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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2005-01049-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2005-01049-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 16 de octubre de 2015 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Atlántico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional responsable por los perjuicios causados al demandante, con ocasión de la privación injusta de la libertad de William Hernán González Arévalo, ocurrida el 22 de septiembre de 2002 y 17 de febrero de 2003. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la siguiente suma expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia: Demandante Indemnización William Hernán González Arévalo 5 SMLMV CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional que emita un comunicado en el cual ofrezca disculpas a William Hernán González Arévalo por la afectación de su buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: NO CONDENAR en costas. SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. 15 de 16 Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328) Actor: William Hernán González Arévalo Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso. NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2005-01049-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022

Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Justicia Penal Militar – falla del servicio

Síntesis del caso: el demandante principal fue privado de su libertad con ocasión del
proceso penal militar adelantado en su contra, por la presunta comisión del delito de
peculado por apropiación. Dicha actuación finalizó con cesación del procedimiento a su
favor.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la Sentencia proferida el 16 de octubre de 2015
por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de descongestión, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 25 de abril de 2005, William Hernán González Arévalo presentó
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para obtener la
reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su

1De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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libertad2. La medida de aseguramiento de detención preventiva fue
decretada dentro del proceso penal militar adelantado en su contra por la
presunta comisión del delito de peculado por apropiación.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):

“PRIMERO: Declarar administrativa responsable a la Nación. Ministerio de Defensa-
Fuerzas Militares de Colombia- Ejército Nacional, de los perjuicios causados al
demandante el señor SV ® WILLIAM HERNAN GONZALEZ AREVALO, por las
omisiones y acción del MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA, EJERCITO NACIONAL, por atropellar y violar derechos
constitucionales a mi poderdante, que le costó la privación de unos de sus
derechos fundamentales como de la libertad, a causa de un proceso penal
lleno de irregularidades, que prologaron la privación de la libertad de mi
poderdante SV ® WILLIAM HERNAN GONZALEZ AREVALO.Y que posteriormente
fue encontrado no responsable ordenándose la CESACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO, sin retribuirle o reparar el daño moral y material que le
causaron a mi poderdante.-

[…]

2. Por ser retirado del cargo como Sargento Viceprimero al señor WILLIAM
HERNAN GONZALEZ AREVALO de FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA -EJERCITO
NACIONAL, por decisión discrecional de fecha 00358 del 29 de abril 2003
aportada en esta demanda, como secuencia de proceso penal militar que
posteriormente fue encontrado no responsable del delito que se le
investigaba, ordenándose cesación del procedimiento. Acontecimiento que
se desencadenó diversas decisiones y antecediéndole una suspensión del
ejercicio de funciones y atribuciones del señor WILLIAM HERNAN GONZALEZ
AREVALO, quintándole el cincuenta por ciento (50%) de su salario y al no
reconocimiento de media pensión, asignación de retiro y demás prestaciones
sociales a que tiene derecho”.

3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a la parte demandada a
pagar los siguientes montos:

Perjuicio Monto

Perjuicios morales 1.052 SMLMV
Perjuicios materiales $200.000.000

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones expuso, en síntesis:

5. 1) El 6 de mayo de 2002, el sargento viceprimero, William Hernán
González Arévalo, fue vinculado a un proceso penal por la presunta
comisión del delito de peculado por apropiación, debido a que cuando
era almacenista de la Segunda Brigada del Ejército Nacional fue realizado

2 Folios 2 al 12 del cuaderno No. 1 del tribunal.

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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un inventario donde se advirtió la pérdida de 70 armas que se encontraban
“en custodia” y 23 armas en “decomiso definitivo”.

6. 2) El 21 de mayo de 2002, se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva, se ordenó la suspensión del cargo y que se le pagara
solo el 50% de los salarios, primas y asignaciones; esta decisión fue recurrida
por el procesado.

7. 3) En el trámite del recurso, el Tribunal Superior Militar decretó la nulidad
de todo lo actuado desde la diligencia de indagatoria por vulneración del
derecho defensa mediante Auto de 2 de septiembre de 2002.

8. 4) El Juzgado 16 de Penal Militar decretó, una vez más, medida de
aseguramiento de detención preventiva contra González Arévalo, pero por
el delito de peculado culposo a través de decisión de 22 de octubre de
2002; contra esta decisión, el procesado también interpuso recurso de
apelación.

9. 5) El 17 de febrero de 2003, el Tribunal Superior Militar declaró
nuevamente la nulidad de todo lo actuado y ordenó la libertad inmediata
de González Arévalo, porque la providencia que impuso la medida de
aseguramiento se limitó a enunciar los medios probatorios que tenía en
cuenta para adoptar la decisión sin realizar una valoración probatoria de
cada uno de los elementos.

10. 6) A través de Auto de 17 de junio de 2003, se decretó la conminación
del procesado como medida de aseguramiento por la presunta comisión
del delito de peculado culposo.

11. 7) No obstante, el 14 de abril de 2005, la Fiscalía 12 Penal Militar cesó el
procedimiento a favor de González Arévalo, dado que no era posible
determinar el momento en el que se perdieron las armas.

12. De acuerdo con la demanda, a la parte actora se le causó un daño
susceptible de ser reparado toda vez que sufrió una afectación moral y
daño al buen nombre, con ocasión de la privación de la libertad de la que
fue víctima, en la medida que no se desvirtuó su presunción de inocencia y
se superaron los términos previstos por el artículo 466 del Código Penal
Militar; debido a que, “su primera detención se hizo efectiva desde el 22 de
mayo de 2002 hasta el 2 de septiembre de 2022” y “su segunda detención
preventiva se hizo efectiva desde el 23 de octubre de 2002 hasta el 17 de
febrero de 2003”.

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Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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1.2. Posición de la parte demandada

13. El 22 de mayo de 2006, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional presentó escrito de contestación a la demanda, en el que
se opuso a las pretensiones allí formuladas3. Para el efecto, negó que el
demandante hubiere permanecido detenido durante toda la investigación,
sino que aclaró que esto pudo ocurrir durante unos lapsos de aquella.
Además, la detención no fue injusta porque existían pruebas que
demostraban que faltaban armas y que, en ese momento, estas estaban
bajo su custodia; por lo que, la decisión de cesar el procedimiento fue
exclusivamente en virtud de la duda. Finalmente, propuso como
excepciones la falta de agotamiento de la vía gubernativa e indebida
acumulación de pretensiones.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 16 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de
Descongestión, profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró responsable a la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional4. Como
fundamento de la decisión, sostuvo que la privación de la libertad de William
Hernán González Arévalo se dio en dos ocasiones: 1) desde el 22 de mayo
hasta el 2 de septiembre de 2002 y, 2) desde el 23 de octubre de 2002 hasta
el 17 de febrero de 2003, periodos que fueron establecidos a partir de las
fechas de las decisiones que impusieron las medidas de aseguramiento y de
aquellas que ordenaron la libertad del demandante. Además, consideró
que la detención fue injusta, en razón a que fue vinculado y privado de la
libertad en un proceso que finalizó con cesación del procedimiento.

3 Folios 268 al 274 del cuaderno No. 1 del tribunal.
4 Folios 326 al 362 del cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva de la decisión se dispuso: “PRIMERO.
• DECLÁRASE no probadas las excepciones propuestas por la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL, de conformidad con lo expuesto. // SEGUNDO.- DECLÁRASE patrimonial y administrativamente
responsable a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJÉRCITO
NACIONAL en los términos del artículo 90 constitucional, por la privación injusta de la libertad del señor WILIAM
HERNÁN GONZÁLEZ ARÉVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11386017, sindicado de la comisión
del delito de PECULADO CULPOSO, dentro de la investigación penal que concluyera con cesación del
procedimiento; de conformidad con la parte motiva de esta providencia. // TERCERO.- En consecuencia,
CONDÉNASE a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-
EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar por perjuicios materiales: // -En la modalidad de lucro cesante las
siguientes sumas de dinero así: - A favor de WILLIAM HERNÁN GONZÁLEZ ARÉVALO, la suma de DOCE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
($12.197.858) M/CTE. // CUARTO.- CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA-EJÉRCITO FUERZAS
MILITARES DE COLOMBIA-EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar de por perjuicios morales: // A favor de WIILIAM
HERNÁN GONZÁLEZ ARÉVALO, el equivalente en pesos de setenta (70) salarios mínimo legales mensuales vigentes
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. // QUINTO. - DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. //
SEXTO. - Sin costas”.

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

1.4. Recurso de apelación

15. El 26 de noviembre de 2015, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional
interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la
Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones
de la demanda5. En su escrito señaló que la medida de aseguramiento que
se le impuso al entonces sindicado fue legal, dado que existían indicios
graves que comprometían su responsabilidad, sin que la posterior cesación
del procedimiento indicara que la detención había sido injusta, ya que era
una carga que tenía la obligación de soportar. Además, la cesación del
procedimiento fue consecuencia de la aplicación de la figura de in dubio
pro reo.

16. Finalmente, expuso que hubo “indebida designación de la parte
demandada”, debido a que la encargada de investigar las conductas
punibles de los miembros de las fuerzas militares era la Dirección Ejecutiva
de Justicia Penal Militar.

2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

17. El demandante pretende la indemnización de los perjuicios que le
fueron causados con ocasión de la privación de la libertad de la que fue
víctima. De otro lado, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional sostiene
que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial en este caso,
debido a que actuó conforme a derecho y de cualquier forma hubo una
“indebida designación de la parte demandada”.

18. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación
de la demanda dentro del término legal. En efecto, la Sala observa que, la
providencia que cesó el procedimiento a favor de William Hernán González
Arévalo fue proferida el 14 de abril de 2005. Si bien, no existe constancia de
ejecutoria, según certificación aportada al proceso la decisión fue
confirmada a través de providencia de 16 de febrero de 20076, por lo que,

5Folios 364 al 371 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 Con ocasión de una prueba decretada en el trámite del proceso de reparación directa, el Juez Primero de
Brigada de Barranquilla certificó: “[…] aparece anotación del proceso No. 1049, adelantado en contra del SV.
GONZÁLEZ ARÉVALO WILLIAM HERNÁN, por el presunto delito de peculado, a quien se le cesó el procedimiento el
15 de abril de 2005, por tal razón, el proceso fue enviado en consulta a la Fiscalía Ante el Tribunal Superior Militar,
quienes confirman la decisión, con providencia de fecha febrero 16 de 2007 y el 26 de marzo de 2007 entra la
referida investigación y pasa al despacho de la Fiscalía 12 Penal Militar, quien ordena el envío del ARCHIVO
DEFINITIVO […]”. Folio 302 del cuaderno No. 1 del tribunal.

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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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la demanda presentada el 25 de abril de 2005 fue ejercida, incluso, antes
del término de 2 años previsto para ello.

19. Así las cosas, se modificará la Sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dado que, si bien
se confirmará la declaratoria de responsabilidad del Ministerio de Defensa
Nacional, a título de falla en el servicio se modificarán los montos
reconocidos por perjuicios morales, se revocará la condena impuesta por
concepto de lucro cesante y se ordenará restablecer el buen nombre de la
víctima directa.

20. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero,
identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la
afectación del derecho a la libertad. Luego, estudiará el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la ley para la imposición de la medida de
aseguramiento. Además, al no configurarse la culpa de la víctima como
causal eximente de responsabilidad posible en este tipo de casos, atribuirá
el daño al Ministerio de Defensa Nacional y liquidará los perjuicios.
Finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

21. En este punto la Sala recuerda que, se deberán tener en cuenta los
períodos solicitados en la demanda. Además, debido a que no se aportó
ninguna prueba que logre acreditar el tiempo exacto de la privación
efectiva de la libertad, como lo sería, por ejemplo, el acta de derechos del
capturado, la boleta de detención, el acta de compromiso, el acta de la
caución, la boleta de libertad, el certificado del centro de reclusión, etc. Se
modificarán los períodos reconocidos en primera instancia, de acuerdo con
las pruebas que obran en el proceso.

22. En la demanda se solicitó el pago de perjuicios derivados de 2 períodos
de detención de los que fue víctima el demandante: 1) desde el 22 de
mayo hasta el 2 de septiembre de 2002 y 2) desde el 23 de octubre de 2002
hasta el 17 de febrero de 2003.

23. En relación con el primer período de detención, la Sala advierte que se
derivó de la imposición de una medida de aseguramiento de detención
preventiva a través de decisión de 21 de mayo de 2002, en el proceso que
se adelantó en contra William Hernán González Arévalo por la presunta
comisión del delito de peculado por apropiación7. Este lapso de detención

7 En la parte resolutiva de la decisión se dispuso: “PRIMERO: DECRETAR como en efecto se decreta Medida
Aseguramiento consistente en Detención Preventiva, sin lugar al beneficio de la LIBERTAD PROVISIONAL, contra el
señor SV. González Arévalo William Hernán, de anotaciones personales y militares conocidas en autos, como

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finalizó con ocasión de la nulidad declarada por el Tribunal Superior Militar
el 2 de septiembre del mismo año8.

24. No obstante, de los elementos aportados no es posible establecer la
fecha a partir de la cual se materializó la orden de captura del sindicado y,
en consecuencia, la fecha inicial de la detención. En el expediente se
encuentra demostrado que el demandante rindió indagatoria el 15 de
mayo de 2022 -de acuerdo con los antecedentes narrados en la providencia de
11 de abril de 2003-, sin embargo no es posible determinar sí William González
fue detenido desde la práctica de dicha diligencia.

25. Por lo anterior, únicamente se tiene certeza que para el momento en
que se profirió la decisión que declaró la nulidad y ordenó su libertad, esto
es, el 22 de septiembre de 2022, el demandante efectivamente se
encontraba recluido.

26. Similar situación ocurre frente al segundo período de detención, ya que
se encuentra demostrado que mediante decisión de 22 de octubre de 2002
se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a William
González Arévalo, y aunque no hay prueba del momento en que se hizo
efectiva la captura, de la decisión de 17 de febrero de 2003, mediante la
cual el Tribunal Superior Militar decretó, nuevamente, la nulidad de la
mencionada imposición de la medida de aseguramiento, se tendrá por
acreditado un día detención, esto es, el 17 de febrero de 20039.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

27. En relación con el primer período de detención, esto es, el 2 de
septiembre de 2002, la Sala recuerda que, de acuerdo con la norma
procesal que regía al momento de los hechos (Ley 522 de 1999, artículo 522
y ss.), para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva se
exigían los siguientes requisitos:

presunto responsable del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN, por las razones anotadas en la parte motiva de
esta resolución. // SEGUNDO FIJAR, como sitio de reclusión para el cumplimiento de la medida impuesta la sala de
detenidos del Batallón de A.S.P.C. No. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE, Unidad Táctica a la cual pertenece”. Folios 17
al 37 del cuaderno No. 1 del tribunal.
8 Sobre la orden de libertad del sindicado, se expuso (se trascribe): “Así las cosas, no siendo otra la situación jurídica

procesal, la Sala procederá a decretar a nulidad a partir de la diligencia de indagatoria, inclusive, dejando con
valor probatorio las pruebas legalmente aportadas al proceso. Por lo tanto, se procederá a conceder la libertad
provisional al Sargento Viceprimero WILLIAM HERNÁN GONZÁLEZ ARÉVALO, previa suscripción de diligencia
compromisoria, comisionando para tal efecto al Juzgado Dieciséis de Instrucción Penal Militar” Folios 50 al 57 de
cuaderno No.1 del tribunal.
9 En relación con la orden de libertad González Arévalo, señaló: “DECLARAR la nulidad parcia del auto de fecha

de 22 de octubre de 2002, mediante el cual el Juzgado 16 de I.P.M., decretó medida de aseguramiento en contra
del SV. GONZÁLEZ ARÉALO WILLIAM, por el delito Peculado por Apropiación, en lo relacionado con los numerales
Primero, Segundo, y Tercero; dejando con plena validez los numerales Cuarto y Quinto de la parte resolutiva de la
misma providencia, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión. // ORDENAR LA LIBERTAD
PROVISIONAL, del SV. GONZÁLEZ ARÉVALO WILLIAM, previa suscripción de la respectiva diligencia compromisoria,
comisionando al Juzgado 16 de I.P.M. para que expida la boleta de excarcelación”. Folio 76 al 86 del cuaderno
No. 1 del tribunal.

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1) Que se tratara de un delito con pena mínima igual o superior a 2 años de
prisión, salvo que: a) fuese un delito que atentara contra el servicio o la
disciplina; b) se hubiera realizado la captura en flagrancia por delito doloso
o preterintencional que tenga prevista pena de prisión; c) el procesado,
injustificadamente, se abstuviera de otorgar la caución prendaria o
juratoria, o d) cuando se incumpliera alguna de las obligaciones
establecidas en el acta de caución.

2) La existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad.

28. Respecto al primer requisito, el delito por el cual se definió la situación
jurídica de William Hernán González Arévalo fue el de peculado por
apropiación, esto es, un delito contra la administración pública, cuya pena
mínima era de 6 años10, por lo que, se concluye que se encuentra satisfecho.

29. En lo que concierne al indicio grave de responsabilidad, se encuentra
que, en la decisión que resolvió la situación jurídica de 21 de mayo de 2002,
el Juzgado 16 de instrucción penal militar tuvo como fundamento el informe
suscrito por el Co. Ricardo Vargas Briceño en el que se aportaron las actas
de entrega de armas que daban cuenta del inventario del almacén, junto
con varias declaraciones rendidas por los oficiales y suboficiales SV. Nafer
Antonio Campo Molina, TC. Jorge Alberto Lázaro Vergel, MY. Armando
Triviño Sierra, MY. Néstor Camelo Piñeros, TC. Pedro Rafel Moreno Gil, MY.
Jorge Francisco Pietro Castillo, CO. Luis Fernando Madrid Barón y Héctor
Arsenio Suárez Mora; así como lo sostenido por el entonces procesado en la
diligencia de indagatoria.

30. En efecto, el juzgado señaló que, de acuerdo con las anteriores
pruebas y de acuerdo con la revista realizada al almacén de armamento
de la Segunda Brigada, se advertía que faltaban 70 armas que se
encontraban “en custodia” y 23 armas en “decomiso definitivo”.

31. En la providencia, se expuso que el procesado narró en la indagatoria
que al momento de recibir el cargo de almacenista le dieron la orden de
firmar el acta de entrega sin verificar físicamente las armas. Además,
cuando se realizó la revista al almacén todo el material se trasladó a la plaza

10 “Artículo 397. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de
empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares
cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá
en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas por el mismo término. // Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los
cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. // Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado”.

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de armas durante 3 días sin que se pudiera garantizar su vigilancia, ya que
se encontraban en un espacio abierto en el que transitaba todo el personal.
También expuso que, posteriormente se decomisaron armas a varios
soldados que fueron sustraídas de la plaza cuando se realizó la revista.

32. El juzgado señaló que no podían ser admitidos los argumentos
expuestos por el investigado, toda vez que, de acuerdo con las
declaraciones rendidas por el MY. Jorge Francisco Pietro Castillo y el TC.
Pedro Rafael Moreno Gil, las armas que fueron encontradas en poder de los
soldados no se encontraban relacionadas en el informe. Además, era muy
difícil que esa cantidad de armas se perdieran en la revista, porque había
seguridad en el lugar y era imposible que alguien pudiera hurtar un fusil sin
que se detectara esa situación.

33. En consecuencia, impuso la medida de aseguramiento porque las
pruebas conducían a establecer que González Arévalo estaba en la
obligación de responder por la custodia y seguridad de las armas, además
de que se “sí se dio la apropiación de las armas perdidas”.

34. Sin embargo, para la Sala, no se cumplió con el segundo requisito
exigido para la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva, debido a que no se contaba, por lo menos para ese momento,
con un indicio grave de responsabilidad en contra del entonces procesado.

35. En efecto, el juzgador no infirió de forma razonable que González
Arévalo se hubiera apropiado de las armas faltantes en el inventario,
justamente, la falta de claridad de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se perdieron las armas fue lo que conllevó a que
posteriormente se cesara el procedimiento, pues, tal y como lo expuso la
Fiscalía 12 Penal Militar de Brigadas: “[había] falta de demostración del
momento y el lugar en el cual se produjo la pérdida de las armas objeto de
custodia”.

36. Adicionalmente, hubo una variación en la conducta investigada, ya
que inicialmente se le atribuyó el delito de peculado por apropiación y
luego la conducta punible de peculado culposo, situación que también
evidencia la falta de rigor con se adelantó la investigación, y que no se
contaba con una inferencia razonable de que el entonces procesado se
hubiera apropiado de las armas que se perdieron, como lo indicó en ese
momento el juzgado.

37. Por lo tanto, la Subsección concluye la medida de aseguramiento que
amparó el primer período de privación fue ilegal, dado que no se
cumplieron los requisitos previstos por la norma para su imposición, pues no

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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se contaba con un indicio grave de responsabilidad para la conducta
imputada, esto es, peculado por apropiación, razón por la que, la parte
demandada deberá responder por el primer período de privación a título
de falla del servicio.

38. Frente al segundo período de privación, si bien no se aportó la decisión
de 22 de octubre de 2002, mediante la cual se impuso la medida de
aseguramiento. Al proceso se allegó el Auto de 17 de febrero de 2003, a
través de la cual se declaró la nulidad de la aludida medida por falta de
cumplimiento de los requisitos formales para su imposición 11 y la decisión de
14 de abril de 2005 que cesó el procedimiento a favor del ahora
demandante12, por lo que, de aquellas providencias es posible concluir que
la medida de aseguramiento se profirió de manera ilegal.

39. De acuerdo con el Auto que declaró la nulidad de la providencia de
22 de octubre que impuso la medida de aseguramiento13, la decisión no
reunía los requisitos formales señalados por el artículo 523 del Código Penal
Militar porque se limitó a: “trascribir en los hechos el resumen general de
armas en custodia faltantes físicamente por inventario de los almacenes […]
luego a citar las declaraciones […] sin que en este aparte se hiciera algún
análisis del caudal probatorio allegado”, situación que a criterio del Tribunal
Superior Militar vulneraba el debido proceso e imponía la declaratoria de
nulidad de la imposición de la medida.

40. En efecto, para la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva debía argumentarse la inferencia razonable de
responsabilidad del entonces procesado, por lo que, al limitarse a enlistar
las pruebas que obraban en el proceso se infiere que se omitió elaborar la
construcción argumentativa necesaria para sustentar el indicio grave de
responsabilidad, necesario para el decreto de la medida.

41. Como puede observarse, además de que, en el proceso penal no se
probó la responsabilidad de González Arévalo en los hechos investigados,
lo que llevó a cesar el procedimiento a su favor, la medida de
aseguramiento decretada en el segundo período de privación también fue
ilegal, en el entendido que, tampoco reunía los requisitos para su
imposición, razón por la que la entidad demandada deberá ser condenada
a título de falla del servicio.

42. Además, si bien el Auto que cesó el procedimiento tuvo como
fundamento el principio de in dubio pro reo, contrario a lo señalado en el

11 Folios 76 al 86 del cuaderno No. 1 del tribunal.
12 Folios 121 al 133 del cuaderno No. 1 del tribunal.
13 Folios 50 al 57 del cuaderno No. 3 del tribunal.

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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recurso de apelación, ello no es óbice para declarar la responsabilidad de
la parte demandada, en la medida que, se le causó un daño al
demandante a título de falla del servicio, como consecuencia de ilegalidad
de las medidas de aseguramiento de detención preventiva decretadas en
su contra en un proceso en el que no se logró desvirtuar su presunción de
inocencia.

43. En relación con las afirmaciones sobre la supuesta vulneración del
artículo 466 del Código Penal Militar por la superación de los términos en que
se mantuvo recluido el demandante, se reitera que, ante la falta de prueba
de los períodos de duración de la privación de la libertad señalados en la
demanda, así como de elementos que permitan determinar los plazos en
que fueron dictadas, teniendo en cuenta el número de detenidos, por
ejemplo, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre este punto.

2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño

44. En el presente asunto, la Sala no advierte la configuración de la culpa
exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en
materia de privaciones injustas de la libertad. De las pruebas que obran en
el expediente, no se observa que el demandante hubiese desplegado
ninguna actuación de la cual se pudiese predicar su incidencia en la
causación del daño, por el contrario, su actuar se circunscribió a presentar
argumentos y justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia respecto
del delito investigado.

45. Ahora bien, la Subsección encuentra que el daño antijurídico devino
del ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de la Justicia Penal Militar,
entidad que adoptó las decisiones que ordenaron la privación de la libertad
de la víctima directa. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, esta no
hace parte de la Rama Judicial, toda vez que si bien administra justicia, “lo
hace de manera restringida, no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los
asuntos de los cuales conoce”14. Por su parte, los Decretos 1512 de 2000 y 49
de 2003 disponen que la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar debe
“[a]dministrar, de conformidad con las normas vigentes, los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Justicia Penal Militar y responder por su
correcta aplicación o utilización (…) [y] (…) [a]ctuar, previa delegación del Ministro
de Defensa, como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que le correspondan”15.

46. Sin embargo, como la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar
hace parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional,

14 Corte Constitucional. Auto No. 12 de 1994 y Sentencia C-037 de 1996.
15 Artículo 26 del Decreto 1512 de 2000.

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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que intervino en el proceso a través del Ejército Nacional y ejerció su
representación en este proceso, se condenará al ministerio por los perjuicios
causados con la privación injusta de la libertad del demandante.

47. Así las cosas, se condenará a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad
de William Hernán González Arévalo a título de falla del servicio.

2.6. Liquidación de perjuicios

2.6.1. Perjuicios inmateriales

48. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales son
presumibles respecto a la persona que sufre la detención, así como también
respecto a su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias
generalizadas en nuestro entorno.

49. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202116, la
Sección Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para
la víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad.

50. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De
ahí en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de
5 SMLMV, y por cada día adicional al último mes transcurrido se debe sumar
una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5
SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta
llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la
libertad con una duración igual o mayor a 20 meses. Con todo, la
providencia contempla la posibilidad de superar dichos topes en casos en
los que se demuestre una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio
sufrido por las víctimas, sin embargo, esa indemnización no podrá superar
en ningún caso el monto de 300 SMLMV para la víctima directa.

51. Así las cosas, la Sala procede a liquidar los montos a reconocer por este
concepto, debido a que no se desvirtuó la presunción de perjuicios morales
sufridos por William Hernán González Arévalo, con ocasión de la privación

16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
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de su libertad, ocurrida el 22 de septiembre de 2002 y el 17 de febrero de
2003, (2 días) se concederá la suma de 5 SMLMV a su favor.

52. Esta corporación ha definido dos categorías autónomas de perjuicio
inmaterial, distintas al perjuicio moral, que son el daño a la salud (lesión a la
integridad psicofísica de una persona) y la vulneración relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente protegidos. En este caso, no
se demostró la afectación de las condiciones psicofísicas de los
demandantes. Si bien el demandante principal hizo referencia a sus
precarias condiciones de salud para el momento en que inició la
investigación penal militar en su contra, no se advierte que ellas tuvieran
relación con la privación de la libertad aquí alegada.

53. No obstante, la Sala si advierte una afectación del derecho al buen
nombre de la víctima directa. En efecto, el ejercicio del poder punitivo del
Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo
acata porque presume su corrección. De manera que, una decisión de este
tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho
a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de
quien la soporta, como ocurrió en el presente asunto.

54. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al
buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás”17, un deterioro de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad18. Este asunto, ha sido considerado en la
jurisprudencia un “factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”19. De ahí la
gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la afectación al
buen nombre del demandante principal.

55. Además, la adopción de una medida de restablecimiento del derecho
al buen nombre de la víctima directa es una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver
las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo
menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, en este caso,
procede la reparación, en los mismos términos, de los derechos vulnerados20.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
20 Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia

rogada, este ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio
Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, en Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
del aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984),
relativo al contenido de la demanda, “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación
de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
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56. Así las cosas, se ordenará a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
que emita un comunicado en el que se disculpe con William Hernán
González por el perjuicio causado. De acuerdo con el principio según el cual
este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, dicho
demandante deberá informar a esa entidad, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si ese documento solamente le será
entregado en físico o si, además, desea que se publique en las plataformas
de comunicación y difusión de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional,
por lo que, así procederá esta entidad una vez tengan conocimiento de esa
decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se
entenderá que la víctima directa opta porque las disculpas se expresen de
forma privada y así se cumplirá de manera inmediata.

2.6.2. Perjuicios materiales

57. A título de lucro cesante, se solicitó el pago de $200.000.000 que, a juicio
de la parte demandante, correspondía a los salarios que dejó de percibir la
víctima directa cuando estuvo privada de su libertad. Está acreditado que,
para el momento de la detención, William Hernández González Arévalo se
desempeñaba como suboficial del Ejército Nacional. De hecho, la
investigación penal tuvo origen por el presunto incumplimiento de sus
funciones. Sobre ese asunto, esta Corporación ha sido constante en sostener
que, la medida de suspensión en el cargo de un empleado público, en virtud
de una orden judicial proferida en una investigación, no extingue el vínculo
laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia
de la absolución del investigado, es procedente el reintegro del empleado,
lo cual implica tanto su reincorporación al cargo, como el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que
estuvo suspendido21.

58. Por lo que, en ese supuesto, le correspondería al empleador pagar
dichos montos y, ante su negativa, el demandante debía impugnar el acto
administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos laborales, no
siendo procedente esta acción para el pago de esas sumas, razón por la
cual se negará la indemnización solicitada por este concepto.

cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte
Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-234 de 2017.
21 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de

marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp.
15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773).

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Radicación: 08001-23-31-000-2005-01049-01 (56.328)
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Decisión: modifica sentencia apelada
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2.7. Costas

59. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 16 de octubre de 2015 por la
Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Atlántico, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
responsable por los perjuicios causados al demandante, con ocasión de la
privación injusta de la libertad de William Hernán González Arévalo, ocurrida
el 22 de septiembre de 2002 y 17 de febrero de 2003.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a pagar,
por concepto de perjuicios morales, la siguiente suma expresada en salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia:

Demandante Indemnización
William Hernán González Arévalo 5 SMLMV

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional que emita
un comunicado en el cual ofrezca disculpas a William Hernán González
Arévalo por la afectación de su buen nombre, en los términos expuestos en
esta decisión.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: NO CONDENAR en costas.

SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.

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Actor: William Hernán González Arévalo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: modifica sentencia apelada
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OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del Código General del Proceso.

NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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