Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2009-00074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2009-00074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-31-000-2009-00074-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
13 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Dosquebradas y la ANI contra la sentencia (…), proferida por el Tribunal Administrativo (…), toda vez que la cuantía procesal, fijada por la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma vigente para la fecha de presentación de la demanda para tal efecto.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUERTE DE PEATÓN / LESIONES PERSONALES / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO /
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los demandantes no solo reclamaron la indemnización de los perjuicios que se les habrían ocasionado con la muerte (…) sino, además, los causados (…) “tiempo durante el cual sobrevivió al accidente con lesiones graves, ocasionándole perjuicios trasmisibles a sus sucesores”.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUERTE DE PEATÓN / MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / LESIONES PERSONALES / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
El término de caducidad de los perjuicios causados por la muerte (…) comenzó a correr a partir del día siguiente al de su fallecimiento, (…) y como esta se presentó (…), es forzoso concluir que resultó oportuna. (…) El término de caducidad de los perjuicios causados por las lesiones cerebrales causadas en vida a la víctima comenzó a correr a partir del día siguiente al del accidente de tránsito, (…) la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial (…), momento en el cual suspendió el término de caducidad (…) y como la demanda se presentó ese mismo día, también resultó oportuna en este aspecto.
DOCUMENTO PERIODÍSTICO / ARTÍCULOS DE PRENSA / PUBLICACIÓN EN PRENSA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRUEBA DOCUMENTAL / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DE LAS PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS / PRINCIPIOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO
Se considera necesario señalar que, si bien en el expediente reposan copias de las páginas de varios periódicos, de conformidad con la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación del 29 de mayo de 2012, la información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los documentos periodísticos, ver sentencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
FOTOGRAFÍA / AUTORIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA / RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA - Improcedente / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA - Desconocimiento / ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Los demandantes allegaron con la demanda 35 fotografías en las que se aprecia el lugar en donde supuestamente ocurrió el accidente y su flujo vehicular. La Sala debe precisar que pese a que se aseguró que fueron tomadas por (…) [el señor] (…), se desconocen las condiciones de tiempo y lugar en que ello sucedió, motivo suficiente para concluir que carecen de mérito para probar el estado del escenario de accidente de tránsito para el (…) día en el que sucedieron los hechos.
PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / INFORME DEL DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
En la demanda se solicitó la práctica de una prueba pericial, así (…): La anterior prueba se decretó en primera instancia (…), para cuyo propósito se designó al perito (…), quien rindió un informe que fue incorporado al expediente (…), en el cual analizó, de forma detallada y en horas de alto tránsito peatonal y vehicular, el lugar en el que acaeció el accidente de tránsito. El perito proporcionó información (…). Del referido dictamen se corrió traslado a las partes, oportunidad en la cual guardaron silencio.
RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / CAUSA EXTRAÑA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE UN TERCERO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CONFIGURACIÓN DE LA CAUSA EXTRAÑA / RUPTURA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRINCIPIO DE EFICIENCIA PROCESAL / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En conflictos como el analizado, en el que se alega en la apelación la materialización de causas extrañas como el hecho exclusivo de la víctima y/o el de un tercero, esta Subsección ha establecido que no es necesario que el juzgador determine el título de imputación aplicable por dos razones. La primera porque la competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por la parte demandada en contra de la decisión adoptada en primera instancia. La segunda es que, de encontrarse acreditado alguno de tales eximentes de responsabilidad, se rompería el nexo de causalidad necesario entre la actuación de las demandadas y el daño reclamado, circunstancia que impediría efectuar una atribución jurídica a las accionadas. (…) [C]on el objetivo de prohijar los principios de economía y eficiencia procesal, esta Subsección ha iniciado el estudio de imputación a partir de la posible configuración de causas extrañas.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los eximentes de responsabilidad patrimonial del Estado, ver sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
ACCIÓN DE TUTELA / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRUEBA DOCUMENTAL / ORDEN JUDICIAL DE JUEZ DE TUTELA / DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
En esta oportunidad, y porque así lo definió el juez de tutela, esta Subsección valorará las declaraciones rendidas por los ingenieros (…), acatando la orden dada en la sentencia de tutela (…), en la que se sostuvo que sus dichos podrían incidir “eventualmente” en el sentido de esta decisión.
TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO TÉCNICO / TESTIGO TÉCNICO / PRÁCTICA DEL TESTIMONIO TÉCNICO / CONCEPTO TÉCNICO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
[E]n la demanda se solicitó el “testimonio técnico” (…). ambos sujetos conocían, por su trabajo, la vía escenario de los hechos e hicieron un relato que interesa a la Sala para resolver el litigio. (…) [E]l artículo 227 del Código de Procedimiento Civil permite, de manera excepcional, que el testigo emita conceptos técnicos, cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia de su declaración, tipo de prueba que ha sido denominada por la doctrina y la jurisprudencia como “testimonio técnico”. (…) [Q]uienes se refirieron, de manera general, a las características y condiciones de la avenida escenario del accidente de tránsito, se encontraban habilitados para emitir opiniones especializadas en las respuestas a sus interrogatorios, por sus conocimientos técnicos en el área de la ingeniería civil.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 227
MANUAL PARA LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO / OBLIGACIÓN DE LA SEÑAL PREVENTIVA DE TRÁNSITO / NORMAS DE TRÁNSITO / NORMATIVIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / SEMÁFORO / SERVICIO DE SEMÁFOROS
De conformidad con el Manual de Señalización Vial adoptado mediante la Resolución 1050 de 2004, la colocación de un dispositivo en particular y en una localización determinada se basa en un estudio de ingeniería vial identificado como proyecto de señalización o de semaforización que busca orientar a las autoridades responsables sobre el correcto uso de los dispositivos para regular el tránsito y prevenir accidentes.
FACULTADES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO TÉCNICO / TESTIGO TÉCNICO / PRÁCTICA DEL TESTIMONIO TÉCNICO / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
[E]sta Corporación ha determinado que el juez, además de aplicar los criterios de la sana crítica que acompañan la valoración del testimonio técnico, “debe valorar la relación detallada del método científico que soporta su opinión, que ese concepto se ajuste a los principios de la ciencia y arte, que sea conducente en relación con el hecho que se pretende probar y que esté debidamente fundamentado”.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el testimonio técnico, ver sentencia del 19 de noviembre de 2020, Exp. 41419, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / INFORME DEL DICTAMEN PERICIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VÍA PÚBLICA / PELIGRO DE LA VÍCTIMA / PELIGROSIDAD / AUSENCIA DE PUENTE PEATONAL / ATROPELLO DE PEATÓN / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL / CRUCE PEATONAL / PASO PEATONAL / PEATONALIZACIÓN VIAL / ZONA DE CIRCULACIÓN PEATONAL
[L]o que sí quedó plenamente acreditado con el dictamen pericial, las declaraciones rendidas por los ingenieros (…) -que merecen credibilidad, porque corresponden a conocimientos técnicos-, por los periodistas (…) y las estadísticas de accidentalidad suministradas por la Secretaría de Movilidad fue que el escenario del accidente era una vía que, al menos para la época de los hechos, contaba con alto flujo vehicular y que ello ahondaba en su peligrosidad, aspecto último que podía aminorarse con la construcción de un puente peatonal elevado y/o de un separador vial, pues estas estructuras viales permitían garantizar una mayor seguridad a los peatones y evitar que los conductores realizaran “giros irregulares” en sus vehículos.
FACULTADES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en determinar que los jueces pueden apreciar si el acontecimiento -en este caso, la peligrosidad de la vía- tuvo incidencia en la producción del daño para que sea catalogado como causa del mismo. (…) [E]l juez debe valorar todas las pruebas aportadas y también tiene la facultad de otorgarles mérito probatorio a cada una de estas, según la normativa vigente y la aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, siempre que sus conclusiones no se alejen de la lógica de lo razonable o atenten contra la evidencia.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el análisis de las pruebas por el juez, ver sentencia del 11 de septiembre de 1997, Exp. 11764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
MEDIOS DE PRUEBA / TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS POR EL JUEZ / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS POR EL JUEZ - Estudio riguroso de los testimonios sospechosos
Pese a que (…) [l]a (…) declaración puede considerarse como sospechosa, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, porque (…) [el señor] (…) fue quien atropelló con su vehículo (…) y le asistía interés en procurar que su situación fuera favorable y en no autoincriminarse, la Sala valorará su versión de los hechos con mayor rigor, teniendo en cuenta las demás pruebas que reposan en el expediente.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 217
INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO / INFORME DE TRÁNSITO / INFORME POLICIAL DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / TRÁNSITO DEL VEHÍCULO / REGLAMENTACIÓN DEL TRÁNSITO DEL VEHÍCULO POR ZONA URBANA / ATROPELLO DE PEATÓN / CRUCE PEATONAL / MUERTE DE PEATÓN / ZONA DE CIRCULACIÓN PEATONAL
Consultado el plano o croquis del accidente elaborado por el agente de tránsito, la Sala destaca dos aspectos. El primero, que, por la posición (…) al momento del impacto, es claro que se encontraba cruzando la vía por una zona destinada, de forma preferente, al tránsito de vehículos. El segundo, que, aunque en el lugar donde ocurrió el accidente no existía un paso peatonal a desnivel, como un puente o un túnel, lo cierto es que a unos pocos metros del lugar del suceso había un paso peatonal a nivel, es decir, una zona de la calzada delimitada por marcas especiales, con destino al cruce de peatones.
INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSALES DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / HECHO DE LA VÍCTIMA / CULPA DE LA VÍCTIMA / ACREDITACIÓN DEL HECHO DE LA VÍCTIMA / APLICACIÓN DEL HECHO DE LA VÍCTIMA / INFRACCIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO / ATROPELLO DE PEATÓN / CRUCE PEATONAL / MUERTE DE PEATÓN / TRÁNSITO DEL VEHÍCULO
[S]e concluye la inobservancia por parte de (…) [la víctima] (…) de tres normas de tránsito contenidas en la Ley 769 de 2002: del artículo 55, que dispone que toda persona que tome parte en el tránsito debe comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás ciudadanos; del artículo 57, que señala que el tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos y que cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular lo debe realizar cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo y del artículo 58,que establece que los peatones no pueden cruzar por sitios no permitidos y/o cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales. Entonces, el daño resulta imputable, tanto jurídica -dado que se presentó una vulneración al Código de Tránsito vigente para la época de los hechos- como objetivamente -en tanto surgieron en el terreno fáctico deficiencias en su conducta que llevaron al accidente- a la conducta asumida por la víctima (…), quien, no sobra decir, era responsable de su seguridad y asumió los riesgos que el despliegue de su actuación imprudente implicaba.
FUENTE FORMAL: LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 55 / LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 57 / LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 58
HECHO DEL TERCERO / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DEL HECHO DEL TERCERO / AUSENCIA DE PRUEBA / REQUISITOS DEL HECHO DEL TERCERO / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / MOTOCICLETA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA
[L]a Sala no pierde de vista que también hubo participación en la causación del daño por parte de un tercero, pues se estableció que (…) [el señor] (…) atropelló (…), mientras conducía la motocicleta (…). Se observa que lo anterior no fue negado por ese señor, tanto así que en la diligencia de recepción de testimonios y cuando se le preguntó acerca del accidente lo aceptó, de manera libre y voluntaria. No obstante lo anterior, la Sala no cuenta con elementos probatorios para determinar su grado de participación en los hechos objeto de estudio.
CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE DE PEATÓN / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN DE TRANSITO / INFRACCIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO
La Sala revocará la decisión apelada, porque la causa eficiente del accidente de tránsito fue la imprudencia del peatón (…), quien decidió cruzar la carretera, de un lado a otro, sin tomar las medidas de precaución pertinentes y, al hacerlo, fue atropellado por una moto que transitaba por ese sitio, con el agravante de que a pocos metros del lugar del accidente había un paso peatonal a nivel.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-31-000-2009-00074-01(52915)
Actor: ÁLVARO MUÑOZ CARDONA Y OTROS
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / vehículo atropelló a peatón / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EFICAZ- no se acreditó / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO - se produjo como consecuencia del actuar de la víctima.
La Subsección profiere la sentencia ordenada en el fallo de tutela del 8 de julio de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuya parte resolutiva dispuso: “dejar sin efectos la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado” y “ordenar (…) que profiera nueva decisión con base en los argumentos expuestos en la presente providencia dentro de los 15 días siguientes al recibo de la notificación de esta”.
Como consecuencia, procede la Sala a decidir nuevamente los recursos de apelación interpuestos por la ANI y el municipio de Dosquebradas contra la sentencia del 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, así (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
1. DECLÁRESE no probada la excepción de caducidad propuesta por la llamada en garantía QBE Seguros.
2. DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Instituto Nacional de Vías INVÍAS, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. DECLÁRESE no probadas las demás excepciones formuladas por parte del municipio demandado, el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y la llamada en garantía QBE Seguros.
4. DECLÁRESE al municipio de Dosquebradas y a la Agencia Nacional para la Infraestructura - ANI (antes Instituto Nacional de Concesiones INCO) solidaria y administrativamente responsables por las lesiones y la muerte del señor Héctor Muñoz Robledo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE al municipio de Dosquebradas y a la Agencia Nacional para la Infraestructura - ANI (antes Instituto Nacional de Concesiones INCO) a pagar solidariamente las siguientes indemnizaciones:
5.1. Por perjuicios morales: a favor de la sucesión del señor Héctor Muñoz Robledo la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sentencia. En favor de Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno.
5.2. Perjuicios por daño a la vida de relación: a favor de la sucesión del señor Héctor Muñoz Robledo la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia. En favor del señor Álvaro Muñoz la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de esta sentencia, y de la señora Francy Lorena Muñoz Cardona la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
6. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
7. Sin costas en esta instancia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este fallo.
8. Las entidades estatales demandadas le darán cumplimiento al presente fallo en el término referido en el artículo 176 del CCA. De no atenderse a ello, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra, dando aplicación a lo señalado en la parte considerativa.
9. La condena aquí reconocida devengará intereses comerciales y moratorios de conformidad con el artículo 178 del C.C.A.
SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de febrero de 2007 se presentó un accidente de tránsito en la carrera 10 con calle 70, en el municipio de Dosquebradas, incidente en el cual el vehículo particular de placas SNY-27 atropelló al peatón Héctor Muñoz Robledo, quien, como consecuencia de las lesiones ocasionadas, falleció el 2 de junio de 2007. Por lo anterior, sus familiares solicitaron la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas porque, a su juicio, la ausencia de un paso peatonal a desnivel, de separador central y de señalización “eficaz” en la vía en donde se presentó el accidente fueron los factores determinantes en la producción del resultado lesivo.
II. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
En escrito presentado el 24 de abril de 2009, Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías (en adelante Invías), el Instituto Nacional de Concesiones (en adelante INCO) y el municipio de Dosquebradas, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de Héctor Muñoz Robledo, como consecuencia de un accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Dosquebradas el 5 de febrero de 2007.
Por lo anterior, solicitaron las siguientes indemnizaciones:
Por perjuicios morales, el equivalente a 5.000 gramos de oro en favor de cada uno de los demandantes y la víctima directa del daño, Héctor Muñoz Robledo.
Por daño a la vida de relación, el equivalente a 4.000 gramos oro, en favor de cada uno de los demandantes y la víctima directa del daño, Héctor Muñoz Robledo.
Vale la pena precisar que en la demanda se aclaró que los perjuicios solicitados en favor de Héctor Muñoz Robledo fueron causados en el lapso comprendido entre el 5 de febrero de 2007 y el 2 de junio de la misma anualidad, “tiempo durante el cual sobrevivió al accidente con lesiones graves, ocasionándole perjuicios trasmisibles a sus sucesores”.
1.1. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró que el 5 de febrero de 2007, aproximadamente a las 14:20 horas, en el municipio de Dosquebradas - Risaralda, Héctor Muñoz Robledo fue atropellado por el vehículo particular de placas SNY-27, tipo motocicleta, conducido por Juan de Jesús Cardona Jaramillo, mientras cruzaba la vía ubicada en la carrera 10 con calle 70 y que “se vio obligado a hacerlo ante la inexistencia de un paso peatonal”.
Se indicó que, como consecuencia de lo anterior, Héctor Muñoz Robledo sufrió heridas de gravedad, razón por la cual fue sometido a tratamientos médicos y quirúrgicos y que el 2 de junio del 2007 falleció en la ESE Rita Arango Álvarez del Pino.
Se afirmó que las entidades demandadas eran las llamadas a responder por los perjuicios causados a los familiares de Héctor Muñoz Robledo, con fundamento en el régimen de falla del servicio, por omisión. De acuerdo con la demanda, las deficiencias de la vía en donde se presentó el accidente fueron determinantes en la producción del resultado lesivo, por los motivos que se transcriben a continuación (incluso con posibles errores):
4. La vía no posee un paso peatonal a desnivel, definido por el art. 2° como el “puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía”. De igual manera, (…) y en cuanto a señales, se han limitado a colocar la advertencia de intersección, peligro de choque, sin que ello constituya una medida EFICAZ PARA PROTEGER A LOS PEATONES.
(…).
La adecuación de la avenida Ferrocarril quedó incompleta, pues simplemente fue reparada la cinta asfáltica, sin tener en cuenta el gran flujo humano que a todo lo largo se extiende de la comunidad biquebradense, pues no posee un solo paso peatonal a desnivel (…) y señales, solo advertencias de intersección, peligro de choque, sin que ello constituya una medida eficaz para proteger a los peatones, omisión que pone en riesgo permanente la vida de los peatones (…).
2. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante auto del 14 de mayo de 2009, providencia debidamente notificada a las entidades demandadas -INCO, Invías y municipio de Dosquebradas-, así como al Ministerio Público.
El Invías contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestó que se atenía a las resultas del proceso.
Indicó que debía declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la avenida del ferrocarril, vía en donde acaeció el accidente el 5 de febrero de 2007, era de propiedad del municipio de Dosquebradas; además, aclaró que al INCO le correspondía su construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, conservación, administración y operación, desde el 15 de diciembre de 2004, de conformidad con el contrato de concesión No. 0113 de 1997. También formuló las excepciones que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “falta de relación de causalidad”, con fundamento en los motivos expuestos en precedencia.
En escrito separado llamó en garantía a la compañía QBE Seguros S.A., con ocasión de la póliza de responsabilidad civil No. 120100000878.
El municipio de Dosquebradas contestó la demanda y también se opuso a las pretensiones.
Expuso que el INCO se comprometió a ejecutar las actividades de mantenimiento y operación de la avenida del ferrocarril, ubicada en el municipio de Dosquebradas, a través del contrato de concesión No. 0113 de 1997, entonces, para la época de los hechos, la vigilancia, cuidado, atención, guarda, señalización y demarcación de las zonas vehiculares y peatonales se encontraba a cargo del INCO.
Además, propuso las excepciones que denominó “falta de causa en las pretensiones” e “inexistencia del nexo causal”, toda vez que el accidente acaeció porque un vehículo particular, que transitaba a alta velocidad, atropelló a Héctor Muñoz Robledo.
El INCO contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones e indicó que fungía como mero administrador del negocio jurídico de concesión, cuya ejecución se encontraba exclusivamente a cargo de la sociedad Autopistas del Café S.A.
En esa línea, solicitó la vinculación, en calidad de litisconsortes necesarios, de: i) la sociedad Autopistas del Café S.A., al considerar que, en virtud del contrato de concesión No. 0113 de 1997, con sus adiciones y modificaciones, era la entidad encargada de llevar a cabo las actividades de construcción, mantenimiento y señalización en la avenida del ferrocarril, lugar en donde ocurrió el accidente en el que perdió la vida Héctor Muñoz Robledo y ii) la compañía aseguradora de fianzas S.A. Confianza, con ocasión de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 31-898566, con certificado MR 000009.
Aclaró que el INCO no administra ni ejecuta directamente ningún tipo de infraestructura de transporte, así como tampoco construye obras civiles ni instala elementos físicos en las vías concesionadas.
Manifestó que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, la responsabilidad del accidente acaecido el 5 de febrero de 2007 recaía, en primer lugar, sobre la víctima directa, pues en el informe del accidente de tránsito se evidencia la demarcación de un paso peatonal sobre la carrera 10 a la altura de la calle 70 y, en segundo lugar, sobre Juan de Jesús Cardona Jaramillo, quien, con exceso de velocidad, atropelló a Héctor Muñoz Robledo.
Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó “legalidad”; “inexistencia de responsabilidad”; “ausencia de nexo causal”; “falta de legitimación por pasiva”; “responsabilidad del concesionario”; “culpa de la víctima” e “intervención del tercero”.
En auto calendado el 2 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en primer lugar, admitió el llamamiento en garantía formulado por Invías en contra de QBE Seguros S.A. y, en segundo lugar, negó la vinculación al proceso de la sociedad Autopistas del Café S.A. y de la compañía aseguradora de fianzas S.A. Confianza, decisión que no fue apelada.
La llamada en garantía, Compañía QBE Seguros S.A. contestó el llamamiento en garantía y propuso las siguientes excepciones:
i) “Caducidad de la acción”, con fundamento en que la demanda se interpuso por fuera del término dispuesto para ello, pues los dos años se cumplieron el 5 de febrero de 2009 y la demanda fue presentada con posterioridad, esto es, el 24 de abril de la misma anualidad.
ii) “Limitaciones de responsabilidad”, toda vez que el amparo de responsabilidad solo operaba por aquellos valores que no habían sido cubiertos por el SOAT. También señaló los límites de la póliza en relación con las indemnizaciones por conceptos de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, incapacidad permanente, muerte de la víctima y gastos funerarios.
Concluido el período probatorio, mediante proveído del 19 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
En dicha oportunidad procesal, la parte actora, la compañía QBE Seguros S.A., el INCO y el municipio de Dosquebradas reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y sus contestaciones, respectivamente. El Invías y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 21 de agosto de 2014, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en los términos expuestos al inicio de esta providencia.
En primer lugar, declaró la falta de legitimación en la causa del Invías, porque para el momento del accidente -5 de febrero de 2007- la avenida del ferrocarril del municipio de Dosquebradas no se encontraba bajo su dirección y mantenimiento.
Indicó que, de acuerdo con el material probatorio que reposaba en el expediente, el accidente en el que murió Héctor Muñoz Robledo se produjo por “la omisión de las entidades demandadas al no implementar un efectivo control en la circulación de los vehículos” en la vía escenario del accidente de tránsito y que esa falla del servicio era imputable al INCO (hoy ANI) porque “incumplió su deber de velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de la carretera en la que ocurrió el accidente y de tomar las medidas necesarias para prevenir a los transeúntes sobre la existencia de fallas en la vía”; así como al municipio de Dosquebradas, toda vez que “tenía a su cargo adecuar la vía, realizando las obras necesarias para el buen funcionamiento del municipio, tal como redes de prestación de servicios, conexiones de vías, puentes peatonales, entre otras”.
4. Los recursos de apelación
4.1. La ANI solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y afirmó que se configuraron las causales de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y de hecho de un tercero.
En primer lugar, advirtió que Héctor Muñoz Robledo y Juan de Jesús Cardona Jaramillo actuaron de forma imprudente el día del accidente y que ello generó el fatal resultado, aspecto que, en la sentencia proferida por el Tribunal a quo, “quedó sin análisis alguno, con lo cual los argumentos esgrimidos por parte del INCO, hoy ANI, nunca fueron tenidos en cuenta por su señoría”.
En segundo lugar, indicó que, en virtud del contrato de concesión No. 0113 de 1997, la entidad encargada de las actividades de mantenimiento, ejecución, rehabilitación y construcción del proyecto vial Armenia - Pereira - Manizales y, por ende, de la avenida del Ferrocarril, era Autopistas del Café S.A., luego, no tenía responsabilidad por la supuesta omisión consistente en la falta de señalización de la vía donde ocurrió el accidente.
4.2. El municipio de Dosquebradas presentó apelación y solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Advirtió que Héctor Muñoz Robledo, víctima directa del daño, cruzó la calzada intempestivamente y por una zona no permitida para peatones. Aclaró que sí existía un paso peatonal demarcado en la vía y que, si bien no era elevado, era una zona de protección para el paso de peatones.
Adicionalmente a lo anterior, advirtió que, el día del accidente, Juan de Jesús Cardona Jaramillo, conductor de la motocicleta de placas SNY-27 que atropelló a Héctor Muñoz Robledo, conducía con exceso de velocidad.
5. Trámite en segunda instancia
De conformidad con el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de proveído del 22 de septiembre de 2014, fijó fecha y hora para llevar a cabo audiencia de conciliación.
La referida audiencia tuvo lugar el 22 de octubre de 2014, diligencia en la que las entidades demandadas no presentaron ánimo conciliatorio. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Risaralda concedió los recursos interpuestos por la ANI y por el municipio de Dosquebradas, los cuales fueron admitidos el 13 de febrero de 2015 por esta Subsección.
Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
La ANI y la parte actora reiteraron los argumentos expuestos en sus recursos de apelación, mientras que el Invías, el municipio de Dosquebradas y el Ministerio Público guardaron silencio.
El 3 de abril del 2020, esta Subsección profirió sentencia de segunda instancia, en la que revocó el fallo apelado y, en su lugar, denegó las pretensiones por la configuración de la culpa de la víctima. En esa oportunidad, la Subsección consideró que la causa eficiente del accidente de tránsito fue la imprudencia del peatón Héctor Muñoz Robledo, quien decidió cruzar la carretera, de un lado a otro, sin tomar las medidas de precaución pertinentes, por una zona destinada de forma exclusiva al tránsito de vehículos y que, al hacerlo, fue atropellado por una moto que transitaba por ese sitio, con el agravante de que a pocos metros del lugar del accidente había un paso peatonal a nivel.
Contra esa sentencia, el 5 de febrero de 2021 la parte actora promovió acción de tutela. El 13 de mayo del 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, decisión que fue impugnada por la apoderada de Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona.
El 8 de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, decidió amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En ese fallo se determinó que la Subsección incurrió en un defecto fáctico al no evaluar las declaraciones rendidas por José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez y, con fundamento en ello, ordenó proferir una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa con radicado 66001-23-31-000-2009-00074-01. En este sentido señaló el juez de tutela:
Así pues, para esta Sala de Decisión las declaraciones de los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Muñoz (sic) pueden influir en el análisis del caso sub examine, toda vez que denotan circunstancias dejadas de analizar al interior del proceso ordinario, y que tendrían una connotación importante para la toma de la decisión (…).
Así pues, aunque en la sentencia de 3 de abril de 2020, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado valoró gran parte del acervo probatorio, lo cierto es que el fallo pasó por alto las declaraciones antes destacadas, que eventualmente podrían dar lugar a una conclusión diferente de la que adoptó la autoridad judicial al declarar la culpa exclusiva de la víctima.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Dosquebradas y la ANI contra la sentencia del 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, toda vez que la cuantía procesal, fijada por la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma vigente para la fecha de presentación de la demanda para tal efecto.
2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En el presente asunto, los demandantes no solo reclamaron la indemnización de los perjuicios que se les habrían ocasionado con la muerte de Héctor Muñoz Robledo sino, además, los causados a Héctor Muñoz Robledo durante el lapso comprendido entre el 5 de febrero de 2007 y el 2 de junio, “tiempo durante el cual sobrevivió al accidente con lesiones graves, ocasionándole perjuicios trasmisibles a sus sucesores”.
En línea con lo anterior, la Sala advierte dos momentos a partir de los cuales debe contar la caducidad, así:
i) El término de caducidad de los perjuicios causados por la muerte de Héctor Muñoz Robledo comenzó a correr a partir del día siguiente al de su fallecimiento, desde el 3 de junio de 2007, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción en término era el 3 de junio de 2009 y como esta se presentó el 24 de abril de ese año, es forzoso concluir que resultó oportuna.
ii) El término de caducidad de los perjuicios causados por las lesiones cerebrales causadas en vida a la víctima comenzó a correr a partir del día siguiente al del accidente de tránsito, desde el 6 de febrero de 2007, de modo que, en principio, el último plazo para ejercer el derecho de acción en término era el 6 de febrero de 2009; no obstante lo anterior, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de febrero de 2009, momento en el cual suspendió el término de caducidad hasta el 24 de abril de 2009 y como la demanda se presentó ese mismo día, también resultó oportuna en este aspecto.
3. Cuestiones previas
3.1. Se considera necesario señalar que, si bien en el expediente reposan copias de las páginas de varios periódicos, de conformidad con la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación del 29 de mayo de 2012, la información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso.
3.2. Los demandantes allegaron con la demanda 35 fotografías en las que se aprecia el lugar en donde supuestamente ocurrió el accidente y su flujo vehicular. La Sala debe precisar que pese a que se aseguró que fueron tomadas por Carlos Andrés Correa Montoya, se desconocen las condiciones de tiempo y lugar en que ello sucedió, motivo suficiente para concluir que carecen de mérito para probar el estado del escenario de accidente de tránsito para el 5 de febrero de 2007, día en el que sucedieron los hechos.
3.3. Se precisa que en el trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-00485-01 fue escaneado, en su totalidad, el expediente de reparación directa 66001-23-31-000-2009-00074-01 y subido a la plataforma tecnológica SAMAI, motivo por el cual resultó innecesario requerirlo al Tribunal Administrativo de Risaralda de forma física.
4. Análisis del caso concreto
Para resolver el caso resulta determinante reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de la demanda, motivo por el cual le corresponde a la Sala examinar los medios de convicción que, en debida forma, se recaudaron en el proceso.
4.1. Lo probado en el proceso en lo relacionado con el accidente de tránsito del 5 de febrero de 2007
4.1.1. Se encuentra acreditado, con el “informe policial de accidente”, suscrito por el agente de tránsito Pablo Ramírez, que el 5 de febrero de 2007, a las 14:20 horas, a través del cual se indicó que en la avenida del ferrocarril, exactamente en la carrera 10 con calle 70, ubicada en el municipio de Dosquebradas, se produjo un accidente de tránsito que consistió en que la motocicleta de placas SNY- 27, conducida por Juan de Jesús Cardona Jaramillo, atropelló al transeúnte Héctor Muñoz Robledo. En la casilla correspondiente a “causas probables” se consignó lo siguiente:
VEHÍCULO No 1. COD. CAUSA 116
PEATÓN No. 1. COD. CAUSA 409
Junto con el informe, fue aportada, como anexo, la versión de los hechos suministrada por Juan de Jesús Cardona Jaramillo, quien afirmó lo siguiente: “yo iba por la av. y el sr. se me atravesó y no me dio tiempo de esquivarlo”.
Se precisa que al conductor de la motocicleta, para el momento de los hechos, no se le detectó alcohol etílico. Así lo determinó en informe pericial de alcoholemia número 0296-2007, proferido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
4.1.2. Como consecuencia del accidente, Héctor Muñoz Robledo ingresó a urgencias del Hospital de Dosquebradas el 5 de febrero de 2007 y de ahí fue trasladado al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por la gravedad de su estado de salud, lugar al que ingresó con pérdida de conocimiento, a las 21:38 horas del 14 del mismo mes y año (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Fecha de ingreso ESE: 14-02-07 21:38
Fecha de ingreso UCI: 14-02-07 21:48
Motivo de ingreso a la UCI: Soporte ventilatorio - monitoreo.
Motivo de consulta y enfermedad actual: paciente que ingresa remitido del H.U.S.J., a donde había llegado el 05-02-07 a las 15:30 hs., luego de haber sido arrollado por moto, con pérdida del conocimiento; es llevado inicialmente a Hospital de D/quebras donde le encuentran en Glasgow de 6/15, lo intuban y remiten. A su ingreso al San Jorge lo encontraron hipertenso con hematoma parietal derecho, midriasis izquierda y otorragia izquierda. Se toma TAC cerebral que muestra múltiples contusiones hemorrágicas parieto-temporales izquierdas. Se lleva a cirugía, practicándosela craniectomía más drenaje.
En la historia clínica No. 2629-4506067, que resumió la atención brindada al paciente, se consignó que, con posterioridad, Héctor Muñoz Robledo fue remitido a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, porque el “cubrimiento del SOAT se agotó y el paciente tiene EPS ISS” y ahí estuvo hospitalizado hasta el 2 de junio de 2007, día en que se registró su muerte (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Paciente con estancia crónica en esta institución por accidente de tránsito con TEC severo y posterior secuelas de TEC, requiriendo traqueotomía, gastrostomía, (…) no signos cerebrales, se decide dar por fallecido y se abandona toda intervención con el paciente.
En línea con lo anterior, obra en el proceso el registro civil de defunción No. 5426113, en el que consta que Héctor Robledo Muñoz falleció el 2 de junio de 2007, en la ESE Rita Arango Álvarez del Pino.
4.1.3. Como consecuencia de lo narrado, el medio de comunicación “el Diario del Otún” documentó la situación en la edición del 10 de marzo de 2007 y del 13 de marzo de la misma anualidad.
4.1.4. La Fiscalía 08 Local de Dosquebradas inició una investigación penal, bajo el radicado No. 661706000066200700081, en contra de Juan de Jesús Cardona Jaramillo, conductor del vehículo de placas SNY-27, por la conducta punible de homicidio culposo de Héctor Muñoz Robledo, en los hechos acaecidos el 5 de febrero de 2007, la cual fue archivada por “extinción de la acción penal, por caducidad de la querella”.
4.1.5. Sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente, Juan de Jesús Cardona Jaramillo, quien conducía la motocicleta de placas SNY-27 que atropelló a Héctor Muñoz Robledo, en declaración rendida en el presente proceso de reparación directa, manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Venía de Santa Rosa, vía Pereira, era la 1:15 de la tarde, en moto, al llegar a la entrada de Tejares de la Loma salió un se (sic) improvisto, lo atropellé, el señor cayó al piso, yo también con moto y todo, más ahí no recuerdo más nada porque el susto fue demasiado (…). Yo venía a 40 kilómetros por hora, venía concentrado en la vía, cuando el señor salió de improvisto y lo atropelle.
El señor sale casualmente, le explico el señor mira hacía al lado, debe mirar hacia el frente y hacia diagonal, mas creo y pienso que el señor se le olvidó volver a mirar hacia el sentido que bajaba y ahí fue donde yo le pegué (…).
Respecto de las causas del accidente respondió lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
PREGUNTADO: Concrétele al despacho si en los hechos donde ocurrió este accidente existió o no imprudencia por quienes se vieron involucrados.
CONTESTÓ: no fue ni imprudencia mía ni del señor ¿por qué?, porque el señor tenía que mirar, miró hacia un lado, miró hacia el frente, miró diagonal y miró hacia atrás, más creo que al señor se le olvidó mirar nuevamente, él se tiró a la vía y en ese momento le llegué yo.
4.2. Lo probado en el proceso en relación con la vía escenario de los hechos
4.2.1. El 8 de febrero de 2007, el “presidente” y el “fiscal” de la junta de acción comunal de la “Urbanización Aguazul” elaboraron un documento, que dirigieron a la alcaldía municipal de Dosquebradas, al tránsito y a la personería municipal, a través del cual pusieron de presente su preocupación por “los continuos accidentes y el aumento de tráfico” en la avenida del Ferrocarril, solicitando la presencia de un “guarda” o la colocación de reductores de velocidad.
4.2.2. El 22 de febrero de 2007, la Secretaría de Movilidad informó que se programaría la instalación de un semáforo en la intersección de la carrera 10 o avenida del Ferrocarril con los barrios Aguazul, Bosques de la Acuarela y Tejares de la Loma y ello fue reiterado a través del oficio del 27 de marzo de 2007. Finalmente, el 11 de noviembre de 2008, la misma Secretaría indicó que ese semáforo había sido desactivado, porque “venía presentando congestión vehicular”; no obstante lo anterior, resaltó que en las vías comprometidas existían señales de tránsito que indicaban los sentidos y prelaciones en sus desplazamientos tanto a los conductores como a los peatones; así mismo, advirtió que los usuarios de esa vía debían acatar la señalización y demarcación vial so pena de órdenes de comparendo a aquellos “peatones, pasajeros, conductores que sean observados infringiendo las normas de tránsito”. Por último y en relación con las estadísticas de accidentalidad en la zona, correspondientes a 2005, 2006, 2007 “y lo que iba corrido del 2008” indicó que fueron cuatro los muertos en accidentes de tránsito.
4.2.3. En el proceso de reparación directa obran las declaraciones rendidas por Beatriz Elena Calvo Betancourt, Óscar Gómez Suarez, Fabio Castaño Molina, Paola Andrea Atehortúa Mejía, José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez.
Beatriz Elena Calvo Betancourt y Óscar Gómez Suarez se refirieron al núcleo familiar de la víctima, que se vio afectado por su lesión y posterior muerte, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2007.
Fabio Castaño Molina y Paola Andrea Atehortúa Mejía, se identificaron como periodistas y señalaron que la avenida ferrocarril era un escenario de alta accidentalidad y de peligro para los peatones, por la reducida señalización y la ausencia de un puente peatonal y de un separador central y que ello fue puesto de presente por la comunidad.
Por su parte, José de la Cruz Velásquez declaró que se desempeñaba como ingeniero y que había sido funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, lo que lo llevó a cumplir funciones de “coordinación en la pavimentación de una de las calzadas de la avenida del ferrocarril”.
Manifestó que, debido a la construcción de la vía, hubo un aumento vehicular considerable, ya que confluía todo el tráfico vehicular “que hace conexión desde la ciudad de Buenaventura hacia Medellín, la zona norte y la zona occidental del país” y que, precisamente por su “alto flujo vehicular” eran necesarios pasos peatonales a desnivel.
En lo relacionado con la señalización de la vía manifestó: “posiblemente debían existir señales preventivas pero no le puedo decir si existían o no”.
Por último, José Jesús Arboleda Vélez declaró que, como ingeniero civil de profesión, tuvo conocimiento del proyecto vial denominado “avenida del Ferrocarril”. Explicó que inicialmente era una vía urbana, pero que, después, “el tramo comprendido entre la avenida Simón Bolívar y la calle 51” se constituyó en una nacional, motivo por el cual se modificaron las condiciones del tránsito vehicular, de “livianos a fuertes volúmenes de tránsitos de carga y de pasajeros”. Expuso que “para un peatón es mucho más complicado cruzar una calle si se presentan flujos vehiculares en dos sentidos a que sólo se presenten en un solo sentido” y que ello se dificultaba aún más ante la ausencia de pasos subterráneos o puentes elevados.
Respecto de la señalización vial de la zona indicó: “en la mencionada intersección sólo existió señalización horizontal o vertical deficiente” y que no recordaba la instalación de señalización “que facilitara los movimientos peatonales”.
Por último, se le solicitó que indicara, de acuerdo con su experiencia profesional, cuál sería la solución peatonal requerida en la avenida del Ferrocarril, a lo cual expresó: “lo más aconsejable en el sitio es un puente peatonal elevado; lo anterior por la clasificación del tránsito que se da sobre la vía, es decir en su mayor porcentaje tránsito de carga”.
4.3. Del dictamen pericial incorporado al proceso de reparación directa
En la demanda se solicitó la práctica de una prueba pericial, así (se transcribe literal, incluidos posibles errores):
En fecha que se permitirá fijar el Despacho, se dispondrá la práctica de esta diligencia, específicamente en una hora pico, a efecto de constatar: 1) presencia de señales en el lugar donde se registró el accidente, determinando si son preventivas o de otro orden; 2) presencia de cebra, 3) presencia de andenes, 4) determinación de los diferentes barrios que existen en el sector, 5) cuál es el flujo peatonal en las horas pico, 6) verificará la existencia o inexistencia de pasos peatonales (…).
La anterior prueba se decretó en primera instancia a través de proveído del 19 de julio de 2010, para cuyo propósito se designó al perito José Olmis González Hidalgo, quien rindió un informe que fue incorporado al expediente el 10 de noviembre de 2011, en el cual analizó, de forma detallada y en horas de alto tránsito peatonal y vehicular, el lugar en el que acaeció el accidente de tránsito. El perito proporcionó información que, por razones metodológicas, será consignada en la tabla que se relaciona a continuación.
Descripción de la vía
La vía es la denominada “Avenida del Ferrocarril”, que comprende desde el sector de “La Badea” hasta “La Romelia”, desembocando en la Avenida “Simón Bolívar” (…) nos encontramos ante una vía que consta de dos calzadas, cada una con dos carriles (…)
Ya en el lugar de los hechos, carrera 10 o av. del ferrocarril con calle 70, observa este perito que la vía ha sufrido importantes modificaciones, pues fue construido un separador central que mide tres (03) metros de ancho, en el cual se encuentra ubicado un semáforo que no está en funcionamiento y una señal informativa (…) para el momento del accidente (…) no existía separador central, por tanto, los vehículos podían girar desordenadamente hacia cualquier lugar (…).
Del tráfico de la vía
Esta carretera es utilizada por tráfico liviano, mediano y pesado, sobre todo luego de descargar la Variante La Romelia-El Pollo.
(…)
Ese perito encontró que para el momento del accidente la congestión vehicular y peatonal era de mayor dimensión, por las muchas posibilidades que tenían vehículos y peatones de utilizar la vía en cualquier sentido.
De la señalización para la época de los hechos
Como señales aparecen: prohibición de adelantar en sentido Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal, intersección vial -folio 11A-(fotografía de la mitad); sobre el piso al folio 11B, la primera fotografía muestra unas triangulaciones y unas figuras sobre el piso, que indican paso a estudiantes, al mismo folio 11B, en la fotografía del medio, se observa una señal lateral que indica peligro de colisión, con un semáforo al lado; en los ingresos a los barrios o conjuntos habitacionales, no se observan señales, excepto al folio 11E, una que indica entrada y salida de volquetas. Por lo anterior, las tres señales amarillas son preventivas (cruce de vías, peligro de colisión y salida de volquetas), mientras que las verdes son informativas (…).
De la presencia de cebra
(…) [T]al y como se hizo referencia anteriormente, (…) en relación a la época de los hechos, (…) unas triangulaciones sobre el piso, con líneas divisorias centrales dobles, en color amarillo, continuas que indican la prohibición de adelantar y que coinciden con los avisos aéreos. Igualmente sobre el piso de las dos calzadas figuras humanas que indican paso de estudiantes. En el ingreso a los barrios, en las partes laterales se observan algunas líneas blancas, que son indicativas de la existencia de cebras.
De los pasos peatonales
(…) [E]n la vía no existen pasos peatonales elevados ni a desnivel o subterráneos, por lo tanto los peatones tienen que cruzar la malla vial, de acuerdo a sus necesidades. Además los separadores centrales no están provistos de elementos o mallas que restrinjan o impidan el cruce deliberado de los peatones (…).Tal como se encuentra la vía en estos momentos, los peatones cruzan por cualquier lugar de manera desordenada.
Del referido dictamen se corrió traslado a las partes, oportunidad en la cual guardaron silencio.
5. Caso concreto: la responsabilidad de la ANI y del municipio de Dosquebradas
La muerte de Héctor Muñoz Robledo y la falla del servicio alegada por los demandantes fueron aspectos que encontró acreditados la decisión de primera instancia. Al respecto, el Tribunal indicó que el municipio de Dosquebradas y el INCO tenían a su cargo la senda vial que fue escenario del siniestro, la cual, si bien para la época de los hechos contaba con un fuerte volumen de tránsito, no contaba con un “efectivo control en la circulación de los vehículos”, lo que llevó al a quo a concluir que el deceso de la víctima “fue a causa de la falta de mantenimiento y señalización de la vía por la que transitaba”.
Frente al análisis de imputación del daño, las entidades demandadas, como argumentos de inconformidad, expusieron que la causa eficiente de la muerte de Héctor Muñoz Robledo fue su propia imprudencia y/o la de Juan de Jesús Cardona Jaramillo, quien conducía el vehículo de placas SNY-27 con exceso de velocidad, causales que exoneraban de responsabilidad al Estado y con fundamento en las cuales debían negarse las pretensiones de la demanda.
En conflictos como el analizado, en el que se alega en la apelación la materialización de causas extrañas como el hecho exclusivo de la víctima y/o el de un tercero, esta Subsección ha establecido que no es necesario que el juzgador determine el título de imputación aplicable por dos razones.
La primera porque la competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por la parte demandada en contra de la decisión adoptada en primera instancia.
La segunda es que, de encontrarse acreditado alguno de tales eximentes de responsabilidad, se rompería el nexo de causalidad necesario entre la actuación de las demandadas y el daño reclamado, circunstancia que impediría efectuar una atribución jurídica a las accionadas.
Por lo anterior, con el objetivo de prohijar los principios de economía y eficiencia procesal, esta Subsección ha iniciado el estudio de imputación a partir de la posible configuración de causas extrañas, porque metodológicamente resulta inane explorar el comportamiento de las entidades accionadas, si desde el punto de vista fáctico se constata la presencia de un hecho idóneo para quebrar el nexo de causalidad requerido entre el daño y su intervención activa u omisiva.
En esta oportunidad, y porque así lo definió el juez de tutela, esta Subsección valorará las declaraciones rendidas por los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez, acatando la orden dada en la sentencia de tutela del 8 de julio de 2021, en la que se sostuvo que sus dichos podrían incidir “eventualmente” en el sentido de esta decisión.
Como consecuencia directa de lo anterior, la Sala hará un pronunciamiento expreso acerca de la falla del servicio en que pudieron haber incurrido las entidades accionadas, porque de ella parecieron dar cuenta las declaraciones echadas de menos por el juez de tutela.
En lo relacionado con la falla en el servicio, debe precisarse que, en la demanda, la parte actora afirmó que el accidente de tránsito en el que perdió la vida Héctor Muñoz Robledo era imputable a las entidades demandadas por la ausencia de: i) un paso peatonal a desnivel, toda vez que, a su juicio, ante su inexistencia, Héctor Muñoz Robledo se vio obligado a cruzar por la carretera, lugar donde Juan de Jesús Cardona Jaramillo lo atropelló; ii) un separador central que permitía que los conductores realizaran “16 giros irregulares” en el escenario del accidente, aumentando así la peligrosidad para los peatones y iii) señalización, pues en el lugar de los hechos “se limitaron a colocar la advertencia de intersección y de peligro de choque, sin que ello constituya una medida eficaz para proteger a los peatones”.
Para ese estudio, el análisis sustantivo de la controversia se centrará en: reconstruir lo sucedido el día del accidente (acápite 5.1.); determinar si se acreditó una falla del servicio por falta de señalización eficaz, de mantenimiento y/o de adecuación (acápite 5.2.); por último, establecer si la actuación de la víctima y/o de Juan de Jesús Cardona Jaramillo -quien lo atropelló- conduce a la exoneración total o parcial de responsabilidad de los entes demandados (acápites 5.3. y 5.4.).
5.1. Escenario fáctico del caso bajo examen
El informe de accidente de tránsito y su respectivo croquis -elaborados por el agente de tránsito Pablo Ramírez-, así como el testimonio de Juan de Jesús Cardona Jaramillo recrean lo que sucedió el día de los hechos: que el peatón Héctor Muñoz Robledo cruzó la carretera y que, al hacerlo, no se percató de la presencia de la motocicleta de placas SNY-27, que terminó arrollándolo.
Por su parte, el perito José Olmis González Hidalgo, en el dictamen decretado por el Tribunal Administrativo de Risaralda con la finalidad de esclarecer lo ocurrido, indicó que, en efecto, en el lugar del accidente no existían pasos peatonales a desnivel, así como tampoco un separador vial, lo cual permitía conductas irregulares tanto de peatones como de conductores. Además, determinó que “sobre el piso de las dos calzadas” existían unas figuras humanas que indicaban paso de estudiantes y que en “las partes laterales de ingreso a los barrios” se observaban líneas blancas “indicativas de la existencia de cebras”.
Fueron aportados unos oficios del 7 de febrero de 2007, a través de los cuales la acción comunal de una urbanización manifestó su preocupación con los accidentes y el aumento del tránsito en la zona. Por último, obran varios documentos que dan cuenta que fue ubicado un semáforo en “la intersección de la carrera 10 o avenida del Ferrocarril con los barrios Aguazul, Bosques de la Acuarela y Tejares de la Loma”, pero que tiempo después fue desactivado porque presentaba congestión vehicular.
También obran las declaraciones rendidas por los periodistas Fabio Castaño Molina, Paola Andrea Atehortúa Mejía y los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez, las cuales proporcionan información acerca de la peligrosidad de la vía.
En este punto se destacan las manifestaciones de los ingenieros, quienes coincidieron en advertir el alto tráfico que confluía en la vía escenario de los hechos, en mayor porcentaje de carga, que hacían necesario y aconsejable un puente peatonal elevado. Frente a sus dichos se precisan tres aspectos:
El primero, que en la demanda se solicitó el “testimonio técnico” de los mencionados sujetos.
El segundo, que ambos sujetos conocían, por su trabajo, la vía escenario de los hechos e hicieron un relato que interesa a la Sala para resolver el litigio.
El tercero, que el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil permite, de manera excepcional, que el testigo emita conceptos técnicos, cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia de su declaración, tipo de prueba que ha sido denominada por la doctrina y la jurisprudencia como “testimonio técnico”.
Así, José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez, quienes se refirieron, de manera general, a las características y condiciones de la avenida escenario del accidente de tránsito, se encontraban habilitados para emitir opiniones especializadas en las respuestas a sus interrogatorios, por sus conocimientos técnicos en el área de la ingeniería civil.
5.2. Acreditación de la falla del servicio atribuida a las entidades demandadas
5.2.1. En lo que tiene que ver con la señalización, el perito indicó que el lugar del accidente contaba con señales de tránsito como “prohibición de adelantar” y triangulaciones sobre el piso indicativas de “paso de estudiantes” y que tres eran preventivas: “cruce de vías”, “peligro de colisión” y “salida de volquetas”. Por su parte, en el informe de tránsito se consignó que existían las siguientes señales de tránsito: “NO ADELANTAR”, “VELOCIDAD” y “OTRA: SP 67”.
Entonces, si bien los medios probatorios son coincidentes en señalar que en el lugar de los hechos sí existían señales de tránsito, lo cierto es que en la demanda se alegó que esos dispositivos no eran “eficaces” para la protección de los peatones.
De conformidad con el Manual de Señalización Vial adoptado mediante la Resolución 1050 de 2004, la colocación de un dispositivo en particular y en una localización determinada se basa en un estudio de ingeniería vial identificado como proyecto de señalización o de semaforización que busca orientar a las autoridades responsables sobre el correcto uso de los dispositivos para regular el tránsito y prevenir accidentes.
Ese estudio de ingeniería vial no fue aportado ni pedido como prueba por la parte actora, como para que pudiera determinarse si la vía donde ocurrió el accidente debía tener algún tipo de señalización en particular o, en palabras de los demandantes, dispositivos “eficaces para proteger a los peatones”. Por tal razón, la afirmación de la parte actora resulta insuficiente para considerar acreditadas las fallas relacionadas con la señalización en el lugar de los hechos.
No sobra aclarar que los testimonios técnicos rendidos en el trámite del proceso de reparación directa también son insuficientes para acreditar este aspecto. El ingeniero José de la Cruz Velásquez manifestó que “posiblemente debían existir señales preventivas”; por su parte, José Jesús Arboleda Vélez manifestó que existía “señalización horizontal o vertical deficiente”. Cabe precisar que un testigo no hizo alusión a falencias de señalización en la zona y que el otro no sustentó en debida forma la aseveración por él referida.
En este sentido, esta Corporación ha determinado que el juez, además de aplicar los criterios de la sana crítica que acompañan la valoración del testimonio técnico, “debe valorar la relación detallada del método científico que soporta su opinión, que ese concepto se ajuste a los principios de la ciencia y arte, que sea conducente en relación con el hecho que se pretende probar y que esté debidamente fundamentado”.
A juicio de la Sala, el concepto de José Jesús Arboleda Vélez, en lo relacionado con la “señalización horizontal o vertical deficiente”, no estuvo debidamente fundamentado, porque ni siquiera indicó un aspecto trascendental: cuáles eran los dispositivos que debían ser colocados en reemplazo de los existentes o de forma adicional, análisis que echa de menos la Sala y que le impide determinar si las señales de tránsito allí ubicadas serían insuficientes para prevenir accidentes.
5.2.1. En relación con el mantenimiento y adecuación de la vía escenario de los hechos, no hay duda de que no existía un paso peatonal a desnivel ni un separador vial para junio de 2007, hecho probado que no supone, por sí solo, la configuración de una falla en el servicio, pues para ello debe establecerse si la ley, reglamentos o algún estudio técnico, imponían a la Administración la construcción de las infraestructuras echadas de menos en el caso concreto.
Lo primero que debe ponerse de presente es que la parte actora no mencionó ninguna normativa que dé cuenta de la obligatoria construcción de pasos peatonales a desnivel y/o separadores viales en lugares específicos; la Sala tampoco advierte ningún referente normativo que soporte esa obligación, lo que es apenas lógico si se tiene en cuenta que su necesidad obedece a factores que deberán estudiarse y determinarse en cada caso concreto.
No obstante lo anterior, no obra en el proceso el plan de ordenamiento territorial y/o de movilidad de Dosquebradas, o algún otro documento técnico que permita analizar si dentro del diseño de la red vehicular y peatonal estaban o debían estar previstas estas infraestructuras viales y que la Administración omitió su construcción.
Ahora, en lo que tiene que ver con los avisos dados por la comunidad, se aportó un oficio en el que se ponía de presente la preocupación de algunos habitantes de la zona por la peligrosidad de la vía denominada “avenida del ferrocarril”. Sin embargo, ese documento es posterior a la ocurrencia del accidente de tránsito del 5 de febrero de 2007 y, en esa medida, no le permite a la Sala determinar señales de alarma previas dadas a la Administración. Lo mismo sucede con los documentos aportados al proceso y suscritos por la Secretaría de Movilidad, pues datan del 22 de febrero de 2007, 27 de marzo de 2007 y noviembre de 2008, después del siniestro por el que aquí se demanda.
Pese a lo puesto de presente, lo que sí quedó plenamente acreditado con el dictamen pericial, las declaraciones rendidas por los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Vélez -que merecen credibilidad, porque corresponden a conocimientos técnicos-, por los periodistas Fabio Castaño Molina y Paola Andrea Atehortúa Mejía y las estadísticas de accidentalidad suministradas por la Secretaría de Movilidad fue que el escenario del accidente era una vía que, al menos para la época de los hechos, contaba con alto flujo vehicular y que ello ahondaba en su peligrosidad, aspecto último que podía aminorarse con la construcción de un puente peatonal elevado y/o de un separador vial, pues estas estructuras viales permitían garantizar una mayor seguridad a los peatones y evitar que los conductores realizaran “giros irregulares” en sus vehículos.
No por lo anterior puede entenderse que cualquier accidente de tránsito ocurrido en esa vía, catalogada como peligrosa, era necesariamente imputable a la Administración Pública. Desde esa perspectiva, se resalta que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en determinar que los jueces pueden apreciar si el acontecimiento -en este caso, la peligrosidad de la vía- tuvo incidencia en la producción del daño para que sea catalogado como causa del mismo:
Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, ‘sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo’.
(…).
Los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. No se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios de la causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño.
Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Subsección no es posible afirmar, de manera categórica, que la peligrosidad de la vía fue la causa generadora del daño padecido por los demandantes; tampoco es dable asegurar que la construcción de un puente peatonal elevado o de un separador central habrían evitado el accidente, conclusión que será analizada con detalle en el acápite siguiente (5.3) y que de ninguna manera puede tornarse arbitraria, pues el juez debe valorar todas las pruebas aportadas y también tiene la facultad de otorgarles mérito probatorio a cada una de estas, según la normativa vigente y la aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, siempre que sus conclusiones no se alejen de la lógica de lo razonable o atenten contra la evidencia.
5.3. Culpa exclusiva de la víctima
La Sala considera que el comportamiento de Héctor Muñoz Robledo fue la causa eficiente del accidente por el que aquí de demanda, por las razones que se expondrán a continuación.
Juan de Jesús Cardona Jaramillo señaló que conducía la motocicleta de placas SNY-27 y que aproximadamente a las 13:15 horas, venía de Santa Rosa, vía Pereira y que al llegar a la entrada de Tejares de la Loma un señor “salió de improvisto y lo atropellé”. Informó que, instantes antes del suceso, se movilizaba a 40 kilómetros por hora, “concentrado” en la vía, cuando Héctor Muñoz Robledo salió intempestivamente a la carretera, razón por la cual lo atropelló; al respecto, indicó: “al señor se le olvidó mirar nuevamente, él se tiró a la vía y en ese momento le llegué yo”.
Pese a que esa declaración puede considerarse como sospechosa, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, porque Juan de Jesús Cardona Jaramillo fue quien atropelló con su vehículo a Héctor Muñoz Robledo y le asistía interés en procurar que su situación fuera favorable y en no autoincriminarse, la Sala valorará su versión de los hechos con mayor rigor, teniendo en cuenta las demás pruebas que reposan en el expediente.
En el informe de accidente se señaló como una de las causas probables del suceso que Héctor Muñoz Robledo cruzó la vía sin observar.
Consultado el plano o croquis del accidente elaborado por el agente de tránsito, la Sala destaca dos aspectos. El primero, que, por la posición de Héctor Muñoz Robledo al momento del impacto, es claro que se encontraba cruzando la vía por una zona destinada, de forma preferente, al tránsito de vehículos. El segundo, que, aunque en el lugar donde ocurrió el accidente no existía un paso peatonal a desnivel, como un puente o un túnel, lo cierto es que a unos pocos metros del lugar del suceso había un paso peatonal a nivel, es decir, una zona de la calzada delimitada por marcas especiales, con destino al cruce de peatones. Este último punto resulta concordante con el dictamen pericial, en el que se determinó que “sobre el piso de las dos calzadas” habían “figuras humanas que indica[ba]n paso de estudiantes” y que en el ingreso a los barrios “en las partes laterales se observa[ba]n algunas líneas blancas, que son indicativas de la existencia de cebras”.
Entonces, la única declaración que obra en el proceso que da cuenta de las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito y que, de esa forma, le permite a esta instancia representar el hecho por cuya ocurrencia se le atribuye responsabilidad a las entidades demandadas es la de Juan de Jesús Cardona Jaramillo, quien afirmó: “salió de improvisto y lo atropellé” y “al señor se le olvidó mirar nuevamente, él se tiró a la vía y en ese momento le llegué yo”, versión de los hechos que coincide con la que suministró el agente de tránsito en su informe, en el que puso de presente dos aspectos adicionales: i) que el siniestro sucedió a plena luz del día, en una vía recta en la que no se encontraba disminuida la visibilidad por vegetación o construcciones o avisos y ii) que pese a la inexistencia de un puente peatonal a desnivel, a escasos metros del punto de impacto había un paso a nivel para los peatones, que no fue usado por la víctima.
No sobra resaltar que el agente de tránsito tuvo conocimiento directo del escenario del accidente de tránsito el mismo día de los hechos, que la declaración de Juan de Jesús Cardona Jaramillo es la única obrante en el proceso que da cuenta de las circunstancias que rodearon el siniestro y que ambas pruebas no fueron desvirtuadas con otros medios de convicción aportados al expediente. No está de más resaltar que, mientras que el declarante indicó que los hechos sucedieron cuando conducía su motocicleta, “aproximadamente a las 13:15 horas”, el informe de tránsito indicó como hora probable del suceso las 14:20 horas, diferencia de 55 minutos que en nada cambia el examen realizado por la Sala y que lo único que indica, a efectos prácticos, es que no se logró establecer la hora exacta del accidente, sino que el mismo tuvo lugar en el lapso comprendido entre las 13:15 y las 14:20 horas.
Por lo anterior, se concluye la inobservancia por parte de Héctor Muñoz Robledo de tres normas de tránsito contenidas en la Ley 769 de 2002: del artículo 55, que dispone que toda persona que tome parte en el tránsito debe comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás ciudadanos; del artículo 57, que señala que el tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos y que cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular lo debe realizar cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo y del artículo 58,que establece que los peatones no pueden cruzar por sitios no permitidos y/o cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.
Entonces, el daño resulta imputable, tanto jurídica -dado que se presentó una vulneración al Código de Tránsito vigente para la época de los hechos- como objetivamente -en tanto surgieron en el terreno fáctico deficiencias en su conducta que llevaron al accidente- a la conducta asumida por la víctima Héctor Muñoz Robledo, quien, no sobra decir, era responsable de su seguridad y asumió los riesgos que el despliegue de su actuación imprudente implicaba.
5.4. Hecho de un tercero
Finalmente, la Sala no pierde de vista que también hubo participación en la causación del daño por parte de un tercero, pues se estableció que Juan de Jesús Cardona Jaramillo atropelló a Héctor Muñoz Robledo, mientras conducía la motocicleta de placas SNY- 27. Se observa que lo anterior no fue negado por ese señor, tanto así que en la diligencia de recepción de testimonios y cuando se le preguntó acerca del accidente lo aceptó, de manera libre y voluntaria.
No obstante lo anterior, la Sala no cuenta con elementos probatorios para determinar su grado de participación en los hechos objeto de estudio. La única prueba que reposa al respecto es el informe del accidente, fechado el 5 de febrero de 2007, en el cual se consignó como causa probable el exceso de velocidad con el que este sujeto transitaba y que en la vía en donde ocurrió el siniestro quedó una huella de arrastre efectuada por las llantas de la motocicleta de placas SNY-27; no obstante lo anterior, el funcionario que diligenció el informe dejó en blanco algunas casillas, razón por la cual se desconoce su longitud, su trayectoria y el ancho de la huella y ello impide determinar la velocidad aproximada a la que transitaba Juan de Jesús Cardona Jaramillo el día de los hechos.
5.5. Conclusión
La Sala revocará la decisión apelada, porque la causa eficiente del accidente de tránsito fue la imprudencia del peatón Héctor Muñoz Robledo, quien decidió cruzar la carretera, de un lado a otro, sin tomar las medidas de precaución pertinentes y, al hacerlo, fue atropellado por una moto que transitaba por ese sitio, con el agravante de que a pocos metros del lugar del accidente había un paso peatonal a nivel.
Por lo anterior, es posible concluir que, en este caso, carece de sentido cualquier atribución de responsabilidad al municipio de Dosquebradas y/o al INCO (hoy ANI) por la muerte de la víctima.
6. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador"http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Folios 459 y 460 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 91 del cuaderno de primera instancia. Folios 31 y 32 del cuaderno de primera instancia. Folios 94 y 95 del cuaderno de primera instancia. Folio 100 del cuaderno de primera instancia. Folio 98 del cuaderno de primera instancia. Folio 102 del cuaderno de primera instancia. Reverso folio 95 del cuaderno de primera instancia. Folios 104 a 112 del cuaderno de primera instancia. Folios 220 a 228 del cuaderno de primera instancia. Folios 200 y 214 del cuaderno de primera instancia. Folios 289 a 297 del cuaderno de primera instancia. Folios 300 a 307 del cuaderno de primera instancia. Folio 387 del cuaderno de primera instancia. Folios 392 a 431 del cuaderno de primera instancia. Folios 432 a 446 del cuaderno de primera instancia. Folios 388 a 391 del cuaderno de primera instancia. Folios 447 a 451 del cuaderno de primera instancia. Folios 469 a 473 del cuaderno de primera instancia. Folios 472 a 584 del cuaderno de primera instancia. En esta providencia se aceptó a la ANI como sucesora procesal del INCO. Folios 586 a 595 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 644 a 666 del cuaderno del Consejo de Estado. Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Folio 616 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 689 y 690 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 710 a 712 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 729 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 754 a 758 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 736 a 753 del cuaderno del Consejo de Estado. Decisión que le fue notificada a la magistrada ponente de la decisión el 13 de julio de la presente anualidad. De conformidad con el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y en virtud de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían en primera instancia, entre otras, de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes; en ese sentido, como en la demanda, presentada el 24 de abril de 2009, la pretensión mayor correspondió a $293’803.100 -suma equivalente a los 5.000 gramos oro solicitados en favor cada uno de los demandantes-, por concepto de perjuicios morales, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, debido a que no hubo acuerdo conciliatorio, de conformidad con el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial. Folios 53 a 68 del cuaderno de primera instancia. Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición.
Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen (se resalta). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001031500020110-1378-00, M.P. Susana Buitrago Valencia. Folios 72 a 103 del cuaderno de primera instancia. Incluso, Carlos Andrés Correa Montoya declaró que no recordaba la fecha exacta en la que fueron tomadas. “creo que fue finalizando febrero o los primeros días de marzo, no estoy bien seguro”. Folios 114 a 116 del cuaderno de pruebas número 2. Se precisa que si bien en el proceso obran otras pruebas, no se relacionarán en este acápite, pues se encuentran relacionadas con aspectos no apelados (legitimación en la causa, daño, perjuicios). Folios 37 y 38 del cuaderno de pruebas No. 2. Que de conformidad con la Resolución 400 del 2004 y el manual para el diligenciamiento del formato del informe policial de accidentes de tránsito corresponde a “exceso de velocidad”. Que de conformidad con la Resolución 400 del 2004 y el manual para el diligenciamiento del formato del informe policial de accidentes de tránsito, corresponde a “cruzar sin observar”. Folio 398 del cuaderno de pruebas No. 2-1. Folios 319 y 320 del cuaderno de pruebas 2-1. Folio 29 del cuaderno de primera instancia. Anexo No. 1. Folio 76 del anexo No. 1. Folio 3 del cuaderno de pruebas No. 2. Folio 4 del cuaderno de pruebas No. 2. Folio 5 del cuaderno de pruebas No. 2. La Sala advierte que no se proporcionó información adicional de dicha investigación penal. A folio 172 del cuaderno de primera instancia obra el oficio proferido por la Fiscalía 8 Local de Dosquebradas, a través del cual se informó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): Ese remitió la carpeta original del caso 661706000066200700081 adelantado por la Fiscalía 8 local de este municipio por el accidente de tránsito ocurrido el 05-02-2007, indiciado Juan de Jesús Cardona Jaramillo, que se encontraban archivadas al declararse la extinción de la acción penal por caducidad de la querella, ya que se requieren los posibles EMP que allí obran para la toma de decisiones en el caso que se adelanta en este despacho. Al revisar la carpeta encuentra la suscrita funcionaria que obra el formato de informe de accidente de tránsito en fotocopia, como nos había informado la asistente de dicha fiscalía, pero el contenido está en original, manuscrito y le corresponde el No. 61293, suscrito por el funcionario Pablo Emilio Ramírez Buitrago, placa 117 STTD. Folios 420 a 422 del cuaderno de pruebas No. 2-2. Folios 1046 y 1048 del cuaderno No. 2. Folio 1049 del cuaderno No. 2. Folio 1050 del cuaderno No. 2. Folios 117 a 123 del cuaderno No. 2. Folios 107 a 113 del cuaderno No. 2. Folios 101 a 105 del cuaderno No. 2. Folio 70 del cuaderno de primera instancia. Folios 312 a 320 del cuaderno de primera instancia. Cuaderno de peritazgo. Folios 26 a 30 del cuaderno de peritazgo. Folio 400 del cuaderno de primera instancia. En efecto, con el material probatorio relacionado en el acápite anterior, no hay duda alguna de que la muerte de Héctor Muñoz Robledo el 2 de junio de 2007 fue consecuencia de un accidente de tránsito que ocurrió el 5 de febrero de ese año. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
La Sala no pierde de vista que el accidente de tránsito acaeció el 5 de febrero de 2007 y que transcurrieron, aproximadamente, tres años y nueve meses para la realización del citado dictamen pericial -el cual fue incorporado al expediente el 10 de noviembre de 2011-. No obstante lo anterior, no reposa medio de prueba que desvirtúe la información suministrada en dicho dictamen, el contenido del dictamen no fue controvertido por las partes y, por último, coincide en lo fundamental, en lo relacionado con las señales de tránsito y los pasos peatonales a nivel, con la información consignada en el “informe de accidente”, el cual fue elaborado el mismo día de los hechos. Así se solicitó en la demanda: “En audiencia RECEPCIONENSE los testimonios TÉCNICOS de: Ingeniero JOSÉ ARBOLEDA VÉLEZ, residente en (…) y del Ingeniero JOSÉ DE LA CRUZ VELÁSQUEZ, residente en (…)”. Así se decretó la prueba: “En audiencia que se llevará a cabo el día lunes veintitrés (23) de agosto de dos mil diez (2010) a partir de las nueve de la mañana (9:00 am) se recibirán las declaraciones de José Arboleda Vélez y José de la Cruz Velásquez, cuyas direcciones y objeto de prueba obra a folio 58 del cuaderno 1”. Artículo 227. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan. Presente e identificado el testigo, el juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Quedan exonerados del juramento los impúberes. El juez rechazará las preguntas manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón de la ciencia del testigo sobre el hecho, y las que recaigan sobre hechos que perjudiquen al testigo, caso de que éste se oponga a contestarla. Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. sentencia del 19 de noviembre de 2020, exp. 41.419, M.P. Guillermo Sánchez Luque. Los artículos 1 y 2 de la Ley 1083 de 2006 -vigente para la época de los hechos- disponen que las autoridades municipales deben adoptar planes de ordenamiento territorial, en los cuales deben formularse, adoptarse y ejecutarse planes de movilidad, con la finalidad de “articular los distintos sistemas de movilidad” en la estructura urbana. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997; C.P. Carlos Betancur Jaramillo; exp. 11.764. El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil establece que son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez se encuentre en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. Si bien el croquis no informó los metros exactos, sí se puede apreciar a simple vista y teniendo como referente el punto de impacto que eran muy pocos. Artículo 55. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. Artículo 57. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo”. Artículo 58. Los peatones no podrán:
(…). 2.
Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril.
(…). 4. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.
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