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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2001-00452-01

Competencia funcional del Consejo de Estado en segunda instancia: en razón a la cuantía

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2001-00452-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVOCAR la sentencia del 12 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar a la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional– administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados con la muerte de Gilberto Hernández Ramírez. SEGUNDO. Condenar a la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional– a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: i) Para Omaira Jaramillo la suma de doscientos trece millones cuatrocientos dos mil trescientos nueve pesos m/cte ($213´402.309,00). ii) Para Angy Carolina Hernández Hernández la suma de ciento cincuenta y dos millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte ($152´369.944,00). TERCERO. Condenar a la Nación –Ministerio de Defensa-Policía Nacional– a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de: Nohelia Ramírez Carmona (madre) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Omaira Jaramillo (compañera) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Carlos Arturo Hernández Jaramillo (hijo) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Héctor Manuel Hernández Jaramillo (hijo) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Angy Carolina Hernández Hernández (hija) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Luz Mary Hernández Ramírez (hermana) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; María Yolanda Hernández Ramírez (hermana) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y Jairo Antonio Hernández Ramírez (hermano) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. CUARTO. Todos los pagos que efectúe el Ministerio de Defensa por cuenta del cumplimiento de esta sentencia, se harán con cargo al patrimonio de la Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2001-00452-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

19 de abril de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede

SÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano que fallece a causa de un disparo por proyectil en su cabeza mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público. En sentencia de primera instancia se declaró el hecho determinante y exclusivo de un tercero y se negó las pretensiones de la demanda por ausencia de imputación.

PROBLEMA JURÍDICO: La Sala deberá determinar si la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez es atribuible al Ejército Nacional, porque se produjo en medio de un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales o si, por el contrario, es imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero,

COMPETENCIA FUNCIONAL DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 132.6 del C.C.A. –modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998– toda vez que para la fecha de interposición del recurso de apelación, 8 de septiembre de 2010, la cuantía se establecía a partir de la sumatoria de las pretensiones objetivas y subjetivas .(…) para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2001 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser equivalente o superior a $143´00.000,00 ; ya que la sumatoria de todas las pretensiones asciende a un valor aproximado de $180´172.740,00 la Sala tiene competencia funcional.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132.6 / LEY 446 DE 1998

CADUCIDAD - Noción. Definición. Concepto / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda.(…) se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive. (…) la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”. Las acciones de reparación directa interpuestas el 21 de febrero, 22 de noviembre y 10 de diciembre de 2001, lo fueron en tiempo, porque el hecho dañoso ocurrió el 8 de agosto de 2000.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136.8

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación mediante registro civil como prueba idónea / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación

La Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional– tiene interés en controvertir las pretensiones elevadas por la parte actora, ya que es la entidad pública que, según se aduce en la demanda, participó en el enfrentamiento con grupos armados ilegales en medio del cual perdió la vida el señor Gilberto Hernández Ramírez.(…) Los señores Noelia Ramírez Carmona; Carlos Arturo Hernández Jaramillo, Gilberto Hernández Jaramillo y Héctor Manuel Hernández Jaramillo, sufren un daño en su condición de madre e hijos del occiso, respectivamente, de conformidad con la copia simple de los registros civiles de nacimiento aportados con la demanda y durante el período probatorio (…) No sucede lo mismo con la señora Marfa Sorani Hernández Jaramillo puesto que no se allegó su registro civil de nacimiento, por lo cual resulta imposible establecer su parentesco con el señor Gilberto Hernández Ramírez . La señora Omaira Jaramillo no demostró la condición de cónyuge supérstite, comoquiera que no se aportó el registro civil de matrimonio que diera cuenta de esa condición; no obstante, es posible tenerla como compañera permanente del señor Gilberto Hernández Ramírez, dado que en los registros civiles de los hijos de la víctima se consignó que su progenitora es la señora Jaramillo. Aunado a lo anterior, obran las declaraciones de los señores Constantino Suárez Vega, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar, quienes manifestaron de forma conteste que el occiso convivía de forma permanente con la señora Omaira Jaramillo y producto de esa unión procrearon varios hijos(…) la señora Omaira Jaramillo demostró el daño sufrido porque se estableció que el señor Gilberto Hernández Ramírez era su compañero permanente, por cuanto convivían bajo el mismo techo de forma permanente, en tanto que los testigos manifestaron que entre aquella y este existía convivencia marital. (…) la joven Angy Carolina Hernández Hernández acreditó el daño irrogado con la muerte de su padre el señor Gilberto Hernández Ramírez. El parentesco quedó probado con la copia simple del registro civil de nacimiento de aquella aportado con la demanda (…) el daño de los señores Luz Mary, Jairo Antonio y María Yolanda Hernández Ramírez, en su condición de hermanos del occiso, quedó demostrado con la copia auténtica de sus registros civiles de nacimiento remitidos por el Registrador Municipal de Manzanares (Caldas)

VALORACIÓN PROBATORIA DE LAS COPIAS SIMPLES - Aplicación de criterio de sentencia de unificación / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE/ APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA - Se cumple con los requisitos establecidos en la Ley

[S]e valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada, y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción. (…) los dos extremos de la litis solicitaron expresamente que se remitiera con destino a este expediente, copia auténtica del proceso penal adelantado por los hechos en los que perdió la vida del señor Gilberto Hernández Ramírez, motivo por el cual se cumple con las exigencias del artículo 185 del C.P.C. para la valoración de la prueba trasladada, de allí que los documentos y testimonios que obran en esa actuación serán apreciados en su integridad, con fundamento en el principio de lealtad procesal . NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar sentencia de: 28 de agosto de 2013, exp. 25022

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 185

APLICACIÓN DE LA CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO - Noción. Definición. Concepto / DAÑO - Acreditación

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad. (…) El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. De modo que el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa a un interés protegido. (…) el daño, esto es la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, se encuentra demostrado con los (…) medios de convicción trasladados del proceso penal

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS - Criterio sentencia de unificación

La Corporación, en relación con el valor probatorio de los testimonios de oídas, tiene por establecido que: No es dable a la Sala otorgar a tales testimonios pleno valor probatorio, toda vez que su contundencia demostrativa, de conformidad con los sistemas fundamentales de regulación de la prueba judicial, es mínima (...) Los testimonios según el conocimiento del testigo pueden ser de oídas o ‘directo o presencial’. El primero de estos, oídas o ex auditu, puede definirse como el relato que tercero hace ante el juez en el proceso con respecto a lo que le escuchó relatar a otra; el declarante como se observa carece de percepción directa sobre el hecho que se le pregunta; narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron. La valoración del testimonio de oídas dependerá de la imposibilidad de recaudar una prueba original fehaciente sobre el hecho a probar y el juez, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 228, es quien deberá escudriñar el contenido para apreciar y valorar su alcance de acuerdo con los demás medios probatorios (…) .Se trata de testimonios de oídas en los que se declaró sobre lo sucedido a partir del relato que dicen haber recibido del lesionado, los cuales carecen de valor probatorio, dado que como se ha manifestado en la mayoría de los casos frente a este tipo de declaraciones ex auditu, éstos carecen del requisito de la originalidad, ya que no se refieren directamente al hecho a probar, pudiendo a partir de ellos, arribarse a conclusiones erradas. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, sentencias del: 9 de marzo de 2000, exp. 16019; y del 16 de febrero de 2001, exp.12703, M.P. Alier E. Hernández Enríquez

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 238.3

FALLA DEL SERVICIO Y RIESGO EXCEPCIONAL - Criterio jurisprudencial / FALLA DEL SERVICIO - Noción. Definición. Concepto / RIESGO EXCEPCIONAL - Noción. Definición. Concepto / DAÑO ESPECIAL - Noción. Definición. Concepto

La Sala Plena de la Sección estableció que la falla del servicio y el riesgo excepcional son, por regla general, los títulos de imputación que permiten atribuir el daño proveniente de ataques violentos perpetrados por terceros con miras a desestabilizar la institucionalidad, sin que esto signifique excluir en casos concretos los demás títulos de imputación en el análisis de los casos concretos.(…) falla del servicio será el régimen llamado a resolver la controversia cuando se advierta un desconocimiento obligacional en cabeza del Estado, frente a sus obligaciones de prevención o de atención. (…) el riesgo excepcional gobernará el litigio en aquellos eventos en que se demuestre que el atentado iba dirigido contra un elemento, funcionario, institución o bien estatal, sin que se haya producido un incumplimiento a los deberes normativos estatales. (…), el daño especial resultará aplicable en aquellos supuestos en que el daño sea producto de un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.(…) La teoría del riesgo excepcional resulta aplicable a eventos en los cuales se somete a una persona a la existencia de un peligro que desborda la normalidad, como consecuencia del uso de instrumentos o elementos para la prestación de un determinado servicio o actividad (v.gr. instalaciones públicas o de policía, armas de dotación oficial, automotores oficiales, entre otros). (…) La Sección ha sostenido que en caso de ataques violentos contra la institucionalidad (atentados terroristas) no es necesario establecer que la herida o la lesión fueron producidas por elementos estatales (…) se infiere que el Estado no podrá exonerarse de responsabilidad bajo el argumento del cumplimiento a su deber de diligencia, pues a la luz de este título de imputación, esta causal exonerativa de responsabilidad resulta inane. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO / APLICACIÓN DEL TITULO DE IMPUTACIÓN RIESGO EXCEPCIONAL / SE CONFIGURÓ DAÑO ANTIJURÍDICO

No se demostró que la entidad demandada hubiera incurrido en una falla del servicio por desconocimiento de sus deberes y obligaciones, no obstante el daño sí se originó en un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos ilegales alzados en armas por lo que deviene imputable al Ministerio de Defensa a través del título de riesgo excepcional. (…) quedó establecido con el boletín informativo policial y el testimonio del señor Julio Martínez Navarro que sí existió el enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y milicias urbanas de grupos subversivos, por lo que el daño es atribuible a título de riesgo excepcional y, por consiguiente, reviste la condición de antijurídico (…) se declarará la responsabilidad del Ministerio de Defensa con cargo al presupuesto de la Policía Nacional, toda vez que el daño le es atribuible. Y si bien esta institución no fue la llamada a representar a la Nación en el proceso, lo cierto es que sí lo fue el Ejército Nacional, entidad del mismo sector (defensa) y vinculada al mismo ministerio y, por tanto, con actividades similares porque ambas instituciones integran la Fuerza Pública del Estado Colombiano a la luz de los artículos 216 y siguientes de la Constitución Política.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 216

RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Aplicación de criterio jurisprudencial / RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Procedencia

La Sección, en jurisprudencia unificada , ha sostenido que para la valoración y tasación de perjuicios morales en casos de muerte es preciso establecer el grado de parentesco, vínculo o relación que se tenía con la víctima, lo cual determinará el monto indemnizatorio a reconocer, sumas expresadas en salarios mínimos mensuales hasta en un máximo, por regla general, de 100.(…) los demandantes Nohelia Ramírez Carmona; Omaira Jaramillo; Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel; Angy Carolina Hernández Hernández; Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez sufrieron un daño antijurídico que trajo como consecuencia perjuicios morales para cada uno de ellos. De modo que la Sala accederá al reconocimiento de perjuicios morales en las siguientes sumas de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección: Nohelia Ramírez Carmona (madre) 100 Omaira Jaramillo (compañera permanente) 100 Carlos Arturo Hernández Jaramillo (hijo) 100 Gilberto Hernández Jaramillo (hijo) 100 Héctor Manuel Hernández Jaramillo (hijo) 100 Angy Carolina Hernández Hernández (hija) 100 Luz Mary Hernández Ramírez (hermana) 50 María Yolanda Hernández Ramírez (hermano) 50 Jairo Antonio Hernández Ramírez (hermano) 50

TASACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Cálculo. Formula / INEXISTENCIA DE SALARIO - Al no comprobarse el valor se calculará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para el momento del fallo. Incrementada en un 25 % por concepto de prestaciones sociales / TASACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES / LUCRO CESANTE - Procedencia. Aplicación de reglas de la experiencia en relación a los hijos que dependen económicamente de sus padres / LUCRO CESANTE CONSOLIDADO - Procedencia / LUCRO CESANTE FUTURO - Procedencia

En el sub lite no quedó demostrado el monto del ingreso percibido por el señor Gilberto Hernández Ramírez, razón por la cual se acudirá a la presunción de que al menos percibía un salario mínimo legal mensual como operario de maquinaria pesada, el cual, para la época de los hechos equivalía a $260.100,oo. Actualización de la base: ipc final marzo 2018 (141,06) RA = VH ($260.100) ipc inicial agosto de 2000 (61,14) RA = $600.093,00 que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2018, se tomará en cuenta el actual ($781.242,00) para la liquidación. A ese guarismo se le incrementará el 25% por concepto de prestaciones sociales, por tratarse de un trabajador dependiente como operario de maquinaria pesada, según lo afirmaron los testigos Constantino Suárez, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar, quienes aseguraron ser amigos y vecinos del occiso y, por eso, constatan esos hechos Al resultado obtenido ($976.552,00), se le descontará un 25% del ingreso por concepto de gastos personales que se presume el occiso destinaba para sí mismo ($244.138,00), por lo que el resultado es $732.413,00.(…) por ser dos los beneficiarios de la condena (compañera permanente e hija menor), el ingreso base de liquidación ($732.413,00) deberá ser dividido entre dos, por lo que cada liquidación se efectuará con el siguiente valor: $366.206,00. Liquidación a favor de Angy Carolina Hernández Hernández (hija) De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación del lucro cesante a favor de Angy Carolina Hernández Hernández, para lo cual deberá tenerse en cuenta que según las reglas de la experiencia fijadas por esta Corporación se presume que los hijos dependen económicamente de sus padres –con independencia de si están estudiando o no– hasta los 25 años.(…) Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar: S = Ra (1+ i)n - 1 S = $366.206,oo (1+ 0.004867)212,03 - 1 0.004867 S= $135´400.431,00 De igual forma, para la liquidación del período futuro se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar: (1+0.004867)52,03 -1 S = $366.206,00 i (1+0.004867)53,03 S= $16´969.513,00 Total lucro cesante Angy Carolina Hernández Hernández: $152´369.944,00 Liquidación a favor de Omaira Jaramillo (compañera permanente) (…) procederá la Sala a realizar la liquidación del lucro cesante a favor de Omaira Jaramillo, para lo cual deberá tenerse en cuenta que según las reglas de la experiencia fijadas por esta Corporación, se presume que el cónyuge o compañera(o) permanente depende económicamente de su pareja hasta la vida probable del cónyuge o compañero mayor. (…) Gilberto Hernández Ramírez nació el 26 de mayo de 1948 y su compañera tenía un año menos según se desprende de los registros civiles de nacimiento de los hijos en común, por tanto se tendrá en cuenta la vida probable del primero para efectos de la liquidación de perjuicios. (…) Ingresos mensuales de la víctima: $366.206,00 Vida probable de Rubén Darío Cortés López: 28,2 años (624 meses). Períodos a liquidar: i) consolidado 212,03 meses, comprendido desde la fecha del daño hasta la fecha de esta sentencia y ii) futuro 411,97 meses. Lapso que inicia a partir del día siguiente a esta sentencia y que va hasta la vida probable de Gilberto Hernández Ramírez. Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio.

La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar: (…) para la liquidación del período futuro se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar: (…) Total lucro cesante Omaira Jaramillo: $213´402.309,00

NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Titulo de imputación. Riesgo excepcional

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 68001-23-31-000-2001-00452-01(40437)

Actor: LUZ MARY HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RIESGO EXCEPCIONAL Y DAÑO ESPECIAL - títulos de imputación aplicables a daños ocasionados por terceros que atentan contra la institucionalidad estatal / RIESGO EXCEPCIONAL Y DAÑO ESPECIAL – enfrentamiento de la Fuerza Pública con grupos armados ilegales / COPIAS SIMPLES – valor probatorio / REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN – si las entidades pertenecen al mismo sector no existe indebida representación – El Ejército Nacional puede representar a la Policía Nacional porque dependen funcionalmente del mismo ministerio.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se negaron las súplicas de la demanda. La sentencia será revocada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de agosto de 2000, en el municipio de Barrancabermeja el señor Gilberto Hernández Ramírez recibió un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, mientras se movilizaba en un taxi. En la demanda se aduce que el daño es imputable al Ejército Nacional porque el proyectil impactó a la víctima durante un enfrentamiento armado entre soldados y miembros de milicias urbanas de grupos insurgentes. La entidad demandada sostiene que el daño es imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero porque se produjo en medio de un conflicto entre milicianos de las FARC y del ELN por el control del territorio.

II. ANTECEDENTES

1. Trámite previo a la acumulación

1.1. Demanda proceso 2001-00452

Mediante escrito del 21 de febrero de 2001, los señores Nohelia Ramírez Carmona, Omaira Jaramillo, Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel y Marfa Sorani Hernández Jaramillo, por intermedio de apoderado judicial (F. 1 a 5 c. 1), presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional– para que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, ocurrida el 8 de agosto de 2000 en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, causada en el intercambio de disparos entre miembros del Ejército y un grupo armado, en hechos ocurridos el día 8 de agosto de 2000, en el sector nororiental de la ciudad de Barrancabermeja (Santander).

SEGUNDA.- Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) a pagar a cada uno de los demandantes, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos a las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia:

Para Nohelia Ramírez Carmona, Omaira Jaramillo, Carlos Hernández Jaramillo, Gilberto Hernández Jaramillo, Héctor Manuel Hernández Jaramillo y Marfa Sorani Hernández Jaramillo, mil (1.000) gramos de oro, para cada uno, en su condición de madre, compañera e hijos de la víctima.

TERCERA.- Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de Omaira Jaramillo, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su compañero Gilberto Hernández Ramírez, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1- Un salario de quinientos mil ($500.000) pesos mensuales que ganaba la víctima como obrero al manejar una maquinaria, o lo que se demuestre dentro del proceso; o en subsidio el salario mínimo legal vigente para la época de los hechos, agosto de 2000, es decir la suma de doscientos sesenta mil cien ($260.100) pesos mensuales, más un treinta (30%) por ciento de las prestaciones sociales en ambos casos. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia definitiva, o se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

2- La vida probable de la víctima y la de su compañera, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en el Instituto de los Seguros Sociales.

3- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre agosto de 2000 y la fecha cuando se produzca el fallo definitivo o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4- Teniendo en cuenta las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, distinguiendo la indemnización debida o consolidada de la futura.

CUARTO.- LA NACIÓN, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta días (30) siguientes a la comunicación de la misma la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagará intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el momento efectivo del pago.

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

• El 8 de agosto de 2000, el señor Gilberto Hernández Ramírez salió de su casa en el barrio Villarelis, en el municipio de Barrancabermeja (Santander), y abordó un taxi para que lo llevara a su lugar de trabajo como operario de maquinaria de construcción.

• Cuando llegaron al lugar conocido como “Tierradentro” escucharon muchos disparos producidos por el enfrentamiento que en ese momento sostenían soldados del Ejército Nacional con miembros de un grupo armado al margen de la ley.

• El señor Gilberto Hernández fue impactado por varios proyectiles que le produjeron la muerte de forma inmediata.

Como fundamento jurídico de la demanda se indicó que el señor Gilberto Hernández Ramírez era un civil desarmado, que se movilizaba al lugar de trabajo, por lo que su deceso es imputable a la entidad demandada a título de daño especial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

1.2. Trámite en primera instancia proceso 2001-00452

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 4 de febrero de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación (F. 42 c. 1).

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional- contestó la demanda para oponerse a las pretensiones elevadas. Formuló como única excepción el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Luego de citar in extenso al profesor Jean Marie Becet, indicó que los daños sufridos por el grupo demandante tuvieron como causa determinante y efectiva una acción terrorista, subrepticia y criminal de un grupo armado al margen de la ley (F. 46 a 51 c. 1).

El proceso se abrió a pruebas mediante providencia del 3 de septiembre de 2002 (F. 57 y 58 c. 1).

1.3. Demanda proceso 2001-03171

El 22 de noviembre de 2001, la menor Angy Carolina Hernández Hernández, quien actúa representada por su madre la señora Luz Mónica Hernández, por intermedio de apoderado judicial (F. 1 c. 1), presentó demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional–para que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, ocurrida el 8 de agosto de 2000 en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, causada en el intercambio de disparos entre miembros del Ejército y un grupo armado, en hechos ocurridos el día 8 de agosto de 2000, en el sector nororiental de la ciudad de Barrancabermeja (Santander).

SEGUNDA.- Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de Angy Carolina Hernández Hernández, en su condición de hija de Gilberto Hernández Ramírez, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo.

TERCERA.- Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de Angy Carolina Hernández Hernández, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su padre, Gilberto Hernández Ramírez, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1- Un salario de quinientos mil ($500.000) pesos mensuales que ganaba la víctima como obrero al manejar una maquinaria, o lo que se demuestre dentro del proceso; o en subsidio el salario mínimo legal vigente para la época de los hechos, agosto de 2000, es decir la suma de doscientos sesenta mil cien ($260.100) pesos mensuales, más un treinta (30%) por ciento de las prestaciones sociales en ambos casos. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia definitiva, o se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

2- La vida probable de la víctima y la edad de veinticinco (25) años de su hija menor, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos en el Instituto de los Seguros Sociales.

3- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre agosto de 2000 y la fecha cuando se produzca el fallo definitivo o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4- Teniendo en cuenta las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, distinguiendo la indemnización debida o consolidada de la futura.

CUARTO.- LA NACIÓN, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta días (30) siguientes a la comunicación de la misma la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagará intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el momento efectivo del pago.

La parte actora presentó esta demanda con idénticos fundamentos fácticos y jurídicos a los expuestos en el proceso n°. 2001-452, salvo un hecho adicional consistente en que Angy Carolina Hernández Hernández nació el 29 de agosto de 1997 y es hija extramatrimonial del occiso Gilberto Hernández Ramírez.

1.4. Trámite en primera instancia proceso 2001-03171

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 7 de octubre de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada (F. 21 y 22 c. 1).

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional- contestó la demanda para impugnar las pretensiones elevadas. Formuló como excepción el hecho exclusivo y determinante de un tercero, al igual que en el proceso con radicado n°. 2001-452. Por último, solicitó la acumulación de todos los procesos que versaran sobre la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez (F. 23 a 30 c. 1).

1.5. Demanda proceso 2001-03444

Mediante escrito del 10 de diciembre de 2001, los señores Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez, por intermedio de apoderado judicial (F. 1 c. 1), presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional–para que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, ocurrida el 8 de agosto de 2000 en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, causada en el intercambio de disparos entre miembros del Ejército y un grupo armado, en hechos ocurridos el día 8 de agosto de 2000, en el sector nororiental de la ciudad de Barrancabermeja (Santander).

SEGUNDA.- Condenar a LA NACIÓN (Ministerio de Defensa) a pagar a cada uno de los demandantes Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez, en condición de hermanos de Gilberto Hernández Ramírez, a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno, vigentes al momento del fallo.

TERCERA.- LA NACIÓN, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta días (30) siguientes a la comunicación de la misma la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagará intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el momento efectivo del pago.

La parte actora basó este libelo petitorio con idénticos hechos y consideraciones a las desarrolladas en el proceso con radicado n°. 2001-452.

1.6. Trámite en primera instancia proceso 2001-03444

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 16 de septiembre de 2002, admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada (F. 17 y 18 c. 1).

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional- contestó la demanda señalando que, de conformidad con el contenido del oficio n°. 097 del 19 de abril de 2002, proferido por el Comando del Batallón Nueva Granada del Ejército Nacional, el señor Gilberto Hernández Ramírez falleció en un enfrentamiento armado entre milicias del grupo insurgente FARC y el frente urbano de resistencia Yariguíes del ELN, en disputa por el control del territorio y el negocio de contrabando de gasolina. Por ello es viable concluir que la muerte no es imputable o atribuible al Ejército Nacional (F. 34 a 44 c. 1).

2. Acumulación de procesos y trámite posterior

El Tribunal Administrativo de Santander, a través de autos del 11 de junio de 2004 y del 9 de marzo de 2005, decretó la acumulación a esta actuación de los procesos identificados con números de radicación 2001-03171 y 2001-03444 (F. 154 a 157 y 162 y 163 c. 1).

Posteriormente, el tribunal de primera instancia en auto del 31 de marzo de 2006 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (F. 167 c. 1 proceso 2001-00452).

La parte actora manifestó que la versión aducida por el Ministerio de Defensa, según la cual el daño no le era imputable, quedó desmentida con el testimonio rendido por el señor Julio Martínez Navarro, conductor del taxi en el que se movilizaba el señor Gilberto Hernández Mejía, toda vez que aquel precisó que vieron un escuadrón del Ejército que venía patrullando y en ese momento inició el enfrentamiento con los grupos alzados en armas. Esta declaración, prosiguió, es idónea para acreditar la imputación invocada en la demanda, toda vez que el testigo describió en la diligencia lo sucedido; indicó la trayectoria del taxi; señaló la ubicación de los soldados y, por último, ilustró acerca del lugar por el que los disparos impactaron al automotor y a su pasajero. Como consecuencia, solicitó que se diera aplicación a los regímenes de responsabilidad objetivos de riesgo excepcional o daño especial por daños derivados de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales (F. 172 a 180 c. 1).

La Nación-Ministerio de Defensa- adujo que el daño cuya reparación se demanda fue causado material y directamente por grupos al margen de la ley, dado que se encuentra establecido con los informes militares allegados al expediente que los disparos que le produjeron la muerte al señor Gilberto Hernández Ramírez provinieron de armas de fuego accionadas por miembros de bandas ilegales mientras sostenían un enfrentamiento por el control del territorio. De modo que, no quedó demostrada la presencia del Ejército Nacional en el lugar de los hechos y tampoco que la herida mortal fuera ocasionada por un arma de dotación oficial (F- 168 a 171 c. 1).

El Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia apelada

El 12 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Santander profirió la sentencia impugnada, en la que declaró probada la excepción de fondo consistente en el hecho determinante y exclusivo de un tercero, motivo por el cual denegó las pretensiones de la demanda por ausencia de imputación (F. 197 a 203 c. ppal.).

El a quo concluyó que la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez no podía ser atribuida al Ejército Nacional bajo ninguno de los títulos de imputación, ya que fue producida de forma exclusiva por grupos armados al margen de la ley.

El tribunal de primera instancia valoró los múltiples oficios remitidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, por el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja, por el Comandante del Batallón Nueva Granada para concluir que el daño fue producto de un enfrentamiento entre bandas criminales por cuenta del control del territorio y el dominio de las actividades ilegales en la zona.

Por último, en relación con la declaración del señor Julio Martínez Navarro, conductor del taxi en el que se trasportaba la víctima, el Tribunal Administrativo de Santander consideró que su afirmación de haber visto a miembros del Ejército Nacional no es suficiente para ofrecer certeza de la participación de la Fuerza Pública:

Por el contrario, está demostrado que el enfrentamiento ocurrió entre grupos ilegales alzados en armas por los diversos oficios remitidos tanto por los Comandantes de los Batallones de Barrancabermeja como por el informativo de la Policía Nacional, y si bien el señor JULIO MARTÍNEZ NAVARRO, conductor del taxi y por ende testigo de los hechos afirma –no sólo ante la Fiscalía sino en el curso de este proceso– que vio personal del Ejército en el tiroteo, identificándolos por el uniforme que llevaban puesto, esa afirmación por sí misma no es suficiente para ofrecer certeza de la participación de las fuerzas armadas legítimas del Estado, así como tampoco son de recibo los testimonios de los señores CONSTANTINO SUÁREZ VEGA, JOSÉ FERRER QUINTERO y OCTAVIO ESCOBAR porque manifestaron que saben de la supuesta participación del Ejército en lo ocurrido, por los comentarios de la gente y de la familia del occiso, más (sic) no porque les conste las circunstancias en que se desarrollaron los mismos.

Así las cosas, la parte demandada logró demostrar que el daño causado a los demandantes no le es imputable ni material ni jurídicamente por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, que en este caso fueron cuadrillas urbanas de grupos guerrilleros que se disputaban el dominio de la zona nororiental del municipio de Barrancabermeja, por lo que se denegarán las súplicas de la demanda (F. 203 c. 1).

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación que fue concedido mediante auto del 15 de diciembre de 2010 (F. 218 c. ppal.) y admitido en proveído del 14 de julio de 2011 (F. 222 c. ppal.).

Los fundamentos de la apelación de los demandantes son los que se resumen a continuación:

La versión de las autoridades públicas sobre la forma como ocurrieron los hechos –enfrentamiento entre milicias urbanas de las FARC y del ELN– obedece a una hipótesis que no fue confirmada mediante informes de inteligencia o testimonios de la ciudadanía.

El tribunal incurrió en un error de hecho al momento de valorar el testimonio del señor Julio Martínez Navarro porque ese medio de convicción tenía la suficiente validez probatoria para dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, más aún si no fue tachado de falso o controvertido por la parte demandada. Por tanto, la declaración mencionada es completa, exacta y cumple con las exigencias del artículo 228 del C.P.C. Entonces, con independencia de que se trate de un testigo único, el Tribunal Administrativo de Santander debió darle credibilidad, en cuanto se describieron los sucesos de forma objetiva y precisa, con total desinterés sobre las resultas del proceso.

El Ejército Nacional asumió posición de garante frente al ciudadano porque este quedó en medio de un ataque armado contra la institucionalidad, motivo por el cual resultan aplicables los títulos de imputación de riesgo excepcional o daño especial para soportar el juicio de atribución en cabeza del Estado.

5. Trámite de segunda instancia

En auto del 19 de agosto de 2011, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto en esta instancia (F. 225 c. ppal.).

La parte actora reiteró los argumentos contenidos en el escrito de apelación. Además, amplió las consideraciones relacionadas con el régimen de responsabilidad de riesgo excepcional, para sostener que para su aplicación no es determinante establecer que el disparo que produjo la muerte hubiere provenido de un arma de dotación oficial (F. 227 a 234 c. ppal.).

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional– señaló que el Estado no es asegurador absoluto de las personas que residen en el territorio nacional, puesto que no está obligado a lo imposible. Cuestionó los testimonios de oídas que reposan en el proceso y, en relación con la declaración del señor conductor del taxi en que se movilizaba la víctima, fue enfático en afirmar que su dicho, según el cual las personas que disparaban vestían uniforme, no permite establecer con exactitud que se trataran de miembros del Ejército Nacional, dado que los grupos al margen de la ley también usan prendas similares o semejantes a los de las Fuerzas Armadas (F. 246 a 249 c. ppal.).

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada, en tanto que de las pruebas que integran el acervo probatorio no se desprende que el Ejército estuviera en la zona o tuviera conocimiento previo de que en ese sitio se iba a presentar ese enfrentamiento. Indicó que tampoco se advierte que los disparos estuvieran dirigidos contra un objetivo militar específico o contra un elemento representativo del Estado. Por último, concluyó que quedó establecido que la confrontación ocurrió entre grupos ilegales alzados en armas (F. 259 a 268 c. ppal.).

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 132.6 del C.C.A. –modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998– toda vez que para la fecha de interposición del recurso de apelación, 8 de septiembre de 2010, la cuantía se establecía a partir de la sumatoria de las pretensiones objetivas y subjetivas.

En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2001 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser equivalente o superior a $143´00.000,00; ya que la sumatoria de todas las pretensiones asciende a un valor aproximado de $180´172.740,00 la Sala tiene competencia funcional.

2. Ejercicio oportuno de la acción

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. –modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998–, según la cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

Las acciones de reparación directa interpuestas el 21 de febrero, 22 de noviembre y 10 de diciembre de 2001, lo fueron en tiempo, porque el hecho dañoso ocurrió el 8 de agosto de 2000.

3. Legitimación en la causa

Nohelia Ramírez Carmona; Omaira Jaramillo; Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel, Marfa Sorani Hernández Jaramillo; la joven Angy Carolina Hernández Hernández; Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez están legitimados en la causa por activa en tanto adujeron ser afectados con el daño en su condición de madre, compañera permanente, hijos y hermanos del occiso, respectivamente.

Por su parte, la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional– tiene interés en controvertir las pretensiones elevadas por la parte actora, ya que es la entidad pública que, según se aduce en la demanda, participó en el enfrentamiento con grupos armados ilegales en medio del cual perdió la vida el señor Gilberto Hernández Ramírez.

4. Análisis de la Sala

Problema jurídico: consiste en definir si la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez es atribuible al Ejército Nacional, porque se produjo en medio de un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales o si, por el contrario, es imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero, tal y como determinó el tribunal de primera instancia.

Para resolver el problema jurídico se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada, y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

De otro lado, los dos extremos de la litis solicitaron expresamente que se remitiera con destino a este expediente, copia auténtica del proceso penal adelantado por los hechos en los que perdió la vida del señor Gilberto Hernández Ramírez, motivo por el cual se cumple con las exigencias del artículo 185 del C.P.C. para la valoración de la prueba trasladada, de allí que los documentos y testimonios que obran en esa actuación serán apreciados en su integridad, con fundamento en el principio de lealtad procesal.

4.1. El daño

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.

El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.

De modo que el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa a un interés protegido.

En el caso analizado, el daño, esto es la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez, se encuentra demostrado con los siguientes medios de convicción trasladados del proceso penal:

El 8 de agosto de 2000, el señor Gilberto Hernández Ramírez falleció, según dan cuenta la copia auténtica del registro civil de defunción y el acta del levantamiento del cadáver suscrita por el médico Harold Mauricio Gutiérrez, los patrulleros de la Policía Nacional identificados con placas n°. 36560 y 59604, y el secretario de la diligencia el señor Roque Duarte Sánchez (F. 8, 81 y 89 c. 1 proceso 2001-452).

Los señores Noelia Ramírez Carmona; Carlos Arturo Hernández Jaramillo, Gilberto Hernández Jaramillo y Héctor Manuel Hernández Jaramillo, sufren un daño en su condición de madre e hijos del occiso, respectivamente, de conformidad con la copia simple de los registros civiles de nacimiento aportados con la demanda y durante el período probatorio (F. 5 a 8 y 151 c. 1 proceso 2001-452). No sucede lo mismo con la señora Marfa Sorani Hernández Jaramillo puesto que no se allegó su registro civil de nacimiento, por lo cual resulta imposible establecer su parentesco con el señor Gilberto Hernández Ramírez.

La señora Omaira Jaramillo no demostró la condición de cónyuge supérstite, comoquiera que no se aportó el registro civil de matrimonio que diera cuenta de esa condición; no obstante, es posible tenerla como compañera permanente del señor Gilberto Hernández Ramírez, dado que en los registros civiles de los hijos de la víctima se consignó que su progenitora es la señora Jaramillo. Aunado a lo anterior, obran las declaraciones de los señores Constantino Suárez Vega, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar, quienes manifestaron de forma conteste que el occiso convivía de forma permanente con la señora Omaira Jaramillo y producto de esa unión procrearon varios hijos (F. 137 a 144 c. 1 proceso 2001-452).

Así las cosas, la señora Omaira Jaramillo demostró el daño sufrido porque se estableció que el señor Gilberto Hernández Ramírez era su compañero permanente, por cuanto convivían bajo el mismo techo de forma permanente, en tanto que los testigos manifestaron que entre aquella y este existía convivencia marital.

De igual forma, la joven Angy Carolina Hernández Hernández acreditó el daño irrogado con la muerte de su padre el señor Gilberto Hernández Ramírez. El parentesco quedó probado con la copia simple del registro civil de nacimiento de aquella aportado con la demanda (F. 2 proceso 2001-3171).

Por último, el daño de los señores Luz Mary, Jairo Antonio y María Yolanda Hernández Ramírez, en su condición de hermanos del occiso, quedó demostrado con la copia auténtica de sus registros civiles de nacimiento remitidos por el Registrador Municipal de Manzanares (Caldas) (F. 98 a 100 c. 1 proceso 2001-3444).

4.2. La imputación

La Sala, una vez constatada la existencia del daño, procede a realizar el estudio de imputación, para lo cual será determinante establecer si el daño puede atribuirse a la entidad demanda.

La causa material de la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez fue un shock neurogénico secundario, producido por herida recibida en la cabeza con proyectil de arma de fuego. De esta circunstancia dan cuenta el acta del levantamiento del cadáver (F. 81 y 89 c. 1 proceso 2001-452) y el protocolo de necropsia practicado el 25 de agosto de 2000 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Oriente, en el que se concluyó: “Hombre adulto de contextura mediana con heridas por proyectil arma de fuego (sic) en la cabeza en hechos ocurridos en el interior de un taxi que se desplazaba por el barrio San José Obrero. Con la información conocida hasta el momento, los datos del acta de levantamiento y los hallazgos de necropsia concluimos que fallece por shock neurogénico secundario a laceración cerebral por heridas por proyectil arma de fuego (sic). Manera de muerte homicidio (F. 96 a 98 c. 1 proceso 2001-452)”.

Mediante oficio 1611 del 4 de diciembre de 2000, el Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 “Héroes de Majagual” certificó con destino al proceso penal adelantado por la muerte del ciudadano Gilberto Hernández Ramírez, lo siguiente: “Me permito manifestarle que revisado el diario operacional que reposan (sic) en esta unidad táctica, no se realizaron operaciones para la fecha, hora y lugar de los hechos señalados en su oficio” (F. 104 c. 1 proceso 2001-452).

El Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 “Héroes de Majagual”, a través de oficio 060 del 7 de mayo de 2003, informó al tribunal de primera instancia que no existe documento o registro que permita establecer que el 8 de agosto de 2000 se presentó un enfrentamiento en el que participaron soldados del Ejército Nacional (F. 75 c. 1 proceso 2001-452).

Por su parte, el Comandante del Batallón de Artillería No. 2 “Nueva Granada”, a través de oficio 2440 del 15 de noviembre de 2000, comunicó a la Fiscalía General de la Nación lo que se trascribe a continuación:

En referencia a su oficio 0542-PREL-20.260-F.06, en donde solicita información respecto al día 8 de agosto del año anterior, me permito informar que revisados los archivos del diario operacional y del boletín diario de inteligencia, se logró establecer que para el día 8 de agosto, mediante informaciones de inteligencia se conoció que bandoleros de las milicias bolivarianas de las FARC y el frente urbano resistencia Yariguies del ELN, sostuvieron enfrentamiento armado en los barrios Las Granjas y Primero de Mayo, esto como consecuencia de la disputa por el control territorial y el tráfico de combustible robado (F. 105 c. 1 proceso 2001-452).

El 9 de enero de 2003, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja dispuso la suspensión de la investigación previa o preliminar, porque trascurrieron más de ciento ochenta días sin que se contara con elementos de juicio que permitieran adoptar una decisión en el sentido de abrir la investigación de manera formal o dictar resolución inhibitoria (F. 107 a 112 c. 1 proceso 2001-452).

Ahora, el 19 de mayo de 2003 el Secretario de Gobierno Municipal de Barrancabermeja remitió con destino a este proceso copia simple del boletín informativo policial del 9 de agosto de 2000. En este documento, según el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja la muerte del señor Hernández Ramírez fue “producto de un enfrentamiento entre milicias urbanas y la Policía Nacional” (F. 113 c. 1 proceso 2001-452).

Ahora bien, en la copia simple del boletín de la Policía Nacional – Departamento de Santander – Comando Operativo Especial del Magdalena Medio, suscrito por el patrullero Jesús Enrique Blanco Niño y el agente Roger Hernández Gonzales, Jefe de Turno E-100, se lee lo siguiente:

Homicidio A/F: día 080800 a las 12:00 horas, en funeraria Forondapor personal SIJIN, fue practicada inspección cadáver sr. Gilberto Hernández Ramírez, c.c. 10’157.089 Manzanares (Caldas), 52 años de edad, unión libre, conductor, residente calle 49ª #54-15 barrio Villarelis de esta ciudad, quien presenta un impacto arma de fuego largo alcance, a la altura de la cabeza, hechos sucedidos a las 10:30 horas, en barrio San José, momentos en que el mencionado se transportaba en vehículo taxi, afiliado a la empresa Radio Taxi, sin móvil debido a carencia de radio de comunicaciones con la empresa, de placas XWB 098, el cual era conducido por el sr. Julio Martínez Navarro c.c. (…) vehículo de propiedad de la señora Luz Nelly Vargas (…) sin más datos, cuando fue alcanzado por un proyectil producto del enfrentamiento entre milicias urbanas que operan en ese sector, personal de la Policía está activo el plan candado, de registro y control de la zona, desbloqueando las zonas de acceso al barrio El Progreso, Primero de Mayo y la plaza satélite del barrio La Esperanza, evitando quema de vehículos. En el momento del procedimiento las patrullas policiales fueron hostigadas por los subversivos, sin presentar novedades. Hechos al parecer por disputa control territorial. Hechos materia de investigación (F. 114 c. 1 proceso 2001-452).

Como se advierte, patrullas de la Fuerza Pública fueron hostigadas por delincuentes en desarrollo del plan candado aplicado por la Policía Nacional. En efecto, en el referido boletín policial se reportó el deceso del señor Gilberto Hernández y el hostigamiento como circunstancias concomitantes, de allí que permite inferir que la muerte se produjo durante la confrontación entre los grupos armados ilegales y los agentes de la Policía Nacional.

De allí que del boletín policial es posible establecer que hubo presencia de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, que fueron hostigadas sus patrullas y que se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández durante ese enfrentamiento.

Además, la anterior conclusión es concordante con la declaración rendida en el proceso penal por el señor Julio Martínez Navarro, conductor del automotor de servicio público en el que se movilizaba el señor Gilberto Hernández Ramírez, quien una vez interrogado sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, puntualizó:

Yo iba pasando y me hizo señas, esto fue en el barrio Villarelis, en la primera entrada del Villarelis por el pozo siete, bueno me hizo señas, él me dijo que lo trajera a la entrada del barrio La Floresta y me dirigí hacia allá por el sector del barrio San José Obrero, cuando iba a lado y lado el Ejército subiendo se formó una balacera, sentí que una de las balas pegó en un vidrio lateral del carro, voltié (sic) a mirar al pasajero que si continuábamos o nos quedábamos parados allí, cuando voltié (sic) a mirar ya el man (sic) estaba doblado. Eso fue todo. Yo paré el carro, lo dejé ahí y llamé a mi casa a informar lo que me había pasado. Al rato llegó la funeraria. PREGUNTADO. Al momento de los hechos, los carros del batallón a qué distancia se encontraban de usted? CONTESTÓ. Los soldados iban a pie, no iban en carro. La balacera duró un cuarto de hora. Personal del batallón no vi lesionado ni muerto, el único que muerto que vi era el que yo traía. PREGUNTADO. Por cuál lado hacían los disparos del personal del batallón? CONTESTÓ. Los disparos salieron de la parte sur bajando. El disparo entró por la sien izquierda y le salió por el otro lado, la cara le quedó vuelta nada. PREGUNTADO. A qué velocidad iba usted al momento de los hechos. CONTESTÓ. Venía a 30 kilómetros por hora. PREGUNTADO. Cuando usted voltió (sic) a mirar al pasajeros, díganos a qué distancia se encontraba usted del personal uniformado del Ejército y si en ese instante estaban dando plomo (sic) de parte y parte? CONTESTÓ. De los uniformados como a 50 metros, se oí (sic) que daban plomo, pero no me di cuenta de dónde salían. Yo duré ahí como una hora después de que el pasajero resultara muerto. PREGUNTADO. Cuando usted dice que se estaban dando plomo (sic) parte y parte a qué distancia paró del personal uniformado? CONTESTÓ. La plomera (sic) se formó cuando yo estaba en medio de los uniformados, no había para donde echarla, ni para atrás ni para adelante, cuando yo sentí el impacto en el carro voltié (sic) a mirar al pasajero, para como (sic) a unos quince minutos. PREGUNTADO. Sabe usted con qué grupo al margen de la ley se estaba dando plomo el Ejército (sic). CONTESTÓ. No, no sé. Sólo sé que salía plomo no sé de dónde. PREGUNTADO. Díganos de dónde salía plomo (sic) hacia el personal uniformado del Ejército. En caso positivo cuántas viviendas o estaba despoblado o mejor deshabitado? CONTESTÓ. Eso hay casas por lado y lado, pero eso si no sé de dónde salían esos tiros o balas. Eso era uno que otro disparo que salí, de malas fue mi pasajero y de buenas yo. PREGUNTADO. Cuántos impactos recibió su automotor? CONTESTÓ. Uno solo entró por el vidrio lateral izquierdo y salió por el lateral derecho atravesando la cabeza del pasajero. El vidrio a que me refiero va en el marco de la puerta fijo en forma de triángulo, eso no vale mucho ese vidriecito. PREGUNTADO. Usted habló con el personal uniformado al respecto. CONTESTÓ. Sí, ellos llegaron y me preguntaron que si yo era el conductor del vehículo. No fue más (F. 84 c. 1 proceso 2001-452).

La Sala valorará la declaración del señor Julio Martínez Navarro porque fue testigo presencial y directo de los hechos que se debaten en este proceso, describe de forma objetiva y concatenada las circunstancias modales en que se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez y en su dicho no se advierten contradicciones o vacíos. Y si bien el testigo afirmó haber visto soldados del Ejército que iban patrullando a pie, el declarante no tenía por qué saber que se trataba de miembros de la Policía Nacional.

No sucede lo mismo con las declaraciones de Constantino Suárez, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar en la medida que son testigos de oídas. En efecto, los deponentes, en su calidad de amigos y vecinos del occiso Gilberto Hernández Ramírez, tuvieron conocimiento de los hechos a través “de lo manifestado por la esposa” y “de los comentarios de la gente” (F. 137, 140 y 143 c. 1 proceso 2001-452).

Los mencionados declarantes no presenciaron de manera directa los hechos y, por tanto, son testigos de oídas que probatoriamente merecen un ponderado análisis y una valoración crítica rigurosa. Por consiguiente, no se les puede considerar significativos o determinantes en el sub lite, dada su naturaleza difusa, abstracta y gaseosa, por cuanto tuvieron conocimiento de las circunstancias a través de la compañera permanente del occiso y de los comentarios de la gente, de modo que su dicho no puede arrojar credibilidad en cuanto se refiere a la forma en que se produjo el deceso del señor Hernández Ramírez y, por ende, para deducir de allí algún tipo de responsabilidad a la entidad demandada.

La Corporación, en relación con el valor probatorio de los testimonios de oídas, tiene por establecido que:

No es dable a la Sala otorgar a tales testimonios pleno valor probatorio, toda vez que su contundencia demostrativa, de conformidad con los sistemas fundamentales de regulación de la prueba judicial, es mínima (...).

Los testimonios según el conocimiento del testigo pueden ser de oídas o ‘directo o presencial’. El primero de estos, oídas o ex auditu, puede definirse como el relato que tercero hace ante el juez en el proceso con respecto a lo que le escuchó relatar a otra; el declarante como se observa carece de percepción directa sobre el hecho que se le pregunta; narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron. La valoración del testimonio de oídas dependerá de la imposibilidad de recaudar una prueba original fehaciente sobre el hecho a probar y el juez, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 228, es quien deberá escudriñar el contenido para apreciar y valorar su alcance de acuerdo con los demás medios probatorios (…).

Se trata de testimonios de oídas en los que se declaró sobre lo sucedido a partir del relato que dicen haber recibido del lesionado, los cuales carecen de valor probatorio, dado que como se ha manifestado en la mayoría de los casos frente a este tipo de declaraciones ex auditu, éstos carecen del requisito de la originalidad, ya que no se refieren directamente al hecho a probar, pudiendo a partir de ellos, arribarse a conclusiones erradas (...).

La doctrina, por su parte, sobre el escaso mérito o valor que comporta el testimonio de oídas ha señalado lo siguiente:

Otro tipo de condiciones intermedias se refiere a las relaciones del testimonio con el hecho a establecer, ya sea que el testigo relate lo que percibió personalmente (testimonio directo, ex propriis sensibus) o relate, por lo contrario, lo que le fue a su vez relatado por otro (testimonio indirecto o mediato, ex audito alieno) o, simplemente, que relate lo que oyó decir por el rumor público, sin indicación precisa de su origen (de público conocimiento). Únicamente la primera de esta serie de testimonios suministra una verdadera prueba; las otras sólo ofrecen diminutivos más o menos controlables. La frase de LOYSEL sigue siendo verdadera: ‘Oui dire va par ville, et en un mui de cuider, n’y a point plein poing de savoir’ –un tonel de rumores nunca está lleno-. Lo que es de público conocimiento, sólo puede aportar un dato; es así como sólo se lo admite, a falta de otra prueba, en casos excepcionales o para simple informes de moralidad. Se ha desconfiado siempre, con razón, del testimonio indirecto: los antiguos legistas y canonistas lo llamaban testimonio ex credulitate y no lo consideraban probatorio por sí mismo, por oposición al verdadero testimonio llamado ex scientia.

En ese orden de ideas, los testimonios de Constantino Suárez, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar son de oídas y carecen de fuerza de convicción, por ello no son idóneos ni pertinentes para el análisis de imputación.

De modo que existen tres medios de convicción que no permiten establecer que el señor Gilberto Hernández Ramírez falleció como consecuencia de un disparo producido durante un ataque armado contra el Ejército Nacional.
No obstante, la Policía Nacional reconoció que el deceso del señor Gilberto Hernández Ramírez se produjo en medio de un hostigamiento a personal de la institución que venía adelantando un plan candado en varios barrios del municipio de Barrancabermeja. Esta versión de los hechos, como se desprende del oficio suscrito por el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja, fue aceptada por la entidad territorial.

Es importante precisar que el boletín informativo de la Policía Nacional fue allegado al proceso por la parte demandante, no fue tachado de falso y tampoco se controvirtió su veracidad a lo largo del proceso por el Ministerio de Defensa. Además, se trata de una prueba decretada y practicada dentro de este proceso frente a la cual se surtió el principio de contradicción, ya que en el auto de pruebas se solicitó oficiar a la Alcaldía de Barrancabermeja para que remitiera con destino al proceso toda la información que tuviera sobre los hechos acaecidos el 8 de agosto de 2000.

Ahora bien, lo que resulta indiscutible es que la causa adecuada del daño fue el hostigamiento sufrido por la Policía Nacional por parte de milicias urbanas de grupos insurgentes, pues ello se desprende del testimonio directo del señor Julio Martínez Navarro (F. 84 c. 1), corroborado por el boletín informativo policial del 9 de agosto de 2000 (F. 114 c. 1), en concordancia con lo señalado por el Secretario de Gobierno de Barrancabermeja (F. 113 c. 1).

De modo que a partir del citado boletín informativo policial, del testimonio del señor Martínez Navarro y del oficio del Secretario de Gobierno de Barrancabermeja es posible dar por establecido que: i) la Policía Nacional fue atacada el día 8 de agosto de 2000 cuando se hallaba desarrollando el plan candado en los barrios El Progreso, Primero de Mayo y La Esperanza de Barrancabermeja; ii) el atentado se realizó por grupos subversivos en una disputa por el control territorial; iii) uno de los proyectiles disparados impactó la ventana trasera izquierda del taxi en el que se desplazaba el señor Gilberto Hernández Ramírez, luego perforó y atravesó su cráneo, para finalmente romper la ventana derecha del automotor y iv) se desconoce si la bala que produjo la muerte del señor Hernández Ramírez fue disparada por agentes oficiales o por las bandas criminales.

Establecida la causa eficiente y adecuada del daño, la Sala reiterará la jurisprudencia más reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera en relación con el régimen o título de imputación aplicable a aquellos supuestos en que se producen daños en virtud de actos ataques, o atentados violentos emanados de terceros contra instituciones militares o policiales, entidades o funcionarios representativos del Estado, o edificaciones y construcciones estatales:

14.9 En conclusión, frente a los actos violentos de terceros, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el concepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este.

(…) 15.9. En conclusión, los casos en los que se dilucida la declaratoria de responsabilidad estatal por daños ocasionados por actos violentos perpetrados por un tercero, donde no se acredita una falla del servicio por infracción a un deber jurídico interno o internacional, pueden, según sus particularidades, ser examinados a la luz del título de imputación objetivo de riesgo excepcional, bajo la condición de que el acto violentos proveniente del tercero esté dirigido en contra de un integrante o institución estatal, esto es, personas o entidades que representen al Estado. No obstante, a continuación se examinará cómo la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado también que, en algunos eventos, le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros bajo la teoría del daño especial.

(…) 16.7. En la jurisprudencia del Consejo de Estado la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva por daños ocasionados por actos violentos de terceros no logra ser clara y univoca, en cuanto al título de imputación específico, por esta razón, se han venido aplicando extrañamente de manera concurrente o alternativa los títulos de daño especial y riesgo excepcional.

(…) 18.37. Para que pueda imputarse responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de actos violentos de terceros, es necesario que el acto sea dirigido en contra de altos funcionarios, bienes o elementos representativos del Estado y que el fundamento de imputación, esto es, el riesgo creado por la administración a la población civil o a sus bienes sea cierto y lícito y de naturaleza excepcional, es decir, caracterizado por exceder las cargas públicas en relación con el provecho o utilidad para el Estado y la sociedad.

18.38. En el caso bajo examen, está probado que el acto terrorista tuvo un blanco indiscriminado, pues no fue dirigido específicamente contra un alto funcionario, bien o elemento representativo del Estado. En efecto, tal como se expuso en el acápite correspondiente a hechos probados, el atentado fue perpetrado por los lugartenientes de Pablo Escobar Gaviria en contra de la población civil con el objeto de pretender imponerle al Estado las condiciones en las que se entregaría nuevamente a la justicia y, de esta manera, desestabilizar y debilitar las instituciones.

En este pronunciamiento, la Sala Plena de la Sección estableció que la falla del servicio y el riesgo excepcional son, por regla general, los títulos de imputación que permiten atribuir el daño proveniente de ataques violentos perpetrados por terceros con miras a desestabilizar la institucionalidad, sin que esto signifique excluir en casos concretos los demás títulos de imputación en el análisis de los casos concretos.

En efecto, la falla del servicio será el régimen llamado a resolver la controversia cuando se advierta un desconocimiento obligacional en cabeza del Estado, frente a sus obligaciones de prevención o de atención. A contrario sensu, el riesgo excepcional gobernará el litigio en aquellos eventos en que se demuestre que el atentado iba dirigido contra un elemento, funcionario, institución o bien estatal, sin que se haya producido un incumplimiento a los deberes normativos estatales. Por último, el daño especial resultará aplicable en aquellos supuestos en que el daño sea producto de un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

La Corte Constitucional ha avalado el criterio del riesgo excepcional para aquellos eventos en que el daño es generado por cuenta de la lucha del Estado contra la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y la subversión:

Las medidas que el decreto contempla en favor de las víctimas del terrorismo se justifican política y jurídicamente, bajo la teoría que admite la responsabilidad estatal sin culpa, cuando el daño proviene de un riesgo de naturaleza excepcional y anormal, creado por la administración, como ocurre en la situación que nos ocupa, el cual es generado, con motivo del desarrollo de las actividades y misiones que el Estado debe asumir, para combatir la violencia y el terrorismo de la subversión guerrillera y del narcotráfico.

Así las cosas, le asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que el daño es imputable a la entidad demandada de forma objetiva, porque fue consecuencia directa de un ataque violento contra la institucionalidad, de allí que no fuera necesaria la acreditación o demostración de una falla del servicio, esto es, el incumplimiento o desatención al contenido obligacional del Estado.

Como se aprecia, la teoría del riesgo excepcional resulta aplicable a eventos en los cuales se somete a una persona a la existencia de un peligro que desborda la normalidad, como consecuencia del uso de instrumentos o elementos para la prestación de un determinado servicio o actividad (v.gr. instalaciones públicas o de policía, armas de dotación oficial, automotores oficiales, entre otros).

Si se analiza con detalle el fundamento de la responsabilidad por actividades peligrosas, se tiene que la misma se origina en la concreción de un peligro derivado de la ejecución de una acción específica o del uso de elementos o instrumentos que llevan envuelta una determinada probabilidad o potencialidad de ocasionar daños.

Además, la Sección ha sostenido que en caso de ataques violentos contra la institucionalidad (atentados terroristas) no es necesario establecer que la herida o la lesión fueron producidas por elementos estatales:

En este régimen, el hecho de un tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no exonera cuando el daño se causa en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas se vieron expuestas a un riesgo excepcional.

(…) Todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes.

La Sección Tercera ha considerado este título de imputación como fundamento de la responsabilidad estatal por los actos violentos perpetrados por terceros, bajo la consideración de que el ataque esté dirigido contra instalaciones oficiales, tales como estaciones de policía, cuarteles del Ejército Nacional -incluso si la fuerza pública reacciona o no violentamente para repeler el acto-, centros de comunicaciones al servicio del Estado, oficinas estatales, o también contra personajes representativos del Estado, bajo la consideración que la presencia o ubicación de aquellos blancos en medio de la población civil los convierte en objetivos militares de los grupos armados al margen de la ley en el contexto del conflicto armado o en objetivos de ataque cuando se vive una situación de exacerbada violencia como lo son los estados de tensión o disturbios internos, lo cual pone a los administrados en una situación de riesgo potencial de sufrir daños colaterales por la misma situación desentrañada por la violencia.

De este modo, se infiere que el Estado no podrá exonerarse de responsabilidad bajo el argumento del cumplimiento a su deber de diligencia, pues a la luz de este título de imputación, esta causal exonerativa de responsabilidad resulta inane.

En el sub examine, la Policía Nacional reportó en el boletín informativo diario –que hace parte de los manuales de procedimientos de la institución– que producto del plan candado realizado por la institución, unidades policiales fueron hostigadas por grupos subversivos y en desarrollo de ese enfrentamiento se produjo la muerte del señor Gilberto Hernández Ramírez.

Así las cosas, no se demostró que la entidad demandada hubiera incurrido en una falla del servicio por desconocimiento de sus deberes y obligaciones, no obstante el daño sí se originó en un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos ilegales alzados en armas por lo que deviene imputable al Ministerio de Defensa a través del título de riesgo excepcional.

En efecto, quedó establecido con el boletín informativo policial y el testimonio del señor Julio Martínez Navarro que sí existió el enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y milicias urbanas de grupos subversivos, por lo que el daño es atribuible a título de riesgo excepcional y, por consiguiente, reviste la condición de antijurídico.

Ahora bien, la Sala advierte que la entidad llamada a responder sería la Policía Nacional, la cual no fue vinculada al proceso, circunstancia que, prima facie, podría generar un problema de indebida representación de la persona jurídica demandada, esto es, la Nación. Sin embargo, esta problemática ya fue objeto de análisis por parte de la Subsección, motivo por el cual se reiterará el precedente sobre la materia:

Finalmente, debe precisarse que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada durante todo el proceso por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera que es viable definir la controversia planteada y disponer que la eventual condena sea asumida también por la Fiscalía General de la Nación con cargo a su presupuesto, comoquiera que el criterio unificado de la Sección Tercera señala que, en este evento, el problema planteado no es un tema de falta de legitimación en la causa por pasiva sino de representación, comoquiera que la persona llamada a responder es la Nación, pues ésta es el centro de imputación procesal.

En ese sentido, conviene precisar que la Nación, como persona jurídica demandada y legitimada en la causa, ejerció su derecho de defensa y contradicción, por lo que no es posible afirmar que se le vulneró el debido proceso, aún en los casos que, como en el sub judice, la Fiscalía General de la Nación deba asumir parte de la condena con cargo a su presupuesto, comoquiera que durante el trámite procesal la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial hizo uso de mecanismos procesales con miras a ejercer su defensa.

Dicho lo anterior, para la Sala resulta menester aclarar que la situación antes narrada no es posible predicarla de cualquier entidad que represente a la Nación, sino que alude al especialísimo caso en el cual las entidades conforman un ‘mismo sector’, esto es, cuando las instituciones, como en el sub examine, hacen parte de una porción similar, en lo que se refiere a las actividades desplegadas, de ese entramado que conforma la persona jurídica.

Así pues, en el sub examine tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial integran el sector justicia, circunstancia por la que, además, viene a ser procedente una condena con cargo a su presupuesto en relación con la primera de las nombradas. Se excluyen entonces las situaciones fácticas que originadas en otros sectores –v. gr. sector defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, etc…-, so pretexto de encontrarse ante una misma persona jurídica (Nación) se les imponga una condena sin que hayan actuado en el proceso, máxime si se tiene en cuenta que puedan eventualmente responder por una condena en casos en los que se produjere un daño que nada tiene que ver con las actividades que desarrollan, pues de no considerarse así se estaría ignorando la realidad implícita de que trata el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, en tanto alude a una representación de tipo práctico, particular y especializado, que no puede ser obviada en esos eventos.

De modo que en el caso concreto se declarará la responsabilidad del Ministerio de Defensa con cargo al presupuesto de la Policía Nacional, toda vez que el daño le es atribuible. Y si bien esta institución no fue la llamada a representar a la Nación en el proceso, lo cierto es que sí lo fue el Ejército Nacional, entidad del mismo sector (defensa) y vinculada al mismo ministerio y, por tanto, con actividades similares porque ambas instituciones integran la Fuerza Pública del Estado Colombiano a la luz de los artículos 216 y siguientes de la Constitución Política.

Por consiguiente, la Sala revocará la decisión apelada porque ante la constatación del daño y de su imputación a la Nación, lo procedente es liquidar los perjuicios materiales y morales solicitados en la demanda, de conformidad con lo probado en el proceso, y de acuerdo a los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corporación.

5. Liquidación de perjuicios

5.1. Perjuicios morales:

La Sección, en jurisprudencia unificada, ha sostenido que para la valoración y tasación de perjuicios morales en casos de muerte es preciso establecer el grado de parentesco, vínculo o relación que se tenía con la víctima, lo cual determinará el monto indemnizatorio a reconocer, sumas expresadas en salarios mínimos mensuales hasta en un máximo, por regla general, de 100. De otra parte, se establecieron varios niveles para determinar los montos indemnizatorios, así:

Además, la sola prueba del parentesco en los niveles 1 y 2 permiten inferir el perjuicio moral de los familiares del lesionado.

En el caso concreto, los demandantes Nohelia Ramírez Carmona; Omaira Jaramillo; Carlos Arturo, Gilberto, Héctor Manuel; Angy Carolina Hernández Hernández; Luz Mary Hernández Ramírez, María Yolanda Hernández Ramírez y Jairo Antonio Hernández Ramírez sufrieron un daño antijurídico que trajo como consecuencia perjuicios morales para cada uno de ellos.

De modo que la Sala accederá al reconocimiento de perjuicios morales en las siguientes sumas de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección:

DEMANDANTE
SMLMV
Nohelia Ramírez Carmona (madre)
100
Omaira Jaramillo (compañera permanente)
100
Carlos Arturo Hernández Jaramillo (hijo)
100
Gilberto Hernández Jaramillo (hijo)
100
Héctor Manuel Hernández Jaramillo (hijo)
100
Angy Carolina Hernández Hernández (hija)
100
Luz Mary Hernández Ramírez (hermana)
50
María Yolanda Hernández Ramírez (hermano)
50
Jairo Antonio Hernández Ramírez (hermano)
50

5.2. Perjuicios materiales – lucro cesante

En el sub lite no quedó demostrado el monto del ingreso percibido por el señor Gilberto Hernández Ramírez, razón por la cual se acudirá a la presunción de que al menos percibía un salario mínimo legal mensual como operario de maquinaria pesada, el cual, para la época de los hechos equivalía a $260.100,oo.

Actualización de la base:

ipc final marzo 2018 (141,06)
RA = VH ($260.100) -----------------------------------------
ipc inicial agosto de 2000 (61,14)

RA = $600.093,00 que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2018, se tomará en cuenta el actual ($781.242,00) para la liquidación.

A ese guarismo se le incrementará el 25% por concepto de prestaciones sociales, por tratarse de un trabajador dependiente como operario de maquinaria pesada, según lo afirmaron los testigos Constantino Suárez, José Ferrer Quintero y Octavio Escobar, quienes aseguraron ser amigos y vecinos del occiso y, por eso, constatan esos hechos (F. 137, 140 y 143 c. 1 proceso 2001-452).

Al resultado obtenido ($976.552,00), se le descontará un 25% del ingreso por concepto de gastos personales que se presume el occiso destinaba para sí mismo ($244.138,00), por lo que el resultado es $732.413,00. Ahora bien, por ser dos los beneficiarios de la condena (compañera permanente e hija menor), el ingreso base de liquidación ($732.413,00) deberá ser dividido entre dos, por lo que cada liquidación se efectuará con el siguiente valor: $366.206,00.

5.2.1. Liquidación a favor de Angy Carolina Hernández Hernández (hija)

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación del lucro cesante a favor de Angy Carolina Hernández Hernández, para lo cual deberá tenerse en cuenta que según las reglas de la experiencia fijadas por esta Corporación se presume que los hijos dependen económicamente de sus padres –con independencia de si están estudiando o no– hasta los 25 años. Entonces:

Ingresos mensuales de la víctima: $366.206,00
Fecha de nacimiento de Angy Carolina: 29 de agosto de 1997.
Períodos a liquidar: i) consolidado 212,03 meses. Período comprendido desde la fecha del daño (8 de agosto de 2000) hasta la fecha de esta sentencia y ii) futuro 53,04 meses. Lapso que inicia a partir del día siguiente a esta sentencia y hasta el momento en que Angy Carolina cumplirá los 25 años.

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $366.206,oo (1+ 0.004867)212,03 - 1
0.004867

S= $135´400.431,00

De igual forma, para la liquidación del período futuro se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar:

(1+0.004867)52,03 -1
S = $366.206,00 ___________________
i (1+0.004867)53,03

S= $16´969.513,00

Total lucro cesante Angy Carolina Hernández Hernández: $152´369.944,00

5.2.2. Liquidación a favor de Omaira Jaramillo (compañera permanente)

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación del lucro cesante a favor de Omaira Jaramillo, para lo cual deberá tenerse en cuenta que según las reglas de la experiencia fijadas por esta Corporación, se presume que el cónyuge o compañera(o) permanente depende económicamente de su pareja hasta la vida probable del cónyuge o compañero mayor.

En este caso, Gilberto Hernández Ramírez nació el 26 de mayo de 1948 y su compañera tenía un año menos según se desprende de los registros civiles de nacimiento de los hijos en común, por tanto se tendrá en cuenta la vida probable del primero para efectos de la liquidación de perjuicios.

Entonces:

Ingresos mensuales de la víctima: $366.206,00
Vida probable de Rubén Darío Cortés López: 28,2 años (624 meses).
Períodos a liquidar: i) consolidado 212,03 meses, comprendido desde la fecha del daño hasta la fecha de esta sentencia y ii) futuro 411,97 meses. Lapso que inicia a partir del día siguiente a esta sentencia y que va hasta la vida probable de Gilberto Hernández Ramírez.

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $366.206,oo (1+ 0.004867)212,03 - 1
0.004867

S= $135´400.431,00

De igual forma, para la liquidación del período futuro se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses a liquidar:

(1+0.004867)411,97 -1
S = $366.206,00 ___________________
i (1+0.004867)411,97

S= $78´001.878,00

Total lucro cesante Omaira Jaramillo: $213´402.309,00

6. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del C.C.A.–indica que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 12 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar a la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional– administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados con la muerte de Gilberto Hernández Ramírez.

SEGUNDO. Condenar a la Nación–Ministerio de Defensa-Policía Nacional– a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:

i) Para Omaira Jaramillo la suma de doscientos trece millones cuatrocientos dos mil trescientos nueve pesos m/cte ($213´402.309,00).

ii) Para Angy Carolina Hernández Hernández la suma de ciento cincuenta y dos millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte ($152´369.944,00).

TERCERO. Condenar a la Nación –Ministerio de Defensa-Policía Nacional– a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de: Nohelia Ramírez Carmona (madre) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Omaira Jaramillo (compañera) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Carlos Arturo Hernández Jaramillo (hijo) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Héctor Manuel Hernández Jaramillo (hijo) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Angy Carolina Hernández Hernández (hija) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Luz Mary Hernández Ramírez (hermana) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; María Yolanda Hernández Ramírez (hermana) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y Jairo Antonio Hernández Ramírez (hermano) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTO. Todos los pagos que efectúe el Ministerio de Defensa por cuenta del cumplimiento de esta sentencia, se harán con cargo al patrimonio de la Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO. TENER en cuenta lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del CCA, para el cumplimiento de esta sentencia, así como lo dispuesto en el artículo 115 del C.P.C.

SÉPTIMO. Sin lugar a costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

La demanda inicial fue inadmitida para que se precisara la Fuerza Pública específica en contra de la cual se dirigían las pretensiones. Mediante escrito del 11 de diciembre de 2001, la parte actora corrigió la demanda y señaló que los hechos se atribuyen al Ejército Nacional (F. 40 c. 1).
“En efecto, el artículo 3º de la ley 1395 [del 12 de julio de 2010], modificó sustancialmente la forma de establecer la cuantía en los procesos en los que se acumulan varias pretensiones; por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de ese cuerpo normativo la cuantía de los procesos contencioso administrativos que conlleven la acumulación de pretensiones, inclusive si son objetivas (naturaleza o cuantía) o subjetivas (pluralidad de demandantes), se determinará a partir de la sumatoria total de las mismas, sin restringir su aplicación a la acumulación subjetiva u objetiva, toda vez que donde el legislador no distinguió no le es viable al intérprete hacerlo. Por lo tanto, la forma de establecer la cuantía de un proceso contencioso administrativo, en virtud de la remisión que efectúa el artículo 267 del C.C.A. a los preceptos del C.P.C., frente a las materias no reguladas expresamente, será a través de la sumatoria de todas las pretensiones formuladas, adición que se realiza tanto por el factor objetivo (clase o naturaleza de la pretensión) como subjetivo (número de sujetos demandantes)” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 7 de diciembre de 2010, exp. 37.927, M.P. Enrique Gil Botero. Suma que resulta de multiplicar 500 por el salario mínimo mensual vigente de 2001, es decir, $286.000,00. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
“Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan… con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 16.174, M.P. Enrique Gil Botero. De igual manera se pueden consultar las sentencias sentencias de 20 de febrero de 1992, exp. 6514 y de 30 de mayo de 2002, exp. 13.476. En el auto inadmisorio de la demanda del proceso identificado con radicado 2001-452, la Magistrada Ponente en el Tribunal Administrativo de Santander requirió a la parte actora para que allegara todos los registros de nacimiento de los demandantes, sin embargo el apoderado judicial adujo expresamente que esa ausencia no constituía óbice para la admisión de la demanda y manifestó que los aportaría en una etapa posterior del proceso (F. 23 a 25 c. 1 2001-452). Posteriormente, el tribunal de primera instancia corrió traslado para alegar de conclusión y la parte demandante no repuso esa decisión y, por el contrario, procedió a presentar su intervención final en la primera instancia.

Por último, la parte demandante no solicitó pruebas en segunda instancia, por lo que es válido concluir que no se probó el parentesco entre la demandante Marfa Sorani Hernández y el occiso, sin que esta circunstancia constituya un exceso ritual manifiesto porque la prueba fue requerida por el tribunal de primera instancia y el apoderado judicial se comprometió expresamente a aportarla. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2000, exp. 16.019. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, exp.12.703, M.P. Alier E. Hernández Enríquez
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, exp.16.205, M.P. María Elena Giraldo Gómez. GORPHE, Francois “La apreciación judicial de las pruebas”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1967, pág. 373 y 374. Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, rad. 10.140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. También ver la sentencia del 29 de mayo de 2014 de la Subsección B, Sección Tercera, rad. 30.377, M.P, Stella Conto Díaz del Castillo, en la que se absolvió al Estado porque no se acreditó la participación de agentes de la fuerza pública en la masacre de la Vereda La Fagua, Chía, ni se probó que los miembros de la comunidad que conocieron del riesgo de la realización de homicidios selectivos en dicha vereda entablaron denuncias o puesto en conocimiento de las autoridades esta situación ni tampoco que el atentado fuera previsible. Cita del original. Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, rad. 5.417, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, rad. 5.595, M.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, rad. 9.276 y 8.222, M.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, rad. 9.273, M.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, rad. 9.587, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, rad. 11.038, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, rad. 10.949, M.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M .P. Daniel Suárez Hernández, entre muchas otras. Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 30.814, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario. Cita del original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Este fue el título de imputación a partir del cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, rad. 10.920, M.P. Jesús María Carrillo. Cita del original. La sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P.

Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”. Ver igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 1997, rad. 11.875, M.P. Daniel Suárez Hernández. Cita del original. Este no es un acto típico de terrorismo; no obstante, esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo, sentencia de 25 de mayo de 2011, rad. 15.838, 18.075, 25.212 (acumulados). M.P. Jaime Orlando Santofimio.

Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
“El concepto amplio de riesgo creado como factor de atribución nos lleva a propiciar que él debe tener aplicación no sólo cuando el daño ha sido causado por una cosa riesgosa, tal como lo contempla en su parte pertinente el art. 1113, C.C., sino incluso cuando se trate de actividades riesgosas…Cabe tener muy presente lo siguiente, a pesar de que parezca algo sobreentendido. Este factor de atribución exige siempre la presencia de una cosa o actividad riesgosa, calificada ésta como un prius, y no por el mero hecho de haber originado un daño. Por ello no se trata de un factor de tipo residual que pueda justificar la reparación de cualquier daño. Insistimos en la necesidad de la creación de un riesgo como requisito ineludible para su funcionamiento”. VÁSQUEZ Ferreyra, Roberto A. “Responsabilidad por daños”, Ed. Depalma, Buenos Aires, Pág. 210.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 14.139, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Postura reiterada en sentencia del 11 de diciembre de 2003, exp. 14.990, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
En las sentencias de 6 de octubre de 2005, exp. AG-00948, M.P. Ruth Stella Correa; de 4 de diciembre de 2006, rad. 15.571, M.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, exp. 28.459, M.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños padecidos por los habitantes de distintos municipios del país cuando se presentaban reyertas armadas entre los subversivos y la fuerza pública.
Cf. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, Exp. 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
HYPERLINK "http://policia.edu.co/documentos/ascensos/pt_a_si/ayudas/PRESENTACION%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf" http://policia.edu.co/documentos/ascensos/pt_a_si/ayudas/PRESENTACION%20PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS.pdf
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 38.140, M.P. Hernán Andrade Rincón.
Cita del original. Auto de Sala Plena de la Sección Tercera del 25 de septiembre de 2013, M.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 20420A.
Cita del original. En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 12 de marzo de 2015, Expediente: 36147.
Cita del original. En un caso similar, en el que se alegaba la falta de representación de la Nación, la Sección Tercera afirmó que “En síntesis, considera la Sala que no hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado en el proceso porque la dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura sí podía representar los intereses de la Nación- Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación”. Auto de 20 de mayo de 2004, Exp. 23.959. M.P.: Dr. Ricardo Hoyos Duque.
Cita del original. “En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

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