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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00101-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00101-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01 Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela de segunda instancia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00101-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: ROBERTO RAFAEL GALLO ELJAICK
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente porque no se cumple el
requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de
12 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Roberto Rafael Gallo Eljaick, a través de demanda presentada el 13 de
enero 2026, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Pretensiones

2. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):

PRIMERO. Solicito se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de
fecha 14 de julio de 2025, proferida por el honorable CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C al interior del proceso de reparación directa identificado con
No. de RAD. 08001233300020180096501 (67361), mediante la cual se resolvió
revocar la sentencia de primera instancia de fecha 31 de mayo de 2021,
proferida por el honorable TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCION C, la cual declara la falta de
legitimación en causa activa del demandante ROBERTO GALLO ELJAICK y
se absuelve a la entidad DIAN de la totalidad de las pretensiones por no
haberse comprobado el daño antijuridico imputable al Estado.

SEGUNDO. En consecuencia, se ordene dictar sentencia nuevamente dentro
del proceso de RAD. 08001233300020180096501 (67361).

1
El asunto ingresó al despacho el 10 de marzo de 2026. Ver índice 3 de Samai.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Fundamentos de la demanda de tutela

3. El señor Roberto Rafael Gallo Eljaick interpuso demanda de reparación directa
contra la DIAN y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de
obtener indemnización por los daños derivados de la orden de decomiso de dos
maquinarias (una vibrocompactadora y una motoniveladora), la primera durante ocho
meses, y la segunda durante un año. El proceso se identificó con el radicado 08001-
23-33-000-2018-00965-00/01.

4. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de 31
de mayo de 2021, accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda. Señaló
que el funcionario que realizó el decomiso carecía de competencia territorial, por
ende, estimó que el accionante no estaba obligado a soportar el daño generado por
la aprehensión y retención de la maquinaria.

5. Contra esa decisión, las partes interpusieron recurso de apelación.

6. En sentencia de 14 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C revocó la decisión apelada. En su lugar, declaró (i) la falta de
legitimación en la causa por activa del demandante; (ii) la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y (iii) negó las
pretensiones de la demanda. Indicó que el demandante no acreditó su condición de
propietario de las máquinas; sin embargo, sí se demostró que tenía la posesión, junto
a otras personas, de la máquina motoniveladora. Frente a esa última maquinaria,
señaló que no se probó ningún perjuicio, en tanto no se acreditó en qué consistió el
daño emergente y lucro cesante reclamado en la demanda. Precisó que no se
demostró ningún deterioro de la máquina, o que esta no funcionara y tampoco que
se hubiera incumplido algún contrato de arrendamiento vigente para la época de los
hechos, e incluso se comprobó que los gastos de bodega fueron asumidos por un
tercero.

7. El accionante consideró que la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario no dio prevalencia al derecho sustancial sobre las formalidades, por cuanto
exigió documentación adicional a los contratos de compraventa que él celebró en el
año 2012 para adquirir las máquinas, los cuales fueron aportados para acreditar la
titularidad del derecho sustancial. En su criterio, ese rigorismo dio lugar a un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Mencionó que «habiéndose aprehendido
ilegalmente dichas maquinarias, se genera una afectación patrimonial directa al
comprador sujeto en aquel contrato por cuanto al ser parte de su patrimonio y
explotarlas económicamente, no puede hacerlo nuevamente puesto que fueron
retiradas de aquel».

8. Estimó que se desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que se tuvo
por probada la adquisición de la maquinaria por parte del accionante, pero de forma
contradictoria se declaró la falta de legitimación en la causa por activa, lo que
«genera incertidumbre sobre lo que el ordenamiento jurídico realmente exige para
acreditar la legitimación en procesos de reparación directa». Insistió en que la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

providencia adujo que el demandante era poseedor de la motoniveladora, y a su vez
concluyó que carecía de legitimación para demandar.

9. Agregó que se vulneró su derecho al debido proceso, porque se aplicaron
indebidamente los artículos 1494 y 1757 del Código Civil, los que «no fungen como
marco normativo para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado en
materia de la prueba del daño»; por ende, se configuró un defecto sustantivo. En su
criterio, solo resultaban aplicables los artículos 90 de la Constitución Política, 140 del
CPACA y 167 del CGP. Al respecto, refirió que «al utilizarse el Código Civil para
desarrollar el juicio de imputación del daño antijurídico, se trasladan categorías
contractuales al ámbito de la responsabilidad estatal, lo que es inaplicable en tanto
se desnaturaliza el análisis del daño antijurídico» a la luz del CPACA.

10. Añadió que «la notable incongruencia entre los hechos probados, la
motivación del fallo y la decisión emitida por el Honorable Consejo de Estado
configura en últimas, una afectación al debido proceso» y resaltó que ahora no
cuenta con un mecanismo eficaz para hacer valer su derecho a la reparación.

11. Expuso que interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia;
sin embargo, fue rechazado por improcedente, y no instauró recurso extraordinario
de revisión dado que no se cumplían los requisitos de las causales de revisión.

12. Precisó que en el proceso de reparación directa se discutió la existencia de
un daño, no el registro o la propiedad de la maquinaria, la que, en todo caso, se
probó a través de los contratos de compraventa allegados al litigio, los cuales, según
lo dispuesto en el artículo 745 del Código Civil «configuran el título traslaticio de
dominio suficiente para acreditar la legitimación activa».

13. Sostuvo que la autoridad accionada «releva a la entidad Dian de la carga
probatoria tendiente a la acreditación de figuras como el daño emergente, por no
haberse aportado los inventarios concernientes a las maquinarias aprehendidas, y
trasladando dicha carga al accionante, imposibilitando la consecución de la justicia
material y el acceso en condiciones de igualdad a la administración de justicia, así
como el debido proceso por no haberse dado trámite a lo reglado por el estatuto
procesal civil». Explicó que la DIAN se encontraba en una mejor posición para
aportar los inventarios de aprehensión.

14. Puntualizó que, para demostrar el daño emergente, presentó documento
firmado por contador público, facturas de bodegaje y cotizaciones de repuestos y
reparación; así mismo, manifestó que uno de los eventos que configura el defecto
fáctico es la omisión en decretar pruebas de oficio, «estando en capacidad para
hacerlo»; máxime cuando al proceso no se aportaron inventarios iniciales o finales,
de modo que no se podía identificar el estado en el que se encontraban las máquinas
cuando fueron decomisadas.

15. En cuanto al lucro cesante, adujo que se aportaron: una proyección de
arriendo de las máquinas, una relación de daño emergente y lucro cesante firmada

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

por contador público, y sendas certificaciones de arrendamiento de maquinaria a una
empresa y a tres uniones temporales, documentos que no fueron valorados
correctamente, toda vez que a partir de estos se podía colegir la renta dejada de
percibir, bajo el entendido de que «se encaminaban a acreditar la existencia de una
situación laboral activa y continuada proveniente del desarrollo de una actividad
laboral licita y comprobada que no pudo continuarse ni realizarse producto de la
ganancia frustrada que dejó de reportarse y que de no haberse producido el daño
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima». En este punto, puso
de presente las sentencias C-913 de 2003 y C-750 de 2015 de la Corte
Constitucional, en las que se refirió a la noción de lucro cesante.

Trámite en primera instancia

16. A través de auto de 15 de enero de 20262, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con
interés, al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Además, tuvo como pruebas las documentales aportadas al plenario.

Intervenciones

17. La autoridad judicial accionada3 adujo que el asunto carece de relevancia
constitucional, por cuanto se pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia. Aclaró que no se incurrió en la incoherencia alegada, porque la falta de
legitimación en la causa por activa se declaró solo respecto a la máquina
vibrocompactadora, pues si bien se aportó el contrato de compraventa mediante el
cual se adquirió dicha maquinaria, esta no estaba debidamente inscrita en el Registro
Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada,
incorporado en el RUNT, ni contaba con tarjeta de registro más el certificado de
tradición correspondiente, documentos que constituían la prueba del dominio, como
se explicó ampliamente en la providencia.

18. Aclaró que en la sentencia se explicó con suficiencia cómo se acredita el
dominio de la maquinaria involucrada, la cual requiere del título más la tradición;
además, mencionó que sí se reconoció la posesión de la máquina motoniveladora.
Reiteró que el actor no logró acreditar el daño en el que fundó las pretensiones y
señaló que lo resuelto encontró sustento en la normativa aplicable al caso y en las
pruebas obrantes en el expediente, con respeto de las garantías del debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y el derecho de defensa.

19. La DIAN4 sostuvo que la demanda carece de la carga argumentativa
necesaria y no revela una situación relevante, desde el punto de vista constitucional.

2
Índice 4 de Samai.
3
Índice 11 de Samai.
4
Índice 13 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Agregó que no se configura ningún requisito específico de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial

20. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público5 solicitó mantener incólume la
decisión cuestionada, en lo que a esa entidad concierne; sin embargo, señaló que
«es esta la oportunidad de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la aplicación
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas».

21. El 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico6 hizo un
recuento de las actuaciones procesales surtidas en el medio de control de reparación
directa y aportó copia digital del proceso ordinario7.

Sentencia de primera instancia

22. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de febrero de
8
2026 , declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que carece de
relevancia constitucional. Señaló que el accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia y resaltó que no se explicó «por qué la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación tenía el deber de decretar pruebas de
oficio en un proceso que se rige por los principios de justicia rogada y onus probandi
incumbit actori».

Impugnación

23. El accionante9 insistió en que no se debieron exigir formalidades adicionales
a los contratos de compraventa para acreditar la propiedad de la maquinaria, pues
el proceso giraba en torno a la afectación patrimonial que sufrió, a raíz de la
incautación realizada por la DIAN.

24. Agregó que «de acuerdo al criterio de validez de relevancia constitucional, el
asunto aquí planteado se trata del estudio erróneo del proceso de Reparación Directa
antes indicado, que desenlazó en una equivocada declaración de falta de
legitimación en causa activa, lo que no permitió al caso, argumentos, y pruebas
aportadas, ser estudiadas como correspondía en el proceso de Reparación Directa
de Rad. 08001233300020180096501 surtido ante el honorable Consejo de Estado
Sección Tercera Subsección C. vulnerando así los derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi representado. A su
vez, honorables Magistrados, someto a su consideración el hecho de que con la
presente acción de tutela no se está solicitando reconocimiento de carácter
económico, por cuanto lo que se estima es el estudio de los argumentos planteados
en la acción de tutela, en consecuencia, se profiera una nueva sentencia».

5
Índices 9 y 10 de Samai.
6
Índice 14 de Samai.
7
Índice 8 de Samai.
8
Índice 18 de Samai.
9
Índice 23 de Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Legitimación en la causa

26. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

27. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

28. En el caso concreto, el señor Roberto Rafael Gallo Eljaick se encuentra
legitimado en la causa por activa, en su condición de demandante en el proceso de
reparación directa en el que se profirió la sentencia cuestionada.

29. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad judicial
que profirió la providencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

30. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de encontrar superados los requisitos generales
de procedibilidad, se analizará si la autoridad judicial demandada vulneró los
derechos fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200510, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

32. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Inmediatez

33. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales14.

34. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido15, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se

11
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
15
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.

35. En el caso que se analiza, la sentencia cuestionada fue proferida el 14 de julio
de 2025, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y quedó
ejecutoriada el 29 de agosto del mismo año, según constancia16 expedida por la
Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación. La demanda de tutela se
radicó el 13 de enero de 2026. Ese plazo se considera razonable para el ejercicio de
la acción constitucional.

Relevancia constitucional

36. El requisito de relevancia constitucional exige que la cuestión debatida tenga
una clara y marcada importancia constitucional, a fin de evitar que el juez
constitucional se adentre en asuntos confiados a otras jurisdicciones.

37. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.

38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente17 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

39. En el caso que se analiza, la discusión planteada no reúne el presupuesto de
relevancia constitucional, tal como indicó el operador judicial de primera instancia.

40. En efecto, el debate que se propone en la acción de tutela se relaciona con
los criterios que tuvo en cuenta el juez de la reparación directa para tener por
acreditada la propiedad de la maquinaria amarilla y los perjuicios derivados de la
medida de retención que ordenó la DIAN sobre una motoniveladora.

41. Según el accionante, los contratos de compraventa allegados al plenario eran
suficientes para acreditar la propiedad de las máquinas, además, el simple decomiso
demostraba la afectación que se generó, por cuanto no fue posible explotar

establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
16
Índice 107 de Samai, proceso de reparación directa.
17 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

económicamente la maquinaria mientras estuvo en poder de la DIAN, y era esa
entidad la llamada a probar el estado de los objetos al momento del decomiso.
Añadió que existe una incongruencia entre los hechos probados, la motivación del
fallo y la decisión, porque se adujo que el accionante era poseedor de la
motoniveladora, sin embargo, se declaró su falta de legitimación en la causa por
activa. Adicionalmente, señaló que la aplicación equivocada de los artículos 1494 y
1757 del Código Civil dieron lugar a un defecto sustantivo.

42. Los argumentos del accionante, en realidad, reflejan su inconformidad con lo
resuelto, pero no se dirigen a demostrar una verdadera vulneración de derechos
fundamentales, por yerros en la decisión adoptada.

43. Ciertamente, al revisar las razones de la sentencia, la Sala advierte que la
falta de legitimación en la causa por activa solo se declaró en relación con las
pretensiones que involucraban a la máquina vibrocompactadora, pues respecto a la
motoniveladora, el Tribunal adujo que el demandante ostentaba la calidad de
poseedor; no obstante, negó las pretensiones, al estimar que no se acreditó el daño
reclamado en la demanda.

44. En relación con ese punto, la Subsección de la Sección Tercera explicó lo
siguiente:

Sobre la inscripción y registro de vehículos y maquinaria, el artículo 46 de la
Ley 769 de 200218 prevé que todo vehículo automotor registrado y autorizado
para circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de
desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el
Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. Asimismo,
deberán inscribirse los remolques y semi-remolques.

A su turno, el artículo 10, literal A), numeral 7 de la Ley 1005 de 200619 –
modificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012 – dispone que toda
la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada debe ser
inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT- y luego el Ministerio
de Transporte expedirá la respectiva tarjeta de registro.

A su turno, el artículo 320 de la Resolución 0012335 de 2012 expedida por el
Ministerio de Transporte, en concordancia con el artículo 1121 del Código

18
«Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
19 «Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002».
20 «Artículo 3°. Obligatoriedad del Registro. A partir de la fecha de entrada en operación del Registro

Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT, la
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, fabricada, importada o ensamblada
en el país, debe ser registrada en el sistema RUNT».
21 «Artículo 11. Modificado por el artículo 208 del Decreto 19 de 2012. Incorpórese al Registro Único

Nacional de Tránsito –RUNT-, el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de
Construcción Autopropulsada que sea adquirida, importada o ensamblada en el país, a partir de la
sanción de la presente ley.
El Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada se
realizará ante el Ministerio de Transporte o quien este delegue, y tendrá como propósito disponer de
una base de datos sobre los equipos existentes en el país con fines estadísticos. La inscripción de
la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada existente con anterioridad a la
vigencia de la presente ley será voluntaria.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Nacional de Tránsito, dispone que la maquinaria agrícola, industrial y de
construcción autopropulsada debe ser registrada en el RUNT. Asimismo, el
artículo 1122 de la referida Resolución, prevé que el propietario de dicha
maquinaria puede solicitar un certificado de tradición del vehículo registrado en
el RUNT.

Conforme al marco normativo que antecede, la maquinaria industrial y agrícola
–como lo son una motoniveladora y una vibro compactadora – debe estar
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial
y de Construcción Autopropulsada, incorporado en el RUNT y la tarjeta de
registro más el certificado de tradición correspondiente son la prueba del
derecho de dominio sobre este tipo de maquinaria, como ya lo advirtió la Sala
un asunto similar23.

En el caso concreto, el demandante no aportó tarjetas de registro ni certificados
de tradición de las dos máquinas que alega de su propiedad, circunstancia que
impide acreditar su condición de propietario, razón por la cual no acreditó el
dominio y no se encuentra legitimado en la causa por activa en calidad de
dueño de la maquinaria.

Pese a lo anterior, la Sala verificará si el demandante demostró que utilizaba
las máquinas con el ánimo de señor y dueño para el momento de la
aprehensión por parte de la DIAN.
(…)

De modo que ni la declaración de importación, ni la actuación administrativa
ante la DIAN, ni otro documento o testimonio se aportó para acreditar que el
actor actuaba con ánimo de señor y dueño respecto de la máquina vibro
compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, pues las
evidencias arrimadas al proceso demuestran que dicha máquina estaba bajo la
tenencia de otras personas distintas al demandante.
(…)

Lo anterior permite acreditar que, al menos en conjunto con otras personas, el
actor poseía y era el responsable de la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857, de ahí que se encuentre legitimado en la causa
por activa como poseedor de esta.

45. Como se observa, no es cierta la supuesta incongruencia o incoherencia
entre la determinación adoptada y lo probado, en cuanto a la legitimación en la
causa por activa. Al parecer, el reproche obedece a una interpretación equivocada
de la decisión por parte del demandante.

46. Ahora, frente a las explicaciones anotadas en la providencia, el accionante
guardó silencio. Se limitó a señalar que los contratos de compraventa acreditaban,
por sí mismos, la propiedad de la maquinaria y, por ende, su legitimidad para
demandar. Empero, no efectuó ningún reproche acerca de la aplicación al caso de

PARÁGRAFO. El Ministerio de Transporte reglamentará el procedimiento a seguir para que los
propietarios y/o poseedores de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada,
realicen el proceso de inscripción de registro».
22 «Artículo 11. Certificado de Tradición. El interesado podrá obtener ante el Organismo de Tránsito,

Certificación de Tradición de la maquinaria registrada en el sistema RUNT».
23 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 71369».

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Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

las normas aducidas por la autoridad accionada, como correspondía; más bien,
manifestó que las exigencias adicionales configuraron un «exceso ritual
manifiesto».

47. Lo anterior, en concepto de esta Sala, es indicativo de la insatisfacción del
demandante con lo resuelto, mas no de la existencia de un posible vicio capaz de
invalidar la decisión cuestionada. Para acreditar un verdadero error en la
providencia censurada, el demandante debió mencionar por qué no eran vinculantes
las disposiciones de las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, del Decreto Ley 019
de 2012 y de la Resolución 12335 de 2012, sobre el registro al que está sometida
la maquinaria industrial y agrícola, según se indicó en la sentencia, y cuál hubiera
sido la variación en la decisión, de haberse encontrado satisfecha la legitimación
por activa también respecto de la máquina vibrocompactadora, teniendo en cuenta
que, en todo caso, no se halló acreditada la existencia de los perjuicios reclamados.

48. Lo mismo ocurre con el estudio del daño. El accionante estima que la
aprehensión de la maquinaria le generó, directamente, una afectación patrimonial,
por la imposibilidad de explotar económicamente las máquinas; sin embargo, no se
refirió al razonamiento de la Subsección C, para explicar en qué consistieron los
supuestos vicios que le atribuye a la sentencia. En este aspecto, la decisión que se
cuestiona anotó lo siguiente:

Pues bien, en cuanto al daño consistente en la imposibilidad de explotar
económicamente la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857 durante el tiempo de su retención, la Sala considera que esta no
constituye un daño, sino una carga que el actor estaba en el deber de soportar,
pues la DIAN, en ejercicio de la potestad fiscalizadora que le asiste, realizó la
verificación físico-documental, observó inconsistencias entre la identificación
física y la documentación presentada para amparar legalmente la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, realizó experticio técnico y,
como consecuencia, el 10 de agosto de 2016 dictó acta de aprehensión sobre
la maquinaria, con fundamento en la causal prevista en el artículo 502, numeral
1.6. del Decreto 268 5 de 1999, dado que no se encontraba amparada en
planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación
(hechos probados 7.1.9., 7.1.10. y 7.1.13.).
(…)

Si bien luego del procedimiento administrativo aduanero, la DIAN, Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización
practicó diligencia de control a la máquina motoniveladora marca Caterpillar
serial 87VO9857 y pudo concluir que estaba amparada por la respectiva
declaración de importación y que se acreditó su permanencia en territorio
aduanero, motivo por el cual procedió con su entrega, ello no supone per se, la
existencia de un daño con carácter antijurídico, sino de una incomodidad para
el actor (…).

Frente al daño consistente en el deterioro de la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857, este tampoco se encuentra probado.

En efecto, no se allegó prueba alguna que demostrara en qué consistió el
referido deterioro que le habría generado gastos (daño emergente) y la
imposibilidad de explotarla económicamente (lucro cesante) al actor. Ni siquiera
se allegó un inventario o constancia del estado en que la máquina fue

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Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

aprehendida y otro en el que haya sido entregada, de modo que pudiera
verificarse algún grado de deterioro.

Se observa que el demandante allegó una liquidación realizada por un contador
sobre el valor del trabajo por hora de la maquinaria; cotizaciones de
reparaciones, repuestos y alquiler de maquinaria; copias de un libro fiscal del
demandante de abril a julio de 2016 y una certificación de un contador público,
según la cual el actor incumplió unos contratos de obra pública en 2015, las
cuales están encaminadas a probar los perjuicios ya por daño emergente o
lucro cesante que reclama en la demanda, pero que no demuestran el deterioro
de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.

De hecho, en el mismo recurso de apelación, el actor afirmó que resultaba
alejado de la realidad que una maquinaria retenida por más de un año no
sufriera averías y que al proceso se allegaron las cotizaciones de lo que se
requiere para ponerla de nuevo en funcionamiento, costos que por su alto valor
aún no han sido efectuados por el demandante.

De ahí que el deterioro se concreta solo a una afirmación y suposición del
demandante de que la máquina retenida sufrió averías, sin siquiera mencionar
cuáles son tales daños y cómo estos impiden su funcionamiento. Además,
corrobora que el demandante no ha efectuado gasto alguno para una supuesta
reparación (daño emergente). Tampoco, se insiste, se probó que la máquina
no funcione y que el actor no pudo alquilarla o que incumplió un contrato de
arrendamiento vigente para la época de los hechos (2016 – 2017) respecto de
la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.

Es más, aunque se acreditó que, entre el 28 de septiembre y el 26 de diciembre
de 2016, el demandante alquiló a la Unión Temporal Guardacostas “máquinas
motoniveladoras y compactadoras” en el municipio de Suan (hecho probado
7.1.15.), este no pudo versar sobre la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857 pues, desde agosto de ese año, esta se
encontraba aprehendida por la DIAN, de lo que tampoco se puede inferir que
incumplió dicho contrato porque la máquina estaba averiada.

Incluso, se probó que el pago del almacenamiento en bodega tanto de la
máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial
1MG00328 como de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857, por valor total de $1’233.007, reconocido por el a quo al
demandante, fue pagado por Castro Tcherassi & Cia Ltda., tal como lo
demuestran las facturas del 26 de mayo y 19 de julio de 2017 y el comprobante
de pago del 19 de julio de 2017. De ahí que el actor ni siquiera hizo esa
erogación.

De todo lo anterior se concluye, que el actor no acreditó afectación alguna
respecto de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.

49. El demandante reprochó que no se hubieran tenido en cuenta los
documentos firmados por contador público, los contratos de compraventa de las
máquinas, las facturas de bodegaje y las cotizaciones de repuestos y reparación,
con los cuales buscó probar el daño. No obstante, al revisar la providencia resulta
claro que la Subsección C sí valoró esas pruebas, pero concluyó que no
demostraban el daño emergente y el lucro cesante que se alegó en la demanda.

50. La Sala entiende, entonces, que lo pretendido por el demandante era, o bien
que se aplicara una especie de régimen objetivo de responsabilidad, para acceder

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

a la indemnización únicamente con la prueba del decomiso, o bien que se
presumiera el daño a partir de lo que el accionante habría podido percibir si hubiera
explotado económicamente la maquinaría durante el tiempo de la retención. Olvida,
sin embargo, que el derecho a la reparación patrimonial, con fuente en el artículo
90 de la Constitución Política, supone la existencia de un daño antijurídico, el que
se erige como presupuesto central de la responsabilidad, y requiere prueba de su
certeza y de las condiciones de ser concreto y personal, además, se debe referir a
una situación jurídicamente protegida24, lo que no se demostró en el proceso de
reparación directa, según el análisis que hizo la autoridad accionada.

51. Con todo, si el interesado consideraba que la DIAN se encontraba en una
mejor situación para demostrar el estado de las máquinas al momento de la
retención y cuando estas fueron devueltas, debió elevar una petición en ese sentido,
en las oportunidades legales establecidas para ello, dentro del trámite del proceso
de reparación directa. Su inactividad en materia probatoria no puede ser utilizada
como excusa, ahora, para achacar al juez una omisión por no decretar pruebas de
oficio, pues lo cierto es que la carga de la prueba del daño recaía sobre él y el juez
no estaba llamado a suplir ese deber, so pena de transgredir el principio de
imparcialidad.

52. Es cierto que la Corte Constitucional ha admitido que el principio de la carga
de la prueba (onus probandi) admite excepciones en cuanto a la demostración de
ciertos hechos, como en el caso de los sucesos de amplia difusión (hechos
notorios), o cuando quien los alega está en imposibilidad de demostrarlos, o cuando
existen presunciones legales o de derecho.

53. En sentencia C-086 de 2016, la Corte explicó que esas excepciones
«responden por lo general a ‘circunstancias prácticas que hacen más fácil para una
de las partes demostrar la verdad o falsedad de ciertos hechos’, donde el traslado
de las cargas probatorias ‘obedece a factores razonables, bien por tratarse de una
necesidad lógica o por expresa voluntad del legislador, para agilizar o hacer más
efectivo el trámite de los procesos o la protección de los derechos subjetivos de la
persona’».

54. En el caso que se analiza no se configuraba ninguna situación excepcional
que impusiera una modificación en las cargas procesales o la necesidad de decretar
una prueba de oficio, pues al demandante le bastaba solicitar el decreto de las actas
de retención y entrega, para que éstas fueran aportadas por la DIAN, en caso de
que existieran, lo que no hizo cuando tuvo la oportunidad.

55. Por último, el señalamiento de un defecto sustantivo carece de la carga
argumentativa mínima, para considerar una posible vulneración de derechos
fundamentales. Al respecto, el accionante tan solo dijo que la alusión a los artículos

24
Sobre el concepto y acreditación del daño, en materia de responsabilidad del Estado, consultar,
por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 17 de septiembre
de 2019, rad. 08001-23-31-000-2008-00322-01 y de 24 de enero de 2024, rad. 25000-23-36-000-
2020-00156-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

1494 y 1757 del Código Civil significó que se trasladaron categorías contractuales
al asunto, «lo que es inaplicable en tanto se desnaturaliza el análisis del daño
antijurídico». En su concepto, debió hacerse mención, únicamente, a los artículos
90 de la Constitución Política, 140 del CPACA y 167 del CGP.

56. El cargo así expuesto impide entender el reparo concreto contra la sentencia
que se analiza, en tanto la evocación de las normas citadas tuvo por finalidad dar
contexto a una idea general sobre la obligación de reparar el daño que aparece
probado y la carga de la prueba en cabeza del demandante. Así se expresó la
Subsección C (transcripción literal):

Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del
daño, junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad,
genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como
obligación de contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de
responsabilidad, su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como
se desprende de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil. Por tanto,
tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación
indemnizatoria, es un deber insoslayable del acreedor, que solo puede
excepcionalmente suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello
rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación
misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal plantea en
esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) - y deudor
(Estado); una obligación de reparar el daño.

Es que la obligación indemnizatoria derivada de la declaratoria de
responsabilidad extracontractual para que se halle configurada exige prueba
de todos los elementos de la responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros
implica probar el detrimento patrimonial de Roberto Rafael Gallo Eljaick, que
en el caso de marras se extraña.

57. El estudio de responsabilidad que se abordó en la sentencia, en todo caso,
se fundó en los artículos 90 de la Constitución Política, 140 del CPACA y 167 del
CGP, a los que se hizo expresa mención; luego, no es cierto que se hubiera
desnaturalizado el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado, como
sugiere el accionante.

58. De acuerdo con lo expuesto, como lo pretendido con la tutela es insistir en
una discusión que ya fue dirimida por el juez natural, se impone confirmar el fallo de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 12 de
febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00101-01
Accionante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por
el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de
1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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