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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00714-01

Fecha
19 de octubre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2008-00714-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 21 de enero de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2008-00714-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2022

Radicación: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN– Nulidad originada en la sentencia –
Condena contra alguien que no fue parte del proceso – POLICÍA NACIONAL –
Representación judicial.

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
nulidad originada en la sentencia, por no haberle notificado el auto admisorio de la
demanda a la entidad que resultó condenada en el proceso.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandada contra la Sentencia de 21 de enero de 2009, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, que declaró la responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, y 1.4. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 21 de febrero de 2001, Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros1
presentaron acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Justicia, Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Nación
• Fiscalía General de la Nación y Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, con las siguientes pretensiones:

“Primero: la Nación Colombiana – Ministerio de Justicia – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nacional –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, es administrativamente responsable
de los daños y perjuicios patrimoniales (materiales), morales y sociales
causados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad del señor
Jimmy A. Herazo Salinas como consecuencia del conjunto de hechos y
omisiones referidos en la demanda por la fallas en el servicio de
administración de justicia (….)”

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 26 de
febrero de 1997, en horas de la noche, Jimmy Antonio Herazo Salinas fue
detenido de manera ilegal y arbitraria cuando se dirigía en su carro hacia

1 Sus hijos Manuel de Jesús Herazo Gutiérrez y Karen del Carmen Herazo Gutiérrez, Floria Gutiérrez Amaya
(compañera permanente), Adolfo Herazo Rodríguez (hermano) y Valentina Herazo Salinas (hermana).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Barranquilla. Una patrulla de la Policía Nacional detuvo el carro en Puerto
Giraldo, capturó al demandante y lo dejó a disposición de la Fiscalía
General de la Nación. La información de la captura fue difundida por
medios radiales y televisivos de orden local y nacional.

3. El 6 de marzo de 1997 se dictó medida de aseguramiento, consistente en
la detención preventiva, por la presunta comisión de los delitos de
homicidio, tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas.
El demandante cuestionó el informe de policía y destacó que era falso,
porque la víctima no fue capturada con arma alguna, ni en flagrancia de
un delito.

4. El 29 de julio de 1997, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de
Barranquilla revocó la medida de aseguramiento y ordenó la investigación
de las irregularidades cometidas por los agentes de policía durante la
captura. El 25 de febrero de 1999, precluyó la investigación en favor del
demandante, porque no se probó su participación en los hechos.

5. Señaló que el Estado no encontró pruebas contra el demandante, por lo
que tenía la obligación de indemnizar los perjuicios causados.

1.2. Posición de la parte demandada

6. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la actuación de las entidades fue adecuada. La Fiscalía General de
la Nación no incurrió en ninguna irregularidad y la privación de la libertad
no violó el ordenamiento jurídico. Manifestó que no se probaron los perjuicios
y cuestionó el monto pedido. Propuso la excepción de indebida
representación judicial, porque el Fiscal General podía asumir la
representación, sin necesidad de acudir a la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial.

7. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de
la demanda, porque no se probó la responsabilidad. La entidad profirió la
medida de aseguramiento con base en el informe policial y la denuncia de
uno de los participantes del atraco. Posteriormente, la demandada conoció
otras pruebas y revocó la medida. Propuso como excepción el hecho de un
tercero, por las declaraciones equivocadas de los participantes del atraco.

8. La Nación – Ministerio del Interior y Defensa se opuso a las pretensiones de
la demanda y propuso como excepción la falta de legitimación pasiva en
la causa, porque la representación de la Rama Judicial la debe asumir el
Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con el artículo
99 de la Ley 270 de 1996.

9. La Nación – Ministerio de Defensa guardó silencio a pesar de haber sido
notificada.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

10. El Tribunal Administrativo de Atlántico dictó la Sentencia de 21 de enero
de 2009, que declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, por la privación injusta de la libertad de Jimmy

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Antonio Herazo Salinas, quien no cometió el hecho imputado. Condenó a la
entidad al pago del lucro cesante y los perjuicios morales. Negó las
pretensiones de la demanda respecto de la Nación – Ministerio del Interior y
de Justicia, Nación – Rama Judicial y Nación – Fiscalía General de la Nación.
Contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación.

1.4. Recurso de extraordinario de revisión y trámite relevante

11. El 14 de diciembre de 2010, la parte demandada interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de primera instancia ejecutoriado,
con fundamento en el numeral 6 del artículo 188 del CCA, relacionado con
la nulidad originada en la sentencia.

12. Adujo que la sentencia recurrida condenó únicamente a la Policía
Nacional sin notificarle la demanda y violando su derecho al debido
proceso, porque no le dio “oportunidad de intervenir en el proceso para su
defensa, máxime que tal deficiencia fue advertida a folio 146 del
expediente de acuerdo con el informe secretarial que pasara el señor
secretario del Tribunal donde ponía en conocimiento de la excepción que
se había hecho de la Policía Nacional como entidad demandada donde
no fue ordenada su vinculación en el auto admisorio de la demanda
encontrado a folios 53 y 64 del expediente”. Se ordenó solamente la
notificación de la Procuraduría, Ministerio de Justicia, Director Ejecutivo de
la Administración Judicial, Fiscalía General de la Nacional y al ministro de
defensa por medio del comandante de la segunda brigada.

13. Reprochó que no se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado
por no haberle otorgado la oportunidad procesal para controvertir los
argumentos. Señaló que no apeló porque mediante el edicto “solo se
notificó al Ministerio de Justicia, a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación”. Pidió proferir una nueva sentencia en la que se revocara la
condena impuesta a la recurrente.

14. El Ministerio Público manifestó que debía declararse infundado el recurso
de revisión, porque “la demanda fue dirigida contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y, aunque en el momento de su admisión no
se notificó en esos precisos términos, siendo advertido lo anterior por la
Secretaría del Tribunal y sin que existiera pronunciamiento del órgano
colegiado, el proceso siguió su curso, otorgando las oportunidades al
Ministerio de Defensa de contestar la demanda, solicitar pruebas y
controvertir las mismas”. Señaló que el Ministerio de Defensa tenía la
representación de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 6 del
Decreto 1512 de 2000, por lo que, no puede hablarse de falta de
notificación de alguien que no puede comparecer el proceso por carecer
de personería jurídica.
2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada y, 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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15. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad2 prevista en el artículo 187 del CCA.
Declarará infundado el recurso de revisión contra la Sentencia de 21 de
enero de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, porque
no se configuró la causal invocada.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

16. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados3, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador4 o por el constituyente.

17. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias 5, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez6, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal invocada

18. El numeral 6 del artículo 188 del CCA establece como causal de revisión
“Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación”.

19. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la

2El 24 de febrero de 2009 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida y el 14 de diciembre de 2010 se interpuso

recurso de revisión, por lo que, se hizo dentro del término de los dos años del artículo 187 del CCA. Adicionalmente,
es importante recordar que, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias de primera
instancia ejecutoriadas de conformidad con la Sentencia C-520 de 2009 de la Corte Constitucional, que estableció
que no “resulta compatible con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición de
un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la
naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en
que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de
los de naturaleza ordinaria. Una exigencia de este tipo forzaría a que siempre fuera necesario apelar la sentencia,
con el fin de dejar abierta la puerta para la eventual ocurrencia de alguna de las causales que da lugar al recurso
extraordinario de revisión. Tal exigencia procesal, crea un requisito no establecido en el ordenamiento, que no solo
aumenta la carga de trabajo de la jurisdicción contenciosa, encarece de manera innecesaria el acceso a la
justicia, sino que desconoce la finalidad por la cual fueron establecidos los recursos extraordinarios, que no es otra
que la búsqueda de la verdad material”.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016,
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00(REV)
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12)
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV),

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones7.

20. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CCA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional8 para
dotar de contenido la causal.

21. El Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos9 ha considerado que
la imposición de una condena contra alguien que no fue parte del proceso
configura el supuesto de nulidad del numeral 3 del artículo 140 del CPC10,
toda vez que, supone una pretermisión íntegra de las instancias para el
condenado que no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción.

22. Por su parte, la Subsección en la Sentencia de 4 de mayo de 2022,
radicado 63893, consideró que “condenar a alguien que no ha sido
vinculado al proceso supone una clara pretermisión de las instancias, motivo
por el cual el recurso extraordinario de revisión es procedente para corregir
esa circunstancia11”.

23. Bajo esa interpretación, la Sala encuentra que no se configuró la causal
de nulidad propuesta, porque el auto admisorio de la demanda se le
notificó en debida forma al Ministerio de Defensa, quien debía ejercer la
representación judicial y la defensa de la Policía Nacional, sin embargo,
guardó silencio.

24. Esta probado que la demanda se interpuso contra varias entidades,
entre ellas, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. No
obstante, el Auto admisorio de 19 de diciembre de 2001, ordenó notificarle
personalmente la demanda al “Ministro de Defensa, por intermedio del
Comandante de la Segunda Brigada, Atlántico, de conformidad con el

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado

2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de

junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, Radicado

11001-03-15-000-2001-00091-01(REV). “Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que
el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad
con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o
competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única
actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3) (…)”. En igual sentido, ver Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de febrero de
2017, Radicado 2016-02260-00(REV), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 9 de mayo de 2019, Radicado 2009-00140-01(REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2018, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
10 Código de Procedimiento Civil. Artículo 140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos: (…) 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia (…)”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de

mayo de 2022, Radicado 63893.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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artículo 150 C.C.A, subrogado por el artículo 29 del Decreto 2304 de 1989 12”,
sin específica referencia a la Policía Nacional.

25. El 16 de mayo de 2003, el Ministerio de Defensa se notificó por aviso,
debido a que no fue posible personalmente13. Posteriormente, el 26 de
noviembre de 2003, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Atlántico le manifestó al magistrado que dirigía el proceso que no se había
admitido la demanda contra la Policía Nacional, por lo que, era “necesaria
su vinculación, teniendo en cuenta lo indicado por el actor en el libelo.
Sírvase proveer”. Frente a esta situación no hubo pronunciamiento del
Tribunal.

26. A partir de los antecedentes procesales señalados, la Sala encuentra que
para la época en que se expidió el auto admisorio estaba vigente el artículo
149 del CCA, que establecía que “en los procesos Contencioso
Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del
Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de
mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

27. En el caso específico de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del Decreto
1512 de 2000 dispuso que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército
Nacional y la Armada Nacional hacían parte de la estructura orgánica del
Ministerio de Defensa, cuya dirección, en los términos del artículo 2 del
decreto, estaba a cargo del ministro de defensa y, por lo tanto, era quien lo
representaba judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación
de la Nación14.

28. En ese contexto normativo, cualquiera de las dependencias del
Ministerio de Defensa podía ejercer su representación en la medida en que
hacían parte de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que se
impusieran se imputaban a un solo presupuesto, esto es, al patrimonio de la
Nación, en cabeza de este ministerio.

29. Por esta razón, imponerle una condena a la Policía Nacional, en este
caso, no genera nulidad en la sentencia, porque al final la parte

12 Folio 63 del cuaderno 1.
13 Notificación por aviso de 16 de mayo de 2003, suscrita por Lourdes Mendoza. Folio 65 del cuaderno 1. Asimismo,

el 16 de mayo de 2003, el notificador dejó constancia de lo siguiente: Le informo que me trasladé a la dirección
calle 58 No. 59 – 136 de esta ciudad, con el fin de notificar personalmente el auto de fecha de diciembre 19/01 a
la Nación – Ministerio de Defensa, por conducto del señor comandante de la Segunda Brigada o a quien haga
sus veces de representante legal o delegado, una vez ahí fui atendido por una señora que dijo llamarse Lourdes
Mendoza, a quien le expliqué el motivo de mi visita y quien me dijo que el señor comandante de la segunda
brigada no se encontraba en el momento, por lo cual procedí a notificar de acuerdo a la forma establecida en
el art. 150 del CCA, modificado art. 29 del Decreto Ley 446 de 1998, incisos 2 y 3 numeral 2 del art. 320 del CPC.
Firmando el aviso de notificación la señora que dijo llamarse Lourdes Mendoza, tal y como aparece firmado en
dicho aviso, en su parte inferior, por lo cual dejo la constancia de ello (…) Constancia de Secretaría: se deja
constancia que una (1) copia del presente aviso de notificación fue remitida por correo certificado a la dirección
calle 58 No. 59-136 en la ciudad de Barranquilla. Nota: se anexa planilla de consignación por entrega de correo
certificado No. 366 como constancia de la remisión”. Folios 68 a 69 del cuaderno 1.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 1 de

octubre de 2014, Radicado 33686. “En el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del Decreto 1512 de 2000, “por
el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”, dispuso que la
Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la estructura orgánica
del Ministerio de Defensa, cuya dirección, a términos del artículo 2 ibídem, está a cargo del Ministro de Defensa y,
por tanto, es éste quien lo representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la Nación.
Dicha representación puede delegarse en cualquiera de las dependencias del Ministerio, en la medida en que
hacen parte de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de
ellas se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio”.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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demandada y condenada, es la Nación15, quien fue notificada a través del
Ministerio de Defensa, pero decidió guardar silencio a pesar de que tenía la
representación judicial, de conformidad con el artículo 149 del CCA.

30. Es importante precisar que, para el momento en que se expidió el auto
admisorio no existía el artículo 20 del Decreto 4222 de 2006, que establecía
que la representación judicial y administrativa de la Policía le correspondía
a la Secretaría General de esa institución, toda vez que, para 2001 la
representación judicial de todo el sector defensa estaba en cabeza del
ministro de defensa, quien tenía la obligación de defender los intereses de
la Nación porque había sido notificado del proceso de reparación directa,
pero que no ejerció ninguna actividad procesal.

31. Adicionalmente, se destaca que, el informe secretarial se equivocó al
señalar que era necesario notificar a la Policía Nacional, porque el Ministerio
de Defensa ya tenía la representación judicial para defender los intereses
de la Policía Nacional.

32. De esta manera, la Sala no puede infirmar la condena impuesta contra
la Policía Nacional para excusar la inactividad procesal del Ministerio de
Defensa, quien tuvo conocimiento del proceso de reparación directa en
debida forma y decidió guardar silencio ante la demanda de
responsabilidad por los actos de una de las dependencias que
representaba judicialmente.

33. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, porque no se configuró la causal invocada.

2.4 Costas

34. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

3. DECISIÓN

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

15 Esta interpretación ha sido avalada por el juez de tutela quien ha establecido que cuando concurre al proceso

otra dependencia diferente a la que produjo el daño, el juez de responsabilidad puede condenar al organismo
que no participó, toda vez que, hacen parte de la misma estructura organizacional. Ver, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 6 de junio de 2019, Radicado 11001-03-15-000-
2019-00835-00(AC) “Luego, se entiende entonces que la intervención puede ejercerse por cualquiera de las
dependencias del Ministerio (Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército Nacional o Armada Nacional), en la medida
en que hacen parte de la estructura orgánica de dicha entidad y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse
contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del citado
Ministerio (…)
(…) En virtud de lo anterior, para la Sala la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, en cuanto a
imponer la condena a la Policía Nacional, pese a que esta no hizo parte dentro del proceso ordinario, resulta
razonable y no vulnera los derechos fundamentales de la entidad, por cuanto la parte demandada, y al final
condenada, es la Nación, quien acudió al proceso a través del Ministerio de Defensa, que la representa
judicialmente de conformidad con el artículo 149 del C.C.A”.

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Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00714-01 (47616)
Demandante: Jimmy Antonio Herazo Salinas y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 21 de enero de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo
de Atlántico, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

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ALBERTO MONTAÑA PLATA

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