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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-33-000-2013-00029-01

Fecha
26 de enero de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 81001-23-33-000-2013-00029-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Arauca. SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia por no aparecer causadas. 16 Norma que dispone: “b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307” 17 Folio 2-3 del cuaderno 3. 8 de 9 Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453) Actor: Departamento de Arauca Demandado: Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Confirmar ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 81001-23-33-000-2013-00029-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de enero de 2022

Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa / proceso ejecutivo – medidas cautelares / Acción
de reparación directa – Error judicial – Exoneración del estado por falta de interposición de
recursos.

Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado porque la práctica de una
medida cautelar de embargo, que se canceló al prosperar en segunda instancia una de
las excepciones propuestas, privó al ejecutado de los réditos que ese capital estaba
llamado a producir.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 24 de julio de 2014, por medio de la
cual la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Arauca negó las
pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del
CPACA1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de febrero de 20132, el Departamento de Arauca, en ejercicio de
la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación –
Rama Judicial, en la que solicitó3:

1 Para que este asunto fuera de conocimiento de un Trubunal Administrativo en primera instancia, era necesario

que las pretensiones superaran los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (num. 5 artículo 152 CPACA).
Al momento de la presentación de la demanda, ese monto equivalía a $589’500.000. La pretensión de condena
en este caso ($1.070.047.339), superaba ampliamente esa cuantía. En concordancia con lo anterior, el artículo 150
del CPACA, determina que, el Consejo de Estado, es competente para conocer en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2 Folio 25 del cuaderno 1.
3 Folio 8-25del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERA: Que se declare a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Juzgado Civil del Circuito de Arauca, administrativamente responsble
del perjuicio material en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante,
causados al Departamento de Arauca por falla o falta del servicio en la
administración de justicia y enriquecimiento sin causa, con ocasión del embargo
de que fue objeto por la suma de $8.448.853.848, correspondiente a recursos de
regalías petrolíferas”.

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Condición Perjuicios reclamados
Demandante -Lucro cesante: $1.070’047.339, como “rentabilidad dejada de
percibir (…) con ocasión del embargo desde el 23 de octubre de
2009 hasta el 9 de junio de 2011 (…) por concepto de la
rentabilidad del dinero, a la tasa del 6% anual”.
• Solicitó que sobre la suma anterior se reconociera indexación.

3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones4,
adujo:

4. 1) Contra el Departamento de Arauca se adelantó un proceso
ejecutivo para el cobro de $5.632.596.232, trámite en el que, el 23 de
octubre de 2009, se embargó una de sus cuentas bancarias en cuantía de
$8.448.853.848. El demandado presentó solicitud de desembargo, la cual fue
desestimada por el Juzgado Civil del Circuito que tramitaba la ejecución, a
pesar de que contaba con certificación del Banco Davivienda en el que se
indicaba el origen de los recursos.

5. 2) El departamento propuso excepciones que se declararon no
probadas en la Sentencia de 23 de marzo de 2010, que ordenó seguir
adelante con la ejecución. Apelada esta determinación, el superior la
revocó en sentencia de 1 de febrero de 2011 y declaró probada la
excepción de inexistencia de la obligación. Como consecuencia de ello, el
Departamento solicitó el levantamiento del embargo, acto que tuvo lugar
el 9 de junio de 2011.

6. 3) Los recursos reintegrados, que estuvieron sujetos a una medida
cautelar por espacio de 2 años, 1 mes y 9 días, se restituyeron “sin que se
hubiera hecho el pago de los correspondientes rendimientos financieros ni
actualización de las sumas embargadas dos años atrás, generándose un
detrimento patrimonial y enriquecimiento sin justa causa por parte de la
rama judicial a quien se le consignan periódicamente los rendimientos
financieros que los depósitos judiciales generan”, motivo por el cual el

4 Folio 8-11 del cuaderno 1.

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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Departamento reclama, a título de indemnización, el pago de los intereses
legales dejados de percibir, “en razón a que al dictar el mandamiento
ejecutivo el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, incurrió en graves
irregularidades sustanciales tanto de hecho como de derecho, las cuales
fueron evidenciadas en segunda instancia por su superior jerárquico”.

7. 4) “Con el irregular embargo de recursos de regalías petrolíferas a
cargo del Departamento de Arauca, por parte del Juzgado Civil del Circuito
de Arauca, se configuró una verdadera falla del servicio en la
administración de justicia y un daño patrimonial que el perjudicado no tiene
el deber de soportar”.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La Rama Judicial propuso las excepciones de “Inexistencia de nexo
causal” con respaldo en que la actuación del Juzgado se efectuó dentro
de los lineamientos constitucionales y legales, por lo que no existía relación
“entre la falla pregonada y el daño ocasionado a la parte axtora”; y la de
“Falta de objeto para demandar”, con fundamento en que el presunto error
cometido por el juez de primera instancia, fue corregido por la Corporación
que resolvió el recurso de apelación5.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. Entendió que el daño consistió en el decreto y práctica de la medida
cautelar de embargo sobre una de las cuentas de titularidad del
Departamento, medida que privó a la entidad territorial de recibir los
rendimientos financieros que “debía generar el dinero retenido”. Como la
“causa adecuada del daño” fue el Auto que impuso la medida cautelar, el
Tribunal concluyó que, esa determinación, a pesar de ser apelable, no fue
recurrida por Departamento ejecutado. De hecho -precisó-, aunque éste
solicitó el levantamiento de ese gravámen, el Juez no accedió a ello por
auto de 2 de diciembre de 2009, cuyo recurso de apelación fue declarado
desierto. En esas condiciones, concluyó que se configuraba el eximente de
responsabilidad del Estado previsto en el Artículo 70 de la Ley 270 de 1996,
de manera que el daño no era imputable a la Rama Judicial.

1.4. Recurso de apelación

10. La parte demandante alegó que la providencia que, en criterio del
Tribunal, no fue apelada, estaba referida simplemente a “…una solicitud de

5 Folio 119-126 del cuaderno 1.

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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desembargo elevada por el departamento, que no constituye la decisión
sobre la existencia o inexistencia de la obligación a cargo de la
demandada, que no puede ser otra que la sentencia que ordena seguir
adelante con la ejecición” decisión que sí fue apelada y revocada por el
Tribunal Superior. Agregó que la Sentencia que ordenó seguir adelante con
la ejecución “…e[ra] la única con la virtualidad de dejar en firme las
irregularidades cometidas por el juzgado (…), por cuanto los demás autos a
que hizo referencia el Tribunal, son interlocutorios, es así como el auto que
libra mandamiento, el que decrete o niegue las medidas cautelares son
inapelabes, y solo el que las revoca por vía de reposición, es susceptible del
recurso de apelación (…) por lo que no resulta acertada la interpretación y
decisión del a-quo que estas debieron ser recurridas”. En términos generales,
adujo que “…la providencia que estructura el daño [la sentencia que
ordenó seguir adelante con la ejecución] fue recurrida”.

11. Reiteró que, en este caso, el Tribunal que resolvió el recurso de
apelación, estableció que el Departamento no era deudor de la obligación
ejecutada, lo que denotaba la improcedencia de la acción en su contra.
Que, a pesar de ello, el Juzgado no atendió ninguna de las excepciones
que, en su momento, propuso la entidad territorial, quien no estaba
legitimada en la causa pasiva para responder por las obligaciones de
UAESA dentro del proceso de cobro. Por último, indicó que el Juzgado
ordenó el embargo de recursos de regalías petrolíferas (directas) sin que se
cumpliera con alguno de los supuestos de excepción a la inembargabilidad
de tales recursos, medida cautelar que se mantuvo a pesar de que el
Departamento hizo una solicitud de desembargo, la cual fue
“irregularmente desestim[ada]”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Delimitación de la situación litigiosa, presupuestos procesales y decisión a
adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3. Sobre la condena en costas.

2.1. Delimitación de la situación litigiosa, presupuestos procesales y
decisión a adoptar

12. Con el propósito de delimitar el objeto de la controversia, las
pretensiones elevadas por la parte demandante se concentraron a los
siguientes aspectos: Que se declarara la responsabilidad del Estado por los
perjuicios ocasionados al Departamento de Arauca “…con ocasión del
embargo de que fue objeto” y, como consecuencia de ello, que se
condenara a la Rama Judicial al pago de la “rentabilidad dejada de
percibir (…) con ocasión del embargo desde el 23 de octubre de 2009 hasta

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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el 9 de junio de 2011 (…) por concepto de la rentabilidad del dinero, a la
tasa del 6% anual” -se subraya y resalta-.

13. Como fundamento fáctico de esas pretensiones, en la demanda se
indicó que, el Juez del proceso ejecutivo ordenó la medida cautelar a pesar
de que se trataba de recursos que tenían naturaleza de inembargables,
recursos que se restituyeron 2 años después sin los réditos que ese capital
produjo mientras duró la medida cautelar y que, según lo afirmó la actora,
percibió directamente la Rama Judicial.

14. Si se repara en que, por mandato legal, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y pretensiones y que, por esa razón, al Juez le
está prohibido condenar al demandado “por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en ésta” (artículo 281 del CGP) -se resalta-, es entendible que el Tribunal de
primera instancia haya interpretado que el problema jurídico estaba
concentrado, exclusivamente, a determinar si el decreto y práctica de la
medida cautelar era un daño imputable a la Rama Judicial.

15. La Sala limitará el estudio de la apelación a verificar si, lo que al
respecto concluyó el Tribunal en la sentencia recurrida (esto es: que el daño
no era imputable a la Rama Judicial porque el afectado no interpuso
recursos contra las determinaciones relacionadas con las medidas
cautelares), se ajustó, o no, a derecho.

16. Como consecuencia de ello, y en virtud del principio de congruencia,
la Sala queda relevada de analizar los argumentos de la demanda y el
recurso que apuntaron a que, en este caso, existió un error judicial en la
sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la
ejecución y, en general, si se cometió un error al vincular al Departamento
de Arauca al proceso ejecutivo, pues, sin perjuicio de que esas deficiencias
habrían quedado superadas cuando se profirió el fallo de segunda instancia
favorable al Departamento ejecutado, lo cierto es que, en la demanda, no
se elevaron pretensiones relacionadas con esos puntuales aspectos.

17. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto así demarcado, toda
vez que se cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser
la de reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria
de responsabilidad por los daños causados por error judicial.

18. Adicionalmente porque la acción se ejerció de manera oportuna.
Con la demanda se pretendió la indemnización de perjuicios derivados del
embargo de una cuenta bancaria del Departamento de Arauca, medida

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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que, a juicio de la parte actora, era abiertamente improcedente. Si se
repara en que, la desafectación definitiva de los dineros del Departamento
estaba llamada a producirse con la Sentencia proferida por la Sala Única
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca de 1 de febrero de 2011,
en la que se revocó el fallo de primera instancia, se declaró probada una
de las excepciones propuestas por el ejecutado y se “decretó, en
consecuencia, la cancelación de las medidas cautelares” (decisión que
quedó en firme el 12 de febrero de 20116), es evidente que la demanda de
reparación directa presentada el 27 de febrero de 2013 fue oportuna, dado
que el termino de caducidad se interrumpió entre el 1 y el 26 de febrero de
20137.

19. Verificados los presupuestos procesales, la Sala anuncia que
confirmará la sentencia apelada, habida cuenta de que la parte
demandante no agotó los recursos ordinarios contra las decisiones
relacionadas con la medida cautelar cuya imposición consideró contraria
a derecho.

2.2. Análisis sustantivo

20. El daño, en este caso, consistió en la materialización de una medida
cautelar sobre una cuenta bancaria de titularidad del Departamento de
Cauca8. Sin embargo, como lo concluyó el Tribunal en la sentencia
apelada, ese daño no es imputable a la Rama Judicial sino a culpa
exclusiva del acá demandante.

21. En efecto, como la privación del uso del dinero era un efecto propio
de la decisión judicial por medio de la cual se imponía la medida cautelar
que, en esta demanda, se cuestionó por ser contraria a derecho, para que
el afectado pudiera demandar la indemnización de perjuicios de la Rama
Judicial, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le exigía haber
interpuesto los recursos de ley contra dicha decisión9.

6 La notificación de esa sentencia se hizo por Edicto, el cual se desfijó el 9 de febrero de 2011 (folio 104 del cuaderno

4), de manera que la sentencia, en las condiciones previstas en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil,
estaba llamada a producirse 3 días luego, el 12 de febrero de 2011.
7 Como consecuencia de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación (folio

26-28 del cuaderno 1).
8 La práctica de dicha medida quedó debidamente acreditada con los documentos y certificaciones que aportó

la parte ejecutante, según los cuales, el 23 de octubre de 2009 se debitó de la cuenta de Davivienda de titularidad
del Departamento de Arauca, la suma de 8.448..853.848, que fue depositada en el Banco Agrario (folio 16-18 del
cuaderno 3).
9 Artículo 67 de la Ley 270 de 1996: “PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a

los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en
los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
El artículo 70 dispone: “CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En
estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” -se subraya y resalta-.

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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22. En este caso, contrario a lo que sostuvo la parte actora en el recurso
de apelación, el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, norma
vigente para la fecha en que se tramitó el proceso ejecutivo, disponía de
manera genérica que, los autos que resuelven sobre medidas cautelares,
son apelables10; y el Artículo 513 de esa misma normativa (que es norma
especial aplicable para los procesos ejecutivos), previó que “El auto que
decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de
reposición, son apelables en el efecto devolutivo” -se subraya y resalta-.

23. La parte actora, una vez notificada personalmente del proceso
ejecutivo (el 21 de octubre de 200911), no interpuso recurso alguno contra el
Auto de 20 de octubre de 200912, por medio del cual se decretó la medida
cautelar de embargo de los dineros que tuviera el Departamento en
cuentas de ahorro y corriente, medida que, en esta demanda, cuestionó
abiertamente por ilegal.

24. Y aunque el 5 de noviembre de 2009 presentó una “petición especial
de desembargo”, sustentada en que los recursos gravados con la medida
cautelar eran inembargables13, consta que esa solicitud fue negada por
Auto de 2 de diciembre de 200914; a pesar de que ésta última determinación
la parte ejecutada interpuso directamente el recurso de apelación, el cual
era procedente (ya que el auto recurrido resolvía sobre una medida
cautelar), y que el recurso fue concedido por el Juzgado en Auto de 20 de
enero de 2010, ese medio de impugnación fue declarado desierto porque
el interesado “no aportó las expensas para efectos del recurso”, el cual
había sido concedido en el efecto devolutivo15.

25. Que el Juzgado que adelantaba la ejecución haya declarado
desierto el recurso, equivale a que la parte afectada no interpuso los
recursos de ley, como lo exige la Ley 270 de 1996, lo que permite concluir
que el daño fue causado por culpa exclusiva de la víctima, debido a que
no permitió que la providencia que la afectaba fuera objeto de control por
el juez natural llamado a ejercerlo, al no cubrir, en este caso, los gastos
necesarios para que se expidieran las copias para que el Tribunal lo
resolviera. El recurso de apelación no se tramitó en su integridad por su culpa
exclusiva.

10 Artículo 351: “Los siguientes autos proferidos en la primera instancia podrán ser apelables: (…) 7. El que resuelva

sobre una medida cautelar”.
11 Folio 467 del cuaderno 2.
12 Folio 4 del cuaderno 3.
13 Folio 29-33 del cuaderno 3.
14 Folio 80-86 del cuaderno 3.
15 Folio 89-91 del cuaderno 3.

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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26. En conclusión, como el daño alegado no podía imputarse a la Rama
Judicial, la indemnización de los perjuicios que la práctica de las medidas
cautelares pudo haber causado al Departamento ejecutado, y que
tendrían por causa la existencia del proceso judicial promovido por la
Hospital San Vicente de Arauca E.S.P., debió buscarla el afectado de la
entidad ejecutante, posibilidad prevista en la letra b) del artículo 510 del
Código de Procedimiento Civil16. Cabe precisar que, con ese propósito, la
parte actora podía, incluso, afectar la póliza que constituyó el ejecutante
para cubrir las afectaciones que la práctica de la medida de embargo
podiera ocasionar17.

27. Para finalizar, aunque la parte actora afirmó que se había presentado
un enriquecimiento sin causa a favor del Estado, porque a la rama judicial
(…) se le consignan periódicamente los rendimientos financieros que los
depósitos judiciales generan”, considera la Sala que el acá demandante
podía buscar la restitución de esos frutos civiles al interior del proceso
ejecutivo, sin que conste que haya realizado alguna petición en ese sentido.

2.3. Sobre la condena en costas

28. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del
artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en costas en esta instancia a la
parte demandante, en la medida en que la Rama Judicial no presentó
alegatos en esta instancia, y no se acreditaron otros pagos procesales en
que hubiese tenido que incurrir con ocasión del recurso.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por la
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Arauca.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia por no aparecer causadas.

16
Norma que dispone: “b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso;
en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y
los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los
perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307”
17 Folio 2-3 del cuaderno 3.

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Radicación: 81001-23-33-000-2013-00029-01 (52453)
Actor: Departamento de Arauca
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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