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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02584-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02584-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 12 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 32 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773). 33 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 34 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)” 35 Según esta norma, las agencias en derecho en los asuntos de segunda instancia de los procesos con cuantía, tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, corresponde “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 16 de 17 Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124) Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Modifica la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación responsable por la privación injusta de la libertad de Omar Hernando Orrego Naranjo, por el período comprendido desde el 23 de marzo hasta el 11 de noviembre de 2009. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02584-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Falla del servicio - Ausencia de análisis sobre la necesidad de la
medida de aseguramiento

Síntesis del caso: La víctima directa fue privada de la libertad, con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por
apropiación y falsedad material en documento público. Dicha actuación finalizó con
sentencia absolutoria a su favor.

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General
de la Nación y la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el
12 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo1, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 152
del CPACA2.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia

1 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.
2 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” En este
caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de
perjuicios materiales, ascendió a la suma de $429.024.554, correspondiente al lucro cesante, monto que excedió
los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de noviembre de 2015, Omar Hernando Orrego Naranjo y su grupo
familiar presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, para
obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación
de su libertad, ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra3.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):

“1.- Se declare responsable administrativa y patrimonialmente La Nación-
Rama Jurisdiccional del Poder Público Representada Legalmente por la Dra.
CELINE OROSTEGUI y Fiscalía General de la Nación, con Nit No. 8001527832 y
Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO MONTELAGRE LYNETH, o quien
haga sus veces, esto como consecuencia del Error Judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración judicial, tal y como se acreditó en el
acápite de los hechos.”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron
que se condenara de manera solidaria a las entidades demandadas al
pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Perjuicios Omar Hernando Orrego Naranjo Víctima directa e
100 SMLMV4
morales Sharon Valeria Orrego Olmos hija
Omar Hernando Orrego Naranjo
Daño
Víctima directa $16.000.000
emergente
Lucro Omar Hernando Orrego Naranjo
Víctima directa $429.024.554,00
cesante

4. Finalmente, pidió que se condenara al pago de costas y agencias en
derecho, y que se diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 192 del
CPACA.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 3 de febrero de 2009, se inició investigación penal en contra de
Omar Orrego Naranjo, quien había sido tesorero de la Secretaría de
Educación de Vichada, con ocasión de una denuncia presentada por
irregularidades en el manejo de títulos valores librados por esa entidad.

3Folios 3 al 14 del cuaderno del tribunal No.1.
4Se pone de presente que, en la demanda se solicitó la suma de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales
a favor de los demandantes, no para cada uno.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

7. 2) El 16 de febrero de 2009, se realizó la diligencia de indagatoria de
Omar Orrego, en la que manifestó no haber participado en los ilícitos
investigados. Su indagatoria fue ampliada el 27 de febrero siguiente, en la
que insistió en su inocencia.

8. 3) El 16 de marzo de 2009, la fiscalía definió su situación jurídica y le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de
reclusión sin beneficio de excarcelación. Su captura se materializó el 19 de
marzo de 2009.

9. 4) La anterior decisión fue recurrida por la defensa de Omar Orrego y
el 23 de marzo de 2009 la fiscalía sustituyó la medida de aseguramiento de
detención preventiva en centro carcelario por detención domiciliaria,
determinación que se hizo efectiva el 24 de marzo siguiente.

10. 5) El demandante, en uso de los recursos de ley disponibles, solicitó en
repetidas ocasiones la revocatoria de la medida de aseguramiento que le
había sido impuesta, sin obtener decisión favorable.

11. 6) El 4 de septiembre de 2009 la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño
profirió Resolución de acusación en su contra por los delitos de peculado
por apropiación, en concurso con falsedad material y dispuso la
continuación de la detención domiciliaria.

12. 7) El 11 de marzo de 2010 se le concedió permiso para trabajar

13. 8) El 21 de mayo de 2010 el Juzgado promiscuo de Puerto Carreño
accedió a la solicitud de libertad provisional presentada por el apoderado
de Omar Orrego, orden que se hizo efectiva el 8 de junio siguiente, previa
suscripción de acta de compromiso.

14. 9) EL 12 de noviembre de 2013 el Juzgado promiscuo de Puerto
Carreño absolvió a Omar Orrego de los cargos imputados por duda
probatoria. Esta decisión quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de 2013.

1.2. Posición de la parte demandada

15. El 12 de abril de 2016, la Rama Judicial presentó escrito de
contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas5. Al respecto, sostuvo que, en este caso, no era posible atribuir
responsabilidad a la Rama Judicial, pues fue la Fiscalía General de la
Nación quien investigó y dictó la medida de aseguramiento en contra del
señor Omar Hernando Orrego Naranjo, actuación en la que no existió

5 Folios 31 al 37 del cuaderno del tribunal No. 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

participación de los jueces de la república, de manera que no le asistía
responsabilidad. Además, la sentencia absolutoria proferida por el juez de
conocimiento se derivó del deficiente material probatorio recaudado por
la fiscalía, pues no demostraba la participación del aquí demandante en el
delito investigado. Finalmente, señaló que el demandante no allegó la
certificación expedida por el INPEC sobre el tiempo de detención, de
manera que no probó la existencia del daño.

16. El 13 de abril de 2016, la Fiscalía General de la Nación, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda6. En su escrito
argumentó haber actuado en ejercicio de sus obligaciones constitucionales
y legales, por lo que debía adelantar la respectiva investigación penal de
aquellos hechos que pudieran constituir un delito. Por lo anterior, las
pretensiones carecían de fundamento fáctico y jurídico. Propuso como
excepciones la “falta de presupuestos para la configuración de
responsabilidad extracontractual del Estado” y el “hecho exclusivo y
determinante de un tercero”.

1.3. Sentencia de primera instancia

17. El 12 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, profirió Sentencia de primera instancia, en la
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda7. En relación
con la responsabilidad de la Rama Judicial, sostuvo que no se configuraba
error judicial atribuible a esta entidad, pues el demandante no demostró los
defectos en los que incurrió el juez de conocimiento, así como tampoco
interpuso los recursos de ley en contra de sus decisiones.

18. Respecto de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal declaró la
responsabilidad por la privación injusta de la libertad del demandante al
encontrar que sus actuaciones llevaron a su detención, la cual no estaba
obligado a soportar. Finalmente, sostuvo que no podía predicarse el hecho
de un tercero como eximente de responsabilidad pues la sola circunstancia
de que un particular hiciera una denuncia penal no relevaba a la fiscalía de
desplegar su labor investiga para determinar la existencia o no de la
comisión de un delito.

6 Folios 45 al 51 del cuaderno del tribunal No. 1.
7 Folios 120 a 124 del cuaderno del Consejo de Estado. “PRIMERO: Se DECLARA judicialmente responsable a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor ÓMAR
HERNANDO ORREGO NARANJO, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
indemnizar al demandante, el señor ÓMAR HERNANDO ORREGO NARANO así: a) por daño emergente la suma de
DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000,00) y, b) por daño moral, a favor del señor ÓMAR HERNANDO
ORREGO NARANJO, el equivalente a NOVENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
TERCERO: Se FIJAN como agencias en derecho a favor de los demandantes la suma de TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE ($3.000.000) las cuales deberá pagar la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda (…)””

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

1.4. Recursos de apelación

19. El 21 de junio de 2017, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso
de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda8. En su
escrito indicó que, se configuraron varios eximentes de responsabilidad a su
favor que debieron ser declarados en primera instancia. En primer lugar, se
configuró la culpa excluyente de un tercero fundada en que la
investigación penal en contra de Omar Orrego inició con ocasión de la
denuncia que en su momento presentó Nixon Parra, en su calidad de
tesorero de la Secretaría de Educación de Cultura. Además, durante el
proceso penal se demostró la responsabilidad de Leisy Torres, auxiliar de la
tesorería de la entidad, quien aceptó haberse apropiado de los recursos.

20. En segundo lugar, consideró que se configuró la culpa exclusiva y
excluyente de la propia víctima, debido a su falta de deber de cuidado al
no prever los mecanismos de control sobre los cheques que firmaba como
tesorero, que de haberlo hecho hubiera evitado el apoderamiento de los
dineros cobrados por Leisy Torres.

21. En relación con la detención del demandante y el error judicial
alegado, señaló que, el término de caducidad se debe contar a partir del
día siguiente de la firmeza de la providencia contentiva de error judicial y,
en este asunto, los demandantes acusan que el error se encuentra en la
decisión por la cual se impuso la medida de aseguramiento.
Adicionalmente, indicó que en el proceso no hay ninguna providencia en
la cual se declare la inconstitucionalidad o ilegalidad de la medida de
aseguramiento, por lo que no fue injusta. Finalmente, contrario a lo señalado
por el tribunal, sostuvo que el demandante recuperó su libertad el 21 de
mayo de 2010, con la decisión de la misma fecha, por cumplirse los requisitos
del numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.

22. El 23 de junio de 2017, la parte demandante presentó recurso de
apelación en el que solicitó que se modificara el fallo de primera instancia
en el sentido de reconocer perjuicios morales en favor de la menor Sharon
Orrego y el perjuicio material de lucro cesante9. Como fundamento indicó
que, la menor hija del demandante se vio afectada moralmente con la
detención domiciliaria de su padre pues no pudo salir de la vivienda en su
compañía. Asimismo, insistió en que el lucro cesante del demandante
estaba demostrado con el juramento estimatorio que se realizó con la

8 Folios 125 al 132 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 133 al 146 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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presentación de la demanda en la que se señaló que los salarios dejados
de percibir mientras duraron la suspensión no fueron pagados al señor
Orrego Naranjo y se aportó una certificación de contador público.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

23. Mediante Auto de 26 de enero de 2018, el despacho sustanciador negó
la solicitud de la parte demandante de decretar pruebas en segunda
instancia, toda vez que la certificación aportada con el recurso de
apelación10 no cumplía con ninguno de los eventos contemplados en el
artículo 212 del CPACA para ser decretada en esta instancia.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento; 2.4. Entidad a la que
se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

24. El Tribunal en primera instancia accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación. La fiscalía presentó recurso de apelación, en el que
solicitó la revocatoria de dicha decisión y la parte actora solicitó que se
reconociera perjuicios morales en favor de la hija de la víctima directa y el
perjuicio material por concepto de lucro cesante.

25. En el presente asunto está demostrado que, Omar Hernando Orrego
Naranjo estuvo privado de la libertad, desde el 19 de marzo de 200911 hasta
el 8 de junio de 2010, fecha en la que se hizo efectivo el beneficio de libertad
provisional ordenado por el Juzgado promiscuo del circuito de Puerto
Carreño12.

26. Además, se pudo advertir que, mediante Sentencia de 12 de
noviembre de 2013, el Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Carreño
absolvió a Omar Orrego de los delitos de peculado por apropiación y
falsedad material en documento público, en contra de la cual no se
presentó recurso alguno13.

10 Certificación expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del Vichada en la que consta que el señor
Omar Hernando Orrego Naranjo no recibió los dineros concernientes al pago de nómina durante el período en el
que se ordenó la suspensión de su cargo.
11 Así se constata con el informe de captura (folios 19 y 20 del cuaderno del tribunal No. 3), acta de derechos del

capturado (folio 21 del cuaderno del tribunal No. 3) y la boleta de encarcelación No.2 del 19 de marzo de 2009
(folio 25 del cuaderno del tribunal No. 3).
12 Según el acta de compromiso de 8 de junio de 2010 y la boleta de libertad No.002 de la misma fecha. Folios

6183 y 184 del cuaderno del Tribunal No. 5.
13 Folios 252 al 278 del cuaderno del Tribunal No.7.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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27. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, porque
encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la
oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia
que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de
201314 y el 13 de julio de 2015 se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial, por lo que se suspendió el término de caducidad. El 30 de
septiembre del mismo año se expidió la constancia que la declaró fallida y
la demanda fue presentada el 12 de noviembre de 2015, por lo que se
concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo
164, numeral 2, inciso i del CPACA. Lo anterior, habida cuenta de que el
tribunal en primera instancia fijó el litigio como un caso de privación injusta
de la libertad15.

28. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia y declarará la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta
de la libertad de Omar Orrego Naranjo, toda vez que, no justificó la
necesidad de la medida de aseguramiento impuesta en su contra. Por lo
anterior, condenará a la fiscalía al pago de perjuicios de acuerdo con los
criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares.
Además, confirmará la absolución de la Nación – Rama Judicial por no
haber sido cuestionada por la parte demandante, única con interés para
apelarla, al haberse negado una de las pretensiones de su demanda.

29. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho
a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales
no se cumplieron los requisitos para imponer medida de aseguramiento, al
no haber justificado su necesidad. Ante la ausencia de la culpa de la
víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos,
atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la
indemnización de los perjuicios y condenará en costas a la entidad
demandada.

2.2. Identificación del daño

30. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación
injusta de la libertad de Omar Hernando Orrego Naranjo desde el 19 de
marzo de 2009 hasta el 8 de junio de 2010. No obstante, el tribunal tuvo por
acreditada la detención desde el 23 de marzo de 2009 hasta el 8 de junio
de 2010, determinación que no fue cuestionada por las partes. Por lo
anterior, la Sala tendrá en cuenta este último período como el daño que se

14Constancia ejecutoria que obra a folio 297 del cuaderno del Tribunal No.7
15Así se constata en el acta de audiencia inicial de 22 de mayo de 2017. Folio 99 del cuaderno del Consejo de
Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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reclama, el cual corresponde a 1 día de detención intramural (23 de marzo
de 2009) y 14 meses y 16 días de detención domiciliaria16.

2.3. Análisis de legalidad de la medida de aseguramiento

31. La investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley
600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación
jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención
preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la
detención preventiva se impondrá cuando se trate de un delito que tenga
prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años; cuando el
delito imputado esté dentro de la lista del artículo 357, numeral 2, del mismo
código; o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada
por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión. Además, si
aparecen, por lo menos, 2 indicios graves de responsabilidad, de acuerdo
con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta necesaria
para el cumplimiento de alguno de sus fines.

32. La Sala advierte que, Omar Orrego fue investigado por la presunta
comisión de 2 delitos, esto es, peculado por apropiación y falsedad material
en documento público. Según el Código Penal, estos delitos contemplaban
una pena de prisión cuyo mínimo excedía de 4 años, por lo que procedía la
imposición de medida de aseguramiento.

33. Además, la fiscalía contaba con los 2 indicios graves de
responsabilidad exigidos por la norma procesal penal. Según la Resolución
de 16 de marzo de 200917, que definió la situación jurídica de Omar Orrego,
la investigación en su contra inició por los siguientes hechos (se trascribe):

“Iniciaron desde el mes de agosto de 2.003, cuando la señora LEISY OFELIA
TORRES REBOLLEDO, quien se desempeñaba como asistente de la Oficina
de la Tesorería de la Secretaria de Educación de la Gobernación del
Vichada, cobró en forma personal el valor del cheque número 0000724, que
se encontraba girado a favor de una cooperativa acreedora de los
docentes y personal de la Secretaria de Educación de la gobernación del
Vichada, COOPEFAC, por valor de $392.150.00, titulo valor que fue girado y
suscrito por el señor Omar Hernando Orrego Naranjo, donde ordenaba al
banco, en este caso, Banco Ganadero, a segunda beneficiaria, Sra. Torres
Rebolledo, actividad que continuó con otros títulos valores a otras
Cooperativas y entidades Oficiales, entre ellas el Ministerio de educación,
ordenados además del banco Ganadero (hoy BBVA), al banco Agrario,
ambos ubicados en la localidad de Puerto Carreño, hasta el 13 de julio de
2.007, cuando la señora LEISY OFELIA TORRES cobro personalmente el

16 En resolución del 23 de marzo de 2009 se sustituyó la detención intramural por domiciliaria por lo que al día
siguiente, esto es 24 de marzo de 2009, se ordenó al INPEC trasladar al aquí actor a su domicilio así como vigilar la
medida de aseguramiento, previa suscripción de acta de compromiso que data de esa misma fecha. Folios 50 al
51 del cuaderno del Tribunal No.3
17 Folios 212 al 225 del cuaderno del Tribunal No.2.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

cheque número 0003423 del Banco BBVA, por valor de $4.091.458 girado al
SENA, como recursos parafiscal, donde quien venía ordenando el pago al
Banco, por medio del título valor, era el señor NIXON ALIRIO PARRA RINCON,
como titular de la Oficina de la Tesorería de la Secretaria de Cultura y
educación que hasta la fecha ostenta, determinado como total de lo
apropiado en la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/TE ($143.141.807.00).

34. Los elementos materiales probatorios con los que contaba la fiscalía al
momento de resolver la situación jurídica de Omar Orrego eran los
siguientes: i) la denuncia presentada por Nixon Parra en calidad de tesorero
de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada, en contra de Leisy
Torres, auxiliar de la tesorería, por haberse apropiado de dineros públicos; ii)
actas de inspección judicial realizadas por el CTI en las oficinas de los bancos
BBVA, Banco Agrario y Secretaría de Educación y Cultura iii) concepto
técnico del CTI en el que hace una relación de los cheques y montos
cobrados por Leisy Torres entre el año 2003 y 2007, de conformidad con los
hallazgos encontrados en las inspecciones judiciales; iv) copia del proceso
disciplinario adelantado por la Oficina de Control Interno de la Gobernación
de Vichada en contra de Leisy Torres, Nixon Parra y Omar Orrego; v)
inspección judicial en el banco BBVA con el fin de verificar el procedimiento
seguido para el cobro de cheques; vi) inspección judicial a la tesorería de
la Secretaría de Educación y Cultura para verificar el procedimiento para
girar cheques; y vii) las versiones rendidas por los sindicados.

35. Como indicios graves, la fiscalía puso de presente, en el caso concreto
de Omar Orrego que, 7 de los cheques que fueron cobrados de manera
irregular por la señora Leisy Torres fueron girados y firmados por Omar Orrego,
en su calidad de tesorero de la Secretaría de Educación y Cultura de la
Gobernación del Vichada. Además, omitió realizar el control sobre los
mismos al no poner el sello seco “páguese al primer beneficiario”, omisión
que permitió que Leisy Torres cometiera el ilícito.

36. También tuvo como indicio lo afirmado por Leisy Torres en su
indagatoria, en la que reconoció su responsabilidad en los hechos
investigados y haber suscrito algunos créditos bancarios con el fin de
devolver el dinero apropiado. Llamó la atención de la fiscalía el hecho de
que Omar Orrego fuera el codeudor de algunos de los créditos
mencionados, situación que interpretó como un acuerdo entre ambos para
cometer el ilícito, pese a que la imputada insistió en haber actuado sola en
un principio y posteriormente con ayuda de Nixon Parra, quien lo sucedió en
el cargo de Tesorero.

37. Al respecto, Omar Orrego manifestó que, aceptó ser codeudor de Leisy
Torres en uno de esos créditos –aunque la fiscalía logró establecer que figuraba
en uno más-, por la amistad que sostenían desde hacía más de 20 años y

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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porque ella le aseguró que eran para el mejoramiento de su vivienda. Por su
parte Leisy Torres aseguró que Omar Orrego desconocía el uso que le dio al
dinero que obtuvo a través de esos créditos y estas afirmaciones no fueron
desvirtuadas por la fiscalía.

38. No obstante, al imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva, solo explicó que, era necesaria y cumplía los fines establecidos
en la ley, pues no existían circunstancias que se adecuaran a una causal de
libertad provisional, sin explicar las razones concretas que justificaban la
necesidad de esta.

39. Posteriormente, el 23 de marzo de 200918, la fiscalía sustituyó la medida
de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario por
detención domiciliaria, argumentado que, era necesaria “en cuanto la
libertad del servidor público que ha puesto en peligro los recursos dados en
administración, imponen la necesidad inmediata de su protección por las
autoridades con el fin de asegurar la no continuación de su vulneración”.

40. Sin embargo, la fiscalía no tuvo en cuenta que, si bien Omar Orrego
aun era servidor público, había dejado de ser tesorero de la Secretaría de
Educación en el año 2004 y que, en todo caso, desde el 16 de marzo de
2009 había sido suspendido de las funciones de su cargo actual, por lo que
su libertad no ponía en peligro los recursos públicos.

41. Finalmente, mediante Sentencia de 12 de noviembre de 201319, el
Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Carreño absolvió a Omar Orrego,
al considerar que no estaba demostrada la antijuridicidad de su conducta,
pues no se probó el momento en el que firmó los cheques ni se encontró
incremento en su patrimonio o a favor de terceros a los que quisiera
favorecer, para la época de los hechos.

42. De lo anterior, la Sala constata que la fiscalía no justificó la necesidad
de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Ante la posible
afectación del derecho a la libertad, dicha medida cautelar debe
decretarse en aquellos casos en que es posible concluir que el riesgo de
reincidencia, la posibilidad de evadir la acción de las autoridades o de
afectar el desarrollo de la investigación son reales y efectivos o, por lo
menos, altamente probables. De modo que, al no exponerse los motivos
concretos que justificaron la necesidad de la medida, se concluye que se
impuso sin atender ninguna finalidad específica. En consecuencia, la Sala
declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de

18 Folios 43 al 47 del cuaderno del Tribunal No.3.
19 Folios 252 al 278 del cuaderno del Tribunal No.7.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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falla del servicio, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión
de la privación injusta de la libertad de Omar Hernando Orrego Naranjo.

2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño

43. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa
exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en
materia de privaciones injustas de la libertad. Omar Orrego, en efecto, no
desplegó ninguna actuación dentro del proceso penal, de la cual se
pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el contrario,
sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las
respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado. Ahora, si bien para la fiscalía resultó
sospechoso que el entonces procesado aceptara únicamente su condición
de codeudor en uno de los créditos solicitado por Leisy Torres y desconoció
uno anterior20, esta circunstancia no fue puesta de presente por la fiscalía
al procesado en su indagatoria, como tampoco revelaba una
contradicción capaz de sustentar la adopción de una medida que
restringiera su libertad.

44. En este punto, la Sala debe aclarar que, contrario a lo considerado por
la fiscalía, los únicos hechos o conductas de la víctima aptos para romper
el nexo entre la decisión que pudo generar el daño y el daño, deben
suceder en el marco del mismo proceso penal, no antes de él. De acuerdo
con lo previsto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, se debe valorar
exclusivamente, si la decisión de imponer la medida restrictiva de la libertad
fue causada por la actuación procesal de quien demandó, lo que excluye
el estudio de aquellas conductas preprocesales que ya fueron objeto de
valoración por parte del juez penal y que le permitió concluir que la persona
era inocente o no podía ser declarada responsable de los delitos
investigados.

45. Asimismo, tampoco se comparte el argumento sostenido por la
entidad apelante, relativo a la configuración de la causal eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero, dado que, la fiscalía tenía la
facultad de decidir de manera autónoma sobre la libertad del procesado,
con base en las pruebas legalmente allegadas a la actuación.

46. Esta Subsección advierte que la actuación penal se adelantó bajo el
régimen previsto por la Ley 600 de 2000, según el cual, la etapa de
instrucción estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a partir de
“la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y

20El informe rendido por el CTI indicó que Omar Orrego figuraba como avalista de un crédito por valor de
$4.000.000, tomado el 21 de agosto de 2003 por Leisy Torres, que a la fecha de la investigación ya había sido
pagado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General
de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal”21.

47. Debido a que en el presente asunto la privación de la libertad se
prolongó hasta la etapa de juicio, se advierte que en la causación del daño
participaron tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial,
no obstante, esta última fue absuelta en primera instancia sin que dicha
determinación fuera cuestionada por la parte demandante. Por tanto, el
daño se le atribuirá a la Fiscalía General de la Nación solo en una
proporción equivalente al tiempo que la víctima directa estuvo privada de
la libertad por cuenta de esta entidad. Es decir, desde el 23 de marzo de
2009, fecha en la que el tribunal indicó que inició la privación de la libertad
del demandante, hasta el 11 de noviembre de 2009, fecha en la cual debió
quedar ejecutoriada la resolución de acusación22. El anterior período
equivale a 7 meses y 19 días del tiempo total durante el cual se mantuvo la
privación de su libertad.

2.5. Liquidación de perjuicios

2.5.1. Perjuicios inmateriales

48. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se
presumen respecto a la persona que sufre la detención, así como también
en relación con su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las
experiencias generalizadas en nuestro entorno.

49. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202123, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la
víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su
cónyuge o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer
grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Asimismo, para
las demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser

21 Artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
22 En el fallo absolutorio se indicó que la resolución de acusación fue confirmada el 11 de noviembre de 2009 por
la Fiscalía Delegada de segunda instancia. El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 prevé que “[l]a que decide los
recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, (…) quedan ejecutoriadas el día en que
sean suscritas por el funcionario correspondiente”. Lo anterior, en concordancia con la sentencia de la Corte
Constitucional C-641 de 2002, que declaró la exequibilidad condicionada de dicha disposición, según la cual “es
pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y
providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es
posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la
Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se
surta su notificación”. Por tanto, habida cuenta de que una decisión judicial resuelve de manera definitiva el
asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con independencia de sus efectos jurídicos, por
ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se entiende que, en este caso, la resolución de
acusación cobró ejecutoria en la fecha en que la fiscalía delegada ante el tribunal confirmó esa decisión.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de

2021, Exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el
detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de
prueba.

50. Además, en la providencia, se establecieron unos criterios para el
cálculo de la indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del
afectado directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual
o inferior a un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5
SMLMV; de ahí en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma
un monto de 5 SMLMV y, por cada día adicional al último mes transcurrido,
se debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene
de dividir 5 SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo
anterior, hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las
privaciones de la libertad con una duración igual o mayor a 20 meses.

51. De igual forma, se adujo que la indemnización no debía ser igual para
todos los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado
de la libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que para los parientes en el primer
grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente el tope de indemnización es de 50% de lo que le
corresponda a la víctima directa. Para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo es del treinta por ciento 30%
de lo que le corresponda a la víctima directa.

52. Por último, la Sección Tercera estableció la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, esta Sala de Subsección interpreta
que, en las demandas presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia
de unificación, la aplicación de las reglas para el reconocimiento y la
liquidación del perjuicio moral será inmediata. Además, en las demandas
presentadas antes de 28 de agosto de 2013, al no existir reglas
jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el reconocimiento del
derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de unificación deben ser
aplicadas sin ninguna reserva. Asimismo, en relación con la determinación
de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la
sentencia será aplicada de inmediato, dado que sobre ese aspecto no
puede considerarse que exista una expectativa legítima de un derecho.

53. Según lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de
unificación definidas recientemente por la Sección Tercera por tratarse de
una demanda presentada el 12 de noviembre de 2015. En consecuencia,
esta Subsección reconocerá los siguientes perjuicios morales, una vez
acreditada su legitimación e interés de ser reparados patrimonialmente:

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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Demandante Calidad Intramural Domiciliaria Total
19 SMLMV 19,16
Omar Hernando Orrego Naranjo Víctima directa 0,16 SMLMV
SMLMV24
0,056 6,65 SMLMV 6,71 SMLMV
Sharon Valeria Orrego Olmos Hija de la víctima25
SMLMV

54. La Sala advierte que, se encuentra demostrada la relación de
parentesco, en el primer grado, de la víctima directa con Sharon Valeria
Orrego Olmos. No obstante, respecto a la intensidad del perjuicio, se le
reconocerá el 35% de la indemnización que le corresponde a la víctima
directa, debido a que no se demostró la existencia de alguna situación
particular que permitiera advertir una mayor intensidad de su padecimiento
por la privación de la libertad de su padre.

55. Por otra parte, la Sala advierte una afectación del derecho al buen
nombre de la víctima directa. En efecto, el ejercicio del poder punitivo del
Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo
acata porque presume su corrección. De manera que, una decisión de este
tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho
a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de
quien la soporta, como ocurrió en el presente asunto.

56. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al
buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás”26, un deterioro de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad27. Este asunto, ha sido considerado en la
jurisprudencia un “factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”28. De ahí la
gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la afectación al
buen nombre del demandante principal.

57. Además, la adopción de una medida de restablecimiento del derecho
al buen nombre de la víctima directa es una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver
las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo
menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, en este caso,
procede la reparación, en los mismos términos, de los derechos vulnerados 29.

24 Por el tiempo total de privación de la libertad, a Omar Hernando Orrego Naranjo le hubiese correspondido,
inicialmente, la suma equivalente a 34,91 SMLMV. Sin embargo, como solo se analizó la responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación, esa suma debe ser distribuida proporcionalmente, de acuerdo con el tiempo que
el entonces procesado estuvo a cargo de esa entidad
25 Registro civil de nacimiento. Folio 22 del cuaderno del Tribunal No. 2.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
29 Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia

rogada, este ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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58. En consecuencia, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación
que emita un comunicado en el que reconozca que se ordenó la detención
de Omar Orrego en un proceso penal en el que no fue posible desvirtuar su
presunción de inocencia. De acuerdo con el principio según el cual este
tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, la parte
demandante le informará a esta entidad, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
entregado en físico a ellos o si, además, desean que se publique en las
plataformas de comunicación y difusión de la entidad, y a ello procederá
la fiscalía una vez sea indicado. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la parte demandante opta porque las
disculpas se expresen de forma privada, por lo que la entidad así lo cumplirá
de manera inmediata.

2.5.2. Perjuicios materiales

59. A título de daño emergente, la parte actora solicitó la suma de
$16.000.000 que, según afirmó, tuvo que pagar por concepto de honorarios
profesionales al abogado que intervino en defensa del entonces sindicado
dentro del proceso penal. En la Sentencia de 18 de julio de 2019 30, la Sala
Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este
perjuicio, los siguientes: 1) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y 2) la factura o documento equivalente que registre el valor de
los honorarios y la prueba de su pago. Como no se aportaron al expediente
las facturas o documentos equivalentes en los términos previstos por la
sentencia de unificación señalada, al igual que en los artículos 615 y 617 del
Estatuto Tributario, no se reconocerá monto alguno por ese concepto.

60. A título de lucro cesante se solicitó la suma de $429.024.554 que, a juicio
de la parte demandante, correspondía a los salarios que dejó de percibir
cuando estuvo privado de su libertad. Está acreditado que, para el
momento de la detención, Omar Orrego era servidor público y se
desempeñaba como profesional universitario en el Colegio José Eustasio
Rivera de Puerto Carreño (Vichada)31. Sobre ese asunto, esta Corporación
ha sido constante en sostener que, la medida de suspensión en el cargo de

Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, en Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
del aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984),
relativo al contenido de la demanda, “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación
de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun
cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte
Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-234 de 2017.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019,

Exp. 44572.
31 Folio 23 del cuaderno del Tribunal no.2.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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un empleado público, en virtud de una orden judicial proferida en una
investigación, no extingue el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse
la suspensión como consecuencia de la absolución del investigado, es
procedente el reintegro del empleado, lo cual implica tanto su
reincorporación al cargo, como el pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo
suspendido32.

61. Por lo que, en ese supuesto, le correspondería al empleador pagar
dichos montos y, ante su negativa, el demandante debía impugnar el acto
administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos laborales, no
siendo procedente esta acción para el pago de esas sumas, razón por la
cual se negará la indemnización solicitada por este concepto.

2.6. Costas

62. De conformidad con el artículo 188 del CPACA33 y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP34, la Sala condenará en costas a la Fiscalía General de
la Nación. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887
de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura35, se fijarán las agencias en
derecho de segunda instancia en 2.5% del valor de las pretensiones
reconocidas en esta sentencia, cuya suma asciende a 0,65 SMLMV .

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 12 de junio de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

32 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de
marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp.
15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773).
33 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
34 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena

en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. (…)”
35 Según esta norma, las agencias en derecho en los asuntos de segunda instancia de los procesos con cuantía,

tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, corresponde “hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02584 01 (60.124)
Actor: Omar Hernando Orrego Naranjo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la sentencia apelada
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SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación
responsable por la privación injusta de la libertad de Omar Hernando
Orrego Naranjo, por el período comprendido desde el 23 de marzo hasta el
11 de noviembre de 2009.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a título de
reparación por los perjuicios morales causados, el equivalente en pesos de
las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia:

Demandante Monto
Omar Hernando Orrego Naranjo 19,16 SMLMV
Sharon Valeria Orrego Olmos 6,71 SMLMV

CUARTO: ORDENAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas por la afectación del buen
nombre de Omar Hernando Orrego Naranjo, en los términos expuestos en
esta decisión.

QUINTO: CONDENAR en costas a la Nación - Fiscalía General de la Nación.
Por Secretaría del Tribunal, se ordena liquidar las costas, que incluirán la
suma de 0,65 SMLMV por concepto de agencias en derecho de segunda
instancia.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del C.G.P. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones
del artículo 329 del C.G.P.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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