Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00700-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00700-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00700-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
16 de marzo de 2023
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00700-00
Demandante: José Santos Borda Rubio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00700-00
Demandante: José Santos Borda Rubio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedencia de la acción. Falta de inmediatez.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por José Santos Borda Rubio contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor José Santos Borda Rubio, por intermedio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
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Demandante: José Santos Borda Rubio
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del
25 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radicación 25000-23-26-
000-2006-02209-01 y, en su lugar, que se ordene proferir una nueva decisión en la
que se tengan en cuenta cada uno de los emolumentos y condenas solicitados.
1.1.2. Los hechos
El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El señor José Santos Borda Rubio interpuso demanda de reparación directa en
contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación a fin de que se le declarara
administrativamente responsable por la privación injusta de la libertad que debió
soportar y, como consecuencia, la desvinculación del servicio de la Policía Nacional.
ii) Mediante sentencia del 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de Descongestión, negó las
pretensiones de la demanda.
iii) A través de sentencia del 25 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, revocó la decisión y concedió, parcialmente, las pretensiones
de la demanda.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
El apoderado del accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los
siguientes.
i) En el proceso se demostró que al demandante se le causaron perjuicios materiales
y morales, no valorados debidamente por el juzgador, entre estos, el haber
permanecido privado de la libertad entre el 2 de febrero y el 31 de julio de 2001, el
pago de honorarios a un profesional del derecho para la defensa penal, por valor de
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$25.000.0000, y el no haber podido seguir cursando estudios profesionales que le
permitieran haber obtenido otros escalafones o grados dentro de la institución
policial, así como el sufrimiento y dolor al agravió generado a su grupo familiar,
conformado por su madre, sus hermanos y su esposa, daños estos que son
indemnizables por ser susceptibles de valoración económica.
ii) En el numeral 3 del acápite de pretensiones, también se solicitó la actualización de
la condena, en la forma prevista en el artículo 178 del CCA, reajustada en su valor
desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la ejecutoria del fallo judicial,
tomando como base para la liquidación la variación del Índice de Precios al
Consumidor.
iii) En el sub judice, no es posible aplicar la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021, respecto de la tasación de perjuicios morales en los casos de
privación injusta de la libertad y limitación de la presunción del perjuicio moral
solamente para la víctima directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente
y parientes en primer grado de consanguinidad, toda vez que esta fue proferida con
posterioridad a la ocurrencia del daño y, en todo caso, porque para la época de
presentación del recurso de apelación existían varias sentencias emitidas en asuntos
análogos en los que no se exigía la demostración de tales perjuicios para los
reclamantes y/o parientes diferentes a los arriba señalados.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 16 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, como demandados, y a la Nación-Fiscalía
General de la Nación, como tercera interesada en las resultas del proceso. De igual
forma, se comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, para que notificara del trámite constitucional, como terceros
interesados, a todas las personas que intervinieron en el medio de control de
reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2006-02209-01, exceptuando al
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señor José Santos Borda Rubio y a la Fiscalía General de la Nación, debiendo enviar
al expediente de tutela la copia de las constancias de notificación derivadas de la
comisión; y también se requirió al Tribunal para que enviara copia digital del
expediente de reparación directa arriba mencionado.
Asimismo, se reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso al
abogado Félix Orlando Vargas Cubides, según poder otorgado por la parte actora, de
acuerdo con la documentación contenida en el expediente digitalizado; y se ordenó
remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados
para que, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a
rendir el respectivo informe.
1.2.2. El 20 de febrero de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al apoderado del accionante, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, a la Fiscalía General de la Nación, y dio a conocer al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, del requerimiento
y comisión efectuados.
1.2.3. El 22 de febrero de 2023, la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, remitió el expediente digital
requerido e informó que una vez revisado el proceso, se encontró como personas
adicionales a notificar las señoras María del Tránsito Rubio y Flor Herminda
Guayacan Vargas, la primera, madre del accionante, quien falleció el 25 de junio de
2021, y la segunda, compañera permanente del actor para la fecha de ocurrencia de
los hechos, con la que actualmente no tiene ninguna relación [más que un hijo de 20
años], por lo que se procedió a publicar aviso en la página web de la Rama Judicial y
a dejarse constancia en el proceso ordinario, lo cual se acreditó debidamente.
1.3. Contestación de la demanda
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1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través del
consejero de Estado Alberto Montaña Plata, ponente de la decisión objeto de
censura, señaló que la providencia contiene los argumentos y elementos necesarios
para que el juez de tutela adopte la decisión que en derecho corresponda y que, en
consecuencia, se encontrará presto a atender lo que se disponga.
1.3.2. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, solicitó declarar improcedente la acción, en atención a lo siguiente:
i) La acción de tutela no tiene una relevancia constitucional, dado que su cometido es
el de solicitar el reajuste de perjuicios, lo cual deviene en una controversia
eminentemente económica y porque, además, tampoco se sustentaron las causales
específicas de procedibilidad del amparo solicitado.
ii) Aunado a lo anterior, no se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que se
solicitó el amparo de los derechos fundamentales, aparentemente vulnerados por las
accionadas, pasado el tiempo considerado por la jurisprudencia como prudencial
para controvertir providencias judiciales.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma
Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 25 de marzo de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
proceso de reparación directa con radicación 25000-23-26-000-2006-02209-01. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia del accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de reparación directa con radicación 25000-23-26-000-2006-02209-
01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 13 de diciembre de 2003, el señor José Santos Borda Rubio, junto con su núcleo
familiar, promovió demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía
General de la Nación, con las siguientes pretensiones:
1. Que la Nación-Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable de
los perjuicios materiales y morales causados al señor Patrullero ® JOSÉ SANTOS BORDA
RUBIO y perjuicios morales a los demás, esto es, FLOR HERMINDA GUAYACÁN VARGAS,
MARÍA TRÁNSITO RUBIO y INGRID LORENA BORDA CALDERON (representada por su padre
JOSÉ SANTOS BORDA RUBIO), al ser objeto de una privación injusta de la libertad por más
de 6 meses y posteriormente haberlo declarado inocente de los cargos que se le
imputaban en sentencia definitiva de segunda instancia.
2. Condenar, en consecuencia, a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar al
actor, su madre, compañera permanente e hija o a quienes represente sus derechos,
como reparación o indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material
y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como
mínimo en la suma de ($969.029.000.00) o conforme a lo que resulte probado dentro
del proceso.
3. La condena respectiva será actualizada en forma prevista en el artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo, reajustándola en su valor (indexación) desde la
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fecha en que ocurrieron los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo, tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al
consumidor.
4. La Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a la sentencia favorable en los
términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
5. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y moratorios conforme lo ordena el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.
ii) Mediante sentencia del 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de Descongestión, negó las
pretensiones de la demanda.
iii) A través de sentencia del 25 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, adoptó la siguiente decisión:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable por los
perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la
libertad de José Santos Borda Rubio, por el período comprendido entre el 5 de febrero
de 2001 y el 31 de julio de 2001.
TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto
de perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia: […] José Santos Borda
Rubio, 29.42 SMLMV; María Tránsito Rubio de Borda, 10.29 SMLMV; Flor Herminda
Guayacán Vargas, 10.29 SMLMV.
CUARTO: ORDENAR a la Nación–Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado
en el cual pida perdón a José Santos Borda Rubio por la afectación de su derecho al
buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y
177 del C.C.A. […]
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
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Se advierte prima facie que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que, según consulta realizada en el aplicativo Samai, la
sentencia objeto de censura, proferida el 25 de marzo de 2022, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, fue notificada a las partes el 18 de mayo de
2022, y la acción de tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado
el 9 de febrero de 2023, es decir, después de transcurridos 7 meses y 20 días.
Ahora bien, aunque es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad.3
Así, en sentencia del 5 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala Plena, acogió
como regla general un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si la acción de
tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior, luego de
explicar que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En ese entendido, se tiene, entonces, que el apoderado del accionante desconoció el
término prudencial de los seis meses establecido por la jurisprudencia para la
presentación de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, el cual no
busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección invocada y evitar
satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad, acudieron
inoportunamente a solicitar el amparo constitucional.
3 La Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
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Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la inmediatez no
se reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración
de un derecho fundamental y la interposición del amparo constitucional, sino que,
además, debe estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de
cada caso concreto;4 por lo que, en aras de determinar que no existe una tardanza
injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, la Corte evaluó
dicho periodo a partir de las siguientes reglas:
“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].5
Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la interposición de la acción de
tutela en el plazo prudencial de los seis meses.
No obstante, ninguna de dichas circunstancias es alegada por el apoderado para
soportar la falta de inmediatez en la interposición del mecanismo de amparo y, una
4 Ver las Sentencias T-158 de 2006, T-792 de 2007, T-1028 de 2010, T-584 de 2011 y T-433 de 2016.
5 Sentencia T-253 de 2015.
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vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la presente
solicitud, la Sala no encuentra un factor relevante que soporte o justifique su
inactividad para solicitar la defensa de los derechos fundamentales de su
representado.
Consiguientemente, en el plenario tampoco se evidencia que se cumpla con alguno
de los criterios establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio
irremediable,6 que pretermita el requisito de procedencia de la acción.
El requisito de inmediatez no responde a motivaciones caprichosas sino al amparo
del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de que cuando una persona
realmente encuentre afectados sus derechos fundamentales de forma grave, acudirá
inmediata y diligentemente al juez constitucional para solicitar su restablecimiento.
Debe tenerse en cuenta que lo que se busca con el cumplimiento del requisito de la
inmediatez es la garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica de
que están investidas las decisiones judiciales.
Así las cosas, no se evidencia que en el asunto se cumpla el examen de inmediatez
requerido, pues además de que se superó el término previsto como prudencial para
la presentación de la acción, no se identifican circunstancias justificantes para la
interposición tardía y, por contera, para pretermitir este requisito de procedencia, por
lo que se impone su rechazo.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que la presente acción de tutela,
interpuesta en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, existe
falta de inmediatez en su interposición, por lo que se impone su rechazo.
6 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
José Santos Borda Rubio en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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