del 25 de julio de 2025 el Juzgado negó la solicitud, decisión
frente a la cual interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, resueltos
en auto del 29 de agosto de 2025, en el que la autoridad judicial mantuvo la negativa
con fundamento en que no estaba acreditada la falta de capacidad económica y en que
el amparo no procede «cuando se pretende un derecho litigioso a título oneroso», y negó
la concesión de la apelación subsidiaria.
8. En audiencia inicial del 5 de febrero de 2026, el Juzgado decretó la práctica de
dictámenes periciales especializados en ingeniería de minas, ingeniería geológica,
ingeniería civil, ingeniería ambiental y profesional en explosivos, cuyos gastos serían
asumidos por la parte demandante.
9. Para cumplir la orden judicial, la parte demandante obtuvo la cotización de la ingeniera
Mariana del Pilar Valencia Marín, quien fijó el valor total de sus honorarios en
$22.000.000 y exigió un anticipo del 60 %.
10. La parte actora no estaba en capacidad de asumir ese costo, razón por la cual la
profesional presentó excusa para no aceptar el cargo.
11. Aun cuando la parte demandante había informado su situación económica, en auto
del 14 de julio de 2026 el Juzgado la requirió para que designara a un profesional o a
una institución dentro del término de tres días, bajo la advertencia de que, de no hacerlo,
operaría el desistimiento tácito de la prueba.
Pretensiones
12. La parte accionante solicitó dejar sin efectos el auto del 29 de agosto de 2025,
mediante el cual el Juzgado resolvió el recurso de reposición contra la providencia que
negó la solicitud de amparo de pobreza y, además, el auto del 14 de julio de 2026, que
la requirió para designar perito. También solicitó que se le concediera el amparo de
pobreza por acreditar insuficiencia económica, y que se dispusieran las medidas
necesarias para practicar los dictámenes periciales e incorporarlos al proceso sin costo
a su cargo.
Fundamentos
13. La parte accionante señaló que las providencias reprochadas adolecen de los
siguientes defectos:
2
María Carmenza Cardona Ocampo y José Liber Ospina Nieto, padres del menor de edad; y Sergio Andrés Ospina
Cardona y José Ricardo Ospina Cardona, sus hermanos.
3
En adelante «el Juzgado» o «la autoridad judicial».
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Accionante: María Carmenza Cardona Ocampo
Accionado: Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín
Referencia: Acción de Tutela
14. Sustantivo. El Juzgado efectuó una interpretación errónea del artículo 151 del
Código General del Proceso, al negar la solicitud de amparo de pobreza por tratarse de
un medio de control con pretensión indemnizatoria de carácter pecuniario. Contrario a lo
expuesto en la decisión judicial, la prohibición de otorgar el beneficio «se refiere a la
compra o reventa comercial de derechos por inversionistas o cesionarios», y no a la
indemnización de perjuicios por el fallecimiento de un familiar.
15. Fáctico. El Juzgado incurrió en exceso ritual manifiesto porque desatendió los
medios de prueba que acreditan la situación económica de los accionantes, su actividad
laboral, la ubicación de su residencia, su clasificación en el Sisbén y su régimen de
afiliación a salud, cuando lo cierto es que la condición de pobreza no está sujeta a una
carga probatoria excesivamente rigurosa.
16. Desconocimiento del precedente. Las providencias desconocen la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que precisa que las sanciones no se decretan de manera
automática cuando la falta de pago de honorarios se debe a que la parte no está en
capacidad de asumir los gastos. Al juez, como director del proceso, le corresponde
flexibilizar el trámite y agotar las alternativas institucionales, y no cerrar el debate
probatorio.
17. Violación directa de la Constitución. El Juzgado vulneró los artículos 13, 29, 228
y 229 de la Constitución Política, al convertir la práctica de la prueba en un privilegio de
quienes tienen capacidad económica.
Trámite impartido
18. En auto del 24 de julio de 20264, el Tribunal Administrativo de Antioquia5 admitió la
acción de tutela y requirió a la autoridad accionada para que rindiera informe sobre los
hechos objeto de controversia y allegara las pruebas pertinentes y la copia del
expediente digital o el acceso a él. En la misma providencia negó la medida provisional
solicitada, al no reunir los requisitos del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y no cumplir
con las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional6.
Intervenciones
19. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín7 solicitó no acceder a la tutela y
reiteró los argumentos que fundamentaron la negativa del amparo de pobreza. Describió
las actuaciones procesales posteriores, en las que reiteró el requerimiento a la parte
accionante para que informara el profesional o la institución que realizaría los
dictámenes.
20. Finalmente, el Juzgado remitió el enlace al expediente digital del proceso 05001-33-
33-022-2024-00316-00 en aplicativo SAMAI.
Sentencia de primera instancia
21. En sentencia del 31 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
4
SAMAI, índice 5 del proceso de primera instancia.
5
M. P. Luz Amparo Rivera Cortés.
6
Autos 259 de 2021, 555 de 2021 y 691 de 2021 entre otros.
7
SAMAI, índice 17 del proceso de primera instancia.
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Accionante: María Carmenza Cardona Ocampo
Accionado: Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín
Referencia: Acción de Tutela
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de legitimación en
la causa por activa, inmediatez y subsidiariedad. Sostuvo que no estaba probada la
necesidad de los accionantes de actuar a través de una agente oficiosa.
22. Frente al auto del 29 de agosto de 2025, consideró que la acción de tutela se
presentó por fuera del término razonable. A su juicio, los accionantes interpusieron los
recursos procedentes; sin embargo, aceptaron la decisión al abstenerse de acudir de
manera inmediata a la acción constitucional para demostrar los defectos en que habría
incurrido la autoridad judicial y la vulneración de sus derechos fundamentales, y advirtió
que esa decisión no produjo un efecto decisivo o determinante sobre las garantías
invocadas, pues la parte accionante continuó el proceso.
23. Para concluir, determinó que el amparo constitucional es improcedente con relación
al auto del 14 de julio de 2026, pues la parte accionante no agotó los medios de defensa
ordinarios para formular reparos respecto a esa obligación económica. Si bien el 21 de
julio de 2026 la parte actora informó que no podía asumir los costos, no designó a otro
profesional para practicar la prueba ni presentó solicitud de amparo de pobreza
nuevamente.
Impugnación
24. María Carmenza Cardona Ocampo impugnó la decisión, argumentó que la acción
de tutela satisface los requisitos generales de procedencia, reiteró los argumentos del
escrito inicial y sostuvo que la controversia consiste en establecer si imponer a los
accionantes, dada su situación económica, la carga de sufragar el dictamen pericial
decretado es compatible con la Constitución.
25. Añadió que la decisión impugnada limitó el análisis de la subsidiariedad a una
perspectiva formal al constatar la existencia del proceso ordinario, sin examinar su
idoneidad para proteger sus derechos fundamentales, y desatendió que los recursos
frente a la postura invariable del Juzgado son ineficaces e imponen una barrera para
acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad.
26. Con fundamento en lo expuesto, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, ordenar que se adoptaran las medidas necesarias para la práctica del
dictamen pericial decretado, sin trasladar el costo a la parte demandante y sin sustituir
las competencias del juez natural. También pidió que se aplazaran las audiencias y se
suspendieran las actuaciones procesales que puedan incidir en el recaudo, práctica y
valoración de las pruebas hasta que quede en firme la decisión de segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con
el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta Corporación.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Subsección establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
generales de procedencia de legitimación en la causa por activa, subsidiariedad e
inmediatez y, según el resultado de ese examen, si confirma, modifica o revoca la
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Accionante: María Carmenza Cardona Ocampo
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Referencia: Acción de Tutela
sentencia del 31 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Análisis de la Sala
29. Legitimación en la causa por activa. María Carmenza Cardona Ocampo está
legitimada para interponer la acción de tutela, por ser la titular de los derechos que
considera vulnerados en el trámite del medio de control de reparación directa con
radicado 05001-33-33-022-2024-00316-00, en el que se adoptaron las decisiones
cuestionadas.
30. A su vez, la accionante se presentó como agente oficiosa de José Liber Ospina Nieto,
Sergio Andrés Ospina Cardona y José Ricardo Ospina Cardona, quienes integran la
parte demandante en el proceso ordinario.
31. Agencia oficiosa. La tutela, por regla general, se ejerce por el titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, por sí mismo o a través de
apoderado judicial8. De manera excepcional, un tercero puede agenciar derechos ajenos
cuando el titular no está en condiciones de promover su propia defensa, hipótesis que
también configura la legitimación en la causa por activa9.
32. La agencia oficiosa procede cuando concurren los siguientes requisitos: (i) la
manifestación del agente de actuar en tal calidad, exigencia que se entiende cumplida
cuando de los hechos o las pretensiones se infiere que el tercero actúa en defensa de
derechos ajenos, (ii) la imposibilidad de que el agenciado promueva por sí mismo la
acción, lo que exige prueba siquiera sumaria de que se encuentra en circunstancias
físicas, mentales o de indefensión que se lo impidan, (iii) la inexigibilidad de un vínculo
formal previo entre el agente y el agenciado, y (iv) la ratificación de la actuación cuando
ello sea posible10.
33. En este caso, la manifestación de actuar en tal calidad se desprende del escrito de
tutela, en el que la accionante identificó a los agenciados y expuso las pretensiones
formuladas en su favor. Sin embargo, no acreditó la imposibilidad de los agenciados de
promover, por sí mismos, la defensa de sus derechos fundamentales. Al no acreditarse
el segundo requisito de la agencia oficiosa, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre
las pretensiones formuladas en favor de José Liber Ospina Nieto, Sergio Andrés Ospina
Cardona y José Ricardo Ospina Cardona.
34. El requisito de legitimación en la causa por pasiva se cumple, porque el Juzgado
Veintidós Administrativo de Medellín fue la autoridad judicial que profirió los autos del 29
de agosto de 2025 y del 14 de julio de 2026, a los que la parte actora atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.
35. Subsidiariedad. La acción de tutela no es un mecanismo alternativo ni sustitutivo
de los medios ordinarios de defensa judicial, razón por la cual solo procede cuando el
afectado no dispone de otro medio de defensa o cuando se emplea como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable11, de modo que el amparo no puede
promoverse para eludir los recursos previstos en la jurisdicción ordinaria o contencioso
8
Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
9
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 2026, M. P. Carlos Camargo Assis.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-173 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; reiterada en sentencia
T-231 de 2026.
11
Artículo 86 de la Constitución Política y numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
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Accionado: Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín
Referencia: Acción de Tutela
administrativa, ni para obtener un pronunciamiento más ágil y expedito12.
36. El auto del 29 de agosto de 2025, que se solicita dejar sin efectos, resolvió reposición
contra la providencia del 25 de julio de 2025. Conforme al artículo 243A del CPACA 13,
las decisiones que resuelven este medio de impugnación no admiten recursos ordinarios,
salvo que contengan puntos nuevos. Como esa excepción no se configura en este caso,
la accionante agotó los mecanismos ordinarios de defensa a su alcance y, por tanto,
frente a ese auto se cumple el requisito de subsidiariedad.
37. Por el contrario, respecto del auto del 14 de julio de 2026, la accionante reconoció
que no interpuso recurso y tampoco insistió en la solicitud de amparo de pobreza.
Justificó ambas omisiones en que el Juzgado había fijado una postura invariable sobre
la materia y, por ello, cualquier gestión adicional era ineficaz.
38. Para la Sala, la expectativa de un resultado adverso no exime del deber de agotar
los recursos ordinarios, pues admitirlo desconocería la naturaleza subsidiaria del
amparo. La reposición era la vía llamada a cuestionar la providencia y a brindar al juez
la oportunidad de reconsiderarla, sin que el sentido probable del pronunciamiento pueda
tenerse como razón suficiente para desplazar esa carga procesal. La Sala confirmará,
entonces, la improcedencia de la acción constitucional por incumplimiento de la
subsidiariedad respecto del auto del 14 de julio de 2026.
39. Inmediatez. La tutela tiene por objeto la protección inmediata de derechos
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados14. Por esta razón, debe
interponerse dentro de un plazo razonable y proporcionado, de manera que su ejercicio
tardío no afecte la seguridad jurídica, no vulnere derechos fundamentales de terceros ni
desnaturalice la finalidad de la acción15.
40. Aunque no existe un término de caducidad, esta Corporación adoptó un plazo de
seis meses para ejercer el amparo, contados desde la notificación o la ejecutoria de la
providencia, según el caso. Este término debe examinarse a la luz de las circunstancias
particulares del interesado, de modo que no constituye un parámetro invariable, cuyo
solo vencimiento comporte su improcedencia.
41. Sobre los supuestos que permiten flexibilizar el requisito, esta Subsección, en
sentencia del 29 de julio de 2026, reiteró las subreglas fijadas en la sentencia SU-108 de
2018:
«(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la
ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del
actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias
previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere
sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
12
Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, reiterada en sentencia SU-288 de
2016.
13
Adicionado por medio del artículo 63 de la Ley 2080 de 2021.
14
Artículo 86 de la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Accionante: María Carmenza Cardona Ocampo
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Referencia: Acción de Tutela
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate
de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el
accionante […]»16.
42. Mediante providencia del 25 de julio de 2025, el Juzgado negó el amparo de pobreza
solicitado en el acápite de pruebas de la demanda de reparación directa. Contra esa
decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación,
resueltos mediante auto del 29 de agosto de 2025, notificado por estados el 1 de
septiembre siguiente.
43. La acción de tutela contra el auto del 29 de agosto de 2025 se presentó el 24 de julio
de 2026, esto es, casi once meses después de su notificación. Ese lapso excede el plazo
de seis meses que esta Corporación ha tomado como referente para valorar la
oportunidad del mecanismo y desborda, en principio, lo que podría considerarse un
plazo razonable para promover el amparo, de modo que corresponde establecer si
concurre alguno de los supuestos que permiten flexibilizar el requisito.
44. El primer presupuesto no se configura. Ni en el proceso de reparación directa ni en
el trámite de la presente acción se advierte una razón que justifique la inactividad de la
accionante o una circunstancia que le hubiera impedido acudir al juez de tutela dentro de
un término razonable. En esas condiciones, no existe fundamento fáctico que permita
flexibilizar la exigencia temporal inherente a un mecanismo instituido para garantizar la
protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales.
45. El segundo presupuesto tampoco se acredita, pues la accionante María Carmenza
Cardona Ocampo formuló el amparo ante los requerimientos del juzgado de origen para
allegar una prueba que comporta una carga que sobrepasa su capacidad económica. No
obstante, ello no demuestra permanencia en el tiempo de la vulneración alegada, pues
entre la negativa para conceder el amparo de pobreza y la presentación de la tutela, el
proceso continuó con el decreto de los dictámenes y las actuaciones encaminadas a su
práctica, sin que la parte actora formulara reparo frente a la obligación de asumir sus
costos.
46. Este comportamiento evidencia que la afectación que ahora invoca adquirió una
incidencia concreta cuando debió afrontar el pago de los honorarios periciales, y no que
hubiera persistido de manera ininterrumpida desde la decisión cuestionada.
47. El tercer supuesto tampoco se acredita, porque la condición socioeconómica
expuesta por la accionante se relaciona con la carga económica que cuestiona dentro
del proceso de reparación directa y no con un impedimento para acudir de manera
oportuna al juez constitucional, sin que obre prueba de un factor de vulnerabilidad que
hubiera limitado su participación en el medio de control o el ejercicio oportuno de la
acción.
48. Al haberse promovido la tutela contra el auto del 29 de agosto de 2025 por fuera del
parámetro temporal adoptado por esta Corporación sin que concurra alguno de los
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2026, radicado 11001-03-15-000-
2026-04361-00, M. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Referencia: Acción de Tutela
supuestos de flexibilización examinados, la Sala concluye que no se satisface el requisito
de inmediatez.
49. La legitimación en la causa, la subsidiariedad y la inmediatez constituyen
presupuestos indispensables para habilitar el control constitucional de las decisiones
cuestionadas, cuyo examen es previo al estudio de los defectos atribuidos a la autoridad
judicial, de manera que la falta de acreditación de cualquiera de ellos impide abordar el
fondo de la controversia, como ocurre en este caso frente a las dos providencias
acusadas, sin que la Sala pueda pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados
contra ellas ni establecer si de ellas se deriva la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
50. La conclusión anterior no impide que la Sala advierta las dificultades que pueden
presentarse en el recaudo, la práctica y la construcción de la prueba cuando la situación
social y económica de las partes limita su capacidad para asumir los costos que esas
actuaciones demandan, al punto de convertirse en una barrera para el acceso efectivo
a la administración de justicia.
51. Esa realidad exige del juez, como director del proceso, un ejercicio activo de sus
facultades para garantizar la igualdad de las partes, mediante el decreto oficioso de
pruebas, la distribución de la carga probatoria y la adopción de medidas que faciliten su
obtención cuando una de ellas no esté en capacidad de aportarlas por sus propios
medios.
52. En este caso, la actuación judicial debe atender las circunstancias particulares de
los demandantes en el proceso ordinario, quienes acreditaron ser campesinos
residentes en una zona rural del municipio de Argelia y hallarse en condiciones
económicas que restringen su posibilidad de asumir determinadas cargas derivadas de
la actividad probatoria.
53. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado que declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos generales de
procedencia. Además, exhortará al juez natural para que, en ejercicio de sus facultades
de orden e instrucción, adopte las medidas necesarias para que las limitaciones
económicas descritas no impidan la obtención de los elementos probatorios requeridos
para resolver la controversia y garantizar el acceso a la administración de justicia en
condiciones de igualdad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró improcedente la acción de tutela promovida por
María Carmenza Cardona Ocampo, en calidad de titular y agente oficiosa de José Liber
Ospina Nieto, Sergio Andrés Ospina Cardona y José Ricardo Ospina Cardona.
SEGUNDO. EXHORTAR al Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín para que, en
ejercicio de sus facultades de instrucción, adopte las medidas que aseguren el recaudo
y la práctica de las pruebas necesarias para decidir de fondo el asunto, de modo que las
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Referencia: Acción de Tutela
condiciones económicas de los demandantes no impidan el acceso efectivo a la
administración de justicia.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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