RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2005-02616-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-02616-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-02616-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 8 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Norberto Romero Huertas, por el período comprendido entre el 31 de mayo y el 28 de agosto de 2002. TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por 40Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 15001-23-31-000- 2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773). 16 de 17 Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670) Actor: Norberto Romero Huertas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca la decisión concepto de perjuicios morales a favor de Norberto Romero Huertas, la suma de 14,81 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el cual ofrezca disculpas a Norberto Romero Huertas por la afectación de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: NO CONDENAR en costas. SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. OCTAVO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C. NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2005-02616-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad (Ley 600 de 2000) – Daño especial

Síntesis del caso: El demandante principal fue privado de la libertad con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio. Dicha actuación
finalizó con sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia de 8 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, que declaró de oficio la caducidad de la acción.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una Sentencia dictada por un Tribunal Administrativo,
con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda,
de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en segunda
instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de octubre de 2006 Norberto Romero Huertas, presentó demanda, en
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección Ejecutiva de
Administración de Justicia y Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad2. La
medida de aseguramiento de detención preventiva le fue impuesta dentro del
proceso penal seguido en su contra, por el delito de homicidio.

1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26-
000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.
2 Folios 37 al 45 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Declarar responsable, administrativa y extracontractualmente, a las entidades
demandadas, por los perjuicios causados a la parte demandante, originado en una
falla del servicio. Perjuicios ocasionados con motivo de la detención injusta que
sufrió el señor Norberto Romero Huertas.”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se
condenara al pago de perjuicios inmateriales y materiales, así:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Perjuicios Norberto Romero Huertas Víctima directa
100 SMLMV
morales
Daño Norberto Romero Huertas Víctima directa 38 SMLMV
emergente
Lucro cesante Norberto Romero Huertas Víctima directa 121,78 SMLMV

4. El 27 de enero de 20093, el apoderado de la parte demandante presentó
corrección de la demanda con el fin de que se incluyera como demandantes a
Héctor Danilo Rojas Rojas y a su grupo familiar. Por lo anterior, solicitó que se
condenara al pago de los siguientes perjuicios inmateriales y materiales a su
favor:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Héctor Danilo Rojas Rojas Víctima directa 100 SMLMV
Gilberto Rojas Ovalle Padre de la víctima directa 200 SMLMV4
(Q.E.P.D)
Teresa Rojas de Rojas Madre de la víctima directa 100 SMLMV
Luz Briyith Cárdenas Cónyuge de la víctima directa 100 SMLMV
David Santiago Rojas Hijo de la víctima directa 90 SMLMV
Cárdenas
Diana Sofía Rojas Cárdenas Hija de la víctima directa 90 SMLMV
Brigith Daniela Rojas Hija de la víctima directa 90 SMLMV
Cárdenas
José Isidro Rojas Rojas Hermano de la víctima directa 80 SMLMV
Edilma Rojas Rojas Hermana de la víctima directa 80 SMLMV
Fanny Cecilia Rojas Rojas Hermana de la víctima directa 80 SMLMV
Nelda Ligia Rojas Rojas Hermana de la víctima directa 80 SMLMV
Jesús Antonio Rojas Rojas Hermano de la víctima directa 80 SMLMV
Daño emergente Héctor Danilo Rojas Rojas Víctima directa 38 SMLMV
Lucro cesante Héctor Danilo Rojas Rojas Víctima directa 121.78 SMLMV

5. Adicionalmente, se solicitó que, al momento de proferirse sentencia, se
diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante
expuso, en síntesis:

7. 1) Por hechos ocurridos el 5 de septiembre de 1992, el Juzgado 83 Penal
Militar vinculó mediante indagatoria a Norberto Romero y Héctor Rojas por la

3Folios 188 al 208 del cuaderno del Tribunal No.1.
4 Se advierte que, Héctor Rojas y Teresa Rojas, solicitaron 100 SMLMV para cada uno, por los perjuicios morales que en
vida padeció Gilberto Rojas por la privación injusta a la que fue sometido su hijo Héctor Rojas.

2 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

presunta comisión del delito de homicidio. Estos últimos eran agentes activos de
la Policía Nacional.

8. 2) El 10 de noviembre de 1995 fue resuelta la situación jurídica de los aquí
demandantes y se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento. Esta
decisión fue recurrida por el Ministerio Público y el 22 de enero de 1996 fue
revocada, por lo que se les impuso medida de aseguramiento.

9. 3) El 29 de febrero de 1996, Norberto Romero y Héctor Rojas fueron
detenidos en el Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca y el
14 de marzo siguiente fueron suspendidos del cargo.

10. 4) El 24 de junio de 1996 se cerró la investigación y el 19 de septiembre del
mismo año, el Consejo Verbal de Guerra absolvió a los aquí demandantes. En esa
decisión se les concedió libertad provisional y se ordenó el levantamiento de la
suspensión del cargo, pero la suspensión se mantuvo hasta el 9 de noviembre
1999.

11. 5) El 31 de enero de 2001, se declaró la nulidad de toda la actuación
adelantada por la justicia penal militar y el proceso se remitió a la justicia
ordinaria.

12. 6) El 21 de mayo de 2001 la Fiscalía Seccional de Fusagasugá cerró la
investigación y el 8 de mayo de 2002 acusó a los aquí demandantes de ser los
presuntos autores del delito de homicidio.

13. 7) El 1 de abril de 2003, el Juzgado único penal del circuito de Fusagasugá
absolvió a los demandantes del delito imputado, decisión que fue confirmada el
16 de septiembre del mismo año por el Tribunal Superior de Bogotá.

1.2. Posición de la parte demandada

14. El 3 de febrero de 20095, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se
declarara la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Único Administrativo de
Facatativá (Cundinamarca), por considerar que la competencia para conocer
del presente asunto en primera instancia le correspondía al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

1.3. Sentencia de primera instancia

15. El 8 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión profirió Sentencia de primera
instancia, que declaró de oficio la caducidad de la acción6. Como argumentos

5Folios 259 al 263 del Cuaderno del Tribunal No.1.
6 Folios 502 al 508 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe):
“PRIMERO: DECLÁRESE la caducidad de la acción invocada, según lo analizado. SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por Secretaría liquídense los gastos del proceso y en caso de remanentes devuélvase a la parte actora, pasado
dos años sin que estos sean reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional ”.

3 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

de fondo, señaló que, la oportunidad para demandar empezó a correr a partir
del 17 de septiembre de 2003, es decir, al día siguiente de proferida la sentencia
de segunda instancia del proceso penal, toda vez que no fue aportada la
constancia de ejecutoria de esa decisión. En consecuencia, consideró que los
demandantes tenían hasta el 17 de septiembre de 2005 para presentar la
demanda; sin embargo, ello solo ocurrió hasta el 1 de octubre de 2006.

1.4. Recurso de apelación

16. El 9 de julio de 2013, la parte demandante interpuso y sustentó el recurso
de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia 7. En su escrito
indicó que, en este caso, la caducidad de la acción fue un tema decidido antes
de admitir la demanda, no solo por el juzgado administrativo de Facatativá sino
también por otra sala del tribunal que tuvo el conocimiento del presente
proceso con anterioridad. Además, el Tribunal omitió los efectos de la solicitud
de conciliación en los términos de la Ley 641 de 2001, pues no la tuvo en cuenta
para contabilizar el plazo. Tampoco tuvo en cuenta que al momento de
presentarse la demanda, la sentencia penal de segunda instancia no había
quedado ejecutoriada, toda vez que estaba en trámite el recurso de casación
ante la Corte Suprema de Justicia.

17. En todo caso, el Tribunal también omitió la constancia de ejecutoria
suscrita por el Juzgado penal del circuito de Fusagasugá en la que se indica que
la providencia que absolvió a los demandantes quedó ejecutoriada el 2 de julio
de 2008. Esta prueba fue aportada en varias oportunidades al proceso, pero en
especial, en las 2 diligencias de reconstrucción del expediente que se llevaron
a cabo en primera instancia. Finalmente solicitó que, si como consecuencia de
las repetidas pérdidas del expediente no aparecía la constancia de ejecutoria
de la sentencia absolutoria, se tuviera en cuenta la copia aportada con el
recurso de apelación.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

18. Mediante Auto de 19 de noviembre de 2014, el despacho sustanciador se
abstuvo de decretar pruebas en segunda instancia, toda vez que la constancia
de ejecutoria aportada en el recurso de apelación, ya obraba en el
expediente8.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Cuestión previa; 2.2. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán;
2.3. Identificación del daño; 2.4. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.5. Entidad a la
que se imputa el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas

7 Folios 518 al 522 del Cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 539 al 540 del cuaderno del Consejo de Estado.

4 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

2.1. Cuestión previa

19. Mediante Auto de 6 de mayo de 2008, el Juzgado Único Administrativo de
Facatativá admitió la demanda presentada por Norberto Romero, en contra de
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Nación – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Nación-Fiscalía General de la Nación9. En esa decisión
ordenó la notificación personal de las 3 entidades; sin embargo, el expediente
fue extraviado cuando solo se había notificado a la Fiscalía General de la
Nación10.

20. El 27 de enero de 2009, la parte demandante presentó corrección y
adición de la demanda en la que incluyó como demandantes a Héctor Rojas y
su grupo familiar, sin que esta fuera admitida por el Juzgado Único Administrativo
de Facatativá, autoridad que en su momento conocía del proceso.

21. El 11 de noviembre de 200911, el apoderado de la parte demandante
solicitó la reconstrucción del expediente al Juzgado Único Administrativo de
Facatativá y el 15 de julio de 201012 se realizó la audiencia de reconstrucción. En
esta audiencia la apoderada del Ministerio de Defensa – Policía Nacional
manifestó que a su representada no se le había notificado la demanda por lo
que desconocía el proceso y el poder que le fue conferido era únicamente para
asistir a la audiencia de reconstrucción 13. En consecuencia, solicitó que se le
notificara la demanda. La Fiscalía por su parte, solicitó que se declarara la
nulidad de todo lo actuado por configurarse la falta de competencia.

22. El 28 de julio de 201014, el juzgado remitió el proceso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por competencia sin realizar las notificaciones
faltantes y el magistrado ponente mediante Auto de 3 de noviembre de 201015
avocó conocimiento del proceso y declaró la nulidad de todo lo actuado a
partir del Auto de 6 de mayo de 2008 - mediante el cual se admitió la demanda-

23. Por Auto de 27 de julio de 201116, el tribunal aclaró el Auto de 3 de
noviembre de 2010 en el sentido de indicar que “la nulidad declarada sí
corresponde a la actuación surtida desde la admisión de la demanda en el Juzgado
Único Administrativo de Facatativá”.

24. Debido a que el expediente fue extraviado nuevamente en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca antes de pronunciarse sobre la admisión de la

9 Folio 181 del cuaderno del Tribunal No.1.
10 Así se constata en el acta de audiencia de reconstrucción de 15 de julio de 2010. Folios 34 y 35 del cuaderno del Tribunal
No.1.
11 Folio 2 del cuaderno del Tribunal No.1.
12 Folio 34 a 35 del cuaderno del Tribunal No.1.
13 En efecto, en el expediente obra constancia de notificación únicamente del auto que fijó fecha para audiencia de

reconstrucción. Folio 31 del cuaderno del Tribunal No.1.
14 Folio 709 del cuaderno del Tribunal No.3.
15 Folio 494 a 495 del cuaderno del Tribunal No.1.
16 Folio 523 del cuaderno del Tribunal No.2.

5 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

demanda, el 20 de febrero de 2012 se realizó una nueva audiencia de
reconstrucción.

25. El 12 de diciembre de 2012, el tribunal declaró vencido el período
probatorio y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y, finalmente,
el 8 de marzo de 2013 profirió sentencia de primera instancia en la que declaró
la caducidad de la acción.

26. El 1 de abril de 2013, la parte demandante presentó solicitud de aclaración
y adición de la sentencia, en la que señaló que la constancia de ejecutoria de
la decisión que terminó el proceso penal fue aportada en cada una de las
audiencias de reconstrucción que tuvo el expediente, por lo que, si no obraba
en este, el tribunal debía decretar una prueba de oficio, toda vez que era a partir
de esa fecha de ejecutoria que se debía contar el término de caducidad.
Adicionalmente, solicitó que se aclarara la fecha en la que se profirió el auto que
admitió la demanda, toda vez que, después de declarar la nulidad de todo lo
actuado, el tribunal no profirió un nuevo auto admisorio de la demanda ni auto
que decretara pruebas, por lo que esa situación “generaría una nulidad
insaneable que deberá ser declarada de oficio” por el tribunal. El 21 de junio de
2013 el tribunal negó la solicitud de aclaración y adición de sentencia sin
pronunciarse sobre la nulidad.

27. El 9 de julio de 2013, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la Sentencia de primera instancia, el cual fue admitido por esta
Corporación mediante Auto de 19 de marzo de 2014 17. Posteriormente se corrió
traslado para alegar de conclusión, los cuales fueron presentados por el actor y
la Fiscalía General de la Nación18.

28. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que, en el presente caso,
se presentaron algunas irregularidades en el trámite de la primera instancia. En
efecto, luego de decretarse la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Único
Administrativo de Facatativá, si bien, el tribunal requirió al demandante y a otras
entidades con el fin de que aportaran documentos que consideraba necesarios
para admitir19, omitió pronunciarse sobre la admisión de la demanda y su
adición, así como también omitió vincular a las entidades demandadas. La parte
demandante y la Fiscalía General de la Nación guardaron silencio respecto de
estas actuaciones.

17 Folio 530 del cuaderno del Consejo de Estado.
18 Se advierte que la Fiscalía General de la Nación en sus alegatos de segunda instancia se opuso a la prosperidad del
recurso de apelación y negó su responsabilidad en la causación del daño alegado, pero no solicitó pruebas ni alegó
causales de nulidad. (folio 550 al 554 del cuaderno del Consejo de Estado).
19 Así se constata en la audiencia de reconstrucción de 20 de febrero de 2012, en la que ofició a la Procuraduría para

que expidiera la constancia sobre la conciliación prejudicial convocada por Norberto Romero Huertas ((folio 715 del
cuaderno del Tribunal No.3.). Además, en el Auto de 6 de junio de 2012 dispuso: “previo a admitir la demanda, encuentra
el despacho que el apoderado de la parte actora allegó escrito adjuntando radicado del oficio No. 2012 -LTC-0371 y
posteriormente el mismo apoderado allegó copia simple e ilegible de certificación expedida por la Procuraduría General
de la Nación.” En consecuencia, requirió nuevamente a la procuraduría encargada para que expidiera la constancia
solicitada. (folio 550 del cuaderno del Tribunal No.2).

6 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

29. Por otro lado, se tiene que, si bien el tribunal omitió abrir formalmente el
período probatorio, todas las pruebas solicitadas en la demanda fueron
recolectadas y la fiscalía no solicitó prueba alguna durante sus intervenciones en
el proceso. Así, al no haberse recurrido la decisión que declaró vencido el
período probatorio, este también quedó en firme.

30. Así las cosas, es claro que si bien, en el presente caso al no haberse
proferido auto admisorio de la demanda se configuró una irregularidad, esta se
tiene por saneada, habida cuenta de que no fue alegada oportunamente
como lo establece el parágrafo del artículo 133 del Código General del
Proceso20. En consecuencia, esta Sala tendrá como parte demandante,
únicamente a Norberto Romero Huertas, al no haberse admitido la adición de la
demanda de Héctor Rojas Rojas y su grupo familiar.

31. En relación con la parte demandada, solo se tendrá como tal a la Fiscalía
General de la Nación, toda vez que, si bien el tribunal declaró la nulidad de todo
lo actuado por el juzgado, lo que implicó que la notificación de la demanda a
la fiscalía también quedara sin efectos, esta entidad actuó dentro del proceso y
no dijo nada al respecto, ni tampoco impugnó las decisiones proferidas en el
curso del proceso o alegó alguna causal de nulidad prevista en el artículo 133
del Código General del Proceso.

32. Finalmente, se pone de presente que, no se estudiará la responsabilidad
de la Rama Judicial ni del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pues dentro del
proceso no obra constancia de que hayan sido vinculados al proceso a través
de la notificación de la demanda, ni actuaran dentro de este en ejercicio de sus
derechos de defensa y contradicción.

2.2. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

33. La Sentencia de primera instancia declaró la caducidad de la acción de
manera oficiosa. En esta instancia, la parte demandante solicitó se tuviera en
cuenta la constancia de ejecutoria de la providencia que finalizó el proceso
penal, por haberse surtido el trámite de casación y, a partir de ello, se estudiara
de fondo el asunto para acceder a la indemnización de los perjuicios solicitados
por la privación injusta de la libertad de Norberto Romero Huertas, con ocasión
de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra
por el delito de homicidio.

34. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo
privada de la libertad desde el 7 de marzo hasta el 20 de septiembre de 1996 y
del 31 de mayo de 2002 hasta el 3 de abril de 2003. Así se constata con la
constancia suscrita por el Director del Centro de Reclusión de la Policía

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los
20

mecanismos que este código establece.

7 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

Nacional21, la boleta de libertad No. 211 de 20 de septiembre de 1996 22 y la
boleta de libertad No.47 del 3 de abril de 200323. También está acreditado que
el proceso penal finalizó con sentencia absolutoria a su favor 24.

35. En el presente asunto se constató que, en contra del demandante se
decretaron 2 medidas de aseguramiento por los mismos hechos: la primera por
cuenta de la justicia penal militar y la segunda por cuenta de la Fiscalía General
de la Nación. No obstante, en el expediente no obran las resoluciones mediante
las cuales se resolvió la situación jurídica de Norberto Romero Huertas. Pese a
ello, está acreditado que el 31 de enero de 2001 se declaró la nulidad de todo
lo actuado por la justicia penal militar ante la falta de competencia 25, lo que
advertiría la ilegalidad de la primera medida de aseguramiento, al no haber sido
proferida por autoridad competente. Sin embargo, como el Ministerio de
Defensa-Policía Nacional no fue debidamente vinculado al proceso, esta Sala
solo se pronunciará respecto del segundo período de privación del
demandante, que tuvo inicio con la medida de aseguramiento impuesta por la
Fiscalía General de la Nación.

36. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal. En
efecto, la Sala advierte que la decisión que finalizó el proceso penal quedó
ejecutoriada el 2 de julio de 200826, y la demanda fue presentada el 1 de
octubre de 2006, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro
del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

37. Así las cosas, esta Subsección revocará la Sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación,
porque si bien en el expediente no obra la providencia que le impuso la medida
de aseguramiento al entonces procesado, lo que impide determinar si se
configuró una falla en el servicio, lo cierto es que Norberto Romero Huertas sufrió
un daño especial que no estaba en el deber jurídico de soportar. Por tanto, se
liquidarán los perjuicios de conformidad con los criterios desarrollados por esta
Sala de Subsección en casos similares y se ordenará restablecer el buen nombre
de la víctima directa.

38. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará
que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho
a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales se
causó un daño especial. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como
causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, imputará el daño a

21 Folio 711 del cuaderno del Tribunal No.3.
22 Folio 46 del cuaderno del Tribunal No.1.
23 Folio 51 del cuaderno del Tribunal No.1.
24 Folios 79 al 105 del cuaderno del Tribunal No.1.
25 Según el recuento de actuaciones procesales que obra en la sentencia de segunda instancia de 16 de septiembre de

2003. Folio 81 del cuaderno del Tribunal No.1.
26 Constancia de ejecutoria que obra a folio 669 del cuaderno del Tribunal No. 1. Es de anotar que en este caso se

presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, respecto de la condena impuesta a otros sujetos que
fueron procesados con el demandante.

8 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

la Fiscalía General de la Nación, liquidará la indemnización de los perjuicios y,
finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

2.3. Identificación del daño

39. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de
Norberto Romero Huertas, que se extendió desde el 31 de mayo de 2002 hasta
el 3 de abril de 2003 (10 meses y 4 días).

2.4. Análisis de la existencia de un daño especial

40. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 27, la Corte
Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la falla
en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en que
el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada 28.

41. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen los
administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban
en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho
que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de
estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de
sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de
tales derechos”.

42. A partir de dichas consideraciones y como lo ha definido la Sala en
pronunciamientos anteriores, el juez de la responsabilidad tiene el deber de
analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no conforme a derecho. Por
tanto, si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso
deberá abordarse bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el
juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado
bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la generalidad de
la población- y, por su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o
tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de imputación
denominado por la jurisprudencia como “daño especial”, debe considerarse que,
a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el derecho
a la indemnización.

27Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
28 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige
al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios
que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos
de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del
principio iura novit curia17, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el
régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.

9 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

43. En efecto, es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija daños a
particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad -frente a las cargas
públicas- y de equidad, que la persona no deba soportarlo, como en este caso
se predica respecto del demandante principal. Este análisis, como se mencionó,
resulta acorde con el mandato del artículo 90 de la Constitución Política y lo
establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 201829.

44. Resulta desproporcionada la privación de la libertad del procesado que fue
exonerado de toda responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la
comisión de un determinado comportamiento punible. Por ello, la afectación del
derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser
humano, no puede considerarse como una carga que deba soportar un
ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado que, al
mantenerse vigente su presunción de inocencia frente a los cargos que le fueron
imputados, no se justifica dicha restricción durante el tiempo que finalmente se
prolongó.

45. La Sala advierte que en el expediente no obra la resolución mediante la
cual se resolvió la situación jurídica de Norberto Romero Huertas. Del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio,
solo se aportaron los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la
jurisdicción ordinaria, por lo que no es posible realizar un análisis de la medida
de aseguramiento, con el fin de constatar si se profirió de manera legal o no. En
consecuencia, ante la posibilidad de que haya ocurrido un daño especial, se
analizará el caso bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

46. En la Sentencia de segunda instancia del proceso penal, proferida el 16 de
septiembre de 2003 por el Tribunal Superior de Cundinamarca30 se indicó que la
investigación penal en contra de Norberto Romero Huertas y otros procesados
inició por los siguientes hechos (se trascribe):

“el 5 de septiembre de 1992, en zona urbana del municipio de Cabrera, agentes
de la policía nacional sometieron a una requisa a varias personas que se
encontraban departiendo en una cancha de tejo, entre ellos, a Ciro…, a quien le
fue hallada una navaja y en razón a esto se le condujo hacia el Comando de
Policía. En el camino, el citado emprendió carrera hacia el río Sumapaz,
iniciándose una persecución en la que intervino una patrulla de cerca de seis
uniformados que dispararon en su contra, logrando capturarlo unos minutos más
tarde. [Ciro] fue esposado y permaneció en la orilla del río donde varias personas
pudieron observar que se encontraba fatigado y estaba herido en un brazo. A
continuación, los agentes Luis…, José y el cabo segundo Guillermo… lo trasladaron
en el campero de propiedad de éste último hacia el centro de salud a donde
llegó presentando no una sino varias heridas, unas de carácter mortal que
desencadenaron su muerte. Varios testigos lograron percatarse que el recorrido
del susodicho automotor no fue directo al puesto asistencial sino que siguió de
largo con sus ocupantes, regresando minutos más tarde.”.

29 Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 42.409,
Sentencia de 13 de febrero de 2020, Exp. 43.482, Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp: 51.049; Sentencia de 13 de
noviembre de 2020, Exp: 50.394; Sentencia de 6 de noviembre de 2020, Exp: 45.161, entre otras.
30 Folios 79 al 105 del cuaderno del Tribunal No.1.

10 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

47. El juez de primera instancia absolvió a Norberto Romero Huertas al
considerar que existía duda razonable a su favor31. Al respecto señaló (se
trascribe):

“… como se infiere de la anunciada absolución, el despacho no accede a la
solicitud del ente acusador, sobre la base que el expediente no muestra
mínimamente siquiera rastro, indicio, declaración, confesión, documento, etc, que
en grado de certeza señale que todos los agentes de policía o alguno de ellos
que intervinieron en la ilegal retención de CIRO ANTONIO, hayan ejecutado actos
de contribución…Ciertamente, no se vislumbra en el plenario la concurrencia de
voluntades o concertación de las mimas para ayudarle a AREVALO… y PRIETO a
ejecutar la conducta censurada, que más parece fue concebida y
perfeccionada, motu proprio por ellos, sin ayuda de ninguna clase por los restantes
acusados…”

48. En esta decisión se condenó a otros procesados, los cuales presentaron
recurso de apelación, sin embargo, la decisión fue confirmada por el superior.
Así las cosas, la Sala observa que en el proceso penal no se probó la
responsabilidad de Norberto Romero Huertas en los hechos investigados, razón
por la cual se profirió sentencia absolutoria a su favor. Sin embargo, por esa
circunstancia, la víctima directa estuvo recluida en un establecimiento
carcelario. Es decir, el Estado, con independencia de que su actuación fuere
legítima, rompió el principio de igualdad de las cargas públicas que debe
soportar todo ciudadano, al generársele al aquí demandante un daño anormal,
especial y grave.

49. En efecto, el entonces sindicado estuvo privado de la libertad debido a
una investigación penal en la que el Estado no pudo desvirtuar su presunción de
inocencia. Por lo que, en el presente asunto, la antijuridicidad del daño se deriva
de la imposibilidad que surgió dentro del proceso de justificar definitivamente la
restricción de su derecho a la libertad, lo que le generó un daño especial que
deberá ser indemnizado.

31 Folios 53 al 58 del cuaderno del Tribunal No.1.

11 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño

50. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de
la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de
privaciones injustas de la libertad. De las pruebas que obran en el expediente,
no se observa que el demandante principal hubiese desplegado ninguna
actuación de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del
daño.

51. Esta Subsección advierte que la actuación penal se adelantó primero ante
la Justicia Penal Militar y posteriormente ante la jurisdicción ordinaria. Debido a
que en el presente asunto la privación de la libertad primero estuvo a órdenes
de la Policía Nacional, y en jurisdicción ordinaria estuvo a órdenes de la Fiscalía
General de la Nación durante la etapa de investigación y se prolongó hasta la
etapa de juicio por la Rama Judicial, se advierte que en la causación del daño
participaron tanto la Policía Nacional, como la Fiscalía General de la Nación y
la Rama Judicial, no obstante, la Policía Nacional y la Rama Judicial no fueron
vinculadas al proceso como se explicó anteriormente.

52. Durante el trámite ante la jurisdicción ordinaria, el proceso se desarrolló bajo
el régimen previsto por la Ley 600 de 2000, según el cual, la etapa de instrucción
estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a partir de “la ejecutoria
de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren
competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la
Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal”.

53. Por tanto, el daño se le atribuirá a la Fiscalía General de la Nación solo en
una proporción equivalente al tiempo que la víctima directa estuvo privada de
la libertad por cuenta de esta entidad. Es decir, desde el 31 de mayo de 2002,
fecha en la que el demandante fue privado de su libertad, hasta el 28 de agosto
del mismo año, fecha en la cual debió quedar ejecutoriada la resolución de
acusación32. El anterior período equivale a 2 meses y 29 días del tiempo total
durante el cual se mantuvo la privación de su libertad.

2.6. Liquidación de perjuicios

32 En el fallo absolutorio se indicó que la resolución de acusación fue confirmada el 28 de agosto de 2002 por la Fiscalía
Delegada de segunda instancia. El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 prevé que “[l]a que decide los recursos de
apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, (…) quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por
el funcionario correspondiente”. Lo anterior, en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C-641 de 2002,
que declaró la exequibilidad condicionada de dicha disposición, según la cual “es pertinente concluir que la norma es
constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas
el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es
indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el
cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias
y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación”. Por tanto, habida cuenta de que una
decisión judicial resuelve de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con
independencia de sus efectos jurídicos, por ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se entiende
que, en este caso, la resolución de acusación cobró ejecutoria en la fecha en que la fiscalía delegada ante el tribunal
confirmó esa decisión.

12 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

2.6.1. Perjuicios inmateriales

54. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda privación
de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de
angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales son presumibles
respecto a la persona que sufre la detención, así como también respecto a su
núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias generalizadas en
nuestro entorno.

55. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021 33, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la víctima
directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su cónyuge o
compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad, con la prueba de tal condición. Para las demás víctimas
indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser apreciada como indicio
de la existencia de relaciones estrechas con el detenido, los perjuicios morales
deben ser acreditados con otros medios de prueba.

56. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la indemnización,
según el tiempo de privación de la libertad del afectado directo. Así, si la
privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, se debe
indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De ahí en adelante, por
cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de 5 SMLMV, y por cada día
adicional al último mes transcurrido se debe sumar una fracción equivalente a
0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre los 30 días que
generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta llegar a un tope de 100 SMLMV,
correspondiente a las privaciones de la libertad con una duración igual o mayor
a 20 meses. Con todo, la providencia contempla la posibilidad de superar dichos
topes en casos en los que se demuestre una gravedad e intensidad excepcional
en el perjuicio sufrido por las víctimas, sin embargo, esa indemnización no podrá
superar en ningún caso el monto de 300 SMLMV para la víctima directa.

57. Asimismo, se explicó que la indemnización no debía ser igual para todos los
demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado de la libertad
tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus familiares. Por tal
motivo, se planteó que para los parientes en el primer grado de consanguinidad
del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente el tope
de indemnización es de 50% de lo que le corresponda a la víctima directa. Y
para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el tope
máximo es del treinta por ciento 30% de lo que le corresponda a la víctima
directa.

33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2021,
exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).

13 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

58. Por último, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir de la
ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas para el
reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata. Sin embargo,
en las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 34 hasta la fecha
de expedición de la Sentencia de unificación, en las cuales no se solicitaron
pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado
de consanguinidad, sobre quienes no existe una presunción, fundándose en la
jurisprudencia existente en ese momento, el juez puede hacer uso de las
facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido
proceso.

59. Además, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013, al
no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el
reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de
unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en relación
con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de
calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado que sobre ese
aspecto no puede considerarse que exista una expectativa legítima de un
derecho.

60. Así las cosas, la Sala procede a liquidar los montos a reconocer por este
concepto. Debido a que no se desvirtuó la presunción de perjuicios morales
sufridos por Norberto Romero Huertas, con ocasión de la privación de su libertad,
ocurrida desde el 31 de mayo hasta el 28 de agosto de 2002, se concederá la
suma de 14,81 SMLMV a su favor.

61. Por otra parte, la Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre
de la víctima directa. En efecto, el ejercicio del poder punitivo del Estado se
sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque
presume su corrección. De manera que, una decisión de este tipo, en ausencia
de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva
necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como
ocurrió en el presente asunto.

62. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al buen
nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la reputación, o
el concepto que de la persona tenían los demás ”35, un deterioro de la apreciación
que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro
de la sociedad36. Este asunto, ha sido considerado en la jurisprudencia un “factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por

34 Es decir, a partir de la expedición de la anterior sentencia de unificación que estableció los criterios para reconocer
una indemnización por perjuicio moral, en la cual, la prueba del parentesco del demandante con la víctima directa de
la privación injusta de la libertad se consideraba prueba suficiente para acceder al reconocimiento del perjuicio.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.

14 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

el Estado, como por la sociedad”37. De ahí la gravedad del perjuicio que debe
repararse con ocasión de la afectación al buen nombre del demandante
principal.

63. Además, la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al
buen nombre de la víctima directa es una expresión propia de la justicia
restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las
cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar
sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, en este caso, procede la reparación, en
los mismos términos, de los derechos vulnerados 38.

64. Así las cosas, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpe con Norberto Romero Huertas por el perjuicio
causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales debe concertarse con la víctima, dicho demandante deberá informar
a esa entidad, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
ese documento solamente le será entregado en físico o si, además, desea que
se publique en las plataformas de comunicación y difusión de la Fiscalía General
de la Nación, por lo que así procederá esta entidad una vez tenga conocimiento
de esa decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se
entenderá que la víctima directa opta porque las disculpas se expresen de forma
privada y así se cumplirá de manera inmediata.

2.6.2. Perjuicios materiales

65. A título de daño emergente, la parte actora solicitó la suma de 38 SMLMV
que, según afirmó, tuvo que pagar por concepto de honorarios profesionales a
los abogados que intervinieron en defensa del entonces sindicado dentro del
proceso penal. En la Sentencia de 18 de julio de 201939, la Sala Plena de la
Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio, los
siguientes: 1) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y 2) la
factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la
prueba de su pago. Como no se aportaron al expediente las facturas o
documentos equivalentes en los términos previstos por la sentencia de
unificación señalada, al igual que en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario,
no se reconocerá monto alguno por ese concepto.

37 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
38 Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia rogada, este
ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado,
en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo,
en Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del aparte demandado del numeral 4 del
artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), relativo al contenido de la demanda, “bajo la
condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de
aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con
el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte
incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la
Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-
234 de 2017.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp.

44572.

15 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

66. A título de lucro cesante se solicitó la suma de 121.78 SMLMV que, a juicio
de la parte demandante, correspondía a los salarios que dejó de percibir
cuando estuvo privada de su libertad. Está acreditado que, para el momento de
la detención, Norberto Romero Huertas se desempeñaba como agente de la
Policía Nacional. Sobre ese asunto, esta Corporación ha sido constante en
sostener que, la medida de suspensión en el cargo de un empleado público, en
virtud de una orden judicial proferida en una investigación, no extingue el vínculo
laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la
absolución del investigado, es procedente el reintegro del empleado, lo cual
implica tanto su reincorporación al cargo, como el pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo suspendido40.

67. Por lo que, en ese supuesto, le correspondería al empleador pagar dichos
montos y, ante su negativa, el demandante debía impugnar el acto
administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos laborales, no
siendo procedente esta acción para el pago de esas sumas, razón por la cual se
negará la indemnización solicitada por este concepto.

2.7. Costas

68. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 8 de marzo de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable
por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación
injusta de la libertad de Norberto Romero Huertas, por el período comprendido
entre el 31 de mayo y el 28 de agosto de 2002.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por

40Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo
de 2017, Exp. 68001-23-31-000-2003-00850-01(42877); asimismo, Sentencia de 23 de octubre de 2017, Exp. 15001-23-31-000-
2005-03247-01(53945), Sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2005-11779-01(48773).

16 de 17

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02616-01 (48.670)
Actor: Norberto Romero Huertas y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca la decisión

concepto de perjuicios morales a favor de Norberto Romero Huertas, la suma de
14,81 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas a Norberto Romero Huertas por la
afectación de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en esta
decisión.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: NO CONDENAR en costas.

SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos
176 y 177 del C.C.A.

OCTAVO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la
sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del
Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá
lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.

NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 de 17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.