Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00835-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2019-00835-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00835-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-00835-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
6 de junio de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE - No configuración / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA FUERZA PÚBLICA - Se encuentra en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional / FALTA DE VINCULACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL - No constituye indebida representación / TOPES INDEMNIZATORIOS POR PERJUICIOS MORALES - Aplicación jurisprudencial
[E]n los términos de la demanda, el problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en (i) violación directa a la Constitución, por haberse condenado a la Policía Nacional, pese a que no fue vinculada al proceso; (ii) defecto fáctico, en razón a que, no existía material probatorio para condenar a la entidad, esto es, demostrar la intervención de la Policía Nacional en los hechos en los que falleció el señor [G.H.R.], ni para reconocer los perjuicios inmateriales reconocidos; y (iii) desconocimiento del precedente, al no haber aplicado la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación del 28 de agosto de 2014, respecto a los topes indemnizatorios. (…) [P]ara la Sala la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, en cuanto a imponer la condena a la Policía Nacional, pese a que esta no hizo parte dentro del proceso ordinario, resulta razonable y no vulnera los derechos fundamentales de la entidad, por cuanto la parte demandada, y al final condenada, es la Nación, quien acudió al proceso a través del Ministerio de Defensa. // Se tiene entonces que la Corporación demandada, realizó un análisis in extenso de todo el material probatorio obrante en el proceso, (…) [y] se logró concluir que: i) la Policía Nacional fue atacada el día 8 de agosto de 2000 cuando se hallaba desarrollando el plan candado en los barrios El Progreso, Primero de Mayo y La Esperanza de Barrancabermeja; ii) el atentado se realizó por grupos subversivos en una disputa por el control territorial; iii) uno de los proyectiles disparados impactó la ventana trasera izquierda del taxi en el que se desplazaba el señor [G.H.R.] ocasionándole la muerte y iv) se desconoce si la bala fue disparada por agentes oficiales o por las bandas criminales. (…) Lo anterior demuestra que la sentencia objeto de tutela no incurrió en defecto fáctico, pues tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que la muerte del señor [G.H.R.] fue producto de un ataque subversivo a miembros de la Policía Nacional, las cuales fueron debidamente valoradas, y que a juicio del juez ordinario, era suficientes para demostrar la existencia de un daño antijurídico. // [O]bserva la Sala que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicó en debida forma la sentencia de unificación de la misma Corporación, que estableció los topes indemnizatorios para el reconocimiento de los perjuicios inmateriales (morales), teniendo en cuenta el grado de consanguinidad de los demandantes y las pruebas que soportaban dicha relación. (…) Quedan así resueltos los problemas jurídicos propuestos: la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en violación directa a la constitución, defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente horizontal. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00835-00(AC)
Actor: MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por la sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
(…)
PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia del veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), notificada por edicto el 08 de junio de 2018, corregida mediante auto de 31 de enero de 2019, notificado el 05 de febrero de 2019, proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A – Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN, quede sin efectos POR LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, ante la configuración de una posible vía de hecho al momento de proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de Reparación Directa radicado No. 68001233100020010045201, 68001233100020010317101, 68001233100020010344401 (acumulados), (40437), demandante: LUZ MARY HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y OTROS, demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, por las razones expuestas en el presente escrito.
SEGUNDA: En virtud de lo anterior, la Policía Nacional muy respetuosamente solicita al Honorable Consejo de Estado, se pronuncie y emita concepto en el presente caso, en materia de sostenibilidad fiscal, en atención a la relevancia constitucional que configura.
TERCERA: Que como consecuencia de la declaración anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se dejen sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sala Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B – Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth (sic), por la violación al derecho fundamental al debido proceso administrativo de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, ante la configuración de una posible vía de hecho al momento de proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de Reparación Directa radicado No. 68001233100020010045201, 68001233100020010317101, 68001233100020010344401 (acumulados), (40437), demandante: LUZ MARY HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y OTROS, demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, dentro del término razonable que se considere, dictar sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción.
(…).
Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 8 de agosto de 2000, en el municipio de Barrancabermeja el señor Gilberto Hernández Ramírez recibió un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, mientras se movilizaba en un taxi, por un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y miembros de milicias urbanas de grupos insurgentes.
2.2. El 21 de febrero de 2001, los señores Nohelia Ramírez Carmona, Omaira Jaramillo, Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel y Marfa Sorani Hernández Jaramillo, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con radicado No. 2001-00452 con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez.
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 4 de febrero de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación, y la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó la misma. Mediante providencia del 3 de septiembre de 2002, se abrió a pruebas el proceso.
2.3. El 22 de noviembre de 2001, la menor Angy Carolina Hernández Hernández, quien actuaba representada por su madre la señora Luz Mónica Hernández, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con radicado No. 2001-03171 para que se declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte de su padre Gilberto Hernández Ramírez.
2.3.1. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 7 de octubre de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada, y la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la contestó en tiempo. De igual manera, solicitó la acumulación de todos los procesos que versaran sobre la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez.
2.4. El 10 de diciembre de 2001, los señores Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con radicado No. 2001-03444, para que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez.
2.4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 16 de septiembre de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada, y la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó la demanda.
2.5. A través de autos del 11 de junio de 2004 y del 9 de marzo de 2005, el Tribunal Administrativo de Santander, decretó la acumulación a la actuación 2001-00452, de los procesos identificados con números de radicación 2001-03171 y 2001-03444.
2.6. El 12 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró probada la excepción de fondo consistente en el hecho determinante y exclusivo de un tercero, motivo por el cual denegó las pretensiones de la demanda por ausencia de imputación.
2.7. Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó la decisión, pues determinó que el señor Gilberto Hernández Ramírez, falleció con ocasión de un impacto de bala por el atentado realizado por grupos subversivos a la Policía Nacional cuando se hallaba desarrollando el plan candado en los barrios El Progreso, Primero de Mayo y La Esperanza de Barrancabermeja. Por tanto, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Argumentos de la acción de tutela
3.1. Refirió que la providencia incurrió en los defectos de violación directa a la constitución, fáctico y sustantivo, por las siguientes razones:
3.2.1. Sostuvo que la corporación judicial demandada vulneró los derechos fundamentales de la Policía Nacional, pues la condenó dentro de un proceso en el que la entidad no fue parte, generando con ello consecuencias para el patrimonio público. Indicando que, a su juicio, no es de recibo el argumento que, en razón a que dentro del proceso estuvo el Ministerio de Defensa - Ejército nacional, se entiende que existió representación, pues tanto esta última como la Policía Nacional dependen del Ministerio de Defensa.
3.2.2. Adujo que, si bien la Policía Nacional pertenece al Ministerio de Defensa, también es cierto que el artículo 2 del Decreto 4222 de 2006, estableció que estaría en cabeza del Secretario General de la Policía Nacional, representar judicial y administrativamente a dicha entidad, por lo que, en la actualidad la Policía Nacional ejerce de manera independiente la defensa de sus intereses litigiosos.
3.2.3. Indicó que no se observó dentro del proceso de reparación directa pruebas idóneas que determinaran la aflicción sufrida por los demandantes, pues los hechos referidos son abstractos y versan sobre situaciones que no presentan pruebas que permitieran corroborar su veracidad.
3.2.4. Tampoco tuvo en cuenta lo manifestado en la sentencia de primera instancia, en la que se declaró probada de fondo la excepción del hecho determinante y exclusivo de un tercero, denegando las pretensiones de la demanda, advirtiendo que no se valoraron en conjunto las pruebas aportadas por las partes, denotando la violación al derecho a la igualdad en este caso con relación a la valoración probatoria, es más, aduce que no existió investigación penal o disciplinaria por los hechos aducidos, que vincule a algún miembro de las instituciones del estado por la muerte del señor Hernández Ramírez.
3.2.5. Sostuvo que la sentencia atacada desconoció la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se estableció topes indemnizatorios que se reconocen en materia de perjuicios inmateriales como daño moral, daño a la salud, fallando ultra petita, y afectando los derechos constitucionales y convencionalmente que le asisten a la Policía Nacional, pues concedió derechos que no habían sido invocados en la demanda o en los recursos procesales impuestos.
3.2.6. Finalmente, refirió que se incurrió en defecto sustantivo, reiterando que la decisión de segunda instancia desatendió la valoración probatoria y no tuvo en cuenta la actividad de la fuerza pública. Así mismo, hace alusión a la violación al principio de sostenibilidad fiscal, el cual tiene como fin evitar situaciones de insolvencia en las cuales los gastos superan a los ingresos señalando que la indemnización reconocida en el caso bajo estudio, sin atender la capacidad financiera del estado pone en riesgo el cumplimiento de los deberes por parte de la institución y los derechos de las generaciones futuras.
Trámite procesal
4.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2018, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó, entre otras cosas, notificar en calidad de demandados, a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en calidad de terceros con interés, a los señores Noelia Ramírez Carmona, Omaira Jaramillo, Carlos Arturo Hernández Jaramillo, Gilberto Hernández Jaramillo, Héctor Manuel Hernández Jaramillo, Marta Hernández Jaramillo, Angie Carolina Hernández Hernández, Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez, que actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa N°. 68001-23-31-000-2001-00452-01 y acumulados.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado, practicó las notificaciones correspondientes.
Intervención de las autoridades judiciales demandadas
5.1. La Magistrada de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ponente de la decisión atacada, indicó que la acción de tutela es improcedente, al sostener que la decisión adoptada en relación con la efectiva participación de miembros efectivos de la Policía Nacional en el operativo en el que se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, estuvo apoyada en documentos emanados de la propia institución, específicamente, el boletín informativo policial del 9 de agosto de 2000.
5.2. En cuanto al argumento de que se haya condenado a la Policía Nacional, cuando la demanda se dirigió contra el Ejército Nacional, sostuvo que ese aspecto fue expresa y específicamente abordado en el fallo controvertido, en el que se expuso que la falta de vinculación de la Policía no constituía óbice para que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación, entendida como centro jurídico de imputación.
5.3. Recordó que en los procesos contencioso administrativos, la Nación está representada por el correspondiente ministro de ramo, como lo establece el artículo 149 del CCA, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, por lo que, en el caso concreto no existió ningún tipo de nulidad, vicio o vía de hecho por la circunstancia de no haber vinculado a la Policía Nacional.
5.4. Sostuvo que lo que se evidencia del escrito de tutela es un cuestionamiento con la valoración probatoria, la hermenéutica y las conclusiones de la autoridad judicial, es decir, que no tiene como objetivo demostrar una violación de derechos fundamentales, sino que, pretende reabrir el debate jurídico, a modo de una tercera instancia.
Intervenciones
6.1. El apoderado de los terceros interesados solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al no cumplirse con los requisitos de procedencia establecidos por la jurisprudencia. Por un lado, refirió que no se cumplió con el requisito de inmediatez, pues la sentencia controvertida data del 26 de abril de 2018, notificada el 8 de junio de 2018, y la acción de tutela fue presentada en el mes de febrero de 2019, es decir, superando el término establecido por la jurisprudencia como razonable. Así mismo, indicó que, el hecho que en auto del 31 de enero de 2019, se hubiere adicionado la sentencia por un error aritmético, no justifica la demora de la entidad demandante, quien alega la existencia de un perjuicio irremediable.
6.2. Sostuvo que la sentencia controvertida explicó de manera clara las razones por las cuales condenaba a la Policía Nacional, como quiera que ha sido reiterada la tesis jurisprudencial en señalar que cuando la demandada en la Nación, como persona jurídica, puede ejercerse su defensa por la mayor autoridad del mismo sector o presupuesto, como es el caso del Ministerio de Defensa, sin que pueda indicarse violación al debido proceso.
6.3. En cuanto al tema de sostenibilidad fiscal, indicó que la interpretación de la entidad no es de recibo, pues la condena impuesta se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, aclarando, que no puede condicionarse la materialización de una sentencia judicial a que los jueces deban saber si la entidad cuenta o no con el presupuesto para pagar la misma, como lo pretende la parte actora, no sólo porque atentaría contra los derechos de la contraparte, sino que además, por cuanto no hay norma que estipule dicho procedimiento.
6.4. Respecto al que el fallo fue ultra petita, indicó que en el escrito de tutela no se indicó cuáles fueron las peticiones sobre las que la sentencia se refirió, y que no estaban solicitadas en la demanda, ni explicó en qué aspecto se excedió el juez de segunda instancia. En cuanto al defecto fáctico, a su juicio lo que se observa es una inconformidad con el análisis de los medios de prueba, es decir, que lo que pretende es generar una tercera instancia a fin de que se vuelvan analizar las pruebas del proceso ordinario, lo cual, según la jurisprudencia es improcedente.
CONSIDERACIONES
En orden a resolver la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, la Sala se referirá, en primer lugar, a la acción de tutela contra providencias judiciales. Seguidamente, se formulará el problema jurídico a resolver y se adoptará la decisión en el caso en concreto.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, cuando se trata de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Lo primero que se debe señalar es que la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, pues se advierte que la sentencia controvertida data del 26 de abril de 2018, corregida mediante proveído del 5 de febrero de 2019 y la tutela fue interpuesta el 26 de febrero del año en curso, por lo cual se cumplió con el término prudencial establecido por esta Corporación.
2.2. Ahora bien, en los términos de la demanda, el problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en (i) violación directa a la Constitución, por haberse condenado a la Policía Nacional, pese a que no fue vinculada al proceso; (ii) defecto fáctico, en razón a que, no existía material probatorio para condenar a la entidad, esto es, demostrar la intervención de la Policía Nacional en los hechos en los que falleció el señor Gilberto Hernández Ramírez, ni para reconocer los perjuicios inmateriales reconocidos; y (iii) desconocimiento del precedente, al no haber aplicado la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación del 28 de agosto de 2014, respecto a los topes indemnizatorios.
2.2.1. Si bien la parte demandante alude también que la sentencia controvertida incurrió en el defecto sustantivo por vulneración al principio de sostenibilidad fiscal, lo cierto es que, de la lectura de los argumentos de la tutela, se advierte que todo va dirigido a la inconformidad en la tasación de los perjuicios a los que se condenó pagar a la Policía Nacional, asunto que se resolverá en el defecto por desconocimiento del precedente.
2.3. Luego, a fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará cada uno de los defectos alegados y, luego, adoptará la decisión que corresponda en el caso concreto.
Violación directa a la constitución
3.1. Al respecto, ha señalado la Corte Constitucional que el desconocimiento del Estatuto Superior se puede presentar con el acaecimiento de varios supuestos. En específico señaló:
"el desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al menos, en dos clases de casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben ser extraídos de su texto son por completo desobedecidos y no son tomados en cuenta, en el razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii) cuando las reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al menos implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance insuficiente.
(i) En efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53, concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución.
(ii) Esa no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden, como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo, sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más allá de lo que era necesario y proporcionado".
3.2. Así mismo, ha señalado el órgano Constitucional que, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y las garantías consagrados en el Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o principios son tomados en cuenta, pero se les da un alcance insuficiente, resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
3.3. En el presente caso, alude la entidad demandada que se violaron los postulados constitucionales por parte de la autoridad judicial demandada, pues pese a no haber estado vinculada dentro del proceso ordinario, la condenó al pago de los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del fallecimiento del señor Gilberto Hernández Ramírez.
3.3.1. Pues bien, para tomar esa decisión la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 26 de abril de 2018, sostuvo:
“(…)
Ahora bien, la Sala advierte que la entidad llamada a responder sería la Policía Nacional, la cual no fue vinculada al proceso, circunstancia que, prima facie, podría generar un problema de indebida representación de la persona jurídica demandada, esto es, la Nación. Sin embargo, esta problemática ya fue objeto de análisis por parte de la Subsección, motivo por el cual se reiterará el precedente sobre la materia:
Finalmente, debe precisarse que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada durante todo el proceso por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera que es viable definir la controversia planteada y disponer que la eventual condena sea asumida también por la Fiscalía General de la Nación con cargo a su presupuesto, comoquiera que el criterio unificado de la Sección Tercera señala que, en este evento, el problema planteado no es un tema de falta de legitimación en la causa por pasiva sino de representación, comoquiera que la persona llamada a responder es la Nación, pues ésta es el centro de imputación procesal.
En ese sentido, conviene precisar que la Nación, como persona jurídica demandada y legitimada en la causa, ejerció su derecho de defensa y contradicción, por lo que no es posible afirmar que se le vulneró el debido proceso, aún en los casos que, como en el sub judice, la Fiscalía General de la Nación deba asumir parte de la condena con cargo a su presupuesto, comoquiera que durante el trámite procesal la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial hizo uso de mecanismos procesales con miras a ejercer su defensa.
Dicho lo anterior, para la Sala resulta menester aclarar que la situación antes narrada no es posible predicarla de cualquier entidad que represente a la Nación, sino que alude al especialísimo caso en el cual las entidades conforman un ‘mismo sector’, esto es, cuando las instituciones, como en el sub examine, hacen parte de una porción similar, en lo que se refiere a las actividades desplegadas, de ese entramado que conforma la persona jurídica.
Así pues, en el sub examine tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial integran el sector justicia, circunstancia por la que, además, viene a ser procedente una condena con cargo a su presupuesto en relación con la primera de las nombradas. Se excluyen entonces las situaciones fácticas que originadas en otros sectores –v. gr. sector defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, etc…-, so pretexto de encontrarse ante una misma persona jurídica (Nación) se les imponga una condena sin que hayan actuado en el proceso, máxime si se tiene en cuenta que puedan eventualmente responder por una condena en casos en los que se produjere un daño que nada tiene que ver con las actividades que desarrollan, pues de no considerarse así se estaría ignorando la realidad implícita de que trata el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, en tanto alude a una representación de tipo práctico, particular y especializado, que no puede ser obviada en esos eventos.
De modo que en el caso concreto se declarará la responsabilidad del Ministerio de Defensa con cargo al presupuesto de la Policía Nacional, toda vez que el daño le es atribuible. Y si bien esta institución no fue la llamada a representar a la Nación en el proceso, lo cierto es que sí lo fue el Ejército Nacional, entidad del mismo sector (defensa) y vinculada al mismo ministerio y, por tanto, con actividades similares porque ambas instituciones integran la Fuerza Pública del Estado Colombiano a la luz de los artículos 216 y siguientes de la Constitución Política.
(…)”.
3.3.2. De lo anterior, advierte la Sala que la decisión adoptada en la sentencia atacada, tuvo como fundamento que, si bien, la Policía Nacional no estuvo vinculada al proceso ordinario, sí estuvo el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, entidad que hace parte del mismo sector defensa, y por lo tanto, se entiende que en estos casos, estuvo debidamente representada la Nación.
3.3.3. Lo anterior, lo fundamentó con decisiones adoptadas por la misma Corporación en casos similares, en donde entidades de un mismo sector son representadas por la persona jurídica que, conforme al artículo 49 de la Ley 446 de 1998, tienen la representación legal de las entidades públicas.
3.3.4. En efecto, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo (vigente para la fecha de presentación de la demanda ordinaria y sus acumulados), disponía:
"Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan.
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. (Subrayado y Negrilla fuera de texto)
3.3.5. En el caso específico de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del Decreto 1512 de 2000, dispuso que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección, en los términos del artículo 2 ibidem, está a cargo del Ministro de Defensa y, por lo tanto, es éste quien lo representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la Nación.
3.3.6. Luego, se entiende entonces que la intervención puede ejercerse por cualquiera de las dependencias del Ministerio (Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército Nacional o Armada Nacional), en la medida en que hacen parte de la estructura orgánica de dicha entidad y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del citado Ministerio.
3.3.7. Específicamente sobre la representación del Ministerio de Defensa, la Sección Tercera de esta Corporación ya había tenido la oportunidad de pronunciarse en sentencia del 25 de marzo de 2015, en la que sostuvo:
(…) Al respecto, debe decirse que, si bien el ordenamiento legal no contempla como causal de nulidad el hecho de que la entidad demandada (en este caso, la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa), representada por diferentes dependencias que hacen parte de la misma estructura orgánica (acá, de la del mencionado Ministerio), concurra al proceso con dos abogados principales, como sucedió en este caso, sí es responsabilidad de este último observar los postulados procesales, en aras de garantizar una defensa seria y coherente de sus derechos (que, en últimas, son los de la Nación), con independencia de que, de perder el proceso, el Ministerio impute internamente el pago de la condena al presupuesto de una u otra de las instituciones que conforman la Fuerza Pública.
3.4. En virtud de lo anterior, para la Sala la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, en cuanto a imponer la condena a la Policía Nacional, pese a que esta no hizo parte dentro del proceso ordinario, resulta razonable y no vulnera los derechos fundamentales de la entidad, por cuanto la parte demandada, y al final condenada, es la Nación, quien acudió al proceso a través del Ministerio de Defensa, que la representa judicialmente de conformidad con el artículo 149 del C.C.A.
3.5. Finalmente, es preciso señalar que, si bien, a través del Decreto 4222 de 2006, se estableció en su artículo 20, que la representación judicial y administrativa de la Policía Nacional estaría en cabeza de la Secretaría General de dicha Institución, lo cierto es que, la demanda y sus acumulados objeto de análisis, fueron presentadas en el año 2001, momento para el cual, la representación judicial de todo el sector defensa estaba en cabeza del Ministerio de Defensa, quien, -se repite-, acudió al proceso de reparación directa y por tanto, se concluye que, tal como lo advirtió el juez ordinario, hubo una debida representación de los intereses de la Nación.
3.6. En conclusión, no encuentra la Sala argumentos que lleven a determinar que en el asunto objeto de análisis se violaron postulados constitucionales que ameriten la intervención del juez constitucional, por lo que, sobre ese aspecto, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela.
Del presunto defecto fáctico
4.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
4.1.1. La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
4.1.2. La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
4.2. Para determinar sí en el caso concreto se configuró el defecto fáctico, lo primero que conviene traer a estudio son los argumentos expuestos por la sentencia atacada, que resolvió el recurso de apelación de la sentencia de reparación directa de primera instancia, respecto a las pruebas que llevaron a determinar la responsabilidad de la entidad. En ella se indicó lo siguiente:
“(….)
En el caso analizado, el daño, esto es la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, se encuentra demostrado con los siguientes medios de convicción trasladados del proceso penal:
El 8 de agosto de 2000, el señor Gilberto Hernández Ramírez falleció, según dan cuenta la copia auténtica del registro civil de defunción y el acta del levantamiento del cadáver suscrita por el médico Harold Mauricio Gutiérrez, los patrulleros de la Policía Nacional identificados con placas n°. 36560 y 59604, y el secretario de la diligencia el señor Roque Duarte Sánchez (F. 8, 81 y 89 c. 1 proceso 2001-452).
(….)
La Sala, una vez constatada la existencia del daño, procede a realizar el estudio de imputación, para lo cual será determinante establecer si el daño puede atribuirse a la entidad demanda.
La causa material de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez fue un shock neurogénico secundario, producido por herida recibida en la cabeza con proyectil de arma de fuego. De esta circunstancia dan cuenta el acta del levantamiento del cadáver (F. 81 y 89 c. 1 proceso 2001-452) y el protocolo de necropsia practicado el 25 de agosto de 2000 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Oriente, en el que se concluyó: “Hombre adulto de contextura mediana con heridas por proyectil arma de fuego (sic) en la cabeza en hechos ocurridos en el interior de un taxi que se desplazaba por el barrio San José Obrero. Con la información conocida hasta el momento, los datos del acta de levantamiento y los hallazgos de necropsia concluimos que fallece por shock neurogénico secundario a laceración cerebral por heridas por proyectil arma de fuego (sic). Manera de muerte homicidio (F. 96 a 98 c. 1 proceso 2001-452)”.
Mediante oficio 1611 del 4 de diciembre de 2000, el Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 “Héroes de Majagual” certificó con destino al proceso penal adelantado por la muerte del ciudadano Gilberto Hernández Ramírez, lo siguiente: “Me permito manifestarle que revisado el diario operacional que reposan (sic) en esta unidad táctica, no se realizaron operaciones para la fecha, hora y lugar de los hechos señalados en su oficio” (F. 104 c. 1 proceso 2001-452).
El Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 “Héroes de Majagual”, a través de oficio 060 del 7 de mayo de 2003, informó al tribunal de primera instancia que no existe documento o registro que permita establecer que el 8 de agosto de 2000 se presentó un enfrentamiento en el que participaron soldados del Ejército Nacional (F. 75 c. 1 proceso 2001-452).
Por su parte, el Comandante del Batallón de Artillería No. 2 “Nueva Granada”, a través de oficio 2440 del 15 de noviembre de 2000, comunicó a la Fiscalía General de la Nación lo que se trascribe a continuación:
En referencia a su oficio 0542-PREL-20.260-F.06, en donde solicita información respecto al día 8 de agosto del año anterior, me permito informar que revisados los archivos del diario operacional y del boletín diario de inteligencia, se logró establecer que para el día 8 de agosto, mediante informaciones de inteligencia se conoció que bandoleros de las milicias bolivarianas de las FARC y el frente urbano resistencia Yariguies del ELN, sostuvieron enfrentamiento armado en los barrios Las Granjas y Primero de Mayo, esto como consecuencia de la disputa por el control territorial y el tráfico de combustible robado (F. 105 c. 1 proceso 2001-452).
El 9 de enero de 2003, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja dispuso la suspensión de la investigación previa o preliminar, porque trascurrieron más de ciento ochenta días sin que se contara con elementos de juicio que permitieran adoptar una decisión en el sentido de abrir la investigación de manera formal o dictar resolución inhibitoria (F. 107 a 112 c. 1 proceso 2001-452).
Ahora, el 19 de mayo de 2003 el Secretario de Gobierno Municipal de Barrancabermeja remitió con destino a este proceso copia simple del boletín informativo policial del 9 de agosto de 2000. En este documento, según el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja la muerte del señor Hernández Ramírez fue “producto de un enfrentamiento entre milicias urbanas y la Policía Nacional” (F. 113 c. 1 proceso 2001-452).
Ahora bien, en la copia simple del boletín de la Policía Nacional – Departamento de Santander – Comando Operativo Especial del Magdalena Medio, suscrito por el patrullero Jesús Enrique Blanco Niño y el agente Roger Hernández Gonzales, Jefe de Turno E-100, se lee lo siguiente:
Homicidio A/F: día 080800 a las 12:00 horas, en funeraria Forondapor personal SIJIN, fue practicada inspección cadáver sr. Gilberto Hernández Ramírez, c.c. 10’157.089 Manzanares (Caldas), 52 años de edad, unión libre, conductor, residente calle 49ª #54-15 barrio Villarelis de esta ciudad, quien presenta un impacto arma de fuego largo alcance, a la altura de la cabeza, hechos sucedidos a las 10:30 horas, en barrio San José, momentos en que el mencionado se transportaba en vehículo taxi, afiliado a la empresa Radio Taxi, sin móvil debido a carencia de radio de comunicaciones con la empresa, de placas XWB 098, el cual era conducido por el sr. Julio Martínez Navarro c.c. (…) vehículo de propiedad de la señora Luz Nelly Vargas (…) sin más datos, cuando fue alcanzado por un proyectil producto del enfrentamiento entre milicias urbanas que operan en ese sector, personal de la Policía está activo el plan candado, de registro y control de la zona, desbloqueando las zonas de acceso al barrio El Progreso, Primero de Mayo y la plaza satélite del barrio La Esperanza, evitando quema de vehículos. En el momento del procedimiento las patrullas policiales fueron hostigadas por los subversivos, sin presentar novedades. Hechos al parecer por disputa control territorial. Hechos materia de investigación (F. 114 c. 1 proceso 2001-452).
Como se advierte, patrullas de la Fuerza Pública fueron hostigadas por delincuentes en desarrollo del plan candado aplicado por la Policía Nacional. En efecto, en el referido boletín policial se reportó el deceso del señor Gilberto Hernández y el hostigamiento como circunstancias concomitantes, de allí que permite inferir que la muerte se produjo durante la confrontación entre los grupos armados ilegales y los agentes de la Policía Nacional.
De allí que del boletín policial es posible establecer que hubo presencia de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, que fueron hostigadas sus patrullas y que se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández durante ese enfrentamiento.
Además, la anterior conclusión es concordante con la declaración rendida en el proceso penal por el señor Julio Martínez Navarro, conductor del automotor de servicio público en el que se movilizaba el señor Gilberto Hernández Ramírez, quien una vez interrogado sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, puntualizó: (…)
La Sala valorará la declaración del señor Julio Martínez Navarro porque fue testigo presencial y directo de los hechos que se debaten en este proceso, describe de forma objetiva y concatenada las circunstancias modales en que se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez y en su dicho no se advierten contradicciones o vacíos. Y si bien el testigo afirmó haber visto soldados del Ejército que iban patrullando a pie, el declarante no tenía por qué saber que se trataba de miembros de la Policía Nacional.
No sucede lo mismo con las declaraciones de Constantino Suárez, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar en la medida que son testigos de oídas. En efecto, los deponentes, en su calidad de amigos y vecinos del occiso Gilberto Hernández Ramírez, tuvieron conocimiento de los hechos a través “de lo manifestado por la esposa” y “de los comentarios de la gente” (F. 137, 140 y 143 c. 1 proceso 2001-452).
(….)
De modo que existen tres medios de convicción que no permiten establecer que el señor Gilberto Hernández Ramírez falleció como consecuencia de un disparo producido durante un ataque armado contra el Ejército Nacional.
No obstante, la Policía Nacional reconoció que el deceso del señor Gilberto Hernández Ramírez se produjo en medio de un hostigamiento a personal de la institución que venía adelantando un plan candado en varios barrios del municipio de Barrancabermeja. Esta versión de los hechos, como se desprende del oficio suscrito por el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja, fue aceptada por la entidad territorial.
Es importante precisar que el boletín informativo de la Policía Nacional fue allegado al proceso por la parte demandante, no fue tachado de falso y tampoco se controvirtió su veracidad a lo largo del proceso por el Ministerio de Defensa. Además, se trata de una prueba decretada y practicada dentro de este proceso frente a la cual se surtió el principio de contradicción, ya que en el auto de pruebas se solicitó oficiar a la Alcaldía de Barrancabermeja para que remitiera con destino al proceso toda la información que tuviera sobre los hechos acaecidos el 8 de agosto de 2000.
Ahora bien, lo que resulta indiscutible es que la causa adecuada del daño fue el hostigamiento sufrido por la Policía Nacional por parte de milicias urbanas de grupos insurgentes, pues ello se desprende del testimonio directo del señor Julio Martínez Navarro (F. 84 c. 1), corroborado por el boletín informativo policial del 9 de agosto de 2000 (F. 114 c. 1), en concordancia con lo señalado por el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja (F. 113 c. 1).
De modo que a partir del citado boletín informativo policial, del testimonio del señor Martínez Navarro y del oficio del Secretario de Gobierno de Barrancabermeja es posible dar por establecido que: i) la Policía Nacional fue atacada el día 8 de agosto de 2000 cuando se hallaba desarrollando el plan candado en los barrios El Progreso, Primero de Mayo y La Esperanza de Barrancabermeja; ii) el atentado se realizó por grupos subversivos en una disputa por el control territorial; iii) uno de los proyectiles disparados impactó la ventana trasera izquierda del taxi en el que se desplazaba el señor Gilberto Hernández Ramírez, luego perforó y atravesó su cráneo, para finalmente romper la ventana derecha del automotor y iv) se desconoce si la bala que produjo la muerte del señor Hernández Ramírez fue disparada por agentes oficiales o por las bandas criminales.
Establecida la causa eficiente y adecuada del daño, la Sala reiterará la jurisprudencia más reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera en relación con el régimen o título de imputación aplicable a aquellos supuestos en que se producen daños en virtud de actos ataques, o atentados violentos emanados de terceros contra instituciones militares o policiales, entidades o funcionarios representativos del Estado, o edificaciones y construcciones estatales:
(...)
En este pronunciamiento, la Sala Plena de la Sección estableció que la falla del servicio y el riesgo excepcional son, por regla general, los títulos de imputación que permiten atribuir el daño proveniente de ataques violentos perpetrados por terceros con miras a desestabilizar la institucionalidad, sin que esto signifique excluir en casos concretos los demás títulos de imputación en el análisis de los casos concretos.
En efecto, la falla del servicio será el régimen llamado a resolver la controversia cuando se advierta un desconocimiento obligacional en cabeza del Estado, frente a sus obligaciones de prevención o de atención. A contrario sensu, el riesgo excepcional gobernará el litigio en aquellos eventos en que se demuestre que el atentado iba dirigido contra un elemento, funcionario, institución o bien estatal, sin que se haya producido un incumplimiento a los deberes normativos estatales. Por último, el daño especial resultará aplicable en aquellos supuestos en que el daño sea producto de un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
La Corte Constitucional ha avalado el criterio del riesgo excepcional para aquellos eventos en que el daño es generado por cuenta de la lucha del Estado contra la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y la subversión:
Las medidas que el decreto contempla en favor de las víctimas del terrorismo se justifican política y jurídicamente, bajo la teoría que admite la responsabilidad estatal sin culpa, cuando el daño proviene de un riesgo de naturaleza excepcional y anormal, creado por la administración, como ocurre en la situación que nos ocupa, el cual es generado, con motivo del desarrollo de las actividades y misiones que el Estado debe asumir, para combatir la violencia y el terrorismo de la subversión guerrillera y del narcotráfico.
Así las cosas, le asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que el daño es imputable a la entidad demandada de forma objetiva, porque fue consecuencia directa de un ataque violento contra la institucionalidad, de allí que no fuera necesaria la acreditación o demostración de una falla del servicio, esto es, el incumplimiento o desatención al contenido obligacional del Estado.
(….)
En el sub examine, la Policía Nacional reportó en el boletín informativo diario –que hace parte de los manuales de procedimientos de la institución– que producto del plan candado realizado por la institución, unidades policiales fueron hostigadas por grupos subversivos y en desarrollo de ese enfrentamiento se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez.
Así las cosas, no se demostró que la entidad demandada hubiera incurrido en una falla del servicio por desconocimiento de sus deberes y obligaciones, no obstante el daño sí se originó en un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos ilegales alzados en armas por lo que deviene imputable al Ministerio de Defensa a través del título de riesgo excepcional.
En efecto, quedó establecido con el boletín informativo policial y el testimonio del señor Julio Martínez Navarro que sí existió el enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y milicias urbanas de grupos subversivos, por lo que el daño es atribuible a título de riesgo excepcional y, por consiguiente, reviste la condición de antijurídico.
(….)”.(Subrayado y Negrilla fuera de texto)
4.2.1. Se tiene entonces que la Corporación demandada, realizó un análisis in extenso de todo el material probatorio obrante en el proceso, señalando que, del boletín informativo de la Policía Nacional, el informe remitido por la Alcaldía de Barrancabermeja y el testimonio del señor Julio Martínez Navarro, se logró concluir que: i) la Policía Nacional fue atacada el día 8 de agosto de 2000 cuando se hallaba desarrollando el plan candado en los barrios El Progreso, Primero de Mayo y La Esperanza de Barrancabermeja; ii) el atentado se realizó por grupos subversivos en una disputa por el control territorial; iii) uno de los proyectiles disparados impactó la ventana trasera izquierda del taxi en el que se desplazaba el señor Gilberto Hernández Ramírez ocasionándole la muerte y iv) se desconoce si la bala fue disparada por agentes oficiales o por las bandas criminales.
4.2.2. Así mismo, concluyó que dichas pruebas dan cuenta que, los hechos se dieron como consecuencia de un ataque a miembros de la Policía Nacional, es decir, que el mismo se enmarca en el régimen de responsabilidad de riesgo excepcional, pues el atentado iba dirigido contra un órgano estatal, sin que se haya producido un incumplimiento a los deberes normativos estatales.
4.2.3. Es decir que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la Corporación demandada analizó todas las pruebas que demostraron que la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez se produjo con ocasión al enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y milicias urbanas de grupos subversivos, y que por tanto el daño era atribuible a título de riesgo excepcional y, por consiguiente, tenía la condición de antijurídico.
4.2.4. Adicional a lo anterior, se observa que, no se omitió el análisis de ningún elemento probatorio, todo lo contrario, las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia atacada, fueron decretadas y practicadas dentro del proceso ordinario, respecto de las cuales se surtieron los traslados correspondientes, sin que ninguna de las partes, en especial, la entidad demandada hubiere realizado pronunciamiento alguno o las hubiere tachado de falsas.
4.3. Lo anterior demuestra que la sentencia objeto de tutela no incurrió en defecto fáctico, pues tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que la muerte del señor Hernández Ramírez fue producto de un ataque subversivo a miembros de la Policía Nacional, las cuales fueron debidamente valoradas, y que a juicio del juez ordinario, era suficientes para demostrar la existencia de un daño antijurídico, y por tanto, la procedencia de la reparación de los daños causados a los demandantes.
4.4. Por las anteriores razones, la Sala descarta la configuración del defecto fáctico endilgado en la tutela.
Del desconocimiento del precedente
5.1. Por otra parte, el demandante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, por cuanto, no se tuvo en cuenta la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, respecto a los topes indemnizatorios referentes a la reparación de perjuicios inmateriales.
5.1.1. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
5.1.2. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
5.1.3. El precedente horizontal, es aquel que debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro de igual jerarquía funcional, y el precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como órganos límite.
5.1.4. La Corte Constitucional ha señalado que: “(….) para garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales deben tener en cuenta que al momento de fallar, se encuentran vinculados en sus decisiones por la regla jurisprudencial que para el caso concreto ha dictado el órgano unificador – en la jurisdicción ordinaria o en la constitucional. Si pretenden apartarse del precedente, en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre ellos una carga de argumentación más estricta, pues deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan, de lo contrario, se presenta un defecto que hace procedente la acción de tutela”.
5.2. De la revisión de la sentencia que se invoca como precedente, la Sala encuentra que, en efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia respecto a los topes indemnizatorios en materia de perjuicios inmateriales, en la que, específicamente a lo relacionado con los perjuicios morales por muerte, dispuso:
“(…)
Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:
Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.
Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.
La siguiente tabla recoge lo expuesto:
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.
(….)”
5.3. Ahora bien, se hace necesario traer a estudio lo resuelto sobre el tema por la autoridad judicial demandada, a efecto de determinar, sí como lo señala la entidad accionante, se desconoció la aludida sentencia de unificación. En concreto, la sentencia del 26 de abril de 2018, dispuso:
“(….)
La Sección, en jurisprudencia unificada, ha sostenido que para la valoración y tasación de perjuicios morales en casos de muerte es preciso establecer el grado de parentesco, vínculo o relación que se tenía con la víctima, lo cual determinará el monto indemnizatorio a reconocer, sumas expresadas en salarios mínimos mensuales hasta en un máximo, por regla general, de 100. De otra parte, se establecieron varios niveles para determinar los montos indemnizatorios, así:
(…)
Además, la sola prueba del parentesco en los niveles 1 y 2 permiten inferir el perjuicio moral de los familiares del lesionado.
En el caso concreto, los demandantes Nohelia Ramírez Carmona; Omaira Jaramillo; Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel; Angy Carolina Hernández Hernández; Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez sufrieron un daño antijurídico que trajo como consecuencia perjuicios morales para cada uno de ellos.
(…)”
5.4. De lo anterior, se observa que la decisión controvertida reconoció perjuicios morales teniendo en cuenta para ello el grado de consanguinidad de los demandantes con la víctima. Así, según la tabla que estableció los niveles para determinar los montos indemnizatorios, reconoció a los hijos, a la madre y a la compañera permanente 100 SMLMV y a los hermanos 50 SMLMV, es decir, que aplicó la sentencia de unificación para el reconocimiento de los perjuicios inmateriales.
5.5. Luego, contrario a lo afirmado por la parte demandante, observa la Sala que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicó en debida forma la sentencia de unificación de la misma Corporación, que estableció los topes indemnizatorios para el reconocimiento de los perjuicios inmateriales (morales), teniendo en cuenta el grado de consanguinidad de los demandantes y las pruebas que soportaban dicha relación. De igual forma, tampoco se observa que la providencia haya fallado de manera ultra petita, como la afirma la entidad demandante, pues de la revisión de las demandas presentadas por los familiares de la víctima, se evidencia que en todas se solicitó el reconocimiento de perjuicios inmateriales y materiales, es decir, que la decisión estuvo acorde con lo solicitado por los demandantes.
5.6. Así mismo, es importante señalar que, dichos perjuicios fueron reconocidos como consecuencia de los daños causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, que, como se dijo en precedencia, fue la conclusión a la que llegó la Corporación demandada luego de realizar un análisis de los hechos que rodearon dicha situación y las pruebas que demostraron que la misma se ocasionó como consecuencia del ataque sufrido por miembros de la policía nacional por parte de bandas delincuenciales. Es decir que, de manera alguna, se trata de una decisión arbitraria o contraria a derecho que vulnere el principio de sostenibilidad fiscal, como lo afirma la entidad demandante, pues la decisión estuvo debidamente soportada y justificada.
5.7. Conforme con lo anterior, la Sala advierte que no se configuró el desconocimiento de precedente alegado.
5.8. Quedan así resueltos los problemas jurídicos propuestos: la sentencia del 26 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en violación directa a la constitución, defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente horizontal. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Policía Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito.
3. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
MILTON CHAVES GARCÍA
Magistrado
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado
Folio 14 expediente de tutela.
Folios 9 al 20 del cuaderno No. 2 del proceso ordinario
Folio 42 del cuaderno No. 2 del proceso ordinario
Folio 46 al 51 del cuaderno No. 2 del proceso ordinario
Folios 4 al 14 del cuaderno No. 4 del proceso ordinario
Folios 21 y 22 del cuaderno No. 4 del proceso ordinario
Folios 23 al 29 del cuaderno No. 4 del proceso ordinario
Folios 5 al 15 del cuaderno No. 3 del proceso ordinario
Folios 17 y 18 del cuaderno No. 3 del proceso ordinario
Folios 34 al 44 del cuaderno No. 3 del proceso ordinario
Folios 154 al 157 del cuaderno No. 2 del proceso ordinario
Folios 162 al 164 del cuaderno No. 2 del proceso ordinario
Folios 197 al 203 del cuaderno No. 1 del proceso ordinario
Folios 272 al 290 del cuaderno No. 1 del proceso ordinario
Folio 42 y 43 del expediente de tutela
Folios 45 al 51 y 63 del expediente de tutela
Folio 53 al 56 del expediente de tutela
Folio 64 al 74 del expediente de tutela
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Folio 272 al 291 del cuaderno No. 1 del proceso ordinario
Folio 301 y 302 del cuaderno No. 1 del proceso ordinario
T- 888 de 2010
Sentencia T-352/12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 38.140, M.P. Hernán Andrade Rincón.
Cita del original. Auto de Sala Plena de la Sección Tercera del 25 de septiembre de 2013, M.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 20420A.
Cita del original. En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 12 de marzo de 2015, Expediente: 36147.
Cita del original. En un caso similar, en el que se alegaba la falta de representación de la Nación, la Sección Tercera afirmó que “En síntesis, considera la Sala que no hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado en el proceso porque la dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura sí podía representar los intereses de la Nación- Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación”. Auto de 20 de mayo de 2004, Exp. 23.959. M.P.: Dr. Ricardo Hoyos Duque.
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá, D.C. Radicación Número: 85001-23-31-000-2002-00424-01(35491).
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
Ibídem. Óp. Cit. 10
Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
La sentencia transcribe la declaración rendida por el señor Julio Martínez Navarro.
La sentencia explica la razón por la cual dichos testimonios no serían tenidos en cuenta al momento del análisis de imputación.
Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
La sentencia cita apartes de la providencia aludida ibídem.
Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
HYPERLINK "http://policia.edu.co/documentos/ascensos/pt_a_si/ayudas/PRESENTACION%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf" \h http://policia.edu.co/documentos/ascensos/pt_a_si/ayudas/PRESENTACION%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf
Sentencia T-158 de 2006.
Sentencia T-142 del 7 de marzo de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Sentencia T-014 del 22 de enero de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Consejo de Estado. Sala Plena Seccion Tercera. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014).. Radicación número: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251)
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014.
La sentencia reprodujo la tabla resumen de los niveles para el reconocimiento de perjuicios morales establecida en la sentencia de unificación referida en párrafos anteriores.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.