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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04361-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04361-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por la parte accionante, de acuerdo con las razones esgrimidas en la parte considerativa de la decisión de la referencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los ciudadanos Laureano Rafael Sacro Portilla y William Cárdenas Giraldo, quienes actúan en nombre propio y, además, este último en calidad de representante legal de la Fundación para las Empresas de la Paz – FUNDAEMPAZ, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04361-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: LAUREANO RAFAEL SACRO1 PORTILLA Y OTRO
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a
la contradicción, a la igualdad y al principio de legalidad / INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – Falta de relevancia constitucional y de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela2 instaurada
por los ciudadanos Laureano Rafael Sacro Portilla y William Cárdenas Giraldo,
quienes actúan en nombre propio y, además, este último en calidad de
representante legal de la Fundación para las Empresas de la Paz – FUNDAEMPAZ,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en
los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de Policía Urbana Categoría
Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali y la
Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad y al
principio de legalidad.

Hechos relevantes

2. En el escrito contentivo de la acción de tutela, los ciudadanos Laureano Rafael
Sacro Portilla y William Cárdenas Giraldo manifestaron que acudían al mecanismo
de amparo con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales
antes referidos, presuntamente vulnerados con ocasión: (i) de la expedición de la
sentencia del 27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial dentro del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-
01999-00/01; y (ii) del trámite impartido al proceso policivo identificado con radicado

1 De los documentos aportados al plenario, se advierte que el actor suscribió el escrito de tutela bajo
el nombre de Laureano Rafael “Socro” Portilla, sin embargo, conforme su documento de
identificación se confirmó que el apellido del accionante es Sacro.
2 Que ingresó a despacho para fallo el 14 de julio de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

núm. 4161.050.9.6.0021.2023, adelantado por la Inspección de Policía Urbana
Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali.

3. No obstante, al revisar la demanda, el magistrado sustanciador advirtió que la
solicitud de amparo no permitía determinar con claridad cuál era la actuación
concreta objeto de reproche, cuáles eran las autoridades presuntamente
responsables de la vulneración de los derechos fundamentales ni la
correspondencia entre los hechos expuestos, las pretensiones formuladas y la
medida provisional solicitada. En consecuencia, mediante auto del 9 de junio de
2026, requirió a los accionantes para que aclararan y precisaran el objeto de la
acción, con el fin de delimitar el marco de la controversia.

4. En cumplimiento de dicho requerimiento, el 18 de junio de 2026 los accionantes
remitieron, mediante correo electrónico, un memorial acompañado de varios
documentos electrónicos. En el archivo denominado “023 RECIBE MEMORIAL_
CORRECCION333DELATUT” reiteraron los hechos relacionados con el proceso
policivo radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023 y precisaron que la acción de tutela
se dirigía contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, solicitaron la vinculación de la
Inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali, la Alcaldía Distrital de Santiago de
Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
de Cali, la Subdirección de Catastro Municipal de Cali, la Asociación Fe y Alegría y
los “copropietarios pretermitidos en el trámite policivo”3.

5. Si bien el escrito de subsanación no satisfizo integralmente las exigencias
formuladas en el auto del 9 de junio de 2026, el despacho sustanciador consideró
que las precisiones efectuadas permitían identificar con suficiente claridad el objeto
de la controversia, por lo que era procedente admitir la demanda. En ese sentido, el
presente trámite quedó circunscrito al examen de las siguientes decisiones: (i) la
sentencia del 27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial dentro del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-
01999-00/01; (ii) la Resolución núm. 4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de diciembre
de 2023, expedida por la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna
18 Meléndez, en primera instancia del proceso policivo radicado núm.
4161.050.9.6.0021.2023; y (iii) la Resolución núm. 4161.010.21.1-1047 del 5 de
septiembre de 2024, proferida por la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito
Especial de Santiago de Cali en segunda instancia dentro del mismo proceso
policivo.

6. Adicional a ello, el consejero ponente advirtió que, si bien los accionantes
incluyeron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca entre las autoridades
accionadas, no señalaron los hechos que justificaban su vinculación al trámite
constitucional. En consecuencia, en la misma providencia del 9 de junio de 2026,
se les requirió para que indicaran (i) los hechos por los cuales incluían al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en las autoridades demandas, y (ii) en caso de
que aplicara, la providencia judicial y el radicado del proceso por el cual se demanda
a esa corporación.

3 Obra en certificado 435C2DBC0A30FDA0 19088A6AD76CE0C1 AC97C1ED4300B7DF
7DA5F7F3D989920D, índice 9 de Samai, pág. 21.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

7. En atención a ese requerimiento, los demandantes allegaron un nuevo escrito de
subsanación, en el cual precisaron que “[e]l Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca es accionado directo en esta tutela por incurrir
en una Vía de Hecho por Defecto Fáctico (Omisión en la valoración probatoria) y
Violación Directa de la Constitución, materializada en el trámite de la Acción Popular
con Radicado:76-001-33-31-016-2009-00360-01, DEL H, TRIBUNAL
CONTENSICO ADMINISRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA., SENTENCIA DE
FECHA: 20 DE ABRIL DE 2015, DE LA ACCION POPULAR: RAD. 2009.
específicamente en el marco del trámite incidental y de cumplimiento de la
Sentencia de Segunda Instancia del 20 de abril de 2015”4.

8. En consecuencia, en el presente trámite se estudiará la presunta vulneración de
derechos fundamentales únicamente respecto de las siguientes actuaciones: (i) las
decisiones adoptadas dentro del proceso policivo radicado núm.
4161.050.9.6.0021.2023, esto es, la Resolución núm. 4161.050.9.6.0021.2023 del
15 de diciembre de 2023, expedida en primera instancia por la Inspección de Policía
Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez, y la Resolución núm.
4161.010.21.1.1047 del 5 de septiembre de 2024, proferida en segunda instancia
por la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali;
(ii) la sentencia del 27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-
2023-01999-00/01; y (iii) el trámite impartido dentro del proceso de acción popular
radicado bajo el núm. 76001-33-31-016-2009-00360-01, adelantada ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

i). Hechos relativos al proceso policivo radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023

9. El 9 de julio de 2021, el señor Ramiro Alberto Montilla Sandoval, en su condición
de apoderado del señor Víctor Murillo Urraca, quien al momento de los hechos
fungía como director nacional y representante legal de la Asociación Fe y Alegría
de Colombia, interpuso querella policiva contra el señor William Cárdenas Giraldo,
en su calidad de representante legal de FUNDAEMPAZ. Lo anterior, por considerar
que este último había incurrido en comportamientos contrarios a la posesión y mera
tenencia de bienes inmuebles sobre el predio identificado con la MI núm. 370-55138
y sobre la reserva municipal de uso sostenible del río Meléndez.

10. El asunto correspondió a la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial
Comuna 18 Meléndez del Distrito de Santiago de Cali que, por medio de la
Resolución núm. 4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de diciembre de 2023, resolvió:

“PRIMERO: Ordenar la suspensión definitiva y total de las obras de
encerramiento, deforestación, tala de árboles y construcción de grampín
(sic) ecológicos y viviendas en el predio denominado ejidos de propiedad de
la Alcaldía y descritos e identificados plenamente en la parte motiva de esta
providencia por no ostentar propiedad sobre el mismo y no tener, poseer las
licencias de aprovechamiento forestal, curaduría urbana, teniendo en cuenta
que quien demostró la potestad de los mismos fue la secretaria de vivienda
y Hábitad (sic) de Santiago de Cali tal y como se demostró en la parte motiva

4 Folio 2. Archivo “093RECIBEMEMORIAL_Memorial_CORRECCIONDEHOYDELAT”. Sic en toda
la cita.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

de este proveído y con las pruebas aportadas por la secretaria a través de
su apoderado especial.

SEGUNDO: Declarar Infractor de la Ley 1801 de 2016 en todos los acápites
descritos en la parte motiva de esta decisión, al señor WILLIAM
CARDENAS GIRALDO identificado […], por lo que en firme la decisión se
procederá a imponerle las sanciones establecidas en el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia ciudadana, descrita como Multa especial por
infracción urbanística o Demolición de obra, Construcción, cerramiento,
reparación o mantenimiento de inmueble, Remoción de Bienes ordenada en
el artículo 181 de la precitada Ley.

TERCERO: Oficiar a la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y control de
Invasiones del Distrito de Santiago de Cali IVC a fin de que se realice el
conteo del metraje de la afectación por encerramiento a fin de imponer
según lo intervenido y se determine la contundencia de la infracción.
Además por haberlo hecho sin exhibir las vallas con las licencias y permisos
ambientales y de construcción por parte de curaduría urbana y
correspondientes c ganizamos (sic). Para lo cual posteriormente a la visita
se hará el respectivo operativo de levantamiento de cercos y restitución del
predio ejido

CUARTO: Una vez surtido el trámite de desalojo y levantamiento de
encerramiento, se procederá a devolver la posesión y custodia del bien
restituido a la secretaria de Vivienda y Habitad (sic) social a fin de que
ejecute los actos descritos en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016.

QUINTO: Oficiar al Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente DAGMA a fin de que inicie lo de su competencia (proceso
administrativo sancionatorio) frente al impacto ambiental generado por el
infractor, así como se ordena continuar con las funciones de cuidado,
conservación del área de la reserva de la zona forestal e hídrica protegida
por la RMU5 del río Meléndez.

SEXTO: Sancionar con multa de 10 S.M.M.L.V al abogado ANTONIO
ARBOLEDA MONTAÑO […] y solidariamente al señor WILLIAM
CARDENAS GIRALDO con […] teniendo en cuenta lo ordenado en el
artículo 147 de la Ley 1564 de 2012 por haberse declarado no probada la
recusación en contra de la suscrita y evidenciarse la temeridad y mala fe en
la interposición de las solicitudes […]”5.

11. Inconformes con la decisión precitada, todas las partes del proceso policivo
radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023 presentaron recurso de apelación contra el
acto administrativo de primera instancia.

12. El trámite correspondió a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de
Santiago de Cali que, a través de la Resolución núm. 4161.010.21.1-1047 del 5 de
septiembre de 2024, ordenó:

“ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución N°4161.050.9.6.0021-
2023 del 15 de diciembre de 2023, proferida y adicionada en vía de trámite
del recurso de reposición dentro de audiencia pública de la fecha, por la
Inspectora de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del
Distrito Especial de Santiago de Cali, dentro del proceso verbal abreviado
con radicado 4161.050.9.6.0021-2023, en el sentido de modificar el numeral

5 Folios 33 y 34. Archivo “Folios 1108 a 1158.pdf” contenido dentro de la carpeta .zip denominada
“97_RECIBEMEMORIAL_Expediente4161050960_0_20260703171219711”. Expediente adjunto
del proceso policivo. Obra en certificado A3D2A916E2C6EE78 14CADD0C7F6AA5FB
861EF2211B230B70 54012B12FEB8461C. índice 29 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

SEGUNDO de la parte resolutiva, para aclarar que la medida correctiva
adoptada en contra del querellado, es la de Demolición de obra, consistente
en demoler el encerramiento o cerca construida, y cualquier otra obra de
construcción que se encuentre en el lugar o predio ocupado irregularmente,
de conformidad con las razones expuestas en esta resolución; y en
consecuencia dicho quedará así:

“SEGUNDO: Declarar infractor de la Ley 1801 de 2016 al señor WILLIAM
CÁRDENAS GIRALDO, […] al incurrir en los comportamientos contrarios a
la convivencia consagrados en el numerales 1 y 5 del artículo 77 de la Ley
1801 de 2016 al perturbar, alterar la posesión e impedir el ingreso, uso y
disfrute de la posesión del bien inmueble de propiedad del distrito de
Santiago de Cali, ocupado ilegalmente en la forma ampliamente descrita en
la parte considerativa. En los comportamientos contrarios a la integridad
urbanística, comprendidos en los numerales 1 y 3 literal A), numeral 6 literal
B) y numeral 11 literal C), del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, al parcelar
y urbanizar el predio ampliamente referido. En consecuencia, imponer al
infractor las medidas correctivas de restitución y protección del bien
inmueble, y demoler las obras del encerramiento o cerca construida, y
cualquier otra obra de construcción que se encuentre en el lugar o predio
ocupado irregularmente.”

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución
N°4161.050.9.6.0021-2023 del 15 de diciembre de 2023, proferida y
adicionada en vía de trámite del recurso de reposición dentro de audiencia
pública de la fecha, por la Inspectora de Policía Urbana Categoría Especial
Comuna 18 Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el sentido
de revocar íntegramente el contenido del ARTÍCULO SEXTO de la parte
resolutiva, de conformidad con lo expuesto en este proveído.

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR el resto del contenido que no fue
objeto de modificación, de la decisión de primera instancia adoptada
mediante la Resolución N°4161.050.9.6.0021-2023 del 15 de diciembre de
2023, proferida y adicionada en vía de trámite del recurso de reposición
dentro de audiencia pública de la fecha, por la Inspectora de Policía Urbana
Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del Distrito Especial de Santiago
de Cali, dentro del proceso verbal abreviado con radicado
4161.050.9.6.0021-2023, conforme los argumentos y motivos expuestos en
esta resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la ANOTACIÓN de la medida correctiva
impuesta, en el registro nacional de medidas correctivas, con el fin de dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016. […]”6

13. La autoridad concluyó que los infractores incurrieron en las conductas
sancionadas porque ocuparon y realizaron intervenciones sobre un bien de
propiedad del Distrito de Santiago de Cali sin acreditar un título que legitimara su
posesión o las obras ejecutadas. Consideró que el contrato de compraventa
invocado no convalidaba el derecho de propiedad ni desvirtuaba la ocupación
irregular del predio, y que los demás documentos y argumentos aportados, incluido
el acuerdo conciliatorio suscrito con la Asociación Fe y Alegría de Colombia, no
constituían una justificación válida para eximirlos de responsabilidad, al no
desvirtuar la infracción de las normas sobre protección de la posesión, tenencia de
bienes e integridad urbanística previstas en la Ley 1801 de 2016.

6 Folio 39. Archivo “Folios 1159 a 1180.pdf” contenido dentro de la carpeta .zip denominada
“97_RECIBEMEMORIAL_Expediente4161050960_0_20260703171219711”. Expediente adjunto
del proceso policivo. Obra en certificado A3D2A916E2C6EE78 14CADD0C7F6AA5FB
861EF2211B230B70 54012B12FEB8461C. índice 29 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

ii). Hechos relativos al proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-
2023-01999-00

14. El 23 de agosto de 2023, el señor William Cárdenas Giraldo presentó queja por
la intervención de los abogados José Alfredo Terán Salazar, Ramiro Alberto Montilla
Sandoval y Olga Jisseth Rentería Mena en la querella policiva núm.
4161.050.9.6.021.2023, interpuesta ante la Inspección de Policía Urbana Categoría
Especial de la Comuna 18 de Cali. Dicho asunto estaba relacionado con una
controversia sobre ocupación e identificación predial en Lomas Altas de Meléndez
o Pampas de La Pedregosa.

15. El proceso disciplinario correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca que, mediante proveído del 10 de septiembre de 2025,
decretó la terminación anticipada del procedimiento en favor de los abogados José
Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla Sandoval. Además, remitió por
competencia a la Procuraduría Provincial de Cali lo concerniente a la abogada Olga
Jisseth Rentería Mena.

16. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que no se evidenciaba
conducta alguna con relevancia disciplinaria que justificara la continuación de la
actuación en contra de los investigados. Señaló que las inconformidades planteadas
por el señor William Cárdenas Giraldo debían ventilarse en el marco del proceso
policivo, por ser ese el escenario procesal idóneo para controvertir las decisiones
allí adoptadas. Asimismo, precisó que la jurisdicción disciplinaria carecía de
competencia para ejercer un control de legalidad sobre las actuaciones judiciales o
administrativas adelantadas por otras autoridades.

17. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de apelación. Como
sustento de su inconformidad, afirmó que la Comisión Seccional omitió valorar los
elementos materiales probatorios aportados al trámite, los cuales, en su criterio,
demostraban que los señores José Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla
Sandoval utilizaron prueba ilícita y documentos falsos para obtener decisiones
adversas a los intereses de FUNDAEMPAZ, tanto en la actuación seguida por la
Fiscalía 29 Local de Cali como en el proceso policivo tramitado ante la Inspección
de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 de Santiago de Cali.

18. El estudio del recurso de apelación fue asignado a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial que, a través de sentencia del 27 de mayo de 2026, confirmó la
fallado en primera instancia.

19. Como fundamento de su decisión, el ad quem sostuvo que “la Comisión
Seccional integró el material relevante: queja, ampliaciones, anexos del recurrente,
soportes entregados por Terán Salazar y Montilla Sandoval, copia de la querella
policiva, expedientes disciplinarios previos, constancias contractuales y respuestas
institucionales de las secretarías de Vivienda Social y Hábitat, además de Seguridad
y Justicia, en un análisis que se reputa como acertado, ya que el acervo no mostró
una conducta disciplinaria concreta, sino una controversia sobre tradición

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

inmobiliaria, identificación predial, validez registral, competencia policiva y efectos
administrativos, materias que no puede resolver esta jurisdicción”7.

iii). Hechos relativos al proceso de acción popular radicado núm. 76001-33-31-
016-2009-00360-00

20. El señor Claudio Borrero Quijano instauró acción popular contra el Municipio de
Santiago de Cali, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y la señora Carmen Tulia Tascón Mera,
con el objeto de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes
de uso público y a la defensa del patrimonio público.

21. El proceso fue conocido por el Juzgado Primero (1.°) Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Cali que, por medio de sentencia del 13 de
enero de 2014, negó las pretensiones de la demanda.

22. A juicio del a quo, la sola existencia de un proceso penal que cuestionaba la
legalidad del modo de adquisición de los predios ejidales denominados Lomas Altas
de Meléndez Norte o Pampas de la Pedregosa y Cañaveralejo o La Curtiembre, no
llevaba implícita en sí la vulneración de los derechos colectivos reclamados en la
demanda, más aún cuando no se conocía decisión de fondo al respecto.

23. El actor popular presentó recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, resolvió:

“1) REVOCAR la sentencia del trece (13) de enero de dos mil catorce (2014),
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Cali, y en su lugar,

2) AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público,
previsto en el numeral e) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, vulnerado
por el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

3) ORDENAR al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI realizar las siguientes
actuaciones:

3.1. Por medio de la Secretaría de Vivienda Social actualizar el aspecto
físico del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ o PAMPAS DE LA
PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o LA CURTIEMBRE, con el fin de que
se delimite el área disponible del mismo, elaborando una nueva carta
cartográfica, que exprese el tamaño del bien, sus linderos y zonas aledañas,
dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

3.2. A través de la Oficina de Catastro realizar las acciones pertinentes para
la recuperación integral de la ficha catastral identificada con el No. F-
053500280001 a favor del Municipio de Santiago de Cali, subsanando las
irregularidades que se suscitaron con ocasión de la llamada "Escritura
Pública No. 1255 del 06 de abril de 2000" de la Notaría Octava del Círculo
de Cali; actualizando los derechos reales constituidos por los ocupantes del

7 Folio 12. Archivo “003ED_PRUEBA_5_6_20268_21_”.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

inmueble, su situación y afectaciones, dentro del término de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

3.3. Mediante la Secretaría de Vivienda Social solicitar la inscripción
inmediata de la limitación de dominio al folio de matrícula inmobiliaria No.
370-254418, señalando en la misma que se trata de un bien ejido, una vez
se dé su apertura por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

3.4. Por medio de la Secretaría de Vivienda Social, encargada de la
protección de los ejidos, realizar todas las gestiones administrativas y
jurisdiccionales tendientes a la recuperación del goce del ejido LOMAS
ALTAS DE MELÉNDEZ O PAMPAS DE LA PEDREGOSA Y
CAÑAVERALEJO O LA CURTIEMBRE a favor de la ciudadanía del
Municipio de Santiago de Cali, dentro del término de un (1) año contado a
partir de la ejecutoria de la presente providencia.

4) ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI, por medio del Registrador, realizar lo siguiente:

4.1. Proceder a la apertura de la Matrícula Inmobiliaria No. 370-254418,
originaria del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ O PAMPAS DE LA
PEDREGOSA Y CAÑAVERALEJO O LA CURTIEMBRE, una vez se surta
el proceso de actualización del aspecto físico y jurídico del bien por parte del
Municipio de Santiago de Cali; con el fin de que se registre el nuevo estado
del ejido.

4.2. Cancelar la anotación No. 74 hecha en el folio de Matrícula Inmobiliaria
No. 370-254418, que identificaba la compraventa del ejido LOMAS ALTAS
DE MELÉNDEZ O PAMPAS DE LA PEDREGOSA Y CAÑAVERALEJO O
LA CURTIEMBRE a favor del señor ULDALINO TASCÓN ESCOBAR, a
través de la llamada "Escritura Pública No. 1255 del 06 de abril de 2000"
emanada de la Notaría Octava del Círculo de Cali.

4.3. Inscribir la presente sentencia en el folio de Matrícula Inmobiliaria No.
370-254418, originaria del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ O
PAMPAS DE LA PEDREGOSA Y CAÑAVERALEJO O LA CURTIEMBRE,
una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.

5) NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. […]”8.

24. En criterio del ad quem, la escritura pública mediante la cual se avaló el dominio
ilegal de los terrenos ejidales Lomas Altas de Meléndez o Pampas de La Pedregosa
y Cañaveralejo o La Curtiembre nunca nació a la vida jurídica. Ello, al considerar
que se pasaron por alto los requisitos que consagra el ordenamiento jurídico para
la procedencia de la desafectación y enajenación de esta clase de bienes públicos
ante el Concejo Municipal de Cali, sumado a ello, resaltó la ausencia absoluta de
competencia del funcionario que presuntamente suscribió la enajenación del
inmueble.

25. Los actores del presente proceso de tutela de la referencia refieren que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “dictó sentencia el 20 de abril de 2015
basado en un fraude inducido por los demandantes de la Acción Popular, quienes
aportaron documentos espurios, tales como el Folio de Matrícula Inmobiliaria No.

8 Folios 68 y 69. Archivo “294_Expedientedigi_Sentencia2Instancia_1_20251023161009625”.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

370-254418 y la Cédula Catastral Falsa No. F-053500280001 de INVICALI”9. No
obstante, no alegan argumento adicional que permita inferir que participaron en
dicho proceso o que les asiste interés alguno en las resultas del mismo.

Pretensiones

26. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca: Se solicita DEJAR SIN EFECTOS la providencia del
27 de mayo de 2026 y las actuaciones previas dentro del proceso
disciplinario Rad. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01, ordenando proferir
una nueva decisión donde se compulsen copias penales y se declare la
configuración de una vía de hecho judicial por omisión del deber de valorar
las pruebas de fraude inmobiliario.

A la Inspección de Policía de la Comuna 18 y a la Secretaría de Seguridad
y Justicia de Cali: Se solicita DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS Y
MATERIALES la decisión de sanción de fecha 15 de diciembre de 2023
(Rad. 4161.-050.9.6.21.2023) y su confirmatoria, la Resolución No. 1047
de 2024, por existir nulidad insaneable por falta de notificación a
copropietarios e imposibilidad física de ejecución derivada de la
inexistencia e inexactitud del objeto del litigio.

A la Secretaría de Vivienda de Cali y Subdirección de Catastro: Se ordene
la suspensión y revisión técnica-registral de la Resolución No. 107 de 2017
y la cancelación de los efectos de la cédula catastral espuria F-
052500280001 DEL FOLIO DE MI. 370-254418, LA 370-253074, LA 370-
55138. DE FE Y ALEGRIA POR LA TRIPLICIDAD DE LAS MISMAS
ESCRITURAS: DE LA 1770.A LA 1774 DE 1974 DE LA NOTARIA
CUARTA DE CALI. frente a los predios DE FUNDAEMPAZ, DE LA MI. 370-
28005. […]”10.

Fundamentos de la demanda de tutela

27. La parte demandante sostiene que las autoridades accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, “al aducir formalmente que las discrepancias de linderos, títulos y
presuntas falsedades debían ventilarse de forma exclusiva ante la jurisdicción
ordinaria, omitiendo deliberadamente valorar el dolo de los profesionales del
derecho en el uso de documentos ideológicamente falsos para defraudar a la
administración pública”11.

28. Adicionalmente, señala que “[l]a Inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali
tramitó y falló la querella policiva mencionada (con decisión sancionatoria de fecha
15 de diciembre de 2023) omitiendo de forma deliberada notificar, citar o emplazar
en debida forma al señor LAUREANO RAFAEL SOCRO PORTILLA y a los demás
comuneros registrados (Concha Barbary, Farbi Edinson, José Augusto Giraldo
Urrea, Octavio Salazar Carrasquilla, Yuber Cortez Victora, Yesenia García y
Alexander Galvis García), quienes ostentan la calidad de legítimos copropietarios

9 Folio 3. Archivo “093RECIBEMEMORIAL_Memorial_CORRECCIONDEHOYDELAT”.
10 Folios 21 y 22. Archivo “023RECIBEMEMORIAL_CORRECCION333DELATUT”.
11 Folio 6 del escrito de tutela.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

en común y proindiviso del predio matriz con Matrícula Inmobiliaria No. 370-28005
(propiedad de FUNDAEMPAZ)”12.

29. Finalmente, alega una falta de motivación del acto policivo, dado que “[l]a
querella policiva fue promovida con base en una ostensible falsedad de la cual el
quejoso disciplinario hizo advertencia expresa. Como fundamento de la propiedad
del querellante (Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, DAGMA y la Asociación Fe
y Alegría), se aportó el Folio de M.I. No. 370-254418, ligándole de manera
fraudulenta la Cédula Catastral No. F-053500280001 para simular un área colosal
de más de 1.600.000 m² y justificar el despojo del predio de FUNDAEMPAZ”13.

Trámite procesal

30. El 5 de junio de 2026, la Secretaría General de esta Corporación remitió el
asunto al despacho para decidir sobre su admisión14.

31. No obstante, revisado el escrito de tutela, por medio de auto del 9 de junio de
202615, el magistrado sustanciador advirtió que la solicitud de amparo no permitía
identificar con precisión la actuación concreta que se cuestionaba, las autoridades
a las que se atribuía la presunta vulneración de los derechos fundamentales ni la
relación entre los hechos narrados, las pretensiones formuladas y la medida
provisional solicitada. Por consiguiente, inadmitió la demanda y se requirió a la parte
accionante para que corrigiera el escrito en los siguientes términos:

“SEGUNDO: REQUERIR a los señores Laureano Rafael Socro Portilla y
William Cárdenas Giraldo para que, dentro del término de tres (3) días,
contados a partir de la notificación electrónica, SUBSANEN la solicitud de
tutela, so pena de rechazo. Para tal efecto, deberán señalar de manera clara
y precisa lo siguiente: (i) los hechos concretos que motivan la interposición
de la acción de tutela; (ii) las autoridades o entidades a las que atribuyen la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales; (iii) la acción u
omisión que imputan a cada una de ellas; (iv) las providencias, actos
administrativos o actuaciones que cuestionan, en particular las expedidas
en el proceso disciplinario, el trámite policivo, o ambos; (v) las pretensiones
formuladas frente a cada autoridad; (vi) la relación entre la medida
provisional solicitada y el objeto de la acción de tutela; y (vii) los radicados y
copia de las demandas de las acciones de tutela presentadas previamente
sobre hechos similares.

TERCERO: REQUERIR al señor William Cárdenas Giraldo para que, dentro
del término de tres (3) días, contados a partir de la notificación electrónica,
allegue el certificado de existencia y representación legal, o el documento
idóneo que acredite su calidad de representante legal de la Fundación para
las Empresas de la Paz — FUNDAEMPAZ—. En caso de no aportar dicho
documento, la solicitud de tutela se estudiará únicamente respecto de los
derechos fundamentales que invoca en nombre propio”16.

12 Folio 7 ibid.
13 Folios 7 y 8 ibid.
14 Ver índice 3 de Samai.
15 Ver índice 4 de Samai.
16 Ver índice 4 de Samai, pág. 4.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

32. El 16 de junio del 202617, la providencia precitada fue notificada a la parte
accionante.

33. El 18 de junio de 202618, a través de correo electrónico19, los demandantes
remitieron memorial dentro del cual se adjuntaron varios documentos electrónicos.
En el archivo “023 RECIBE MEMORIAL_ CORRECCION333DELATUT”, se
expusieron nuevamente los hechos relacionados con el trámite del proceso policivo
radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023. De igual modo, aclararon que la demanda
la promovían contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Por otra parte, solicitaron que se vinculara a la
Inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali, a la Alcaldía Distrital de Santiago
de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia, a la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat de Cali, a la Subdirección de Catastro Municipal de Cali, a Asociación Fe y
Alegría y a los “copropietarios pretermitidos en el trámite policivo”20.

34. El 18 de junio de 202621, la parte accionante presentó un memorial por correo
electrónico22, en el que reiteró el mismo contenido del memorial previamente
indicado.

35. El 24 de junio de 2026, el expediente ingresó al despacho para continuar con el
trámite pertinente23.

36. Comoquiera que la parte actora no atendió completamente el requerimiento
formulado por el despacho sustanciador, orientado a que precisara y delimitara
adecuadamente los hechos, las pretensiones y las autoridades accionadas, se
procedió a admitir la acción de tutela únicamente en lo que respecta a: (i) la
providencia del 27 de mayo de 2026, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina

17 Ver índice 8 de Samai. El Despacho advierte que la Secretaría General del Consejo de Estado
intentó realizar la notificación personal el 11 de junio de 2026 (ver índice 7 de Samai), pero el
mensaje de datos no fue entregado. Ver certificado E42F77F38AC6FC72 218A58222C26F9DC
6DDEB737052EA9C8 935DC43D00F5D014.
18 Ver índice 9 de Samai.
19 Se advierte que dicho memorial se dirigió a varias entidades y organismos, entre los que se
encuentran la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Secretaría de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle del Cauca).
El 19 de junio de 2026, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado remitió el memorial
a la Secretaría General de esta Corporación (ver certificado 65C63B3344A0481F
6ECE6CF8B7D6AC49 170B53018DB98D12 7E4E4AFAA0A472CF, índice 9 de Samai). Igualmente,
el 19 de junio de 2026, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado reenvió el
memorial a la Secretaría General del Consejo de Estado (ver certificado 95C10869F62DDB65
120CAD0657672042 E868A7BA0BD03DF8 F0969F2E4A294E3B, índice 12 de Samai). Por su
parte, el 19 de junio de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali envió el memorial al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual a su vez lo envió a la Secretaría General del
Consejo de Estado (ver certificado B7467A1D103B976B 351810037BBCCEA1 062D07532867BF57
598F6FF4DF426A15, índice 10 de Samai).
20 Obra en certificado 435C2DBC0A30FDA0 19088A6AD76CE0C1 AC97C1ED4300B7DF
7DA5F7F3D989920D, índice 9 de Samai, pág. 21.
21 Ver índice 11 de Samai.
22 Se advierte que dicho memorial se dirigió a varias entidades y organismos, entre los que se
encuentra la Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El 18 de junio de 2026, la
Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado remitió el memorial a la Secretaría General
de esta Corporación (ver certificado 4636756A8145DC75 44091C8234E19BEA
2A7BEC5D9ADD354B FB01F44DDE663611, índice 11 de Samai)
23 Ver índice 13 de Samai.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

Judicial en el proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-01999-
00/01; (ii) la Resolución 4161.050.9.6.0021.2023, proferida por la Inspección de
Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez en la primera instancia del
trámite policivo radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023; y (iii) la Resolución
4161.010.21.1-1047, expedida por la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito
Especial de Santiago de Cali en la segunda instancia del trámite policivo radicado
núm. 4161.050.9.6.0021.2023. Asimismo, se requirió a los accionantes para que
precisaran los hechos, la providencia y el radicado relacionados con el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

37. De este modo, a través de auto del 26 de junio de 202624, se admitió la acción
de tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, a la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio
Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la Secretaría de Seguridad y
Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali como accionados. Asimismo, se
vinculó como terceros con interés a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, a la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat de Cali, a la Subdirección de Catastro Municipal de Cali,
a la Asociación Fe y Alegría, al Ministerio Público, a los ciudadanos Roblin Vallejo
Tafur, María Eufemia Montoya Montoya, Mónica Juliet Mesa, José Alfredo Terán
Salazar, Ramiro Alberto Montilla Sandoval, Olga Jisseth Rentería Mena, Roberto
Pérez Murillo y a los demás intervinientes dentro del proceso disciplinario radicado
núm. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01. Finalmente, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario,
interviniera en el presente asunto.

38. En la misma providencia, se requirió a los señores Laureano Rafael Sacro
Portilla y William Cárdenas Giraldo para que, dentro del término de tres (3) días,
contados a partir de la notificación electrónica de la presente decisión señalaran (i)
de manera clara y precisa los hechos concretos que motivaban la interposición de
la acción de tutela de la referencia, respecto del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, así como para que aportaran copia de la providencia demandada y el
número de radicado del proceso conocido por dicha corporación, en el cual se alega
la presunta vulneración de derechos fundamentales; y (ii) los nombres e información
de contacto de los “copropietarios pretermitidos en el trámite policivo” relacionados
en el apartado de personas vinculadas.

39. En cumplimiento de lo anterior, los demandantes identificaron la sentencia del
20 de abril de 2015 y el trámite de cumplimiento de la acción popular radicada núm.
76001-33-31-016-2009-00360-01, y atribuyeron al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución”25.

40. El 14 de julio de 202626, el expediente de la referencia ingresó a despacho para
proferir sentencia de primera instancia.

24 Ver índice 14 de Samai.
25 Folio 2. Archivo “093RECIBEMEMORIAL_Memorial_CORRECCIONDEHOYDELAT”.
26 Ver índice 52 de Samai.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

Intervenciones

41. La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
encontrar que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte
accionante. De igual modo, pidió “continuar con la vinculación de la Inspección de
Convivencia y Paz de la comuna dieciocho”27.

42. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que la acción de tutela
no puede reemplazar el escenario natural del debate de los procesos judiciales,
menos aun en asuntos a través de los cuales se busca suspender decisiones
policivas, impedir desalojos, ordenar exclusiones probatorias, imponer actuaciones
registrales y resolver controversias catastrales, materias que exceden por completo
el objeto de la providencia disciplinaria cuestionada.

43. Frente a ello, indicó que la sentencia atacada fue dictada por la autoridad
competente, dentro del marco constitucional y legal aplicable, resolvió el recurso de
apelación con base en el principio de limitación, examinó los elementos relevantes
incorporados al expediente y explicó por qué la controversia registral, catastral,
predial y policiva no demostraba una falta disciplinaria concreta de los abogados
investigados; así las cosas, aseguró que la tutela no demostró un defecto fáctico,
sustantivo, procedimental, orgánico, ausencia de motivación, desconocimiento del
precedente ni violación directa de la Constitución, sino que busca sustituir el criterio
del juez disciplinario por una nueva valoración constitucional de asuntos ya
examinados dentro del proceso.

44. En ese sentido, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con los requisitos de procedibilidad de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Asimismo, pidió que se nieguen las pretensiones de
la demanda, al no configurarse vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, contradicción,
igualdad o legalidad por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

45. Finalmente allegó el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso
disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01.

46. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca instó a
que se nieguen las pretensiones de la demanda, por no haber incurrido en
vulneración alguna de derechos fundamentales.

47. Adujo que no era admisible sostener que las providencias cuestionadas carecen
de sustento probatorio o que se hubiere omitido valorar elementos determinantes,
pues del expediente disciplinario se evidencia que las decisiones adoptadas fueron
producto del análisis integral del material probatorio legalmente incorporado al
trámite. De ese modo, precisó que el simple desacuerdo subjetivo de la parte
accionante frente al sentido de las decisiones enjuiciadas no tiene la virtualidad de

27 Folio 2. Archivo “099_MemorialWeb_Otro-ContestacionTutela”.

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

convertir una discrepancia jurídica en un supuesto defecto fáctico susceptible de
control por vía constitucional.

48. El Inspector Urbano de Convivencia y Paz de la Comuna 18 Meléndez de la
Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali solicitó
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, en atención
a que “el proceso policivo se adelantó tal y como lo prescribe el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016, dentro del cual participo la parte querellada, hoy accionante,
señor WILLIAN CARDENAS GIRALDO, quien estuvo representado por apoderado
judicial, pudo controvertir las pruebas arrimadas a la actuación y recurrir la decisión
adoptada, la cual fue revisada por la segunda instancia ante la apelación interpuesta
por el querellado, pero no obstante ello, la decisión adoptada tenía carácter
transitorio mientras la justicia ordinaria civil decidiera en forma definitiva sobre los
derechos reales, en caso de que el querellado hubiera decidido acudir para ello, lo
cual al parecer no hizo”28.

49. Por otro lado, indicó que el señor William Cárdenas Giraldo ha hecho un uso
indebido de la acción constitucional, en tanto ha presentado varias acciones de
tutela por la presunta violación de su derecho fundamental al debido proceso, las
cuales han sido negadas ante la inexistencia de vulneración iusfundamental alguna.

50. Adicionalmente, adjuntó el expediente del proceso policivo radicado núm.
4161.050.9.6.0021.2023 y resaltó que aporta el auto de inicio de la actuación
policiva, las audiencias celebradas, los fallos de tutela, la diligencia al lugar de los
hechos y las sentencias de primera y de segunda instancia.

51. El Departamento Administrativo de Hacienda de la Alcaldía de Santiago de
Cali solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no
existir acción u omisión atribuible a esa dependencia que hubiese generado la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

52. El señor José Alfredo Terán Salazar pidió que (i) se nieguen las pretensiones
de la demanda de tutela, en cuanto se dirigen a dejar sin efectos jurídicos la
providencia del 27 de mayo de 2026 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y las actuaciones surtidas dentro del proceso disciplinario radicado No.
76001-25-02-000-2023-01999-00/01, por no configurarse defecto fáctico ni vía de
hecho judicial alguna; y (ii) se declare la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que la parte accionante cuenta
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
los actos administrativos que en realidad cuestiona.

53. Precisó que “[l]a providencia atacada no omitió valorar las pruebas allegadas
por el quejoso; por el contrario, la autoridad disciplinaria examinó el contenido de la
queja en dos instancias y concluyó, de manera razonada, que los hechos narrados
–relativos a discrepancias sobre linderos, folios de matrícula inmobiliaria y presuntas
falsedades documentales respecto del predio identificado con la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-28005 y folios vecinos– no comportaban una conducta con

28 Folio 4. Archivo “099RECIBEMEMORIAL_RESPUESTATUTELA”.

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

relevancia disciplinaria atribuible a los abogados investigados, y que su discusión
correspondía a otras jurisdicciones. Esa valoración, aunque adversa a los intereses
del quejoso, constituye el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional disciplinaria
y no puede reabrirse por vía de tutela como si se tratara de una instancia
adicional”29.

54. La Procuraduría Delegada de Intervención 9 Cuarta ante el Consejo de
Estado solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no es tercero con interés en el proceso que nos ocupa.

55. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de la Alcaldía de Cali también
indicó no tener legitimación en la causa por pasiva, al no estar probada la supuesta
vulneración de derechos invocados por la parte accionante como conculcados, ni
vislumbrarse siquiera amenaza de los mismos por parte de la entidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

56. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Cuestión previa

i). Del memorial remitido por la parte accionante el 14 de julio de 2026

57. El señor William Cárdenas Giraldo, por medio de memorial remitido a este
despacho el 14 de julio de 2026, solicitó:

“1. RECONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER FAVORABLEMENTE el
presente recurso de reposición, REVOCANDO en todas sus partes el Oficio
No. SNR2026EE-205443-1 / ORIP173-170.1.173 DOCU: 689718 del 8 de
julio de 2026.y el oficio:

2. CONTESTAR DE FONDO y de manera clara, pormenorizada y expresa
cuáles fueron los hallazgos, determinaciones y el estado actual de la
investigación administrativa ordenada en el Auto 54 del 25 de abril del año
2023, remitiendo copia íntegra de dicho expediente y sus resultas a mi
correo electrónico.siembraysalva9@gmailcom

3: RECONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER FAVORABLEMENTE el
presente recurso de reposición, REVOCANDO en todas sus partes, el oficio
de fecha: Bogotá, D.C., 9 de julio de 2026, Oficio No. 053 / 2026.del señor
procurador. Y se sirva CONTESTAR DE FONDO y de manera clara,
pormenorizada y expresa cuáles fueron los hallazgos, determinaciones y el
estado actual de la investigación administrativa .sobre la TRIPLICIDAD DE
TERRENOS EJIDOS , ENMATRÍCULAS INMOBILIARIAS. CON
FALSEDAD IDEOLÓGICA, QUE SE ENTREGANDOBLEMENTE, A LA
ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA, CON LAS ESCRITURAS: 1770 A LA1774,

29 Folio 2. Archivo “165RECIBEMEMORIAL_contestaciontutelaRA”.

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

DE 1974 DE LA NOTARÍA CUARTA DE CALI. , CON LAS M.I. 370-
254418,CONCÉDULA CATASTRAL. FALSA.NRO: F.053500280001, Y
CON LA M.I.370-253074 DEINVICALI. HOY SECRETARIA DE VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE CALI., HECHOPROBADO EN LA
COMPLEMENTACIÓN DEL FOLIO DE M.I. 370-55138 DE LAASOCIACIÓN
FE Y ALEGRÍA30. (Sic en toda la cita)

58. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario orientado a brindar protección inmediata a
los derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública, o de particulares en los eventos previstos
por la propia norma. En atención a ello, ha sido definido como un trámite de
naturaleza constitucional –no civil–, de carácter especial y jerarquía superior,
destinado a salvaguardar los más altos valores constitucionales, y que se rige por
criterios de interpretación y aplicación distintos a los de los procesos comunes u
ordinarios. Sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha expresado:

“2. Habida consideración de que a la tutela sobre los derechos
fundamentales concierne un trámite que por ministerio de lo dispuesto por
el artículo 86 de la Carta Política ha de ser preferente y sumario, es apenas
obvio que la decisión definitiva sobre la protección de un derecho
fundamental cuando se estima que él ha sido violado o se encuentra
amenazado de inminente vulneración, ha de quedar en firme a la mayor
brevedad posible.

“Por ello, el trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el
Decreto 2591 de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los
procesos que se adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicción del
Estado.

“Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía
todas las normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción
de tutela, pues de esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar
al de cualquier proceso civil, pese a que la Constitución exige para ella un
procedimiento “sumario”, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni
la admisión de todos los incidentes que si lo serían en un proceso civil o en
un proceso contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los
recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991, ni en el
Decreto 2067 del mismo año, el primero de los cuales establece el
procedimiento a que ha de sujetarse la acción de tutela, en tanto que el
segundo lo concerniente a los procesos de que conoce la Corte cuando
ejerce las atribuciones que le asigna el artículo 241 de la Carta”31.

59. En ese sentido, en el asunto bajo estudio se advierte que el Oficio núm.
SNR2026EE-205443-1 del 8 de julio de 2026, expedido por la Superintendencia de
Notariado y Registro, así como los Oficios núms. P60JIIP-083 del 9 de julio de 2026
y 053 de 2026, emitidos por el Ministerio Público, no constituyen providencias
judiciales proferidas por el juez de tutela, sino actuaciones administrativas
expedidas por autoridades vinculadas al trámite constitucional.

30 Folios 7 y 8. Archivo “170_RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG
_0_20260714115845363”.
31 Auto 270 de 2002. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

60. En consecuencia, no sólo no existe recurso de reposición o apelación contra
autos proferidos dentro del trámite de esta clase de acciones sumarias 32, sino que,
además, no corresponde a esta Sala ejercer un control sobre el contenido de dichos
oficios a través de ese mecanismo procesal. Cualquier inconformidad respecto de
tales actuaciones deberá plantearse mediante los procedimientos administrativos o
judiciales previstos para controvertir los actos emitidos por las respectivas
autoridades, mas no mediante un recurso de reposición dentro del trámite de tutela.

61. Conforme las razones expuestas, el recurso de reposición formulado por el
accionante no es procedente y, en consecuencia, será rechazado.

ii). Del memorial remitido por la parte accionante el 27 de julio de 202633

62. A su vez, el señor William Cárdenas Giraldo, por medio de memorial remitido a
este despacho el 27 de julio de 2026, solicitó:

“DERECHO DE PETICION (sic). EN MODO DE RÉPLICA, Y ADICIÓN DE
PRUEBAS Y IMPUGNACIÓN DE RESPUESTA contra el Oficio No.
PADRE:202541470400017581 del 30 de diciembre de 2025 (firmado por el
Dr. Juan Carlos Guerra Lara - Secretaría de Vivienda de Cali), para que obre
con fuerza probatoria en las investigaciones disciplinarias, penales,
administrativas y fiscales en curso. QUE PORTRATARSE (sic) DE
ADJUDICA CON FALSA DE DOBLE DE TERRENOS EJIDOS NO
PRESCRIBE LA ACCION (sic)”34.

63. Frente a ello, es necesario reiterar que el oficio suscrito por la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat de la Alcaldía de Cali constituye un documento de carácter
administrativo que no es susceptible de control judicial por parte del juez de tutela.
Así, en igual sentido a lo descrito en párrafos precedentes, las inconformidades
relacionadas con dichas actuaciones deben formularse a través de los mecanismos
administrativos o judiciales previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir
los actos proferidos por las autoridades competentes, y no a través de una
impugnación.

iii). De la legitimación en la causa

64. En primer lugar, los señores Laureano Rafael Sacro Portilla y William Cárdenas
Giraldo cuentan con legitimación en la causa por activa, dado que ostentan la
titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invocan. En tal
condición, actúan como las personas directamente afectadas por la presunta
vulneración de derechos fundamentales en que incurrieron las autoridades
accionadas.

32 Auto A-051/14. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
33 Se advierte que el memorial en cuestión se presentó de manera posterior del registro del proyecto
a sala para sentencia, el cual se efectuó el 24 de julio de 2026.
34 Folio 181. Archivo “181_RECIBEMEMORIAL_Memorial_REPLICAYADIOCNDEPRUE_1_
20260728120653542”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

65. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del
Distrito Especial de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del
Distrito Especial de Santiago de Cali, autoridades a las cuales se les atribuye la
transgresión de los derechos fundamentales reclamados por el demandante.

66. Asimismo, se mantendrá la vinculación de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, la Secretaría
de Vivienda Social y Hábitat de Cali, la Subdirección de Catastro Municipal de Cali,
a la Asociación Fe y Alegría, el Ministerio Público y los ciudadanos Roblin Vallejo
Tafur, María Eufemia Montoya Montoya, Mónica Juliet Mesa, José Alfredo Terán
Salazar, Ramiro Alberto Montilla Sandoval, Olga Jisseth Rentería Mena y Roberto
Pérez Murillo por ser terceros con interés en las resultas del proceso.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

67. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?

68. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá35: ¿si la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la
Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez y la
Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad y al principio
de legalidad de la parte accionante?

69. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

70. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200536,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor

35 Como se indicó en el acápite de antecedentes, en el presente trámite se estudiará la presunta
vulneración de los derechos fundamentales respecto de las siguientes actuaciones: (i) la sentencia
del 27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso
disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-01999-00/01; (ii) las decisiones adoptadas dentro
del proceso policivo radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023, esto es, la Resolución núm.
4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de diciembre de 2023, expedida en primera instancia por la
Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18, Barrio Meléndez, y la Resolución núm.
4161.010.21.1-1047 del 5 de septiembre de 2024, proferida en segunda instancia por la Secretaría
de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali; y (iii) el trámite de la acción popular
radicada bajo el núm. 76001-33-31-016-2009-00360-01, adelantada ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
36 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)

18

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

71. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar37; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela38, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional39 o del Consejo de Estado40,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP41; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable42 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

72. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario. La Corte Constitucional indicó43 que la tutela contra providencias
judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar
sentencias ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una
acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y
desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple
inconformidad con la decisión judicial.

37 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
38 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024
40 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
41 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
42 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

73. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate44, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

74. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia45.

Del requisito de inmediatez

75. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece un plazo
objetividad de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en un
plazo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela46.

76. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i)
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados47.

77. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta
a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de
un plazo razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina la
presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es notificada
y en consecuencia es de conocimiento por las partes.

78. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 201848, estableció que le corresponde
al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada caso en

44 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
45 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
47 Ver Sentencia T-546 de 2014
48 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se encuentra
justificada:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito,
la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un
término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y
sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas,
entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es
decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus
derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que
la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se
trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato
preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que
‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan’.” (Subrayas fuera del texto original)

79. En ese sentido, el juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.

Caso concreto

80. La Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo
en el presente asunto, por cuanto no se cumplen con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como pasará a
explicarse:

i). Del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-2023-01999-00

81. De conformidad con los antecedentes citados, se tiene que los señores William
Cárdenas Giraldo y Laureano Rafael Sacro Portilla solicitan que se deje sin efectos
la sentencia del 27 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario radicado núm. 76001-25-02-000-
2023-01999-00, mediante la cual se confirmó la providencia del 10 de septiembre
de 2025 que decretó la terminación anticipada del procedimiento disciplinario en
favor de los abogados José Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla
Sandoval.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

82. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron
examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso
disciplinario. En efecto, el escrito no introduce cargos nuevos de relevancia
constitucional ni plantea la configuración de un defecto específico en la providencia
cuestionada, sino que insiste en la revisión de asuntos probatorios y argumentativos
que fueron objeto de valoración y decisión dentro del trámite ordinario.

83. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“[…] Sobre José Alfredo Terán Salazar, el expediente muestra que intervino
como apoderado del Distrito de Santiago de Cali y de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, dentro de una actuación iniciada por el
subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización, quien solicitó
adelantar el “PROCESO POLICIVO DE RESTITUCION DE BIEN DE USO
PUBLICO-EJIDO RESERVA FORESTAL” contra Fundaempaz, con
fundamento en el folio 370-254418 y la cédula catastral F-053500280001.

Esa solicitud institucional estuvo acompañada de documentos que, para la
entidad pública, respaldaban la activación del trámite policivo, entre ellos el
certificado de tradición del folio 370-254418, el estudio de títulos, el concepto
de calidad del bien, la Escritura Pública 466 de 1912, el informe del DAGMA
y la salida gráfica del predio.

Bajo ese contexto probatorio, la intervención de Terán Salazar no aparece
aislada, personal o carente de soporte, sino vinculada al mandato
profesional conferido por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, en
cumplimiento de la gestión encomendada y con base en documentos
públicos vigentes que admitían crédito, gozaban de presunción de legalidad
y sustentaban la postura del ente territorial sobre la propiedad del bien.

Por tanto, aunque el quejoso controvierte la validez de esos antecedentes,
tal discusión debía plantearse dentro del proceso policivo o ante la autoridad
registral, administrativa, civil o penal competente, no en el trámite
disciplinario, pues la prueba recaudada no demuestra que el abogado
hubiera fabricado documentos, alterado registros, ocultado información o
usado conscientemente un antecedente falso dentro del ejercicio
profesional.

Respecto de Ramiro Alberto Montilla Sandoval, el reproche se centró en la
presunta doble actuación contra Fundaempaz y en la identificación del
predio de Fe y Alegría como “La Pedregosa” o “Pampas de La Pedregosa”,
aspectos que el quejoso asoció con fraude procesal y uso de documentos
falsos. […]

Al respecto, debe precisarse que la actuación penal y el procedimiento
policivo no comparten naturaleza, finalidad ni consecuencia jurídica. La
primera corresponde a la Fiscalía General de la Nación y tiene por objeto
establecer si los hechos puestos en conocimiento podían configurar una
conducta punible, con miras a decidir sobre el ejercicio de la acción penal.
El segundo pertenece al ámbito de la Ley 1801 de 2016 y busca resolver,
mediante proceso verbal abreviado, una controversia de convivencia
vinculada con la posesión, tenencia, ocupación o protección de bienes
inmuebles.

Esa diferencia impide afirmar que la intervención en ambos escenarios
constituya temeridad, mala fe o deslealtad profesional, pues la denuncia

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

penal no sustituía ni absorbía la querella policiva, así como esta última
tampoco definía responsabilidad criminal, porque cada autoridad actuaba
dentro de un marco competencial propio, con presupuestos, trámite,
pruebas, decisiones y efectos distintos. […]”49.

84. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal y, según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”50.

85. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”51.

86. En ese sentido, aunque la parte actora formuló su inconformidad bajo la
apariencia de un defecto fáctico, lo cierto es que la providencia cuestionada sí tuvo
en cuenta el material probatorio obrante en el plenario, sólo que no le atribuyó el
efecto jurídico pretendido por el demandante. En esa medida, el debate se contrae
a una discrepancia sobre la determinación tomada por la autoridad judicial
accionada que decretó la terminación anticipada del procedimiento disciplinario en
favor de los abogados José Alfredo Terán Salazar y Ramiro Alberto Montilla
Sandoval.

87. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre una queja disciplinaria trasciende el plano
legal para adquirir relevancia constitucional.

88. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.

49 Folio 10. Archivo “003ED_PRUEBA_5_6_20268_21_”.
50 Sentencia SU-173 de 2019.
51 Ibidem.

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Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

ii). Del proceso policivo radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023

89. Por otro lado, los señores William Cárdenas Giraldo y Laureano Rafael Sacro
Portilla enjuician las Resoluciones núms. 4161.050.9.6.0021.2023 del 15 de
diciembre de 2023 y 4161.010.21.1-1047 del 5 de septiembre de 2024, proferidas
por la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Meléndez del
Distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de
Santiago de Cali, respectivamente, proferidas en el curso del proceso policivo
radicado núm. 4161.050.9.6.0021.2023.

90. Sin embargo, de conformidad con la información obrante en el expediente y en
el aplicativo de gestión Samai, se advierte que la última de las decisiones dictadas
en el curso del proceso policivo, esto es, la Resolución núm. 4161.010.21.1-1047
del 5 de septiembre de 2024 fue notificada a las partes el 4 de octubre de 202452.
Con base en esta información, la Sala encuentra que ha transcurrido
aproximadamente un año y nueve meses desde que la parte accionante conoció
esta decisión, de modo que se ha superado el plazo considerado como razonable
para la interposición de la tutela. Ello, en atención a las siguientes razones:

91. En primer lugar, se encuentra que la parte actora no explicó las razones del
retraso en la interposición de la acción de tutela ni justificó su imposibilidad material
o jurídica para acudir oportunamente a este mecanismo. Durante ese lapso, los
demandantes no acreditaron la existencia de un hecho sobreviniente, una situación
de fuerza mayor o una circunstancia imprevista que le hubiese impedido ejercer su
derecho de defensa en un término razonable.

92. En segundo lugar, los señores William Cárdenas Giraldo y Laureano Rafael
Sacro Portilla no se hallan en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta
que justifique la flexibilización del requisito de inmediatez. No acreditaron padecer
una enfermedad, limitación física, afectación mental, ni una situación económica
extrema que comprometiera su mínimo vital o que hiciera desproporcionado exigirle
el cumplimiento estricto de este requisito. Por el contrario, se trata de dos
ciudadanos con plena capacidad jurídica y medios para acceder a la justicia, que
conocen los términos y efectos de las decisiones adoptadas. En consecuencia, no
hay elementos que permitan aplicar un trato preferente o atenuado frente a la
exigencia temporal establecida por la jurisprudencia constitucional.

93. Finalmente, en tercer lugar, no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención urgente del juez de tutela pese al
transcurso del tiempo. De igual modo, no se acreditó la existencia de un daño actual,
inminente y grave que amenazara con tornarse irreparable si no se adoptaba una
medida inmediata, ni tampoco se probó que la negativa de amparo pudiera
comprometer bienes jurídicos superiores como la vida, la integridad personal o el
sustento mínimo.

52 Folio 42. Archivo “Folios 1159 a 1180.pdf” contenido dentro de la carpeta .zip denominada
“97_RECIBEMEMORIAL_Expediente4161050960_0_20260703171219711”. Expediente adjunto
del proceso policivo. Obra en certificado A3D2A916E2C6EE78 14CADD0C7F6AA5FB
861EF2211B230B70 54012B12FEB8461C. índice 29 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

94. Así las cosas, la eventual afectación alegada ya fue examinada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y no presenta características de urgencia
constitucional. En este contexto, la prolongada inactividad de los demandantes y la
ausencia de circunstancias excepcionales impiden considerar superado el plazo
razonable para acudir a la acción de tutela, por lo que esta deviene improcedente.

iii) Del trámite del proceso de acción popular radicado núm. 76001-33-31-016-
2009-00360-00

95. Finalmente, los demandantes refieren que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca “dictó sentencia el 20 de abril de 2015 basado en un fraude inducido por
los demandantes de la Acción Popular, quienes aportaron documentos espurios,
tales como el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-254418 y la Cédula Catastral
Falsa No. F-053500280001 de INVICALI”53.

96. Sin embargo, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de
fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga
argumentativa exigida para cuestionar una decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el proceso acción popular radicado núm.
76001-33-31-016-2009-00360-00.

97. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de la relevancia constitucional se acredita cuando: (i) se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y (ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos
fundamentales54.

98. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de 202255
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

53 Folio 3. Archivo “093RECIBEMEMORIAL_Memorial_CORRECCIONDEHOYDELAT”.
54 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
55 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. […]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario. […]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”56. (Resaltado por la Sala).

99. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que el accionante enunciara o desarrollara alguna causal
específica de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del 20 de abril de 2015 o
alguna actuación posterior dictada dentro del trámite de la acción popular radicada

56 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

núm. 76001-33-31-016-2009-00360-00, de manera que cumpla con los requisitos
específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

100. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que los
accionantes no especificaron cuál es la vulneración de derechos fundamentales que
se configura a partir de la expedición de la providencia enjuiciada. Frente a ello, esta
Corporación ha señalado:

“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no
puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o
del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar
su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos. […]”57.

101. En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para la procedencia de la acción, pues no desarrolló una
fundamentación dirigida a establecer por qué en el proceso judicial enjuiciado se
incurrió en una causal específica de procedibilidad vulneratoria de sus derechos
fundamentales. Tampoco identificó los hechos que constituyen la infracción de sus
garantías constitucionales.

102. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida
para promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron
los yerros que cometió la autoridad judicial accionada al resolver su amparo inicial,
motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de fondo el
asunto.

103. En gracia de discusión, no se encuentra acreditada la legitimación en la causa
por activa respecto del cuestionamiento dirigido contra el trámite de la acción
popular radicada núm. 76001-33-31-016-2009-00360-01. En efecto, del expediente
no se desprende que los accionantes hubieran intervenido como parte o como
terceros con interés legítimo dentro de dicho proceso, ni que las decisiones allí
adoptadas hubieran recaído directamente sobre una situación jurídica individual de
la cual fueran titulares. En esas condiciones, no es posible concluir que ostenten un
interés jurídico directo para promover la presente acción de tutela contra las
actuaciones surtidas en ese trámite, pues la legitimación por activa exige que quien
acude al amparo sea el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados o, al menos, que acredite una afectación personal, cierta y directa
derivada de la actuación judicial cuestionada. Tampoco, se superó el requisito de
inmediatez, ya que el cuestionamiento de la acción de tutela se produjo casi 9 años

57 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

después de su notificación58. Además, el actor jamás justificó su retraso ni las
condiciones de flexibilización.

104. En este orden de ideas, esta Subsección declarará improcedente la acción de
tutela presentada por los ciudadanos Laureano Rafael Socro Portilla y William
Cárdenas Giraldo, quienes actúan en nombre propio y, además, este último en
calidad de representante legal de la Fundación para las Empresas de la Paz –
FUNDAEMPAZ, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de
Policía Urbana Categoría Especial Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial
de Santiago de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de
Santiago de Cali.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por
la parte accionante, de acuerdo con las razones esgrimidas en la parte considerativa
de la decisión de la referencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
ciudadanos Laureano Rafael Sacro Portilla y William Cárdenas Giraldo, quienes
actúan en nombre propio y, además, este último en calidad de representante legal
de la Fundación para las Empresas de la Paz – FUNDAEMPAZ, contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial
Comuna 18 Barrio Meléndez del Distrito Especial de Santiago de Cali y la Secretaría
de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

58 Ver Índice 39 de SAMAI, en el expediente 76001-33-31-016-2009-00360-01. Esta falta de plazo
razonable no se descarta con actuaciones posteriores que no impactaron el contenido de la decisión,
como sucede con las aclaraciones, ver Índice 44 Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04361-00
Accionante: Laureano Rafael Sacro Portilla y otro
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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