Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00350-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00350-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2019-00350-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintitrés (23) abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2019-00350-01 (0167-2025)
Demandante: Edilberto González Escobar
Demandados: Departamento de Córdoba
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de «prescripción total»
del derecho y se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. Edilberto González Escobar presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto que se originó con la petición
presentada ante el departamento de Córdoba el 17 de septiembre de 2018, por
medio del cual se entendió negado el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes
1 Ver ítem 1 de Samai en el expediente contencioso de primera instancia. Documento
«3_003DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 1».
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Edilberto González Escobar
244 de 19953 y 1071 de 20064,equivalente a «un día de salario por cada día de mora
en el pago de cesantías a partir del sesenta y seisavo día después de radicada la petición
de reconocimiento» (sic); ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y iv) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Edilberto González Escobar se desempeñó como educador oficial al servicio del
departamento de Córdoba y no se afilió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
3.2. El 29 de enero de 2015, solicitó ante la demandada el reconocimiento y pago de
las cesantías definitivas.
3.3. Con ocasión del retardo en el pago de la referida prestación, el 17 de septiembre
de 2018 le solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de la sanción por mora que
trascurrió entre el 14 de mayo de 2015 y el 11 de febrero de 2019 (esto es 1004
días), establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. La entidad territorial
guardó silencio.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1, 2 y
parágrafo de la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 5:
5.1. Con las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se reguló lo pertinente al pago de
las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, para lo cual se
estableció como término perentorio para el reconocimiento los 15 días siguientes a
la radicación de la solicitud y 45 días para el pago efectivo, una vez expedido el
respectivo acto administrativo.
3 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores
públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
4 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación.
5 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, páginas 4 a 7.
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5.2. El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación del 18 de julio de
20186, estableció la procedencia del reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 a los docentes oficiales, fijó las reglas en cuanto a
su exigibilidad, el salario base para calcularla y la improcedencia de su indexación.
5.3. En su caso, «[c]omo se observa en la resolución de reconocimiento de las cesantías y
la certificación de la fecha de pago, estos se realizaron después del término de 70 días,
contados después de radicada la petición por lo que surge en cabeza de mi representado
el derecho a que se le pague una sanción moratoria consistente en un día de salario por
cada día de mora en el pago» (sic). Lo anterior, lesionó su derecho subjetivo a obtener
y disfrutar de sus cesantías en el término legalmente establecido.
1.2. Contestación de la demanda
6. El departamento de Córdoba se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
los siguientes argumentos 7:
6.1. No le asistía el derecho a la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
definitivas, toda vez que «el Departamento de Córdoba las canceló oportunamente, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071
de 2005 que describe la sanción moratoria proveniente del incumplimiento de la entidad a
cancelar dentro del término de 45 días hábiles después del reconocimiento mediante acto
administrativo de las cesantías solicitadas. Si bien la administración departamental
reconoció las cesantías definitivas al demandante mediante Resolución No. 2606 de fecha
21 de diciembre de 2018 y notificadas el 27 de diciembre de 201[8], según comprobante de
egresos No. 851, por valor de $55.746.028,00, por lo que mi poderdante dio cumplimiento
a lo establecido en la norma citada, la cual establece un término no mayor de 45 días desde
el reconocimiento de la prestación hasta que se hace efectivo su pago, observándose que
el tiempo transcurrido entre la fecha de ejecutoria y la realización del pago fueron 10 días
hábiles término que está previsto dentro de la norma citada» (sic).
6.2. Las normas mencionadas se refieren al plazo con el que cuenta la entidad para
pagar las cesantías a partir de la fecha en la que queda en firme el acto
administrativo que las reconoce, lo que cumplió pues después del reconocimiento
transcurrieron tan solo 33 días para el pago.
6.3. Aunque el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 dispone que la solicitud de cesantías
se debe resolver dentro de los 15 días hábiles a su presentación, ello es así, siempre
que se cumplan con los requisitos legales. No obstante, el deber de resolver no
implica el reconocimiento, sino la adopción de una decisión.
6 Al respecto citó: Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 'segunda,
sentencia CE-SUJ-SII-012-2018. SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-
2014-00580-01(4961-2015).
7 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»,
Onedrive, documento 01DemandaFisica, páginas 44 a 49.
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6.4. En el caso particular, «el Departamento de Córdoba resolvió la solicitud de pago de
cesantías definitivas del demandante, pues le informó que la entidad debía contar con la
apropiación presupuestal para proceder al reconocimiento y pago de la prestación» (sic),
según el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Por lo tanto, el plazo legal no es para
resolver de forma favorable, sino para dar una respuesta oportuna.
6.5. En consecuencia, «si bien es cierto que el convocante solicitó el pago de las cesantías
definitivas con anterioridad y la administración departamental solo la reconoció hasta el 18
de mayo de 2018, incurriendo así en el retardo del reconocimiento de las cesantías
definitivas mediante acto administrativo; no es cierto que la Gobernación de Córdoba por
medio de la Secretaría de Gestión Administrativa incumplió con la consignación de la
prestación social aludida. Todo ello en virtud de que la sanción moratoria descrita en el
Artículo 2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2005 se refiere a que la
entidad tiene un plazo de 45 días hábiles a partir de la fecha de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor
público, para cancelar la prestación social» (sic).
6.6. De conformidad con lo anterior propuso las excepciones: i) «buena fe de excepta
de culpa»; y ii) «cobro de lo no debido».
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Córdoba
decidió:
«Primero: Declarar de oficio probada la excepción de “prescripción total”, conforme a
lo expuesto en precedencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero: Abstenerse de pronunciarse sobre las excepciones de “Buena fe excepta de
culpa” y el “cobro de lo no debido”, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Cuarto: Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente» (sic).
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:
8.1. El 29 de enero de 2015, Edilberto González Escobar solicitó el reconocimiento y
pago del auxilio de cesantías y, si bien la solicitud de la sanción moratoria se hizo
con anterioridad al reconocimiento de las cesantías, ello obedeció a que el actor
consideró que tal derecho se había causado debido a que habían transcurrido más
de 2 años desde la reclamación sin que la entidad hubiese otorgado respuesta a su
requerimiento. En ese sentido, presentó la reclamación frente a la sanción moratoria
el 17 de septiembre de 2018 para que se la pagaran una vez le fueran reconocidas
sus cesantías, razón para tener esa fecha como reclamación de la sanción.
8 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»,
Onedrive, documento 15Sentencia.pdf.
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8.2. Los 15 días con los que contaba el departamento para emitir el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías definitivas finalizaron el 19 de
febrero de 2015, no obstante, el acto fue expedido a los 3 años 10 meses y 1 día
después del término contenido en el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006.
8.3. Ahora bien, comoquiera que en el caso particular se profirió acto escrito
extemporáneo de reconocimiento de la prestación se tuvo en cuenta lo establecido
en la sentencia de unificación para estos eventos. De acuerdo con lo anterior, se
estableció un periodo de mora desde el 14 de mayo de 2015 hasta el 11 de febrero
de 2018, según el siguiente cuadro:
Término Fecha Caso concreto
Fecha de la reclamación de las 29 de enero de 2015 FECHA DE
cesantías definitivas RECONOCIMIENTO
Vencimiento del término para 19 de febrero de 2015 CESANTÍAS
21 de diciembre de 2018
el reconocimiento – 15 días
FECHA DE PAGO
(Art. 4 Ley 1071 de 2006) CESANTÍAS
Vencimiento del término de 5 de marzo de 2015 12 de febrero de 2019
ejecutoria - 10 días (Arts. 76 y PERIODO DE MORA
87 del CPACA). 14 de mayo de 2015 –
Vencimiento del término para 13 de mayo de 2015 11 de febrero de 2019
el pago – 45 días (Art. 5 Ley
1071 de 2006).
8.4. No obstante, la sanción moratoria está sometida al fenómeno de la prescripción
extintiva y la fecha desde la cual procede la reclamación por la mora en la
consignación de las cesantías parciales o definitivas es a partir del momento en que
se hace exigible, es decir, a partir del día en que se generó el incumplimiento o
tardanza. Para el caso, la exigibilidad inició el día siguiente al vencimiento del
término con que la entidad contaba para realizar el pago o consignación, esto es el
14 de mayo de 2015, por lo que el demandante tenía plazo para realizar la
reclamación entre el 14 de mayo de 2015 y el 14 de mayo de 2018; sin embargo, la
presentó el 17 de septiembre de 2018, fecha para la cual el derecho se encontraba
prescrito.
8.5. El demandante sostuvo que la prescripción se suspendió debido a que el
departamento se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos desde el
22 de mayo de 2008, lo que, de acuerdo con la Ley 550 de 1999, suspende los
términos de prescripción y caducidad. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha establecido que para que esta suspensión opere se debe acreditar que:
i) la entidad estaba en reestructuración; ii) la acreencia había sido incluida en ese
proceso; y iii) se certificaran las etapas y vigencia del acuerdo de reestructuración.
8.6. Aunque el derecho reclamado surgió con posterioridad al inicio del proceso antes
mencionado, no se probó su inclusión en este ni la existencia de un acuerdo con el
departamento, razón por la que no era procedente la suspensión de los términos y,
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por lo tanto, operó la prescripción total.
1.4. El recurso de apelación
9. Edilberto González Escobar interpuso recurso de apelación en el cual manifestó
lo siguiente9:
9.1. El tribunal de instancia plantea un imposible para que sea aplicada la suspensión
del término de prescripción prevista en la Ley 550 de 1999, «consiste en haber incluido
en el año 2008, en el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el departamento
de Córdoba, la obligación de pago de sanción por mora en las cesantías del demandante,
surgida a partir del año 2015. Por otro lado, ese requisito que se pide en la sentencia, aparte
de resultar imposible en el plano temporal, carece de fundamento jurídico, puesto que, al
revisar la disposición normativa establecida en el numeral 13 del artículo 58 de la ley 550
de 199[9] no se establece ningún tipo de requisito para que opere la suspensión de la
prescripción y de la caducidad» (sic).
9.2. Además, el mencionado artículo fue declarado exequible por la Corte
Constitucional10, al considerar que la suspensión de la prescripción y de la
caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial
en proceso de reestructuración de pasivos, así como la imposibilidad de iniciar
«procesos de ejecución ni embargo de los activos y recursos de la entidad», son medidas
razonables y proporcionales encaminadas a la recuperación de la capacidad de
gestión administrativa y financiera de las entidades territoriales, sin que impliquen
la extinción de las obligaciones.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, ni se
advirtió la necesidad de decretarlas, resulta innecesario correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA11.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado solicitó que se confirmara la sentencia recurrida con
fundamento en que no se aportó al expediente prueba alguna de la cual se pudiera
«corroborar que la acreencia reclamada por el actor hubiese sido incluida dentro del
proceso de reestructuración de pasivos, más aún, no se logró acreditar que el mismo,
hubiese suscrito algún acuerdo con el Departamento de Córdoba» (sic)12.
9 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»,
Onedrive, documento 17RecursoApelación.pdf.
10 Sentencia C-493 de 2002.
11 De acuerdo con el auto admisorio del 20 de febrero de 2025, visible a índice 4 de Samai.
12 Índice 8 de Samai.
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2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Se circunscriben a establecer ¿si era procedente la suspensión del término de
prescripción extintiva del derecho al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
550 de 199913 como consecuencia del proceso de restructuración de pasivos del
departamento de Córdoba?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías de
los servidores públicos
14
13. En la Ley 244 de 1995 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de los
servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y a favor
del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causan ante el
incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señala lo siguiente:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
(…)
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta
prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día
de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
14. En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno
de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título de
sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de salario por
cada día de retardo en el pago de la referida prestación.
15. La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los servidores
13 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente
con las normas de esta ley.
14 «Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
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públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva
de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del derecho al pago
oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo 53 de la Constitución
Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario y su pago oportuno.
16. El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
la Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
remuneración, en los siguientes términos:
«Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre
que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y
debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que
haya prestado o deba prestar.»
17. La Corte Constitucional, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994, referencia
expediente T-30763, sostuvo sobre la protección constitucional a la remuneración
que en el Convenio 95 de la OIT se indicó en el numeral 2 del artículo 12 que
«cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los
salarios debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un
laudo arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo
razonable, habida cuenta de los términos del contrato».
18. Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el artículo
12 del Convenio 95 no solo se refiere a las mensualidades debidas, sino también a
cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación laboral, por tal
razón, las prestaciones sociales como la cesantía están cobijadas por los principios
constitucionales de la protección a la remuneración.
19. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18
de julio de 201815 se refirió a los distintos eventos en los que puede presentarse una
variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria, por el pago tardío o
no pago de las cesantías parciales y definitivas, respecto de lo cual establecieron
las siguientes reglas:
«[…]
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-
33-000-2014-00580-01(4961-2015).
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determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la
ley16 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.»
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la
sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el
retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se
deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento
de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
(…)». [resaltado original]
20. De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas prevista por las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento o se hace de forma
extemporánea y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los que resuelven los
recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la manifestación de renuncia
a los términos de notificación y de ejecutoria. En consecuencia, los anteriores son
los eventos que determinan la causación y exigibilidad de la sanción, los cuales
tienen como referente la petición del trabajador.
21. Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la indemnización
por el incumplimiento en la consignación de cesantías anualizadas.
Precisamente, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201617 al analizar
esta última situación, precisó los siguientes puntos:
21.1. La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la indemnización
se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social, lo cierto es que
no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.
16 Artículo 69 CPACA.
17Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
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21.2. Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.
21.3. Esta creada a título de sanción. En consecuencia, hace « parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho imprescriptible,
pues esta es una característica de aquel.
21.4. El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma expresa los
derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción
moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un ámbito de mayor
alcance.
22. En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 202018 unificó su posición
para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual debía
efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad.
23. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado.
Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es independiente de las
cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por consiguiente, debe estar
sujeto a la regla general de la prescripción.
24. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L.,
opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la
presentación de la respectiva reclamación.
2.2.2. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no
pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995
25. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-23-
33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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Demandante: Edilberto González Escobar
034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre del 2023 estableció que el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se
encuentra supeditado a la observancia del término de prescripción previsto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que dispuso
lo siguiente:
«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción,
pero sólo por un lapso igual».
26. En consecuencia, se fijó la siguiente regla de unificación:
«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en
el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío
o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término
que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la
prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria».
27. En la providencia se dispuso que las reglas de unificación fijadas son aplicables
retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede
administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos
cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.
2.3. Caso en concreto
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
28.1. El 29 de enero de 2015, el docente Edilberto González Escobar solicitó el
reconocimiento y pago de cesantías definitivas ante la Secretaría de Hacienda del
departamento de Córdoba19.
28.2. El 17 de septiembre de 2018, solicitó i) el pago de «la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías, a partir del setentaiunavo día siguiente a la
19Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, página 15.
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radicación de petición de cesantías, la cual fuera radicada el 27/01/2015; y hasta que se
configure el pago total del derecho reclamado» (sic); ii) la expedición de la liquidación
de las cesantías a las que tiene derecho; y iii) la certificación salarial de los años
2013 y 201420.
28.3. Mediante la Resolución 2606 1011 del 21 de diciembre de 201821, la Secretaría
de Gestión Administrativa resolvió «ARTICULO PRIMERO: Reconocer y pagar a favor
del señor EDILBERTO ELIAS GONZALEZ ESCOBAR, identificado con cedula de
ciudadanía número 13.811.835, la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M/L ($55.746.028), por
concepto de cesantías definitivas, de conformidad a las razones expuestas en la parte
considerativa de esta Resolución» (sic)22. La decisión le fue notificada a Edilberto
González Escobar el 27 de diciembre de ese año, quien renunció a términos
ejecutorios.
28.4. Se anexó al expediente: i) la liquidación de cesantías definitivas23; ii) la copia
del comprobante de egreso 851 del 12 de febrero de 2019 por valor de $55.746.028
a favor del demandante «por haber laborado como docente en la Institución
Educativa San Francisco de Asís de Chinú entre el 13/07/1984 y el 30/07/2014»
(sic) 24; y iii) la certificación del 13 de marzo de 2017 expedida por la líder de Talento
Humano de la Secretaría de Educación de Córdoba en la que consta que prestó el
servicio de docente departamental por 30 años y 17 días, los extremos temporales
del mismo y los factores salariales que percibió entre los años 2013 y 201425.
28.5. Obran certificados de la Dirección General de Apoyo Fiscal DAF del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en los que consta la inscripción del «AVISO DE
INICIACION DE LA PROMOCION DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE
PASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DEL 21 DE MAYO DE 2008. MEDIANTE
EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTICULOS 11Y 13 DE LA
LEY 550 DE 1999» (sic) y el resuelve del acto inscrito en los siguientes términos:
«Artículo 1°. Aceptar la solicitud de promoción de un Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos presentada por el DEPARTAMENTO DE CORDOBA, dado que ha acreditado
los requisitos exigidos por la Ley 550 de 1999 para este efecto.
Artículo 2ª. Designar al doctor HENRY LEONIDAS ORTIZ OSORIO, (…) como promotor
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,
quien ejercerá las funciones previstas en la Ley 550 de 1999 en relación con estos
procesos.
Artículo 3°. Para efectos de la publicidad de la promoción de este Acuerdo, realizar las
20 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, página 17.
21 Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para estudio.
22 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, páginas 19 y 20.
23 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, página 25.
24 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, página 26.
25 Índice 2 de Samai, archivo «4ED_CORREOELE_RVREMISIONEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2»
Onedrive, documento 01DemandaFisica, páginas 27 y 28.
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publicaciones, avisos e inscripciones de la promoción del Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, a que se refiere el artículo 11° de la
Ley 550 de 1999
Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación» (sic).
2.4. Análisis de la Sala
36. El Tribunal Administrativo de Córdoba encontró que la entidad demandada
incurrió en mora en el pago de las cesantías definitivas del docente desde el 14 de
mayo de 2015 (día siguiente al vencimiento del término para el pago de las
cesantías) hasta el 11 de febrero de 2018 (día anterior al pago de las cesantías);
sin embargo, declaró la «prescripción total» del derecho a la sanción moratoria, toda
vez que su exigibilidad había iniciado el día siguiente al vencimiento del término con
el que la entidad contaba para realizar el pago o consignación de la prestación, esto
es el 14 de mayo de 2015, por lo que el demandante tenía plazo para presentar la
reclamación de la sanción, sin que operara la prescripción, hasta el 14 de mayo de
2018; sin embargo, lo hizo el 17 de septiembre de ese año.
37. Asimismo, consideró que no era procedente suspender el término de prescripción
por el acuerdo de restructuración de pasivos en el que se encontraba el
departamento de Córdoba porque, aunque el derecho reclamado había surgido con
posterioridad al inicio del proceso antes mencionado, el demandante «no probó que
la acreencia reclamada hubiera sido incluida dentro del proceso de reestructuración de
pasivos y mucho menos se acreditó que el actor haya suscrito algún acuerdo con el
departamento» (sic).
38. Por su parte, el demandante en el recurso de apelación alegó que el a quo le
exigió unos requisitos de imposible cumplimiento para que le fuese aplicada la
suspensión del término de prescripción prevista en la Ley 550 de 1999, «consiste en
haber incluido en el año 2008, en el acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el
departamento de Córdoba, la obligación de pago de sanción por mora en las cesantías del
demandante, surgida a partir del año 2015. Por otro lado, ese requisito que se pide en la
sentencia, aparte de resultar imposible en el plano temporal, carece de fundamento jurídico,
puesto que, al revisar la disposición normativa establecida en el numeral 13 del artículo 58
de la ley 550 de 199[9] no se establece ningún tipo de requisito para que opere la
suspensión de la prescripción y de la caducidad» (sic).
39. Al respecto, se recuerda que la competencia del juez en segunda instancia se
enmarca en los «reparos concretos» formulados por el apelante. En esa medida, se
hace necesario precisar que, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda,
aunque Edilberto González Escobar no era un docente afiliado al Fomag, en tal
calidad prestó sus servicios al departamento de Córdoba «entre el 13/07/1984 y el
30/07/2014», por lo tanto, era un servidor público del orden territorial al que le eran
aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y, en todo caso, este no es un
asunto en discusión.
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Demandante: Edilberto González Escobar
40. Aclarado lo anterior, para esta Sala el argumento del demandante expuesto en
el recurso no es de recibo, por cuanto, al margen del proceso de reestructuración
de pasivos de la entidad territorial y de las medidas adoptadas en aplicación de la
Ley 550 de 1999, lo cierto es que la prescripción se constituye en una forma de
extinción de los derechos laborales que se materializa con el transcurso del tiempo
y la inactividad de su titular.
41. En el caso concreto, tal y como lo advirtiera el tribunal, una vez se hizo exigible
la obligación de pago de las cesantías, el demandante contaba con el termino de 3
años para interrumpir la prescripción de la sanción originada en el no pago de la
prestación; sin embargo, no efectuó actuación alguna en ese sentido, ni acreditó
haberse encontrado en una circunstancia que le hubiese impedido ejercer
oportunamente su derecho.
42. Ahora bien, aunque se acreditó que el departamento de Córdoba suscribió un
acuerdo de reestructuración de pasivos con sus acreedores en el marco de la Ley
550 de 1999 y que en efecto la mencionada ley en su artículo 58, numeral 13, prevé
que «durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el
término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a
cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni
embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o
embargos, se suspenderán de pleno derecho», esta suspensión no necesariamente
cobija todos los créditos, sin distinción temporal a todas las acreencias surgidas con
posterioridad al acuerdo y que no están vinculadas a su ejecución, pues ello
desbordaría la finalidad de la ley y permitiría una suspensión indefinida de los
derechos y su reclamación.
43. En efecto, si bien no puede reprochársele al demandante que no se haya hecho
parte del acuerdo pues para la fecha en que se suscribió este [23 de noviembre de
2009]26, no existía una obligación a favor de aquel, lo cierto es que ello no relevaba
al demandante de que presentara reclamación ante la entidad so pena de que
operar la prescripción extintiva de sus derechos.
44. Sobre los créditos cobijados en el marco de proceso de restructuración de
pasivos, el Consejo de Estado ha indicado27:
26 https://www.minhacienda.gov.co/apoyo-fiscal-territorial/acuerdos-reestructuracion-
pasivos/registro-certificados-evolucion-de-los-acuerdos/-
/document_library/sqja/view/705921?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INST
ANCE_sqja_redirect=https%3A%2F%2Fwww.minhacienda.gov.co%3A443%2Fapoyo-fiscal-
territorial%2Facuerdos-reestructuracion-pasivos%2Fregistro-certificados-evolucion-de-los-
acuerdos%2F-
%2Fdocument_library%2Fsqja%2Fview%2F705391%3F_com_liferay_document_library_web_portl
et_DLPortlet_INSTANCE_sqja_folderId%3D705391&_com_liferay_document_library_web_portlet_
DLPortlet_INSTANCE_sqja_folderId=705921
27 Cita de cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de julio de 2023 radicado 52001-
23-33-000-2018-00408-01 (68.124); sentencia del 14 de mayo de 2025, radicado:
08001-23-31-000-1999-01809-01 (0492-2025), C.P. Jorge Iván Duque.
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Demandante: Edilberto González Escobar
«62. Asimismo, tanto el inciso cuarto del artículo 19 como el artículo 34 de la Ley 550 de
1990 establecen que las acreencias objeto de arreglo son las adquiridas con anterioridad
al inicio de la negociación del acuerdo y, a su vez, determinan que las obligaciones
causadas de forma posterior a ésta –la negociación- deben ser atendidas como gastos
de la empresa, lo que denota que su pago debe sujetarse el régimen previsto para
cualquier acreencia contraída fuera del marco de una reestructuración –prelación de
créditos del Código Civil-, por lo que su cumplimiento se realiza bajo la óptica del giro
ordinario de sus negocios.
En este orden de ideas, una interpretación sistemática de la ley conduce a colegir que
las deudas que hacen parte del acuerdo de reestructuración sólo son aquellas que
existían de forma antecedente a su negociación y que como tal fueron incluidas en el
inventario de acreencias. De modo que no es dable enmarcar bajo las reglas estipuladas
en un acuerdo de tal naturaleza a las acreencias que no se habían causado de forma
preliminar a la negociación del acuerdo, pues éstas no están sujetas al orden de pago
previsto en dicho pacto, toda vez que son obligaciones que debe atender la entidad bajo
el régimen normal de su actividad negocial –como gastos adquiridos, cuya prelación de
pago está dada por las previsiones del Código Civil-.
64. Tal entendimiento resulta en una postura uniforme y reiterada que esta Corporación,
a través de sus distintas Secciones, ha considerado respecto de las acreencias objeto
de estos acuerdos de reestructuración, así:
“Por el contrario el acuerdo, no es obligatorio frente a ACREEDORES que adquieran tal
condición con posterioridad a su suscripción. Si la entidad DEUDORA celebra contratos
y contrae obligaciones con posterioridad al acuerdo –que es lo que ocurrió en este caso-
esas obligaciones serán tratadas como gastos propios del giro de sus negocios, deberán
ser pagadas preferentemente y los acreedores podrán concurrir a la jurisdicción a
demandar su pago, que fue lo que se hizo en este asunto. “(…)
“La lógica que recoge la normativa anterior [el artículo 34 de la ley 550 de 1999] radica
en que, si bien todos los acreedores deben acogerse a un acuerdo que se aprueba por
la mayoría, ese acuerdo solo puede cobijar a quienes tenían tal condición antes de su
celebración. Ni el acuerdo ni las modificaciones posteriores que se surtan frente al
mismo, que solo son oponibles a los acreedores que lo suscribieron y a los que las partes
en el mismo decidan incluir, puede tener efectos frente a quienes no tenían la condición
de acreedores cuando se celebró el acuerdo inicial28» (sic).
45. En esa medida, se configuró la prescripción trienal producto de la inactividad del
demandante para reclamar en sede administrativa la sanción moratoria, al margen
de que del eventual incumplimiento de ese pago se hiciera acreedor y pudiese
acudir a la jurisdicción. En esas condiciones, la finalidad de la Ley 550 de 1999 no
es suspender indefinidamente la prescripción de los derechos y la caducidad de las
acciones, sino permitir el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el acuerdo;
razón por la que no se acoge el argumento presentado en el recurso.
46. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada que declaró probada
la prescripción total del derecho a la sanción moratoria.
2.4. Costas
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 10 de abril de 2019, radicación 13001-23-31-000-2008-00120-02(39770), consejero
ponente: Martín Bermúdez Muñoz.
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Demandante: Edilberto González Escobar
47. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.29
50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
51. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no era procedente la
suspensión del término de prescripción extintiva del derecho al pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 550 de 1999 como consecuencia del proceso de
restructuración de pasivos del departamento de Córdoba, comoquiera que, al
margen de este proceso, el demandante contaba con 3 años después de que se
hizo exigible el pago de las cesantías para reclamar la sanción moratoria y no lo
hizo.
29En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Edilberto González Escobar
53. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 18 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró de oficio
la excepción de «prescripción total» del derecho y se negaron las pretensiones de
la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró la prescripción de
la sanción moratoria y se negaron las pretensiones de la demanda.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
17
Sigue leyendo
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