Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00654-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00654-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2008-00654-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025
Radicación: 08001-23-31-000-2008-00654-02 (68469)
Actor: Estación de Servicios Los Carruajes Ltda.
Demandado: Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Acción de reparación directa / Error judicial / Falta de interposición de recursos /
Carga probatoria y argumentativa cuando los recursos ordinarios han sido interpuestos
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque en el trámite de un
proceso de restitución de inmueble arrendado, se profirieron decisiones contrarias a
derecho. Además, porque en la diligencia de entrega se cometieron irregularidades que
afectaron a los demandantes.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 18 de marzo de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Atlántico -Sala C- negó las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de
apelación; 1.6 Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de noviembre de 20082, Sonia Patricia Barón de Eckardt,
actuando en nombre propio y como representante legal de la Sociedad
Comercializadora Estación de Servicio Los Carruajes Ltda., y Alfonso Eckardt
Martínez Aparicio, en nombre propio y en su condición de “presidente de la
Junta Directiva de la Estación de Servicio Los Carruajes Ltda.”, en ejercicio
de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación
– Rama Judicial, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en
1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio
de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia
el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 47, conc. 501 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001-23-31-000-2008-00654-02 (68469)
Actor: Estación de Servicios Los Carruajes Ltda.
Demandado: Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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la que solicitaron:
“LA ACCIÓN: // …que se pague a [los demandantes] los perjuicios que le[s] han
irrogado el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, por intermedio de la
Inspectora Segunda Especializada y la Rama Jurisdiccional del Poder Público por
ministerio del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, a causa de sus
errores jurisdiccionales, el error en la apreciación crítica de las pruebas y sus
omisiones y actuaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de restitución
de inmueble promovido por la Sociedad Comercial ALFREDO DE CASTRO & CIA
LTDA; omisiones y actuaciones que han determinado el cierre o cese de funciones
de la empresa ESTACION DE SERVICIOS LOS CARRUAJES LTDA, determinándole un
DAÑO EMERGENTE, UN LUCRO CESANTE, unos PERJUICIOS MORALES y LA
AFECTACIÓN DE SU VIDA DE RELACIONES, EN LA SALUD MENTAL Y ESPIRITUAL DE LAS
PERSONAS VINCULADAS EN LA CALIDAD DE SOCIOS, DIRECTIVOS Y PROPIETARIOS
DE LA EMPRESA, cuyo establecimiento comercial está ubicado en la carrera 46
No. 90 - 91 de la ciudad de Barranquilla, en hechos que ocurrieron
específicamente el 18 de junio de 2008”3.
2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
Perjuicios inmateriales Perjuicios materiales
1. Perjuicio moral: 100 SMLMV. 1. Lucro cesante: $17.373.861.440.
2. Perjuicio a la vida de 2. Daño emergente: $4.861’463.110.
relación: $30’000.000. 3.Indemnización por deterioro de la imagen comercial:
$319’184.372.
3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones4,
adujeron:
4. 1) De “vieja data”, Fernando Arrieta Montaño arrendó a Alfonso
Eckardt Martínez Aparicio el inmueble ubicado en la Carrera 46 #90-91
(identificado con matrícula inmobiliaria 040-386760), en el cual funcionaba
la Estación de Servicios Los Carruajes Ltda., (en adelante la Estación de
Servicios).
5. 2) En el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla se tramitó un
proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por la sociedad
Alfredo de Castro & Cía. Ltda. contra la Estación de Servicios, “respecto de
otro y muy diferente inmueble”, ubicado en una dirección distinta (Carrera
46 #90-17), identificado con la matrícula inmobiliaria 040-170766, y donde
“NO ESTÁ UBICADA LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS CARRUAJES LTDA.” —
resaltado original—.
6. 3) A pesar de que en el proceso de restitución “se estableció
3 Folio 14 del cuaderno 1. En otra parte de la demanda titulada “Lo que se demanda”, el apoderado judicial de
la parte actora manifestó: “Estoy demandando la Reparación Directa del Daño Emergente, del Lucro Cesante de
los Perjuicios de Orden Moral y los Perjuicios de la Vida de relación, que con ocasión de los hechos, se han infringido
o irrogado a mis mandantes, con respecto a la condición que ellos tienen como perjudicados y en consecuencia,
estoy pidiendo que en la sentencia o fallo, SE CONDENE, EN CONCRETO, A LOS DEMANDADOS A PAGAR LOS
PERJUICIOS ANTES DETERMINADOS Y EN LA CUANTÍA Y FORMA QUE SE EXPRESA EN ESTE LIBELO” (fl. 34-35).
4 Folio 5-10 del cuaderno 1.
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Decisión: Confirmar
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ampliamente la diferencia de medidas y linderos y ubicación entre los
inmuebles antes mencionados”, por Auto de 6 de mayo de 2008, el Juzgado
ordenó restituir el inmueble ubicado en la carrera 46 entre las calles 90 y 91,
acto que constituye un “grave error jurisdiccional, por interpretación
equivocada y absurda del acervo probatorio”.
7. 4) La inspectora Segunda Especializada de Policía comisionada para
la entrega, a pesar de la evidente diferencia entre el inmueble a restituir y el
inmueble en el que funcionaba la Estación de Servicios, y de que el legítimo
propietario y arrendador Fernando Arrieta Montaño formuló oposición en la
diligencia de entrega, la rechazó, decisión que fue recurrida y cuya
apelación se concedió en el efecto devolutivo. De manera arbitraria, el
inmueble fue dejado en depósito a la apoderada judicial de la parte
demandante en el proceso de restitución, quien destruyó las instalaciones y
sustrajo los equipos y la maquinaria del establecimiento de comercio.
8. 5) Con ocasión del arbitrario desalojo y de la suspensión de las
actividades económicas de la Estación de Servicios, propiciadas por el “Juez
Décimo Civil del Circuito, del Inspector General de Policía y de la Inspectora
Segunda Especializada” y que “son el resultado de una actividad
delictuosa”, los demandantes experimentaron los perjuicios cuya
indemnización reclaman.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones. Alegó que la parte
actora se quejaba del desconocimiento de un contrato suscrito con
Fernando Arrieta Montaño. Sin embargo, la existencia de ese acto nunca
fue puesta de presente en el proceso de restitución. Propuso las
excepciones de “Inexistencia de los perjuicios”, “Inexistencia de falla en el
servicio de la administración de justicia”, y llamó en garantía al Juez que
definió la controversia5, que también se opuso a las pretensiones6.
10. El Distrito de Barranquilla propuso las excepciones de “Inexistencia de
responsabilidad…” e “Inexistencia de error judicial”7.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
11. Por Auto de 10 de agosto de 2016, el Consejo de Estado resolvió el
5 Folio 508 y ss. del cuaderno 1.
6 El funcionario llamado en garantía se opuso a las pretensiones de la demanda con las excepciones de:
“Inexistencia del error jurisdiccional”; “Petición inoportuna en el tiempo” y la de “Falta de legitimación en la causa
por activa” (Fl. 2-9 del cuaderno 3)
7 Folio 523 y ss. del cuaderno 1.
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recurso de apelación contra el Auto de 21 de octubre de 2013, por medio
del cual se negó la solicitud de coadyuvancia a favor de la parte
demandada elevada por Laboratorios Cosquim. Esta corporación
consideró que la sociedad no acreditó el interés en las resultas del proceso,
pues “el único interés directo reposa en las entidades demandadas, a
quienes le serán eventualmente atribuidos todos los efectos jurídicos y
reparatorios de la sentencia que se profiera…”8.
1.4. Sentencia de primera instancia
12. Negó las pretensiones con fundamento en que 1. el estudio del error
judicial era improcedente, de manera que 2. las consecuencias de la
decisión judicial cuestionada (la materialización de la restitución ordenada)
no constituían un daño que pudiera entenderse como antijurídico.
13. En relación con lo primero, el Tribunal argumentó que los acá
demandantes alegaron que tenían suscrito un contrato de arrendamiento
sobre el inmueble que se ordenó restituir con Fernando Arrieta Montaño
(persona que formuló oposición en la diligencia de entrega alegando
posesión), contrato que, además, era anterior al que sirvió de título en el
proceso de restitución de inmueble arrendado.
14. En esas condiciones, el Tribunal concluyó que la existencia del
contrato del que se prevalían los acá demandantes, se trataba de un
“hecho nuevo, que no fue incluido en el problema jurídico planteado por el
juez civil y respecto del cual no se hizo pronunciamiento alguno en la
providencia hoy cuestionada”, negocio que, precisó, tampoco había sido
aportado como prueba. Agregó que, dentro del proceso de restitución, los
ahora demandantes habían reconocido la condición de arrendador en la
persona que promovió el juicio de restitución, del mismo modo en que se
demostró que era a ese arrendador al que le hacían el pago del canon e
incluso le solicitaron la prórroga o renovación del arrendamiento.
15. Sobre lo segundo, el Tribunal entendió que, como consecuencia de
la validez de las decisiones dictadas dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado, los acá demandantes debían soportar sus
consecuencias, que se materializaron en la diligencia de entrega también
cuestionada. A propósito, consideró que esta última actuación estuvo
“plegada al ordenamiento jurídico”, sin que hubieran sido demostrado los
alegados daños a los bienes muebles de propiedad del extremo
demandante, o la sustracción de algunos de ellos.
8 Folio 737 Vto. del cuaderno de la apelación del Auto de 21 de octubre de 2013.
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1.5. Recurso de apelación
16. La parte actora planteó los siguientes reparos al fallo de primera
instancia: 1. Se acreditó el error judicial en el que incurrió el juez que decidió
el proceso de restitución de inmueble arrendado. Al respecto, el Juez
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla incurrió en un grave error judicial
“por interpretación equivocada y absurda del acervo probatorio, al
desestimar el concepto de los peritos ordenados por él mismo”, lo que lo
llevó a adoptar la orden de desalojo a pesar de la existencia de prueba
técnica que determinaba “con claridad y precisión la ubicación real y
objetiva del predio ocupado en arrendamiento por la estación de servicios”.
17. 2. No se planteó un hecho nuevo. Si en la diligencia de entrega dentro
del proceso de restitución del inmueble arrendado se opuso Fernando
Arrieta Montaño, arrendador del contrato de 1980, “entonces no hubo un
hecho nuevo traído a la demanda de reparación directa”. Alegó que el
fallo apelado le dio relevancia al contrato de arrendamiento suscrito en
1988, precisando que lo hacía “más allá de las discrepancias de linderos y
nomenclatura”, con lo cual admitió que había inconsistencias sobre esos
aspectos, a lo cual le restó importancia.
18. 3. Error al desestimar la oposición. Por último, alegó que la oposición
rechazada por la Inspectora Segunda Especializada de Policía constituía
“error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”,
y solicitó que se ordenara la práctica de la prueba del contrato de
arrendamiento suscrito entre la estación de servicios Los Carruajes y
Fernando Arrieta Montaño.
1.6. Trámite relevante en segunda instancia
19. Por Auto de 16 de febrero de 2024, se negó la solicitud probatoria
elevada por la parte actora al sustentar el recurso de apelación, “toda vez
que el documento solicitado obra en el expediente y fue decretado en el
trascurso de la primera instancia”9. Esta decisión quedó en firme.
20. En sus alegatos de conclusión, la parte actora insistió en la necesidad
de que se decretara esa prueba. La Rama Judicial y la Alcaldía de
Barranquilla se reafirmaron en su posición general frente al litigio y solicitaron
que se confirmara la decisión apelada10.
9 Índice Samai 11.
10 Índice Samai 22 y 23.
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21. El Ministerio Público manifestó que no se advertía que en las
providencias que definieron el proceso de restitución se hubiera incurrido en
un error judicial; además, sostuvo que la existencia del contrato con
Fernando Arrieta Montaño no fue alegada por los demandados dentro del
proceso de restitución11.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del litigio, presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2.
Análisis sustantivo 2.3. Sobre la condena en costas.
2.1. Exposición del litigio, presupuestos procesales y decisiones a adoptar
22. De una lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, la Sala
observa que la parte actora buscó que se declarara la responsabilidad del
Estado debido a dos circunstancias específicas: 1. La primera, que atribuyó
a la Rama Judicial, consistió en que el Juez Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla incurrió en un error judicial al proferir el Auto de 6 de mayo de
2008, pues desconoció que el inmueble a restituir no estaba debidamente
identificado; 2. La segunda, que en la diligencia de restitución realizada el
18 de junio de 2008, la autoridad comisionada (la Inspección Segunda
Especializada de Policía) incurrió en irregularidades que afectaron los
derechos de los demandantes, pues entregó un terreno distinto, desconoció
la oposición formulada por Fernando Arrieta Montaño y al entregar el predio
a la apoderada judicial del arrendador, permitió que esta destruyera parte
de los bienes muebles allí dispuestos y se apoderara de otros. El extremo
actor no dirigió ningún cuestionamiento contra las sentencias proferidas
dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, motivo por el
cual, en virtud de la regla de congruencia, la Sala queda relevada de hacer
consideraciones sobre su validez12.
23. En la verificación de los presupuestos procesales se advierte que,
identificadas las actuaciones cuestionadas por el extremo actor, en relación
con la oportunidad en el ejercicio de la acción la demanda fue promovida
11 Índice Samai 24.
12 Sobre esto último, la Subsección reitera que, en materia de error judicial:
“la competencia del juez de la reparación (…), no se activa a partir de argumentos genéricos contra determinada
providencia judicial, como cuando se afirma que la misma no se comparte, que es adversa a los intereses de
determinada parte, que es contraria a derecho o que desconoce una o varias normas legales.
“La carga argumentativa en estas materias exige un razonamiento que comience por identificar la providencia
que se cuestiona; exponga luego los motivos que la hacen contraria a derecho, esto es: las razones -de hecho o
de derecho- que condujeron al desconocimiento de una norma jurídica, y que termine con poner en evidencia
las implicaciones o alcances concretos de ese desconocimiento dentro de la actuación de que se trate.
En el cumplimiento de esa carga la parte actora es insistituible, de un lado, porque es sobre ese razonamiento que
la parte demandada está llamada a estructurar y ejercer su derecho de defensa. Del otro, porque la competencia
del juez de la reparación no es irrestricta, ya que no le es dado entrar a hacer juicios de valor sobre la legalidad
de una providencia judicial a partir de cuestionamientos abstractos y genéricos, como si estuviera facultado para
desentrañar el sentido y el alcance de la afectación alegada por la parte actora” -se resalta- Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 13 de julio de 2022, Rad. 13001-
23-31-000-2009-00496-01 (51738), aprobada sin aclaraciones o salvamento de voto.
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en tiempo: las decisiones fueron tomadas, como viene de indicarse, el 6 de
mayo de 2008 y el 18 de junio de 2008 y la demanda se presentó el 19 de
noviembre del mismo año. Además, la de reparación directa es la acción
procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por error
judicial13.
24. La Sala confirmará la sentencia apelada. La existencia de recursos
ordinarios contra las decisiones, hacía inviable que la parte actora recurriera
a esta especie de acción indemnizatoria para sustituir los mecanismos de
defensa previstos en el proceso en el que se profirieron. Se anticipa que: en
relación con el Auto de 6 de mayo de 2008, no existe prueba de que la parte
demandada dentro del proceso de restitución hubiera interpuesto recursos;
y acerca de las determinaciones (que fueron varias) adoptadas dentro de
la diligencia de restitución ordenada: 1. No fue recurrida la que rechazó la
oposición. 2. No se observa que la parte actora hubiera solicitado que se
dejara constancia de los daños y sustracción de bienes muebles que alegó
en la demanda de reparación directa, ni acreditó esas afirmaciones con
algún otro medio de prueba. En cualquier caso, sobre este último punto de
la sentencia de primera instancia, el recurrente no elevó reparos concretos.
25. En el análisis sustantivo de esta decisión, 1. se hará un recuento de las
actuaciones relevantes dentro del proceso de restitución de inmueble
arrendado. 2. En el estudio de los elementos de la responsabilidad, la Sala
concluirá que, aunque existe prueba del daño (entendido como la pérdida
de la tenencia del predio en el que funcionaba la Estación de Servicios14) y
de que, en términos causales, fue ocasionado por la Rama Judicial y por la
Inspección de Policía que actuó por comisión de aquella, ese daño no es
atribuible jurídicamente a las demandadas, pues no consta que contra las
decisiones que se materializaron, los afectados hubieran interpuesto
recursos, ni se conoce la forma en la que el que sí se interpuso, fue decidido.
3. Sin perjuicio de lo anterior, como tesis de refuerzo, la Sala expondrá las
razones por las cuales las conclusiones del fallo apelado están ajustadas a
derecho.
2.2. Análisis sustantivo
26. 1. Hechos relevantes que están probados.
13 En este caso, la inspección de policía actuó comisionada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito para la
entrega de un inmueble objeto del proceso de restitución, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo
34 del C.P.C., tiene “…las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue…”, y,
para lo que acá interesa, sus determinaciones podían ser recurridas en reposición y apelación, recurso este último
sobre cuya concesión, según lo previsto en esa norma, la autoridad comisionado debía pronunciarse al final de la
diligencia.
14 Aunque la parte actora también alegó que experimentó el daño y sustracción de bienes muebles dispuestos
en la Estación de Servicios, este daño no fue reconocido en la sentencia apelada, aspecto que no fue materia
del recurso, lo que releva a la Sala de su análisis.
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27. 1) La Sociedad Alfredo de Castro P. & Cía., con respaldo en un
contrato de arrendamiento (que le cedió Manuel S. Valldejuli), promovió
demanda de restitución de inmueble contra Alfonso Eckart Martínez
Aparicio y la Estación de Servicios Los Carruajes, sobre un inmueble ubicado
en la Carrera 46 # 90-91 de Barranquilla15. Al contestar la demanda, la parte
convocada propuso, entre otras, la excepción de “Ilegitimidad por activa
de la sociedad demandante”, con fundamento en que la cesión del
contrato de arrendamiento no le había sido notificada, y la de “falta de
identidad entre el bien arrendado… y el solicitado en restitución”16. La parte
demandada no planteó que la falta de legitimación venía dada porque el
predio (todo o parte de él) había sido tomado en arriendo, pero con otra
persona, en concreto, Fernando Arrieta Montaño.
28. 2) En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla, a propósito de esas excepciones consideró: 1. Que
la cesión del contrato no debía notificarse a los arrendatarios y que estaba
“más que acreditado” que la parte demandada reconocía a la sociedad
entonces demandante como arrendador, pues había prueba de que le
pagaba los cánones de arrendamiento, así como de que a esa empresa le
había solicitado la prórroga del contrato. 2. En relación con la excepción de
falta de identidad del predio, el Juzgado consideró que si bien los peritos
señalaron que los linderos y medidas del predio en el que funcionaba la
Estación de Servicios no concordaban con los del predio del que se
demandó la restitución, dio prevalencia al principio de la primacía de la
realidad y concluyó que, “al no vulnerarse ningún derecho ajeno, la
situación de no corresponder los linderos y medidas en una forma exacta a
los que ocupa la Estación de Servicios Los Carruajes no es indicativo de que
el sitio no existe o peor aún, hace parte de uno de mayor extensión”. Precisó
que la identidad del inmueble a restituir se reforzaba porque, en el contrato
de arrendamiento, se estipuló que en el predio funcionaría, precisamente,
la Estación de Servicios17, por lo que ordenó su restitución.
29. 3) El recurso de apelación que propuso la parte demandada (con el
que no se cuenta dentro del proceso de reparación directa) fue resuelto
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que en Sentencia
de 21 de junio de 2006 confirmó la sentencia apelada. Acerca de las dos
excepciones mencionadas, consideró: 1. Que los demandados no solo se
dirigían a la sociedad entonces demandante para pagar los cánones, sino
para solicitar la renovación del contrato, y hasta para solicitarle la compra
15 Folio 10 del cuaderno del llamamiento en garantía.
16 Folio 16 y ss. Ídem.
17 Folio 79-96 Ídem.
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del terreno, conductas que eran indicativas de que habían aceptado la
cesión del contrato; 2. y sobre la falta de identidad del inmueble, el Tribunal
Superior determinó que lo importante era distinguir el bien arrendado, de
manera que no pudiera confundirse con otro, lo cual ocurrió en este caso,
pues en la demanda se indicó que en el terreno funcionaba la Estación de
Servicios, circunstancia que había quedado suficientemente acreditada18.
Por Auto de 23 de febrero de 2007, se negó la solicitud de aclaración
propuesta por la parte demandada contra el fallo de segunda instancia19,
y por Auto de 16 de abril de 2007 se rechazó el recurso de casación
interpuesto por la parte entonces demandada20.
30. 4) Con posterioridad, en Auto de 6 de mayo de 2008, el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, luego de advertir que la
controversia contaba con sentencias de primera y segunda instancia,
sostuvo que era procedente atender la solicitud de entrega elevada por el
entonces demandante, la que, en relación con las características del predio
a restituir21, fueron las mismas contenidas en la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia22. El contenido del despacho comisorio (en
lo que a la identificación del predio se refiere), a su vez, correspondía a lo
ordenado en el Auto de 6 de mayo23.
31. 5) Por último, de la diligencia de entrega que tuvo lugar el 18 de junio
de 2008, la Sala destaca: 1. En ella formuló oposición Fernando Arrieta
Montaño, que alegó que el predio sobre el que se practicaba la diligencia
de entrega no correspondía con el bien del proceso de restitución; 2. afirmó
asimismo que conocía a los acá demandantes porque tenía con ellos una
relación comercial, ya que como poseedor del predio “entregué la
tenencia para establecer un negocio comercial”. Cabe precisar que, en
esa oportunidad, el opositor no precisó que se había desprendido de la
supuesta tenencia en virtud de un contrato de arrendamiento, del mismo
modo en que no acompaño como prueba de la oposición el contrato de
13 de julio de 1978 (negocio que se allegó como fundamento de la
18 Folio 97-108 ídem.
19 Folio 33 y ss. del cuaderno 4.
20 Folio 39-40 del cuaderno 4.
21 “Ordénesele a la entidad demandada hacer entrega a la demandante el siguiente Bien Inmueble: Un lote de
terreno situado en esta ciudad en la carrera 46 entre Calle 90 y 91; cuyas medidas y linderos son las siguientes: ‘Por
el sureste 70.99 mts, Avenida Olaya Herrera en medio, por el Suroeste: con la carrera 45 en medio, 69.40 metros,
por el Este con el establecimiento conocido como Castillo Blanco y mide 38 mts, y por el Oeste con la edificación
donde funcionaba anteriormente el supermercado Susi’. Dicho predio es el mismo que fue objeto de inspección
judicial” Folio 132 y ss. del cuaderno 1.
22 “…se ordena la restitución del inmueble arrendado a la sociedad demandante, el cual se identifica con las
siguientes medidas y linderos : ‘Un lote de terreno situado en esta ciudad en la carrera 46 entre las calles 90 y 91,
cuyas medidas y linderos son los siguientes: Por el sureste 70.99 mts, Avenida Olaya Herrera en medio, por el
Suroeste, con la carrera 45 en medio; 69.40 metros, por el Este con el establecimiento conocido como Castillo
Blanco y mide 38 mts, y por el Oeste con la Edificación donde funcionaba anteriormente el supermercado Susi.’.
Dicho predio es el mismo que fue objeto de inspección judicial en este proceso”.
23 Folio 135 del cuaderno 3.
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Radicación: 08001-23-31-000-2008-00654-02 (68469)
Actor: Estación de Servicios Los Carruajes Ltda.
Demandado: Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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demanda de reparación directa24, y cuya valoración, a juicio de la parte
actora, fue omitida). 3. El perito designado en el trámite de la diligencia de
entrega concluyó que el inmueble a restituir coincidía con el inmueble
identificado dentro del proceso de restitución. 4. El apoderado del opositor
objetó por error grave el dictamen y el juzgado rechazó dicha objeción,
determinación contra la cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio
el de apelación. La decisión se mantuvo y el inspector manifestó que
concedía el recurso de apelación en el efecto devolutivo. 5. Posteriormente,
la Inspección se pronunció sobre la oposición formulada por Fernando
Arrieta Montaño y la rechazó, pues concluyó que se trataba del mismo
inmueble. 6. Contra dicha determinación, el apoderado del opositor
“pregunt[ó] si se puede interponer recurso”, y solicitó tiempo para proceder
a desalojar las instalaciones, la cual se materializó ese mismo día. 7. Al
finalizar la diligencia, la inspección concedió el recurso interpuesto en el
efecto devolutivo.
32. 2. Elementos de la responsabilidad. Imposibilidad de atribuir el daño
al Estado por incumplimiento de los presupuestos del error judicial.
33. El daño, en este caso, se demostró con la copia del acta de la
diligencia de entrega, ordenada en el marco del proceso de restitución de
inmueble arrendado. De ese documento se desprende que la parte
demandante perdió la tenencia del terreno en el que funcionaba la
Estación de Servicios. Lo anterior fue una consecuencia directa de la
materialización de la orden contenida en la sentencia de primera instancia,
que ordenó la restitución de ese predio, determinación confirmada en
segunda instancia y para cuya ejecución se comisionó a la Inspección
Segunda Especializada de Policía.
34. Aunque existe prueba del daño, y de que el mismo tuvo causa
mediata en las sentencias de instancia (no cuestionadas), y causa
inmediata en el Auto de 6 de mayo de 2008 y la diligencia de entrega, la
Sala, como se anticipó, considera que las pretensiones no podían ser
acogidas, pues no se cumplen los presupuestos del error judicial. Este
supuesto legal de responsabilidad del Estado 1) no fue previsto como
herramienta sustitutiva del trámite de los recursos ordinarios de reposición o
apelación en los casos en los que resultan procedentes y no han sido
interpuestos. 2) Cuando esos recursos son procedentes y han sido
interpuestos por el afectado, este tiene la carga de acreditar la forma en
que fueron resueltos.
35. 1) La falta de interposición de recursos ordinarios contra el Auto de 6
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de mayo de 2008. La falta de interposición de recursos ordinarios, como lo
tiene establecido esta Subsección25, determina que el daño debe atribuirse
a la culpa exclusiva de la parte demandante, como está previsto en la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia26. En este caso, la falta de
prueba de que el Auto de 6 de mayo de 2008 fue recurrido por la parte
demandada dentro del proceso de restitución, hacía inviables las
pretensiones de error judicial a propósito de esa providencia. Es preciso
indicar que contra dicha determinación procedía, como mínimo, el recurso
de reposición (Art. 348 del C.P.C.).
36. 2) Carga demostrativa y argumentativa cuando han sido interpuestos
recursos. En tales supuestos, es necesario que, cuando se acude a la
reparación directa por error judicial, se conozcan 1. los argumentos
concretos ofrecidos por el recurrente (el contenido de sus recursos), así
como 2. los de la providencia que los resolvió.
37. Sobre lo primero, es indispensable conocer el contenido de los
recursos ordinarios procedentes en la medida en que los argumentos del
demandante en reparación directa deben estar en línea (congruencia)
con los que planteó dentro del proceso del que predica la existencia de un
error. Sería contrario a la lógica de los presupuestos del error judicial, que a
las partes de un proceso les sea dado atacar providencias a partir de
cuestionamientos sobre los que los jueces naturales no tuvieron la
oportunidad de pronunciarse en el marco de esos recursos. Por lo mismo,
esta especie de acción tampoco se presta para que las partes recuperen
oportunidades procesales que precluyeron, y la sustentación de los recursos
es una de ellas, lo que reafirma que este escenario no puede ser utilizado
para exponer reparos que dejaron de plantearse, en su momento, al interior
de un proceso judicial.
38. Acerca de lo segundo, es indispensable conocer las decisiones que
resolvieron los recursos ordinarios, decisiones sobre las que, además, debe
haber prueba de su firmeza o ejecutoria (que también es presupuesto del
error judicial). En materia de error judicial, conocer el contenido las
decisiones que resuelven los recursos es trascendental, porque ese
contenido será un referente obligado al momento de establecer el alcance
que debe tener la demanda de reparación directa.
25 Entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de enero de 2022, Exp.
81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453), aprobada sin aclaraciones o salvamento de voto.
26 Artículo 67 de la Ley 270 de 1996: “PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a
los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en
los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
El artículo 70 dispone: “CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En
estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” -se subraya y resalta-.
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39. Al respecto, es posible que el juez natural, al resolver los recursos
ordinarios procedentes, ofrezca razones que respalden o complementen los
fundamentos de la decisión cuestionada; también es posible que exponga
argumentos nuevos que, por sí mismos, permitirían soportar la decisión
tomada, con independencia de los argumentos que la soportaron
inicialmente. En este último supuesto, es evidente que los cuestionamientos
de que la parte afectada eleve en reparación directa por error judicial
tendrán que dirigirse, necesariamente, contra el contenido de la
providencia que resolvió esos recursos.
40. En el caso concreto, en relación con las determinaciones tomadas en
la diligencia de restitución que tuvo lugar el día 18 de junio de 2008, la Sala
pone de presente que, a pesar de que la parte demandada dentro del
proceso de restitución tenía interés en cuestionar esas determinaciones, no
lo hizo. Ahora, no es claro que el apoderado del opositor hubiera
cuestionado de manera expresa la determinación que rechazó la oposición
formulada, pues apenas preguntó si podía interponer el recurso; sin
embargo, al final de la diligencia, fue concedido un recurso de apelación
en el efecto devolutivo. Por el contrario, sí consta que ese apoderado
interpuso, de manera expresa, recurso de apelación contra la decisión
tomada por la inspección de no dar por acreditada la objeción por error
grave contra el dictamen practicado.
41. Si se asumiera que el apoderado del opositor recurrió la
determinación de rechazo de la oposición a la entrega, en tal supuesto la
Sala advierte que la acción no estaba llamada a prosperar, pues la parte
actora (demandada dentro del proceso de restitución) debía demostrar
que esa decisión, en la que tenía interés, adquirió firmeza y, además, por lo
que acaba de indicarse, en qué condiciones, lo cual únicamente podía
establecerse a partir del contenido de la providencia que resolvió la
apelación, providencia que no fue aportada con la demanda, ni se allegó
al expediente de reparación directa con posterioridad, lo que impedía
hacer un estudio de la misma desde la perspectiva del error judicial.
42. En conclusión, los jueces de lo contencioso administrativo, en las
controversias en las que se invoca el supuesto de responsabilidad de error
judicial, no pueden arrogarse las competencias asignadas por la
Constitución o la ley a otras autoridades judiciales. Esta especie de trámite
no puede ser utilizado como un sustituto de los recursos ordinarios, o como
un recurso ordinario más, de allí que no está llamado a prosperar: 1. cuando
han dejado de interponerse esos recursos ordinarios; 2. para provocar
pronunciamientos alternativos en los eventos en los que han sido propuestos,
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pero no decididos, 3. o cuando ya fueron resueltos en perjuicio del
recurrente, como si se tratara de una instancia más. En este último evento,
la carga argumentativa adquiere unas connotaciones particulares,
precisamente para evitar que la reparación directa por error judicial adopte
los contornos de una instancia adicional, particularidades que no es del
caso exponer en esta providencia, pues basta ver que se desconoce la
forma como el recurso de apelación interpuesto en la diligencia de entrega
fue resuelto, así como el momento en el que esa providencia quedó
ejecutoriada, constataciones que hacían inviable el estudio de fondo de la
pretensión de declaratoria de error judicial.
43. Tesis de refuerzo de la Sala
44. Aunque las razones expuestas son suficientes para confirmar la
Sentencia apelada, la Sala observa que es verdad, como lo estableció el
Tribunal Administrativo en fallo recurrido, que el desconocimiento de la
existencia del supuesto contrato de arrendamiento celebrado entre
Fernando Arrieta Montaño y Alfonso Eckardt Martínez (que presuntamente
tenía por objeto el terreno donde funcionaba la Estación de Servicios)
nunca fue alegado (pudiendo serlo) durante el trámite del proceso de
restitución, ni siquiera dentro de la diligencia de entrega, de manera que sí
se trató de una circunstancia que, por las razones expuestas por la Sala con
anterioridad, no podía ponerse de presente por primera vez con la
demanda de reparación directa por error judicial.
45. La Sala también advierte que la parte demandada dentro de ese
proceso, ahora demandante, a través de diferentes documentos (recibos
de pago de cánones de arrendamiento y solicitudes de renovación del
contrato), dio muestras inequívocas de que sí tenía una relación de
arrendamiento con el demandante del proceso de restitución, contrato
cuyo objeto era el terreno en el que funcionaba la Estación de Servicios Los
Carruajes. Lo anterior pone en tela de juicio la afirmación realizada en la
demanda de reparación directa según la cual, en el predio cuya restitución
se demandó y se obtuvo, no funcionaba ese establecimiento de comercio.
En fin, si fuera cierto que el predio había sido tomado en arriendo, pero con
un tercero (Fernando Arrieta Montaño), esa circunstancia, que tendría
relación con la legitimación para reclamar la restitución del mismo, debió
ser puesta de presente por el extremo demandado en el proceso de
restitución al contestar la demanda y no lo hizo, ni se puso de presente en
algún otro acto procesal posterior.
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2.3. Sobre la condena en costas
46. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte actora, la Sala se abstendrá de condenarla en costas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico -Sala C-.
SEGUNDO: SIN COSTAS en segunda instancia.
TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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