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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-1999-01809-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-1999-01809-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-1999-01809-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 08001-23-31-000-1999-01809-01 (0492-2025)
Ejecutante: Irene Albuja García
Ejecutado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Tema: Ejecutivo laboral. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual declaró no probada la excepción denominada «la
obligación no se puede ejecutar porque no quedó incluida en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos de la Ley 550 de 1999» y ordenó seguir adelante la
ejecución.

ANTECEDENTES

La señora Irene Albuja García interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se
cumpla la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2006 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual se ordenó el reajuste de una
indemnización por supresión del cargo.

PRETENSIONES

La parte actora, solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por el valor de
$444.426.814 o el que resulte probado.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-31-000-1999-01809-01 (0492-2025)

Que el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 22 de noviembre
de 2006 ordenó el reajuste de una indemnización en virtud de la supresión de su
empleo el 14 de abril de 1998, incluyendo el periodo laborado desde el 12 de marzo
de 1990 hasta el 30 de diciembre de 1994. Que el 25 de junio de 2007 solicitó el
cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

Que el 27 de diciembre de 2002 el Distrito de Barranquilla y sus acreedores
suscribieron un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en los términos de la Ley
550 de 1999, el cual terminó el 31 de diciembre de 2017.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 21 de octubre de
2022 libró mandamiento ejecutivo por la suma correspondiente al reajuste de la
indemnización y precisó que en el evento de causarse intereses en los términos del
artículo 177 del Decreto 01 de 1984, debían contabilizarse a partir del 12 de febrero
de 2007.

La entidad ejecutada propuso, entre otras excepciones, la que denominó «la
obligación no se puede ejecutar porque no quedó incluida en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos de la Ley 550 de 1999», para lo cual expresó que el
acuerdo es de público conocimiento y terminó el 31 de diciembre de 2017, fecha
para la cual ya se encontraba ejecutoriada la sentencia que se cobra, 12 de febrero
de 2007, es decir, la ejecutante contó con 10 años, 10 meses y 18 días para
solicitarle al Distrito de Barranquilla la inclusión de la obligación en el Acuerdo como
acreencia post acuerdo.

Que debió solicitar la inclusión de su crédito como una obligación post acuerdo y
por no hacerlo, no se puede ahora reconocer esta obligación por parte del Distrito
de Barranquilla y no se puede ejecutar la obligación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal declaró no probada la excepción y ordenó seguir adelante la ejecución
argumentando que el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 550 de 1999, que regula
el procedimiento que debe tener en cuenta el promotor designado por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la
determinación de acreencias que harán parte del acuerdo de reestructuración de
pasivos, establece que los créditos en litigio, como las acreencias condicionales,
quedarán sujetas a los términos previstos en el acuerdo y a las resultas
correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo
respectivo. En el entretanto, es decir, mientras quedan ejecutoriadas las sentencias,

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se constituirá una reserva o provisión de los recursos necesarios para atender su
pago, que se administrará a través de un encargo fiduciario y cuy a cuantía será
establecida por el promotor con la participación de los peritos que fueren del caso.

Que el proceso donde se profirió la sentencia materia de recaudo es de 1999, es
decir, constituye una obligación litigiosa proveniente de una demanda en curso
contra la entidad territorial con anterioridad a la fecha de iniciación de la
negociación, por lo que debió ser incluida en el inventario que elaboró la entidad
territorial. Que la parte actora cumplió con su deber legal de elevar solicitud de
cumplimiento de sentencia ante la entidad accionada el 25 de junio de 2007.

Que lo que reguló la ley, fue la reestructuración de los créditos en litigio, los cuales
de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 550 de 1999
quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo y a las resultas
correspondientes al cumplimiento de la sentencia o laudo respectivo y en el
entretanto, deberá constituirse una reserva o provisión de fondos necesarios para
atender su pago mediante encargo fiduciario, tal como viene dicho.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad interpuso recurso de apelación expresando que no se tuvo en cuenta
que la demandante no acreditó haberse hecho parte del acuerdo inicial de Ley 550
de 1999 del Distrito de Barranquilla, el que señala en el capítulo II numeral 12, que
las acreencias presentadas y reconocidas con posterioridad al 12 de junio de 2001,
se pagarían al finalizar la ejecución del acuerdo.

Que los funcionarios del Distrito de Barranquilla no pueden reconocer obligaciones
preexistentes al acuerdo a favor a cualquier persona natural o jurídica, salvo las
ordenadas por un proceso judicial en firme y por las disposiciones legales.

Citó el artículo 34 de la Ley 550 de 1999 para luego afirmar que los servidores del
Distrito de Barranquilla no pueden reconocer acreencias no incluidas en el Acuerdo
de Restructuración de Pasivos, ya que éste y sus modificaciones s on obligatorios
para el ente territorial y para todos sus acreedores, incluso para aquellos que no
hayan participado en la negociación o que habiendo participado no hayan estado
de acuerdo con la misma, por lo cual estas estipulaciones cobijan para el presente
caso.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 27 de febrero de 2025. La parte ejecutante allegó escrito en
el que solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia.

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La parte ejecutada y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se
encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de
la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho,
pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En
efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).

El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar las
excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida

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en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial». 1

Resolución al caso concreto

Uno de los motivos de inconformidad que propone la entidad tiene que ver con que
la ejecutante no acreditó haberse hecho parte en el acuerdo inicial suscrito por el
Distrito.

Para el efecto, se extrae de los documentos allegados al expediente, que la entidad
ejecutada con fundamento en lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 suscribió un
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con sus acreedores el día 31 de
diciembre de 2001, el cual fue modificado el 29 de diciembre de 2004 y el 29 de
diciembre de 2008 y que terminó el 31 de diciembre de 2017.

La sentencia que se invoca como título fue proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 22 de noviembre de 2006 y quedó ejecutoriada el 12 de febrero de
2007, elementos que permiten concluir que para la fecha en que la entidad suscribió
el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, el crédito ahora reclamado no existía,
teniendo en cuenta que para aquella época se encontraba en curso el proceso
instaurado para reclamar el reajuste de la indemnización, pues del radicado del
asunto ordinario se sustrae que fue radicado en el año 1999.

Bajo el anterior entendido, no puede reprochársele a la ejecutante que no se haya
hecho parte del acuerdo pues para la fecha en que se suscribió, tal como se mostró,
no existía una obligación a favor de ésta, es decir, no tenía la calidad de acreedora
del Distrito pues solo tenía la expectativa de un derecho con ocasión de la demanda
de nulidad y restablecimiento instaurada, en consecuencia, este argumento de
reproche no sustrae a la entidad del pago de la obligación reclamada a través del
presente asunto ejecutivo.

Para mayor claridad frente al tema de las obligaciones causadas de forma posterior
al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, se citará lo que con respecto al punto
la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó: 2

«62. Asimismo, tanto el inciso cuarto del artículo 19 como el artículo 34 de la Ley 550
de 1990 establecen que las acreencias objeto de arreglo son las adquiridas con
anterioridad al inicio de la negociación del acuerdo y, a su vez, determinan que las

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de julio de 2023 radicado 52001-23-33-000-2018-

00408-01 (68.124).

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obligaciones causadas de forma posterior a ésta –la negociación- deben ser
atendidas como gastos de la empresa, lo que denota que su pago debe sujetarse el
régimen previsto para cualquier acreencia contraída fuera del marco de una
reestructuración –prelación de créditos del Código Civil-, por lo que su cumplimiento
se realiza bajo la óptica del giro ordinario de sus negocios.

En este orden de ideas, una interpretación sistemática de la ley conduce a colegir que
las deudas que hacen parte del acuerdo de reestructuración sólo son aquellas que
existían de forma antecedente a su negociación y que como tal fueron incluidas en el
inventario de acreencias. De modo que no es dable enmarcar bajo las reglas
estipuladas en un acuerdo de tal naturaleza a las acreencias que no se habían
causado de forma preliminar a la negociación del acuerdo, pues éstas no están
sujetas al orden de pago previsto en dicho pacto, toda vez que son obligaciones que
debe atender la entidad bajo el régimen normal de su actividad negocial –como gastos
adquiridos, cuya prelación de pago está dada por las previsiones del Código Civil-.

64. Tal entendimiento resulta en una postura uniforme y reiterada que esta
Corporación, a través de sus distintas Secciones, ha considerado respecto de las
acreencias objeto de estos acuerdos de reestructuración, así:

“Por el contrario el acuerdo, no es obligatorio frente a ACREEDORES que adquieran
tal condición con posterioridad a su suscripción. Si la entidad DEUDORA celebra
contratos y contrae obligaciones con posterioridad al acuerdo –que es lo que ocurrió
en este caso- esas obligaciones serán tratadas como gastos propios del giro de sus
negocios, deberán ser pagadas preferentemente y los acreedores podrán concurrir
a la jurisdicción a demandar su pago, que fue lo que se hizo en este asunto. “(…)

“La lógica que recoge la normativa anterior [el artículo 34 de la ley 550 de 1999]
radica en que si bien todos los acreedores deben acogerse a un acuerdo que se
aprueba por la mayoría, ese acuerdo solo puede cobijar a quienes tenían tal
condición antes de su celebración. Ni el acuerdo ni las modificaciones posteriores
que se surtan frente al mismo, que solo son oponibles a los acreedores que lo
suscribieron y a los que las partes en el mismo decidan incluir, puede tener efectos
frente a quienes no tenían la condición de acreedores cuando se celebró el acuerdo
inicial”3 (resaltado del texto original).» Subraya de la Subsección.

Si bien la entidad recurrente señala que según el articulado del acuerdo las
acreencias presentadas y reconocidas con posterioridad al 12 de junio de 2001 se
pagarían al finalizar la ejecución, en atención a lo expuesto, como la obligación
ahora reclamada se causó con posterioridad a la negociación, esta no está sujeta a
la orden de pago que allí se haya establecido, en otras palabras, su pago debe
sujetarse el régimen previsto para cualquier acreencia contraída fuera del marco de
una reestructuración.4

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10

de abril de 2019, radicación 13001-23-31-000-2008-00120-02(39770), Consejero Ponente: Martín Bermúdez
Muñoz.
4 En este punto se resalta que no obstante la obligación no estar incluida en el marco del acuerdo, no puede

perderse de vista los efectos generales que el artículo 14 de la Ley 550 de 1999 consagra frente a la iniciación
de la negociación, esto es, que el término de prescripción y caducidad de las acciones respecto de los créditos
del empresario se suspenden.

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Radicación: 08001-23-31-000-1999-01809-01 (0492-2025)

Se precisa, además, solo en gracia de discusión, que tampoco tiene esta
Corporación cómo verificar las determinaciones específicas que gobernaron el
acuerdo de reestructuración suscrito por el Distrito que dé lugar a colegir cómo
debían cancelarse las acreencias derivadas de condenas judiciales proferidas con
posterioridad a la promoción del acuerdo, pues no fue un elemento probatorio
allegado al expediente.

Ahora, no se desconoce que el artículo 20 de la Ley 550 de 1999 consagra la
obligación de relacionar en el inventario de acreencias las demandas en curso, pero
debe precisarse que correspondía a la entidad ejecutada probar que el asunto
judicial que en su momento estaba en trámite y que fue promovido por la señora
Albuja García fue incluido, para que, de manera eventual, se estudiara si las
cláusulas contenidas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos suscrito por el
Distrito resultaban aplicables al caso de la ejecutante, situación que no fue
acreditada y que incluso se quiso trasladar dicha carga probatoria a la parte
ejecutante.

En consecuencia, como la entidad no trajo argumentos de reparo o propuso algún
sustento legal o constitucional de los cuales se pueda inferir que no hay lugar a
ejecutar la obligación ahora pretendida por la señora Irene Albuja, resulta
consecuente confirmar la sentencia impugnada que declaró no probadas las
excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado y observando los
argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no
se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 08001-23-31-000-1999-01809-01 (0492-2025)

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró no probadas las excepciones y
ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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