Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00453-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-31-000-2008-00453-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00453-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2008-00453-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
13 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 13 de mayo de 2022
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por
privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) – Daño especial – atipicidad de la
conducta
Síntesis del caso: Con fundamento en la denuncia penal, en la que se indicaba que
un funcionario del C.T.I había prestado asesoría en temas de seguridad, así como el
suministro de información acerca del trámite de un proceso penal adelantado por
delitos contra la administración pública, la Fiscalía General de la Nación inició la
respectiva investigación en contra del demandante y le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva por el delito de concusión. Posteriormente,
varió la calificación jurídica y la adecuó al tipo penal de cohecho propio. Finalmente,
en etapa de juicio, se dictó sentencia absolutoria a su favor
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
General de la Nación en contra de la Sentencia de 9 de abril de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de
un recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las
pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo
previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte
demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente
11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
1. El 8 de agosto de 2008, Henry Hernando Hernández presentó
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra
de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su
libertad2. La medida de aseguramiento de detención preventiva le fue
impuesta dentro del proceso penal seguido en su contra, inicialmente
por el delito de concusión y, luego, por el de cohecho propio.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“PRIMERA: Declarar administrativamente responsable a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN por la falla en el servicio de la administración de
justicia, por error evidente de la apreciación de los hechos y por la
privación injusta de la libertad del señor HENRY HERNANDO HERNÁNDEZ
GRANADOS y como consecuencia de lo anterior condenar al pago de
los siguientes perjuicios (…)”.
3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad,
solicitó que se condenara al pago de las sumas de $102.313.079,77,
como daño emergente, y $108.437.325,50, por lucro cesante, así como
el equivalente a 100 SMLMV, “por concepto de pérdida de oportunidad”.
4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte
demandante expuso, en síntesis:
5. 1) El 15 de octubre de 2003, Natanael Camacho Amado formuló
denuncia penal ante la Unidad Investigativa del Gaula rural de Meta,
debido a las amenazas que estaba recibiendo directamente, así como
su socio en la empresa Foinsalud, Ricardo Jaramillo Beaumont. Lo
anterior, debido a la denuncia que a su vez formuló esta última persona
en contra de José Elías Gómez, representante legal de Tirona E.P.S, por
el delito de peculado.
6. 2) Debido a la situación anterior, los aludidos denunciantes
decidieron contactar a un funcionario del C.T.I de Villavicencio, Henry
Hernando Hernández Granados, con el fin de que les colaborara con su
seguridad y, además, les informara acerca del estado en que se
encontraba la aludida investigación penal por la conducta de
peculado. Este funcionario, como contraprestación por su gestión, les
habría solicitado la entrega de un celular, una moto y la suma de 6
millones de pesos.
2 Folios 2 al 13 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
2 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
7. 3) El 4 de noviembre de 2003, la misma fiscalía remitió las
diligencias a la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio con el
propósito de que se investigara la posible comisión de un delito
independiente contra la administración pública.
8. 4) El 6 de noviembre de 2003, la Fiscalía 6 seccional de
Villavicencio ordenó la apertura de investigación formal por el delito de
concusión y dispuso la vinculación, mediante diligencia de indagatoria,
de Henry Hernando Hernández Granados. Además, ordenó la práctica
del testimonio de Ricardo Jaramillo.
9. 5) El 21 de noviembre de 2003 se llevó a cabo la declaración de
Ricardo Jaramillo, en la que informó haber conocido a Henry
Hernández, funcionario del C.T.I, por intermedio de Natanael Camacho,
con el fin de buscar su asesoría en temas de seguridad. Además, señaló
que, por la confianza generada, le entregó al sindicado un teléfono
celular, para contactarlo rápidamente en caso de urgencia; negoció
una moto que era de propiedad de una de las empleadas de Foinsalud
y, por último, negó haber entregado alguna suma de dinero a su favor.
10. 6) El 26 de noviembre de 2003, Henry Hernández rindió diligencia
de indagatoria, en la cual también relató los servicios de asesoría
aludidos anteriormente, la recepción de un celular y la negociación de
la moto. Asimismo, respecto de la denuncia penal formulada por
Ricardo Jaramillo, conocida por la Unidad Nacional de Anticorrupción
de la Fiscalía General de la Nación, indicó que había entregado unas
citaciones realizadas por la fiscalía, entre ellas, a la esposa del
denunciante.
11. 7) El 2 de diciembre de 2003, la fiscalía resolvió la situación jurídica
de Henry Hernández y le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por el delito de
concusión3. El 9 de diciembre de 2003 se varió la calificación jurídica de
la conducta investigada y fue adecuada al delito de cohecho propio.
Además, dispuso la vinculación a la actuación de Natanael Camacho
y Ricardo Jaramillo.
12. 8) El 2 de abril de 2004, la fiscalía calificó el mérito del sumario con
resolución de acusación dictada en contra de Henry Hernández por el
delito de cohecho propio. Esta decisión quedó ejecutoriada y el
expediente fue remitido a la oficina de reparto de los juzgados penales
del circuito.
3Si bien este hecho no fue incluido en la demanda, así se advierte de la respectiva resolución aportada
con dicho escrito.
3 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
13. 9) El 20 de enero de 2005, el Juzgado 1 penal del circuito de
Villavicencio celebró la audiencia pública de juzgamiento. Finalmente,
mediante Sentencia de 27 de marzo de 2007, dispuso la absolución de
Henry Hernández, “por considerar que la conducta que se le endilgó no
constituía el delito de cohecho”.
14. 10) Como consecuencia del proceso penal, Henry Hernández fue
suspendido de su cargo y separado de sus funciones, desde el momento
que se le notificó la Resolución No. 1128 de 2 de diciembre de 2003 hasta
que quedó ejecutoriada la sentencia de primera instancia. Además,
debió sufragar los honorarios profesionales para el ejercicio de su
defensa técnica y vender un vehículo de servicio público de su
propiedad, para contribuir con el sostenimiento de su familia.
15. De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal
se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 6 de noviembre de 2003
se ordenó la apertura de instrucción y la vinculación, mediante
diligencia de indagatoria, de Henry Hernández; 2) el 26 de noviembre
de 2003 se practicó su diligencia de indagatoria; 3) el 2 de diciembre
se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, por
el delito de concusión; 4) el 9 de diciembre de 2003 se le varió la
calificación jurídica y se le imputó el delito de cohecho; 5) el 2 de abril
de 2004 se dictó resolución de acusación en su contra y 6) el 27 de
marzo de 2007 se dictó sentencia absolutoria a su favor.
1.2. Posición de la parte demandada
16. El 26 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación contestó
la demanda y manifestó no constarle los hechos, así como oponerse a
las pretensiones allí formuladas 4. Al respecto, explicó que esta entidad
cumplió las previsiones constitucionales y legales, debido a que se le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al
demandante principal con base en los dos indicios graves de
responsabilidad, construidos con fundamento en las pruebas obtenidas
en el proceso penal, sin que para este momento se exigiera plena
certeza acerca de su compromiso penal en la conducta investigada.
Además, si bien no es posible aplicar a este caso las normas derogadas
del Decreto 2700 de 1991, de todas maneras, tampoco se
configuraban los presupuestos para declarar la responsabilidad de la
entidad, con base en un título objetivo. Por último, propuso la
excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, toda vez que,
4 Folios 212 al 219 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
4 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
la medida de aseguramiento de detención preventiva fue “impuesta en
cumplimiento de un deber legal”.
1.3. Sentencia de primera instancia
17. El 9 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Meta profirió
Sentencia de primera instancia, que negó la excepción propuesta por
la Fiscalía General de la Nación y la declaró responsable por la
privación injusta de la libertad del demandante principal, razón por la
cual la condenó al pago de los respectivos perjuicios materiales 5.
Inicialmente, respecto a la excepción formulada, indicó que dichos
planteamientos debían analizarse en el “debate de fondo donde se
determinará si existe o no el derecho material pretendido”. Como
argumentos de fondo, señaló que, Henry Hernández Granados sufrió
un daño antijurídico, toda vez que se afectó su libertad dentro de un
proceso penal en el que finalmente fue absuelto mediante decisión
definitiva o su equivalente.
1.4. Recurso de apelación
18. El 21 de mayo de 2013, la Fiscalía General de la Nación interpuso
y sustentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia de
primera instancia6. En su escrito indicó que, este caso debía resolverse
de acuerdo con un régimen subjetivo de responsabilidad, a partir del
cual se concluiría que la detención no fue injusta, al haberse cumplido
la normativa legal para imponer la respectiva medida de
aseguramiento. De todas maneras, señaló que se había configurado
la culpa exclusiva de la víctima, debido a que Henry Hernández “violó
las obligaciones a las cuales está sujeto (…) al asumir de manera particular la
posición de asesor de seguridad para los señores NATAEL CAMACHO AMADO
y RICARDO JARAMILLO, recibiéndoles objetos y entrando a negociar una
motocicleta siendo que lo que le correspondía era encausar la judicialización
y mantenerse apartado desde el punto de vista social y laboral de los
denunciantes”. Finalmente, en relación con los perjuicios materiales,
5 Folios 234 al 267 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se
trascribe): “PRIMERO.- NIÉGUESE la excepción propuesta por la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DECLARASE administrativa
responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños y perjuicios ocasionados al
actor HENRY HERNANDO HERNÁNDEZ, con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto. TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, al pago de los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de lucro cesante, en abstracto de
conformidad con los artículos 172 del C.C.A. y 137 y 307 del C.P.C., mediante trámite incidental y teniendo
en cuenta las pautas señaladas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO.- CONDÉNASE a la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al actor, a título de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($37.272.527,00). QUINTO.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la
demanda (…)”.
6 Folios 283 al 293 del Cuaderno del Consejo de Estado.
5 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
consideró que habían sido probados con base en documentos
privados que no tienen fecha cierta, por lo que no le son oponibles.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2.
Identificación del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad
a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
19. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios
derivados de la privación injusta de la libertad de Henry Hernando
Hernández Granados, con ocasión de la medida de aseguramiento de
detención preventiva impuesta inicialmente por el delito de concusión
y, luego, por el de cohecho propio. En esta instancia, la Fiscalía
General de la Nación argumentó que no era posible que se declarara
su responsabilidad patrimonial en este caso, al haber actuado de
conformidad con la ley.
20. Dentro del expediente se encuentra probado que, Henry
Hernández permaneció, por lo menos, bajo detención domiciliaria,
desde el 9 de diciembre de 2003 hasta el 21 de abril de 2004. Si bien es
cierto, se tiene conocimiento de la orden de captura dictada en su
contra, de su materialización y de su detención intramural en las
instalaciones del DAS, se desconoce el período exacto en que se
prolongó esta primera parte de su privación. Por tanto, se tendrá como
fecha de inicio de la restricción de su libertad, el momento en que se
le sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria y se
ordenó el traslado a su domicilio, lugar en el que cumpliría esta última
medida de aseguramiento7.
21. En efecto, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2003, la
Fiscalía 6 seccional de Villavicencio le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva por el delito de concusión, en
la que se advirtió que, “[u]na vez producida la suspensión del cargo (…) se
procederá a la captura del sindicado HENRY HERNANDO HERNANDEZ
GRANADOS, la cual se ordena desde ahora (…)”8.
7 Se observa que el procesado necesariamente debió cumplir con las obligaciones de prestar caución y
suscribir la respectiva diligencia de compromiso, dado que, como se constata con la resolución de
acusación, la medida de detención domiciliaria se hizo efectiva durante la fase de instrucción y por ello se
ordenó mantenerla durante el curso de proceso.
8 En esta misma providencia, en la parte resolutiva, se dispuso lo siguiente: “TERCERO: Solicitar a la Dirección
Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación de esta ciudad, la suspensión
provisional del cargo de INVESTIGADOR JUDICIAL I que actualmente ocupa el señor HENRY HERNANDO
HERNANDEZ GRANADOS. Obtenida la suspensión antes indicada, líbrese ORDEN DE CAPTURA en contra del
referido HERNANDEZ GRANADOS, la cual se encargará al DAS para su efectivización”. Folios 62 al 77 del
Cuaderno del Tribunal No. 1.
6 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
22. Asimismo, mediante el Auto de 9 de diciembre de 2003, que
modificó la calificación jurídica provisional, se sustituyó la medida de
detención preventiva por domiciliaria y se ordenó que, “[u]na vez
depositada la caución prendaria y suscrita la diligencia de compromiso,
ofíciese al Director Seccional del DAS lugar donde se halla detenido el
sindicado Hernández Granados, para que procedan a trasladar al sindicado
hasta su residencia donde permanecerá en Detención Domiciliaria.
Igualmente se oficiará al Director de la Cárcel Judicial con sede en esta
ciudad, para que ejerzan el control sobre la detención domiciliaria
concedida al sindicado (…)”9.
23. Además, la aludida detención domiciliaria se mantuvo, por lo
menos, hasta la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución
acusación10. Precisamente, en la parte resolutiva de esta decisión se
dispuso que se “mant[uviera] la Detención Domiciliaria que como medida
sustitutiva de aseguramiento, viene cobijando al procesado HENRY
HERNANDO HERNÁNDEZ GRANADOS”11. Al respecto, debe precisarse que
se desconoce la fecha exacta en que el entonces procesado recobró
su libertad, toda vez que, en la sentencia de primera instancia no se
ordenó su libertad, ni se hizo otra manifestación que diera cuenta que
su detención se prolongó hasta la expedición de esta providencia 12.
Por esta razón, el período de privación de la libertad se extiende, por
lo menos, hasta la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de
acusación, como quiera que, hasta este momento de la actuación
procesal, se mantuvo la aludida medida de aseguramiento.
24. Por otra parte, se pudo constatar que, mediante Sentencia de
27 de marzo de 2007, el Juzgado 1 penal del circuito de Villavicencio
dictó sentencia absolutoria, toda vez que, “en ningún momento el
procesado Henry Hernández Granados incurrió en la conducta punible de
cohecho propio, esto es que la conducta por él ejercida es atípica (…)”13.
9 Folios 90 al 95 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
10 Folios 110 al 122 del Cuaderno del Tribunal No. 1. Dentro del expediente, no obra ningún documento que
informe la fecha exacta en la cual quedó ejecutoriada la resolución de acusación proferida el 2 de abril
de 2004. No obstante lo anterior, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma
procesal vigente para el momento en que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal
y por estado, de una providencia interlocutoria, dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada
el 21 de abril del mismo año. En efecto, según dicha legislación, primero, se intentará realizar la notificación
personal de la providencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 12, 13
y 14 de abril-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha
en la que se efectuó la citación, la cual debía realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de
la providencia -12 de abril-. Por tanto, la fijación del estado debía hacerse el 16 de abril y, después, correría
el término de ejecutoria, es decir, 19, 20 y 21 de abril de 2004. Por tanto, este último día habría quedado
ejecutoriada la resolución de acusación, por lo que al día siguiente la fiscalía perdió competencia para
continuar con la instrucción del caso seguido en contra de los entonces procesados.
11 Folio 121 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
12 Folios 141 al 159 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
13 Folios 141 al 159 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
7 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
25. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, dado
que están reunidos los presupuestos procesales para fallar , entre ellos,
la presentación de la demanda dentro del término legal. Al respecto,
la Sala advierte que, de acuerdo con lo informado por medio del
Oficio No. 767 de 19 de abril de 2007, la aludida sentencia absolutoria
cobró ejecutoria el 18 de abril de 2007. Por tanto, habida cuenta de
que la demanda se presentó el 8 de agosto de 2008, se concluye que
la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad
prevista por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
26. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que confirmará la
declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de la libertad de Henry Hernández, toda vez
que, el entonces procesado fue absuelto penalmente, ante la
atipicidad de la conducta investigada, de modo que se le causó un
daño anormal y grave como consecuencia de la restricción de su
libertad, que no estaba en el deber jurídico de soportar. Además,
revocará el reconocimiento de perjuicios materiales y ordenará
restablecer el buen nombre del demandante principal, de acuerdo
con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos
similares.
27. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden:
primero, identificará que se acreditó un daño derivado de la
afectación del derecho a la libertad. Luego, profundizará en las
razones anunciadas por las cuales se le ocasionó un daño especial al
demandante. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal
eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño
a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, revisará la
indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena
en costas.
2.2. Identificación del daño
28. Como se explicó anteriormente, en este caso, el hecho generador
del daño deriva de la privación de la libertad de Henry Hernández, en
cumplimiento de la medida de detención domiciliaria, desde el 9 de
diciembre de 2003 hasta el 21 de abril de 2004, es decir, por el lapso de
4 meses y 13 días.
2.3. Análisis de la existencia de un daño especial
8 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
29. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201814, la
Corte Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución
Política de Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título
específico de imputación, sino que, por el contrario, prevén la
posibilidad de que el juez adecúe la situación específica al título
pertinente15.
30. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que, “la posibilidad que
tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un
daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la privación
injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los
derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90
de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige
en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos (…) el
juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda
acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta
inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución
objetiva”.
31. Asimismo, explicó que, en dos eventos de aquellos considerados en
la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible aplicar un
régimen objetivo de responsabilidad, es decir, inexistencia del hecho y
atipicidad de la conducta punible investigada, porque, a su juicio, en
ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos”.
32. A partir de las anteriores consideraciones, corresponde a la Sala
establecer si la restricción del derecho a la libertad del ahora
demandante resultó irrazonable y desproporcionada, de acuerdo con
los elementos de juicio recaudados dentro del proceso penal. El
juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser
reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre
la generalidad de la población- y, por su gravedad, no podría
considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir
en sociedad. Bajo este título de imputación denominado por la
jurisprudencia como “daño especial”, debe considerarse que, a partir
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
15 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva
judicial- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y
que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad
a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello
implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario
que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia15, aceptado por la propia
jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por
ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.
9 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el
derecho a la indemnización.
33. El proceso penal seguido en contra de Henry Hernández por el
delito de cohecho propio, tuvo origen en “la compulsa de copias
ordenadas por la Fiscalía 14 Delegada ante el GAULA (…) mediante las
cuales dispuso se investigara la presunta comisión de una conducta punible
atentatoria contra la Administración Pública en que pudo haber incurrido el
señor Henry Hernando Hernández Granados, en su condición de Investigador
Judicial del Cuerpo Técnico de la Fiscalía de Villavicencio; toda vez que
según la denuncia inicial instaurada por el señor Natanael Camacho Amado,
refirió que estaba siendo víctima de llamadas telefónicas extorsivas,
señalando que sospechaba entre otros sujetos, de Henry Hernández
Granados, por cuanto esta persona le había solicitado una determinada
cantidad de dinero, a cambio de ofrecerles seguridad a él y a su socio
Ricardo Jaramillo, que luego de haber aceptado dicha solicitud, le
entregaron a Hernández Granados un teléfono celular y una motocicleta”.
34. Con base en lo anterior, y en las pruebas recaudadas durante el
proceso, el Juzgado 1 penal del circuito de Villavicencio dictó el 27 de
marzo de 2007 Sentencia absolutoria, con base en los siguientes
argumentos:
“Si bien como se anotó con anterioridad, dicho sujeto activo ostentaba
la calidad de servidor público, elemento necesario para la configuración
de dicha conducta, también lo es que las funciones que éste
desempeñaba para ese preciso momento en que acaecieron los
hechos, en nada se relacionan con las supuestas asesorías que
Hernández Granados dio, suministró o pretendió dar a Camacho amado
y Jaramillo Beaumont, habida consideración que la supuesta norma
transgredida enmarca que para la configuración del tipo penal se
requiere que el sujeto agente retarde u omita un acto funcional debido,
donde dicho acto debe ser inherente a funciones propias del cargo. De
tal suerte que de manifiesto está que el cargo desempeñado por
Hernández Granados, no era otro que el de investigador más no de
escolta, que sería en últimas las condiciones requeridas para que pudiese
presentarse lo que la norma en comento exige, vender o prometer su
función.
A lo largo del proceso se demostró que el supuesto Acuerdo de
Voluntades como así lo llamó el ente Acusador, tan solo fue consejo que
como ya dijimos en nada interviene no se relaciona con las funciones
laborales propias inherentes al cargo que desempeñaba Henry
Hernández para ese momento, por el contrario y para el despacho es
claro, desde todo punto de vista viable que ante la estrecha amistad
existente de Hernández Granados con una tía de la esposa de Natanael
Camacho, y luego la relación que surgió entre estos dos últimos,
necesariamente que ante el conocimiento pleno obtenido por su paso
en la Policía Nacional en el grado de Oficial, los cursos de Policía Judicial
y su permanencia luego en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la
Fiscalía, lógico era que recomendara a sus nuevos conocidos o amigos,
10 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
métodos precisos y convenientes para que ellos mismos se garantizaran
una seguridad personal, ante los acontecimientos que se habían
suscitado por las continuas llamadas extorsivas de las que habían sido
víctimas de tiempo atrás (…) Ahora bien, como ya hemos determinado
que en ningún momento el procesado Henry Hernández Granados
incurrió en la conducta punible de cohecho propio, esto es que la
conducta por él ejercida es atípica, tenemos que por sustracción de
materia las demás personas al investigativo vinculadas tampoco
incurrieron en delito alguno (…)”.
35. Como puede observarse, en el proceso penal no se probaron los
elementos del tipo penal investigado y, en consecuencia, tampoco la
presunta responsabilidad penal del acusado en un hecho con
relevancia jurídica. Así las cosas, se encuentra que el entonces
procesado estuvo privado de la libertad por más de 4 meses, debido
a un proceso penal que cursó por un comportamiento que no
constituía un tipo penal en contra de la administración pública. Por lo
anterior, al no existir ningún título jurídico que pueda justificar, de
manera definitiva, la privación provisional de su libertad, se le generó
un daño anormal, especial y grave, que deberá ser indemnizado.
36. La afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido
considerado una garantía básica del ser humano, por tratarse de un
atributo propio de la persona, no puede considerarse como una carga
que deba soportar un ciudadano como contraprestación propia de
vivir en sociedad y encontrarse en un determinado territorio. En
consecuencia, resulta desproporcionada la privación de la libertad del
procesado que fue exonerado de toda responsabilidad penal, al no
demostrarse la ocurrencia de un comportamiento punible. Por las
anteriores razones, procede la reparación del daño antijurídico
alegado.
2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño
37. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa
exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en
materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante principal,
en efecto, no desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal,
de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño.
38. Por el contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar
los argumentos y las respectivas justificaciones, tendientes a demostrar
su inocencia en el comportamiento investigado. En sus diligencias de
indagatoria, el entonces procesado siempre manifestó que nunca
había realizado alguna exigencia económica y que las
11 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
recomendaciones realizadas en materia de seguridad habían
respondido a su relación de amistad que tenía en ese momento con
los denunciantes, así como a los conocimientos adquiridos por los
distintos cargos desempeñados en la Policía Nacional y en la Fiscalía
General de la Nación.
39. Además, en este caso, el daño alegado se le atribuye a la Fiscalía
General de la Nación, por ser la autoridad que le impuso la medida de
aseguramiento de detención preventiva y la sustituyó por detención
domiciliaria, la cual se mantuvo, por lo menos, durante la etapa de
instrucción. Por tanto, esta entidad debe responder por los perjuicios
causados con la privación injusta de su libertad.
2.5. Liquidación de perjuicios
2.5.1. Perjuicios inmateriales
40. En relación con los perjuicios morales, en la demanda no se
solicitó suma alguna por este concepto y, por esta razón, en la
Sentencia de primera instancia no se hizo ningún pronunciamiento
sobre el particular, sin que la parte demandante recurriera este
aspecto de la decisión.
41. Sin embargo, la Sala advierte una afectación del derecho al buen
nombre de Henry Hernando Hernández Granados, que constituye una
violación relevante de un derecho fundamental y que, por ello mismo,
debe ser restablecido de manera inmediata16. Como lo ha explicado
la Sala en diversos pronunciamientos, la privación injusta de la libertad,
sin importar el delito que hubiera sido imputado al entonces
procesado, trae también consigo una intensa vulneración del derecho
al buen nombre de quien la padeció.
42. No se trata entonces de un daño autónomo al de la privación
injusta de la libertad (PIL), sino de un perjuicio derivado de ella. En
consecuencia, si la PIL resulta atribuible a la entidad demandada, no
hace falta probar otra relación de causalidad entre su actuación y el
impacto en el buen nombre de la víctima, y tampoco activar un título
de imputación que permita declarar la responsabilidad de la
demandada por ese daño antijurídico. La afectación al buen nombre
16Debe tenerse en cuenta que, la privación injusta de la libertad constituye una violación importante de
los derechos, lo que habilita al juez a declarar la existencia del perjuicio a un derecho constitucionalmente
protegido. En efecto, el derecho a la libertad presupone el ejercicio de otros derechos fundamentales, por
lo que la vulneración de aquel, implica a su vez el desconocimiento de otras garantías básicas, como
ocurre en este caso.
12 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
-se repite- no es un daño autónomo, sino un perjuicio derivado del
daño ya declarado.
43. Una vez acreditados el nexo de causalidad, la imputabilidad y por
tanto la antijuridicidad de la privación injusta de la libertad, todos los
perjuicios que de ella se deriven deben ser declarados por el juez
siempre que estén acreditados y hayan sido solicitados. La excepción
a este último requisito ha sido reconocida en la jurisprudencia de esta
corporación pacífica y repetidamente desde la sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por esta Sección 17: si uno
de los perjuicios probados encaja en la categoría de perjuicios a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, debe ser
declarado de oficio por el juez, es decir, aunque no haya sido
solicitado en la demanda18.
44. Las reglas de la experiencia indican que, una vez el imputado es
privado de su libertad, las personas modifican su percepción respecto
de él. El ejercicio del ius puniendi del Estado, en efecto, se sustenta en
la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque
presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene
conocimiento de la imposición de una medida privativa de la libertad
en contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y
razonables indicios de su responsabilidad.
45. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en este tipo de
casos necesariamente se deriva un perjuicio sobre la reputación, o el
concepto que de la persona tenían los demás 19, un deterioro de la
apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en
su desempeño dentro de la sociedad20. Este asunto, que podría
parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad21.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia
de Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación No. 05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988
18 Así se ha explicado: “i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en
el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los
bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo
que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares
condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la
vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d)
buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.// ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien
las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de
oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia (…) iv) Es un daño que se repara
principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas
reparatorias no indemnizatorias (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación No. 05001-23-25-000-
1999-01063-01, Exp. 32988.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
13 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
46. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado que la imposición
de la medida de aseguramiento en contra de Henry Hernández, en
ausencia de un título jurídico que justificara la restricción de su derecho
a la libertad, conllevó necesariamente un perjuicio a derechos
constitucionalmente protegidos consistentes en un grave menoscabo
en su reputación. En consecuencia, ese perjuicio debe ser reparado.
47. Por tal motivo, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que
emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el
perjuicio causado y reconozca que adelantó un proceso penal en el
que se dictó sentencia absolutoria, al constatarse la atipicidad de la
conducta investigada. De acuerdo con el principio según el cual este
tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el
demandante le informará a la entidad, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
entregado en físico a él o si, además, desea que se publique en su
plataforma de comunicación y difusión, por lo que así procederá la
entidad demandada una vez tenga conocimiento de esa decisión. De
no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá
que la víctima opta porque las disculpas se expresen de forma privada,
por lo que la fiscalía procederá a cumplir esta orden de manera
inmediata.
2.5.2. Perjuicios materiales
48. En la sentencia de primera instancia se reconocieron las sumas
pagadas por concepto de honorarios profesionales, que se causaron
por el ejercicio de la defensa técnica en el respectivo procesal penal.
Al expediente se allegó una constancia de pago por los honorarios
pagados durante la defensa en la etapa de juicio, así como el contrato
de prestación de servicios profesionales suscrito por la gestión realizada
durante la fase de investigación 22.
49. El Consejo de Estado ha precisado que, para el reconocimiento de
este perjuicio, se deberá aportar “i) la prueba de la real prestación de los
servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente
expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios
correspondientes a su gestión y la prueba de su pago(…)”23. Si bien con las
22Folios 170 al 172 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de
Unificación de 18 de julio de 2019, Exp. 44.572.
14 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
copias del expediente penal se constata la actividad profesional
desarrollada por sus defensores, esa constancia no constituye factura
o documento equivalente, en los términos establecidos en el Estatuto
Tributario, que demuestre la causación de dicha suma y su pago, así
como tampoco el contrato de prestación de servicios profesionales,
razón por la cual no se reconocerá este valor como perjuicio material
y se revocará, en lo pertinente, la sentencia de primera instancia.
50. Por otra parte, el tribunal condenó en abstracto, por concepto de
lucro cesante, los dineros dejados de percibir por Henry Hernández en
ejercicio de su cargo como investigador judicial del C.T.I de la Fiscalía
General de la Nación24.
51. Al respecto, esta Corporación ha sido constante en sostener que,
la medida de suspensión en el cargo de un servidor público, en virtud
de una orden judicial proferida en una investigación penal, no extingue
el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como
consecuencia de la absolución del investigado, es procedente el
reintegro del empleado, lo cual implica tanto su reincorporación al
cargo, como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de
percibir durante el tiempo en que estuvo suspendido25.
52. Por lo que, en ese supuesto, le correspondería al empleador pagar
dichos montos y, ante su negativa, el demandante debía impugnar el
acto administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos
laborales, no siendo procedente esta acción para el pago de esas
sumas, razón por la cual se negará la indemnización solicitada por este
concepto.
2.6. Costas
24 Al expediente se allegó la Constancia de servicios prestados No. 25185 de 18 de marzo de 2008 de la
Fiscalía General de la Nación – Seccional Villavicencio, en la que se informó que la fecha del último ingreso
de Henry Hernández Granados fue el 12 de junio de 1996, que se encuentra en estado activo, sin ninguna
información en la casilla de “fecha no solución de continuidad” y que el último cargo desempeñado fue
el de investigador criminal II. Folio 173 del Cuaderno del Tribunal No. 1.
25 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
de 8 de marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre
de 2017, Exp. 15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-
2005-11779-01(48773). Además, debe tenerse en cuenta que, en la Resolución 1501 de 2005, “[p]or la cual
se reglamentan las situaciones administrativas y se dictan otras disposiciones para la administración de
personal en la Fiscalía General de la Nación”, se disponía lo siguiente: “Artículo 136. El servidor suspendido
provisionalmente en un proceso penal o disciplinario que sea reintegrado a su empleo tendrá derecho al
reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante ese período y ese tiempo se le
computará para todos los efectos legales en los siguientes casos: 1. Cuando el proceso termine por
cesación de procedimiento o por preclusión de la instrucción. 2. Cuando sea absuelto o exonerado. 3.
Cuando la sanción disciplinaria sea suspensión o multa se tendrá en cuenta el tiempo que haya estado
suspendido provisionalmente y se le reconocerá el pago de lo que exceda de la sanción impuesta. En caso
de multa se le descontará del valor que haya que reintegrarle por el tiempo que estuvo suspendido”.
15 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
53. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, la Sentencia proferida el 9 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Meta, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación - Fiscalía General de la
Nación por los perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión
de la privación de la libertad de Henry Hernando Hernández Granados,
durante el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2003 y el
21 de abril de 2004.
TERCERO: ORDENAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación emita
un comunicado en el cual pida perdón a Henry Hernando Hernández
Granados por la afectación de su buen nombre, en los términos
indicados en esta decisión.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO CONDENAR en costas.
SEXTO: EJECUTAR esta sentencia en los términos de los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo
115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de
instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.
OCTAVO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
16 de 17
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00453-01 (52.694)
Actor: Henry Hernando Hernández
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 de 17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.