Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00485-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-00485-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00485-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-00485-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA EN EL SERVICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / DEFECTO FÁCTICO / INADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
¿Vulneró el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” los derechos fundamentales accionados, por presuntamente incurrir en defecto fáctico al proferir la sentencia del 3 de abril de 2020 mediante la cual se revocó el fallo del 21 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa, para, en su lugar, revocar dicho proveído y declarar configurada la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad? (…) [L]a parte accionante refirió que la autoridad judicial accionada realizó una valoración indebida del material allegado al proceso, pues analizó las pruebas de manera fraccionada, descontextualizándola de la realidad y de los hechos ocurridos, refiriéndose a la declaración rendida por el señor [J. de J.C.J.] y el dictamen pericial rendido por el ingeniero [J.O.G.H.]. (…) [Ahora bien,] para esta Sala de Decisión las declaraciones de los ingenieros [J. de la C.V. y J.J.A.M.] pueden influir en el análisis del caso sub examine, toda vez que denotan circunstancias dejadas de analizar al interior del proceso ordinario, y que tendrían una connotación importante para la toma de la decisión, sumado a que los ingenieros tuvieron una participación directa en la construcción de la vía, conociendo de primera mano las circunstancias que rodearon el proyecto, su flujo vehicular y los índices de accidentalidad y peligrosidad que acarreó a los transeúntes. Así pues, aunque en la sentencia de 3 de abril de 2020, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado valoró gran parte del acervo probatorio, lo cierto es que el fallo pasó por alto medios de prueba, como las declaraciones antes destacadas, que eventualmente podrían dar lugar a una conclusión diferente de la que adoptó la autoridad judicial al declarar la culpa exclusiva de la víctima, los cuales denotan una importancia ostensible para la toma de la decisión, demostrando la gravedad y alta accidentalidad de la vía, que no fueron tenidos en cuenta por el a quem en la toma de la decisión. Por lo tanto, se encontró plenamente probado que, en el caso sub examine no se evaluaron pruebas que son de gran importancia en la toma de la decisión y que como elementos de prueba darían un punto de vista distinto a lo argumentado por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado. Así las cosas, esta Sala de amparará los derechos fundamentales de los accionante.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00485-01(AC)
Actor: ÁLVARO MUÑOZ CARDONA Y OTRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” el 13 de mayo del 2021, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 5 de febrero de 2021 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona, por intermedio de su apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. La accionante consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” el 3 de abril del 2020 en el medio de control de reparación directa identificado con el No. 66001-23-31-000-2009-00074-01, promovido por los accionantes contra el Instituto Nacional de Vías (Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antes Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el municipio de Dosquebradas, Risaralda, mediante la cual se revocó el fallo del 21 de agosto de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró administrativamente responsable al municipio de Dosquebradas y a la Agencia Nacional de Infraestructura por los perjuicios causados con la muerte del señor Héctor Muñoz Robledo, y en su lugar declaró configurada la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. Los señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías (Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antes Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el municipio de Dosquebradas, Risaralda, por los daños ocasionados con la muerte del señor Héctor Muñoz Robledo en un accidente de tránsito, la cual atribuyeron a las demandadas, por la presunta omisión en la señalización, demarcación y adecuación de la vía «Avenida Ferrocarril».
4. El 21 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró administrativamente responsable al municipio de Dosquebradas y a la Agencia Nacional de Infraestructura por los perjuicios causados, precisando:
“(…) Con las pruebas aportadas llega la Sala a la conclusión que la producción del daño se debe a la omisión de las entidades demandadas al no implementar un efectivo control en la circulación de los vehículos en la vía de la intersección de la Avenida del Ferrocarril, con carrera 10, entrada a los barrios Aguazul, Bosques de la Acuarela y Tejares de la Loma, pues faltaron las demandadas al deber del mantenimiento de las vías públicas en estado de seguridad para los usuarios, dentro de los marcos permitidos de riesgo en la actividad de circulación tanto peatonal como vehicular por el espacio público.
Conforme a ello, estima la Sala que el siniestro en el cual tuvo graves lesiones y que posteriormente perdió la vida el señor Muñoz Robledo fue a causa de la falta de señalización de la vía por la que transitaba, motivo por el cual se observa acreditada la relación de causa a efecto, o nexo de causalidad existente entre el resultado dañoso y la omisión en que incurrieron las entidades demandadas al no haber cumplido con el deber de señalización y demarcación vial, generando incertidumbre a quienes la transitaban.”
5. Inconformes con la decisión, las autoridades demandadas interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto el 3 de abril de 2020 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, el cual decidió revocar la decisión de primera instancia al encontrar configurada la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad. Al respecto precisó:
“(…) la Sala considera que la conducta de la víctima incidió en la causación del daño por el cual hoy se reclama una indemnización, toda vez que fue gravemente culposa, porque actuó con negligencia extrema al “descuidar la diligencia más pueril”. El día del accidente, Héctor Muñoz Robledo cruzó la avenida del ferrocarril -exactamente en la carrera 10 con calle 70- de un lugar a otro, sin cerciorarse de que no existía peligro para hacerlo; además, por una zona destinada, de forma exclusiva, al tránsito de vehículos - y no de peatones -, con el agravante de que a pocos metros del lugar del accidente había un paso peatonal a nivel, es decir, una zona de la calzada delimitada por marcas especiales con destino al cruce de peatones.
En el presente caso se concluye la inobservancia, por parte de Héctor Muñoz Robledo, de varias normas de tránsito contenidas en la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos (…)
(…) Ciertamente, cada persona, en principio, es responsable de su seguridad y en eventos como el aquí presentado resulta lógico concluir que Héctor Muñoz Robledo asumió los riesgos que el despliegue de su actuación altamente irresponsable implicaba.
Finalmente, la Sala no pierde de vista que hubo participación en la causación del daño por parte de un tercero, pues se estableció que Juan de Jesús Cardona Jaramillo atropelló a Héctor Muñoz Robledo, mientras conducía la motocicleta de placas SNY- 27.”
1.3. Pretensiones
6. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia pidió lo siguiente:
“Ruego al H. Consejo de Estado, amparar los derechos fundamentales, dejando sin efectos la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado, y con plena vigencia, la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, declarando la responsabilidad administrativa de los entes públicos demandados” (Sic para toda la cita)
1.4. Sustento de la solicitud
7. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico negativo por valoración arbitraria y omisión en la consideración de pruebas fundamentales.
8. Argumentó que el ad quem del proceso de reparación directa, al citar y examinar de manera fraccionada el testimonio de Juan de Jesús Cardona Jaramillo, junto con el dictamen pericial rendido por el ingeniero José Olmis González Hidalgo, debió concluir que la muerte del señor Héctor Muñoz Robledo no fue ocasionada por la imprudencia del peatón al cruzar la vía, sino por la peligrosidad del cruce donde ocurrieron los hechos fatídicos, lo anterior debido a los giros irregulares permitidos y la falta de señalización, la inexistencia de un separador vial o un puente peatonal, lo cual originó una carga excesiva en el transeúnte y que acreditó la responsabilidad de la administración por su falta de intervención y mantenimiento en la vía.
9. Por otra parte, indicó que hubo una falta de apreciación al registro fotográfico aportado, en el que se evidencia el lugar de los hechos y el estado del sitio, a los recortes de prensa, a los testimonios de los periodistas Fabio Castaño y Paola Andrea Atehortúa y a los documentos allegados al proceso, tales como el oficio de 29 de diciembre de 2017, suscrito por el interventor de la Unión Temporal Cano Jiménez, las peticiones presentadas por la Junta de Acción Comunal del sector y el oficio de 11 de noviembre de 2008.
10. Según precisó, tales pruebas demostraban la negligencia de las entidades demandadas frente al control vial en el sector, las cuales debieron haber sido analizadas y valoradas en conjunto con los demás medios probatorios con el fin de concluir que la causa eficiente del daño fue la omisión por parte de la administración.
11. Por último, expresó que el croquis del accidente solo demostraba una simple hipótesis de los hechos, pero no era la prueba eficiente de la causa del daño objeto de reclamación.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Admisión de la demanda
12. Mediante auto del 11 de febrero de 2021, el magistrado ponente de la Subsección “A”, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. A su vez, ordenó lo siguiente: i) notificar como autoridad accionada a la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado y ii) vincular al Instituto Nacional de Vías, a la Sociedad Aseguradora QBE SEGUROS S.A., a la Agencia Nacional de Infraestructura y al municipio de Dosquebradas en calidad de terceros con interés.
1.5.2 Intervenciones
13. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.2.1. Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “A”
14. Mediante escrito enviado vía correo electrónico, la Magistrada ponente de la decisión objeto de censura se opuso a todos los argumentos planteados por la parte actora, ya que la decisión de 3 de abril de 2020 contiene un análisis serio de las circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias que desencadenó la negación de las pretensiones al configurarse la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, lo cual no puede entenderse como una transgresión de los derechos fundamentales de los accionantes.
15. Por otra parte, sostuvo que la ausencia de puente peatonal y de señalización en la vía en donde se presentó el accidente resultaron determinantes en la producción del resultado lesivo, dado que la “causa eficiente del accidente” fue la imprudencia del señor Muñoz Robledo cuando decidió cruzar la carretera sin tomar las precauciones pertinentes, por una vía destinada al transito de vehículos lo que conllevó a que fuera atropellado por una motocicleta que transitaba por el lugar, con el agravante de que a pocos metros del sitio del accidente había un paso peatonal a nivel.
16. Resaltó que no se pasó por alto ninguna de las pruebas obrantes en el expediente, ya que fue del estudio minucioso de estas que permitió llegar a la conclusión de que la causa eficiente del daño obedeció a la conducta imprudente de la víctima.
17. Finalmente, manifestó que lo pretendido por el extremo accionante es el agotamiento de una tercera instancia a través de la presente solicitud de amparo, y justificando dicho actuar en la presunta vulneración de derechos fundamentales, reabriendo el debate probatorio y etapas procesales debidamente clausuradas en el fallo de 3 de abril de 2020.
1.5.2.2. Municipio de Dosquebradas
18. A través de escrito enviado vía correo electrónico , por medio de apoderado judicial indicó que los argumentos planteados por los accionantes no tienen vocación de prosperidad, toda ves que el fallo proferido por esta Corporación fue acorde con los medios de prueba existentes en el expediente, sin vislumbrar la configuración del defecto alegado. Adicionalmente indicó que las razones por las cuales invocó la parte accionante la violación de sus derechos fundamentales no devienen del actuar de la entidad, configurándose la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.2.3. Instituto Nacional de Vías – Invias
19. Mediante escrito enviado por la directora del Instituto Nacional de Vías Territorial Risaralda al correo electrónico de la secretaría del Consejo de Estado, manifestó que no se configuró el defecto fáctico planteado por el accionante, ya que la autoridad judicial accionada analizó y otorgó el valor probatorio que consideró adecuado a cada una de las pruebas obrantes en el plenario, lo anterior en consonancia con las reglas de la sana crítica.
20. Precisó que el informe de tránsito del accidente daba cuenta del actuar imprudente del peatón al transitar por la intersección de la Avenida Ferrocarril, haciendo hincapié en la posición en la que se encontraba el señor Muñoz Robledo al momento del impacto, esto es, casi a la mitad de la intersección, zona destinada, de manera exclusiva, al transito de vehículos, sumado a que a pocos metros del lugar de los hechos, había un paso peatonal a nivel, zona de la calzada delimitada por marcas especiales para el cruce de transeúntes.
1.5.3. Fallo impugnado
21. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2021, notificada vía correo electrónico el 21 del mismo mes y año, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por la parte actora, debido a que no se configuró el defecto planteado.
22. Para arribar a su conclusión, advirtió que, de la lectura del escrito de tutela se logra evidenciar que, el accionante indicó la posible ocurrencia del defecto fáctico ya que la autoridad judicial accionada procedió a un análisis indebido, fraccionado y equivocado del acervo probatorio, específicamente con respecto a la declaración del señor Juan de Jesús Cardona Jaramillo y el dictamen pericial rendido por el ingeniero José Olmis Gonzáles Hidalgo como perito en el proceso, sin embargo, indicó el a quo constitucional, que dichos argumentos no tienen vocación de prosperar, toda vez que en la providencia demandada, aunque se hayan transcrito apartes de la declaración y el informe técnico para incluirlas en el texto de las consideraciones, no quiere decir que esto conlleve per se la ocurrencia del defecto fáctico planteado, toda vez que la finalidad de esto es reafirmar o subrayar aspectos relevantes de los elementos probatorios.
23. Por otra parte, expresó que, dichos medios de prueba llevaron a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos ocurridos, la declaración del señor Cardona Jaramillo da cuenta de que el suceso se produjo con ocasión a un accidente de transito por impacto de una motocicleta que transitaba a una velocidad promedio de 40 km/h y el lugar donde se produjo; el dictamen pericial, tuvo como propósito absolver algunos interrogantes sobre la presencia de señales de transito en el lugar, tales como cebras, andenes, semáforos, puentes peatonales, tráfico vehicular y peatonal, y la descripción de la vía, donde el perito dictaminó que en el lugar de los hechos “existían algunas señales de tránsito, como, prohibición de adelantar en sentido Dosquebradas – Santa Rosa de Cabal, pare, giros, entre otras y, sobre el piso, algunas triangulaciones y unas figuras que indicaban paso a estudiantes, tal y como se evidenciaba en la fotografía 11B del Anexo Fotográfico del informe . También, se encuentra que en el Informe de Tránsito núm. 61293 suscrito por el agente Pablo Emilio Ramírez Buitrago, se registró como causas probables del accidente que sufrió el señor Muñoz Roble las siguientes: 1. Vehículo, 116 (exceso de velocidad) y 2. Peatón: 409 (cruzar sin observar).”
24. Así pues, adujo que tales medios de prueba llevaron a concluir que el señor “Héctor Muñoz Roble cruzó la vía que de Dosquebradas conduce a Santa Rosa, sin tomar la debida precaución, esto es, cerciorándose de que no existía peligro para hacerlo, como lo exigían las disposiciones de tránsito vigentes para la época de los hechos, y por una zona no destinada para el cruce peatonal y fue allí, donde el conductor del vehículo tipo motocicleta lo arrolló, causándole heridas de gravedad y, posteriormente, la muerte. Así las cosas, no resulta desacertada la conclusión del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, respecto a que los elementos probatorios reseñados eran suficientes para prescribir que la causa eficiente del daño fue la actuación irregular y contraria a las disposiciones de tránsito que ejecutó la víctima, sin que fuera determinante, para el caso, lo relativo a la peligrosidad de la vía por los cruces vehiculares irregulares y la presunta omisión de las entidades de culminar el separador, la existencia de un puente peatonal o de señales de tránsito prohibitivas.”
25. Precisó que no le asiste razón a los accionantes en lo referente a la omisión de estudio de los documentos de prensa allegados, toda ves que como lo explicó, dichos elementos de prueba fueron analizados en conjunto con otros medios probatorios, y concluyó diciendo que los testimonios de los periodistas y el registro fotográfico, aunque no se hizo alusión expresa a estos, aquellos no tienen la entidad suficiente para modificar la decisión adoptada, ya que tales pruebas dan cuenta de la peligrosidad de la vía, la ausencia de un puente peatonal y del separador central completo en la Avenida Ferrocarril, para la época del accidente, sin embargo estos no fueron determinantes para atribuir el daño a las demandadas.
26. En tal sentido la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado falló:
“Primero: Negar el amparo solicitado por los señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.”
1.5.4. Trámite de la impugnación
1.5.4.1. Los señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona, a través de su apoderado, mediante escrito enviado el 26 de mayo de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación, impugnaron la sentencia del 13 de mayo del mismo año proferida por la Subsección “A”, Sección Segunda del Consejo de Estado.
27. La impugnación fue concedida por auto del 2 de junio de 2021, notificada a las partes y terceros intervinientes el 11 del mismo mes y año.
28. La parte accionante precisó nuevamente que la falta de valoración probatoria por parte del juez al interior del proceso ordinario originó la ocurrencia del defecto fáctico planteado, toda vez que descontextualizó la declaración rendida por el señor Cardona Jaramillo, igual que como sucedió con el dictamen pericial rendido por el ingeniero Gonzáles Hidalgo.
29. Indicó que el Consejo de Estado no estimó: “(i) el oficio del 29 de diciembre de 2007, suscrito por el Interventor de la Unión Temporal “Cano Jiménez” Fabio Ernesto Pérez, dando fe del traumatismo en la operación vial por falta de señalización, por no ser recomendable la instalación de semáforos2; (ii) los derechos de petición elevados por miembros de la Junta de Acción Comunal, solicitando la presencia de un guarda, la colocación de reductores de velocidad o la semaforización, por tratarse de un paso peatonal obligado3; (iii) oficio del 11 de noviembre de 2008, que da cuenta de las estadísticas de accidentalidad en el lugar para los años 2005 a 2008, con 96 heridos, 46 colisiones y 4 muertes.”
30. También manifestó que hubo falta de análisis probatorio en los testimonios de José de la Cruz Velásquez, José Jesús Arboleda Muñoz, Fabio Castaño Molina y Paola Andrea Atehortúa Mejía.
31. Indicó que, en ninguno de los apartes de la sentencia censurada, hubo referencias especificas con relación a “los testimonios de los periodistas, el registro fotográfico del lugar de los hechos y los documentos allegados al proceso relacionado con el traumatismo vial, permitiendo giros irregulares, por la falta de un separador central.”
32. Por último, concluyó que a través de la presente acción no se pretende sustituir la apreciación del juez natural, sino la invocación de “una causal constitutiva de error de hecho y de derecho, demostrando cuáles fueron los pasajes omitidos, las pruebas no apreciadas, y el error en la interpretación.”
1.5.4.2. Previo a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, mediante auto de 18 de junio de 2021, notificado el 21 de junio de 2021 a las partes, se ordenó vincular al presente trámite constitucional al Tribunal Administrativo de Risaralda, quien profirió el fallo de primera instancia al interior del medio de control de reparación directa objeto de la presente acción constitucional, como tercero interviniente.
33. Adicionalmente se solicitó a la parte accionante con destino al presente proceso, las siguientes pruebas que a su juicio fueron desconocidas por el a quem decretadas y practicadas al interior del medio de control de reparación directa:
“Testimonio del señor Juan de Jesús Cardona Jaramillo (…)
Dictamen suscrito por el Ingeniero José Olmis Gonzáles Hidalgo
Oficio del 21 de diciembre de 2007 suscrito por el Interventor de la Unión Temporal “Cano Jiménez” Fabio Ernesto Pérez.
Derechos de petición presentados por la Junta de Acción Comunal, solicitando la presencia de un guarda, la colocación de reductores de velocidad o la semaforización, por tratarse de un paso peatonal obligado.
Oficio del 11 de noviembre de 2008, que da cuenta de las estadísticas de accidentalidad en el lugar para los años 2005 a 2008, con 96 heridos, 46 colisiones y 4 muertes.
Los testimonios de los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José de Jesús Arboleda Muñoz, quienes participaron en la construcción del proyecto vial(…)”
1.5.4.3. Intervenciones en segunda instancia
1.5.4.3.1. Tribunal Administrativo de Risaralda
34. El magistrado ponente de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante escrito enviado el 23 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, indicó que el tribunal el 21 de agosto de 2014, planteó plenamente las consideraciones por las cuales dicha corporación declaró la responsabilidad del municipio de Dosquebradas y la Agencia Nacional para la Infraestructura – ANI, razón por la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
35. En tal sentido, manifestó que el Tribunal Administrativo de Risaralda se atendrá a lo decidido al interior de la presente acción constitucional, referido a la vulneración o no de los derechos fundamentales invocados.
1.5.4.3.2. Señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona
36. El apoderado judicial de los accionantes, mediante escrito enviado el 22 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, allegó los documentos solicitados en el auto de 18 de junio de 2021.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 13 de mayo del 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Cuestión previa
36. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 13 de mayo de 2021, dictada en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
38. En consecuencia, en lo atinente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” los derechos fundamentales accionados, por presuntamente incurrir en defecto fáctico al proferir la sentencia del 3 de abril de 2020 mediante la cual se revocó el fallo del 21 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa, para, en su lugar, revocar dicho proveído y declarar configurada la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad?
40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) defecto fáctico; iv) análisis del caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
42. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
43. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
44. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
45. La Sala encuentra que, en relación con este cargo en específico, este requisito sí se encuentra cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia propuesta por la parte actora es de naturaleza constitucional al solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
46. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, la accionante cumple con el requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la argumentación que desplegaron en torno a los motivos por los que consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” incurrió en defecto fáctico a partir de lo expuesto en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente providencia.
47. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio de la demandante con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, se cumple con independencia del yerro en el razonamiento jurídico en que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en las consideraciones de fondo que sustenten su decisión.
2.5.2. Tutela contra tutela
48. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia del medio de reparación directa con radicado No. 66001-23-31-000-2009-00074-01, que promovió en contra del Instituto Nacional de Vías (Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antes Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el municipio de Dosquebradas, Risaralda.
2.5.3. Subsidiariedad
49. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales; esto, toda vez que contra la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, no procede ningún recurso ordinario, y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
2.5.3. Inmediatez
50. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista de que la providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” fue proferida el 3 de abril de 2020 y notificada el 5 de agosto de 2020; dado que la accionante interpuso la tutela el 5 de febrero del 2021, la Sala considera que se presentó dentro de un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
51. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6. Generalidades del defecto fáctico
53. Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
54. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
55. De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 2016, estos aspectos tienen características que se transcriben a continuación:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez.
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
56. Conforme al anterior cuadro, la Sección señaló:
“Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador”.
2.7. Caso concreto
57. Frente a lo anterior, la parte accionante refirió que la autoridad judicial accionada realizó una valoración indebida del material allegado al proceso, pues analizó las pruebas de manera fraccionada, descontextualizándola de la realidad y de los hechos ocurridos, refiriéndose a la declaración rendida por el señor Juan de Jesús Cardona Jaramillo y el dictamen pericial rendido por el ingeniero José Olmis González Hidalgo.
58. Manifestó que las dos pruebas demostraban los “16 giros irregulares, permitidos por la ausencia de un tramo del separador central”, lo cual, a su juicio, generó un riesgo elevado al peatón, sometiéndolo a graves posibilidades de accidentalidad, ya que tuvo que mirar no solo hacia los dos sentidos de la vía, sino en diferentes direcciones, todo lo anterior producto de los giros irregulares permitidos a los vehículos en el sector; situación muy diferente, si hubiera existido el separador de la vía, que no solo impedía los giros irregulares, sino que este brindaría seguridad al peatón al cruzar, solo teniendo que mirar hacia un sentido o el otro de la vía.
59. Expresó que el testimonio de la persona implicada directamente en el accidente, y la prueba pericial decretada, tienen un carácter trascendental, por lo que no podían valorarse de manera fraccionada, ya que estas apuntaban a determinar cuál fue la causa eficiente del daño, esto es, la no terminación del separador central.
60. Ahora bien, esta Sala de decisión debe precisar que la declaración rendida por el señor Juan de Jesús Cardona Jaramillo quien conducía la motocicleta que ocasionó el accidente, fue analizada de manera detallada por parte de la autoridad judicial censurada, ya que realizó un recuento de los argumentos y planteamientos expuestos en su deposición, concluyendo que lo expresado por este, involucró elementos valiosos para recrear los hechos ocurridos, tales como que el deponente conducía la motocicleta de placas SNY-27, y que atropelló al peatón Héctor Muñoz Robledo al cruzar la carretera sin cerciorarse de que no existía peligro para hacerlo, determinó que fue testigo presencial de lo sucedido en virtud del conocimiento directo de las causas del accidente de tránsito, su testimonio fue claro con relación a las circunstancias que produjeron el hecho y la declaración no distó del informe de tránsito.
61. En igual sentido lo hizo con respecto al dictamen pericial realizado por el ingeniero José Olmis González Hidalgo el 19 de julio de 2010, donde evidenció que el informe analizó de forma detallada y precisa, en horas de alto tránsito vehicular el lugar donde ocurrieron los hechos, las señales de transito existentes, tales como cebras laterales, triangulaciones sobre el piso, líneas divisorias centrales dobles continuas que indican la prohibición de adelantar y que coinciden con los avisos aéreos, además de señales de tránsito que indican peligro de colisión, un semáforo a lado y lado de la vía, etcétera. Lo cual denota la precisión de lo probado por parte del dictamen pericial y el estudio realizado por el juez de instancia.
62. Por otra parte, respecto al material probatorio referente a los recortes de prensa los testimonios de los periodistas, el registro fotográfico del lugar de los hechos y los documentos allegados al proceso relacionado con el traumatismo vial, permitiendo giros irregulares, por la falta de un separador central.”, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado precisó lo siguiente:
“Se considera necesario señalar que, si bien en el expediente reposan copias de las páginas de varios periódicos, de conformidad con la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación del 29 de mayo de 2012, la información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso.
Así las cosas, de acuerdo con el precedente jurisprudencial antes aludido, la Sala procederá a valorar los recortes de prensa y analizará si existe un nexo o un vínculo entre la divulgación del hecho y los demás medios de prueba obrantes en el expediente, de modo que se pueda apreciar lo narrado en los respectivos medios de comunicación.
4.3. Los demandantes allegaron con la demanda 35 fotografías en las que se aprecia el lugar en donde supuestamente ocurrió el accidente y su flujo vehicular.
La Sala debe precisar que estos elementos no serán valorados como medios probatorios en el caso concreto, por cuanto no existe certeza de que correspondan al lugar mencionado en la demanda como escenario de los hechos, pues se desconocen las condiciones de tiempo y lugar en que fueron tomadas dichas fotos y, en especial, porque ninguno de los testigos las reconoció.”
63. Así pues, se puede concluir que el ad quem de la reparación directa, precisó los motivos por los cuales dichos medios de prueba no fueron analizados, argumentos que comparte esta Sala de Decisión, ya que como bien lo señaló, no se tiene certeza de la fecha en que estos fueron obtenidos, tratándose del registro fotográfico, y la veracidad de lo narrado al interior de los artículos de prensa, generando imprecisiones que pudiesen afectar la decisión a la hora de impartir justicia.
64. Ahora bien, del escrito de tutela y de impugnación se logra identificar los elementos de prueba no valorados por el juez, esto es “(i) el oficio del 29 de diciembre de 2007, suscrito por el Interventor de la Unión Temporal “Cano Jiménez” Fabio Ernesto Pérez, dando fe del traumatismo en la operación vial por falta de señalización, por no ser recomendable la instalación de semáforos; (ii) los derechos de petición elevados por miembros de la Junta de Acción Comunal, solicitando la presencia de un guarda, la colocación de reductores de velocidad o la semaforización, por tratarse de un paso peatonal obligado; (iii) oficio del 11 de noviembre de 2008, que da cuenta de las estadísticas de accidentalidad en el lugar para los años 2005 a 2008, con 96 heridos, 46 colisiones y 4 muertes.”, sumado a las declaraciones de José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Muñoz.
65. Al respecto se debe precisar, que dichos medios de prueba fueron aportados de manera oportuna al interior del proceso de reparación directa, los cuales se encuentran en los cuadernos de pruebas del expediente y decretados por el juez de instancia.
66. El extremo accionante adujo que las pruebas, dejadas de valorar, dan fe de los graves traumatismos ocasionados al dejar inconcluso el separador vial, la falta de señalización, las recomendaciones por parte del interventor de la obra respecto de la instalación de semáforos en la vía, las solicitudes por parte de la junta de acción comunal con el fin de que fueran instalados reductores de velocidad y la presencia de un guarda de tránsito por ser un paso peatonal muy concurrido, y por último las declaraciones de los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José de Jesús Arboleda Muñoz, los cuales participaron en la construcción de la vía y que manifiestan que debe haber pasos a nivel para los peatones.
67. Por otra parte indicó la parte actora, que era obligación del juez contencioso hacer un análisis de todo el material probatorio existente en el plenario, toda vez que las pruebas deben ser analizadas de manera individual y ser confrontadas entre sí, las cuales llevan a concluir de manera uniforme que la causa determinante del accidente fue la interrupción del separador central, originando traumatismos y caos vehicular atentando contra la seguridad de los usuarios viales, como quedó demostrado de las estadísticas y las certificaciones de los funcionarios públicos.
68. Concluyó expresando que la causa eficiente del daño, tal y como quedó demostrado anteriormente, no puede ser descargada totalmente en el comportamiento de la víctima, ya que también hay indicios que demuestran lo contrario.
69. En tal sentido, esta Sala de Decisión hará un análisis de cada uno de los medios de prueba echados de menos, respecto de la decisión cuestionada a través de la presente solicitud de amparo, con el fin de establecer si en efecto el a quem al interior del proceso de reparación directa incurrió en defecto fáctico.
70. En primer lugar los accionantes manifestaron que “el oficio del 29 de diciembre de 2007, suscrito por el Interventor de la Unión Temporal “Cano Jiménez” Fabio Ernesto Pérez” da “fe del traumatismo en la operación vial por falta de señalización, por no ser recomendable la instalación de semáforos”, al igual que los derechos de petición presentados por la junta de acción comunal y el oficio de 11 de noviembre de 2008, donde se evidencian las acciones tendientes a mitigar las dificultades viales y las normas que los usuarios de las vías públicas deben tener en cuenta al dar uso de estas, sin embargo la autoridad judicial encontró demostrada la culpa exclusiva de la víctima, por su presunta imprudencia al pretender cruzar por una zona de la vía no habilitada para el tránsito peatonal pese a que, al parecer, existía una zona de la vía a pocos metros del lugar del accidente que permitía el tránsito peatonal.
72. Por otra parte, respecto de las declaraciones hechas por los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Muñoz se indicará de manera individual lo precisado en estas.
73. Mediante audiencia de 23 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Risaralda recibió la declaración rendida por el ingeniero José la Cruz Velásquez, identificado con la cedula de ciudadanía número 4.505.524, quien participó en la construcción de la Avenida Ferrocarril (lugar donde ocurrieron los hechos) como funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como director regional del Distrito de Obras Públicas No. 24 Seccional Risaralda, asesor del Viceministro de Obras Públicas y Transporte con funciones de Secretaría Técnica, Asesor del director de INVIAS, cumpliendo funciones de coordinación en la pavimentación de una de las calzadas de la avenida antes descrita.
74. En la declaración rendida, el ingeniero Cruz Velásquez manifestó que debido a la construcción de la vía hubo un aumento vehicular considerable, ya que confluía todo el tráfico vehicular que hace conexión desde la ciudad de Buenaventura hacia Medellín, la zona norte y la zona occidental del país. Posteriormente indicó que en la vía en cuestión si se requiere el paso peatonal debido al alto flujo vehicular.
75. Mediante audiencia de 4 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Risaralda recibió la declaración rendida por el ingeniero José Jesús Arboleda Vélez, identificado con la cedula de ciudadanía número 10.233.284, el cual manifestó que participó en el proyecto vial desde su concepción, posterior desarrollo y construcción final, para la fecha en que se tomó la declaración indicó que su trayectoria profesional sumaba mas de 30 años de experiencia, fue asesor de proyectos viales para INVIAS, la Gobernación de Risaralda, asesor permanente del municipio de Pereira para el diseño de vías urbanas y docente fundador de la facultad de ingenierías de la Universidad Libre.
76. Hizo una descripción del estado de la vía para la época de los hechos así:
“Para esta época lo que inicialmente era una vía urbana a se constituyó en una vía nacional en especial en el tramo comprendido entre la avenida Simón Bolívar y la mencionada calle 51, tramo en el cual se halla la intersección de la avenida del Ferrocarril con la vía colectora de acceso al barrio Aguazul y Bosques de la Acuarela; lo anterior indica que se modificaron ostensiblemente las condiciones del tránsito vehicular, es decir, pasamos de tránsitos livianos a fuertes volúmenes de tránsitos de carga y de pasajeros de movimiento nacional; cualquier peatón que requiriese atravesar la bancada del ferrocarril en dicha intersección se sometía a una fuerte desorientación por los llamados flujos vehiculares bidireccionales es decir, para un peatón es mucho mas complicados cruzar una calle si se presentan flujos vehiculares en dos sentidos a que sólo se presenten en un solo sentido; lo anterior se dificulta mucha mas de no existir lo que se denomina facilidades peatonales tales como cruces de semáforos peatonales, pasos subterráneos o puentes elevados por lo que conocí de la intersección en el año 2007 no existían dichas facilidades peatonales” (Sic a toda la cita)
77. Respecto de la señalización vial de la zona indicó que:
“En la mencionada intersección sólo existió señalización horizontal o vertical deficiente para el número para el número de movimientos vehiculares permitidos en la intersección (12 movimientos) y no recuerdo la instalación de señalización que facilitara los movimientos peatonales.
(…) las situaciones para el año 2007 donde se conserve una calzada bidireccional para la avenida del Ferrocarril, una colectora de acceso al barrio del dos calzadas, los 12 movimientos o giros permitidos a los vehículos, la deficiente señalización y demarcación tanto vertical como horizontal para los vehículos y confirmo la total ausencia de señalización y demarcación para facilitar los cruces peatonales.” (Sic a toda la cita)
78. Por otra parte, con relación al estado de la vía para la fecha en que realizó la declaración indicó:
“la avenida del Ferrocarril en la actualidad se encuentra inconclusa debido a la ausencia de lo que se denominan calzadas de servicio, a la ausencia de intersecciones vehiculares que acomoden los volúmenes que operan actualmente en ellas y por la falta total de las facilidades peatonales que garanticen que los usuarios de transporte público del municipio de Dosquebradas que requieran cruzarla sean sometidos a altos riesgos de accidentalidad como son los datos que tenemos registrados por investigaciones realizadas en la Facultad de Ingeniería.” (Sic a toda la cita)
79. Con el fin de dar mas precisión a la terminología técnica usada por este en la declaración, el Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda le solicitó explicara a que se refería con relación a la “ausencia de calzadas de servicio y soluciones peatonales” para lo cual contestó:
“para garantizar o separar los flujos vehiculares de paso interregional de los flujos urbanos de manera segura en ingeniería vial se utilizan calzadas de desaceleración que se denominan calzadas de servicio; es decir es la manera de desviarse del canal principal de circulación a la vía local que da acceso a su barrio. Con soluciones peatonales significa que los sitios donde existen mayores demandas de flujos peatonales antes de entrar en operación dichas avenidas se deben constituir los elementos que permitan que los peatones crucen con toda seguridad dichas calzadas; dependiendo de los volúmenes de tránsito y del tipo de tránsito, es decir si es liviano o de carga se deberán diseñar y construir zonas demarcadas denominadas cebras, señalización vertical si los flujos vehiculares son pequeños, los flujos crecen utilizamos cruces vehiculares semaforizados, y si se constituyen en transito de carga tienen que ser con estructuras elevadas (puentes) porque el transito d carga no tiene capacidad de respuesta para frenado” (Sic a toda la cita)
80.Por último se le solicitó que indicara, de acuerdo con su experiencia profesional como ingeniero, cual sería la solución peatonal requerida en la avenida del Ferrocarril, exactamente en la intersección donde ocurrieron los hechos, para lo cual expresó:
“todos los modelos de solución peatonal para la intersección en relación con los movimientos peatonales nos indican lo mas aconsejable en el sitio es un puente peatonal elevado; lo anterior por la clasificación del transito que se da sobre la vía, es decir en su mayor porcentaje tránsito de carga” (Sic a toda la cita)
81. Así pues, para esta Sala de Decisión las declaraciones de los ingenieros José de la Cruz Velásquez y José Jesús Arboleda Muñoz pueden influir en el análisis del caso sub examine, toda vez que denotan circunstancias dejadas de analizar al interior del proceso ordinario, y que tendrían una connotación importante para la toma de la decisión, sumado a que los ingenieros tuvieron una participación directa en la construcción de la vía, conociendo de primera mano las circunstancias que rodearon el proyecto, su flujo vehicular y los índices de accidentalidad y peligrosidad que acarreó a los transeúntes.
82. Así pues, aunque en la sentencia de 3 de abril de 2020, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado valoró gran parte del acervo probatorio, lo cierto es que el fallo pasó por alto medios de prueba, como las declaraciones antes destacadas, que eventualmente podrían dar lugar a una conclusión diferente de la que adoptó la autoridad judicial al declarar la culpa exclusiva de la víctima, los cuales denotan una importancia ostensible para la toma de la decisión, demostrando la gravedad y alta accidentalidad de la vía, que no fueron tenidos en cuenta por el a quem en la toma de la decisión.
84. Por lo tanto, se encontró plenamente probado que, en el caso sub examine no se evaluaron pruebas que son de gran importancia en la toma de la decisión y que como elementos de prueba darían un punto de vista distinto a lo argumentado por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
85. Así las cosas, esta Sala de amparará los derechos fundamentales de los accionante y, en consecuencia, dejará sin efectos la providencia de 3 de abril de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, para que en su lugar, profiera una decisión de reemplazo dentro del medio de reparación directa con radicado 66001-23-31-000-2009-00074-01.
2.8. Conclusión
86. Para la Sala, es claro que la autoridad judicial accionada, en la sentencia de 3 de abril de 2020, incurrió en defecto fáctico al no evaluar la totalidad de las pruebas aportadas en el proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia de primera instancia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por cuanto se configuró el defecto fáctico.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales incoados por los señores Álvaro Muñoz Cardona y Francy Lorena Muñoz Cardona conforme lo consignado en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
TERCERO: Ordenar a la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado que profiera nueva decisión con base en los argumentos expuestos en la presente providencia dentro de los 15 días siguientes al recibo de la notificación de esta.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAUJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Notificada a través de correo electrónico enviado a las partes el 5 de agosto de 2020.
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2021-00485-00.
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021.
Reglamento interno del Consejo de Estado.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araujo Oñate, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.
Índice 25 del expediente digital de la plataforma SAMAI, expediente: 11001-03-15-000-2021-00485-00
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.