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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2003-00850-01

Acción de reparación directa: condena. Daño causado por la administración de justicia

Fecha
8 de marzo de 2017
Consejero ponente
Hernán Andrade Rincón
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2003-00850-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es la proferida, el 23 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así: Primero: DECLARAR de oficio probada la falta de legitimación por pasiva de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, conforme a lo expuesto en la parte considerativa. Segundo: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ con cédula de ciudadanía número 91.464.453 de Rionegro, entre el 19 de diciembre de 2000 y el 26 de febrero de 2001. Tercero: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios las siguientes sumas de dinero: -. Perjuicio material a título de lucro cesante consolidado: TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CIENTO VEINTICUATRO CON VEINTIDOS PESOS ($30.575.124,22). -. Perjuicio moral: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA UNO TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 5.361.320,2). CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. SÉPTIMO: Por Secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2003-00850-01

Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón

8 de marzo de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Daño causado por la administración de justicia / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Delito de cohecho propio / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva en establecimiento carcelario / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - El sindicado no cometió el delito / RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA FISCALÍA

[S]e encuentra suficientemente acreditado que el señor Esteban Robles Bohórquez fue investigado penalmente por el delito de cohecho propio y, como consecuencia de ello, se dictó una medida de aseguramiento en su contra, razón por la cual estuvo privado de la libertad durante el lapso que trascurre del 19 de diciembre de 2000 al 26 de febrero de 2001, tiempo durante el cual el demandante soportó una detención preventiva en establecimiento penitenciario hasta cuando le fue precluida la investigación que se adelantaba en su contra.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - En casos de privación injusta de la libertad / TÉRMINO DE CADUCIDAD - Cómputo

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-. NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencias de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, C. P. Hernán Andrade Rincón; y de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - Fuerza vinculante de decisiones de Altas Cortes / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Prerrogativa de funcionarios judiciales / AUTONOMÍA DE LOS JUECES - Posibilidad de apartarse del precedente jurisprudencial

[P]ese a que el sistema jurídico colombiano ha volcado sus esfuerzos para construir una fuerza jurídica vinculante de los precedentes de la Altas Cortes, no puede omitirse que, también existe una garantía constitucional fundamental para los jueces de instancia, cuál es su autonomía judicial. Es precisamente de esta prerrogativa que se revisten los funcionarios judiciales para apartarse, razonablemente, de lo decidido por sus superiores, punto de vista desde el cual no puede calificarse dicha competencia como causal constitutiva de defecto normativo. En este orden de ideas, para apartarse válidamente del precedente, el juez tiene la carga de identificar el criterio del cual se distancia y, luego de precisar su esencia y razón de ser, alejarse voluntariamente de este exponiendo razones debidamente fundadas para justificar su decisión. NOTA DE RELATORÍA: Frente al valor jurídico del precedente dictado por las Cortes de cierre, consultar sentencia de la Corte Constitucional, de 6 de abril de 2006, Exp. T - 292, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre el apartamiento razonado del precedente y la autonomía de las decisiones de los jueces, consultar sentencias de la Corte Constitucional, de 22 de julio de 2004, Exp. T-698, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; de 21 de marzo de 1995, Exp. T-123 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

DETENCIÓN PREVENTIVA LEGAL - No exonera de responsabilidad al Estado

[R]esulta necesario reiterar en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006, en el sentido de que no se puede eximir al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una medida de preclusión de la investigación en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, consultar providencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Régimen de responsabilidad aplicable. Reiteración jurisprudencial / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Imputación de carácter objetivo del daño antijurídico / ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD - Deber de demostración

[L]a Sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo -en este caso el daño producto de la privación de la libertad.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Existente por privación injusta de la libertad / IMPUTACIÓN OBJETIVA DE RESPONSABILIDAD - El sindicado no cometió el delito / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Presunción de inocencia no desvirtuada

[E]s evidente que la privación de la libertad del demandante, configuró para él un daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la entidad demandada, pues conforme a lo argumentado por el fiscal que precluyó la investigación, se tiene que dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que el imputado no cometió, pues, como quedó visto, en el sub lite la medida de aseguramiento existió y se cumplió, hasta que al señor Robles Bohóquez le fue precluida la investigación adelantada en su contra, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política. (…) Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a confirmarse la sentencia apelada para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el aquí demandante, conforme a los razonamientos expuestos en precedencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA RAMA JUDICIAL - No profirió las providencias causantes del daño censurado

[C]on relación a la responsabilidad declarada sobre la Rama Judicial, la Sala observa que ninguna responsabilidad le asiste en el presente caso, toda vez que no dictó ninguna de las providencias causantes del perjuicio reclamado por el aquí demandante, motivo más que suficiente para que sea excluida en la parte resolutiva de esta providencia al carecer de legitimación por pasiva en la presente causa, determinación que se declara de oficio por esta Subsección.

LUCRO CESANTE - Empleados públicos suspendidos del cargo / SUSPENSIÓN DE EMPLEADO PUBLICO POR ORDEN JUDICIAL - No implica extinción de vínculo laboral / REINTEGRO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR - Entidad nominadora es la obligada a su pago / LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN - Efectos

[S]eñala la Sala, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, que la medida de suspensión en el cargo, en virtud de una orden judicial proferida para investigar a un servidor público, no extingue el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la absolución del servidor investigado, es procedente el reintegro, aparejado del derecho a percibir los emolumentos que se derivan de la relación laboral por el lapso que duró la suspensión. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la indemnización del lucro cesante cuando se trata de servidores públicos que resultaron suspendidos de sus cargos como consecuencia de una investigación penal, consultar providencias de 25 de enero de 2007, Exp. 1618-03, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez; y de 22 de marzo de 2012, Exp. 0090-09, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

LUCRO CESANTE DE EMPLEADO PÚBLICO SUSPENDIDO - Desde que fue retirado del servicio / REPARACIÓN DE LUCRO CESANTE - Tiene en cuenta salario dejado de devengar por agente de la Policía / LUCRO CESANTE - Período a liquidar / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Tiempo que tarda una persona en encontrar trabajo

De otra parte, la Sala considera que a partir del 12 de enero [fecha en la que el demandante fue retirado del servicio] hasta el 28 de febrero de 2001, fecha en la cual recuperó su libertad, las pretensiones del actor deben atemperarse a la situación demostrada en el expediente, pues no puede obviarse que gozaba de la condición de funcionario público y que, en consecuencia, recibía un ingreso mensual de $1.084.416,90, cifra que dejó de percibir al ser desvinculado de la entidad a la cual se encontraba vinculado. (…) Así las cosas, para determinar lo que le corresponde al demandante, por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario devengado por el demandante para el año 2001, esto es, al momento de su desvinculación de la Policía Nacional. (…) No obstante, es del caso precisar que, para efectos de liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, esta Sala ha reconocido también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, consultar providencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877)

Actor: ESTEBAN ROBLES BOHORQUEZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Privación injusta de la libertad / reiteración de jurisprudencia / régimen de responsabilidad objetiva / aplicación de criterios de sentencia de unificación.

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia ​comporta ​una reiteración ​de ​jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad​, ​resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de junio de 2011, mediante la cual reconoció parcialmente las pretensiones de la demanda. Se determinó (se trascribe de forma literal):

“Primero: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ con cédula de ciudadanía número 91.464.453 de Rionegro, entre el 19 de diciembre de 2000 y el 26 de febrero de 2001.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios las siguientes sumas de dinero:

-. Perjuicio material a título de lucro cesante consolidado: VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($26.458.805,99)

-. Perjuicio moral: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($4.292.000).

Tercero: DENEGAR las restantes pretensiones.

Cuarto: La entidad condenada deberá dar aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

Quinto: Ejecutoriada la presente providencia, expídase a costas del interesado copias de la misma, con la constancia de ejecutoria y de ser primera copia que presta mérito ejecutivo. Art. 115 C.P.C.”.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2003, el señor Esteban Robles Bohórquez, a través de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto en un proceso penal adelantado en su contra por el delito de cohecho propio.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó condenar a la entidad demandada a pagar una indemnización de 1000 SMLMV por perjuicios morales; igualmente, la suma de $380.596.038 correspondientes a perjuicios materiales, cantidades estas que solicitó reconocer indexadas.

Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narró, en síntesis, que el aquí demandante ingresó a la Policía Nacional, el 10 de febrero de 1992, como agente de dicha institución, cargo que desempeñó por un lapso de 9 años y 18 días, llegando a ostentar el grado de subintendente.

Se narró que con la interceptación de varias líneas de teléfono y seguimiento a beepers de los cabecillas de una organización criminal dedicada al hurto de combustibles se logró determinar que, entre las personas involucradas, se encontraban seis miembros de la Policía Nacional quienes podrían estar incursos en la comisión del delito de cohecho propio por aceptar dádivas de los delincuentes y facilitar la consumación del hurto de hidrocarburos.

Se narró que, en este contexto, la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en contra del aquí demandante como presunto autor del delito de cohecho propio. La vinculación se soportó en la interceptación realizada al teléfono de “Diomedes”, supuesto cabecilla de la banda, quien ordenaba a su interlocutor hablar con los policiales “José y Robles” con quienes se acordó destinar parte del dinero para que dejaran pasar los vehículos cargados con la gasolina hurtada al oleoducto de Ecopetrol.

Se adujo que, ante la vinculación del aquí demandante al proceso penal, el Director General (e) de la Policía Nacional, mediante resolución No. 00026 del 11 de enero de 2001, retiró del servicio al policial Esteban Robles Bohórquez.

Precisó la demanda que se impugnó la decisión que le impuso medida de aseguramiento y, la segunda instancia, la revocó concediendo la libertad el 27 de febrero de 2001, posteriormente el Fiscal Primero Especializado de Bucaramanga, el 1º de noviembre del citado año, calificó el mérito sumarial con preclusión de la investigación.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander, Corporación que avocó conocimiento del asunto mediante auto del 15 de mayo de 2013 e igualmente dispuso notificar a las entidades demandadas.

En su defensa, la Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó negarlas. Expresó que los daños no se encuentran probados, resaltó, además, que lo reclamado como perjuicio moral resulta a todas luces “desfasado” dado que el demandante solo estuvo privado de la libertad por el lapso de dos meses y ocho días, en cuanto a los perjuicios materiales, indicó que el retiro de la Policía obedeció a la aplicación de la facultad discrecional y este acto administrativo no fue cuestionado por vía judicial en ejercicio de las acciones establecidas para el efecto.

Puntualizó que no existió falla en la prestación del servicio, pues del contenido de las interceptaciones telefónicas se infiere, de manera razonable, que alguien llamado “Robles”, adscrito a la Policía Nacional, colaboraba a la banda criminal para perpetrar el delito de hurto de combustible, siendo, precisamente, este el indicio que sustentó la imposición de la medida de aseguramiento y la imposibilidad de corroborar tal hecho, obedeció a no lograr la captura del cabecilla de la banda delincuencial.

Alegó la existencia de una culpa determinante de un tercero, toda vez que, es precisamente, el apellido del demandante el que aparece nombrado en las llamadas interceptadas y ello demuestra la existencia de alguna familiaridad del capturado con el grupo delincuencial.

Mediante auto del 30 de julio de 2008, se abrió el proceso a pruebas y, una vez concluido el término probatorio, posteriormente, con auto del 17 de febrero de 2010, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

En esta oportunidad, la parte actora solicitó, decidir el caso aplicando el régimen de responsabilidad objetiva y tomar en consideración los graves sufrimientos y afectaciones padecidas por el actor al verse sometido a una privación injusta de la libertad e igualmente, solicitó, reconocerle los llamados, por la jurisprudencia, daños a la vida en relación.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, reiteró los razonamientos expuestos al momento de contestar la demanda orientados a alegar la ausencia de responsabilidad en los hechos demandados.

El Ministerio Público guardó silencio.

I.I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander, profirió sentencia el 23 de junio de 2011, mediante la cual reconoció, parcialmente, las pretensiones tal como se identificó en la parte inicial de esta providencia.

Estimó el a quo, previa identificación del marco jurisprudencial y lo probado en proceso, que le asiste razón al Ministerio de Justicia y del Derecho al excepcionar que ninguna responsabilidad le asiste frente a los hechos alegados con la demanda, pues la responsabilidad, integralmente, recae en la Fiscalía General de la Nación, por ello consideró que la representación recae en ese ente investigador al ser el productor del daño “por lo que se dará por probada entonces la excepción alegada por el representante del Ministerio del Interior y de Justicia”.

Frente a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, consideró que:

“De la reseña probatoria que antecede, encuentra la Sala que, el actor en este proceso estuvo efectivamente privado de la libertad por orden de la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga dentro del sumario 88467, en el que no se pudo determinar que hubiese cometido el delito y que la prueba en que se basó la medida de aseguramiento fue calificada de “frágil” como lo anota el ente investigador, puesto que no se corroboró el que la mención del apellido hecha en las interceptaciones se refiriese efectivamente al actor”.

Concluyó que con dicho proceder de la entidad demandada se está frente a “un daño especial por rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, que compromete la responsabilidad de la Administración aquí demandada”.

I.II. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. El recurso de la parte demandada

La Fiscalía General de la Nación censuró la decisión de instancia y reclamó que el a quo no debió analizar el presente caso a la luz del régimen de la responsabilidad objetiva, toda vez que al interior de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado no existe un criterio reposado frente al tema ya que también se ventilan decisiones basadas en el régimen de responsabilidad subjetiva, el cual, de aplicarse, en el sub examine suministra razones más que suficientes para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Resaltó que la actuación de la Fiscalía no fue antijurídica o lesivo a los derechos del demandante, por el contrario, se limitó a dar cumplimiento a sus competencias constitucionales en la lucha contra el crimen, pues la medida de aseguramiento se profirió con los debidos soportes probatorios, como es el conocimiento derivado de la interceptación de las llamadas a los cabecillas de la banda delincuencial.

Igualmente, reprochó la forma como fueron tasados los perjuicios, pues los calificó de excesivos, toda vez que, a su juicio, el retiro de la Policía Nacional obedeció al ejercicio de la facultad discresional, por tanto no es dable que en la sentencia se incluya, como lucro cesante, el valor correspondiente a las 35 semanas adicionales estimadas como el tiempo que utiliza una persona para ubicarse laboralmente, adicionalmente tampoco debe incluirse el 25% de prestaciones sociales, pues se trata de un dinero que no le corresponde cancelar y la Fiscalía no ordenó el retiro de la institución sino, únicamente, la suspensión del cargo mientras se adelantaba la investigación “de suerte que de precluirse la investigación en su favor lo lógico era que se reintegrara al servicio policial y continuara devengando”.

2. El trámite de segunda instancia

El a quo, mediante auto del 12 de septiembre de 2011, citó a audiencia de conciliación la cual se realizó el 13 de diciembre de la citada anualidad y se declaró fracasada ante la falta de voluntad de las partes para llegar a un acuerdo.

El recurso formulado oportunamente por la parte demandada, fue admitido por auto del 22 de febrero de 2012. Posteriormente, mediante proveído del 14 de marzo del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad procesal la Fiscalía General de la Nación reiteró lo alegado al impugnar la demanda. Por su parte el Ministerio Público, solicitó revocar el fallo impugnado, pues, según su criterio, el implicado en la investigación penal se encontraba en la obligación de soportar la medida de aseguramiento que le fuera impuesta, habida cuenta de la existencia de pruebas indiciarias que militaban en su contra.

Los demás guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida, el 23 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación.

2. El objeto del recurso de apelación

Previo abordar el análisis de cualquier punto de los planteados con la apelación, la Sala considera necesario identificar los aspectos reprochados y que serán materia de análisis en esta oportunidad.

En efecto, la entidad demandada argumenta no tener ninguna responsabilidad administrativa en el hecho derivado de la privación de la libertad del ahora demandante, pues atendiendo la situación fáctica, tal restricción era una carga que debía soportar al estar vinculado al proceso penal y, además, al analizarse la situación fáctica, a la luz del régimen de responsabilidad subjetiva, la decisión a la cual se arriba es totalmente diferente a la aquí reprochada.

De otra parte, también censuró la liquidación de los perjuicios reconocidos, en su modalidad de lucro cesante, los cuales, a su juicio, son excesivos y además se reconocieron aspectos que no debían ser tenidos en cuenta, concretamente, en lo que tiene que ver con la tasación del lucro cesante.

3. Ejercicio oportuno de la acción

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-.

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por el demandante con ocasión de su privación de la libertad, supuestamente ocurrida, entre el 16 de diciembre de 2000 y el 26 de febrero de 2001.

De las pruebas allegadas al expediente se tiene que, el 1º de noviembre de 2001, la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga, al calificar el mérito del sumario determinó precluir la investigación a favor del señor Esteban Robles Bohórquez.

En el expediente obra constancia expedida por la Coordinación de la Unidad Especializada donde se da cuenta que la providencia del 1º de noviembre de 2001 quedó ejecutoriada el 4 de enero de 2002, luego se tomará esta como extremo temporal para contabilizar el término de caducidad de la acción y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 28 de marzo de 2003, solo resta afirmar que fue interpuesta de manera oportuna.

4. Lo probado en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso las siguientes circunstancias:

4.1.- En la providencia, del 11 de enero de 2001, que impuso la medida de aseguramiento en contra del aquí demandante, los hechos que motivaron adelantar la investigación penal fueron presentados de la siguiente manera (se trascribe de manera literal):

“La Policía de Santander a través de la Sijin inició la correspondiente investigación previa mediante la interceptación de varios abonados telefónicos y seguimiento a beepers en especial de los cabecillas de la organización […] quienes lideran una banda para cometer delitos de HURTO DE HIDROCARBUROS sobre el oleoducto de ECOPETROL […] en razón de estas interceptaciones y a seguimientos y vigilancias por las autoridades se pudo corroborar sobre los hurtos de gasolina y ACPM […] la prueba que campea en esta investigación es la técnica razón por la cual la Unidad de Estructuras de Apoyo ordenó la captura de varias personas haciéndose efectiva la de trece relacionadas al inicio de esta resolución, entre las que se cuentan seis miembros de la Policía Nacional a quienes se señala como incursos en el delito de COHECHO [estando ahí relacionado Esteban Robles Bohóquez] al recibir dineros provenientes de la delincuencia dedicada al hurto de combustibles para que dejaran pasar los vehículos con el objeto del hurto. Cinco de los vinculados a esta investigación se encuentran detenidos”.

Frente a la participación delictiva del ahora demandante, se sostuvo en la referida providencia, lo siguiente (se trascribe literal):

“El cargo por el cual fue vinculado radica en una llamada telefónica interceptada al abonado 6716343 de DIOMEDES VARGAS en el cual se refiere a su interlocutor: “…habló con los policías de Lebrija de nombre JOSE y otro de apellido ROBLES con los cuales acordaron destinar parte del dinero para que dejen pasar los vehículos cargados con gasolina hurtada al oleoducto de ECOPETROL en Lebrija” a este señalamiento contestó [hace referencia a la respuesta dada por Esteban Robles Bohóquez en su indagatoria] que es falso porque no conoce a ningún compañero de nombre JOSE y no ha recibido ningún dinero por parte del St LIZARAZO.

Como un indicio grave se pueden catalogar las varias referencias personales que sobre él se efectúan dentro de la interceptación del abonado telefónico 6716343 que corresponde a DIOMEDES VARGAS y que lo colocan como uno de los policiales que tenía relación con los delincuentes y exigía dinero como contraprestación a su silencio o a su colaboración para que se hurtara el combustible del oleoducto Galán-Bucaramanga. En especial se hace referencia a las interceptaciones grabadas en los cassettes No. 13, 14, 15, 16 del dieciocho de noviembre en adelante, en las que aparece con certeza su nombre y las actividades ejecutadas con propósito criminal ligándolo a las actividades delictivas y por ende omitiendo actos propios de su cargo como era el de denunciar y aprehender a los delincuentes que indudablemente conocía. Basta lo anterior para derivar el indicio grave en su contra y por ende proferirle medida de aseguramiento”.

Bajo el anterior razonamiento, le fue imputado, de manera provisional, el delito de cohecho propio y, en consecuencia, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, igualmente se dispuso “solicitar la suspensión del cargo a los anteriormente señalados por ante la autoridad correspondiente emitir la orden de detención (sic).

4.2.- La Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga, mediante providencia del 26 de enero de 2001, decidió no reponer la decisión que impuso la medida de aseguramiento dictada el 11 de enero del mismo año y, en consecuencia, no accedió a sustituir la detención preventiva por domiciliaria, razón por la cual concedió el recurso de apelación.

4.3.- Así las cosas, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal, mediante providencia del 27 de febrero de 2001, decidió “REVOCAR la medida de aseguramiento impuesta contra ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ”, para lo cual argumentó (se transcribe de manera literal):

“La determinación del señor Fiscal Especializado al imponer medida de aseguramiento en contra de los agentes del orden adscritos a la estación del municipio de Lebrija, es acertada, porque a ellos corresponde proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan.

Sin embargo el agente Robles aunque también pertenecía a la estación de Lebrija, sólo prestaba los servicios desde el 17 de julio anterior. Se muestra totalmente ajeno a estos hechos, a pesar de las interceptaciones telefónicas en las cuales Diomedes menciona que había llegado a un acuerdo con varios agentes de Lebrija entre ellos Robles. Sin embargo, el sindicado asegura desconocer toda esta situación y haber cumplido una importante misión para combatir el delito, causándole extrañeza que se le involucre en hecho para él totalmente ajenos.

No lo menciona SEGUNDO ISIDORO como una de las tantas personas de la organización a las que conoce. Tampoco la señora entre quienes se reunieron en la fonda paisa; hasta el momento no ha sido posible oír a Diomedes Vargas Téllez, que al parecer se refiere a él cuando menciona a un Robles conto uno de los agentes con los que habló, para que no dificultaran la labor de paso de gasolina hurtada a cambio de una contraprestación, sin que exista otro medio de prueba que corrobore lo anterior, porque por el momento y ante la frágil prueba existente, se revocará la medida de aseguramiento impuesta a ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ por el concurso de cohechos y se otorgará su libertad previa la diligencia de compromiso”.

4.4.- En cumplimiento de la anterior determinación, la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga libró, el 28 de febrero de 2001, la boleta de libertad a favor del señor Esteban Robles Bohórquez y ordenó al Comando de Policía dejarlo “en libertad inmediata”. De otra parte, el sindicado suscribió diligencia de compromiso donde se obligó a presentarse cuando fuera solicitado por el funcionario judicial que lo requiera, observar buena conducta individual y familiar e informar cualquier cambio de residencia que realice y a no salir del país sin previa autorización del funcionario que conoce del proceso al cual se encuentra vinculado.

4.5.- Posteriormente, la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga, al calificar el mérito del sumario, mediante providencia del 1º de noviembre de 2001, decidió “precluir la investigación a favor de […] ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ”.

4.6.- La Secretaria Judicial I de la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga hizo constar (se transcribe de manera literal):

“Que en la Fiscalía Primera Especializada de esta ciudad, bajo el radicado No. 88467, se adelantó investigación en contra de ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ, quienes se encontraban sindicados del delito de COHECHO PROPIO. El día 1º de noviembre del año 2001, se calificó el mérito del sumario y se precluyó la investigación a su favor. En razón a lo anterior, el señor ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ estuvo privado de la libertad desde el día 19 de diciembre de 2000 hasta el día 26 de febrero de 2001” (sic) (se subraya).

4.7.- También se allegó al plenario, copia de la Resolución No. 0026 del 11 de enero de 2001, por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional, resolvió “RETIRAR del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 6º y 62 del Decreto 1791 de 2000, al siguiente personal de la Policía Nacional […] SI ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ”. El citado acto administrativo se notificó al interesado el 12 de enero de 2001.

4.8.- La Secretaria General, Grupo de Archivo de la Policía Nacional, certificó que el aquí demandante hizo parte de dicha institución desde el 10 de febrero de 1992 hasta el 12 de enero de 2001, esto es un total de nueve años y dieciocho días. Alcanzó el grado de subintendente. Igualmente, se certificó que, para el mes de enero de 2001, cuando fue retirado del servicio devengaba un salario de $1.084.416,90.

5. Conclusiones probatorias y caso concreto

Uno de los primeros puntos impugnados, tiene que ver con el reproche levantado a la postura interpretativa adoptada por el a quo, quien para decidir el caso aplicó el régimen de responsabilidad objetiva, mismo que en su criterio, no es una postura consolidada en la jurisprudencia del Consejo de Estado y que, atendiendo las particularidades del asunto, debe aplicarse el régimen de responsabilidad subjetiva desde el cual se evidencia la inexistencia de una falla en el servicio.

En efecto, el debate propuesto marca un aspecto relacionado con el valor normativo del precedente y su fuerza jurídica vinculante, discusión que sólo en los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los tópicos más álgidos para la teoría del derecho constitucional y de las fuentes del derecho. Sostiene el Profesor Diego López Medina que:

“[…] la Corte Constitucional empezó a abrir una innovadora tendencia entre los años de 1995 a 2001 cuando empezó a afirmar que, en virtud del principio de igualdad, los jueces, primero, y luego los particulares y los funcionarios públicos tenían un deber de derecho objetivo de aplicar las normas jurídicas de conformidad a la interpretación estable que de ellas hicieran los jueces; a partir de este deber, es también posible que los ciudadanos tengan un derecho subjetivo reclamable a obtener tal trato igualitario, a que sus casos sean resueltos de manera normativamente coherente con las decisiones anteriores que los jueces hubiesen expedido en los mismos temas”.

Empero, pese a que el sistema jurídico colombiano ha volcado sus esfuerzos para construir una fuerza jurídica vinculante de los precedentes de la Altas Cortes, no puede omitirse que, también existe una garantía constitucional fundamental para los jueces de instancia, cuál es su autonomía judicial. Es precisamente de esta prerrogativa que se revisten los funcionarios judiciales para apartarse, razonablemente, de lo decidido por sus superiores, punto de vista desde el cual no puede calificarse dicha competencia como causal constitutiva de defecto normativo.

En este orden de ideas, para apartarse válidamente del precedente, el juez tiene la carga de identificar el criterio del cual se distancia y, luego de precisar su esencia y razón de ser, alejarse voluntariamente de este exponiendo razones debidamente fundadas para justificar su decisión. Luego es “razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución".

Frente al valor jurídico del precedente dictado por las Cortes de cierre, la Corte Constitucional al interpretar el artículo 230 superior, estableció en la sentencia T-292/06 que:

“El juez inferior debe, de conformidad con la Constitución, atender la doctrina reiterada que un superior haya fijado frente a las normas legales pertinentes, pudiéndose separar de tal línea jurisprudencial, siempre y cuando “exponga clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”. Desde esa perspectiva, la autonomía judicial en el ámbito interpretativo, garantizada en el artículo 228 de la Constitución, tiene sus límites, que son entonces los derechos constitucionales de las personas que acceden a la justicia, y la estructura funcionalmente jerárquica de cada jurisdicción (artículos 234, 237 y 241 C.P.).

31. En el evento en que un juez desconozca abiertamente un precedente constitucional, la sentencia judicial ciertamente incurrirá en un defecto que la separa de la coherencia orgánica con la Constitución. En ese caso, la decisión judicial puede verse avocada a una acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo, llamada genéricamente vía de hecho, en el evento en que se aparte “de las pautas de obligatorio cumplimiento fijadas por esta Corporación como su intérprete autorizado”.

Atendiendo los anteriores razonamientos y al compararlos con lo argumentado por el juez a quo, fácil resulta advertir que en su proceder adoptó una de las líneas de precedente adoptadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, que si bien es cierto, existen posturas de otro orden ello no implica que el a quo deba aplicar la requerida por el aquí recurrente, habida cuenta que el operador judicial del derecho goza de un ejercicio razonable de su libertad interpretativa y decide el caso con el modelo conceptual que estima resulta más acorde con los hechos sometidos a su decisión.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que la sentencia cuestionada data del año 2011, fecha para la cual, todavía esta Sala no consolidaba su postura jurisprudencial en el tema de la responsabilidad del Estado frente a la privación injusta de la libertad y tampoco entraba en vigencia el CPACA donde se establecen criterios más estrictos para el monitoreo en el acatamiento de la jurisprudencia, luego el funcionario judicial gozaba de mayor autonomía judicial en la decisión de los casos, pues solo en fechas recientes se está estructurando una disciplina más rígida al valor jurídico del precedente, sin que pueda sostenerse una sumisión absoluta del inferior sobre lo decidido por el superior, pues se sigue manteniendo incólume la autonomía en la aplicación en interpretación del derecho, luego mal hace el recurrente al solicitar que el caso se decida a la luz un régimen de responsabilidad cual el aplicado por el fallador de instancia, igualmente, ofrece un coherente grado de razonabilidad.

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación alegó que no le asiste responsabilidad alguna frente a las pretensiones de la demanda ya que las providencias por las cuales se privó de la libertad al señor Robles Bohórquez son respetuosas del sistema jurídico.

En este orden de ideas y valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado que el señor Esteban Robles Bohórquez fue investigado penalmente por el delito de cohecho propio y, como consecuencia de ello, se dictó una medida de aseguramiento en su contra, razón por la cual estuvo privado de la libertad durante el lapso que trascurre del 19 de diciembre de 2000 al 26 de febrero de 2001, tiempo durante el cual el demandante soportó una detención preventiva en establecimiento penitenciario hasta cuando le fue precluida la investigación que se adelantaba en su contra.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del demandante, configuró para él un daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la entidad demandada, pues conforme a lo argumentado por el fiscal que precluyó la investigación, se tiene que dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por un delito que, a la postre, se determinó que el imputado no cometió, pues, como quedó visto, en el sub lite la medida de aseguramiento existió y se cumplió, hasta que al señor Robles Bohóquez le fue precluida la investigación adelantada en su contra, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

En efecto, la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga, al calificar el mérito del sumario, mediante providencia del 1º de noviembre de 2001, decidió “precluir la investigación a favor de […] ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ”. Al efecto argumentó (se trascribe de manera literal):

“Con relación a los sub intendentes de la policía JOSE IGNACIO BUITRAGO y ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ fueron cobijados con la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra en razón que no fueron identificados plenamente como las personas a quienes se referían los cabecillas en sus conversaciones telefónicas.

El SI ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ, niega conocer a los cabecillas […] lo mismo que las actividades ilícitas desplegadas por sus compañeros de la Estación de Policía de Lebrija vinculados a esta investigación.

Su vinculación se produce en razón de las referencias personales que se efectúan en las interceptaciones telefónicas al abonado 6716343, en una de las cuales el interlocutor DIOMEDES VARGAS TÉLLEZ le refiere que habló con los policías uno de hombre JOSE y otro de apellido ROBLES y acordaron la suma de dinero para dejar pasar los vehículos con combustible hurtado del oleoducto de ECOPETROL en jurisdicción de Lebrija (S) a lo cual manifiesta que es falso.

La anterior circunstancia se valoró como indicio grave y por ende la Fiscalía profirió medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo en decisión de febrero 27 del año en curso, la Fiscalía Delegada ante el H. Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la medida aludida al considerar que SEGUNDO ISIDORO no lo menciona como una de las tantas personas de la organización que él conoce, no lo señala como quienes se reunieron en la FONDA PAISA y hasta el momento no ha sido posible oír a DIOMEDES VARGAS TÉLLEZ para verificar la circunstancia señalada que fue calificada como indicio grave en contra del SI ROBLES BOHÓRQUEZ. No existe para esta Delegada otro medio de prueba que corrobore lo anterior y ante la frágil prueba existente decidió revocar la medida de aseguramiento impuesta en su contra, otorgándole la libertad.

El recaudo probatorio para el mencionado policial sigue incólume, no se ha dilucidado lo que en un comienzo se determinó como indicio grave, por ende no queda otra alternativa que precluir la investigación a su favor, en razón de que subsiste la duda de su participación y la fragilidad del haz probatorio recaudado no permite radicarlo en juicio criminal”.

Siendo estas las valoraciones utilizadas a fin de exonerar de responsabilidad al encartado, la Sala considera que el Estado, en ejercicio de potestad punitiva, no logró comprobar la responsabilidad del aquí demandante y frente a tal situación resulta necesario reiterar en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006, en el sentido de que no se puede eximir al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una medida de preclusión de la investigación en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Así las cosas, la Sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo -en este caso el daño producto de la privación de la libertad.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de los demandados, determinó que el señor Robles Bohórquez debió padecer la limitación de su libertad hasta que fue precluida la investigación adelantada en su contra; en cambio, a las entidades demandadas les correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, por lo que habrá lugar a confirmarse la sentencia apelada para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el aquí demandante, conforme a los razonamientos expuestos en precedencia.

Ahora bien, con relación a la responsabilidad declarada sobre la Rama Judicial, la Sala observa que ninguna responsabilidad le asiste en el presente caso, toda vez que no dictó ninguna de las providencias causantes del perjuicio reclamado por el aquí demandante, motivo más que suficiente para que sea excluida en la parte resolutiva de esta providencia al carecer de legitimación por pasiva en la presente causa, determinación que se declara de oficio por esta Subsección.

6. Indemnización de perjuicios

6.1. Perjuicios morales

Frente a los perjuicios morales, la Subsección mantendrá la condena por concepto de perjuicios materiales, puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación de la parte demandada estuvo orientado, única y exclusivamente, a censurar lo reconocido como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, razón por la cual, tal circunstancia impide efectuar un pronunciamiento al respecto.

En tal sentido se ha pronunciado la Sala:

“Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 3 de febrero del 2000, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos de la demanda, así como la condena por concepto de perjuicios morales y materiales (lucro cesante); puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera a la entidad demandada, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia, en este caso la parte apelante no señaló razones o fundamentos de su inconformidad frente a ese aspecto, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis y, por otro, los mencionados perjuicios fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso y, además, fueron debidamente establecidos por el Tribunal de primera instancia”.

Así las cosas, la condena por concepto de perjuicios morales reconocidos en primera instancia, asciende a la suma de a $4.292.000, cuantía que será actualizada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta Corporación para tal efecto, a saber:

Índice final – enero de 2017 (134,77)
Ra = $4.292.000 ---------------------------------------------------------- = $ 5.361.320,2
Índice inicial – junio de 2011 (107,89)

6.2.- Perjuicios materiales – Lucro cesante

Frente a este punto, la parte demandada se apartó del monto reconocido por la primera instancia censurando la liquidación al calificarla de “excesiva”, toda vez, que a su juicio, le fueron reconocidos dos factores a los cuales el demandante no tiene derecho, a saber: 1).- No debió incluirse el lapso de 35 semanas adicionales estimado como el tiempo que utiliza una persona para ubicarse laboralmente después de la pérdida del empleo; 2).- Alegó que tampoco debe tenerse en cuenta el 25% por prestaciones sociales, toda vez que la Fiscalía sólo ordenó la suspensión del cargo del implicado a fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento, más nunca dispuso su desvinculación de la entidad “de suerte que de precluirse la investigación en su favor lo lógico era que se reintegrara al servicio policial y continuara devengando”.

A fin de analizar los anotados reproches, la Sala estima necesario tener en cuenta las siguientes situaciones fácticas de cara al reconocimiento del lucro cesante solicitado con la demanda.

Se tiene que la Secretaria Judicial I de la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga certificó que “el señor ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ estuvo privado de la libertad desde el día 19 de diciembre de 2000 hasta el día 26 de febrero de 2001” (sic) (se subraya). Igualmente, obra certificación expedida por la Secretaria General, Grupo de Archivo de la Policía Nacional, dando a conocer que el aquí demandante hizo parte de dicha institución desde el 10 de febrero de 1992 hasta el 12 de enero de 2001.

Ahora bien, se allegó al plenario, copia de la Resolución No. 0026 del 11 de enero de 2001, por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional, resolvió “RETIRAR del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 6º y 62 del Decreto 1791 de 2000, al siguiente personal de la Policía Nacional […] SI ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ”. El citado acto administrativo se notificó al interesado el 12 de enero de 2001.

Lo anterior indica que el inculpado, durante el lapso que le cubrió su privación de la libertad, no contó con las condiciones para cumplir con las funciones que el cargo le demandan, pues fue privado de la libertad del 19 de diciembre de 2000 al 12 de enero de 2001, fecha en la cual fue retirado de la Policía Nacional dando aplicación a las facultades discrecionales y que si bien la Fiscalía que conoció del caso, mediante providencia del 11 de enero de 2001, dispuso “solicitar la suspensión del cargo a los anteriormente señalados por ante la autoridad correspondiente emitir la orden de detención, no obra en el expediente copia del acto administrativo que diera cumplimiento a la anterior decisión, no obstante lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que desde el 19 de diciembre de 2000 al 12 de enero de 2001, el aquí demandante hacía parte de la Policía Nacional y frente a ello, cualquiera sea, la situación administrativa que lo acompañó en dicho periodo, el lucro cesante reclamado debe hacerlo valer ante su empleador.

En consecuencia, señala la Sala, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, que la medida de suspensión en el cargo, en virtud de una orden judicial proferida para investigar a un servidor público, no extingue el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la absolución del servidor investigado, es procedente el reintegro, aparejado del derecho a percibir los emolumentos que se derivan de la relación laboral por el lapso que duró la suspensión.

En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007, al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el No. 730012331000199613147-01 (IJ-004) señaló:

“El levantamiento de la suspensión - Efectos.

En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

Esta Sección, en sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente IJ-004, actor: Oscar Armando Sánchez, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla, se pronunció en el sentido de que, en el campo laboral administrativo del orden municipal, la acción pertinente para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por decisión judicial es la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante lo anterior, la Sala reestudiando el tema advierte que la acción ejercitada es la procedente y que el conocimiento de la controversia no le corresponde a la Sección Tercera, porque el reconocimiento de salarios y prestaciones es materia eminentemente laboral, así comprenda el lapso en que el servidor público estuvo suspendido del ejercicio del cargo por orden judicial.

A la Sección Segunda de esta Corporación le corresponde dirimir controversias como la planteada, obviamente, en los procesos instaurados en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el acto administrativo negativo de la entidad con la cual se tenía el vínculo laboral. De ninguna manera está asumiendo el conocimiento de materia diferente a la especialidad de la Sección Segunda, es decir, laboral administrativo, como es el tema salarial y prestacional del servidor público.

Desde el mismo momento en que se revoca la medida adoptada por la justicia penal, queda sin sustento legal la suspensión administrativa del actor en el cargo y sin efecto la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos que se derivan de la relación laboral por el lapso de la suspensión.

La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión.

En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor es la que debe asumir tal carga como consecuencia de que por la orden judicial se retrotrae la situación al estado anterior, como si el funcionario jamás hubiera sido separado del servicio, lo que explica la obligación de pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir. Otra cosa es que el nominador pueda repetir contra la Fiscalía General de la Nación en obedecimiento de cuyo mandato se profirió el acto de suspensión” (Se destaca).

Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos:

“De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (numeral 4 del artículo 66 del C.C.A), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.
En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

Si bien la suspensión del actor no obedeció a la voluntad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad a la que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no la releva de su condición de empleadora y por ende no está exonerada del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión.

En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo” (Se destaca).

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los emolumentos que debió percibir el aquí demandante en su condición de agente de la Policía Nacional, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral.

En este orden de ideas, frente al periodo que trascurre del 19 de diciembre de 2000 al 12 de enero de 2001, la Sala no puede realizar reconocimiento indemnizatorio alguno, toda vez que al haberse dispuesto la suspensión del cargo, a fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, correspondía al ahora demandante reclamar, tanto los salarios, como demás prestaciones sociales, ante el empleador que para el caso era la Policía Nacional, pues esa entidad debía realizar las apropiaciones presupuestales necesarias a fin de reembolsar los dineros en la eventualidad que el procesado se reintegrara a sus tareas y, es precisamente, ante esta situación administrativa que cualquier exigencia pecuniaria relacionada con este periodo no tiene vocación de prosperidad por este mecanismo judicial.

De otra parte, la Sala considera que a partir del 12 de enero hasta el 28 de febrero de 2001, fecha en la cual recuperó su libertad, las pretensiones del actor deben atemperarse a la situación demostrada en el expediente, pues no puede obviarse que gozaba de la condición de funcionario público y que, en consecuencia, recibía un ingreso mensual de $1.084.416,90, cifra que dejó de percibir al ser desvinculado de la entidad a la cual se encontraba vinculado.

Ahora bien, conforme a lo anotado, la Sala estima procedente reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, durante el periodo que va del 12 de enero al 28 de febrero de 2001, esto es por 1 mes y 16 días, que equivalen a 1,5 meses. Igualmente, se demostró que el ahora demandante se desempeñaba como agente de la Policía Nacional y que al momento de su desvinculación devengaba un salario de $1.084.416,90.

Así las cosas, para determinar lo que le corresponde al demandante, por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario devengado por el demandante para el año 2001, esto es, al momento de su desvinculación de la Policía Nacional.

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh x Índice final
Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;
Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $1.084.416,90
Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 134,77
Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente al mes de enero de 2001: 62,64

Reemplazando tenemos:

Ra = $1.084.416,90 x 134,77
62,64

Ra = $2.333.123,65

A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual nos arroja un valor de $2.916.404,6. En efecto, el reconocimiento de citado porcentaje se atempera a los lineamientos jurisprudenciales conforme a los cuales se considera que todo salario apareja, de manera necesaria, la causación de prestaciones sociales, sin que importe para el efecto cual ha sido el motivo por el cual fue desvinculado laboralmente

Así las cosas, se tomará la suma de $2.916.404,6 como ingreso base de liquidación y los 1.5 meses como periodo a indemnizar.
No obstante, es del caso precisar que, para efectos de liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, esta Sala ha reconocido también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)”.

A pesar de lo anterior, como ya se expresó, el señor Robles Bohórquez se encontraba vinculado a la Policía Nacional al momento de la privación de la libertad, y sin entrar a cuestionar las razones para que fuera retirado de dicha entidad, para la Sala es claro que se trataba de un servidor público que, conforme a las reglas de la jurisprudencia de la Sala, se ve en la obligación de salir al mercado laboral a encontrar un nuevo empleo, pues nótese que durante un lapso cercano a los nueve años sus ingresos dependieron de los salarios cancelados por las Fuerzas Armadas de Colombia, así las cosas hay lugar a reconocer de forma adicional el mencionado lapso de tiempo certificado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano.

Con estas variables será aplicada la fórmula establecida para el cálculo del lucro cesante consolidado:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $2.916.404,6 (1+ 0.004867)10,25 - 1
0.004867

S = $30.575.124,22

Así las cosas, corresponde a la entidad demandada cancelar a favor del señor Esteban Robles Bohórquez la suma de treinta millones quinientos setenta y cinco mil ciento veinticuatro con veintidós pesos ($30.575.124,22) por concepto perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

7. No hay lugar a condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es la proferida, el 23 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así:

Primero: DECLARAR de oficio probada la falta de legitimación por pasiva de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor ESTEBAN ROBLES BOHÓRQUEZ con cédula de ciudadanía número 91.464.453 de Rionegro, entre el 19 de diciembre de 2000 y el 26 de febrero de 2001.

Tercero: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios las siguientes sumas de dinero:

-. Perjuicio material a título de lucro cesante consolidado: TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CIENTO VEINTICUATRO CON VEINTIDOS PESOS ($30.575.124,22).

-. Perjuicio moral: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA UNO TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 5.361.320,2).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: Por Secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 258 del cuaderno de segunda instancia. Folio 96 del cuaderno de primes instancia. La demanda inicialmente se presentó contra el Ministerio de Justicia y el Derecho (Folio 87 del cuaderno de primera instancia), empero, ante la excepción propuesta por esta cartera (Folio 104 del cuaderno de primera instancia) referida con la indebida representación en la causa por pasiva, el apoderado del actor, dentro del término de traslado, solicitó que para efectos de notificación de la demanda se enterara de la misma a la Fiscalía General de la Nación o a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Folio 120 del cuaderno de primera instancia). Posteriormente, el despacho de primera instancia dispuso notificar a la Fiscalía General de la Nación (Folio 153 del cuaderno de primera instancia), toda vez que de los hechos se infiere ser la presunta responsable del daño reclamado. Folio 97 del cuaderno de primera instancia. Folio 97 del cuaderno de primera instancia. Folios 160 a 171 del cuaderno de primera instancia. Folio 208 del cuaderno de primera instancia. Folio 229 del cuaderno de primera instancia. Folio 243 del cuaderno de primera instancia. Folios 251 a 258 del cuaderno de segunda instancia. Folio 256v del cuaderno de segunda instancia. Folio 256 del cuaderno de segunda instancia. Folio 256 del cuaderno de segunda instancia. Folios 268 a 273 del cuaderno de segunda instancia. Folio 272 del cuaderno de segunda instancia. Folio 274 del cuaderno de segunda instancia. Vale anotar que la Fiscalía General de la Nación, presentó, en dos oportunidades formulas conciliatorias, las cuales no fueron aceptadas por la parte actora. Las audiencias se llevaron a cabo el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2011. Folio 301 del cuaderno de segunda instancia. Folio 303 del cuaderno de segunda instancia. Folio 305 del cuaderno de segunda instancia. Folio 311 a 323 del cuaderno de segunda instancia. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros. Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Folio 58 del cuaderno de primera instancia. Folio 137 del cuaderno de primera instancia. Folio 96 del cuaderno de primera instancia. La parte demandante allegó al proceso copia auténtica del proceso penal seguido en contra del aquí demandante e identificado con el radicado No. 88467 de la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga (Folio 138 del cuaderno de primera instancia). El mismo consta de seis cuadernos. Folio 274 del cuaderno 4 de pruebas.

Folio 290 del cuaderno 4 de pruebas. Folio 311 del cuaderno 4 de pruebas. Folio 144 del cuaderno 1 de pruebas. Folio 149 del cuaderno 1 de pruebas. Folio 61 del cuaderno de primera instancia. Folio 79 del cuaderno de primera instancia. Folio 78 del cuaderno de primera instancia. Folio 241 del cuaderno 1 de pruebas. Folio 243 del cuaderno 1 de pruebas. Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Folio 58 del cuaderno de primera instancia. Folio 60 del cuaderno de primera instancia. Folio 80 del cuaderno de primera instancia. Folio 80v del cuaderno de primera instancia. Folio 131 del cuaderno de primera instancia. López Medina, Diego. Eslabones del derecho. El deber de coherencia con el precedente judicial. Editorial Legis. Bogotá. 2016. Pag. 21. La Corte Constitucional en sentencia T-698/04 establece que “[…] en sentido vertical, se puede aceptar que un juez inferior se aparte del precedente de su superior si, i) después de hacer referencia expresa al referente y ii) luego de resumir su esencia y razón de ser, iii) se aparta voluntariamente de él exponiendo razones debidamente fundadas para justificar su decisión”
Sentencia T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Folio 58 del cuaderno de primera instancia. Folio 50 del cuaderno de primera instancia. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 13168. Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2001. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras. Sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284. Folio 272 del cuaderno de segunda instancia. Folio 60 del cuaderno de primera instancia. Folio 80 del cuaderno de primera instancia. Folio 80v del cuaderno de primera instancia. Folio 311 del cuaderno 4 de pruebas. Radicación No: 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. En dichas providencia, fechada el 30 de mayo de 2002, la Sala Plena de la Sección Segunda estimó que el camino procesal para reclamar el pago de los salarios dejados de percibir, como consecuencia de la suspensión en el cargo por orden judicial, era la acción de reparación directa, incoada en contra de la entidad que ordenó la mencionada suspensión. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), Consejero ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón. En igual sentido puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B el 3 de septiembre de 2009, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07), Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 29 de mayo de 2013, Exp. 29.462. Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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