Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00965-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00965-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2018-00965-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
14 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., catorce (14) de julio dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: ROBERTO RAFAEL GALLO ELJAICK
Demandado: NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y OTRO
Tema: Responsabilidad por decomiso de maquinaria / falta de
legitimación en la causa por activa parcial – prueba de la
propiedad y posesión de maquinaria / No se acreditó el daño
alegado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de agosto de 2016, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN
arribaron a la calle 13 # 13-30 del municipio de Puerto Colombia, en donde se
encontraba la máquina vibro compactadora auto compulsada, marca Caterpillar,
serial 1MG00328, y la máquina motoniveladora marca Caterpillar, serial
87VO9857, con el fin de realizar la verificación físico-documental de estas, para lo
cual ordenaron su traslado a una bodega ubicada en el mismo municipio.
Posteriormente, el 10 de agosto de 2016, la DIAN ordenó su aprehensión porque
las maquinas no estaban amparadas en una declaración de importación o
documento equivalente. No obstante, el 29 de septiembre de 2016, la entidad
ordenó el archivo de la actuación porque el funcionario que realizó la diligencia de
verificación físico-documental de las maquinas carecía de competencia para ello,
por lo que ordenó la devolución de estas.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
El demandante considera que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIAN -
son patrimonialmente responsables a título de falla en el servicio por la
aprehensión de la maquinaria de su propiedad por parte de un funcionario
incompetente y por la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro
y la imposibilidad de explotar económicamente tales equipos durante el tiempo de
su retención.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 19 de octubre de 20181, Roberto Rafael Gallo Eljaick, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
DIAN para que se les declarara patrimonialmente responsables por el deterioro de
la maquinaria de su propiedad y la imposibilidad de explotar económicamente
esos equipos durante el tiempo de su retención por parte de la DIAN, la cual fue
ordenada en diligencia del 5 de agosto de 2016 en el municipio de Puerto
Colombia.
Como pretensiones de su demanda, el actor solicita condenar a las entidades
accionadas a pagarle, por daño emergente, la suma de $88’130192 y, por lucro
cesante, la cantidad de $1.683’160.000.
En apoyo de las pretensiones, el demandante afirma que es propietario de la
máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328
y de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.
Manifiesta que, en los meses de julio y agosto de 2016, dichas máquinas se
encontraban en la calle 13 # 13-30 del municipio de Puerto Colombia, a cargo de
1 Archivo “01. DEMANDA” índice 2, Samai.
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Giovanny Raúl Brigante del Guercio, donde estaban en uso en un proyecto de
obra de canalización.
Sostiene que el 5 de agosto de 2016, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera
de la DIAN hicieron presencia en dicho lugar para realizar la verificación físico
documental de la maquinaria, por lo que ordenaron su traslado a una bodega
ubicada en el mismo municipio, a fin de establecer su identificación.
Indica que, el 9 de agosto de 2016, un funcionario de la DIAN realizó experticio
técnico a la maquinaría y pudo establecer la plena identificación de la máquina
vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, pero no
ocurrió lo mismo con la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857.
Señala que el 10 de agosto de 2016, la DIAN, mediante actas Nos. 39021112110
y 39021112111, ordenó la aprehensión de la referida maquinaria con fundamento
en la causal establecida en el numeral 1.6 del Decreto 2685 del 2019 referida a
“cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envió, factura
de nacionalización o declaración de importación”.
Afirma que el 24 de agosto de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la
DIAN dictó autos de apertura de investigación para cada máquina, en aras de
resolver su situación jurídica.
Manifiesta que el 29 de septiembre de 2016, la entidad ordenó el archivo de la
actuación porque el funcionario que realizó la diligencia de verificación físico-
documental de las maquinas carecía de competencia para ello, pues solo estaba
comisionado para la práctica de diligencias de inspección, control y verificación de
las obligaciones aduaneras en establecimientos públicos, parqueaderos, lugares
de explotación minera a cielo abierto y donde se parqueara o utilizara maquinaria
de tipo amarillo ubicada en Barranquilla, pero no en Puerto Colombia.
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Indica que el 10 de abril de 2017 la DIAN ordenó la devolución de la máquina vibro
compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y, el 11 de
agosto de 2017, la entrega de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857, sin justificar la demora en la devolución de esta.
Asegura que hasta la fecha de presentación de la demanda la maquinaria no pudo
ser utilizada por el deterioro sufrido durante el tiempo que estuvo aprehendida por
la DIAN, periodo durante el cual también se dejaron de percibir los dineros que
esas máquinas producían por concepto de su arrendamiento.
El demandante considera que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIAN -
son patrimonialmente responsables a título de falla en el servicio por la
aprehensión de la maquinaria de su propiedad por parte de un funcionario
incompetente y por la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro
y la imposibilidad de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.
2. Contestaciones
El 3 de abril de 20192, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 se opuso a las
pretensiones, con fundamento en que no tuvo intervención alguna en los hechos
demandados, pues se trató de una actuación de exclusiva competencia de la
DIAN. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“vulneración del principio de especialización del gasto público” y “vulneración del
principio de legalidad”.
2 Archivo “05. AUTO ADMISIORIO”, índice 2, Samai.
3 Archivo “07. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA MINHACIENDA”, índice 2, Samai.
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
2.2. La DIAN4 señaló que el daño alegado en la demanda no era antijurídico, pues
constituía una obligación que el actor estaba en el deber de soportar, comoquiera
que la operación en la que estuvo involucrada la maquinaria amarilla surgió del
cumplimiento de sus funciones legales de control de maquinaria importada;
además, aunque el actor no formuló objeción alguna contra la aprehensión, fue la
misma entidad la que al resolver la situación jurídica de la maquinaria decidió
ordenar su devolución al interesado. No formuló excepciones.
3. Audiencia inicial
El 15 de octubre de 20205 el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones,
decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si la Nación - Unidad Administrativa Especial -
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Seccional Barranquilla es
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al
accionante, como consecuencia de una operación administrativa derivada del
presunto decomiso irregular de dos (2) maquinarias amarillas "i) Maquinaria:
Vibrocompactador Autocompulsado, Marca: Caterpillar, Modelo: CS433B, Serial:
1MG00328; ii) Maquinaria: Motoniveladora, Marca: Caterpillar, Modelo: 120 G,
Serial: 87VO9857", por parte del Patrullero Manuel Humberto Cubides Cancelado
miembro de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, las cuales eran utilizadas en el
desarrollo de una obra pública de canalización en el Municipio de Puerto Colombia
(Atlántico), específicamente en la Calle 13 No. 13 - 30 el día cinco (5) de agosto
de dos mil dieciséis (2016); o si, por el contrario, no le es atribuible
responsabilidad a la administración por haberse configurado alguna causal de
exoneración de responsabilidad extracontractual”.
4 Archivo “08. CONTESTACIÓN DEMANDA DIAN”, índice 2, Samai.
5 Archivo “17. ACTA AUDIENCIA INICIAL”, índice 2, Samai.
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 12 de febrero de 20216 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. El demandante7 y la DIAN8 reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y en la contestación de esta, respectivamente. La Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el ministerio público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de mayo de 20219 el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar
que el daño padecido por el actor devino en antijurídico a partir del decomiso de la
maquinaria por un servidor que carecía de competencia para realizar la
aprehensión en el municipio de Puerto Colombia, así como por la demora
injustificada en devolverla. No se pronunció respecto de la responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En efecto, el tribunal a quo señaló que “[…] la Sala considera que el daño
padecido por el actor devino en antijurídico a partir del decomiso de la maquinaria
amarilla por un servidor que carecía de total competencia para realizar la
aprehensión de las mismas en el municipio de Puerto Colombia - Atlántico, pues
este solamente se encontraba facultado para realizar tales diligencias en la ciudad
de Barranquilla, tal como lo señaló la accionada DIAN en el Auto de Archivo del
expediente administrativo. Aunado a lo anterior, se suma el hecho de una demora
injustificada para definir la situación jurídica de los rodantes amarillos, pues a partir
de que el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera tuvo conocimiento de que
el Patrullero Manuel Humberto Cubides Cancelado miembro de la Policía Fiscal y
6 “Gestión en otros despachos”, expediente digital, índice 7, Samai.
7 Archivo “26.1 alegatos de conclusion (2)”, índice 2, Samai.
8 Archivo “25.1 ALEGATOS 1 INSTANCIA - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018 0965”, índice 2,
Samai.
9 Archivo “27. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA”, índice 2, Samai.
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Aduanera – POLFA, no tenía competencia para iniciar el procedimiento de
verificación físico-documental, se debió haber devuelto en forma inmediata la vibro
compactadora y la motoniveladora al señor Roberto Rafael Gallo Eljaick. […]”.
En la parte resolutiva el a quo ordenó el pago de daño emergente por concepto de
pago de bodega de la maquinaria retenida en suma de $1’233.007, pero consideró
que los gastos por compra de repuestos y arreglos a la maquinaria, así como el
lucro cesante, no se demostraron.
6. Recursos de apelación
El 810 y el 1811 de junio de 2021, las partes interpusieron recursos de apelación, los
cuales fueron concedidos el 30 de junio de 202112 y admitidos el 17 de septiembre
de 202113.
6.1. La parte actora14 se opuso a la decisión del a quo en cuanto a los perjuicios
materiales, pues a su juicio, resultaba alejado de la realidad que una maquinaria
retenida por más de un año no sufriera averías y señaló que al proceso se allegaron
las cotizaciones de lo que se requiere para poner de nuevo en funcionamiento las
maquinas, costos que por su alto valor aún no habían sido efectuados por el
demandante. Igualmente, sostuvo que el Tribunal omitió actualizar la suma de
$1’233.007 reconocida por concepto de daño emergente. En cuanto al lucro cesante,
manifestó que se probó que, para el momento de la aprehensión, la maquinaria
estaba arrendada a la empresa Construcciones y Diseños Stevenson Hnos S.A.S., a
la Unión Temporal de Guardacostas y a la Unión Temporal Vías del Atlántico, como
consta en las certificaciones allegadas al expediente y que el a quo no valoró, razón
10 Archivos “28 CORRESPONDENCIA 08 DE JUNIO DE 2021” y “28.1 RECURSO DE APELACION
(2)”, índice 2, Samai.
11 Archivos “40. CORRESPONDENCIA 18 DE JUNIO DE 2021” y “40.1 RECURSO DE
APELACIÓN - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018-00965”, índice 2, Samai.
12Archivo “42. AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION”, índice 2, Samai.
13 Índice 4, Samai.
14 Archivos “28 CORRESPONDENCIA 08 DE JUNIO DE 2021” y “28.1 RECURSO DE APELACION
(2)”, índice 2, Samai.
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por la cual solicitó su reconocimiento. Finalmente, solicitó que se condenara en
costas a la DIAN.
6.2. La DIAN15 señaló que, en primer lugar, no existió daño antijurídico por cuanto la
Administración no decomisó ninguna maquinaria, sino que inició el proceso de
definición de situación jurídica con su aprehensión. En segundo lugar, manifestó que
cumplió su deber de realizar los controles aduaneros sobre una mercancía de
procedencia extranjera y que el error consistente en que la maquinaria hubiera sido
aprehendida por un funcionario que carecía de competencia para ello fue corregido
por la misma Administración. Agregó que no hubo demora injustificada en la
devolución de la maquinaria, pues se ordenó su entrega al finalizar la actuación.
Consideró que los costos del bodegaje de la maquinaria, era un gasto que el
demandante estaba en la obligación de soportar.
7. Trámite en segunda instancia
Toda vez que aunque la parte demandante16 y la DIAN17 se pronunciaron sobre
los respectivos recursos de apelación, no se solicitaron ni decretaron pruebas en
el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 18,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, por tanto, no hubo lugar a
correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.
El ministerio público guardó silencio.
15 Archivos “40. CORRESPONDENCIA 18 DE JUNIO DE 2021” y “40.1 RECURSO DE
APELACIÓN - ROBERTO GALLO ELJAICK 2018-00965”, índice 2, Samai.
16 Índice 10, Samai.
17 Indice 9, Samai.
18 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
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III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor19 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación20.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
20 Para la fecha de presentación de la demanda (19 de octubre de 2018) 500 SMLMV equivalían a
la suma de $390’621.000 y en el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de
$1.683’160.000.
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño atribuido a una extralimitación de la DIAN,
por la aprehensión de una maquinaria por parte de un funcionario incompetente y
la demora injustificada en devolverla, lo que causó su deterioro y la imposibilidad
de explotarla económicamente durante el tiempo de la retención.
Se advierte que, en el sub judice, la fuente del daño no radica en los actos
administrativos que ordenaron la aprehensión de la maquinaria, pues la actuación
administrativa finalizó a favor del interesado y ordenó la devolución de esta, de
modo que lo que se cuestiona son las consecuencias de las decisiones
administrativas, como lo señaló esta Sección en un caso similar:22
“[…] En el presente caso, la actuación administrativa adelantada por la DIAN finalizó
con decisión administrativa que dio la razón al administrado y terminó la actuación
administrativa a su favor, con la orden de devolución del vehículo, por lo que,
aunque la fuente del daño provino de decisiones expresas de la administración
adoptadas en forma previa, no se controvierte aquí su legalidad, pues la misma
administración dispuso exonerar al demandante. Se trata entonces de un caso en
que los actos que constituyeron fuente de los perjuicios no fueron ni requerían ser
controvertidos judicialmente, como quiera que la decisión definitiva le fue favorable
al demandante, por lo cual, no se cuestiona la legalidad de la decisión que culminó
el procedimiento, sino la consecuencia de las medidas que durante este se
mantuvieron vigentes, siendo la acción idónea para ello la promovida por los
demandantes. […]”.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que
tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal
que, por ende, debe examinarse de oficio23.
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 16 de diciembre de 2015 exp. 37461 (acumulado 43199).
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]
respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general24, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción25, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el
artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando
verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de
reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez
en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del
C.C.A.”
24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
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Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure26 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo28, señala que el medio de control de reparación directa deberá
26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
28 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
teniendo en cuenta: i) que el 10 de abril de 2017 la DIAN ordenó la entrega de la
máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328
(hecho probado 7.1.20); ii) que el 11 de agosto de 2017, la DIAN ordenó la entrega
de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857 (hecho probado
7.1.22.); iii) que el 2 de agosto de 2018 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 15 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Barranquilla, la cual se declaró fallida el 17 de octubre de 2018,
según da cuenta la constancia de la misma fecha29; y, iv) que la demanda se
presentó el 19 de octubre de 201830, esto es, dentro del plazo establecido en la
norma antes citada.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.
4.1. Dado que Roberto Rafael Gallo Eljaick presentó demanda para que las
accionadas fueran declaradas patrimonialmente responsables a título de falla en el
servicio que habría causado el deterioro de la máquina vibro compactadora auto
compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y de la máquina motoniveladora
marca Caterpillar serial 87VO9857 que alega de su propiedad, se precisa lo
siguiente:
29 Archivo “03. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL”, índice 2, Samai.
30 Archivo “01. DEMANDA” índice 2, Samai.
31 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Sobre la inscripción y registro de vehículos y maquinaria, el artículo 46 de la Ley
769 de 200232 prevé que todo vehículo automotor registrado y autorizado para
circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse,
deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional
Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. Asimismo, deberán inscribirse
los remolques y semi-remolques.
A su turno, el artículo 10, literal A), numeral 7 de la Ley 1005 de 2006 33 –
modificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012– dispone que toda la
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada debe ser inscrita
en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- y luego el Ministerio de
Transporte expedirá la respectiva tarjeta de registro.
A su turno, el artículo 334 de la Resolución 0012335 de 2012 expedida por el
Ministerio de Transporte, en concordancia con el artículo 1135 del Código Nacional
de Tránsito, dispone que la maquinaria agrícola, industrial y de construcción
autopropulsada debe ser registrada en el RUNT. Asimismo, el artículo 1136 de la
referida Resolución, prevé que el propietario de dicha maquinaria puede solicitar
un certificado de tradición del vehículo registrado en el RUNT.
32 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
33 “Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002”.
34 “Artículo 3°. Obligatoriedad del Registro. A partir de la fecha de entrada en operación del
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT,
la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, fabricada, importada o
ensamblada en el país, debe ser registrada en el sistema RUNT”.
35 “Artículo 11. modificado por el artículo 208 del Decreto 19 de 2012. Incorpórese al Registro Único
Nacional de Tránsito -RUNT-, el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de
Construcción Autopropulsada que sea adquirida, importada o ensamblada en el país, a partir de la
sanción de la presente ley.
El Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada se
realizará ante el Ministerio de Transporte o quien este delegue, y tendrá como propósito disponer
de una base de datos sobre los equipos existentes en el país con fines estadísticos.
La inscripción de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada existente con
anterioridad a la vigencia de la presente ley será voluntaria.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Transporte reglamentará el procedimiento a seguir para que los
propietarios y/o poseedores de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada,
realicen el proceso de inscripción de registro”.
36 “Artículo 11. Certificado de Tradición. El interesado podrá obtener ante el Organismo de Tránsito,
Certificación de Tradición de la maquinaria registrada en el sistema RUNT”.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Conforme al marco normativo que antecede, la maquinaria industrial y agrícola
–como lo son una motoniveladora y una vibro compactadora– debe estar
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y
de Construcción Autopropulsada, incorporado en el RUNT y la tarjeta de registro
más el certificado de tradición correspondiente son la prueba del derecho de
dominio sobre este tipo de maquinaria, como ya lo advirtió la Sala un asunto
similar.37
En el caso concreto, el demandante no aportó tarjetas de registro ni certificados de
tradición de las dos máquinas que alega de su propiedad, circunstancia que
impide acreditar su condición de propietario, razón por la cual no acreditó el
dominio y no se encuentra legitimado en la causa por activa en calidad de dueño
de la maquinaria.
Pese a lo anterior, la Sala verificará si el demandante demostró que utilizaba las
máquinas con el ánimo de señor y dueño para el momento de la aprehensión por
parte de la DIAN.
Sobre la calidad de poseedor, la Sección Tercera ha sostenido que quien la
acredite respecto de un bien sobre el cual alega una afectación, puede reclamar
los perjuicios derivados de esta, siempre que demuestre que sobre el mismo
ejercía actos de señor y dueño:38
“[…] De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación y del artículo 47 de la
Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos,
la manera de demostrar la propiedad de un vehículo automotor era a través de la
prueba de la inscripción, ante las autoridades de tránsito, del título por medio del
cual se adquirió el bien39.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 71369.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de octubre de 2017, exp. 39126.
39 “Original de la cita: Acerca de la prueba de la propiedad de los vehículos automotores, así se
pronunció la Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación en sentencia fechada 26 de
febrero de 2014, dentro del expediente No. 41001-23-31-000-1997-09808-01 (27.749), Consejero
Ponente Mauricio Fajardo Gómez:
“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 ⎯Código
Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor ⎯ estableció como requisitos uniformes
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
Pese a que la discusión gira en torno a una retroexcavadora, no por ello el
demandante estaba exento de aportar la prueba que lo acreditara como su
propietario, pues, según la Ley 769 de 2002, esa clase de bienes se consideran
vehículos automotores y por ende se encuentran sujetos a registro.
Ahora bien, aunque en el proceso obra el contrato de permuta por medio del cual el
demandante adquirió la retroexcavadora, no se cuenta con la prueba de que el
negocio jurídico hubiere sido inscrito ante un organismo de tránsito […].
Así las cosas, no puede concluirse que el demandante era el propietario del referido
automotor, calidad con la que compareció a este proceso. Sin embargo, lo cierto es
que el señor Julio Ernesto Guamán Caro era su poseedor.
La Sala no puede obviar los siguientes medios de prueba que aportó la DIAN con la
contestación de la demanda, entre los cuales se encuentra el contrato de permuta
referido anteriormente.
En efecto, dicho contrato, calendado el 3 de junio de 2005 –anterior a la
aprehensión del automotor que ocurrió el 7 de ese mes y año -, es demostrativo de
que el demandante era su legítimo poseedor desde esa fecha.
Adicionalmente, debe considerarse la Resolución número 0496 del 19 de abril de
2006, por medio de la cual la DIAN decidió ordenar la entrega de la retroexcavadora
objeto de discusión al señor Julio Ernesto Guamán Caro y no a alguna otra persona.
De igual manera, cuenta el expediente con la comunicación que la DIAN remitió a la
Almacenadora Almagrario Bosa, para que, con fundamento en la Resolución
⎯tanto en materia civil como en el ámbito mercantil⎯ para hacer efectiva la tradición de los
automotores, tanto la entrega material del automotor como la inscripción del negocio jurídico
correspondiente en el Registro Nacional Automotor, obligación ésta consignada de forma expresa
en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se trascriben a continuación:
‘Artículo 47. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega
material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el
Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el
organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
adquisición del vehículo’.
‘Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva
decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito
correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la
autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a
la fecha de la medida cautelar’.
“La norma transcrita deja completamente claro y expreso no solo que el mecanismo del título y el
modo es el que continúa operando en Colombia para transmitir la propiedad o para introducir
modificaciones en los derechos reales respecto de vehículos automotores, sino también que la
tradición —modo— ha de cumplirse mediante la correspondiente inscripción en el registro público
respectivo; (…).
“Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte
un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación
tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de
propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente
establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-ley 1250 de
1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la
sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción (…)” (Negrilla por la Sala).
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
número 0496, hiciera entrega del vehículo al ahora demandante. […]”
Incluso, la Subsección A ha señalado que cuando no se acredita la propiedad
sobre los bienes reclamados, documentos como el contrato de promesa de
compraventa y la declaración de importación podrían acreditar la condición de
poseedor sobre estos:40
“[…] En concordancia con lo anterior, en el sub lite, si bien el demandante no
acreditó la calidad de propietario de los vehículos por los cuales reclama, dado que
están sujetos a registro y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad,
lo cierto es que de los documentos aportados al proceso se puede evidenciar que el
señor Ramón José Posada Pérez acreditó su condición de poseedor de las
máquinas destruidas, como se procede a explicar.
Al respecto, la Sala destaca que: i) en relación con la máquina marca Volvo, N° de
chasis VCEC210BJ00040080 se tiene el acta de entrega del vehículo y el acta de
entrega técnica del mismo automotor y ii) en cuanto al vehículo marca Volvo, N° de
chasis VCEC210BL00071917 se encuentra el contrato de promesa de compraventa
junto con su declaración de importación ante la DIAN; documentos que en ambos
casos ponen en evidencia que el demandante demostró su posesión, además, el
actor certificó desarrollar actividades mineras, a través de su establecimiento de
comercio mina La Posada, de ahí que es dable analizar la configuración de los
elementos del daño antijurídico en el caso concreto. […]”
Pues bien, en este proceso se probó que el actor compró la máquina vibro
compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 en el 2012
(hecho probado 7.1.3.).
Sin embargo, consta que fue Castro Tcherassi & Cia Ltda. quien importó dicha
máquina (hecho probado 7.1.1.). Además, el actor no fue tenido por la DIAN como
el responsable de la maquinaria durante la diligencia del 5 de agosto de 2016, sino
Geovanny Raúl Brigante, y no se demostró que este hubiera actuado como
empleado, representante o dependiente del actor durante la referida diligencia
(hecho probado 7.1.19.).
De hecho, durante la actuación administrativa adelantada por la DIAN, esta tuvo
como interesados, titulares o responsables de la máquina vibro compactadora
40Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 58954.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, a Geovanny Raúl Brigante y
a Castro Tcherassi S.A. (hecho probado 7.1.12.), sin que se demostrara que estos
actuaron en representación del demandante en el procedimiento ante la DIAN.
Es así como una vez archivada la actuación, la DIAN le comunicó su decisión a
Castro Tcherassi & Cia Ltda. y a Geovanny Raúl Brigante, mas no al hoy
demandante (hechos probados 7.1.17. y 7.1.18.).
Asimismo, cuando la DIAN realizó nuevamente la inspección a la maquinaria y
determinó que no se habían infringido las normas aduaneras para su permanencia
en el territorio nacional, en el acta respectiva ordenó la entrega de la máquina
vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328,
teniendo como responsable de esta a un empleado de Castro Tcherassi & Cia
Ltda. (hecho probado 7.1.19.) y autorizó su entrega a Castro Tcherassi S.A.,
Maquinaria Ingeniería y Construcciones S.A. y a Geovanny Raúl Brigante (hecho
probado 7.1.20.).
Finalmente, aunque se probó que el actor alquiló máquinas compactadoras en
2013, 2015 y 2016 (hechos probados 7.1.5. y 7.1.6.), no se acreditó que se trató
de la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial
1MG00328, es decir, no demostró que se tratara de la misma máquina que luego
sería aprehendida por la DIAN. De hecho, si bien se probó que, entre el 28 de
septiembre y el 26 de diciembre de 2016, el demandante alquiló “máquinas
compactadoras” (hecho probado 7.1.15.), solo demuestra que el actor poseía este
tipo de máquinas y las alquilaba, pero no pudo tratarse de la máquina vibro
compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 pues, para
ese período, dicha máquina se encontraba aprehendida por la DIAN. Tampoco se
allegó contrato u otro documento idóneo que comprobara que el alquiler versó
sobre dicha máquina específicamente.
De modo que ni la declaración de importación, ni la actuación administrativa ante
la DIAN, ni otro documento o testimonio se aportó para acreditar que el actor
actuaba con ánimo de señor y dueño respecto de la máquina vibro compactadora
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, pues las evidencias
arrimadas al proceso demuestran que dicha máquina estaba bajo la tenencia de
otras personas distintas al demandante.
Siendo así, el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa como
poseedor de la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar
serial 1MG00328.
Por otro lado, frente a la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857, se probó que esta fue importada por INGA System Ltda. (hecho
probado 7.1.2.). Igualmente, durante el procedimiento administrativo aduanero, la
DIAN dejó constancia de que los interesados, titulares o responsables de la
máquina eran Geovanny Raúl Brigante, INGA Consultores Ltda. y Agencia de
Aduanas Asesorías en Negocios Internacionales ANI S.A.S. Nivel 2. (hecho
probado 7.1.13.).
Sin embargo, también se acreditó que el actor le compró dicha máquina a INGA
Consultores Ltda. (hecho probado 7.1.4.), que estuvo presente en la última
diligencia de inspección realizada por la DIAN en la cual se dejó constancia que
era uno de los responsables de aquella (hecho probado 7.1.21.) y que, una vez
verificada la nacionalización de la maquinaria, la DIAN autorizó su entrega al
demandante y a Geovanny Raúl Brigante (hecho probado 7.1.22.).
Lo anterior permite acreditar que, al menos en conjunto con otras personas, el
actor poseía y era el responsable de la máquina motoniveladora marca Caterpillar
serial 87VO9857, de ahí que se encuentre legitimado en la causa por activa como
poseedor de esta.
4.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se encuentra
legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el director
de esa Unidad Administrativa Especial, de conformidad con lo dispuesto en el
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
artículo 159 de la Ley 1437 de 201141. Además, en la demanda se le atribuyen los
daños alegados por falla en el servicio, debido a la aprehensión de la máquina que
poseía el demandante por parte de un funcionario carente de competencia y a la
demora injustificada en devolverla.
4.3. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda no se le atribuye
responsabilidad alguna por los daños alegados, no intervino en modo alguno en el
procedimiento administrativo adelantado por la DIAN, ni se encuentra entre sus
funciones la inspección y control de mercancías que ingresan al país.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la DIAN es patrimonialmente responsable por
la aprehensión, por parte de un funcionario sin competencia, de la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, lo cual provocó su deterioro y
la imposibilidad al demandante de explotarla económicamente durante el tiempo
de la retención.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199142 consagró dos condiciones para
41 “Artículo 159. capacidad y representación. […] La entidad, órgano u organismo estatal estará
representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación,
Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor
jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. […]”
42 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la
responsabilidad y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel,
lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo
anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función
pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o
causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la
doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre,
por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas,
con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros43.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 31 de mayo de 2021
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la DIAN manifestó que cumplió con su deber legal de
control aduanero y que no retrasó la entrega de la maquinaria aprehendida.
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
A su turno, la parte actora solicitó la actualización de la suma reconocida, así
como la indemnización de los demás perjuicios negados por el a quo.
En este sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el asunto se resolverá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por ello, a
continuación se analizará sin limitaciones si la DIAN es patrimonialmente
responsable por la aprehensión, por parte de un funcionario incompetente, de la
máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, lo cual provocó su
deterioro y la imposibilidad al demandante de explotarla económicamente durante
el tiempo de la retención.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se comprobó que, el 14 de marzo de 1996, Castro Tcherassi & Cia Ltda.
importó la máquina vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial
1MG00328. De ello da cuenta la declaración de importación de la misma fecha.44
7.1.2. Se verificó que, el 4 de junio de 2008, INGA System Ltda. importó la
máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857. De ello da cuenta la
declaración de importación de la misma fecha.45
44 Páginas 1 y 2 del archivo “02. ANEXOS. 3. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN -
DECLARACIÓN ANDINA DE”, índice 2, Samai.
45 Páginas 3 y 4 del archivo “02. ANEXOS. 3. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN -
DECLARACIÓN ANDINA DE”, índice 2, Samai.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
7.1.3. Consta que, el 19 de octubre de 2012, Roberto Rafael Gallo Eljaick le
compró a Edgardo Lemus Blanco la máquina vibro compactadora auto
compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328. De ello da cuenta la copia del
contrato de compraventa de la misma fecha.46
7.1.4. Se probó que, el 7 de diciembre de 2012, Roberto Rafael Gallo Eljaick le
compró a INGA Consultores Ltda. la máquina motoniveladora marca Caterpillar
serial 87VO9857. De ello da cuenta la copia del contrato de compraventa de la
misma fecha.47
7.1.5. Se acreditó que, en fecha indeterminada de 2013, Roberto Rafael Gallo
Eljaick le alquiló a la Unión Temporal Vías del Atlántico una máquina vibro
compactadora Caterpillar y una máquina motoniveladora Caterpillar -se desconoce
exactamente qué máquinas con qué número de serial-, para la ejecución de un
contrato de obras civiles en el municipio de Santa Lucía. De ello da cuenta la
certificación del 29 de junio de 2016.48
7.1.6. Se constató que, entre el 4 de diciembre de 2015 y el 5 de julio de 2016,
Roberto Rafael Gallo Eljaick le alquiló a Construcciones y Diseños Stevenson
Henos Ltda. “máquinas motoniveladoras y vibro compactadora” en el municipio de
Sabanagrande. De ello da cuenta la certificación suscrita el 8 de julio de 2016.49
7.1.8. Se demostró que, a través de auto No. 1502 del 4 de agosto de 2016, la
DIAN, Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de
Control Operativo, comisionó al patrullero Manuel Humberto Cubides Cancelado y
a otros funcionarios de la Policía Nacional, para realizar acciones de control y
efectuar las medidas cautelares a que hubiere lugar en establecimientos de
46 Páginas 3 y 4 del archivo “02. ANEXOS. 1. PODER ESPECIAL- CONTRATODE
COMPRAVENTA- DE COMPRA”, índice 2, Samai.
47 Páginas 5 a 7 del archivo “02. ANEXOS. 1. PODER ESPECIAL- CONTRATO DE
COMPRAVENTA- DE COMPRA”, índice 2, Samai.
48 Página 7 del archivo “02. ANEXOS. 7. LABORATORIO DIESEL - COTIZACIÓN -
CERTIFICACIÓN”, índice 2, Samai.
49 Página 5 del archivo “02. ANEXOS. 7. LABORATORIO DIESEL - COTIZACIÓN -
CERTIFICACIÓN”, índice 2, Samai.
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
comercio abiertos al público, así como practicar la diligencia de inspección, control
y verificación de las obligaciones aduaneras en establecimientos, lugares de
explotación minera a cielo abierto y donde se parqueara o utilizara maquinaria de
línea amarilla ubicada en la ciudad de Barranquilla. De ello da cuenta copia
auténtica del auto de la misma fecha.50
7.1.9. Se constató que, el 5 de agosto de 2016, el patrullero Manuel Humberto
Cubides Cancelado, en cumplimiento de la comisión antes referida, realizó
diligencia de inspección y control en la calle 13 # 13-30 del municipio de Puerto
Colombia con verificación físico-documental de la máquina vibro compactadora
auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y de la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857 que se encontraban en ese
lugar, observando inconsistencias entre la identificación física y la documentación
presentada para amparar legalmente la maquinaria, razón por la cual ordenó su
traslado a una bodega habilitada por la DIAN en Barranquilla, hasta que se
resolviera su situación jurídica. En dicha acta se dejó constancia que Geovanny
Raúl Brigante era el encargado de la maquinaria. De ello da cuenta copia
auténtica del acta de hechos No. 3781 de la misma fecha.51
7.1.10. Se comprobó que, el 9 de agosto de 2016, un funcionario de la SIJIN de la
Policía Nacional realizó experticio técnico a la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857 en el que concluyó: “No presenta placas como
sistema externo de identificación y se desconoce si ha sido matriculada en algún
tránsito. Atendiendo a los puntos anteriores, el automotor objeto de estudio queda
sin identificación técnica por presentar sus guarismos número de motor borrado,
numero de chasis no originales (regrabados) y plaqueta de serie no porta al
momento de la realización del estudio técnico. El presente estudio se realizó sin la
confrontación de documentos”. De ello da cuenta el informe de la misma fecha.52
50 Páginas 1 a 4 del archivo “02. ANEXOS. 2.AUTO COMISORIO- ACTA DE HECHOS DE
ACCION DE CON”, índice 2, Samai.
51 Páginas 5 y 6 del archivo “02. ANEXOS. 2.AUTO COMISORIO- ACTA DE HECHOS DE
ACCION DE CON”, índice 2, Samai.
52 Páginas 1 y 2 del archivo “02. ANEXOS 4. INORME INVESTIGADOR- APREHENSIÓN DE
MERCDANCIA”, índice 2, Samai.
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7.1.11. Se constató que el 9 de agosto de 2016, un funcionario de la SIJIN de la
Policía Nacional realizó experticio técnico a la máquina vibro compactadora auto
compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y concluyó que: “queda
identificado conforme a los guarismos que presenta en su número de motor y
chasis por ser los originales al momento de la realización del estudio técnico. El
presente estudio se realizó sin la confrontación de documentos y solo es válido
para trámites judiciales”. De ello da cuenta copia auténtica del informe de la misma
fecha.53
7.1.12. Se demostró que el 10 de agosto de 2016, la DIAN, Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, dictó acta de aprehensión No. 1502 sobre la máquina
vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328, con
fundamento en la causal prevista en el artículo 502, numeral 1.6. del Decreto 2685
de 1999, dado que no se encontraba amparada en planilla de envío, factura de
nacionalización o declaración de importación. Igualmente, en ella se identificaron
como interesados, titulares o responsables de la máquina a Geovanny Raúl
Brigante y Castro Tcherassi S.A. De ello da cuenta copia auténtica del acta de la
misma fecha.54
7.1.13. Se acreditó que, el 10 de agosto de 2016, la DIAN, Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, dictó acta de aprehensión No. 1503 sobre la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, con fundamento en la causal
prevista en el artículo 502, numeral 1.6. del Decreto 2685 de 1999, dado que no se
encontraba amparada en planilla de envío, factura de nacionalización o
declaración de importación. Igualmente, en ella se identificaron como interesados,
titulares o responsables de la máquina a Geovanny Raúl Brigante, INGA
Consultores Ltda. y Agencia de Aduanas Asesorías en Negocios Internacionales
53 Páginas 3 y 4 del archivo “02. ANEXOS 4. INORME INVESTIGADOR- APREHENSIÓN DE
MERCDANCIA”, índice 2, Samai.
54 Páginas 5 a 7 del archivo “02. ANEXOS 4. INORME INVESTIGADOR- APREHENSIÓN DE
MERCDANCIA”, índice 2, Samai.
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Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
ANI S.A.S. Nivel 2. De ello da cuenta copia auténtica del acta de la misma fecha.55
7.1.14. Consta que, mediante autos del 24 de agosto de 2016, la DIAN, Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización, dictó
apertura de la investigación para definir la situación jurídica de la máquina vibro
compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y de la
máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857. De ello dan cuenta
copia auténtica de los autos de la misma fecha.56
7.1.15. Se acreditó que, entre el 28 de septiembre y el 26 de diciembre de 2016,
Roberto Rafael Gallo Eljaick alquiló a la Unión Temporal Guardacostas “máquinas
motoniveladoras y compactadoras” en el municipio de Suan. De ello da cuenta la
certificación suscrita el 18 de enero de 2017.57
7.1.16. Se demostró que, mediante auto de archivo del 29 de septiembre de 2016,
la DIAN, Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de
Fiscalización determinó que la investigación sobre las máquinas motoniveladora
marca Caterpillar serial 87VO9857 y vibro compactadora auto compulsada marca
Caterpillar serial 1MG00328 resultaba improcedente y estaba viciada de nulidad
por falta de competencia del funcionario que adelantó la acción de inspección y
control, razón por la cual ordenó su archivo, como consta en la copia auténtica del
auto de la misma fecha, del cual se destaca los siguiente:58
“[…] en primera instancia estamos obligados a determinar la competencia del
empleado público o policial que adelantó la diligencia de aprehensión; así teniendo
en cuenta que para el caso que nos ocupa el auto comisorio No. 1-87-201-249-2249
del 04/08/2016 no facultaba al patrullero Manuel Cubides C.C. […] para actuar en el
municipio de Puerto Colombia, dicho funcionario no era competente para realizar la
acción de control plasmada en el acta de hechos 3781 del 05-08-2016. Para nuestro
caso sub judice, el auto comisorio en mención, faculta a unos miembros de la
55 Páginas 8 a 10 del archivo “02. ANEXOS 4. INORME INVESTIGADOR- APREHENSIÓN DE
MERCDANCIA”, índice 2, Samai.
56 Páginas 1 y 2 del archivo “02. ANEXOS. 4. AUTO DE APERTURA - AUTO DE ARCHIVO
ADUANERO”, índice 2, Samai.
57 Página 6 del archivo “02. ANEXOS. 7. LABORATORIO DIESEL - COTIZACIÓN -
CERTIFICACIÓN”, índice 2, Samai.
58 Páginas 88 y 89 del archivo “09. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO- ACTA DE HECHOS PARA
ACCIÓN DE CO”, índice 2, Samai.
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Policía Fiscal y Aduanera para practicar diligencias solamente en el municipio de
Barranquilla, competencia que fue rebasada por el Policial al efectuar una acción de
control el día 05/08/2016 en el municipio de Puerto Colombia cuando no estaba
legalmente autorizado a hacerlo vistas las piezas procesales. […] considera este
despacho que está probado que el patrullero Manuel Cubides C.C. […] carecía de
competencia para efectuar la acción de control realizada en Puerto Colombia el
05/08/2016 por no haber respetado el ámbito geográfico al cual lo limitaba su
comisión, por lo cual todas las actuaciones que devienen como resultado de esta
actuación están viciadas de ilegalidad. Así, estamos frente a una circunstancia que
vicia de nulidad por falta de competencia toda la actuación. […] Así las cosas, este
despacho concluye que la diligencia de aprehensión consignada en el acta No. 1502
del 10/08/2016, es nula de pleno derecho, toda vez que fue practicada por un
funcionario sin competencia y se originó en una acción de control realizada el
05/08/2016 por funcionario sin competencia para actuar, por lo que en aras de
garantizar el debido proceso y absteniéndonos de entregar la mercancía, deben
remitirse las presentes diligencias a la División de Gestión de Fiscalización de esta
Dirección Seccional, como unidad competente, para que se determine, previo el
estudio de todo el expediente, la procedencia o no de la aplicación de la medida
cautelar a la mercancía encartada […]”
7.1.17. Se comprobó que, el 5 de octubre de 2016, la DIAN, Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización, le comunicó a
Castro Tcherassi S.A. el auto de archivo del 29 de septiembre de 2016. De ello
dan cuenta las comunicaciones de la misma fecha.59
7.1.18. Consta que, el 7 de octubre de 2016, la DIAN, Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización, le comunicó a
Geovanny Raúl Brigante, la Agencia de Aduanas Asesorías en Negocios
Internacionales ANI S.A.S. nivel 2 e INGA System Ltda. el auto de archivo del 29
de septiembre de 2016. De ello dan cuenta las comunicaciones de la misma
fecha.60
7.1.19. Se demostró que, entre el 3 y el 9 de noviembre de 2016, la DIAN,
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de
Fiscalización practicó diligencia de control a la máquina vibro compactadora auto
compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 y concluyó que se trataba de la
misma mercancía amparada en la respectiva declaración de importación, razón
59 Página 83 del archivo “09. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO- ACTA DE HECHOS PARA
ACCIÓN DE CO”, índice 2, Samai.
60 Páginas 42, 43 y 45 del archivo “09. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO- ACTA DE HECHOS
PARA ACCIÓN DE CO”, índice 2, Samai.
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por la cual no debía aprehenderse y procedía su entrega. En la misma diligencia
se dejó constancia de que estuvo presente como responsable de la máquina un
empleado de Castro Tcherassi & Cia Ltda. De ello da cuenta el acta No. 5501 del
3 de noviembre de 2016.61
7.1.20. Se probó que, el 10 de abril de 2017, el jefe de comercialización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, autorizó la entrega de la máquina
vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 a Castro
Tcherassi S.A., Maquinaria Ingeniería y Construcciones S.A. y Geovanny Raúl
Brigante. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.62
7.1.21. Se comprobó que, el 2 de agosto de 2017, la DIAN, Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización practicó diligencia
de control a la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857 y
concluyó que estaba amparada por la respectiva declaración de importación y que
se acreditó su permanencia en territorio aduanero, razón por la cual procedía su
entrega. En la misma diligencia se dejó constancia de que estuvieron presentes
como responsables de la máquina Roberto Rafael Gallo Eljaick y Geovanny Raúl
Brigante. De ello da cuenta el acta No. 10533 de la misma fecha.63
7.1.22. Se acreditó que, el 11 de agosto de 2017, el director seccional de aduanas
de Barranquilla autorizó la entrega de la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857 a Roberto Rafael Gallo Eljaick y a Geovanny Raúl
Brigante. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.64
61 Páginas 94 y 95 del archivo “09. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO- ACTA DE HECHOS PARA
ACCIÓN DE CO”, índice 2, Samai.
62 Página 6 del archivo “02. ANEXOS. 4. AUTO DE APERTURA - AUTO DE ARCHIVO
ADUANERO”, índice 2, Samai.
63 Páginas 96 a 99 del archivo “09. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO- ACTA DE HECHOS PARA
ACCIÓN DE CO”, índice 2, Samai.
64 Página 5 del archivo “02. ANEXOS. 4. AUTO DE APERTURA - AUTO DE ARCHIVO
ADUANERO”, índice 2, Samai.
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7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración65-66.
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho67, que contraría el orden legal68 o
65 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
66 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
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que está desprovista de una causa que la justifique69, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida70, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el caso sub examine, se tiene que los daños alegados consisten en: i) la
imposibilidad de explotar económicamente la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857 durante el tiempo de su retención y; ii) el deterioro de
esta.
Pues bien, en cuanto al daño consistente en la imposibilidad de explotar
económicamente la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857
durante el tiempo de su retención, la Sala considera que esta no constituye un
daño, sino una carga que el actor estaba en el deber de soportar, pues la DIAN,
en ejercicio de la potestad fiscalizadora que le asiste, realizó la verificación físico-
documental, observó inconsistencias entre la identificación física y la
documentación presentada para amparar legalmente la máquina motoniveladora
marca Caterpillar serial 87VO9857, realizó experticio técnico y, como
consecuencia, el 10 de agosto de 2016 dictó acta de aprehensión sobre la
maquinaria, con fundamento en la causal prevista en el artículo 502, numeral 1.6.
del Decreto 2685 de 1999, dado que no se encontraba amparada en planilla de
envío, factura de nacionalización o declaración de importación (hechos probados
7.1.9., 7.1.10. y 7.1.13.).
68 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
70 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Es cierto que la máquina estuvo retenida durante aproximadamente un año (hecho
probado 7.1.21.), pero como lo ha señalado esta Sección en asuntos similares71,
se trata de una carga normal que al actor le correspondía soportar mientras se
definía la situación jurídica de su automotor, más cuando para el momento de la
retención y posterior aprehensión, el demandante no demostró la introducción
legal de dicha mercancía a territorio aduanero nacional, pues en la diligencia de
inspección y control se observaron inconsistencias entre la identificación física y la
documentación presentada para amparar legalmente la maquinaria (hecho
probado 7.1.9.), mismas que se reiteraron durante el experticio técnico (hecho
probado 7.1.10.).
Si bien luego del procedimiento administrativo aduanero, la DIAN, Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, División de Gestión de Fiscalización
practicó diligencia de control a la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial
87VO9857 y pudo concluir que estaba amparada por la respectiva declaración de
importación y que se acreditó su permanencia en territorio aduanero, motivo por el
cual procedió con su entrega, ello no supone per se, la existencia de un daño con
carácter antijurídico, sino de una incomodidad para el actor, justificada en que, de
entrada, ante las autoridades aduaneras, no pudo demostrar la legalidad del
ingreso del vehículo a territorio aduanero nacional, debido a que la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857 no estaba amparada en planilla
de envío, factura de nacionalización o declaración de importación; asimismo,
porque carecía de identificación técnica por presentar número de motor borrado,
numero de chasis no original (regrabado) y sin plaqueta de serie (hecho probado
7.1.10.), situación que, mientras se esclarecía, condujo a las aprehensión de la
máquina y a que se mantuviera retenida por aproximadamente un año.
Bajo esta óptica, la Sala concluye que, si bien la retención de la máquina
motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857 le produjo una incomodidad al
demandante, lo cierto es que no puede predicarse la existencia de un daño que
tenga el carácter de ser antijurídico, en la medida en que aquel sí estaba en la
71Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, exp. 66356.
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obligación de soportar la aprehensión de su vehículo, actuaciones que la DIAN
estaba en el deber legal de adelantar, ante las inconsistencias antes anotadas.
Frente al daño consistente en el deterioro de la máquina motoniveladora marca
Caterpillar serial 87VO9857, este tampoco se encuentra probado.
En efecto, no se allegó prueba alguna que demostrara en qué consistió el referido
deterioro que le habría generado gastos (daño emergente) y la imposibilidad de
explotarla económicamente (lucro cesante) al actor. Ni siquiera se allegó un
inventario o constancia del estado en que la máquina fue aprehendida y otro en el
que haya sido entregada, de modo que pudiera verificarse algún grado de
deterioro.
Se observa que el demandante allegó una liquidación realizada por un contador
sobre el valor del trabajo por hora de la maquinaria72; cotizaciones de
reparaciones, repuestos y alquiler de maquinaria73; copias de un libro fiscal del
demandante de abril a julio de 201674 y una certificación de un contador público,
según la cual el actor incumplió unos contratos de obra pública en 201575, las
cuales están encaminadas a probar los perjuicios ya por daño emergente o lucro
cesante que reclama en la demanda, pero que no demuestran el deterioro de la
máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.
De hecho, en el mismo recurso de apelación, el actor afirmó que resultaba alejado
de la realidad que una maquinaria retenida por más de un año no sufriera averías
y que al proceso se allegaron las cotizaciones de lo que se requiere para ponerla
de nuevo en funcionamiento, costos que por su alto valor aún no han sido
efectuados por el demandante.
72 Páginas 4 a 9 del archivo “02. ANEXOS. 5. FACTURA DE VENTA - JORNADA DE TRABAJO -
(2)”, índice 2, Samai.
73 Achivo “02. ANEXOS. 6. COTIZACIÓN DE REPUESTOS”, páginas 1 a 4 del archivo “02.
ANEXOS. 7. LABORATORIO DIESEL - COTIZACIÓN - CERTIFICACIÓN”, archivo “21.2 APORTE
PRUEBAS ALQUILER MAQUINAS” y archivo “21.3 APORTE PRUEBA REGISTRO CONTABLE
(1)”. índice 2, Samai.
74 Archivo “21.1 APORTE PRUEBA REGISTRO CONTABLE”, índice 2, Samai.
75 Página 5 del archivo “21.1 APORTE PRUEBA REGISTRO CONTABLE”, índice 2, Samai.
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De ahí que el deterioro se concreta solo a una afirmación y suposición del
demandante de que la máquina retenida sufrió averías, sin siquiera mencionar
cuáles son tales daños y cómo estos impiden su funcionamiento. Además,
corrobora que el demandante no ha efectuado gasto alguno para una supuesta
reparación (daño emergente). Tampoco, se insiste, se probó que la máquina no
funcione y que el actor no pudo alquilarla o que incumplió un contrato de
arrendamiento vigente para la época de los hechos (2016 – 2017) respecto de la
máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.
Es más, aunque se acreditó que, entre el 28 de septiembre y el 26 de diciembre
de 2016, el demandante alquiló a la Unión Temporal Guardacostas “máquinas
motoniveladoras y compactadoras” en el municipio de Suan (hecho probado
7.1.15.), este no pudo versar sobre la máquina motoniveladora marca Caterpillar
serial 87VO9857 pues, desde agosto de ese año, esta se encontraba aprehendida
por la DIAN, de lo que tampoco se puede inferir que incumplió dicho contrato
porque la máquina estaba averiada.
Incluso, se probó que el pago del almacenamiento en bodega tanto de la máquina
vibro compactadora auto compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328 como de
la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857, por valor total de
$1’233.007, reconocido por el a quo al demandante, fue pagado por Castro
Tcherassi & Cia Ltda., tal como lo demuestran las facturas del 26 de mayo y 19 de
julio de 2017 y el comprobante de pago del 19 de julio de 2017 76. De ahí que el
actor ni siquiera hizo esa erogación.
De todo lo anterior se concluye, que el actor no acreditó afectación alguna
respecto de la máquina motoniveladora marca Caterpillar serial 87VO9857.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
76 Páginas 1 a 3 del archivo “02. ANEXOS. 5. FACTURA DE VENTA - JORNADA DE TRABAJO -
(2)”, índice 2, Samai.
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que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que se alega
requiere de prueba, cuya omisión por la parte demandante, a quien corresponde
tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de
la responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del
daño, junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad,
genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como
obligación de contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de
responsabilidad, su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se
desprende de los artículos 149477 y 175778 del Código Civil. Por tanto, tratándose
de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un
deber insoslayable del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por
orden del juez o en virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación
subyacente a la discusión de la obligación misma pues, debe subrayarse que la
responsabilidad estatal plantea en esencia una cuestión obligacional entre
acreedor (damnificado) - y deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es
que la obligación indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad
extracontractual para que se halle configurada exige prueba de todos los
elementos de la responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros implica probar
el detrimento patrimonial de Roberto Rafael Gallo Eljaick, que en el caso de
marras se extraña.
77 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya
por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
78 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
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Como consecuencia de todo lo antes expuesto, se concluye que no se probó la
existencia de un daño antijurídico por parte del demandante, lo cual impide la
configuración de la responsabilidad endilgada.
Por todo lo antes expuesto, se confirmará la decisión adoptada el 31 de mayo de
2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
8. Condena en costas
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del
Código General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su
composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares
de la justicia y agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las
reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que
ésta procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a
que no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido
en gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia.
Precisamente, debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron
pruebas en el trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 202179, no hubo lugar a correr traslado para alegar de
conclusión.
79 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que
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En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las
costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se
evidencia que, en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del
Código General del Proceso, aunque tanto la parte actora como la DIAN se
pronunciaron sobre los recursos de apelación, no se verificó que incurrieron en
expensas por este concepto, no solicitaron pruebas y, se insiste no hubo lugar a
correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, por tanto, no se
impondrá una orden para que proceda su pago, pues, no existe una causación
material que así las sustente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia, la cual quedará así:
“PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del demandante,
respecto de las pretensiones reclamadas sobre la máquina vibro compactadora auto
compulsada marca Caterpillar serial 1MG00328.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.”
concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás
intervinientes.
s. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia”
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Radicado: 08001233300020180096501 (67361)
Demandante: Roberto Rafael Gallo Eljaick
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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