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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-02209-01

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-02209-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de José Santos Borda Rubio, por el período comprendido entre el 5 de febrero de 2001 y el 31 de julio de 2001. TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en 29Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773). 13 de 15 Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951) Actor: José Santos Borda Rubio y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca y, en su lugar, concede _____________________________________________________________________________________________________________ salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia: Demandante Monto José Santos Borda Rubio 29,42 SMLMV María Tránsito Rubio de Borda 10,29 SMLMV Flor Herminda Guayacán 10,29 SMLMV Vargas CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el cual pida perdón a José Santos Borda Rubio por la afectación de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: NO CONDENAR en costas. SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. OCTAVO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2006-02209-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2022

Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Daño especial

Síntesis del caso: El demandante principal fue privado de la libertad con ocasión del
proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de prevaricato
por omisión. Dicha actuación finalizó con sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de diciembre de 2006, José Santos Borda Rubio, con su grupo
familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, para obtener la
reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su
libertad. La medida de aseguramiento de detención preventiva fue

1De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
_____________________________________________________________________________________________________________

decretada dentro del proceso penal adelantado en su contra por la
presunta comisión del delito de prevaricato por omisión2.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (se trascribe)3:

“1ª Que la Nación - Fiscalía General de la Nación, es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor Patrullero
® JOSÉ SANTOS BORDA RUBIO y perjuicios morales a los demás, esto es, FLOR
HERMINDA GUAYACÁN VARGAS, MARÍA TRÁNSITO RUBIO Y INGRID LORENA
BORDA CALDERON, representada por su padre JOSÉ SANTOS BORDA RUBIO,
al ser objeto de una privación injusta de la libertad por más de 6 meses y
posteriormente haberlo declarado inocente de los cargos que se le
imputaban en sentencia definitiva de segunda instancia.

2ª Condenar, en consecuencia, a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a
pagar al actor, su madre, compañera permanente e hija o a quienes
represente sus derechos, como reparación o indemnización del daño
ocasionado, los perjuicios de orden material y moral, objetivados y
subjetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma
de ($969.029.000.00) o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

3ª La condena respectiva será actualizada en forma prevista en el artículo 178
del Código Contencioso Administrativo, reajustándola en su valor
(indexación) desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la ejecutoria
del correspondiente fallo definitivo, tomando como base para la liquidación
la variación del índice de precios al consumidor.

4ª La Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a la sentencia
favorable en los términos del artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo.

5ª Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios conforme lo ordena el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo.”4

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

4. 1) El 2 de febrero de 2001, la Fiscalía 319 Seccional de Bogotá resolvió
la situación jurídica de José Santos Borda y le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva, por la supuesta comisión del delito
de prevaricato por omisión, debido a la pérdida de unas sustancias
alucinógenas incautadas. Contra esa decisión la parte actora interpuso
recurso de apelación.

2 Folios 5 al 13 del cuaderno No. 1 del tribunal.
3 Folios 5 y 6 del cuaderno No. 1 del tribunal. Mediante memorial de 3 de noviembre de 2010, la parte actora
subsanó la demanda y desistió de las pretensiones formuladas por Ingrid Lorena Borda Calderón (folio 161 del
cuaderno No. 1 del tribunal). El 18 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el
desistimiento, admitió la demanda, y reconoció personería al abogado Félix Orlando Vargas Cubides, para que
actuara como apoderado de la parte actora. (folio 163 del cuaderno No. 1 del tribunal).
4 En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda, la parte actora señaló que solicitaba los

siguientes montos: a título de perjuicios morales, 700 SMLMV a favor de la víctima directa, y 500 para cada uno de
los demás demandantes. Por concepto de perjuicios materiales, $10.000.000 y $52.929.183, a título de daño
emergente y lucro cesante, respectivamente, a favor de José Santos Borda.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
_____________________________________________________________________________________________________________

5. 2) El 31 de julio de 2001, el ente acusador resolvió el recurso, revocó la
medida de aseguramiento impuesta y ordenó la libertad inmediata del
entonces procesado.

6. 3) El 8 de mayo de 2006, el Juzgado 141 de Primera Instancia de la
Policía Metropolitana de Bogotá profirió sentencia absolutoria a su favor.

7. 4) El 13 de septiembre de 2006, el Tribunal Superior Militar confirmó la
anterior decisión, en sede de consulta.

8. 5) Con ocasión de la medida de aseguramiento impuesta a José
Santos Borda, la Policía Nacional lo retiró del servicio activo, mediante
Resolución de 22 de febrero de 2001.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El 28 de marzo de 2011, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito
de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas5. Al respecto, sostuvo que el presente caso debía analizarse
bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, dado que, de lo contrario, “el
sistema no se podría sostener”. En ese sentido, indicó que actuó en
cumplimiento sus deberes legales y constitucionales, y que la medida de
aseguramiento se impuso porque existían dos indicios graves de
responsabilidad, requisito exigido para su decreto, según la Ley 600 de 2000
-norma vigente para el momento de los hechos-. Por otra parte, afirmó que
los perjuicios morales estaban sobrestimados, los materiales no estaban
probados, y propuso como excepción la culpa exclusiva de la víctima, toda
vez que el entonces procesado actuó de manera negligente, al perder la
cadena de custodia de la sustancia incautada.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, profirió Sentencia de
primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda porque
no encontró probado el daño alegado6. En ese sentido, sostuvo que, si bien
se aportó la copia del acta de captura, la boleta de libertad, y el fallo
absolutorio, no se allegó la certificación de la autoridad penitenciaria en la
que constara el tiempo y lugar de reclusión del entonces procesado, por lo
que no estaba acreditada la efectiva privación de la libertad. Además,
tampoco se allegaron las actuaciones adelantadas por la fiscalía, tales
como la resolución que resolvió la situación jurídica, ni la resolución de

5 Folios 181 al 210 del cuaderno No. 1 del tribunal.
6 Folios 273 al 278 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
_____________________________________________________________________________________________________________

acusación, por lo que no era posible advertir si dicha entidad actuó o no
conforme a derecho.

1.4. Recurso de apelación

11. El 15 de mayo de 2013, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda 7. En su escrito
manifestó que, la orden de captura y la boleta de libertad eran pruebas
suficientes para demostrar el período de privación de la víctima directa.
Además, como el lugar de reclusión fue un calabozo de la SIJIN, no se
contaba con la certificación de la autoridad penitenciaria. En todo caso, si
se consideraba que existían falencias probatorias, debieron decretarse
pruebas de oficio.

12. Agregó que, contrario a lo sostenido por el tribunal, la orden restrictiva
de la libertad no fue proferida por la Fiscalía Penal Militar, y José Santos Borda
no fue capturado en flagrancia. Finalmente, aportó y solicitó práctica de
pruebas, e indicó que había lugar a declarar la responsabilidad del Estado
porque la privación de la libertad ocurrió dentro de un proceso penal que
finalizó con sentencia absolutoria.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

13. Mediante Auto de 18 de marzo de 2015, el despacho sustanciador
negó la práctica de pruebas en segunda instancia, toda vez que no se
configuraba ninguna de las causales previstas en el artículo 214 del C.C.A. 8

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad a la que se imputa
el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

14. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que
le fueron causados, con ocasión de la privación de la libertad de José
Santos Borda Rubio, materializada dentro del proceso penal que se siguió
en su contra. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación sostiene que no
se debe declarar su responsabilidad patrimonial en este caso, debido a que
actuó conforme a derecho.

7 Folios 280 al 293 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folio 312 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
_____________________________________________________________________________________________________________

15. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo
privada de la libertad, desde el 5 de febrero de 20019 hasta el 31 de julio del
mismo año10, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra
por el delito de prevaricato por omisión, el cual finalizó con sentencia
absolutoria a su favor11. En esta providencia, la Sala no valorará las pruebas
que fueron aportadas con el recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el Auto de 18 de marzo de 2015, proferido dentro del presente
asunto.

16. Además, estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los
presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la
demanda dentro del término legal. En efecto, la Sentencia absolutoria
quedó ejecutoriada el 24 de octubre de 200612 y el 13 de diciembre de
200613 se presentó la demanda, es decir, dentro del término de 2 años
previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

17. Así las cosas, esta Subsección revocará la Sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación, porque si bien en el expediente no obra la providencia que
le impuso la medida de aseguramiento al entonces procesado, lo que
impide determinar si se configuró una falla en el servicio, lo cierto es
que José Santos Borda Rubio sufrió un daño especial que no estaba en el
deber jurídico de soportar. Por tanto, se liquidarán los perjuicios de
conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en
casos similares y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima
directa.

18. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero,
identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la
afectación del derecho a la libertad. Luego, profundizará en las razones
anunciadas por las cuales se causó un daño especial. Ante la ausencia de
la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en
estos casos, imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación, liquidará
la indemnización de los perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la
condena en costas.

9 Según la orden de captura No. 0107878, en la que consta que se profirió por “infracción art. 39 Ley 30 de 1986”,
así como el acta que dejó a disposición del Fiscal 319 Seccional de Bogotá a José Santos Borda, en cumplimiento
de la mencionada orden, y la respectiva acta de derechos del capturado. Folios 47 al 49 del cuaderno No. 2 del
tribunal.
10 De acuerdo con la boleta de libertad No. 019826 de julio de 2001, en la que se advierte que la Fiscalía Delegada

ante los Jueces Penales del Circuito Especializados revocó la medida de aseguramiento impuesta al entonces
sindicado, dentro del proceso adelantado en su contra por el delito de “Ley 30- 86 artículo 39”, y el formato de
sustitución o revocación de la medida de aseguramiento, en el que consta que el 31 de julio de 2001 se revocó la
mencionada medida. Folios 51 y 86 del cuaderno No. 2 del tribunal.
11 Sentencia proferida el 13 de septiembre de 2006 por el Tribunal Superior Militar, en la que se confirmó el fallo

mediante el cual el Juez 141 de Primera Instancia de la Policía de Bogotá absolvió a José Santos Borda del delito
de prevaricato por omisión. Folios 20 al 32 del cuaderno No. 2 del tribunal.
12 Según el sello visible a folio 28 anverso del cuaderno No. 2 del Tribunal.
13 Folio 14 del cuaderno No. 1 del tribunal.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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2.2. Identificación del daño

19. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de
José Santos Borda Rubio, que se extendió desde el 5 de febrero hasta el 31
de julio de 2001, es decir, por un período de 5 meses y 27 días (177 días).

2.3. Análisis de la existencia de un daño especial

20. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 14, la Corte
Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la
falla en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en
que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación
determinada15.

21. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen
los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no
estaban en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad
es un derecho que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la
libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud,
el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la
protección efectiva de tales derechos”.

22. A partir de dichas consideraciones y como lo ha definido la Sala en
pronunciamientos anteriores, el juez de la responsabilidad tiene el deber de
analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no conforme a derecho.
Por tanto, si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el
caso deberá abordarse bajo la óptica de la falla del servicio. En caso
contrario, el juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima
debe ser reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo
sufre la generalidad de la población- y, por su gravedad, no podría
considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en
sociedad. Bajo este título de imputación denominado por la jurisprudencia
como “daño especial”, debe considerarse que, a partir de la gravedad y
anormalidad del daño, debe establecerse el derecho a la indemnización.

14Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
15En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo
caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se
apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia
ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia,
pues, será en aplicación del principio iura novit curia17, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le
asiste al demandante”.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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23. En efecto, es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija daños
a particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad -frente a las cargas
públicas- y de equidad, que la persona no deba soportarlo, como en este
caso se predica respecto del demandante principal. Este análisis, como se
mencionó, resulta acorde con el mandato del artículo 90 de la Constitución
Política y lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072
de 201816.

24. Resulta desproporcionada la privación de la libertad del procesado
que fue exonerado de toda responsabilidad penal, al no demostrarse su
injerencia en la comisión de un determinado comportamiento punible. Por
ello, la afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una
garantía básica del ser humano, no puede considerarse como una carga
que deba soportar un ciudadano como contraprestación propia de vivir en
sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción de inocencia
frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica dicha restricción
durante el tiempo que finalmente se prolongó.

25. En el presente asunto, la Sala advierte que en el expediente no obra la
resolución mediante la cual se resolvió la situación jurídica de José Santos
Borda. Del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión
del delito de prevaricato por omisión, solo se aportaron los fallos de primera
y segunda instancia, por lo que no es posible realizar un análisis de la
medida de aseguramiento, con el fin de constatar si se profirió de manera
legal o no. En consecuencia, ante la posibilidad de que haya ocurrido un
daño especial, se analizará el caso bajo un régimen objetivo de
responsabilidad.

26. Según los hechos consignados en la Sentencia de segunda instancia
del proceso penal, proferida el 13 de septiembre de 2006 por el Tribunal
Superior Militar, “el 21 de diciembre de 2001, fue aprehendido en el aeropuerto
el Dorado, el ciudadano LUIS CARLOS RAMÍREZ ORTEGA, quien pretendía abordar
el vuelo 0392 de la Aerolínea Mexicana con destino a México, llevando en su
estómago 100 cápsulas de heroína, las cuales fueron cambiadas en la Estación de
Policía cuando se encontraban bajo la responsabilidad y custodia del PT. JOSE
SANTOS BORDA RUBIO” 17.

27. En dicha decisión, el tribunal absolvió al entonces procesado porque
consideró que existía duda respecto al momento en el cual fue cambiada
la sustancia incautada, dado que estuvo bajo custodia de varios
uniformados. Por tanto, en cualquiera de los turnos pudo haberse alterado

16Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 42.409,
Sentencia de 13 de febrero de 2020, Exp. 43.482, Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp: 51.049; Sentencia
de 13 de noviembre de 2020, Exp: 50.394; Sentencia de 6 de noviembre de 2020, Exp: 45.161, entre otras.

17 Folios 20 al 28 del cuaderno No. 2 del tribunal.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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el material, además, transcurrieron casi dos días desde que la sustancia fue
dejada en el armerillo sin mayores condiciones de seguridad. En
consecuencia, “aunque indudablemente hubo una omisión en el cumplimiento
de sus deberes (…) permitiría adecuar el comportamiento (…) preferiblemente en
el delito de peculado culposo, más que en el de prevaricato por omisión (…) sin
embargo, dado el cúmulo de dudas existentes (…) resultaría poco viable declarar
una nulidad para que se juzgue al cuestionado por el delito contra la
administración pública antes referido”.

28. Así las cosas, la Sala observa que en el proceso penal no se probó la
responsabilidad de José Santos Borda Rubio en los hechos investigados,
razón por la cual se profirió sentencia absolutoria a su favor. Sin embargo,
por esa circunstancia, la víctima directa estuvo 5 meses y 27 días recluida
en un establecimiento carcelario. Es decir, el Estado, con independencia
de que su actuación fuere legítima, rompió el principio de igualdad de las
cargas públicas que debe soportar todo ciudadano, al generársele al aquí
demandante un daño anormal, especial y grave.

29. En efecto, el entonces sindicado estuvo privado de la libertad debido
a una investigación penal en la que el Estado no pudo desvirtuar su
presunción de inocencia. Por lo que, en el presente asunto, la antijuridicidad
del daño se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso de
justificar definitivamente la restricción de su derecho a la libertad, lo que le
generó un daño especial que deberá ser indemnizado.

2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño

30. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva
de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de
privaciones injustas de la libertad. De las pruebas que obran en el
expediente, no se observa que el demandante principal hubiese
desplegado ninguna actuación de la cual se pudiese predicar su incidencia
en la causación del daño.

31. Ahora bien, la Subsección encuentra que fueron la Fiscalía 319
Seccional de Bogotá y la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito Especializado, quienes ordenaron la detención del entonces
procesado y, posteriormente, decretaron su libertad 18, razón por la cual es
la Fiscalía General de la Nación la que debe responder por el daño
causado. Si bien el proceso penal fue conocido por la Justicia Penal Militar,
con ocasión de la remisión por competencia de la justicia ordinaria19, fue la

18 Según la boleta de libertad No. 019826, las autoridades que conocieron del proceso fueron “Fiscal Seccional
#319 y Fiscalía Delegada ante Jueces Penales de Cto Espec.” Folio 51 del cuaderno No. 2 del tribunal.
19 Dicha circunstancia se advirtió en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso penal. Folios 6 al

28 del cuaderno No. 2 del tribunal.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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fiscalía quien tomó las decisiones relativas a la privación de la libertad de
José Santos Borda.

2.5. Liquidación de perjuicios

2.5.1. Perjuicios inmateriales

32. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales son
presumibles respecto a la persona que sufre la detención, así como también
respecto a su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias
generalizadas en nuestro entorno.

33. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021 20, la
Sección Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para
la víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para
su cónyuge o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el
primer grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Para las
demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser
apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el
detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de
prueba.

34. Además, se establecieron unos criterios para el calculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De
ahí en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de
5 SMLMV, y por cada día adicional al último mes transcurrido se debe sumar
una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5
SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta
llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la
libertad con una duración igual o mayor a 20 meses. Con todo, la
providencia contempla la posibilidad de superar dichos topes en casos en
los que se demuestre una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio
sufrido por las víctimas, sin embargo, esa indemnización no podrá superar
en ningún caso el monto de 300 SMLMV para la víctima directa.

35. Asimismo, se explicó que la indemnización no debía ser igual para
todos los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado
de la libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que para los parientes en el primer

20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente el tope de indemnización es de 50% de lo que le
corresponda a la víctima directa. Y para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo es del treinta por ciento 30%
de lo que le corresponda a la víctima directa.

36. Por último, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir
de la ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas
para el reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata.
Sin embargo, en las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 201321
hasta la fecha de expedición de la Sentencia de unificación, en las cuales
no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, sobre quienes no existe
una presunción, fundándose en la jurisprudencia existente en ese momento,
el juez puede hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley
para garantizar su derecho al debido proceso.

37. Además, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013,
al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el
reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de
unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en
relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales
y la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado
que sobre ese aspecto no puede considerarse que exista una expectativa
legítima de un derecho.

38. Así las cosas, la Sala procede a liquidar los montos a reconocer por este
concepto. Debido a que no se desvirtuó la presunción de perjuicios morales
sufridos por José Santos Borda Rubio, con ocasión de la privación de su
libertad, ocurrida desde el 5 de febrero hasta el 31 de julio de 2001, se
concederá la suma de 29,42 SMLMV a su favor. Ahora bien, de acuerdo con
los medios de prueba que obran en el expediente, está acreditado que,
María Tránsito Rubio de Borda es su madre 22 y Flor Herminda Guayacán
Vargas es su compañera permanente 23.

21 Es decir, a partir de la expedición de la anterior sentencia de unificación que estableció los criterios para
reconocer una indemnización por perjuicio moral, en la cual, la prueba del parentesco del demandante con la
víctima directa de la privación injusta de la libertad se consideraba prueba suficiente para acceder al
reconocimiento del perjuicio.
22 De conformidad con el registro civil de nacimiento de José Santos Borda (folio 1 del cuaderno No. 2 del tribunal).

El nombre se trascribe tal y como consta en la copia de su cédula de ciudadanía (folio 128 del cuaderno No. 2
del tribunal).
23 Si bien en la demanda se señaló que Flor Herminda Guayacán era la esposa de la víctima directa, no se allegó

el registro civil de matrimonio, prueba conducente para demostrar ese hecho. Solo se aportó una declaración
extrajudicial que no se puede valorar, dado que no fue ratificada en este proceso, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 262 del CPC (folio 4 del cuaderno No. 2 del tribunal). Sin embargo, la Sala la reconocerá como
compañera permanente, toda vez que quedó registrada en el acápite denominado “Nombres y apellidos del
esposo(a) o compañero(a)” de la boleta de libertad No. 019826 de julio de 2007. Además, en la sentencia de

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
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39. La presunción de la existencia de perjuicios morales en relación con
ellas no fue desvirtuada. Por otra parte, respecto a la intensidad de los
perjuicios sufridos, no hay prueba en el expediente que de cuenta del grado
de afectación padecido por la madre y compañera permanente del
entonces sindicado. No se practicaron testimonios ni se aportaron pruebas
que permitan inferir la intensidad del perjuicio moral sufrido con ocasión de
la detención de José Santos Borda.

40. En consecuencia, como únicamente se acreditó el parentesco, el
monto a reconocer a favor de María Tránsito Rubio de Borda y Flor Herminda
Guayacán por perjuicio moral, se cuantificará en el 35% del perjuicio que
por el mismo concepto fue concedido a la víctima directa, lo que equivale
a 10,29 SMLMV para cada una. No se reconocerá ningún monto a favor de
Ingrid Lorena Borda Calderón, debido a que la parte actora desistió de las
pretensiones formuladas por ella.

41. Por otra parte, la Sala advierte una afectación del derecho al buen
nombre de la víctima directa. En efecto, el ejercicio del poder punitivo del
Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo
acata porque presume su corrección. De manera que, una decisión de este
tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho
a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de
quien la soporta, como ocurrió en el presente asunto.

42. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al
buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás”24, un deterioro de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad25. Este asunto, ha sido considerado en la
jurisprudencia un “factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”26. De ahí la
gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la afectación al
buen nombre del demandante principal.

43. Además, la adopción de una medida de restablecimiento del derecho
al buen nombre de la víctima directa es una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver
las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo
menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, en este caso,

primera instancia del proceso penal, se señaló que José Santos Borda vivía en unión libre (folio 6 del cuaderno No.
2 del tribunal).
24 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
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procede la reparación, en los mismos términos, de los derechos vulnerados 27.

44. Así las cosas, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita
un comunicado en el que se disculpe con José Santos Borda Rubio por el
perjuicio causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, dicho
demandante deberá informar a esa entidad, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si ese documento solamente le será
entregado en físico o si, además, desea que se publique en las plataformas
de comunicación y difusión de la Fiscalía General de la Nación, por lo que
así procederá esta entidad una vez tenga conocimiento de esa decisión.
De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que
la víctima directa opta porque las disculpas se expresen de forma privada y
así se cumplirá de manera inmediata.

2.5.2. Perjuicios materiales

45. A título de daño emergente, la parte actora solicitó la suma de
$10.000.000 que, según afirmó, tuvo que pagar por concepto de honorarios
profesionales al abogado que intervino en defensa del entonces sindicado
dentro del proceso penal. En la Sentencia de 18 de julio de 201928, la Sala
Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este
perjuicio, los siguientes: 1) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y 2) la factura o documento equivalente que registre el valor de
los honorarios y la prueba de su pago. Como no se aportaron al expediente
las facturas o documentos equivalentes en los términos previstos por la
sentencia de unificación señalada, al igual que en los artículos 615 y 617 del
Estatuto Tributario, no se reconocerá monto alguno por ese concepto.

46. A título de lucro cesante se solicitó la suma de $52.929.183 que, a juicio
de la parte demandante, correspondía a los salarios que dejó de percibir la
víctima directa cuando estuvo privada de su libertad. Esta acreditado que,
para el momento de la detención, José Santos Borda se desempeñaba
como patrullero de la Policía Nacional. De hecho, la investigación penal
tuvo origen en el presunto incumplimiento de sus funciones. Sobre ese
asunto, esta Corporación ha sido constante en sostener que, la medida de

27 Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia
rogada, este ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio
Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, en Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
del aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984),
relativo al contenido de la demanda, “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación
de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun
cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte
Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-234 de 2017.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019,

Exp. 44572.

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
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suspensión en el cargo de un empleado público, en virtud de una orden
judicial proferida en una investigación, no extingue el vínculo laboral, razón
por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la absolución
del investigado, es procedente el reintegro del empleado, lo cual implica
tanto su reincorporación al cargo, como el pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo
suspendido29.

47. Por lo que, en ese supuesto, le correspondería al empleador pagar
dichos montos y, ante su negativa, el demandante debía impugnar el acto
administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos laborales, no
siendo procedente esta acción para el pago de esas sumas, razón por la
cual se negará la indemnización solicitada por este concepto.

2.6. Costas

48. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación
responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de
la privación injusta de la libertad de José Santos Borda Rubio, por el período
comprendido entre el 5 de febrero de 2001 y el 31 de julio de 2001.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar,
por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en

29Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de
marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp.
15001-23-31-000-2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773).

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia:
Demandante Monto
José Santos Borda Rubio 29,42 SMLMV
María Tránsito Rubio de Borda 10,29 SMLMV
Flor Herminda Guayacán
10,29 SMLMV
Vargas

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que emita
un comunicado en el cual pida perdón a José Santos Borda Rubio por la
afectación de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en
esta decisión.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: NO CONDENAR en costas.

SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la
sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115
del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia
cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.

NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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Radicación: 25000-23-26-000-2006-02209-01 (47.951)
Actor: José Santos Borda Rubio y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca y, en su lugar, concede
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