Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00322-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00322-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2008-00322-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: SERVICIOS FLUVIALES LTDA. Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RECURSO DE APELACIÓN – falta de carga argumentativa del recurso
respecto de lo decidido frente al Consorcio Canal del Río – el deber de sustentación
no se satisface con afirmaciones genéricas, es necesario que se confronte la razón
que soporta la decisión que se impugna / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA
CAUSA POR PASIVA - alude a la aptitud que debe reunir la persona contra quien
se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el
demandante esgrime en su contra / la Nación – Ministerio de Transporte – no está
llamado a responder por las pretensiones objeto de controversia / DAÑOS
CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – resulta aplicable el
régimen subjetivo de responsabilidad de la falla en el servicio cuando el afectado
se expuso voluntariamente al riesgo / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA
OMISIÓN EN LOS DEBERES RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA Y
CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - no se probó la omisión atribuida
al INVIAS ni su real capacidad de proyectarse como elemento propiciador de la
conducta causante del daño.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 16 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró inhibido para fallar de
fondo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora pretende la indemnización de los perjuicios derivados de una mala
operación de carga y estiba en el artefacto naval “El Rey I”, al ser empleado en el
transporte de rocas para la ejecución del contrato de obra pública No. 811 de 2005,
sin que mediara consentimiento por parte de su propietario.
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 1º de julio de 20081, la sociedad Servicios Fluviales Ltda. y los señores José
Uberney Quintero Castaño (representante legal y socio), Virginia María Mieles
Montes (socia), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos
menores Karen Johanna, Daniela Estefanía y José Uberney Quintero Mieles y los
señores Jorge Arturo Bustos Mieles, Sandra Milena Quintero Montenegro y Howard
Luis Quintero Mieles (hijos), presentaron demanda de reparación directa,
subsanada el 5 de julio siguiente2, contra la Nación – Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS o el Instituto) y el Consorcio Canal
del Río, integrado por: Conalvias S.A., Ingeniería Ambiental de Colombia Inacol
Ltda. y Proyectos y Construcciones de Colombia Proycol Ltda., con el fin de que se
les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados del
quebrantamiento de la estructura física de la barcaza “El Rey I” producido por “una
mala operación de carga y estiba” en el transporte de rocas, durante la ejecución
del contrato de obra pública No. 811 de 2005.
Por lo anterior, solicitaron como indemnización de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente, la suma mensual de $25’000.000 por el
arrendamiento de la barcaza “El Rey I”; asimismo, pidieron la suma equivalente a
500 SMLMV por perjuicios morales, para la sociedad Servicios Fluviales Ltda. y los
demás demandantes.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se narró que en el marco del contrato
de obra pública No. 811 de 2005 celebrado entre el Consorcio Canal del Río y la
“Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías”, cuyo objeto era la
ejecución de las obras de profundización del canal de acceso al puerto de
Barranquilla, se solicitó a la Sociedad Servicios Fluviales Ltda. el arrendamiento de
la barcaza “El Rey I” a cambio de un canon mensual de $25’000.000, durante el
término de un año.
Con el propósito de celebrar el contrato de arrendamiento, el 26 de julio de 2006, la
sociedad Servicios Fluviales Ltda., por solicitud del contratista, trasladó la barcaza
“El Rey I” a las instalaciones del Consorcio Canal del Río ubicadas en el antiguo
campamento de Las Flores, con el fin de que se inspeccionara su estado de
1
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 1 – 15.
2
Mediante auto del 11 de julio de 2008, el Tribunal Administrativo del Atlántico inadmitió la demanda,
con el fin de que precisara la cuantía de las pretensiones. Samai: Expediente digital, archivo
“05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 3 – 7. El memorial de subsanación obra en los folios 9 a 15
del archivo digital “05ExpedienteDigitalParteNo5”.
2
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
conservación, capacidad de carga y condiciones de uso, diligencia que se realizó el
29 de julio siguiente.
Sin que se hubiera perfeccionado el contrato de arrendamiento, el 3 de agosto de
2006, en horas de la noche, en forma abusiva y sin mediar consentimiento de la
sociedad Servicios Fluviales Ltda., se realizaron dos viajes de carga de piedra en la
barcaza “El Rey I” para la ejecución del referido contrato de obra pública,
desatendiendo las normas técnicas para la carga en cubierta en ese tipo de
embarcaciones, lo que produjo graves daños y ruptura de su estructura física,
debido a una mala operación de carga y estiba.
Con ocasión de los hechos señalados, el 18 de abril de 20063, la Dirección General
Marítima - Capitanía de Puerto de Barranquilla, inició de manera oficiosa una
investigación para establecer la responsabilidad por posible violación a las normas
de la marina mercante4; asimismo, el 3 de agosto de 2007, el señor José Uberney
Quintero Castaño, en su calidad de representante legal de la sociedad Servicios
Fluviales Ltda., denunció penalmente a los miembros del consorcio por el presunto
delito de daño en bien ajeno5.
La parte actora aduce que las entidades demandadas son responsables bajo el
régimen objetivo de responsabilidad del daño causado por la operación u orden
administrativa consistente en la utilización del artefacto naval “El Rey I” por parte
del Consorcio Canal del Río, por cuanto: (i) solicitaron el arrendamiento de la
barcaza, (ii) omitieron legalizar el contrato de arrendamiento, (iii) emplearon la
barcaza para el transporte de rocas sin que mediara contrato o permiso expreso, y
además, (iv) “los servidores públicos [tampoco] previeron ni tomaron las medidas
de seguridad pertinentes, pese a existir la recepción del artefacto naval”.
Concluyeron que dicha operación administrativa lesionó gravemente el patrimonio
de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. y el desarrollo de sus actividades
3
Samai: Expediente digital, archivo “02ExpedienteDigitalParteNo2”, pág. 14 - 15.
4
Mediante la Resolución No. 0002 CP3-ASJUR-2008 del 26 de febrero de 2008, la Dirección
General Marítima - Capitanía de Puerto de Barranquilla declaró responsables solidariamente al
Consorcio Canal del Río en su condición de operador y a Servicios Fluviales Ltda. en su condición
de propietaria del artefacto naval “El Rey I”, por destinarlo y operarlo en una actividad de carga sin
contar con el certificado de francobordo, el cual debía ser solicitado por el propietario o armador de
la mencionada barcaza (artículo 6, Resolución 0518 de 2000 expedida por la DIMAR). En
consecuencia, les impuso la sanción solidaria de multa equivalente a 80 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Ver: Samai: Expediente digital, archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”,
págs. 106 - 121.
5
El 28 de septiembre de 2007, la Fiscalía 15 Delegada ante los jueces penales municipales de
Barranquilla abrió la investigación penal y el 17 de octubre siguiente, admitió la demanda de
constitución de parte civil elevada por el denunciante. Ver: Samai: Expediente digital, archivo
“01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225 y 229, y archivo “02ExpedienteDigitalParteNo2”,
págs. 12 y 13.
3
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
comerciales, pues, para el momento de los hechos la barcaza se encontraba en
buenas condiciones generales para operar bajo un buen direccionamiento.
2. El trámite de primera instancia
2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto del 9 de septiembre de 2008
admitió la demanda6. Notificado en debida forma el auto admisorio7, las
demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa:
2.1.1. El Ministerio de Transporte contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. En síntesis, señaló que no tenía responsabilidad alguna frente al
daño reclamado, puesto que carecía de competencia para efectuar la operación
administrativa reprochada, no utilizó el artefacto naval “El Rey I” y tampoco participó
en la ejecución de las obras de profundización del canal de acceso al puerto de
Barranquilla. En consecuencia, formuló las excepciones de “falta de legitimación en
la causa por pasiva” e “inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del
Ministerio de Transporte para responder por los hechos y pretensiones de la
demanda”8.
2.1.2. El Consorcio Canal del Río, integrado por las sociedades Conalvias S.A.,
Ingeniería Ambiental de Colombia Inacol Ltda., Proyectos y Construcciones de
Colombia Proycol Ltda., representadas por curador ad litem, contestaron la
demanda para afirmar que se acogen a lo que se logre probar en el trámite del
proceso9.
2.2. En proveído del 23 de noviembre de 2016, el Tribunal prescindió del período
probatorio y dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente10.
6
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 18 – 19.
7
De acuerdo con las constancias de notificación obrantes a folios 20 – 25 y 110 del archivo digital
“05ExpedienteDigitalParteNo5”. Adicionalmente, se advierte que: (i) mediante auto del 3 de
diciembre de 2014, adicionado el 13 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico
ordenó emplazar por edicto a los representantes legales de las empresas Conalvías S.A., Ingeniería
Ambiental de Colombia Inacol Ltda. y Construcciones y Proyectos de Colombia – Proycol Ltda., ante
la imposibilidad de citarlas a la diligencia de notificación personal en las direcciones suministradas
en la demanda, razón por la que finalmente se designó curador ad litem para que representara sus
intereses dentro del proceso. Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”,
págs. 51 –52, 56, 57, 89; (ii) mediante auto del 8 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró la falta de integración del litisconsorcio necesario respecto del Instituto Nacional
de Vías, para lo cual ordenó su notificación personal. Samai: Expediente digital, archivo
“05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 107 - 109.
8
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 27 – 30.
9
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 90 - 91.
10
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, pág. 93.
4
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
2.3. Mediante auto de 8 de noviembre de 2016, el Tribunal decretó la falta de
integración del litisconsorcio necesario respecto del INVIAS, ordenando su
notificación personal y la suspensión del proceso.
2.3.1. En esa oportunidad, el INVIAS contestó la demanda. Indicó que la
controversia planteada en la demanda se refería a un acto precontractual entre
Servicios Fluviales Ltda. y el Consorcio Canal del Río, en el que no tuvo
participación, puesto que no autorizó ni avaló el traslado de la barcaza a las
instalaciones del consorcio; al lado de lo cual, tampoco le asistía responsabilidad
puesto que en el contrato de obra pública que celebró con el referido consorcio se
incluyó una cláusula de indemnidad, mediante la cual se obligaba a mantenerlo libre
de toda reclamación que tuviera origen en las actuaciones del contratista a través
de las cuales se causaran daños a terceros.
De igual manera, sostuvo que según el informe de inspección de la barcaza “El Rey
I” elaborado por el perito naval CN(r) Mauricio Bejarano Urrego, la embarcación
tenía fallas que impedían conocer su capacidad real de carga; además, tampoco
se había demostrado que hubiera sido utilizada para el transporte de material en el
marco del contrato de obra pública.
Finalmente, propuso las excepciones de “no haberse agotado el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial con el Instituto Nacional de Vías”; y
“falta de jurisdicción y competencia para conocer de un caso en que solo se
vincularon particulares”11.
2.4. Luego de sanear el proceso, en proveído del 25 de abril de 2018, el Tribunal
corrió nuevamente traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto12.
En esa etapa procesal, la parte actora insistió en la responsabilidad de las entidades
accionadas, por cuanto el artefacto naval se encontraba bajo su custodia. Asimismo,
precisó que se incumplió con el deber de perfeccionar el contrato de arrendamiento
de la barcaza el 3 de agosto de 2006 y que para el momento de presentación de la
demanda no era obligatorio el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial13; de otro lado, el Ministerio de Transporte reiteró los
argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda14. El INVIAS y el
Ministerio Público guardaron silencio.
11
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 112 – 119.
12
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, pág. 133.
13
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 95 – 98, 134 – 140.
14
Samai: Expediente digital, archivo “05ExpedienteDigitalParteNo5”, págs. 141 – 147.
5
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico encontró probadas las excepciones de: (i)
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación- Ministerio de Transporte
y del Instituto Nacional de Vías; y (ii) falta de jurisdicción e indebida acumulación
objetiva de pretensiones en relación con las pretensiones dirigidas en contra del
Consorcio Canal del Río; en consecuencia, se declaró inhibido para conocer sobre
este asunto. Así lo consignó en la parte resolutiva:
PRIMERO. - DECLARAR PROBADA la excepción de "Falta de legitimación en
la causa por pasiva" propuesta por las demandadas "NACIÓN - Ministerio de
Transporte - Instituto Nacional de Vías INVIAS", de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLARAR PROBADA la excepción de oficio "Falta de
jurisdicción" e "Indebida acumulación objetiva de pretensiones", para estudiar
la controversia suscitada entre la sociedad Servicios Fluviales Ltda. en contra
del Consorcio Canal del Rio (integrado por: CONALVIAS S.A, INACOL Ltda.,
PROYCOL Ltda.); de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración, INHIBIRSE de
proferir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, en relación con las
pretensiones de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. dirigidas contra Consorcio
Canal del Rio (integrado por: CONALVIAS S.A; INACOL LTDA; PROYCOL
Ltda.), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
CUARTO. - Ejecutoriada esta sentencia archívese el proceso.
Como fundamento de la decisión, en primer lugar, consideró que las entidades
demandadas carecían de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto sus
funciones descritas en los Decretos 2053 y 2056 de 2003 no se relacionaban con
las pretensiones de la demanda y, menos aún, con el desarrollo de la fase
precontractual del “contrato de arrendamiento de un bien mueble con fines de
transporte por cuenta del Consorcio Canal del Río de fecha tres (3) de agosto de
dos mil seis (2006) - nave CP-03-0035AN, El Rey I”.
De igual manera, señaló que la jurisdicción contencioso administrativa carecía de
jurisdicción para resolver la litis suscitada entre Servicios Fluviales Ltda. y el
Consorcio Canal del Río por el uso de la nave fluvial “El Rey I”, por estimar que
aquella correspondía a la Dirección General Marítima y Portuaria - DIMAR, en razón
a las funciones judiciales que le fueron asignadas por el ordenamiento jurídico.
Sobre este aspecto, sostuvo que si bien esta Corporación en sentencia del 9 de
diciembre de 2013, proferida en el expediente 47.130 con ponencia del Consejero
Mauricio Fajardo Gómez, indicó que “los asuntos de responsabilidad
extracontractual del Estado derivados de asuntos marítimos no se encuentran
6
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
excluidos de la jurisdicción contencioso administrativa”; tal precedente no era
oponible al presente asunto por cuanto fue emitido con posterioridad a la
celebración del contrato de arrendamiento; y además, a partir de la cláusula
compromisoria pactada en el proyecto del contrato de arrendamiento acordado en
la fase precontractual, la competencia para dirimir el conflicto correspondía al
“Tribunal de Arbitramento – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Barranquilla”.
En línea con lo anterior, agregó que no era procedente remitir el proceso a la
jurisdicción arbitral en virtud de lo normado en el artículo 143 del CCA, debido a que
no era competente para conocer de la pretensión elevada contra las entidades
estatales, además, escindir las pretensiones formuladas en contra de aquellas y el
consorcio demandado transgredía el principio de unidad procesal, lo cual,
evidenciaba una indebida acumulación objetiva de pretensiones, en los términos del
artículo 82 del CPC. En consecuencia, se inhibió de proferir pronunciamiento sobre
el fondo del asunto en relación con la imputación formulada en contra del Consorcio
Canal del Río15.
4. Recurso de apelación
La parte actora cuestionó la decisión del a quo, por considerar que debió proferir
una decisión de fondo, toda vez que la Nación – Ministerio de Transporte y el
INVIAS estaban relacionados e involucrados con los hechos y pretensiones de la
demanda.
Al respecto, manifestó que si bien era cierto que las entidades públicas
demandadas no contrataron directamente con la sociedad Servicios Fluviales Ltda.
el arrendamiento de la barcaza “El Rey I”, también lo era que no eran ajenas a la
relación contractual, por cuanto el interventor del INVIAS tenía pleno conocimiento
de la falta de algunos requisitos para la legalización de dicho contrato de
arrendamiento, sin perjuicio de lo cual solicitó y permitió la utilización de la misma,
por el retraso que se venía presentando en la ejecución del contrato de obra pública
No. 811 de 2005.
Precisó que aun cuando el Consorcio Canal del Río estaba integrado por
particulares - Conalvias S.A., Ingeniería Ambiental de Colombia Inacol Ltda. y
Proyectos y Construcciones de Colombia Proycol Ltda.-; lo concreto era que estos
se encontraban ejecutando un contrato de obra pública celebrado con la “Nación –
15
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 2 – 35.
7
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías”, de modo que, tales
autoridades debieron ejercer vigilancia y control sobre la subcontratación realizada
por el consorcio con Servicios Fluviales Ltda., lo cual no aconteció por cuanto la
barcaza “El Rey I” fue utilizada en horas de la noche, de forma abusiva y sin el
personal calificado, con el pleno conocimiento de los interventores del INVIAS,
quienes no impidieron su uso, pese a que faltaban algunos requisitos para la
legalización del contrato de arrendamiento y que Servicios Fluviales Ltda. no había
otorgado autorización.
En último término, adujo estar en desacuerdo con la declaración de la falta de
jurisdicción e indebida acumulación objetiva de pretensiones declarada por el
fallador de primera instancia y que se debía definir la competencia para dirimir la
controversia entre el Consorcio Canal del Río y Servicios Fluviales Ltda., por
cuanto, “como se ha venido sosteniendo desde la presentación de la demanda el
Consorcio Canal del Río, (integrado por: Conalvias S.A.; Inacol Ltda; Proyectos y
Construcciones de Colombia Proycol Ltda.) si bien es cierto son particulares, que
se encontraban adelantando un contrato con la Nación – Ministerio de Transporte
– Instituto Nacional de Vías – INVIAS, este a su vez debió ejercer vigilancia y control
sobre la subcontratación realizada con mi representada Servicios Fluviales Ltda.
Cosa que no sucedió porque la barcaza “El Rey I” fue utilizada con el pleno
conocimiento de INVIAS que al contrato faltaban algunos requisitos para la
legalización sin embargo no se ejerció control por parte del Estado en una obra de
infraestructura de su competencia lo que implica una clara negligencia que
ocasionó como resultado el detrimento patrimonial de mis representados”16.
El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 6 de
febrero de 201917 y remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio
del 16 de septiembre siguiente18.
El 25 de octubre de 2019, esta Corporación regresó el proceso al Tribunal
Administrativo del Atlántico para que corrigiera los yerros presentes en el auto que
concedió el recurso de apelación19, razón por la cual, el 5 de febrero de 2020, el
Tribunal a quo avocó nuevamente el conocimiento del asunto20.
16
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 37 – 41.
17
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 44 – 46.
18
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, pág. 47.
19
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 57 - 58.
20
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 62 - 63.
8
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Tras dejar sin efecto la decisión del 6 de febrero de 2019, el Tribunal concedió el
recurso de apelación el 20 de octubre de 202121 y el 4 de noviembre siguiente, lo
remitió nuevamente al Consejo de Estado para la continuación del trámite22.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En proveído del 24 de noviembre de 2021, esta Corporación admitió el recurso
de apelación23 y, el 6 de octubre de 2022 corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera
concepto24.
5.1.1. El INVIAS alegó la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación respecto de las entidades públicas demandadas, resaltando que la
parte actora acudió a la Cámara de Comercio donde convocó únicamente a los
integrantes del Consorcio Canal del Río, de manera que, la jurisdicción contencioso
administrativa no fuera la llamada a conocer del presente proceso25.
5.1.2. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación,
insistiendo en la responsabilidad de la pasiva por la omisión de velar por el
cumplimiento de todos los requisitos precontractuales y contractuales del contrato
de obra pública No. 811 de 200526.
5.1.3. El Ministerio Público emitió concepto y solicitó que se confirmara la sentencia
apelada, por considerar que las entidades públicas vinculadas carecen de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no tienen obligaciones respecto
de la fase precontractual del contrato de arrendamiento de la barcaza “El Rey I”
suscrito entre el Consorcio Canal del Río y la sociedad Servicios Fluviales Ltda.
Asimismo, advirtió que el mencionado contrato ostenta una cláusula compromisoria,
por lo que el conocimiento de las controversias derivadas de aquél corresponde al
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla27.
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
Para determinar los asuntos que se deben resolver en esta instancia, la Sala
considera pertinente detenerse en el análisis de lo que expresó la parte demandante
21
Samai: Expediente digital, archivo “06ExpedienteDigitalParteNo6”, págs. 64 - 66.
22
Índice 7 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
23
Índice 10 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
24
Índice 25 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
25
Índice 29 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
26
Índice 30 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
27
Índice 32 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
9
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
en su recurso de apelación frente a las razones que fundaron la decisión que
cuestiona, para establecer si, en efecto, esgrime razones de inconformidad que
ataquen la totalidad de los argumentos que expuso el a quo para negar las
pretensiones de la demanda, en la medida en que la competencia de la Subsección
no es plena, sino que se circunscribe a ello28.
La Sala parte por señalar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades 29, que el
recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se
dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad
generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir el
trámite acontecido en primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la
doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las
decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.
Revisado el recurso de apelación, se encuentra que, a pesar de que formalmente el
actor impugnó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que se declaró
inhibido de proferir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por encontrar
probadas las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación- Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías; y (ii) falta de
jurisdicción e indebida acumulación objetiva de pretensiones en relación con la
imputación formulada en contra del Consorcio Canal del Río; lo cierto es que,
respecto de lo que decidió el a quo en relación con este último aspecto -falta de
jurisdicción e indebida acumulación objetiva de pretensiones-, materialmente no
puede deducirse un planteamiento destinado a confrontar los razonamientos que se
expusieron como fundamento de la conclusión a la que arribó el Tribunal, en tanto
lo consignado en el escrito frente a esa específica materia se limita a afirmar su
desacuerdo, sin confrontar el cimiento de la decisión de la sentencia que se recurre.
Obsérvese que el a quo coligió que esta jurisdicción no era competente para
resolver la litis suscitada entre Servicios Fluviales Ltda. y el Consorcio Canal del
Río, por estimar que aquella correspondía a la DIMAR y al Tribunal de Arbitramento
– Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla,
junto a lo cual tampoco podía remitirse el asunto a la jurisdicción arbitral, dado que
escindir las pretensiones formuladas en contra del Estado y los particulares
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
29
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección:
sentencia del 11 de mayo de 2022, exp. 54.452, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 53.800,
sentencias del 6 de julio de 2022, exps. 44.707, 54.666 y 56.581, sentencia del 16 de diciembre de
2020, exp. 46.542, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 31.469 y sentencia del 4 de marzo de
2022, exp. 53.376.
10
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
transgredía el principio de unidad procesal, lo cual, evidenciaba una indebida
acumulación objetiva de pretensiones.
No obstante lo anterior, en el recurso de apelación no se observa argumento
encaminado a desvirtuar el fundamento y las conclusiones del Tribunal, pues el
recurrente se limitó a afirmar su desacuerdo con la decisión y a reiterar los
argumentos esgrimidos respecto de la legitimación en la causa de la Nación-
Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías en el presente asunto, sin
invocar razones que permitieran desvirtuar que el conocimiento de la controversia
pertenecía a otra jurisdicción.
Por lo expuesto, no siendo posible extractar del escrito del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora una razón o motivo de inconformidad que
controvierta la tesis del a quo frente a lo decidido en relación con la falta de
jurisdicción e indebida acumulación objetiva de pretensiones y dado que la Sala no
está llamada a suplir esta carga que corresponde de manera exclusiva al
recurrente, resulta forzoso concluir que los fundamentos de la sentencia impugnada
quedaron incólumes, libres de cualquier censura o confrontación y, por tanto, se
impone confirmar, en este aspecto, la providencia recurrida por carencia de objeto
de la alzada. En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento alguno en relación
con la responsabilidad imputada al Consorcio Canal del Río, integrado por:
Conalvias S.A., Ingeniería Ambiental de Colombia Inacol Ltda. y Proyectos y
Construcciones de Colombia Proycol Ltda.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer de la imputación formulada en contra de las
entidades públicas demandadas, en razón del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con el artículo
129 del C.C.A., por tratarse de una controversia originada en una supuesta omisión
de la administración y de un proceso de doble instancia debido a la cuantía, dado
que las pretensiones exceden la suma de 500 smlmv a la fecha de la presentación
de la demanda.
3. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
11
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación
permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
Puntualmente, en los casos en los que la acción de reparación directa -como el
presente- se fundamenta en una omisión de la administración, esta Corporación ha
explicado que el término de caducidad debe computarse “desde el momento en que
se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la
producción del daño, pues en caso contrario, el término deberá contarse a partir de
dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera
condición para la procedencia de la acción reparatoria. Aunque la omisión se
mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de
manera indeterminada, porque la misma ley ha previsto que es de dos años
contados a partir de la omisión”30.
Se señala en la demanda que las entidades públicas son responsables del daño
consistente en la ruptura de la estructura física de la barcaza “El Rey I” ocasionada
por una mala operación de carga y estiba en el transporte de rocas dispuesto para
la ejecución del contrato de obra pública No. 811 de 2005, por cuanto omitieron
adoptar medidas para procurar la legalización del contrato de arrendamiento de la
barcaza y tampoco “previeron ni tomaron las medidas de seguridad pertinentes,
pese a existir la recepción del artefacto naval” y haber solicitado su arrendamiento.
Revisado el material probatorio allegado al plenario, la Sala observa que si bien el
26 de julio de 2006, la barcaza “El Rey I” fue trasladada a las instalaciones del
Consorcio Canal del Río31 y el 3 de agosto siguiente fue cargada con 374 toneladas
en el marco de las obras de profundización del canal de acceso al puerto de
Barranquilla32; lo cierto es que los daños ocasionados a la estructura de dicho
artefacto naval fueron comunicados a la sociedad Servicios Fluviales Ltda. el 4 de
agosto del mismo año33, de modo que, será desde el día siguiente a esta última
fecha que se compute el término de caducidad, pues, a partir de ese momento la
parte actora tuvo conocimiento del daño deprecado.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2004, exp. 25.854, C.P. Dr.
Ricardo Hoyos Duque, reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 34.121, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
31
Según se desprende de la declaración rendida por el señor César Jaramillo Gutiérrez… y de la
denuncia presentada el 3 de agosto de 2006 por el representante legal de la sociedad Servicios
Fluviales Ltda. en contra de los miembros del Consorcio Canal del Río. Samai: Expediente digital,
archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225.
32
Como se desprende de la comunicación CSA-613-1340-007 del 29 de enero de 2007, remitida
por el Consorcio Canal del Río al Capitán de Puerto de Barranquilla. Samai: Expediente digital,
archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 65.
33
Si bien no obra la comunicación en el expediente, dicho hecho se desprende de la denuncia
presentada por el representante legal de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. el 3 de agosto de
2006. Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225
12
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
En esa medida, se tiene que el plazo para demandar a través de la acción de
reparación directa vencía el 5 de agosto de 2008 y como la demanda se presentó
el 1º de julio anterior, se concluye que la acción se ejerció de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
La sociedad Servicios Fluviales Ltda. se encuentra legitimada en la causa por
activa, en su calidad de propietaria del artefacto naval “El Rey I”, tal como consta
en el certificado de registro de artefactos navales expedido por la Capitanía de
Puerto de Barranquilla, de conformidad con la escritura pública No. 0901 de 31 de
marzo de 2006 de la Notaría Séptima de Barranquilla34. Es cierto que en el
expediente obra la escritura pública No. 0852 de 17 de mayo de 2008 mediante la
cual Servicios Fluviales Ltda. vendió el artefacto naval “El Rey I” a la sociedad
Colombiana de Petróleos S.A. – Colpetroleo S.A.-, pero ello ocurrió después de los
hechos objeto de esta demanda35.
En cuanto a los señores José Uberney Quintero Castaño y Virginia María Mieles
Montes, quienes demostraron ser socios de la sociedad demandante36, como obra
en el certificado de existencia y representación legal de la empresa 37, y sus hijos
Karen Johanna, Daniela Estefanía y José Uberney Quintero Mieles y Jorge Arturo
Bustos Mieles, Sandra Milena Quintero Montenegro y Howard Luis Quintero Mieles,
cuyo parentesco se encuentra acreditado con los registros civiles de nacimiento
aportados al expediente38, la Sala estima que no están facultados para comparecer
como demandantes y solicitar la reparación de los perjuicios materiales y morales
derivados de la afectación estructural del artefacto naval “El Rey I”.
Lo anterior, por cuanto para la Sala el daño reclamado se considera personal
respecto de la sociedad Servicios Fluviales Ltda., que es la que, según se dice en
la demanda, sufrió las afectaciones en su patrimonio, pues de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio39, una vez constituida una
34
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 88.
35
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 108 – 111.
36
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 22 – 25.
37
En el certificado de existencia y representación legal de la empresa consta que el capital fue
pagado por los socios, así:
Mieles Montes Virginia María $225’000.000.
Quintero Castaño José Uberney $130’000.000.
Sánchez Vásquez Carlos Guillermo $21’000.000.
38
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 29 – 33, 3737, 38, 41,42
y 45.
39
“ARTÍCULO 98. CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA JURÍDICA DISTINTA.
Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo
o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en
la empresa o actividad social.
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios
individualmente considerados”.
13
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
sociedad, ella conforma una persona jurídica distinta de los socios o asociados,
individualmente considerados, y el patrimonio de aquella se separa del patrimonio
de cada uno de estos40, de ahí que solo la sociedad comercial tenga legitimación
en la causa por activa para reclamar los perjuicios derivados de la afectación a sus
bienes, más no sus socios y menos aún los hijos de aquéllos.
De otra parte, la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías
se encuentran legitimadas de hecho en la causa por pasiva, pues de lo narrado en
la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputa el daño
objeto de la controversia; sin embargo, se aclara que su legitimación material será
objeto de estudio posteriormente.
5. Problema jurídico
Atendiendo a los reparos concretos de la impugnación, el debate jurídico se orienta
a determinar si la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías
se encuentran legitimados materialmente en la causa por pasiva para responder por
el daño ocasionado a la sociedad Servicios Fluviales Ltda. En caso de que así se
concluya, se analizará su responsabilidad en el daño reclamado, específicamente,
si incurrieron en una falla en el servicio por omisión de sus funciones de control y
vigilancia que hubiera contribuido causalmente en la causación del mismo.
6. Legitimación material en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vías
La exigencia de legitimación material en la causa por pasiva alude a la aptitud que
debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda para oponerse
jurídicamente a las pretensiones que el demandante esgrime en su contra. En ese
sentido, dicha figura exige la participación real de la entidad demandada en la
concreción del daño alegado, lo cual supone ser el sujeto llamado a responder por
el derecho o interés que es objeto de controversia, de ahí que sea condición
necesaria para estudiar de fondo el asunto.
40
Esta división patrimonial entre socios y sociedad se concreta en los siguientes aspectos:
“(i) Los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados, pues estos carecen de
derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndoles exclusivamente
un derecho sobre el capital social (C.Co. arts. 143, 144, 145 y 46).
(ii) Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad, pues
tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones del asociado en el capital social (C.Co. art.
142), mutatis mutandi, los acreedores de las sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus
acreencias con los bienes de los asociados, pues el socio como sujeto individualmente considerado
carece de un poder de dirección sobre el ente social y, por lo mismo, la manifestación de voluntad
de la persona jurídica, corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz, cuya finalidad es
hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su creación”. Ver. Corte
Constitucional. Sentencia C-865 de 2004.
14
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
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Referencia: Acción de Reparación Directa
En lo que se refiere a la legitimación en la causa por pasiva respecto de los daños
que encuentran su causa directa en los trabajos de construcción, mantenimiento y/
o rehabilitación de una obra que se está ejecutando en virtud de un contrato estatal,
la jurisprudencia del Consejo de Estado los ha analizado con fundamento en el
principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la
carga), para indicar que la entidad contratante se encuentra legitimada para
responder por los daños, pues a ella corresponde el dominio de la misma, al punto
que no puede oponer a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el
contratista41.
Así, si bien la obra pública puede ejecutarse mediante la actuación directa de la
administración a través de sus funcionarios, o mediante la colaboración de terceros
quienes, a través del mecanismo de la contratación, la ejecutan materialmente -
directamente o mediante subcontratación-, lo cierto es que dichos negocios jurídicos
no desplazan la titularidad de la obra pública, la cual sigue radicada en la
administración, a quien se le imponen los deberes de control y vigilancia de la
ejecución de la obra, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 199342.
Cabe recordar que el hecho de que la administración no ejecute directamente los
trabajos públicos y lo realice a través de sus contratistas no impide imputarle
jurídicamente el daño a la entidad estatal contratante, pues tal como lo ha sostenido
esta Corporación: “(i) es tanto como si la obra, que se realiza en interés general, se
ejecutara directamente; (ii) es la titular y beneficiaria de la misma; (iii) la actividad
contractual se realiza con cargo al patrimonio estatal y (iv) sin perjuicio de las
41
Al respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras en señalar que
es procedente imputar al Estado el daño padecido por los ejecutores de la obra o por terceros ajenos
a ella, en consideración a su condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento
en que “el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de
una obra pública debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse
debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien
crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra
pública es como si la ejecutara directamente.” Se advierte además que la entidad puede obtener de
su contratista o asegurador el reembolso de lo pagado por concepto de la indemnización a terceros,
en consideración a que el primero asume esa obligación al contratar con el Estado, como también
la de garantizar las indemnizaciones por daños causados al personal utilizado para la ejecución del
contrato o a los terceros, conforme lo prevé la ley 80 de 1993, arts. 25 numeral 19 y 60 de la Ley 80
de 1993), en el entendido de que “dicha circunstancia, por sí sola no exime de responsabilidad a la
entidad propietaria de la obra pública, sin perjuicio de que pueda obtener el reembolso de las sumas
pagadas del contratista o de la compañía de seguros”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 3 de mayo de 2007, exp. 19420 C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Criterio reiterado en:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2017, proceso
No. 25000-23-26-000-2003-01208-01(39901), C. P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2015, proceso No. 44001-23-31-
000-2001-00706-01(25640), C. P. Hernán Andrade Rincón (E).
42
Consejo de Estado, sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 15.284, C.P. María Elena Giraldo
Gómez.
15
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
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Referencia: Acción de Reparación Directa
cláusulas de indemnidad que haya pactado, lo cierto es que devienen en inoponibles
a quienes no intervinieron en las mismas43.
De conformidad con lo dicho se itera que las pretensiones formuladas en el libelo
inicial persiguen la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la “Nación –
Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías”, por considerar que en su
condición de entidades contratantes de la obra pública –contrato No. 811 de 2005-,
(i) solicitaron el arrendamiento de la barcaza, (ii) omitieron legalizar el contrato de
arrendamiento, (iii) emplearon la barcaza para el transporte de rocas sin que
mediara contrato o permiso expreso, y además, (iv) omitieron prevenir o tomar las
medidas de seguridad pertinentes frente al artefacto naval “El Rey I”, que fue
empleado para la ejecución de la obra sufriendo una grave afectación estructural.
El Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades
públicas demandadas, en razón a que sus funciones descritas en los Decretos 2053
y 2056 de 2003 no se relacionaban con las pretensiones de la demanda y el
desarrollo de la fase precontractual del arrendamiento del artefacto naval “El Rey I”;
a su vez, en el recurso de apelación, la parte actora insistió en la responsabilidad
de las mencionadas entidades, en razón de su calidad de partes del contrato de
obra pública y del consecuente deber de control y vigilancia sobre la subcontratación
que de aquel se deriva.
Respecto a la acreditación de la relación jurídico sustancial de la pasiva con la
imputación formulada en el sub examine, se advierte que el contrato de obra pública
No. 811 de 2005, cuyo objeto fueron las obras de profundización del canal de
acceso al puerto de Barranquilla, fue suscrito entre el INVIAS y el Consorcio Canal
del Río44, motivo por el cual es a esa entidad pública y no a la Nación -Ministerio de
Transporte a quien le asiste legitimación en la causa para ser llamada a responder
patrimonialmente por el daño reclamado.
Así, como se ha dicho, es el INVIAS, en su condición de titular y dueño de la obra
pública, quien, sin perjuicio del respectivo análisis de responsabilidad, está llamado
a responder por las imputaciones relacionadas con el control y vigilancia de la
ejecución de la obra, específicamente, las referidas en el presente asunto al uso de
la barcaza “El Rey I” sin haber adoptado medidas para impedirlo o procurar la
legalización del contrato de arrendamiento del mencionado artefacto naval, pese a
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 10 de junio de 2015, radicación No. 47001-23-31-000-1997-05125-01(30936), C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
44
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 118 - 127.
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Referencia: Acción de Reparación Directa
que, según se afirma en la demanda, dicha entidad pública tenía conocimiento de
su recepción en las instalaciones del Consorcio Canal del Río y había solicitado su
arrendamiento.
Lo anterior, por cuanto se encuentra demostrado que la barcaza fue empleada en
el cargue de rocas para la ejecución de la obra pública45, lo cual vincula
sustancialmente a la entidad contratante con los daños que se hubieran podido
causar como consecuencia de dicha actividad.
Conviene precisar que el INVIAS es un establecimiento público del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, adscrito al
Ministerio de Transporte46. Por tanto, goza de capacidad jurídica para ser parte y
comparecer al proceso por su propia cuenta y no en nombre de la Nación.
Asimismo, tal como lo expresó el a quo, tampoco se advierte que las funciones de
la Nación – Ministerio de Transporte, referidas principalmente al diseño y fijación de
políticas nacionales en materia de tránsito y transporte y su infraestructura47, estén
45
Así se desprende de la diligencia de indagatoria rendida el 19 de octubre de 2007 por el
representante legal de Inacol Ltda., señor Ignacio Rincón Herrera, ante la Fiscalía 15 Delegada ante
los jueces penales municipales de Barranquilla, quien manifestó: “El Consorcio Canal del Río de la
cual la empresa INACOL LTDA, la cual represento legalmente está ejecutando para el Ministerio de
Transporte e INVIAS , una obra de gran importancia nacional que son las obras de profundización
del canal de acceso en el río magdalena hacia el Puerto de Barranquilla, para la ejecución de esta
obra el consorcio ha requerido gran cantidad de equipo marítimo y fluvial en arrendamiento puesto
que la obra consiste en la construcción de espolones y diques en roca. De acuerdo a eso el consorcio
en el mes de julio del 2.006, estaba requiriendo barcazas y los señores de Servicios Fluviales nos
ofrecieron en calidad de arrendamiento la barcaza denominada el Rey, cabe anotar que el uso que
se le da a ese tipo de equipos en la obra es el cargue de roca de conformidad con el contrato de
arrendamiento entre Servicios Fluviales y el Consorcio Canal del Río en el cual Servicios Fluviales
le dio en calidad de arriendo la barcaza del Rey I a dicho consorcio por un término de un año de
acuerdo con esto los señores de Servicios Fluviales trasladaron dicha barcaza hacia el campamento
Las Flores a finales del mes de julio el día 29 de julio de común acuerdo”.
46
Decreto 2171 de 1992. Artículo 52.
47
Decreto 2053 de 2003, artículo 2. “Funciones del Ministerio. El Ministerio de Transporte cumplirá,
además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: 2.1
Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo económico y social del
país. 2.2 Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte y la
infraestructura de los modos de su competencia. 2.3 Establecer la política del Gobierno Nacional
para la directa, controlada y libre fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación
con los modos de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter
internacional. 2.4 Formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo. 2.5 Formular la regulación económica en materia de tránsito,
transporte e infraestructura para todos los modos de transporte. 2.6 Establecer las disposiciones
que propendan por la integración y el fortalecimiento de los servicios de transporte. 2.7 Fijar y
adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de
transporte y de construcción y conservación de su infraestructura. 2.8 Establecer las políticas para
el desarrollo de la infraestructura mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de
participación de capital privado o mixto. 2.9 Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos
estatales en los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de la construcción
de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de
condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario. 2.10 Elaborar el proyecto del plan
sectorial de transporte e infraestructura, en coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación y las entidades del sector y evaluar sus resultados. 2.11 Elaborar los planes modales de
transporte y su infraestructura con el apoyo de las entidades ejecutoras, las entidades territoriales y
la Dirección General Marítima, Dimar. 2.12 Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del
Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos de su
17
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
relacionadas con los hechos demandados, de ahí que no esté llamado a responder
por las pretensiones objeto de controversia.
Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará, en este aspecto, la sentencia de
primera instancia, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva únicamente respecto de la Nación – Ministerio de Transporte y, en
consecuencia, procederá con el análisis de responsabilidad frente al INVIAS.
7. Daño
Con el fin de abordar integralmente la problemática planteada, la Sala procede a
verificar la existencia del daño, por cuanto es el primer elemento que debe
observarse en el correspondiente análisis de responsabilidad, dado que solo ante
su acreditación hay lugar a analizar si aquel resulta imputable o no al Estado48.
Con este propósito, se resalta que el daño, a efectos de que sea indemnizable,
requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo
competencia. 2.13 Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo
científico, tecnológico y administrativo en las áreas de su competencia. 2.14 Impulsar en
coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones internacionales relacionadas con
las materias de su competencia. 2.15 Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente
decreto y en las disposiciones vigentes, a las entidades adscritas y ejercer el control de tutela sobre
las mismas. 2.16 Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de Coordinación
Permanente entre el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima, Dimar. 2.17 Participar
en los asuntos de su competencia, en las acciones orientadas por el Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres. 2.18 Las demás que le sean asignadas. […]”
48
Al respecto, la Sala ha señalado: “[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política
vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para,
en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho
público.
“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha
repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe
inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente
comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”. Ver. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 17.412 C.P. Enrique Gil Botero
y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.
Con posterioridad, sobre el mismo aspecto se sostuvo: “Como lo ha señalado la Sala en ocasiones
anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del
daño, puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro
juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es
indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad
del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como
antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda
responsabilidad al Estado (…) y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro
elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera
de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”. Ver. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, C.P. Hernán Andrade Rincón.
La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden
consultar las siguientes decisiones: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 38.824; ii)
sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 50.451; iii) sentencia del 23 de octubre de 2017, exp.
42.121; iv) sentencia del 14 de septiembre de 2017, exp. 44.260; v) sentencia del 19 de julio de
2017, exp. 43.447; vi) sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 39.321, entre otras.
18
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de Estado49 ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes
aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que
el daño sea cierto, concreto y personal, es decir, que se pueda apreciar material y
jurídicamente, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, lo haya
sufrido quien lo alega; ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el
ordenamiento legal; y iii) que el daño sea antijurídico, en tanto la persona no tiene
el deber jurídico de soportarlo, “con ello, entonces, se excluyen las decisiones que
se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen
interpretaciones válidas de los hechos o derechos”50.
En el sub lite, los hechos de la demanda hacen consistir el daño padecido en la
afectación de las actividades comerciales de la sociedad Servicios Fluviales Ltda.,
debido al quebrantamiento de la estructura física del artefacto naval “El Rey I”,
específicamente, por la imposibilidad de percibir los cánones mensuales derivados
del contrato de arrendamiento del mencionado artefacto naval, a celebrarse con el
Consorcio Canal del Río para la ejecución del contrato de obra pública.
Sobre el particular, la Sala observa que para probar el daño, al expediente fueron
allegados oportunamente y cumpliendo con las exigencias legales para tener valor
probatorio, los siguientes elementos:
La inspección de condición realizada para el arrendamiento del artefacto naval “El
Rey I” el 29 de julio de 2006, por los inspectores designados por Servicios Fluviales
Ltda. y el Consorcio Canal del Río –Igor Arellano Lacharme y Orlando Castañeda
Vanegas–, en la que se dejó constancia de la aplicación de una capa de concreto
asfáltico a la cubierta para mitigar el efecto de la carga de rocas; asimismo, respecto
a su estado inicial se dejó consignado que la estructura de cubierta y viga armada
tanto en babor –bodega #2- como en estribor centro -bodega #2- se encontraba en
buen estado, aunque presentaba cierta deformación por pandeo en estribor centro
-bodega #3- estribor -bodega #4-, estribor -bodega #5- y babor -bodega #5-, así
como deterioro en el recubrimiento y corrosión laminar en un porcentaje menor al
20%.
49
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516, C.P.
Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del exp.
24.633, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, exp. 32.985
B, entre otras.
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 14837 y 23 de abril de 2008, expediente 16271. Reiterada por la
Subsección A, en sentencia del 1° de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19
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En dicho informe, se anotaron las siguientes condiciones para uso, conclusiones y
recomendaciones51:
CONDICIONES PARA USO. La embarcación será utilizada para transporte de
roca; la carga puntual es alta; se ha aplicado capa de concreto asfáltico para
mitigar efecto de carga puntual. Se debe suponer y entender entre las partes
que la carga puntual causará deformaciones en forro de cubierta. La capacidad
de carga sobre la estructura se supone ha sido evaluada por parte del
propietario.
CONCLUSIONES. El artefacto naval fue diseñado como ferry para transporte
de vehículos en el río Magdalena. Esta condición permite suponer que la
cubierta posee capacidad portante de carga concentrada.
RECOMENDACIONES Corregir las condiciones no adecuadas observadas
durante la inspección. Están orientadas a reducir los efectos que sobre las
estructuras causaran las cargas concentradas debido al peso y golpe de rocas.
Verificar implicaciones de reducción de escantillones en estructuras de vigas
armadas debido a la corrosión evidenciada.
De igual manera, se probó que tras el alistamiento del artefacto naval 52, el 3 de
agosto de 2006, en el marco del contrato de arrendamiento pendiente de
51
Samai: Expediente digital, archivo “02ExpedienteDigitalParteNo2”, págs. 99 – 199 y archivo
“03ExpedienteDigitalParteNo3”, págs. 2 – 26.
52
El contexto del alistamiento de la barcaza “El Rey I” fue narrado el 19 de octubre de 2007 por los
señores Ignacio Rincón Herrera, representante legal de Inacol Ltda., y César Jaramillo Gutiérrez,
representante legal de Conalvias S.A., en la diligencia de indagatoria realizada ante la Fiscalía 15
Delegada ante los jueces penales municipales de Barranquilla, así:
(i) Diligencia rendida por Ignacio Rincón Herrera: “(…) como exigencias del contrato de
arrendamiento se procedió a realizar por parte del perito naval de Servicios fluviales al señor IGOR
ARELLANO LACHARME y por parte del consorcio al perito que participó fue el ingeniero naval
ORLANDO CASTAÑEDA quienes practicaron la inspección del artefacto naval con la cual se levantó
acta de inspección y entrega de dicho equipo . la empresa de servicios fluviales dentro del contrato
de arrendamiento se comprometió a entregar la barcaza con una capa de asfalto para su protección
de la cubierta para lo cual el consorcio canal del rio acordó con ellos que parte del anticipo pactado
en el contrato que era la suma de 50.000.000 millones de pesos, el consorcio procedería a ejecutar
el trabajo de asfaltada de dicha barcaza lo cual se llevó a cabo los días lunes 31 de julio y martes
primero de agosto con fecha 3 de agosto, se dio inicio al contrato de arrendamiento no sin antes
haber acordado el precio y las condiciones del contrato de arrendamiento, contrato que
posteriormente decidimos hacerlo por escrito para una mayor precisión y seguridad para las partes
no sin antes advertir al despacho que ya habían las partes expresado el acuerdo de arrendamiento
y el precio para el pago mensual de la barcaza entregada lo que se materializó a través de un acta
de inspección y entrega celebrada el día sábado 29 de julio y firmadas por los peritos navales
designados por las dos parte, adicionalmente ambas partes habíamos ejecutado actos propios del
arrendamiento tales como la entrega material por parte de los señores servicios fluviales Ltda. y
nosotros en nuestra calidad de arrendatarios habíamos efectuado obras de alistamiento de la
embarcación y la colocación de la capa de protección asfaltico como gastos imputables al precio del
arrendamiento (…)”. Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 231 -
234.
(ii) Diligencia rendida por César Jaramillo Gutiérrez: “(…) Si es cierto que cogimos la barcaza en
alquiler con un canon de arrendamiento de $25.000.000, millones de pesos mensuales y que fue
trasladada a la obra el 26 de julio de 2.006, con base en un "contrato de arrendamiento acordado y
firmado posteriormente, es que el contrato había sido formalizado en fecha 26 de julio contrato que
generó la entrega formal de la barcaza y a la cual nosotros de acuerdo a lo convenido le hicimos el
alistamiento o adecuación que requeríamos como arrendatarios posteriormente con fecha 2 de
agosto se firmó ante notario por parte del señor JOSÉ UBERNEY QUINTERO CASTAÑO EL
CONTRATO ESCRITO, repito que ya había sido formalizado en fecha anterior. Se hizo por escrito
para dejar constancia del acuerdo con el fin de que ante una eventual reclamación de cualquiera de
las dos partes este contrato pudiera servir de orientador. Reitero el contrato de arrendamiento se
perfeccionó en fecha de finales del mes de julio con el acuerdo de las dos partes, la identificación
del bien o barcaza la entrega de la misma, la fijación del canon de arrendamiento y el alistamiento
o preparación para su uso por parte de nosotros los arrendatarios, todo esto como me permito
probarle a su señoría con la aportación del contrato de arrendamiento, de las actas de entrega y de
las facturas de alistamiento de la nave en la que incurrimos como arrendatarios de conformidad con
20
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perfeccionamiento, el Consorcio Canal del Río empleó la barcaza “El Rey I” para el
transporte de rocas con peso de 374 toneladas53, realizando dos cargamentos,
siendo durante el último que se produjo la fractura de la estructura de la barcaza54.
También se allegó la minuta del denominado “contrato de arrendamiento de un bien
mueble con fines de transporte por cuenta del Consorcio Canal del Río” con fecha
de 3 de agosto de 2006, a celebrarse respecto del artefacto naval “El Rey I”, la cual
se encuentra suscrita únicamente por Servicios Fluviales Ltda. En dicho documento,
consta que la mencionada embarcación sería arrendada por el término de 12 meses
prorrogables –cláusula quinta-, a cambio de un canon mensual de $25’000.000,
valor que preveía un anticipo de $50’000.000 correspondiente a los dos primeros
meses, el cual sería destinado para el alistamiento del artefacto naval y para la
colocación de la capa de protección –cláusula tercera-, con el fin de que pudiera
cumplir con “el transporte de rocas en una zona delimitada entre el Puente Laureano
Gómez y Bocas de Ceniza Sector Isla 1972 zona del canal navegable del río
Magdalena, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla y la Intendencia
fluvial de Barranquilla” –cláusula octava-55.
Así mismo, con posterioridad a los hechos de la demanda, el 16 de agosto de 2006,
el perito naval CN (r) Mauricio Bejarano Urrego realizó un informe de inspección de
la barcaza “El Rey I” con el fin de verificar los daños causados por su empleo en el
cargue de rocas. En este se concluyó que la condición del artefacto naval “El Rey I”
era insegura y presentaba un alto riesgo de hundimiento, ello por cuanto había
presentado un quebrantamiento transversal en la parte media de la embarcación,
esto es, una falla estructural (el momento flector superó la resistencia), que podía
ser atribuida a una causa individual o conjunta, a saber, al diseño, construcción,
lo pactado. En cuanto al numeral 2, es cierto lo consignado ahí, en cuanto a que las dos personas
hicieron la inspección en virtud de las recomendaciones de los peritos procedimos a contratar la
protección de la superficie de la barcaza con mezcla asfáltica cargando y cancelando el valor de
esta reparación al anticipo acordado del documento contractual (…)”. Samai: Expediente digital,
archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 235 - 238.
53
Como se desprende de la comunicación CSA-613-1340-007 del 29 de enero de 2007, remitida
por el Consorcio Canal del Río al Capitán de Puerto de Barranquilla. Samai: Expediente digital,
archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 65.
54
Esta información se extrae de la diligencia de indagatoria rendida el 19 de octubre de 2007 por el
señor Ignacio Rincón Herrera, representante legal de Inacol Ltda., ante la Fiscalía 15 Delegada ante
los jueces penales municipales de Barranquilla: “(…) posteriormente el día jueves 3 de agosto de
2.006, la barcaza se cargó con el primer viaje de roca para lo cual fue contratada y al finalizar el día
entrando la noche se cargó por segunda vez y en ese momento que la estábamos trasladando con
roca surgió un accidente tal como lo cubrió la prensa y como consta en los reportes enviados a la
capitanía de puerto una vez sucedieron los hechos, este accidente consistió en que la barcaza se
dobló. Para lo cual procedió a ser descargada posteriormente, no sin antes haberle puesto en
conocimiento a los señores de servicios fluviales Ltda. y a la capitanía de Puerto Barranquilla, que
es la autoridad naval competente”. Samai: Expediente digital, archivo
“01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 231 - 234.
55
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 77 – 83.
21
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mantenimiento y operación de la barcaza, esta última, por un exceso de carga y una
mala distribución de la misma56.
En el expediente también obra la inspección de condición de la embarcación “El Rey
I” realizado por los inspectores designados por Servicios Fluviales Ltda. y el
Consorcio Canal del Río – Orlando Castañeda Vanegas e Igor Arellano Lacharme
– previo a efectuar la devolución de la misma a su propietario el 2 de noviembre de
2006. En esa oportunidad, en relación con la condición del artefacto naval se
anotó57:
2. CONDICIONES
2.1. VIGA DE BUQUE
La embarcación al momento de la inspección de condición presenta colapso de
la estructura primaria (viga buque), la flexión compromete tres estaciones
estructurales transversales, la falla se encuentra dentro del 0.4*L de la
embarcación, ubicado particularmente a popa de la sección central. El fallo de
la estructura es por pandeo de toda la sección de la viga buque. La orientación
del colapso por pandeo es en dirección del denominado “quebranto”.
2.2. ESTRUCTURA SECUNDARIA Y TERCIARIA
Exceptuando las estructuras afectadas en la zona de colapso de la viga buque,
la totalidad de las estructuras secundaria y terciaria presentan condiciones
similares a las existentes al momento de la recepción de la embarcación. Debe
tenerse en cuenta que el colapso estructural ocurrió al inicio de la operación de
la barcaza.
56
Como causas de la falla estructural ocasionada al artefacto naval, in extenso, se relacionaron las
siguientes:
“1. Diseño: La resistencia estructural de diseño como se puede deducir no fue calculada y por
consiguiente, se desconoce por parte del Armador y Operador, el cálculo de la capacidad de carga,
para la condición actual de operación. / 2. Construcción: Considerando el uso se establecen con
anticipación al diseño, las condiciones de carga. En este caso, se realizó una construcción utilizando
partes de otra embarcación sin una condición de uso, la cual determinará la clase de materiales a
utilizar y la forma de instalación, para hacer resistente la estructura al servicio que presta. Igualmente
se desconoce si recientemente le fueron realizadas reparaciones a la barcaza, que pudiesen
generar en una falla estructural derivada de las mismas. / 3. Mantenimiento: Considerando la
corrosión existente en la actualidad (laminar), se debe realizar una calibración general a la
embarcación (estructura y láminas), a fin de determinar la disminución de las mismas y la posibilidad
de su influencia, en la falla estructural presentada. / 4. Operación: Una mala distribución de la carga
y pesos (grúa) sobre la barcaza, pudo derivar en la falla estructural. La condición de carga del
Artefacto Naval fue superada y derivó en la falla estructural. (exceso de carga)”.
Asimismo, frente a la condición de la barcaza el perito naval realizó las siguientes recomendaciones:
“1. El Artefacto Naval en mención debe ser retirado del sitio actual por presentar peligro de
hundimiento. Previo al retiro del sitio se deberán tomar las siguientes medidas de seguridad: - Retirar
la piedra que tiene sobre cubierta. - Achicar completamente los compartimentos y sellar los que no
tengan pase de agua. -Parchar con lámina y soldadura los que presenten pase de agua en los casos
que sea posible. -En caso de no poder parchar, colocar cemento en los pases de agua. / 2. Colocar
desde ya, como acción preventiva en la barcaza una guardia de personas con elementos,
herramientas de control de averías y bombas de achique (mínimo dos), para el caso que se aumente
el pase de agua por alguna de las vías existentes. / 3. Para asegurar que en el traslado hasta el sito
donde se repara la barcaza no suceda un accidente, recomiendo: - Trasladarla con la guardia de
seguridad descrita en el numeral anterior. - Para remolcarla de manera más segura, colocar un
bongo amarrado con guayas en uno de sus costados (para apoyo en reserva de flotabilidad). / 4
Para la barcaza “El Rey I” en particular, el armador debe determinar el uso o usos del artefacto
naval, ordenar realizar los cálculos estructurales y los correspondientes “Estudios de Estabilidad”;
para finalmente determinar con un estudio técnico, las condiciones de carga (Load Line)”. Ver:
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 98 – 105.
57
Samai: Expediente digital, archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, págs. 42 – 51.
22
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El 2 de noviembre de 2006, el Consorcio Canal del Río entregó a Servicios Fluviales
Ltda. la barcaza para que procediera a transportarla a la empresa Astilleros
Setecnaval, lugar donde se realizaría a costa del propietario la respectiva
reparación58.
Por lo anterior, se concluye que se probó la existencia del daño alegado, esto es, la
imposibilidad de explotar económicamente la barcaza “El Rey I” mediante su
arrendamiento al Consorcio Canal del Río, debido al quebrantamiento o colapso de
su estructura, que conllevó a un alto riesgo de hundimiento, entre la fecha del hecho
dañoso –3 de agosto de 2006- y el momento en que finalmente fue reparada por su
propietaria.
8. Imputación
Establecida la existencia del daño, es pertinente poner de presente que la Sección
Tercera del Consejo de Estado en pleno ha sostenido que, así como la Constitución
Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual
en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de
imputación a aplicar en eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí,
ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares
acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez
estime relevantes dentro del marco de su argumentación59:
En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa
que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de
1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del
juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una
motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa
ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica
de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración,
desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la
obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado
y exclusivo título de imputación.
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada
evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado.
Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en
los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un
supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma
58
Samai: Expediente digital, archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 41
59
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21.515,
C.P. Hernán Andrade Rincón.
23
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forma pues, se insiste, el juez administrativo puede –en cada caso concreto-
válidamente considerar que existen razones de hecho y de derecho que justifican la
aplicación de un título o una motivación diferente.
En lo que se refiere a los daños que encuentran su causa directa en la ejecución de
obras públicas, la Corporación ha estudiado la imputación de responsabilidad que
puede desprenderse de las mismas bajo distintos regímenes de responsabilidad
según sea la calidad de la víctima que sufre el daño, el operador, es decir la persona
que ejecuta la obra, el usuario o el tercero, bajo el entendido que si se trata del
operador que ejecuta una obra pública en beneficio de la administración, el régimen
aplicable sería el de la responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación de la
falla del servicio. En cambio, por regla general, un tratamiento distinto operó si la
víctima del daño era el usuario o el tercero, porque en estos casos el régimen
adecuado sería el de la responsabilidad objetiva, y en este escenario, en algunas
oportunidades se ha privilegiado el título de imputación del riesgo creado y en otros
casos el relativo al daño especial por el rompimiento del principio de igualdad ante
las cargas públicas60.
En el presente caso, se tiene que en la demanda se imputó responsabilidad civil
extracontractual al INVIAS bajo el régimen objetivo de responsabilidad; sin
embargo, como se trata de daños causados a quien aspiró a ostentar la calidad de
subcontratista en la ejecución de una obra pública, la responsabilidad se analizará
desde un régimen subjetivo, pues pese a que la construcción de obras origina un
riesgo anormal, en la creación del mismo participó voluntariamente la sociedad
demandante, Servicios Fluviales Ltda.
En efecto, tal como se desprende del acervo probatorio, en el marco del contrato de
arrendamiento del artefacto naval “El Rey I” a ser celebrado entre Servicios Fluviales
Ltda. (arrendador) y el Consorcio Canal del Río (arrendatario), la sociedad
demandante trasladó voluntariamente la embarcación a las instalaciones del
consorcio para efectos de revisión, peritaje y colocación de una capa de asfalto en
su cubierta con el objeto de protegerla del roce con la carga prevista (rocas)61,
momento en el cual se produjo la operación que derivó en el daño estructural del
artefacto naval.
60
A título de ilustración, consultar las siguientes providencias de la Sección Tercera: sentencia del
11 de mayo de 2017, exp. 39.901, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 8 de abril de 2024,
exp. 64.860, con ponencia de la suscrita consejera; sentencia del 20 de mayo de 2024, exp. 55.036,
C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
61
Tal como lo relató el representante legal de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. en la denuncia
presentada en contra de los miembros que integran el Consorcio Canal del Río el 3 de agosto de
2008. Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225.
24
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De esta forma, no cabe duda que la sociedad demandante no era un tercero ajeno
al desarrollo de la obra pública, sino que en desarrollo de su objeto social -alquiler
de equipos fluviales y marítimos, transporte de cargas por el río y el mar, etc 62-
voluntariamente pretendió obtener una retribución económica por el empleo de su
barcaza en el transporte de rocas en una zona delimitada entre el Puente Laureano
Gómez y Bocas de Ceniza, para la ejecución de la obra pública de profundización
del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Por ende, la responsabilidad del
INVIAS debe analizarse bajo el régimen subjetivo de responsabilidad de la falla en
el servicio.
8.1. Hechos probados
Precisado lo anterior y con el objeto de resolver el recurso interpuesto, la Sala
recapitula los hechos probados que resultan relevantes para los fines de esta
instancia, a partir de los medios de convencimiento válidamente recaudados:
• Bajo la égida de la Ley 80 de 1993, el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio
Canal del Río, integrado por Conalvias S.A., Ingeniería Ambiental de Colombia
Inacol Ltda. y Proyectos y Construcciones de Colombia Proycol Ltda., celebraron el
contrato de obra pública No. 811 de 29 de junio de 2005 con el objeto de “ejecutar
las obras de profundización del canal de acceso al Puerto de Barranquilla”, durante
un término inicial de 25 meses63.
• Para la ejecución del contrato de obra pública, el consorcio contratista requirió gran
cantidad de equipo marítimo y fluvial en arrendamiento para la construcción de
espolones y diques en roca64, motivo por el cual, el 26 de julio de 2006, la sociedad
Servicios Fluviales Ltda. trasladó la barcaza “El Rey I” a las instalaciones del
62
De conformidad con el objeto social previsto en el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. Samai: Expediente digital, archivo
“01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 22 – 25.
63
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 118 - 127.
64
Así se desprende de la diligencia de indagatoria rendida el 19 de octubre de 2007 por el
representante legal de Inacol Ltda., señor Ignacio Rincón Herrera, ante la Fiscalía 15 Delegada ante
los jueces penales municipales de Barranquilla, quien manifestó: “El Consorcio Canal del Río de la
cual la empresa INACOL LTDA, la cual represento legalmente está ejecutando para el Ministerio de
Transporte e INVIAS , una obra de gran importancia nacional que son las obras de profundización
del canal de acceso en el río magdalena hacia el Puerto de Barranquilla, para la ejecución de esta
obra el consorcio ha requerido gran cantidad de equipo marítimo y fluvial en arrendamiento puesto
que la obra consiste en la construcción de espolones y diques en roca. De acuerdo a eso el consorcio
en el mes de julio del 2.006, estaba requiriendo barcazas y los señores de Servicios Fluviales nos
ofrecieron en calidad de arrendamiento la barcaza denominada el Rey, cabe anotar que el uso que
se le da a ese tipo de equipos en la obra es el cargue de roca de conformidad con el contrato de
arrendamiento entre Servicios Fluviales y el Consorcio Canal del Río en el cual Servicios Fluviales
le dio en calidad de arriendo la barcaza del Rey I a dicho consorcio por un término de un año de
acuerdo con esto los señores de Servicios Fluviales trasladaron dicha barcaza hacia el campamento
Las Flores a finales del mes de julio el día 29 de julio de común acuerdo”.
25
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consorcio, con el fin de que se adelantara su revisión, peritaje y la colocación de
una capa de asfalto en su cubierta65.
• El 29 de julio de 2006, los peritos navales Igor Arellano Lacharme – por parte de
Servicios Fluviales Ltda.- y Orlando Castañeda – en representación del consorcio-
realizaron la inspección del artefacto naval “El Rey I”, en la que se dejó constancia
de la aplicación de una capa de concreto asfáltico a la cubierta para mitigar el efecto
de la carga de rocas. De igual manera, se concluyó que el artefacto naval fue
diseñado como ferry para transporte de vehículos en el río Magdalena, lo que
permitía suponer que la cubierta poseía la capacidad portante de carga
concentrada66.
• Tras el alistamiento del artefacto naval67, el 3 de agosto de 2006, el Consorcio
Canal del Río empleó la barcaza “El Rey I” para el transporte de rocas con peso de
65
De conformidad con lo narrado en la denuncia presentada el 3 de agosto de 2006 por el
representante legal de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. en contra de los miembros del Consorcio
Canal del Río; y en la diligencia de indagatoria rendida el 19 de octubre de 2007 por el señor César
Jaramillo Gutiérrez, representante legal de Conalvias S.A., ante la Fiscalía 15 Delegada ante los
jueces penales municipales de Barranquilla. Ver: Samai: Expediente digital, archivo
“01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225 y 235 - 238. 66
Inspección de condición para arriendo, obrante en: Samai: Expediente digital, archivo
“02ExpedienteDigitalParteNo2”, pág. 99 – 199 y archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 2 –
26. 67
El contexto del alistamiento de la barcaza “El Rey I” fue narrado el 19 de octubre de 2007 por los
señores Ignacio Rincón Herrera, representante legal de Inacol Ltda., y César Jaramillo Gutiérrez,
representante legal de Conalvias S.A., en la diligencia de indagatoria realizada ante la Fiscalía 15
Delegada ante los jueces penales municipales de Barranquilla, así:
(i) Diligencia rendida por Ignacio Rincón Herrera: “(…) como exigencias del contrato de
arrendamiento se procedió a realizar por parte del perito naval de Servicios fluviales al señor IGOR
ARELLANO LACHARME y por parte del consorcio al perito que participó fue el ingeniero naval
ORLANDO CASTAÑEDA quienes practicaron la inspección del artefacto naval con la cual se levantó
acta de inspección y entrega de dicho equipo . la empresa de servicios fluviales dentro del contrato
de arrendamiento se comprometió a entregar la barcaza con una capa de asfalto para su protección
de la cubierta para lo cual el consorcio canal del rio acordó con ellos que parte del anticipo pactado
en el contrato que era la suma de 50.000.000 millones de pesos, el consorcio procedería a ejecutar
el trabajo de asfaltada de dicha barcaza lo cual se llevó a cabo los días lunes 31 de julio y martes
primero de agosto con fecha 3 de agosto, se dio inicio al contrato de arrendamiento no sin antes
haber acordado el precio y las condiciones del contrato de arrendamiento, contrato que
posteriormente decidimos hacerlo por escrito para una mayor precisión y seguridad para las partes
no sin antes advertir al despacho que ya habían las partes expresado el acuerdo de arrendamiento
y el precio para el pago mensual de la barcaza entregada lo que se materializó a través de un acta
de inspección y entrega celebrada el día sábado 29 de julio y firmadas por los peritos navales
designados por las dos parte, adicionalmente ambas partes habíamos ejecutado actos propios del
arrendamiento tales como la entrega material por parte de los señores servicios fluviales Ltda. y
nosotros en nuestra calidad de arrendatarios habíamos efectuado obras de alistamiento de la
embarcación y la colocación de la capa de protección asfaltico como gastos imputables al precio del
arrendamiento (…)”. Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 231 -
234.
(ii) Diligencia rendida por César Jaramillo Gutiérrez: “(…) Si es cierto que cogimos la barcaza en
alquiler con un canon de arrendamiento de $25,000.000, millones de pesos mensuales y que fue
trasladada a la obra el 26 de julio de 2,006, con base en un "contrato de arrendamiento acordado y
firmado posteriormente, es que el contrato había sido formalizado en fecha 26 de julio contrato que
generó la entrega formal de la barcaza y a la cual nosotros de acuerdo a lo convenido le hicimos el
alistamiento o adecuación que requeríamos como arrendatarios posteriormente con fecha 2 de
agosto se firmó ante notario por parte del señor JOSÉ UBERNEY QUINTERO CASTAÑO EL
CONTRATO ESCRITO, repito que ya había sido formalizado en fecha anterior. Se hizo por escrito
para dejar constancia del acuerdo con el fin de que ante una eventual reclamación de cualquiera de
las dos partes este contrato pudiera servir de orientador.
Reitero el contrato de arrendamiento se
perfeccionó en fecha de finales del mes de julio con el acuerdo de las dos partes, la identificación
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
374 toneladas68, realizando dos cargamentos, siendo durante el último que se
produjo la fractura de la estructura de la barcaza 69. Al día siguiente, el Consorcio
Canal del Río comunicó el incidente a la sociedad Servicios Fluviales Ltda.70.
• Según consta en la minuta del denominado “contrato de arrendamiento de un bien
mueble con fines de transporte por cuenta del Consorcio Canal del Río” con fecha
de 3 de agosto de 2006, a celebrarse respecto del artefacto naval “El Rey I” entre el
Consorcio Canal del Río y la sociedad Servicios Fluviales Ltda. –suscrito
únicamente por este último-, se itera que, la mencionada embarcación sería
arrendada por el término de 12 meses prorrogables –cláusula quinta-, a cambio de
un canon mensual de $25’000.000, valor que preveía un anticipo de $50’000.000
correspondiente a los dos primeros meses, el cual sería destinado para el
alistamiento del artefacto naval y para la colocación de la capa de protección –
cláusula tercera-, con el fin de que pudiera cumplir con “el transporte de rocas en
una zona delimitada entre el Puente Laureano Gómez y Bocas de Ceniza Sector
Isla 1972 zona del canal navegable del río Magdalena, jurisdicción de la Capitanía
de Puerto de Barranquilla y la Intendencia fluvial de Barranquilla” –cláusula octava-
.
Allí se estipuló que la entrega del artefacto naval se realizaría una vez suscrito el
contrato y previa celebración del acta de entrega, momento en el cual se realizaría
la inspección de condición, navegabilidad y remolque de la barcaza -cláusulas sexta
y séptima71-.
del bien o barcaza la entrega de la misma, la fijación del canon de arrendamiento y el alistamiento
o preparación para su uso por parte de nosotros los arrendatarios, todo esto como me permito
probarle a su señoría con la aportación del contrato de arrendamiento, de las actas de entrega y de
las facturas de alistamiento de la nave en la que incurrimos como arrendatarios de conformidad con
lo pactado. En cuanto al numeral 2, es cierto lo consignado ahí, en cuanto a que las dos personas
hicieron la inspección en virtud de las recomendaciones de los peritos procedimos a contratar la
protección de la superficie de la barcaza con mezcla asfáltica cargando y cancelando el valor de
esta reparación al anticipo acordado del documento contractual (…)”. Samai: Expediente digital,
archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 235 - 238.
68
Como se desprende de la comunicación CSA-613-1340-007 del 29 de enero de 2007, remitida
por el Consorcio Canal del Río al Capitán de Puerto de Barranquilla. Samai: Expediente digital,
archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 65.
69
Esta información se extrae de la diligencia de indagatoria rendida el 19 de octubre de 2007 por el
señor Ignacio Rincón Herrera, representante legal de Inacol Ltda., ante la Fiscalía 15 Delegada ante
los jueces penales municipales de Barranquilla: “(…) posteriormente el día jueves 3 de agosto de
2.006, la barcaza se cargó con el primer viaje de roca para lo cual fue contratada y al finalizar el día
entrando la noche se cargó por segunda vez y en ese momento que la estábamos trasladando con
roca surgió un accidente tal como lo cubrió la prensa y como consta en los reportes enviados a la
capitanía de puerto una vez sucedieron los hechos, este accidente consistió en que la barcaza se
dobló. Para lo cual procedió a ser descargada posteriormente, no sin antes haberle puesto en
conocimiento a los señores de servicios fluviales Ltda. y a la capitanía de Puerto Barranquilla, que
es la autoridad naval competente”. Samai: Expediente digital, archivo
“01ExpedienteDigitalParteNo1”, pág. 231 - 234.
70
De acuerdo con los hechos narrados en la denuncia del 3 de agosto de 2006 presentada por el
representante legal de la sociedad Servicios Fluviales Ltda. contra los miembros del Consorcio
Canal del Río. Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 221 – 225.
71
“SEXTA. INSPECCIONES DE: CONDICIÓN, NAVEGABILIDAD Y REMOLQUE DEL
ARTEFACTO NAVAL. Las partes de común acuerdo designarán peritos navales inscritos en la
Capitanía de Puerto de Barranquilla o inspectores de una casa clasificadora registrada ante la
Dirección General Marítima para que al inicio del contrato se realicen las siguientes inspecciones:
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
• La anterior minuta no fue suscrita por el Consorcio Canal del Río72. Además, los
interesados no solicitaron autorización de la DIMAR para celebrar dicho contrato de
arrendamiento y como consecuencia de esto tampoco se registró ante dicha
entidad, como lo establece el Decreto 2324 de 198473 74.
-Inspección de condición, cuyo objetivo es determinar el estado y condición actual del artefacto naval
objeto del arriendo.
-Inspección de navegabilidad, cuyo objetivo es determinar el estado de navegabilidad del artefacto
naval, para el servicio establecido en su correspondiente certificado de registro expedido por la
Capitanía del puerto de Barranquilla.
-Inspección de remolque, cuyo objetivo es determinar la aptitud del artefacto naval para ser
remolcado al sitio en el cual prestarán su servicio bajo la operación del ARRENDATARIO. El costo de estas inspecciones será sufragado por el ARRENDADOR estableciere que no se
encuentra en condiciones de operabilidad para cumplir con el objeto del contrato, pero si la
inspección determina óptimas condiciones para su ejecución, estas serán canceladas por el
ARRENDATARIO y sus resultados tendrán fuerza vinculante para ambos, salvo que alguno de ellos
objete el resultado de alguna de las inspecciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
su recibo, expresando por escrito las razones en que fundamenta su inconformidad. En caso de
objeción se solicitará a los peritos o a la casa clasificadora según el caso, aclaración de sus reportes. PARÁGRAFO PRIMERO. Si efectuadas las inspecciones anteriormente citadas, el artefacto naval
no cuenta con las condiciones de operabilidad para cumplir con el objeto del contrato. El
ARRENDADOR asumirá los costos y gastos que sean necesarios para la cabal entrega del
ARTEFACTO NAVAL en las condiciones de operabilidad exigida. Efectuando lo anterior se
realizarán unas nuevas inspecciones para constatar las adecuaciones y mejoras respectivas. El
costo de estas segundas inspecciones se asumirá de igual manera que las inspecciones iniciales. SÉPTIMA- LUGAR Y FECHA DE ENTREGA. EL ARRENDADOR hará entrega al ARRENDATARIO
del artefacto naval en forma inmediata, previa celebración del acta de entrega”. 72
Se extrae de la diligencia de versión libre y espontanea sin juramento y apremio rendida el 1º de
septiembre de 2006 por la señora Aida del Carmen Amaya Miranda, autorizada por el representante
legal del Consorcio Canal del Río, ante la Dirección General Marítima – Capitanía de Puerto de
Barranquilla, en la que manifestó lo siguiente: “PREGUNTADO. Bajo qué modalidad le fue entregada
la Barcaza el REY I al CONSORCIO CANAL DEL RÍO. CONTESTADO: un contrato de
arrendamiento a un año. En este estado el declarante deja copia del contrato suscrito con el
CONSORCIO CANAL DEL RÍO, el cual no está firmado por ellos ya que el día 03 de agosto de 2006
fue firmada por Servicios Fluviales y autenticada en la notaría primera de Barranquilla y enviada al
CONSORCIO CANAL DEL RÍO para su firma y autenticación por parte de ellos y hasta la presente
no ha sido devuelto aunque se le ha solicitado verbalmente la devolución de este contrato. En este
estado se incorpora al expediente el anterior documento. PREGUNTADO: Diga al despacho si el
contrato antes indicado fue remitido a esta capitanía de Puerto CONTESTO. No porque hasta la
fecha no ha sido devuelto por ellos”. Ver: Samai: Expediente digital, archivo
“02ExpedienteDigitalParteNo2”, pág. 31 - 32. 73
“Artículo 5°. Funciones y atribuciones. La Dirección General Marítima y Portuaria tiene las
siguientes funciones: (…) 15. Autorizar el arrendamiento o fletamento de naves y artefactos navales
colombianos y extranjeros”.
“Artículo 155. Autorización. El fletamento o arrendamiento de naves se regirá por lo establecido en
los Títulos X y XI del Libro quinto del Código de Comercio y por las disposiciones que lo
complementen. Todos los fletamentos o arrendamientos serán autorizados por la Dirección General
Marítima y Portuaria y sus contratos se registrarán ante la misma autoridad”.
74
Así lo sostuvieron ambas partes, de un lado en la diligencia de versión libre rendida por el
representante legal de Servicios Fluviales Ltda. el 7 de septiembre de 2006 ante la Dirección General
Marítima – Capitanía de Puerto de Barranquilla y el Consorcio Canal del Río en memorial del 22 de
marzo de 2007 dirigido a la misma autoridad.
• Diligencia de versión libre del señor José Uberney Quintero Castaño:
“PREGUNTADO. Bajo qué modalidad le fue entregada la Barcaza el REY I al CONSORCIO CANAL
DEL RÍO. CONTESTADO: un contrato de arrendamiento a un año. En este estado el declarante
deja copia del contrato suscrito con el CONSORCIO CANAL DEL RÍO, el cual no está firmado por
ellos ya que el día 03 de agosto de 2006 fue firmada por Servicios Fluviales y autenticada en la
notaría primera de Barranquilla y enviada al CONSORCIO CANAL DEL RÍO para su firma y
autenticación por parte de ellos y hasta la presente no ha sido devuelto aunque se le ha solicitado
verbalmente la devolución de este contrato. En este estado se incorpora al expediente el anterior
documento. PREGUNTADO: Diga al despacho si el contrato antes indicado fue remitido a esta
capitanía de Puerto CONTESTO. No porque hasta la fecha no ha sido devuelto por ellos”. Samai: Expediente digital, archivo “02ExpedienteDigitalParteNo2”, pág. 33 - 35.
• Memorial del Consorcio Canal del Río:
“EI Código de Comercio en su artículo No 1678 establece del contrato de arrendamiento de naves,
expresando el objeto y la prueba: "Habrá arrendamiento cuando una de las partes se obliga a
entregar a la otra a cambio de un precio, el uso y goce de una nave, por tiempo determinado. Este
contrato se probará por escrito, salvo que se trate de embarcaciones menores.
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
• Luego de realizarse una nueva inspección de condición de la barcaza “El Rey I”75;
el 2 de noviembre de 2006, el Consorcio Canal del Río la entregó a Servicios
Fluviales Ltda. para que procediera a transportarla a la empresa Astilleros
Setecnaval, lugar donde se realizaría a costa del propietario la respectiva
reparación76.
8.2. La responsabilidad del Instituto Nacional de Vías por la omisión en los
deberes relacionados con la vigilancia y control del contrato de obra pública
No. 811 de 2005
La responsabilidad del Estado derivada de la falla en el servicio por omisión con
ocasión del desconocimiento del ámbito obligacional, además de exigir establecer
si se impone en un caso concreto una determinada conducta positiva o negativa y
si la autoridad obligada omitió ejecutarla, también requiere, de manera
indispensable, que se elabore un juicio de atribución -causalidad-, soportado en la
necesaria relación que ese deber omitido pudo tener en la causación del daño
alegado77.
Así, frente a los supuestos sobre los cuales se analiza si procede declarar la
responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de las funciones que
el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el
contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para la
autoridad administrativa implicada, de un lado, y el grado de cumplimiento u
observancia del mismo, por parte de la autoridad demandada en el caso concreto.
De este modo, como se ha dicho por esta Corporación, las obligaciones que están
a cargo del Estado –y por lo tanto, la falla del servicio que constituye su trasgresión–
, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en
consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se
El legislador ha establecido una solemnidad para que las partes involucradas puedan probar el
contrato de arrendamiento de naves, y una de ellas es que dicho contrato exista por escrito.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se dejó sentado en los testimonios del propietario y del
consorcio que dicho documento no se encontraba firmado o suscrito por las partes, lo que demuestra
que la solemnidad para que el contrato de arrendamiento de nave pudiera existir jurídicamente no
se había y no se ha cumplido.
Adicionalmente, la ley exige que las partes soliciten autorización a la DIMAR para arrendar artefactos
navales así como el registro de los contratos de arrendamiento ante dicha entidad. En el caso que
nos ocupa SERVICIOS FLUVIALES LTDA no había solicitado y no solicitó la autorización de la
DIMAR como lo establece el Decreto N°.2324 de 1984 como consecuencia de esto tampoco se
había registrado ante esa entidad. Por lo tanto sería erróneo afirmar que exista vínculo entre
SERVICIOS FLUVIALES LTDA. Y CONSORCIO CANAL DEL RÍO en virtud de un contrato de
arrendamiento, ya que el documento aportado al expediente no es oponible a terceros, por no existir
jurídicamente”. Samai: Expediente digital, archivo “02ExpedienteDigitalParteNo2”, pág. 46 – 51.
75
Samai: Expediente digital, archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, págs. 42 – 51.
76
Samai: Expediente digital, archivo “03ExpedienteDigitalParteNo3”, pág. 41
77
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de julio de 2021. Exp. 53.860 C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
29
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las
autoridades para contrarrestarlo78, sin renunciar al juicio de atribución ya referido,
soportado en la relación causal entre el deber omitido y su real capacidad de
proyectarse, como elemento propiciador de la conducta causante del daño79.
Bajo este marco conceptual y atendiendo a los reparos esgrimidos en el recurso de
apelación, la Sala advierte que se insiste en la responsabilidad del INVIAS, en su
condición de obligado a ejercer el control y vigilancia de la ejecución de la obra
pública, específicamente, por el uso de la barcaza “El Rey I” sin haber adoptado
medidas para impedirlo o procurar la legalización del contrato de arrendamiento del
mencionado artefacto naval, pese a que, según se afirma en la demanda, dicha
entidad pública tenía conocimiento de su recepción en las instalaciones del
Consorcio Canal del Río y había solicitado su arrendamiento.
Respecto al marco obligacional en que se funda la imputación, la Sala recuerda que
a partir del principio de responsabilidad que rige la contratación del Estado, la
entidad estatal contratante de una obra pública está obligada a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia entidad
como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por su ejecución.
En efecto, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 consagra los medios que las entidades
estatales pueden utilizar para el cumplimiento del objeto del contrato y de esta
manera lograr los fines de la contratación. Esta norma establece, en el numeral 1°,
que las entidades estatales, al celebrar un contrato, tendrán la dirección general y
la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del mismo.
Para desarrollar esta función la entidad estatal debe acudir a la colaboración de un
interventor y/o supervisor para que realice el control y vigilancia del contrato, dentro
de los límites que le competen, puesto que su labor se encuentra limitada a la
verificación, constatación, coordinación, supervisión, control y dirección de la
ejecución del contrato.
Así mismo, de tiempo atrás –previo a la expedición de la Ley 1474 de 2011 que dotó
de contenido los conceptos de supervisión e interventoría80- y con fundamento en
78
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, C.P. Alier
E. Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
79
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de julio de 2021. Exp. 53.860 C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
80
La definición legal de estos dos conceptos y cuándo se debe emplear una u otra figura para la
vigilancia y seguimiento de los contratos se incorporó con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de
2011, artículo 83. De esa suerte, con anterioridad a dicha norma, el ejercicio de la vigilancia y
seguimiento al cumplimiento del contrato no se enmarcaba dentro de una u otra categoría solo por
30
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
la doctrina, esta Corporación ha sostenido que dicha obligación de control y
vigilancia abarca cuatro aspectos o fases inherentes a la actividad del cocontratante
particular, a saber81:
[U]n aspecto material, para determinar si ejecuta debidamente el contrato; un
aspecto técnico, que tiende a precisar si esa ejecución se lleva a cabo con
todos los requisitos de ese tipo que deban observarse; un aspecto financiero,
en el cual se verifica el respeto de las inversiones, la focalización de las
adquisiciones, y acopios, etc.; y un aspecto legal, en el cual se determina si
se respetan las condiciones jurídicas impuestas por el contrato, el ejercicio de
ciertos poderes otorgados por el cocontratante etc.
En este orden de ideas, el ejercicio de la potestad de dirección y control, exige que
la entidad pública – a través del supervisor o interventor- “(…) realice una inspección
de las obras, imparta órdenes por escrito necesarias para el adecuado cumplimiento
del objeto y con sujeción a los términos del contrato, solucione inquietudes, haga
recomendaciones y sugerencias, pida cambios, evalúe y apruebe los trabajos,
controle las cantidades de obra y su calidad, rechace las actividades
inadecuadamente ejecutadas, requiera informes del cumplimiento de las
obligaciones, revise las cuentas, etc.; en fin, resulta indispensable un contacto
directo y permanente con el contratista y, sobre todo, con las obras y trabajos, así
como el conocimiento exacto del avance físico, técnico, jurídico y financiero del
objeto contractual”82.
De igual manera, conviene precisar que para el caso de los contratos de obra
pública el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 estableció que cuando su
celebración hubiera estado precedida de un proceso de licitación pública, la
interventoría debía contratarse con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, de ahí que, en ese tipo de contratos se ejerza con
mayor intensidad el poder de control y vigilancia de la obra tanto en lo relativo a la
ejecución de la misma, como al tiempo dentro del cual debe quedar concluida, de
conformidad con lo estipulado en el contrato83.
En línea con lo anterior, en el contrato de obra pública No. 811 de 2005 celebrado
entre el INVIAS y el Consorcio Canal del Río, en su cláusula quinta, se estipuló que
la entidad contratante “vigilar[ía] el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
por conducto de un Interventor designado para tal fin. Igualmente, el Subdirector
la forma en que se denominara, sino que exigía remitirse a las particularidades propias de la
actividad que se desarrollara en cada caso.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de
noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
82
Ibidem.
83
ESCOLA, Héctor, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, T II, Ed. de Palma, 1979, Pág.
229.
31
Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
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Marítimo y Fluvial o el funcionario que este design[ara] ejercer[ía] las funciones de
Supervisor del proyecto; [siendo este], el Director de la Territorial Atlántico del
Instituto o el funcionario que éste designe, de conformidad con la normatividad
vigente del Instituto” (se destaca).
De igual manera, según la cláusula sexta, “las obras objeto del contrato se
realizar[ían] de acuerdo con el Programa de Trabajo e Inversiones y el Cronograma
de Actividades de la propuesta del contratista”, además “siempre que lo solicit[ara]
el interventor, el contratista deber[ía] proporcionar, para información del mismo,
datos escritos de lo que tiene dispuesto para la ejecución de las obras”; asimismo,
“durante la ejecución de la obra, el Instituto efectuar[ía] un seguimiento al Programa
de Trabajo e Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el
contratista, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales” (se destaca).
Al lado de lo anterior, en cuanto a la forma de pago – cláusula octava-, “el Instituto
pagar[ía] al contratista el valor de este contrato mensualmente, previa presentación
de las respectivas actas de obra, refrendadas por el representante del constructor y
el interventor de la obra, el supervisor del Instituto y el ordenador del pago respectivo
y acompañadas del programa de trabajo e inversiones aprobado por el Subdirector
de Marítima y Fluvial del Instituto”. Adicionalmente, “correspond[ía] al interventor y
al supervisor durante la ejecución del contrato y en el momento de su liquidación
efectuar el control de [los aportes parafiscales] a efectuar por las obligaciones
contraídas por el contratista, en la forma establecida por el artículo 50 de la Ley 789
de 2002 y 828 de 2003”- cláusula décima segunda- (se destaca).
Así mismo, en cuanto a la subcontratación necesaria para la ejecución de la obra
pública, en la cláusula décimo séptima, se pactó que “para la ejecución de ciertos
trabajos que deb[ieran] ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por
personal especializado, el contratista p[odría] subcontratarlos con la autorización
previa del Instituto. El empleo de tales subcontratistas no relevar[ía] al contratista
de las responsabilidades que asum[iera] por las labores de la construcción y por las
demás obligaciones emanadas del presente contrato. El Instituto no adquirir[ía]
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecut[aran] seguir[ía] a cargo del contratista. El Instituto podr[ía] exigir al
contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones”84 (se destaca).
84
Samai: Expediente digital, archivo “01ExpedienteDigitalParteNo1”, págs. 118 - 127.
32
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Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Con fundamento en el ámbito obligacional que se acusa desconocido y en las
pruebas antes descritas, advierte la Sala que no le asiste responsabilidad al INVIAS
por los hechos materia de controversia, toda vez que, aunque estaba llamada a
vigilar y controlar las labores ejecutadas por el contratista – Consorcio Canal del
Río-; lo concreto es que en el proceso no reposa ningún elemento de convicción
que demuestre una falla en su función de vigilancia y control respecto de la obra
contratada ni que en ejercicio de tales funciones debiera haber adoptado medidas
para impedir el uso de la barcaza “El Rey I” o procurado la legalización del contrato
de arrendamiento de la misma.
En efecto, en virtud del contrato de obra pública No. 811 de 2005, de un lado, al
Consorcio Canal del Río le correspondía ejecutar las obras de profundización del
canal de acceso al Puerto de Barranquilla, y de otro, el INVIAS, a través del ejercicio
de interventoría y supervisión, debía vigilar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista durante la ejecución de la obra, según consta en el
contrato arrimado al expediente, a través de: (i) el seguimiento al “programa de
trabajo e inversiones” y al “cronograma de actividades”; (ii) la solicitud de
información sobre lo que el contratista tuviera dispuesto para la ejecución de las
obras; (iii) el refrendamiento de las actas de obra para que procediera el pago al
contratista; (iv) el control de los aportes parafiscales derivados de las obligaciones
contraídas por el contratista; y, (v) la autorización previa de los subcontratos que
fueran necesarios para la ejecución de ciertos trabajos que debieran ser realizados
por personal especializado.
Con lo anterior, para la Sala es claro que el deber de control y vigilancia impuesto a
la entidad pública contratante no tiene el alcance que se le quiere dar en la
demanda, esto es, la legalización del contrato de arrendamiento de la barcaza “El
Rey I”. En otros términos, que el INVIAS tuviera la obligación de supervisar el cabal
cumplimiento de la ejecución del contrato, no se traducía en que debiera intervenir
frente al uso que el contratista diera a los artefactos navales que requiriera para la
ejecución de la obra pública o realizar las labores orientadas a perfeccionar los
subcontratos que el Consorcio Canal del Río debiera celebrar con terceros para
cumplir con el objeto contractual, pues, dentro del ámbito de sus obligaciones
únicamente debía verificar, evaluar y aprobar el cumplimiento de las obras, teniendo
conocimiento exacto del avance físico, técnico, jurídico y financiero del objeto
contractual.
Y si bien el contrato de obra pública No. 811 de 2005 estipuló que en el caso de los
trabajos que debieran ser realizados por personal especializado, le correspondía al
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Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
INVIAS emitir una autorización previa para que pudieran ser celebrados -cláusula
décimo séptima-; lo cierto es que tal autorización no implica que el desarrollo de las
gestiones orientadas al perfeccionamiento del subcontrato estén a cargo de la
entidad pública contratante, además, tampoco se probó que el arrendamiento de
una barcaza para el transporte de rocas se enmarcara en el supuesto contemplado
en dicha cláusula contractual y, menos aún, se demostró que se hubiera puesto en
conocimiento de la entidad pública la intención de celebrar dicho negocio jurídico
entre el Consorcio Canal del Río y Servicios Fluviales Ltda., de ahí que no le asista
responsabilidad alguna a la demandada por las omisiones en que pudieron incurrir
los privados durante el perfeccionamiento del contrato de arrendamiento del
artefacto naval “El Rey I”, el cual, de conformidad con el artículo 1678 del Código
de Comercio85 debía constar por escrito por tratarse del arrendamiento de una
embarcación mayor86.
Como quedó demostrado al hacer el recuento probatorio y contrario a lo
manifestado por la parte actora, no se demostró que el INVIAS, a través de su
interventor o supervisor, hubiera recibido, solicitado o autorizado el uso del artefacto
naval “El Rey I”, pues, lo único que se probó en el proceso fue que la sociedad
Servicios Fluviales Ltda. trasladó la barcaza a las instalaciones del Consorcio Canal
del Río y que todas las circunstancias que rodearon su alistamiento y posterior
empleo por parte del mencionado consorcio fueron ajenas a las funciones de control
y vigilancia de la ejecución de la obra pública, dado que, el ejercicio de tales
funciones no fue solicitado por la sociedad Servicios Fluviales Ltda. ni por el
contratista, más aún porque, se itera, al INVIAS no se le comunicó sobre la intención
de tomar en arrendamiento la barcaza y en el expediente tampoco obran actas de
trabajo o informes en los que se relacione como uno de los elementos utilizados
para la ejecución de la obra.
En línea con lo anterior, se resalta que ante la ausencia del “programa de trabajo e
inversiones” y el “cronograma de actividades”, no es posible determinar si en
aquellos documentos se contempló el arrendamiento de artefactos navales como
una de las tareas previstas para la ejecución del contrato; además tampoco se
allegó algún acta de obra aprobada por el INVIAS para su pago, en la que se
relacionaran las labores de alistamiento de la barcaza “El Rey I” o su empleo en el
85
“Artículo 1678. Prueba del contrato de arrendamiento de naves-objeto. Habrá arrendamiento
cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra a cambio de un precio, el uso y goce de una
nave, por tiempo determinado.
Este contrato se probará por escrito, salvo que se trate de embarcaciones menores”.
86
“Artículo 1433. Clases de naves – embarcaciones mayores y menores. Hay dos clases de naves:
Las embarcaciones mayores, cuyo tonelaje sea o exceda de veinticinco toneladas, y las
embarcaciones menores, cuyo registro no alcance el indicado tonelaje.
Para todos los efectos el tonelaje se considera el neto de registro, salvo que se exprese otra cosa.
Las unidades remolcadoras se consideran como embarcaciones mayores”.
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
transporte de rocas, todo lo cual impide establecer nexo alguno con las funciones
de control y vigilancia antes descritas, máxime cuando las partes no perfeccionaron
el contrato de arrendamiento del artefacto naval, el cual, como se anotó, debía
constar por escrito para que surtiera efectos legales y en caso de corresponder a
aquellos previstos en la citada cláusula décimo séptima debía contar con
autorización previa del INVIAS.
Con base en lo expuesto, se concluye que aun cuando el INVIAS tiene la dirección
general para ejercer el control y vigilancia de la ejecución de la obra pública, no es
posible establecer que la falta de adopción de medidas para evitar el uso de la
barcaza sin la autorización de su propietario o la omisión en la legalización del
contrato de arrendamiento a celebrarse entre su contratista y la sociedad Servicios
Fluviales Ltda. le pueda ser imputable en ejercicio de tales funciones y menos aún
que exista algún nexo de causalidad entre dicha obligación de control y vigilancia
de la administración y la causación del daño, principalmente porque no se demostró
que hubiera solicitado el arrendamiento de la barcaza, autorizado su uso o conocido
siquiera los hechos que rodearon la producción del daño.
En este punto, debe recordarse que, en virtud del artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Una de las principales
cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en particular, es la concerniente a la
prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba es un elemento
característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva, conocido como
principio “onus probandi”, el cual indica que, por regla general, corresponde a cada
parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda,
como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumirse las
consecuencias negativas en caso de no hacerlo87.
Por tal razón, y ante la deficiente gestión probatoria de la demandante, que impide
verificar cualquier tipo de imputación, la sentencia deberá ser modificada, para, en
su lugar, negar las pretensiones.
87
Al respecto, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-086 de 2016, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
9. Condena en costas
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 16 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de oficio de falta de
jurisdicción e indebida acumulación objetiva de pretensiones, para estudiar la
controversia suscitada entre la sociedad Servicios Fluviales Ltda. en contra
del Consorcio Canal del Río (integrado por: CONALVIAS S.A., INACOL Ltda.,
PROYCOL Ltda.); de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: INHIBIRSE de proferir pronunciamiento sobre el fondo del asunto,
en relación con las pretensiones de la sociedad Servicios Fluviales Ltda.
dirigidas contra Consorcio Canal del Río (integrado por: CONALVIAS S.A;
INACOL LTDA; PROYCOL Ltda.), de conformidad con las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto del Instituto
Nacional de Vías, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00322-01 (64.802)
Actor: Servicios Fluviales Ltda. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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