Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00197-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2009-00197-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2009-00197-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022
Radicación: 76001-2331-000-2009-00197-01 (53692)
Actor: Ider Salazar López
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado – defectuoso funcionamiento – suspende
funcionario a través de oficio
Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado por haber suspendido a un servidor
público dentro de una investigación penal, a través de un oficio y no a través de una providencia
judicial. Se solicita que se le pague los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el
periodo que estuvo suspendido de manera irregular.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 1 de diciembre de 20082, el señor Ider Salazar López, en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación3, en la que solicitó las siguientes declaraciones y condenas
(se trascribe):
“PRIMERA: LA FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN (SIC), es ADMINISTRATIVAMENTE
responsables de los perjuicios materiales y morales causados a mi representado señor
IDER SALAZAR LÓPEZ por el ERROR JURISDICCIONAL ocasionado con la suspensión del
1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 9 de
septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la
administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo
de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 109
3 Folios 98 – 109 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-2331-000-2009-00197-01 (53692)
Actor: Ider Salazar López
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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cargo ordenada por la Fiscal 98, señora ANGELA LUCÍA LONDOÑO MÁRQUEZ, en contra
mi representado, mediante Resolución Acusatoria de Diciembre 14 de 2004.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior declaración (sic) se conde a la Fiscalía
General de la Nación, a pagar a cada uno de los demandantes, como Reparación de
los daños ocasionados los perjuicios de orden material y moral objetivados y subjetivos,
actuales y futuros, como se discrimina en el acápite de “Estimación Razonada de la
cuantía”, por los perjuicios causados en el lapso durante el cual estuvo suspendido del
cargo mi mandante, los cuales se estiman como mínimo en la suma de CIENTO NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
109.862.678) PESOS MONEDA CORRIENTE o la que resulte probada en autos, si fuere
mayor, o en incidente de liquidación en los términos del artículo 308 del C.P. Civil.
TERCERA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del CCA y se reconocerá los intereses legales desde la fecha de ocurrencia
de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin
al proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el fallo que le ponga fin al proceso.
(…)
2. Adujo, como hechos relevantes, los siguientes:
3. 1) Mediante Resolución 1227 de 1979, el demandante fue designado para
desempeñar el cargo de Cardista en la Farmacia Central de la Unidad Asistencial
Rafael Uribe Uribe de Cali - Instituto de Seguros Sociales. Hasta el año 2004, nunca
tuvo en su hoja de vida un llamado de atención o reproche. Sin embargo, en el
mes de junio de 2004, con ocasión de la pérdida de unos medicamentos de la
Farmacia, se le abrió una investigación.
4. 2) La Fiscal Ángela Lucía Londoño Márquez, mediante Resolución 159 de
14 de diciembre de 2004, adoptó dos decisiones; acusó a Ider Salazar López y
Octavio Cortez Montes como coautores de peculado por apropiación en
concurso con el de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de
documento público y les impuso a los dos funcionarios medida de
aseguramiento. En consecuencia, ese mismo día, el actor fue retirado de su lugar
de trabajo por personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y llevado al
despacho de la fiscal para notificarle la resolución acusatoria. Ese mismo día,
notificado de la resolución acusatoria, su abogado interpuso los recursos de ley
y el actor fue conducido al “Bunker” de la Fiscalía de la ciudad de Cali.
5. 3)Explicó que, en la aludida resolución de acusación, la fiscal dispuso
“Cumplidos entonces tanto los requisitos objetivos (art. 356 del CPP), como los
subjetivos (art. 355 ibídem) no queda a esta instancia otro camino que el de
imponer efectivamente la medida de aseguramiento y por ello se librará la
correspondiente orden de captura, toda vez que a nuestro juicio NO se hace
necesaria la suspensión del cargo, pues su labor puede desarrollarla cualquier
otro funcionario”. Es decir, la resolución, aunque impuso medida de
aseguramiento, no ordenó la suspensión del cargo.
6. 4) Mediante Resolución interlocutoria No. 168 de 28 de diciembre de 2004
la Fiscalía concedió a Ider Salazar López y Octavio Cortez Montes el beneficio de
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libertad provisional previo al pago de una caución y la suscripción de un acta de
compromiso. En consecuencia, el 29 de diciembre de 2004, a las 8 de la noche,
el actor fue dejado en libertad. Indicó que acudió a “prestamos con intereses”
para conseguir el valor del medicamento desaparecido y luego de solicitudes y
trámites, se le concedió la libertad.
7. 5)El actor salió de la cárcel “enfermo, con la cabeza completamente
rapada, con un brote en todo su cuerpo, con crisis nerviosa (…)”. Al día siguiente
se presentó a su lugar de trabajo y el Instituto de Seguros Sociales ISS le informó
que no podía continuar en su trabajo porque la Fiscal 98, mediante Oficio 50000-
6 314 de 14 de diciembre de 2004, “había ordenado la suspensión del cargo”. Es
decir, de manera contraria a lo que había señalado en la Resolución 159 de 14
de diciembre de 2004, la cual se encontraba pendiente de resolver los recursos
de ley.
8. 6) La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
mediante Resolución 04-105 de 30 de junio de 2006, confirmó la acusación
formulada. Sin embargo, evidentemente, no se pronunció sobre la suspensión
laboral, la cual no se adoptó en la Resolución 159 sino el Oficio 50000-6314 de 14
de diciembre de 2004.
9. 7)El asunto pasó a la etapa de juicio y, por reparto, le correspondió al
Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali. El señor Ider Salazar López y Octavio
Cortez Montes le solicitaron que ordenara su reintegro laboral porque el mismo
no tenía fundamento en ninguna resolución sino en un oficio. “Por considerarlo
ilegal, el señor Juez mediante auto interlocutorio No. 55 de noviembre 7 de 2006,
dejó sin efecto la orden impartida por la Funcionaria mediante oficio 50000-6 314
de diciembre 14 de 2004, que ordenaba la suspensión del cargo al señor IDER
SALAZAR LÓPEZ, pero se abstuvo de ordenar el reintegro por considerar que no
era autoridad competente para ello, por cuanto la orden de reintegro, era
exclusividad del nominador (…)”.
10. 8) El Auto 55 de 7 de noviembre de 2006, le fue comunicado al ISS que,
mediante Resolución 1322 de 30 de noviembre de 2006, ordenó el reintegro de
Ider Salazar López y Octavio Cortez Montes. Sin embargo, en el artículo tercero
“(…) entendiéndose en todo caso que no hay lugar al pago de salarios y
prestaciones sociales por el lapso de tiempo de la suspensión del contrato de
trabajo”. Por su parte, en el artículo cuarto se agregó “la decisión que se adopta
mediante la presente resolución queda sujeta al fallo que profiera el Juez Noveno
Municipal”.
11. En la demanda se explicó que el daño consistió en la suspensión ilegal de
su cargo como Cardista. Que ese daño, era atribuible a la Fiscalía quien, en un
oficio, adoptó una decisión contraria a lo establecido en la resolución de
acusación. Además, agregó que no se le dio la oportunidad de impugnarla y se
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adoptó “a espaldas del interesado”. Respecto de los perjuicios, reclamó
materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante e inmateriales:
morales. Al respecto señaló que mientras “duró la suspensión ilegal del cargo, mi
mandante se vio abocado a vivir de la voluntad de sus familiares para garantizar
su sobrevivencia ,pues, no pudo encontrar trabajo porque cuando le pedía el
pasado judicial, aparecía con ese proceso abierto en su contra (…) Durante todo
ese tiempo, las deudas adquiridas para recobrar su libertad y el pago de
honorarios profesionales, que él pensó pagar con el fruto de su trabajo, lo
atormentaron todo el tiempo, no tuvo seguridad social, se volvió hipertenso, se
vio despojado por completo del mínimo vital que toda persona necesita para
subsistir (…) perdió primas, vacaciones, cesantías, prima de alimentación,
subsidio de transporte, las dotaciones (…)”. Los anteriores, son algunos de los
perjuicios que señaló el demandante.
12. Para concluir anotó “El error jurisdiccional cometido por la Fiscal 9, que
compromete la responsabilidad del ente demandado, causó en mi mandante
un grave detrimento económico en su patrimonio, y en sus derechos individuales.
Todos estos elementos constituyen prueba de los perjuicios reclamados en esta
demanda, causados por la Fiscalía que junto a los materiales deberá ser
conveniente y oportunamente indemnizados.”
1.2 Posición de la parte demandada
13. La Nación – Fiscalía General de la Nación, en su contestación4, se opuso a
la totalidad de las pretensiones. Se enfocó en mostrar, por qué la medida de
aseguramiento fue adecuada y proporcionada. Concluyó que estaban
acreditados los requisitos sustanciales para su adopción, dado que se estaba en
presencia de un indicio grave de responsabilidad en contra de los imputados.
Agregó “se deben negar las pretensiones de la demanda por ausencia de
derecho a pretender la indemnización del Estado por la privación de la libertad
que sufrieron los demandantes, que, a juicio con el precedente jurisprudencial,
fue legítima y que estaba en la obligación de soportar”.
1.3 Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante Sentencia de 29
de septiembre de 20145, accedió parcialmente a las pretensiones. Para resolver,
en primer lugar, adujo que no se estaba en un evento de error jurisdiccional
porque el daño no fue causado por una providencia judicial sino por un oficio.
En ese sentido, señaló que “en desarrollo del principio “iura novit curia”, aplicable
en las acciones reparatorias, era preciso fijar adecuadamente el régimen de
responsabilidad estatal al asunto en cuestión, como un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia”.
4 Folios 125 a 140 del Cuaderno No. 1
5 Folios 475 a 494 del cuaderno del Consejo de Estado.
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15. Dispuesto lo relativo al título de imputación, en primer lugar, adujo que el
daño se concretaba en la suspensión ilegal del cargo al que fue sometido.
Posteriormente, indicó que el daño era atribuible a la Fiscalía. Para explicar, citó
el artículo 359 de la Ley 600 de 20006 y agregó que, si la Fiscal estimaba
procedente la suspensión del cargo del actor, debía indicarlo en la resolución en
la que se hizo la acusación y se adoptó la medida de aseguramiento, esto es,
159 de 14 de diciembre de 2004. No obstante, la resolución indicó que no habría
suspensión. Agregó que, pese a ello, la Fiscal libró el Oficio 5000-6 314 de 14 de
diciembre de 2006 en la que solicitó la suspensión del cargo del actor. En
consecuencia, a su juicio, sí se configuró un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, porque la decisión de suspensión no tenía sustento en
una providencia y, en esa medida, había lugar a reparar el daño antijurídico.
16. Al resolver lo relativo a los perjuicios, negó los perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente por falta de prueba. Reconoció por lucro
cesante la suma de $ 51.319.728. No se pronunció respecto del daño emergente
ni de los perjuicios morales.
1.4 Recurso de apelación y trámite relevante
17. La Nación – Fiscalía General de la Nación7 apeló el fallo. Indicó que el
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, prevé la responsabilidad del
Estado únicamente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Anotó que
su actuación “se surtió de conformidad con la Constitución Política y las
disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los
hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia ni ninguna clase de error”. Citó
de manera completa el artículo 250 de la Constitución Política, una postura
doctrinaria8 y un antecedente jurisprudencial que alude a la relatividad de falla
del servicio9. Concluyó “La Fiscalía General de la Nación, es una institución de
naturaleza constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 250
de la Constitución Política, correspondiéndoles investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores antes los juzgados y tribunales competentes, así como velar
por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”.
18. Mediante Auto de 7 de diciembre de 2015 se admitió el recurso de
6 Artículo 359. De los servidores públicos. Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público,
en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo.
Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de
la justicia.
Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión, ésta no se hubiere producido, se dispondrá la
captura del sindicado.
Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.
No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata de la
libertad no perturba la buena marcha de la administración.
7 Folios 495 a 499 del Cuaderno del Consejo de Estado.
8 García de Enterría, Eduardo y otros, Curso de derecho administrativo II. Cuarta edición. Editorial Civitas S.A.A. Madrid.
Páginas, 378 – 379.
9 Expediente 11585. Actor: Noemí Revelo de Otálvaro y otros.
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apelación y el 16 de enero de 2016 se corrió traslado para que las partes
alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto. Únicamente la
parte demandada presentó alegatos.
19. La Fiscalía General de la Nación en sus alegatos se pronunció respecto a
la suspensión ilegal del trabajo y respecto de la privación de la libertad. Frente al
primero adujo que “es ilógico que se hubiese mantenido al demandante en su
lugar de trabajo, pues de ser así no se hubiese podido hacer una investigación
limpia, tranquila y transparente (…)”. Frente al segundo precisó que “la medida
de aseguramiento estuvo debidamente fundamentada y reunía el requisito
exigido por la norma procedimental penal vigente para la época de los hechos
(…)”
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la
condena en costas.
2.1 Presupuestos procesales y decisión a adoptar
20. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra
reunidos los presupuestos para dictar sentencia, al ser la de reparación directa la
acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños
causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Respecto de la oportunidad se advierte que la demanda se instauró en término:
El actor fue informado de que no le pagarían los salarios y prestaciones por la
suspensión de su cargo, el 1 de diciembre de 200610. La demanda se instauró el
1 de diciembre de 200811.
21. Se deja claro que no se estudiará ninguna pretensión relativa a la privación
de la libertad comoquiera que el actor fue enfático e inequívoco tanto en las
pretensiones12 como en los hechos13, que la demanda buscaba la indemnización
del daño consistente, a su juicio, en la suspensión ilegal del cargo.
22. En vista de que es fundado el planteamiento de la Nación – Fiscalía
General de la Nación según el cual, no hay lugar a reparar el daño porque se
demostró que no existió un detrimento patrimonial que pagar en esta instancia,
se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones.
10 Folio 59 del cuaderno principal.
11 Folio 109 del Cuaderno principal.
12 PRETENSIONES: “PRIMERA: LA FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN (SIC), es ADMINISTRATIVAMENTE responsables de los
perjuicios materiales y morales causados a mi representado señor IDER SALAZAR LÓPEZ por el ERROR JURISDICCIONAL
ocasionado con la suspensión del cargo ordenada por la Fiscal 98, señora ANGELA LUCÍA LONDOÑO MÁRQUEZ, en contra
mi representado, mediante Resolución Acusatoria de Diciembre 14 de 2004”
13 HECHOS: “Es claro que el error jurisdiccional cometido por la Fiscal 9, que compromete la responsabilidad del ente
demandado, causó en mi mandante un grave detrimento económico en su patrimonio, y en sus derechos individuales.
Todos estos elementos constituyen prueba de los perjuicios reclamados en esta demanda, causados por la Fiscalía que
junto a los materiales deberá ser conveniente y oportunamente indemnizados.”
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2.2 Análisis sustantivo
23. El daño es el primer elemento de la responsabilidad, es decir, que sin daño
no hay responsabilidad; asimismo el objeto de la reparación directa es
indemnizar un daño antijurídico. Bajo esa premisa, antes de profundizar en si la
Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, se requiere estudiar si, efectivamente, se alegó y se
probó un daño y, solo de ser así, se entrará a revisar si ese daño se derivó de un
defectuoso funcionamiento imputable a la demandada.
24. En la demanda se alegó que el daño consistió en la suspensión ilegal del
cargo que desempeñaba el señor Ider Salazar López durante el periodo
comprendido entre 14 de diciembre de 2004 y 30 de noviembre de 2006,
adoptada por la Fiscalía 98.
25. Para la Sala el daño alegado está probado. En efecto, se demostró que,
a) mediante la Resolución 159 de 14 de diciembre de 2004, proferida por la Fiscal
del caso Ángela Lucía Londoño Márquez, que acusó al señor Ider Salazar López
por el delito de peculado por apropiación y le impuso medida de aseguramiento
no se resolvió nada frente a la suspensión de su cargo en el ISS. Incluso en la parte
motiva se indicó que no se adoptaría la decisión de suspender al acusado del
cargo14. b) Sin embargo, mediante el oficio 50000-6314 de 14 de diciembre de
2004, expedido, también por la Fiscal Ángela Lucía Londoño Márquez, dirigido al
Jefe de Recurso Humano del ISS, sí solicitó la suspensión del cargo del señor Ider
Salazar15. De igual forma, se demostró que la suspensión del cargo duró desde
el 14 de diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006.
26. Frente a este lapso debe precisarse: a) El 14 de diciembre de 2004 el señor
Ider Salazar fue aprehendido para cumplir la medida de aseguramiento16. Sin
embargo, mediante la Resolución 168 de 28 de diciembre de 2004, se le
concedió el beneficio de la libertad provisional previo pago de caución
prendara y suscripción de diligencia de compromiso17. b) Contra la Resolución
159 de 14 de diciembre de 2004 se interpuso recurso de reposición, en subsidio
de apelación, la cual fue confirmada mediante la Resolución 04-105 de 30 de
junio de 2006. c) Confirmada la resolución acusatoria 159 sin que se hubiera
pronunciado respecto de la suspensión, y al encontrarse el asunto en etapa de
juicio, el señor Ider Salazar le solicitó al juez penal de conocimiento que dejara
14 Resolución de acusación 159 de 14 de diciembre de 2004 suscrita por la Fiscal Seccional 98 que señala “Cumplidos
entonces tanto los requisitos objetivos (Art. 356 del CPP) como los subjetivos (Art. 355 ibídem) no queda a esta instancia
otro camino que el de impone efectivamente la medida de aseguramiento y por ello se librará la correspondiente orden
de captura, toda vez que a nuestro juicio no se hace necesaria la suspensión del cargo, pues su labor puede desarrollarla
cualquier otro funcionario”
15 Oficio No. 5000-6 314 de 14 de diciembre de 2004, suscrito por la Fiscal Seccional 98 que señala “Por medio de la presente
me permito informarle que este Despacho Fiscal Seccional 98 mediante Resolución Interlocutoria No. 159 de la fecha
profirió acusación en contra de los señores Ider Salazar López (…) y Octavio Cortés Montes (…)., así como también les
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva para lo cual se les libró órdenes de captura en su contra. Por
lo tanto, esta delegada solicita la suspensión en el cargo de los citados señores” (Fl. 60 cuaderno principal)
16 De acuerdo con el auto de 14 de diciembre de 2004, la boleta de encarcelamiento y el formato de medida de
aseguramiento (Fls 201, 204 y 205 Cuaderno 2)
17 Fls. 275 a 277 del Cuaderno No. 2
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sin efectos el oficio 50000-6314 de 14 de diciembre de 2004. Mediante Auto
interlocutorio 55 proferido el 7 de noviembre de 2006, por el Juzgado Noveno
Penal del Circuito de Cali, se lo dejó sin efectos, por considerar que ese oficio no
tenía sustento en una providencia judicial18. d) En cumplimiento del anterior Auto,
el ISS expidió la Resolución 1322 de 30 de noviembre de 2006, en la que reintegró
al actor a partir de 1 de diciembre de 2006, ordenó su ingreso en nómina a partir
de la fecha de reinicio de laborales y negó el pago de salarios y prestaciones
sociales por el lapso de la suspensión del contrato de trabajo. En el numeral
cuarto de esa resolución se indicó que esa decisión quedaba sujeta al fallo
proferido por el juez penal19.
27. Lo expuesto demuestra que el actor padeció un daño consistente en la
suspensión irregular de su cargo, desde el 14 de diciembre de 2004, fecha en la
que fue suspendido mediante un oficio, hasta el 30 de noviembre de 2006, fecha
en que se levantó la suspensión, en cumplimiento de una providencia judicial
proferida por el juez de conocimiento, que dejó sin efectos la suspensión.
28. Ese daño, en efecto, es imputable a la Fiscalía que, a pesar de indicar en
la Resolución 159 de 14 de diciembre de 2004, que no suspendería al señor Ider
Salazar de su cargo, finalmente, mediante el Oficio 50000-6314 de 14 de
diciembre de 2004, dirigido directamente al Jefe de Recurso Humano del ISS,
solicitó la suspensión. Tampoco se puede desconocer que la Fiscalía, mediante
Resolución 04-105 de 30 de junio de 2006, confirmó la decisión de acusar al señor
sin pronunciarse respecto de la decisión de suspenderlo en el cargo dado que
esa medida se había adoptado por fuera de la resolución y sin la notificación
directa del acusado. Finalmente, queda en evidencia la irregularidad de la
Fiscalía, con el Auto de 7 de noviembre de 2006, proferido por el Juez Noveno
Penal del Circuito de Cali, que dejó sin efectos el Oficio 50000-6314 de 14 de
diciembre de 2004 y señaló:
“Es así que los señores OCTAVIO CORTES MONTES e IDER SALAZAR LÓPEZ están
soportando una carga de desmejoramiento laboral, entrando en fila de
desempleados, gracias a la sanción laboral recibida por la investigación que nos
ocupa sin existir decisión de fondo; pues el Instituto de Seguros Sociales en oficio de
23de diciembre de 2004, fue muy clara al contestar la solicitud de los encartados de
reintegro a su empleo, sosteniendo en su decisión que están haciendo caso al oficio
remitido por la Fiscalía y que hasta tanto no se le resuelva su situación judicial, no
18 El Juez Penal dejó sin efectos la suspensión, porque se advertía una contradicción entre lo resuelto en la Resolución 159
y en el Oficio 50000-6314. Al respecto, el Auto interlocutorio No. 55 de 7 de noviembre de 2006 que resolvió la petición de
los señores Octavio Cortes Montes e Ider Salazar López consistente en que cese la suspensión del cargo, señaló “Es así
que los señores OCTAVIO CORTÉS MONTES e IDER SALAZAR LÓPEZ están soportando una carga de desmejoramiento
laboral, entrando a la fila de desempleados, gracias a la sanción laboral recibida por la investigación que nos ocupa sin
existir decisión de fondo; pues el ISS en oficio de 23 de diciembre de 2004 fue muy clara al contestar la solicitud de los
encartados de reintegro a su empleo, sosteniendo en su decisión que esta haciendo caso al oficio remitido por la Fiscalía
y que hasta tanto no se le resuelva su situación judicial, no puede resolver la petición; es decir, que la suspensión dada
dentro del oficio que remitió el Despacho Fiscal a la entidad fue la que generó la desvinculación de los hoy procesados
de la institución; por lo tanto y evidenciado que efectivamente no existe pronunciamiento de fondo o resolución alguna
que haya ordenado dicha suspensión; debe este despacho en aras de evitar consecuencias gravosas por el proceso
que se adelanta, ya que ha la fecha reina la presunción de inocencia a favor de los sindicados, resolver favorablemente
la petición de los togados.” (fls. 337 a 343 Cuaderno No. 3)
19 “Cuarto: la decisión que se adopta mediante la presente resolución queda sujeta al fallo que profiera el Juez”
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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puede resolver la petición; es decir, que la suspensión dada dentro del oficio que
remitió el Despacho Fiscal a la entidad la que generó la desvinculación de los
procesados de la institución (…)”
29. En consecuencia, para la Sala, al igual que para la primera instancia, el
daño aquí probado es imputable a la Fiscalía que suspendió al actor de manera
irregular.
30. En todo caso, dado que en el recurso de apelación se alega que no existe
el deber de reparar el daño por parte de la Fiscalía, la Sala revisará si, en efecto,
hay lugar a indemnizar el perjuicio que le fue reconocido en primera instancia al
actor, esto es, el lucro cesante. No se pronunciará frente al daño emergente y
los perjuicios morales a los cuales no se accedió, porque, quien tenía interés para
su reclamo era la parte demandante que no apeló.
31. Frente al lucro cesante, el actor pidió los salarios y prestaciones dejadas de
percibir durante el tiempo que estuvo suspendido, esto es, desde el 14 de
diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2006, para un total de 1 año, 11 meses
y 16 días. La primera instancia le reconoció un valor de lucro cesante consistente
en $ 51.319.728, decisión que tampoco fue apelado por la parte demandante.
32. La Sala estima que no hay lugar a reparar este perjuicio. No se puede
desconocer que el actor, culminada la investigación que originó la suspensión,
fue condenado penalmente20. Luego, el no pago de salarios y prestaciones
durante el tiempo que duró la suspensión, no constituyó un menoscabo
patrimonial porque él no tenía derecho a ese pago.
33. Al respecto se observa que, aunque el 31 de julio de 2009, se profirió fallo
absolutorio por parte del Juzgado Noveno Penal del Circuito21 , este fue apelado.
Mediante sentencia de 16 de mayo de 2011, el Tribunal Superior de Cali, Sala de
Decisión Penal profirió sentencia condenatoria22 y, posteriormente, la Corte
Suprema de Justicia, mediante Sentencia de 12 de diciembre de 2012 casó
parcialmente la sentencia y condenó al actor con pena de prisión y multa por el
delito de peculado por apropiación en concurso con el punible de destrucción,
supresión u ocultamiento de documento público23.
34. En consecuencia, dado que el actor fue condenado por la justicia penal,
no se puede considerar que el no pago de salarios y prestaciones mientras duró
la suspensión, constituyó un detrimento patrimonial que por esta vía deba
20 En la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 12 de diciembre de 2012, se
resolvió: “1. Casar parcialmente la sentencia proferida el 16 de mayo de 2011 por el Tribunal Superior de Cali, en el sentido
de imponer a OCTAVIO CORTÉS MONTES e IDER SALAZAR LÓPEZ las penas principales de 54 meses de prisión y multa de $
7.248.000, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término
de la sanción privativa de la libertad” (Fls. 358 a 379 Cuaderno principal)
21 Folios 608 a 624 Cuaderno No. 3
22 Folios 187 a 209 del Cuaderno principal
23 Folios 338 a 380 del Cuaderno principal
9 de 11
Radicación: 76001-2331-000-2009-00197-01 (53692)
Actor: Ider Salazar López
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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pagarse. Al respecto, la jurisprudencia24 de esta corporación ha aceptado que,
cuando existe absolución, dentro de un proceso penal debe efectuarse el pago
de lo dejado de percibir, por el contrario, en caso de condena, el funcionario
pierde las sumas retenidas por concepto de salarios y prestaciones durante la
suspensión. Frente a este último evento se ha sostenido:
“Al respecto la jurisprudencia de esta corporación ha sido consistente en señalar
“(…) la suspensión de funciones y atribuciones es una medida provisional que es
decretada por una autoridad judicial, la cual se mantiene en el tiempo hasta
que esta autoridad judicial competente profiera respectiva decisión, la cal
puede ser de carácter absolutoria o condenatoria. Sentencia que tiene
consecuencias diferentes, pues en el caso de ser absolutoria la persona que fue
suspendida tiene derecho al reintegro de su salario básico retenido, al
levantamiento de la suspensión y a la reincorporación al servicio con derecho a
devengar todos los haberes; y en el caso de ser condenatoria conlleva a la
pérdida de las sumas retenidas y a la separación del servicio de manera absoluta
o temporal” 25
35. En consecuencia, para la Sala, dado que la sentencia fue condenatoria el
actor no tenía derecho a reintegro de su salarios y prestaciones retenidas, que
permitan acceder al pago de ese perjuicio.
36. Finalmente, es necesario señalar que, aunque la Sala no desconoce la
decisión adoptada dentro del expediente 42617, Sentencia de 24 de diciembre
de 2016, demanda interpuesta por el señor Octavio Cortés Montes [quien fue
condenado penalmente con el aquí demandante], mediante la cual se accedió
a las pretensiones26, se aparta de la misma por considerar que, en ella, no se
efectuó un análisis respecto de la causación del perjuicio aquí estudiado. Se
asumió que el entonces actor tenía derecho al pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir y, en consecuencia, se ordenó su pago. Sin embargo, para
la Sala, como se indicó, dado que existió una condena penal en su contra, no se
tenía derecho a ese pago y, en esa medida, la ausencia de pago no constituyó
un detrimento patrimonial que deba ser pagado en esta instancia a título de un
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.
2.3 Sobre la condena en costas
37. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de
24 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo
de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 15001-23-31-000-
2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773).
25 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. noviembre 17 de 2016. Rad 1181-14.
26 En ella se dispuso: “MODIFÍCASE la sentencia del 14 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, la cual quedará así:
a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, evidenciado en el curso del proceso penal seguido contra el señor
Octavio Cortés Montes.
b) CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 60 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para el señor Octavio Cortés Montes, 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una
de las siguientes personas: Lucelly Mosquera Mosquera, Natalia Cortés Mosquera, Andrea del Rosario Cortés Mosquera y
Octavio Cortés Mosquera, así como 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Rosario Montes Arce.
c) CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, veinte millones quinientos catorce mil setecientos veintiocho pesos con cuarenta y cinco centavos
($20’514.728,45), a favor del señor Octavio Cortés Montes. (…)”
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Radicación: 76001-2331-000-2009-00197-01 (53692)
Actor: Ider Salazar López
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y niega pretensiones
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la parte demandada que perdió el proceso, la Sala se abstendrá de condenarla
en costas en esta instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171
del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 29 de septiembre de 2014,
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene,
expídanse copias de la presente decisión.
QUINTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
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ALBERTO MONTAÑA PLATA
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