Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-1998-00293-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-1998-00293-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-1998-00293-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor: ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y
OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Afectación patrimonial y
extrapatrimonial por desarrollo de obra pública / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL
DAÑO- inexistencia de indebida valoración probatoria. FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA incumplimiento carga de la prueba
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 23 de
marzo de 2018, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda por
ausencia de prueba del daño antijurídico.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Álvaro Durán Bayona, otros comerciantes de la ciudad de Barranquilla y
algunos de sus familiares, demandaron, en ejercicio de la acción de reparación
directa, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios que -aseguraron- les
fueron causados por la ejecución de las obras de reconstrucción de la Calle 30 y la
canalización del Caño del Mercado. La sentencia de primera instancia denegó las
pretensiones de la demanda, por estimar que la parte actora no demostró la
existencia del daño antijurídico. En la apelación, la parte demandante acusa una
indebida valoración del material probatorio y una omisión de los deberes de
dirección del proceso por parte dl tribunal a quo.
Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 29 de febrero de 1998, los señores Álvaro Durán Bayona y Flor María Ortega
Quintero, en su condición de propietarios del establecimiento de comercio
Distribuidora el Labrador; Alcibíades Mejía Durán en calidad de propietario de la
Distribuidora Narua y su cónyuge, la señora Martha Luz Castillo Barón, obrando en
nombre propio y en representación del menor Jhon Jairo Mejía Castillo; Henry
Amaya Velásquez en su condición de propietario del establecimiento de comercio
Granero Paraíso Yeny, y su cónyuge Isabel Yaneth Bonett López obrando en
nombre propio y en representación de la menor Yénifer Amaya Bonett; José Santos
Rivas propietario del establecimiento de comercio Panadería Brazil, su cónyuge
Elizabeth Pacheco de Santos obrando en nombre propio y en representación de la
menor Shirley Patricia Santos Pacheco; Miriam Hernández de Garrido propietaria
del establecimiento de comercio Central de Aceites y su compañero permanente
Helí Garrido Botero; Romelia Patiño de López propietaria del establecimiento de
comercio Supermercado Barranquilla y su esposo Alirio Noel López Meneses
obrando en nombre propio y en representación del menor Noel Darío López Patiño,
y sus hijos Luz Marina, José , Marlene Ofelia, Ricardo, Liliana y Said Patiño; Alfonso
Borja Parejo propietario del establecimiento de comercio La unión y sus hijos Liliana
Esther, Alfonso Rafael, Jazmín, Norma y Franklin Borjas González; José Arnaldo
Jassir Agelvis propietario del Establecimiento de comercio Fresco Ya Listo, su
cónyuge Teresa de Jesús Borrego Ocampo obrando en nombre propio en
representación de sus hijos menores Jean Paul, Nólica Yadira y Katirka Victoria
Jassir Borrero, y de los menores Dayana Yael, Jessel María, Nathaly Jassir de la
Hoz, Sahiris Mayusmi, Yirley Yaritza, Yuris Yelitza y Yuris Lisette Jassir Pérez; Juan
Macario Vergara en su condición de propietario del establecimiento de comercio
Supermercado Juan Vergara e Hijos Ltda, su cónyuge e hijos Rebeca Rivaldo de
Vergara y Luis Alberto y Magdalena del Pilar Vergara Rivaldo, Jairo Antonio Huyke
Valencia propietario del establecimiento de comercio Ostras del Paraíso, su
cónyuge Rosiris María Calderín obrando en nombre propio y en el de sus hijos
menores Martha Cecilia, Jhon Jairo, Selene María y Abiuth Esther Huyke Calderín;
Lucila Rueda Mojica en su condición de propietaria del establecimiento de comercio
Granero la Fama No. 4 obrando en nombre propio y en representación de sus hijos
menores Juan Pablo y Alfredo David Zúñiga Rueda; Ubaldo Mauris Rodríguez
propietario del establecimiento de comercio La Proveedora Flor y su cónyuge María
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
Oliva Gallego de Mauris propietaria de los establecimientos de comercio
Mercacentro No. 1 y Mercacentro No. 2 obrando en nombre propio y en
representación del menor Erikson Ubaldo Mauris Gallego, a través de apoderado
debidamente constituido (fl. 28 -44, c.1), y en ejercicio la acción de reparación
directa, presentaron demanda en contra del Área Metropolitana de Barranquilla, la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla EDUBAR y el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaría de Obras Públicas, con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas1 (f. 1-27, c. 1):
1.1. Que se declare por medio de sentencia que haga tránsito a cosa
juzgada, responsables administrativamente a las entidades demandadas, a
pagar los perjuicios patrimoniales (materiales), morales (no patrimoniales) y
sociales, ocasionados a los demandantes, por daño especial por rompimiento
de la igualdad frente a la ley y las cargas públicas, causados como
consecuencia de la realización de las obras públicas de reconstrucción de la
Calle 30 de la ciudad de Barranquilla, desde la Cra 46 hasta la 44 y desde la
Cra 41B hasta la 38 y la canalización del Caño del Mercado y obras
complementarias, por parte de el (sic) Área Metropolitana de Barranquilla, y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla “EDUBAR S.A.”, lo cual ha
ocasionado una gran disminución en las ventas, una enorme reducción de los
ingresos y las utilidades, produciendo cuantiosas pérdidas patrimoniales en los
establecimientos de comercio DISTRIBUIDORA EL LABRADOR,
DISTRIBUIDORA NARUA, GRANERO PARAÍSO YENI, PANADERÍA BRASIL,
LA CENTRAL DE ACEITES, SUPERMERCADO BARRANQUILLA, LA UNIÓN,
FRESCO YA LISTO, SUPERMERCADO JUAN VERGARA E HIJOS LTDA,
OSTRAS DEL PARAÍSO, GRANERO LA FAMA No.4 y PROVEEDORA FLOR.
1.2. Que el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A. “EDUBAR S.A.” y el
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO Y DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA – SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS DISTRITAL DE BARRANQUILLA., son responsables de los
perjuicios patrimoniales y morales ocasionado a los demandantes con la
realización de las obras públicas de reconstrucción de la Calle 30 de la ciudad
de Barranquilla, desde la Cra. 46 hasta la 44, y desde la Cra. 41 B hasta la 38,
y la realización del Caño del Mercado y obras complementarias.
1.3. Que se condenen a el (sic) ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA “EDUBAR S.A.” y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO Y DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA –
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE BARRANQUILLA a
pagar por concepto de perjuicios morales, a cada uno de los propietarios (as)
de los establecimientos de comercio determinados en la introducción de esta
demanda, a sus cónyuges (os), a sus compañeros (os) permanentes y a sus
hijos (as), que conviven con cada uno de ellos bajo el mismo techo, e,
equivalente a UN MIL (1000) gramos de oro fino, según el precio que certifique
el Banco de la República, al momento de quedar ejecutoriada la sentencia
condenatoria, como reparación de los perjuicios morales debido a el dolor
emocional, angustia, aflicción y demás efectos emocionales padecidos como
consecuencia del daño especial, en que incurrieron las entidades demandadas,
debido a la realización de las obras públicas de reconstrucción de la Calle 30
1 Que se transcribe de manera exacta con errores y resaltados.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
de la ciudad de Barranquilla desde la Cra.46 hasta la 44 y desde la Cra, 41B
hasta la 38, y la canalización del Caño del Mercado y obras complementarias,
lo cual ocasionó y sigue ocasionando una gran disminución en las ventas y
como consecuencia de ello una enorme reducción de los ingresos de los
establecimientos de comercio (….)
1.4. Que se condene a el (sic) ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA s.a. “EDUBAR S.A.” a el (sic) DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO Y DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE
BARRANQUILLA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE
BARRANQUILLA, a pagar por concepto de daños y perjuicios patrimoniales
(daño emergente y/o lucro cesante).
1.4.1. Al señor ALCIBIADES MERÍA DURÁN propietario del establecimiento
de comercio DISTRIBUIDORA NARUA, a su cónyuge MARTHA LUZ
CASTILLO BARÓN y a su hijo menor JHON JAIRO MEJÍA CASTILLO, más de
$126.700.000 (…) suma que ha dejado de percibir por concepto de utilidades
en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre de 1997.
(…)
1.4.2. Al señor HENRY AMAYA MÁRQUEZ, propietario del establecimiento
de comercio GRANERO PARAÍSO YENI (…) a su cónyuge (…) y a su hija
menor (…) más de $86.880.000 (…) Suma que ha dejado de percibir por
concepto de utilidades en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19
de diciembre de 1997.
1.4.3. Al señor JOSÉ SANTOS RIVAS, propietario del establecimiento de
comercio PANADERÍA BRASIL (…) a su cónyuge (…) sumás de $66.517.500
(…)suma que ha dejado de percibir por concepto de utilidades en el periodo
comprendido del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre de 1997.
1.4.4. A la señora MYRIAM HERNÁNDEZ GARRIDO, propietaria del
establecimiento de comercio LA CENTRAL DE ACEITES (…) y a su esposo
(…) más de $10.860.000 (…) suma que ha dejado de percibir por concepto de
utilidades en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre
de 1997.
1.4.5. A la señora ROMELIA PATIÑO DE LÓPEZ, propietaria del
establecimiento de comercio SUPERMERCADO BARRANQUILLA (…) y a su
esposo (…) y a su hijo menor (…) más de $183.715.000 (…) suma que ha
dejado de percibir por concepto de utilidades en el periodo comprendido del 14
de junio, hasta el 19 de diciembre de 1997.
1.4.6. Al señor ALFONSO BORJA PAREJO, propietario del establecimiento
de comercio LA UNIÓN (…) y a sus hijos (…) más de $212.940.000 (…) suma
que ha dejado de percibir por concepto de utilidades en el periodo comprendido
del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre de 1997.(…)
1.4.7. Al señor JUAN MACARIO VERGARA, propietario del establecimiento
de comercio SUPERMERCADO JUAN VERGARA E HIJOS LTDA (…) a su
cónyuge (…) más de $47.512.500 (…) suma que ha dejado de percibir por
concepto de utilidades en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19
de diciembre de 1997.(…)
1.4.8. Al señor JAIRO ANTONIO HUYKE VALENCIA, propietario del
establecimiento de comercio OSTRAS DEL PARAÍSO (…) a su cónyuge (…) y
a sus hijos menores (…) más de $10.860.000 (…) suma que ha dejado de
percibir por concepto de utilidades en el periodo comprendido del 14 de junio,
hasta el 19 de diciembre de 1997.(…)
1.4.9. La señora LUCILA RUEDA MOJICA, propietaria del establecimiento
de comercio GRANJERO LA FAMA No.4 (…) a sus hijos menores (…) más de
$135.596.000 (…) suma que ha dejado de percibir por concepto de utilidades
en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre de
1997.(…)
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
1.4.10. Al señor UBALDO MAURIS RODRÍGUEZ propietario del
establecimiento de comercio LA PROVEEDORA FLOR (…) a su cónyuge
MARIA OLIVA GALLEGO DE MAURIS, propietaria de los establecimientos de
comercio MECACENTRO No. 1 y MERCACENTRO No. 2(…) y a su hijo menor
(…) más de $55.205.000 (…)suma que ha dejado de percibir por concepto de
utilidades en el periodo comprendido del 14 de junio, hasta el 19 de diciembre
de 1997.(…) El establecimiento de comercio La Proveedora Flor, de propiedad
de UBALDO MAURIS RODRÍGUEZ ha dejado de percibir por concepto de
utilidades la suma de $55.205.00 (…)
(…)
1.5. Que se condenen, a las entidades demandadas, al pago de las costas
del proceso, al pago de los intereses bancarios del 36% anual o más según
certificación de la Superintendencia Bancaria (…) y los intereses moratorios
que causen las sumas debidas desde la fecha en que se produjeron los hechos
(…) hasta cuando se cumpla el pago total de los perjuicios patrimoniales y
morales (…) más la devaluación monetaria conforme a la certificación expedida
por el DANE sobre el índice del precio al consumidor.
1.1. Los fundamentos de hecho
Los actores sustentaron sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:
Los mencionados propietarios de los establecimientos de comercio desarrollaban
su actividad económica en la ciudad de Barranquilla, la cual se vio afectada por la
ejecución de las obras de ampliación y reconstrucción de la calle 30, entre carreras
46 y 41B, y las de canalización del caño del Mercado, realizadas entre la carrera 46
y el puente de la calle 9.
Las mencionadas obras se realizaron en desarrollo de los contratos: i) No. 008 del
13 de junio de 1995 celebrado entre el Área Metropolitana de Barranquilla con la
sociedad COMPACAR LTDA.; ii) No. 009 del 4 de julio de 1995 suscrito por la misma
entidad con el Consorcio Urbanizadora y Constructora Osorio Ltda. - ORCARIBE
Ltda. -CARLOS VENGAL PÉREZ- GRATÉCNICAS Ltda. respectivamente; y iii) el
celebrado el 27 de diciembre de 1995 entre la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla EDUBAR S.A. con la Unión Temporal GERCON LTDA – EQUIPO
UNIVERSAL Y CÍA LTDA. – SERGIO TORRES.
Los trabajos realizados por la administración pública dieron lugar al cierre de las
vías por las que transitaban regularmente los vehículos que transportaban a los
clientes, lo que produjo una gran reducción de las ventas y de las utilidades de los
comerciantes, así como también perjuicios morales y “sociales” a los propietarios
de los establecimientos de comercio y a sus familiares.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
En relación con el tiempo de ejecución de las obras en mención la parte demandante
precisó que:
i) La ejecución del contrato No. 008 para la reconstrucción del sector I de la Calle
30 inició el 14 de junio de 1995, se desarrolló entre el 14 de junio de 1995 y el 30
de noviembre de 1996;
ii) El contrato No. 009 para la reconstrucción del sector II de la Calle 30 inició su
ejecución el 4 de julio de 1995 y a la fecha de la presentación de la demanda no
había finalizado.
iii) Y respecto de las obras para la canalización del Caño del Mercado, las
complementarias y la reconstrucción del sector III de la Calle 30 manifestó que
iniciaron el 22 de enero de 1996, pero no precisó el estado de éstas al momento de
presentar la demanda.
Como consecuencia de lo anterior, los demandantes afirmaron que varios de los
locales comerciales de su propiedad fueron cerrados por quiebra, otros fueron
vendidos por sumas irrisorias y se produjo una grave reducción en las ventas, y que
no estaban obligados a soportar esos daños.
Como fundamento de derecho los actores invocaron los artículos 2, 13 y 90 de la
Constitución Política, 86,136 -139, 206 del C.C.A. y citó apartes de las sentencias
C-333 del 1 de agosto de 1996, proferida por la Corte Constitucional y 8965 del 16
de junio de 1994, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1.2. Inadmisión, subsanación y adición de la demanda
Mediante auto del 15 de abril de 1998 (fl. 166, c.1), el Tribunal Administrativo del
Atlántico inadmitió la demanda, con el fin de que se aportaran los documentos que
daban cuenta de la legitimación en causa de algunos de los demandantes, así como
el otorgamiento de poderes de otros que cumplieron la mayoría de edad.
Mediante escrito radicado el 27 de abril de 1998, la parte demandante subsanó y
adicionó la demanda (fl.168 - 182, c.1) en los siguientes términos:
Adicionó como demandantes a los señores:
i) Álvaro Durán Bayona, propietario del establecimiento del comercio
Distribuidora El Labrador y su cónyuge Flor María Ortega Quintero.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
ii) A la señora Isabel Yaneth Bonet López en calidad de cónyuge del señor
Henry Amaya Márquez propietario del establecimiento de comercio Granero Paraiso
Yeni.
iii) A los señores Alirio Noel López Meneses, Luz Marina, José, Marlene Ofelia,
Ricardo, Liliana, en calidad de esposo e hijos de la señora Romelia Patiño de López
propietaria del establecimiento de comercio Supermercado Barranquilla.
iv) Katrica Victoria jassir Borrego en calidad de hija del señor José Arnaldo Jassir
Agelvis y los menores Dayana Yael propietario del establecimiento de comercio
Fresco Ya Listo.
Precisó que sobre el establecimiento de comercio Granero La Fama 4, solo
demandaba la señora Lucila Rueda Mujica.
Adicionó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de daños morales de
los nuevos demandantes y precisó como sumatoria de la totalidad de perjuicios la
suma de $1.486.577.550, de la cual $549.791.550 correspondían a perjuicios
morales y $936.786.000 a perjuicios materiales.
Adicionó la solicitud de pruebas, en el sentido de llamar a declarar a 42 testigos, sin
precisar en dicho escrito el objeto de cada uno de los testimonios, y la solicitud de
un peritaje contable para determinar la cuantía de los perjuicios patrimoniales
sufridos por los demandantes.
Con ocasión del anterior escrito, el Tribunal tuvo por subsanada la demanda y a
través de providencia del 22 de junio de 1999, admitió demanda y su modificación
(fl. 191 – 193, c. 1). Luego procedió a su notificación a las entidades demandadas y
al Ministerio Público (fl. 192 vto y 193, c.1) y fijó en lista el proceso entre el 1 y el 15
de agosto del año 2000 (fl. 193. c.1).
2. Contestación de la demanda.
Dentro del término de fijación en lista, solo se pronunciaron el Distrito de Barranquilla
y el Área Metropolitana.
2.1. El Distrito de Barranquilla contestó la demanda a través de apoderado judicial
dentro del término de fijación en lista (fl. 194 – 196, c.1), se opuso a la prosperidad
de las pretensiones por considerar que carecían de total fundamento fáctico y
jurídico. En relación con los hechos, manifestó que no le constaban y que debían
ser probados por quien los aducía.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
Propuso la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva, por cuanto de
conformidad con los documentos aportados con la demanda fue la sociedad de
economía mixta Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla EDUBAR S.A. y el
Área Metropolitana de Barranquilla las entidades que contrataron las obras que
dieron lugar a la demanda.
2.2. El Área Metropolitana de Barranquilla, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones por considerar que éstas carecían de fundamento fáctico y jurídico,
además de que a los demandantes no se les había causado ningún perjuicio.
Sostuvo que las actuaciones y obras adelantadas por la entidad no comprometían
su responsabilidad patrimonial toda vez que se adelantaron en ejercicio de sus
competencias sin causar perjuicio alguno de naturaleza especial y anormal a los
demandantes, ni hubo ningún daño que excediera el sacrificio común que todos los
ciudadanos debían soportar en razón de la ejecución de una obra pública.
Entre las razones de su oposición, manifestó que las obras ejecutadas trajeron
beneficios a los demandantes, tales como pauta publicitaria, así como que la
rehabilitación de la zona dio lugar a la descongestión del tráfico peatonal y vehicular,
la valorización y otros beneficios a largo plazo.
Manifestó que con el desarrollo del proyecto se impusieron cargas a todas y cada
una de las personas que habitaban, residían o desarrollaban sus actividades en la
zona y no solo a los demandantes, quienes tampoco tuvieron que soportar una
carga especial en beneficio de la comunidad.
Para finalizar, afirmó que tanto las personas naturales como jurídicas que se
encontraban en la zona debieron adoptar de manera oportuna planes de
contingencia encaminados a eliminar o mitigar los impactos temporales negativos
causados por las obras públicas (fl. 206 -207 y 270 -272 c. 1).
2.3. No obra en el expediente documento alguno en el que obre la contestación de
la demanda por parte de EDUBAR S.A., ni actuaciones procesales de ésta durante
la primera instancia, pese a habérsele notificado la demanda (fl. 193, c.1)
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
3. Trámite de primera instancia
3.1. El 29 de septiembre de 2003, se profirió auto de decreto de pruebas (fl. 275 -
276, c. 1). Contra esa decisión, la parte actora presentó recurso de reposición por
cuanto no se decretó la prueba documental, ni las 42 pruebas testimoniales, ni el
dictamen pericial solicitados con el escrito de subsanación y adición de la demanda
(fl. 200, c.1).
3.2. El recurso de reposición fue resuelto mediante auto del 1 de marzo de 2004, en
el cual se accedió parcialmente a la solicitud de la parte actora y se decretaron las
pruebas documental y pericial contable solicitadas. Con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 219 del C.P.C., limitó la prueba testimonial solicitada y la redujo a ocho
declaraciones (fl. 201 -202, 277- 278 c.1).
La anterior decisión nuevamente fue recurrida en apelación por la parte
demandante, quien insistió en el decreto de la totalidad de los testimonios
solicitados, en razón a que el objeto de los mismos era demostrar los perjuicios
morales de cada uno de los demandantes, razón por la cual a los ocho declarantes
admitidos por el tribunal no les constaba los perjuicios causados a la totalidad de
los accionantes2.
3.3. Cuando se hallaba pendiente la resolución de la anterior solicitud e iniciada la
etapa probatoria, el 2 de junio de 2015, el apoderado de la parte demandante solicitó
la reconstrucción del expediente por haberse verificado su extravío durante el
trámite de la primera instancia (fl. 216, c. 1).
Con ocasión de la anterior solicitud, el Tribunal, mediante auto de 7 de septiembre
de 2015, ordenó oficiar a la Secretaría del Tribunal, para que certificara el estado
del proceso, remitiera las piezas procesales que se hallaban en la misma, y con
fundamento en el numeral 3 del artículo 133 del C.P.C., citó a audiencia de
reconstrucción (fl 222 -223, c.1), la cual se celebró entre los días 15 y 16 de
septiembre del mismo año (fl. 230, 259 c.1), con presencia de las partes y del
ministerio público, en la cual se ordenó la incorporación al proceso de los
documentos aportados, los cuales fueron puestos a disposición de las partes.
2 Sin embargo, respecto de este recurso no obra trámite alguno en el expediente. En la audiencia de
reconstrucción del expediente, la parte demandante guardó silencio sobre el particular.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
3.4. Una vez reconstruido el expediente, el tribunal de primera instancia, mediante
auto del 5 de octubre de 2015, fijó una nueva fecha para practicar los 8 testimonios
que habían sido decretados (fl. 279, c.1), decisión contra la cual nuevamente la
parte actora presentó recurso de reposición en atención a que omitió resolver sobre
designación del perito contable (fls. 288 -289, c.1), el cual fue resuelto a través de
auto del 26 de octubre del mismo año, en el que se procedió a nombrar al perito de
la lista de auxiliares de la justicia (fl. 290 -293, c.1).
3.5. Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2015, la parte actora propuso un
incidente de nulidad (fl. 294 -300 c.1, y 1-9 c.2), mediante el cual solicitó declarar la
invalidez de todo lo actuado en el proceso a partir del auto de 5 de octubre, decisión
a través de la cual se citó nuevamente a los testigos señalados en el auto que
decretó pruebas.
Como fundamento de su petición, expuso que el tribunal había incurrido en una
indebida interpretación del artículo 219 del C.P.C. porque la prueba testimonial sólo
podía limitarse en la medida que vaya siendo practicada, ante el agotamiento de su
objeto. En consecuencia, estimó que se debieron decretar en primera instancia los
42 testimonios solicitados por la parte actora, más aún si se tenía en cuenta que
con la declaración de cada uno de los testigos se pretendían demostrar los
perjuicios particulares de cada uno de los demandantes, que en atención a su gran
número no le constaba en su totalidad a los 8 testigos aceptados por el magistrado
ponente.
Expuso que el hecho de no haberse decretado por el Tribunal la totalidad de los
testimonios solicitados de manera oportuna, constituía de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, una vía de hecho por defecto fáctico por
la omisión en el decreto y práctica de prueba solicitadas, así como una violación al
debido proceso y al derecho de defensa.
3.6. La anterior solicitud dio lugar a un trámite incidental, que fue resuelto mediante
providencia del 10 de febrero de 2017, en el cual se negó lo pedido por la parte
actora por considerar que la causal invocada no encuadraba en ninguno de los
supuestos previstos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil fl. 10 -16,
c. 2).
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
3.7. Durante el desarrollo de la etapa probatoria, la parte demandante mediante
escrito radicado el 16 de febrero de 2016 (fl. 330 – 337, c.1), presentó nuevamente
un incidente de nulidad en el cual solicitó la declaración de invalidez del todo lo
actuado en el proceso, incluido el auto por el cual se resolvió decretar y limitar los
testimonios solicitados por la parte actora con el fin de que se procediera a decretar
los 42 testimonios solicitados en la adición de la demanda, en el que se reiteraron
los argumentos expuesto en el incidente de nulidad presentado por la misma parte
el 30 de octubre de 2015.
En relación con el anterior incidente, el Tribunal de primera instancia guardó
silencio.
3.8. El 19 de enero de 2016, la parte actora solicitó requerir al perito contador
designado por el Tribunal, por cuanto para dicho momento no se había posesionado
ni rendido el dictamen pericial.
La anterior solicitud fue resuelta mediante providencia del 15 de febrero del mismo
año, en la cual el tribunal, con fundamento en el numeral 9 del artículo 9 del C.P.C.
procedió a remover al profesional designado y, en su lugar, designó a cuatro nuevos
peritos contadores, advirtiendo que sería tenido como perito en el proceso aquel
que primero se posesionara (fl. 338 – 340 c.1).
3.9. Mediante auto de 27 de septiembre de 2017 (fl.362-363 c.1), el Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró cerrado el periodo probatorio y ordenó correr
traslados a las partes y al Ministerio Público para que alegara de conclusión.
Dentro de ese término, el Área Metropolitana de Barranquilla (fl. 364 -374 c.1) reiteró
los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. Afirmó
además que la parte actora no demostró la existencia del daño cuya reparación
reclama, así como tampoco el nexo causal que permitiera imputar el daño a las
entidades demandadas, ni aportó pruebas suficientes que evidenciaran la veracidad
de los hechos expuestos en el escrito de demanda.
También solicitó la declaración de caducidad de la acción, por considerar que
habían transcurrido más de dos años entre el 14 de junio de 1995, fecha de los
hechos hasta la formulación de la demanda ante la jurisdicción.
Finalmente, adujo la demostración de la excepción de falta de legitimación en causa
por pasiva respecto de las pretensiones del señor Álvaro Durán Bayona, por cuanto
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
el establecimiento de comercio de tal demandante no se encontraba ubicado en la
zona sobre la cual realizó obras la entidad pública.
Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. La sentencia impugnada
La Sala C de Decisión Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 23
de marzo de 2018, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a las partes (fl. 17-25, c. ppal.).
El a quo consideró que la parte demandante no demostró la existencia de un daño
antijurídico.
Señaló que si bien la prueba testimonial recaudada daba cuenta de que “las ventas
bajaron en gran manera, lo cual causó mucha pérdida” tal afirmación no era un
argumento suficiente para acreditar la producción de un daño, dada su carencia de
especificidad y la inexistencia de material probatorio adicional que soportara tal
afirmación.
Igual consideración realizó respecto de las afirmaciones de los testigos a través de
las cuales se pretendió acreditar la existencia de perjuicios morales, dado que no
existían otros medios de pruebas que llevaran al a quo al convencimiento sobre la
efectiva configuración del perjuicio reclamado.
Finalmente se abstuvo de condenar en costas a las partes, al no encontrar
demostrada la existencia de mala fe o temeridad.
5. El recurso de apelación
Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, en el cual pidió que se revocara lo resuelto por
el tribunal y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (fl. 27-37,
c. ppal.).
Entre las razones de su inconformidad, afirmó que la sentencia de primera instancia
incurrió en una indebida valoración del material probatorio allegado, por cuanto no
tuvo en cuenta los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, los cuales daban cuenta de la propiedad de los demandantes sobre
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
los establecimientos de comercio y de la prueba del daño3. Afirmó no compartir la
noción de daño antijurídico adoptada por el Tribunal del Atlántico, pues era evidente,
dado que la Administración Distrital, al ejecutar la obra, obstaculizó la entrada a los
establecimientos de comercio.
Asimismo, acusó una omisión de valoración de los elementos de convicción que
fueron aportados en el proceso tales como las fotografías de las obras, que en su
entender permitían establecer las afectaciones que se ocasionaron los
demandantes, y los testimonios que daban cuenta de la disminución de las ventas
y, por tanto, del daño.
En relación con las notas de prensa aportadas, adujo que si bien éstas por sí solas
no constituían una prueba, sí debieron ser analizadas en conjunto con todo el acervo
probatorio, lo que ratificaban los incuestionables efectos dañinos que se
ocasionaron a los demandantes, lo cual, además, evidenció el desconocimiento de
la justicia material como un imperativo categórico de los jueces contencioso
administrativos.
Manifestó que la parte actora solicitó en tiempo e insistió en la práctica de las
pruebas que evidenciaran sus fundamentos de hecho, pero acusó al a quo de no
ejercer unos de sus poderes como director e instructor de proceso, al no decretar
las pruebas de oficio necesarias para esclarecer la verdad y proferir una sentencia
conforme a la justicia y a la equidad. Puso de presente que la parte actora requirió
en la demanda la declaración de 42 personas pero que el tribunal limitó la prueba a
8 y sólo practicó dos testimonios que además fueron desconocidos al momento de
dictar sentencia y que el tribunal tampoco tuvo en cuenta los cuatro incidentes de
nulidad presentados por la parte demandante con el fin de que declarara la totalidad
de los testigos.
Además, sostuvo que la sentencia recurrida era incongruente por cuanto lo resuelto
terminó siendo contrario al fundamento jurisprudencial citado en la parte motiva del
fallo, pue en él se sostuvo que el régimen de imputación aplicable era el objetivo por
violación al principio de igualdad frente a las cargas públicas y terminó estudiando
el tema bajo el régimen de falla del servicio, lo cual no es correcto en atención a la
licitud de la actividad que conlleva la construcción de obras públicas.
3 En efecto sostuvo que “el daño antijurídico en el caso que nos ocupa, se prueba con la acreditación
de registros de matrícula mercantil de los establecimientos de comercio, cuyos domicilios se ubican
en la zona de la catástrofe urbano – ambiental, derivado de las ejecuciones de las obras públicas
mentadas”.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
La parte demandante manifestó que “la providencia recurrida, repugna a la razón y
a la equidad natural de que una persona, propietaria de un establecimiento de
comercio, acomodándose a un sector comercial con unas expectativas de ventas
legítimas, pueda ser perjudicado, sin derecho a indemnización” por la ejecución de
obras públicas en las zonas donde se encontraban ubicados los demandantes y las
cuales impidieron el cómodo acceso de los clientes a sus establecimientos y
afectaron la libre circulación vehicular y el tránsito tranquilo sobre la vía pública.
Finalmente, aseguró que la sentencia apelada había desconocido la línea
jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado en materia de responsabilidad por
obras públicas, y citó 10 sentencias proferidas entre en año 1976 y el año 2011 y
había incurrido en transgresión del artículo 58 de la Constitución Política respecto a
la protección de la propiedad privada, acusación que sustentó con la sola
transcripción de la norma.
El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante auto proferido el 4 de mayo de 2018 (fl. 39 c. ppal.) y recibido el 25 de
junio del mismo año por Consejo de Estado para el trámite de alzada (fl. 40 c. ppal).
6. La actuación en segunda instancia
Por auto del 3 de agosto de 2018, esta Corporación admitió el recurso de apelación
(fl. 44, c. ppal.) y mediante providencia del 30 de agosto siguiente, se corrió traslado
a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales
y vencido dicho término se dio traslado al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fl. 46, c. ppal.).
6.1. El Área Metropolitana de Barranquilla, dentro del término de traslado solicitó
confirmar la sentencia apelada y reiteró los argumentos de defensa expuestos en la
contestación de la demanda y los alegatos de conclusión presentados en la primera
(fl. 41 -42, c. ppal.).
6.2. La sociedad de Economía Mixta EDUBAR S.A., el Distrito de Barranquilla y el
Ministerio Público guardaron silencio, de conformidad con la constancia visible a
folio 44 del cuaderno principal.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
III. CONSIDERACIONES
7. Competencia del Consejo de Estado
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 129 del C.C.A.
Lo es también en razón de la cuantía, considerando que la mayor de las
pretensiones asciende a $126.700.000, por concepto de lucro cesante y que para
la época de presentación de la demanda -29 de febrero de 1998-, eran susceptibles
de acceder a la segunda instancia ante esta Corporación los procesos promovidos
en ejercicio de reparación directa cuya cuantía excediera de $18´850.0004.
8. Problemas jurídicos a resolver
Con base en los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto por la parte
ejecutada la Sala deberá establecer si:
1. ¿La sentencia de primera instancia incurrió en una indebida valoración del
material probatorio al concluir que no existió prueba del daño antijurídico
reclamado?
2. ¿Incurrió el a quo en una omisión de dirección del proceso, en lo referente a
la práctica de pruebas?
3. En relación con el régimen de imputación ¿Existe una incongruencia en la
sentencia respecto del régimen de imputación aplicado al caso en estudio? E
¿Incurrió la sentencia de primera instancia en una transgresión de la línea
jurisprudencial en materia de imputación de responsabilidad por el desarrollo de
obras públicas?
9. Legitimación en causa
La parte demandante acreditó parcialmente su legitimación en causa por activa, a
través de los certificados de matrícula mercantil (fl. 65- 77 c.1) y los registros civiles
4 Artículo 131 CCA, modificado por el Decreto 597 de 1988.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
de matrimonio y nacimiento (fl. 78- 81, 144 -164) al demostrar calidad de
comerciantes y la propiedad de algunos demandantes sobre los siguientes
establecimientos de comercio ubicados en la zona de influencia de las obras y el
parentesco de algunos de sus familiares con los mencionados propietarios:
i) Distribuidora de Víveres El Labrador de propiedad del comerciante Álvaro
Durán Bayona, ubicado en la calle 30 # 44-13 de la ciudad de Barranquilla (fl 65 -
66 c.1).
ii) Granero Paraíso Yeny, de propiedad del comerciante Henry Amaya
Velásquez, ubicado en la calle 30 # 44-59 de la ciudad de Barranquilla (fl. 67 c.1).
iii) Panadería Brazil 70 de propiedad del comerciante José Santos Rivas,
ubicado en la carrera 45 # 26 -28 de la ciudad de Barranquilla (fl. 68 c.1).
iv) Central de Aceites de propiedad de la comerciante Miriam Hernández De
Garrido, ubicado en la carrera 45B No. 30-02 de la ciudad de Barranquilla (fl. 69-
70, c.1).
v) Supermercado Barranquilla de propiedad de la Comerciante Romelia Patiño
de López, ubicado en la calle 30 # 45B75 de la ciudad de Barranquilla (fl. 70, c.1).
vi) Establecimiento de comercio sin denominación, identificado en la demanda
como La Unión, de propiedad del comerciante Afonso Borja Parejo propietario de
establecimiento de comercio, ubicado en la calle 10 # 44-38 de la ciudad de
Barranquilla (fl. 71).
vii) Pescados y Alimentos Frescos Ya Listos de propiedad del comerciante José
Arnaldo Jassir Agelvis ubicado en la calle 10 No. 44-46 de la ciudad de Barranquilla
(fl. 71-72, c.1).
viii) Supermercado Juan Vergara e Hijos, de propiedad de la Sociedad Juan
Vergara e hijos Limitada Ltda., representada legalmente por el señor Juan Vergara
Carbó, ubicado en la carrera 42 No.30 -02 (fl. 73-74 c.1).
ix) Ostras el Paraíso de propiedad del comerciante Jairo Antonio Huyke
Valencia, ubicado en la calle 10 No. 44 -44 de la ciudad de Barranquilla (fl. 75, c.1).
x) Mercacentro No. 1 y Mercacentro No. 2 de propiedad de la comerciante
María Oliva Gallego de Mauris ubicados en la calle 30 No. 42-15 y 41B-15 de la
ciudad de Barranquilla (fl. 76 -77 c.1)
No se demostró la legitimación en causa por activa del accionante Alcibíades Mejía
Durán, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado
Distribuidora Narua, pues no obra en el expediente certificado de la Cámara de
Comercio de Barranquilla que permita acreditar dicha calidad y, por sustracción de
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
materia, no se encuentra acreditada la legitimación en causa por activa de la señora
Martha Luz Castillo Barón ni el menor Jhon Jairo Mejía Castillo, quienes
demandaron en calidad de cónyuge e hijos del primero. Así como tampoco se
acreditó por cualquier otro medio de prueba la calidad de comerciante ni propietario
del establecimiento de comercio.
Iguales condiciones se predican de los demandantes Lucila Rueda Mojica, quien
demandó invocando la condición de propietaria del establecimiento de comercio
Granero la Fama No. 4, porque no allegó el certificado de cámara de comercio que
permitiera acreditar dicha condición, ni otras pruebas que acreditaran el ejercicio
profesional de actos de comercio, ni tampoco los registros civiles que acreditaran
el parentesco de las personas que acudieron al proceso en calidad de sus hijos 5;
Ubaldo Mauris Rodríguez quien tampoco allegó documento alguno que probara su
calidad de propietario del establecimiento de comercio La Proveedora Flor;
Elizabeth Pacheco de Santos y la menor Shirley Patricia Santos Pacheco respecto
de las cuales no obra documento alguno que demuestre la calidad de cónyuge e
hija del propietario del establecimiento de comercio Panadería Brazil 70; el menor
Noel Darío López Patiño respecto del cual no se acreditó la calidad de hijo de la
señora Miriam Hernández de Garrido propietaria del establecimiento de comercio
Supermercado Barranquilla; Liliana Esther, Alfonso Rafael, Jazmín, Norma y
Franklin Borjas González respecto de los cuales no se allegó certificado de registro
civil que evidenciara su calidad de hijos del señor Alfonso Borja Parejo propietario
de establecimiento de comercio La unión; Teresa de Jesús Borrego Ocampo quien
no aportó al proceso copia del registro civil de matrimonio que acreditara la calidad
de cónyuge del señor José Arnaldo Jassir Agelvis propietario del Establecimiento
de comercio Fresco Ya Listo; Rosiris María Calderín y los menores Martha Cecilia,
Jhon Jairo, Selene María y Abiuth Esther Huyke Calderín respecto de los cuales no
se demostró la condición de cónyuge e hijos del señor Jairo Antonio Huyke
Valencia, propietario del establecimiento de comercio Ostras del Paraíso; así como
no se allegó certificado que acreditara al señor Ubaldo Mauris Rodríguez como
propietario del establecimiento de comercio la Proveedora Flor, ni de cónyuge de
la señora María Oliva Gallego de Mauris, propietaria de los establecimientos de
comercio Mercacentro No. 1 y Mercacentro No. 2, respecto de los cuales sí se
acreditó la calidad de padres del menor Erikson Ubaldo Mauris Gallego.
5 Juan Pablo y Alfredo David Zúñiga Rueda
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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Finalmente, respecto del señor Juan Macario Vergara, quien demandó en su
condición de propietario del establecimiento de comercio Supermercado Juan
Vergara e Hijos, se tiene que éste no demostró la calidad de propietario del
establecimiento de comercio sino de representante legal de la sociedad
Supermercado Juan Vergara e Hijos Ltda., persona jurídica que figura como
propietaria del mencionado establecimiento de comercio. En consecuencia, la Sala
no puede tener por probada la legitimación en la causa por activa del señor Vergara
por cuanto éste es una persona natural que difiere de la persona jurídica que probó
la propiedad sobre el supermercado. En razón de lo anterior y, por sustracción de
materia, tampoco puede tenerse como legitimados en causa a la señora Rebeca
Rivaldo de Vergara y a los señores Luis Alberto y Magdalena del Pilar Vergara
Rivaldo, quienes demandaron en calidad de cónyuge e hijos del representante legal
de la sociedad, sin allegar los certificados de registro civil que acreditaran tal
relación de parentesco.
En consecuencia y dada la inexistencia de certificados mercantiles y otras pruebas
que den cuenta de la calidad de comerciantes de algunos de los demandantes la
Sala procederá a declarar de oficio la falta de legitimación en causa por activa de
los demandantes que no acreditaron la calidad de propietarios de los
establecimientos de comercio que -se afirma- fueron afectados por el desarrollo de
las obras que dieron lugar al presente proceso, así como también de los actores
que no demostraron el vínculo de parentesco con los comerciantes afectados, ello
en atención a que la legitimación en causa constituye un presupuesto fundamental
para proferir fallo de segunda instancia.
En relación con la parte demandada, se encuentra acreditada la legitimación en
causa por pasiva únicamente respecto del Área Metropolitana de Barranquilla, que,
según la certificación obrante a folio 82 del cuaderno No. 1 y los contratos de obra
No. 008 y 009 de 1995 (fl. 85-135), figura como contratante de las obras de
reconstrucción de la calle 30 y de construcción del puente en la intersección de la
calle Murillo con Circunvalar, de la ciudad de Barranquilla, para la fecha de los
hechos (fl 82 -84, c.1).
Ahora bien, en relación con la legitimación en causa por pasiva del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, encuentra la Sala que no tuvo participación en
la celebración de los contratos No. 008 y 009 de 1995, que dieron lugar a las obras
objeto del proceso, así como tampoco obra en el expediente prueba alguna sobre
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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su participación o incidencia en el desarrollo de las mismas motivo por el cual, la
Sala considera acreditada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva
alegada en sede de la primera instancia, razón por la cual procederá a declararlo
de oficio en la parte resolutiva de la presente providencia, como quiera que la
legitimación en causa es un presupuesto procesal para proferir fallo de segunda
instancia.
Iguales consideraciones se realizarán respecto del la Empresa de Desarrollo
Urbano de Barranquilla S.A., sociedad de economía mixta de carácter distrital sobre
la cual si bien se acreditó su existencia (fl. 136- 139 del c.1), no se allegó por los
accionantes prueba alguna que evidenciara su participación en la contratación y
ejecución de las obras que dieron lugar al presente proceso.
10. Del ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación
permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos6.
Esta Corporación ha señalado que el cómputo del término de caducidad puede
estar sujeto al momento en el cual el interesado tuvo conocimiento de este, o desde
su cesación, cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada 7.
En el presente asunto, la responsabilidad patrimonial se hizo recaer en el desarrollo
de obras públicas con ocasión de la reconstrucción de la calle 30 y el caño de
Mercado en la ciudad de Barranquilla. Se mencionó en la demanda que el
desarrollo de dichas actividades por parte de la Administración pública, impidió el
acceso de los clientes a los diferentes establecimientos de comercio de propiedad
de los demandantes lo que dio lugar a la disminución de las ventas y el cierre de
algunos establecimientos.
6 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior”.
7 Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 22 de marzo de 2007, exp. 2005-
04726-01(32.935), M.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez; y sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
1997-08009-01(20316), M.P. Hernán Andrade Rincón.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
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Sobre la duración de las obras que dieron lugar al proceso se encuentra que de
conformidad con las certificaciones expedidas por funcionarios del Área
Metropolitana, el 11 de mayo de 1996 (fl. 83, c1) y el 4 de junio de 1997 (fl. 84. c.1),
los trabajos de reconstrucción de la calle 30 se ejecutaron en los siguientes
periodos:
i) El sector I (calle 30 entre las carreras 46 a la 44) correspondiente al contrato No.
008 de 1995, fue ejecutado por la firma Compacar Ltda, entre el 14 de junio de 1995
y el 30 de noviembre de 2016.
ii) El sector III correspondiente al contrato No. 009 de 1995 (calle 30 entre carrera
44 hasta la 41B), ejecutado por el Consorcio Urbanizadora y Constructora Osario
Ltda. - Orcaribe Ltda. – Carlos Vengal Pérez – Gractecnicas Ltda., inició el 4 de
julio de 1995 y al 4 de junio de 1997 no habían culminado.
iii) El Sector III (Calle 30 entre carrera 41 B hasta la 38) se encontraba en ejecución
para el 4 de junio de 1997.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala entiende que para el 4 de junio de 1997,
fecha de expedición de la certificación, el Área Metropolitana de Barranquilla
continuaba ejecutando obras de reconstrucción de la calle 30, esto es, para dicha
fecha la perturbación causada a los demandantes no había cesado. Por ese motivo
se tomará esta última fecha para el conteo del término de 2 años para acudir ante
la jurisdicción, el cual precluyó el 5 de junio de 1999.
Así las cosas y dado que la demanda fue presentada el 29 de febrero de 1998, esto
es, antes de la preclusión del término para acudir a la jurisdicción, concluye la Sala
que la acción se ejerció de forma oportuna.
11. ¿La sentencia de primera instancia incurrió en una indebida valoración
del material probatorio al concluir que no existió prueba del daño antijurídico
reclamado?
La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por
considerar que la parte actora no probó la existencia del daño antijurídico. Entre los
motivos de apelación, la parte actora acusa una indebida valoración del material
probatorio allegado al proceso.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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En efecto, acusó una omisión de valoración de los certificados de matrícula
mercantil expedidos por la Cámara de Comercio de Barranquilla que fueron
aportados con la demanda, los cuales, a su entender constituían la prueba del daño
mismo. De igual manera, la parte recurrente imputa al a quo una omisión de
valoración de las fotografías aportadas al proceso, de los testimonios y de las notas
de prensa.
De conformidad con lo anterior, la Sala procede a revisar el material probatorio
allegado al proceso de cara a los cargos formulados por la parte recurrente, a
efectos de determinar si la sentencia de primera instancia incurrió en una indebida
valoración del material probatorio.
De conformidad con la demanda, el daño antijurídico cuya reparación se reclama
consistió en la disminución patrimonial o afectación en sus ingresos por concepto
de reducción en las ventas, la quiebra y la venta de establecimientos de comercio
por un menor valor, derivados de la ejecución de una obra pública.
Para determinar si existió o no una indebida valoración de los certificados de
matrícula mercantil allegados al proceso, es necesario tener en cuenta que de
conformidad con el artículo 26 del Código de Comercio, en el Registro Público
Mercantil se lleva la relación de la matrícula de los comerciantes, de sus
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.
Observa la Sala que los certificados aportados por la parte actora (fl. 65 -77, c.1)
corresponde a los de matrícula mercantil de persona natural, la cual de conformidad
con la jurisprudencia de esta Corporación 8 tiene por objeto hacer pública la
condición de profesional de comerciante y la de informar a través de ella de todas
las situaciones que pueden interesar a los terceros que negocian con él.
En consecuencia, a partir de ellos solamente se puede inferir que las personas
inscritas tienen la calidad de comerciante, esto es, que se dedica a realizar
8 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 27 de mayo de 2004, expediente radicado No.
25000-23-26-000-2002-11518-01(26423). C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido
véase la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, proferida el 2 de agosto
de 2012, en el proceso radicado No. 11001-03-27-000-2010-00051-00 (18578) C.P. William Giraldo
Giraldo.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
profesionalmente actividades mercantiles de conformidad con lo reglado en el
artículo 10 del Código de Comercio.
En razón de lo anterior, la Sala estima que no es procedente el argumento formulado
por la parte actora en sede del recurso de apelación, en el sentido de afirmar que el
daño se encuentra probado con los certificados de matrícula mercantil allegados
con la demanda, pues ellos de conformidad con la ley dan cuenta de una calidad
profesional de una persona, lo cual de acuerdo con la lógica no puede ser
confundido con el daño mismo.
De conformidad con el contenido de la demanda, el daño deviene de la limitación
que se produjo al desarrollo de una actividad mercantil, con ocasión de la ejecución
de obras contratadas por el Área Metropolitana de Barranquilla. Sobre el particular,
se encuentra que la mencionada entidad celebró dos contratos de obra (fl. 85 -135,
c.1):
El primero, identificado con el No. 008 de 1995, sin fecha de suscripción legible,
celebrado por el Área Metropolitana y la sociedad Compacar Ltda. de la ciudad de
Barranquilla cuyo objeto fue “(…) la reconstrucción de la calle 30 entre las carreras
46 y 41B de la ciudad de Barranquilla, sector correspondiente al grupo I Abscisas
K0 +000 al K0 i(…)” (fl 85 c.1).
Y el segundo, identificado con el No. 009 de 1995 suscrito el 7 de abril de 1995,
entre el Área Metropolitana de Barranquilla y el consorcio Urbanizadora y
Constructora Osorio Ltda. – Orcaribe Ltda. - Carlos Vengal P. – Grantecnicas Ltda
el cual tuvo por objeto “(…) la Reconstrucción de la calle 30 entre carreras 46 y 41
B de la ciudad de Barranquilla, sector correspondiente al Grupo II Abscisas K0+326
al K0+712 (…)”.
En relación con las obras del Caño del Mercado, se observa que el 22 de mayo de
1996, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (fl. 141, c.1) a través de
oficio No. 000457 dio respuesta a un derecho de petición al apoderado de la parte
demandante, a través del cual remitió entre otros documentos copia del contrato de
obra pública No. 006 de 1995, suscrito entre dicha entidad y la Unión Temporal
Gercón ltda -Equipo Universal -Sergio Torres Reátiga, cuyo objeto fue la
canalización del Caño del mercado y copia del acta de inicio de la obra con fecha
del 22 de enero 1996; sin embargo, revisado el contenido del expediente
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
reconstruido no obra en el proceso la minuta del negocio jurídico ni la mencionada
acta, razón por la cual no es posible establecer el objeto del contrato ni mucho
menos el alcance y zona de influencia de dicha obra.
Al examinar los anteriores documentos en conjunto con las certificaciones sobre el
tiempo de ejecución de las obras remitidas por el Área Metropolitana de Barranquilla
(fl 83 – 84, c.1)9, se tiene que dicha entidad realizó las obras de reconstrucción de
la Calle 30, entre el 14 de junio de 1995 y el 4 de junio de 1997, sin embargo tales
pruebas no dan cuenta de cierres totales o parciales de las vías.
El daño, esto es, la quiebra de algunos establecimientos de comercio, la venta por
menor valor de otros y la disminución de los ingresos por ventas, de conformidad
con la demanda y los incidentes de nulidad presentados por la parte actora se
pretendió demostrar también a partir de la prueba testimonial. En relación con este
punto, la Sala advierte que si bien la parte actora solicitó la declaración de 42
testigos, dicha prueba fue limitada en sede de la primera instancia a 8 declaraciones
de las cuales sólo se pudieron practicar 2 testimonios, en atención a que los
declarantes no comparecieron, pese a haber sido citados.
El primer testigo que declaró fue el señor Amir de Jesús Vidal Espitia (fl. 306-
309,c.1), quien sobre hechos de la demanda señaló:
Contestó: Me consta cuando construyeron la calle 30 desde la carrera 46 hasta
la carrera 41, no podía uno transitar porque había mucho escombro que no
dejaba pasar a uno, entonces los propietarios tuvieron pérdidas por la
construcción de la calle 30. Fuera de eso, no habían terminado la calle 30
cuando cogieron el caño y entonces tiraron ese barría (sic) para un lado, eso
era peor por el olor de dicho barro, eso comenzaron desde el 95 y vinieron a
terminar hasta el 96 al 97. Agrega que los propietarios tuvieron pérdidas
millonarias por cuanto eso fue una cosa que los perjudicaron. En la calle 10
también pasó lo mismo, también fue otro lugar donde los dueños presentaban
malos olores a medida que tapaban la vía para uno transitar.
Magistrado: Qué calidad ostentaba usted para constarle los hechos de la
demanda, es decir, trabaja en el sector, trabajaba o era de uno de los
establecimientos de comercio asentados alrededor de la calle 30.
Testigo: Yo era trabajador, yo iba a comprar mercancía a los locales y uno no
podía cruzar la calle 30 por haber mucho escombro y con el lodo ese que
casaron (sic) del caño aún fue peor.
9 A los que se hizo mención en el capítulo donde se estudió el ejercicio oportuno de la acción.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
En el mismo sentido la señora Élida Milagro De La Hoz Pozuelo (fl. 312 -313 c.1)
manifestó:
El testigo: Me consta que ellos fueron perjudicados por esta obras (sic) que
hizo el Distrito puesto que cuando hicieron los arreglos o reconstrucción en la
carretera entre las carreras 46 hasta la carrera 41, están ellos situados (sic),
porque como son locales comerciales, o sea iban muchos vehículos y muchos
peatones a comprar ahí, la incomodidad de ir a acercarse por la cantidad de
escombros que estaba tapando parte de los negocios o tapando las calles,
pues la venta no eran las mismas para el señor Hassir (sic), señor Hayke, el
señor Alfoso Borja, Las ventas bajaron en gran manera, lo cual causó mucha
pérdida, eso fue referente a la carretera sin hablar de la canalización del arroyo.
Tumbaron las colmenas que estaban frente a las aceras y hay (sic) depositaron
todos los escombros y desechos extraídos del caño, entonces se puede
imaginar quién va a comprar con esos olores fétidos y basuras, lo que veo que
ocasionó muchos daños en los negocios de ellos tanto fue así que eso estuvo
tan malo que los negocios tuvieron que cerrar porque eso se demoró. El señor
Jassir, que fue con el que más tiempo estuve porque fui empleada de él como
mensajero fue uno de los que más sufrió y me consta que por esa causa sufrió
mucho estrés mucha preocupación, tanto así que se le subió tanto la
preocupación que se volvió hipertenso, aparte de todo el dinero que perdió en
eso.
Apoderado judicial preguntado: Recuerda usted a qué distancia aproximada
colocaron las pilas de material extraído del caño con relación a los negocios de
Alfonso Borja, Jairo Huyke y Arnaldo Jassir, los cuales usted ha mencionado
en su declaración.
Contestó: Como a unos tres (3) metros aproximadamente.
Preguntado: Recuerda usted qué tiempo aproximado duraron las obras de
reconstrucción de la calle 30 y la canalización del caño del mercado.
Contestó: Entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses de obras. (…)
Los anteriores testimonios dan cuenta de una perturbación en la vía pública con
ocasión de las obras realizadas por las entidades demandadas, sin embargo, ello
comporta la identificación del hecho del que se hace derivar el daño, pero no del
daño mismo.
La parte demandante identifica en la demanda como daño antijurídico la disminución
patrimonial o afectación en sus ingresos por concepto de reducción en las ventas,
la quiebra y la venta de algunos establecimientos de comercio por un menor valor,
pero dicho conocimiento no puede predicarse de un cliente que realizaba sus
compras en el lugar ni mucho menos de un mensajero que no acredita la realización
de actividades de atención al público, caja o contaduría.
En relación con la valoración realizada por el Tribunal respecto de la declaración del
señor Vidal Espitia, estima la Sala que la misma se hizo en debida forma, dado que
su generalidad no permite identificar de manera cierta el daño, como quiera que no
brinda información sobre los establecimientos de comercio de los cuales era
visitante regular y que, en su criterio, redujeron considerablemente sus ventas, así
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
como tampoco menciona cuáles establecimientos fueron objeto de venta por un
menor valor ni cuáles cerraron.
Considera la Sala que el daño pudo ser demostrado en el proceso a través de otros
medios de prueba que se encontraban en poder de la parte actora y que no fueron
allegados al proceso, tales como copia de sus libros de comercio, registros
contables, declaraciones de renta o certificaciones de sus contadores, que
permitieran evidenciar la disminución del ingreso de los comerciantes o la
afectación, quiebra, situación que no ocurrió dentro del presente asunto y que se
reprocha en gran medida dado que los demandantes, de conformidad con los
numerales 3 y 4 del artículo 1910 del Código de Comercio, estaban obligados a llevar
su contabilidad regular, conservar la correspondencia y documentos relacionados
con su negocio e inscribir sus libros de comercio.
Si bien dentro del presente asunto, la parte demandante solicitó la práctica de una
prueba pericial contable que fue decretada en sede de la primera instancia,
encuentra que la misma no logró ser practicada pese a haberse designado por el
Tribunal más de 5 peritos. Si bien la parte demandante solicitó requerir al primer
perito designado para que se posesionara ante el Tribunal, guardó una actitud
pasiva cuando se designó a los 4 peritos restantes frente a los cuales tampoco se
logró su comparecencia.
Además de lo anterior, guardó silencio cuando el a quo ordenó cerrar la etapa
probatoria y dio traslado para alegatos de conclusión, dado que no presentó recurso
de reposición contra dicha providencia, lo que da lugar a entender que estuvo de
acuerdo con la decisión del tribunal de terminar el periodo probatorio, sin haberse
practicado la totalidad de las pruebas a cargo de la parte demandante.
Tampoco se consideran procedentes las acusaciones de omisión de valoración del
material fotográfico allegado al proceso (fl. 183 -190 c.1), del cual solo reposan
fotocopias a blanco y negro, sobre las que no hay certeza sobre su ubicación, ni
mucho menos referencia sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
10 ARTÍCULO 19. <OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>. Es obligación de todo
comerciante: // 1) Matricularse en el registro mercantil; // 2) Inscribir en el registro mercantil todos los
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; // 3) Llevar contabilidad
regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; // 4) Conservar, con arreglo a la ley,
la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; // 5)
Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles,
y // 6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.”
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
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fueron tomadas las imágenes. Advirtiendo además que en las audiencias de
reconstrucción del expediente (fl. 230 y 259 c.1) no se consignó objeción ni precisión
alguna de las partes sobres las pruebas reconstruidas y en las audiencias de
testimonios no se hizo por parte de los declarantes un reconocimiento del material
fotográfico aportado con la demanda11.
Respecto al cargo de omisión de valoración del contenido de los reportajes de
prensa, encuentra la Sala que a folio 140 del cuaderno No. 1 se aportó una copia
parcial de un reportaje elaborado por el señor “Jorge Mariano” titulado Protestas por
la parálisis en la calle 30, sin que pueda establecerse dónde y cuándo fue publicado.
Esta Corporación ha adoptado la línea jurisprudencial 12 conforme a la cual las
publicaciones de prensa solo demuestran la narración de una historia en un medio
de comunicación, pero no dan cuenta de la veracidad de su contenido, en especial,
aquello referido al cierre de establecimientos de comercio y a la disminución de las
ventas, como quiera que el resto del material probatorio no da certeza de estos
daños respecto de los demandantes.
Finalmente, observa la Sala que la parte actora en sede del recurso de apelación
acusó a la sentencia de primera instancia de ser contraria a la razón y a la equidad
natural por no tener en cuenta la expectativa de ventas que tiene todo comerciante.
Sobre este punto se pone de presente que una de las características para que el
daño sea indemnizable, es que el mismo sea cierto, característica que tampoco fue
demostrada en el plenario, dado que los demandantes no probaron, teniendo la
posibilidad de hacerlo, cuál era su ingreso con anterioridad al inicio de las obras, ni
avalúos sobre los establecimientos de comercio que fueron vendidos.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el necesario concluir, que ante
la falta de prosperidad de los anteriores cargos de apelación, la sentencia de
primera instancia no incurrió en una indebida valoración del material probatorio
allegado al proceso, como quiera que no se logró acreditar la existencia de un daño
antijurídico en cabeza de los demandantes.
11 En gracia de discusión, en caso de que el material probatorio allegado hubiese podido ser
valorado, encuentra la Sala que en razón a la defectuosa calidad de la imagen tampoco es posible
verificar el nombre de la mayoría de establecimientos de comercio que fueron afectados por las
obras, además de que en las reproducciones aprecian locales comerciales abiertos y afluencia de
particulares.
12 Al respecto véase las sentencias de 8 de noviembre de 2021 proferida en el proceso radicado No.
66001-23-31-000-2009-00074-01 (52915), 13 de agosto de 2021,13001-23-31-000-2004-01451-01
(42879), de 10 de septiembre de 2021 proferida en el proceso radicado No. 76001-23-33-000-2012-
00449-01(57409), proferidas por esta Subsección.
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
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2. ¿Incurrió el a quo en una omisión de dirección del proceso, en lo
referente a la práctica de pruebas?
En el recurso de alzada la parte actora reprocha al tribunal de primera instancia la
falta de ejercicio de los poderes de dirección e instrucción del proceso al no decretar
la totalidad de las pruebas solicitadas por la parte demandante.
Sobre el particular, encuentra la Sala que la limitación de la prueba testimonial es
procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 219 del Código de Procedimiento
Civil13, la cual dentro del presente asunto tuvo plena justificación en atención a que
la parte demandante al solicitar la declaración de 42 testigos no especificó cuál era
el objeto de la comparecencia de cada uno de los declarantes, motivo por el cual el
a quo entendió que las 42 declaraciones tenían el mismo objeto.
Considera la Sala que el Tribunal en razón de sus poderes de dirección del proceso
no estaba obligado a suplir las deficiencias de técnicas probatorias en las que
incurrió la parte actora al solicitar las declaraciones de testigos, ni mucho menos
decretar de oficio pruebas que pudo haber allegado como la información que
reposaba en sus libros de comercio, pues los poderes de dirección del juez no
pueden sustituir las obligaciones de carga de la prueba que tienen a su cargo las
partes del proceso.
Así mismo se le reprocha a la parte actora no haber recurrido el auto por el cual se
dio cierre a la etapa probatoria y se procedió a dar traslado para alegatos de
conclusión, lo que denota una conformidad sobre la decisión de cierre del periodo
probatorio aun sin haberse agotado la práctica de las pruebas que habían sido
legalmente decretadas. Además de que tampoco insistió en la práctica de dicha
prueba en sede de la segunda instancia, pese a que tenía la posibilidad de hacerlo
con fundamento en el artículo 214 del C.C.A. como quiera que el dictamen pericial
no se pudo practicar en primera instancia por causas ajenas a la parte actora.
13 ARTÍCULO 219. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. <Artículo
derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de
2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cuando se pidan testimonios
deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el
objeto de la prueba. // El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere
suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá
recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en
los artículos 180 y 361. (negrilla de la Sala)
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
Es por lo anterior, que la Sala estima que el Tribunal de primera instancia no incurrió
en una omisión de dirección del proceso, en lo referente a la práctica de pruebas,
motivo por el cual se desestima el cargo de apelación.
3. ¿Existió una incongruencia en la sentencia respecto del régimen de
imputación aplicado al caso en estudio? e ¿Incurrió la sentencia primera
instancia en una transgresión de la línea jurisprudencial en materia de
imputación de responsabilidad por el desarrollo de obras públicas?
La apelante sostuvo que la sentencia recurrida era incongruente por cuanto lo
resuelto fue contrario al régimen de imputación citado en la parte motiva del fallo, lo
que daba lugar a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas por
violación al principio de igualdad de las cargas públicas.
Estima la Sala que el cargo de apelación presentado por la parte actora carece de
fundamento, toda vez que en el presente asunto, el Tribunal no abordó el estudio
del régimen de imputación en el caso concreto, como quiera que no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico, el cual de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución Política constituye un presupuesto fundamental para imputar
responsabilidad a las entidades públicas.
En consecuencia y dada la inexistencia de la prueba del daño en el caso en
concreto, no se entrará a estudiar la imputación del mismo a partir de la línea
jurisprudencial construida sobre la responsabilidad por obra pública.
En síntesis, la Sala declara la falta de legitimación en la causa por activa de los
señores, Alcibíades Mejía Durán, Martha Luz Castillo Barón, Jhon Jairo Mejía
Castillo, Lucila Rueda Mojica, Ubaldo Mauris Rodríguez, Elizabeth Pacheco de
Santos, Shirley Patricia Santos Pacheco, Noel Darío López Patiño, Liliana Esther,
Alfonso Rafael, Jazmín, Norma y Franklin Borjas González, Teresa de Jesús
Borrego Ocampo, Rosiris María Calderín, Martha Cecilia, Jhon Jairo, Selene María
y Abiuth Esther Huyke Calderín, Ubaldo Mauris Rodríguez, Juan Macario Vergara,
Rebeca Rivaldo de Vergara, Luis Alberto y Magdalena del Pilar Vergara Rivaldo, y
también la falta de legitimación en causa por pasiva del el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla -Secretaría de Obras Públicas y de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranquilla EDUBAR, así como la falta de prueba del daño
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Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00293-01 (61813)
Actor:ÁLVARO DURAN BAYONA Y OTROS
Demandado: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -REPARACIÓN DIRECTA – CCA.
en relación con los demás demandantes y, por tanto, negará la totalidad de las
pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas de segunda instancia
Como quiera que en el presente asunto no se verifica la existencia de temeridad o
mala fe, la Sala se abstendrá de proferir condena en costas, en atención a lo
dispuesto por el artículo 171 del C.C.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el 23 de marzo de 2018.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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