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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00193-01

Reiteración de la jurisprudencia

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
72 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00193-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de agosto de 2019, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Sonia Morales Morales, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, incluido, por agencias en derecho, un monto equivalente a $17'131.723 a favor de la demandada. El Tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2009-00193-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

2 de julio de 2021

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ERROR JUDICIAL / FUENTE DEL DAÑO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha indicado que, cuando se invoca como fuente del daño un error judicial, el término de caducidad se computa a partir de la ejecutoria de la providencia de la cual se predica el error. Observa la Sala que la providencia de (…) proferida por el Tribunal Administrativo (…) por medio de la cual se confirmó la sentencia de (…) del Juzgado (…) Administrativo del Circuito de (…) quedó ejecutoriada el (…) Así pues, se tendría que el término de 2 años de caducidad de la acción de reparación directa transcurrió desde el (…) hasta el (…) La parte actora presentó la demanda el (…) es decir, que la acción de reparación directa se ejerció de manera oportuna.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras.

SOCIEDAD CONCESIONARIA / CESIÓN DE DERECHO LITIGIOSO / LITISCONSORCIO / SUCESIÓN PROCESAL / CANON DE ARRENDAMIENTO / PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

[En el caso concreto] [D]e acuerdo con el artículo 60 del C.P.C., norma aplicable para la época, la cesionaria podía actuar en aquel proceso [cesión de derechos litigiosos] en calidad de litisconsorte, toda vez que la contraparte guardó silencio frente a la cesión de derechos litigiosos y no operó la sucesión procesal. No obstante, advierte la Sala que el acuerdo de voluntades entre el cedente y la cesionaria de los derechos litigiosos estaba circunscrito al resultado de las demandas de carácter contractual radicadas por el señor (…) por el incumplimiento del (…) en el pago de los cánones de arrendamiento, que finalmente se acumularon en un solo expediente. Bajo ese entendido, la señora (…) no tendría legitimación en la causa por activa para reclamar por el supuesto daño derivado del error judicial mediante la acción de reparación directa, en tanto el interés jurídico aún estaba radicado en el demandante (…) y no existe un documento adicional que facultara a la hoy accionante reclamar en su nombre.(…) En criterio de la Sala, por todo lo anterior, deberá ser modificada la decisión emitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo (…) para declarar la falta de legitimación en la causa por activa.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 60

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al asunto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00432-01(39074), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E): auto del 6 de agosto de 2009, exp. 17526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto de 7 de febrero de 2007, exp. 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043), C.P. Alier Hernández Enríquez y sentencia de 18 de octubre de 2018, exp. 25000-23-26-000-2006-00357-01(42297), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E):

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 20001-23-33-000-2014-00249 01(65425)

Actor: SONIA MORALES MORALES

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – error jurisdiccional – providencia de otros despachos judiciales / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – cesión de derechos litigiosos.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luis Fernando Guerra Bonilla arrendó un inmueble de su propiedad al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cesar, ubicado en la ciudad de Valledupar. Debido a lo que consideró el incumplimiento de las obligaciones del contrato, interpuso acción contractual ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, en primera instancia, negó las pretensiones, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

La ahora demandante actuó como cesionaria de los derechos litigiosos de Luis Fernando Guerra en el proceso de controversias contractuales y alega en esta ocasión un error judicial cometido por las autoridades judiciales que conocieron el asunto.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 7 de julio de 2014, Sonia Morales Morales, a través de abogado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación-Dirección Nacional Administración Judicial-Rama Jurisdiccional-Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

Primera: Que declare que la Nación (Dirección Nacional de Administración Rama Jurisdiccional-Consejo Superior de la Judicatura), es responsable administrativamente de los perjuicios y daños materiales sufridos y causados a Sonia Morales Morales, originado por la causal de errores judiciales repetidos y reiterados en las decisiones judiciales mediante providencias que ha dictado el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar tal como se discernirá, apreciará y enjuiciará en los hechos de esta acción de Reparación Directa que aquí se promueve oportunamente.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación (Dirección Nacional de Administración Rama Jurisdiccional) a pagar a la solicitante de esta diligencia Sonia Morales Morales la suma de Mil Setecientos Trece Millones Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta Pesos ($1.713.172.370.00) más los intereses y frutos causados a partir de la fecha primero (1°) de noviembre de dos mil doce (2012), que reafirme el auto admisorio de esta demanda, hasta la fecha de decisión y fallo definitivo de este pleito judicial durante esta controversia, en virtud de los errores judiciales que se denuncian.

Tercero: Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Nación (Dirección Nacional Administración Rama Jurisdiccional) a pagar a la parte activa o demandante los perjuicios materiales ocasionados en virtud del aludido error judicial.

Cuarto: Que se condene que la suma de Mil Setecientos Trece Millones Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta Pesos ($1.713.172.370.00), más los intereses y frutos que se causen durante la controversia, en virtud del error judicial que se denuncia, y la que surjan de la condena por perjuicios se deberán pagar actualizada a la fecha en que quede ejecutoriado el fallo que desata el proceso, de conformidad con las variaciones porcentuales del índice de precio del consumidor o al por mayor, de acuerdo a la certificación por el DANE, más los intereses moratorios.
(…)

Sexta: Que se condene en costa y agencias en derecho a la demandada Nación (Dirección Nacional Administrativa Jurisdiccional).

De manera subsidiaria solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación-Rama Jurisdiccional, por el anormal funcionamiento de la administración de justicia “dimanado o proveniente de una serie de actos dolosos desplegados en el proceso contractual con pretensiones debidamente acumuladas por parte de decisiones erróneas dictadas por H. Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar” y se condenara en la suma de $1.713’172.370.

2. Fundamentos fácticos de la demanda

Según la demanda, el señor Luis Fernando Guerra Bonilla, en calidad de propietario, arrendó al Instituto de Seguros Sociales el inmueble ubicado en la carrera 19 16A-34, edificio Rosa María, en la ciudad de Valledupar, el cual constaba de dos bloques de dos pisos cada uno, con zonas comunes.

Las partes suscribieron dos contratos con el mismo objeto, así: i) contrato 340 de 1 de julio de 1996, mediante el cual “se le entregó formal y materialmente el mencionado inmueble o Edificio Rosa María, a la entidad arrendataria”, destinado al desarrollo de actividades asistenciales, por valor de $2’000.000 mensuales, y ii) contrato 178 de 1 de marzo de 1997, en el que se prolongó el anterior por 6 meses.

Ante el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento, el arrendador inició proceso ejecutivo ante el Tribunal Administrativo del Cesar, en el que se ordenó seguir adelante con la ejecución en primera instancia; no obstante, en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la sentencia.

El propietario del inmueble tenía unas obligaciones hipotecarias con la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda “Corpavi”, que fueron cedidas a Colpatria Valledupar, entidad que instauró una acción hipotecaria contra Luis Fernando Guerra Bonilla, tramitada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar y que finalizó con el remate del bien.

Al vencimiento del término del contrato, el arrendador se acercó el 5, 6 y 7 de septiembre de 1997 a recibir su inmueble, pero todavía permanecía ocupado. En reiteradas oportunidades, Luis Fernando Guerra Bonilla notificó al I.S.S. sobre el cobro de las sumas adeudadas, sin obtener respuesta alguna.

Así las cosas, para la demandante, el I.S.S. Seccional Cesar incumplió su deber de pago oportuno del valor del arriendo mensual y no restituyó el inmueble ni dio cuenta de él, razón por la cual el arrendador tuvo que presentar una acción contractual, que se tramitó ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, con radicado 2002-01415, acumulado con el expediente 2006-00108.

En el referido proceso, Luis Fernando Guerra Bonilla cedió los derechos litigiosos a Sonia Morales Morales.

Contrario a lo esperado, los jueces le endilgaron la responsabilidad a Luis Fernando Guerra (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

[P]or haber sido negligente para obtener en restitución el inmueble, relevando y marginando a la entidad Instituto de Seguros Sociales ISS EPS Seccional del Cesar, de la obligación y responsabilidad de restituir y entregar el inmueble en el mismo estado físico que le fue entregado en calidad de arriendo a paz y salvo en lo referente a los cánones de arriendo y los servicios públicos.

Para la demandante, con las sentencias se desconocieron los derechos sustanciales y las disposiciones del Código Civil, Código de Comercio y la Ley 80 de 1993 que regían la controversia. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta que se hizo un supuesto pago por valor de $2’000.000 en febrero de 1998 a la señora Josefa Gómez Brito, sin autorización del arrendador.

El Juzgado Sexto Administrativo y el Tribunal Administrativo del Cesar desconocieron el parágrafo segundo del artículo 424 del C.P.C., pues el I.S.S. no acreditó el pago ni consignó en depósitos judiciales los cánones de arrendamiento adeudados, ni mucho menos realizó entrega material y formal del inmueble al arrendador.

Agregó la actora que (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

(...) la sentencia dictada por el honorable Tribunal Administrativo del Cesar al fallar la acción o proceso contractual desconoció ostensiblemente, de mala fe y dolosamente la obligaciones plasmadas en las cláusulas estipuladas en el contrato de arriendo celebrado entre Luis Guerra Bonilla en calidad de arrendador y la entidad Instituto de Seguros Sociales (ISS-EPS), seccional Cesar, en su calidad de arrendataria, al imponer que las obligaciones a cumplir en el contrato de marras, eran unilateralmente de incumbencia del arrendador y nada más, actos y decisiones que conculcan, vulneran normas de los Código Civil, Comercial, Estatuto Contractual y administrativo, como está consignado en las cláusulas del contrato.

Finalmente, las pérdidas ascendieron a la suma de $1.713’172.370, correspondientes a los meses de arriendo dejados de cancelar más el avalúo del inmueble.

3. Trámite procesal

Mediante auto de 9 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y se notificó a la demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en debida forma.

4. Contestación de la demanda

La parte demandada no contestó la demanda.

5. La audiencia inicial

El despacho sustanciador fijó fecha para efectuar la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. La diligencia se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2015, oportunidad en la cual se agotaron las etapas previstas en la ley. El Tribunal a quo fijó en litigio en los siguientes términos (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

(…) el litigio en el presente caso se concreta en establecer si la Nación-Dirección Nacional de Administración Judicial-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, es responsable de todos los daños materiales sufridos por la señora SONIA MORALES MORALES, en razón de los errores judiciales en los que incurrieron el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, al desatar los procesos contractuales acumulados radicados bajo los números 2002-1415 y 2006-00108, incoados por el señor LUIS FERNANDO GUERRA BONILLA en contra del Instituto de Seguros Sociales (ISS-EPS) Seccional Cesar, a fin de obtener la restitución y entrega del bien inmueble “Edificio Rosa María”, en el mismo estado físico que le fue entregado en calidad de arriendo, a paz y salvo en lo referente a los cánones de arriendo y servicios públicos.

Al respecto, las partes no manifestaron reparo alguno. Seguidamente, el a quo decretó las pruebas que estimó necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de la demanda y fijó fecha para la respectiva audiencia.

6. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

El 11 de abril de 2018 se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se incorporaron los documentos remitidos por las entidades oficiadas. El despacho sustanciador consideró innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó que las partes presentaran sus alegatos por escrito.

La parte actora presentó sus alegaciones finales en similares términos a la demanda. La Rama Judicial manifestó que las decisiones sobre las cuales se predicaba el error judicial se ajustaron a las normas vigentes para la época y el hecho de que no se acogieran las pretensiones del demandante no configuraba un error.

7. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 29 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que las decisiones proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar estaban dotadas de legalidad y se acompasaban con la interpretación de la normatividad aplicable al caso, pues el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor Luis Fernando Guerra y el I.S.S. no se podía prorrogar de manera automática y estaba acreditado que el propietario suscribió una transacción con la entidad para el pago de los meses de arriendo adeudados, en la que además se reconoció que no debía entregar formalmente el inmueble, que fue desocupado. Así las cosas, le correspondía al arrendador asumir la posesión del bien.

Aunque la parte demandante manifestó que la firma del señor Luis Fernando Guerra Bonilla en la transacción fue alterada, esto no se acreditó, pues no fue posible practicar la prueba grafológica.

A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que “no están demostrados dentro del proceso los hechos generadores del error judicial, dentro del cual está la existencia de una sentencia abiertamente contraria a la ley, situación que por sí sola implica que se deban negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos”.

8. El recurso de apelación

La parte actora interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior providencia, con el fin de que se revocara. Sostuvo que indudablemente las sentencias contenían un error, porque nunca se acreditó el pago de los arriendos que debía cancelar el I.S.S. al propietario Luis Fernando Guerra, ni la entrega del inmueble. Agregó que en el documento correspondiente a la transacción fue falsificada la firma de Luis Fernando Guerra Bonilla, por lo que nunca se cumplió con las obligaciones del contrato inicial.

Afirmó la recurrente que no se valoraron las pruebas y se desconoció el derecho al debido proceso, pues las normas aplicables de los Códigos Civil y de Comercio señalaban las obligaciones de las partes en un contrato de esta naturaleza.

9. Trámite en segunda instancia

El recurso interpuesto fue concedido a través de auto del 10 de octubre de 2019 y admitido por esta Corporación el 15 de enero de 2020. Posteriormente, mediante auto de 10 de marzo de 2021, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, pues se consideró innecesario llevar a cabo la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en la normativa en comento.

La parte actora solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine

1.1. Competencia

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

1.2. El ejercicio oportuno de la acción

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha indicado que, cuando se invoca como fuente del daño un error judicial, el término de caducidad se computa a partir de la ejecutoria de la providencia de la cual se predica el error.

Observa la Sala que la providencia de 6 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se confirmó la sentencia de 15 de octubre de 2010 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar quedó ejecutoriada el 19 de octubre de 2012.

Así pues, se tendría que el término de 2 años de caducidad de la acción de reparación directa transcurrió desde el 20 de octubre de 2012 hasta el 20 de octubre de 2014. La parte actora presentó la demanda el 7 de julio de 2014, es decir, que la acción de reparación directa se ejerció de manera oportuna.

1.3. Legitimación en la causa

1.3.1. La legitimación en la causa de la demandante

En el presente asunto se tiene que Sonia Morales Morales es la demandante, en cuanto fue la persona que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que se invoca como fuente del error judicial la providencia del 6 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la sentencia de 15 de octubre de 2010 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se advierte que Luis Fernando Guerra Bonilla, como propietario del bien inmueble arrendado al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cesar, inició acción de controversias contractuales contra dicha entidad, con el fin de que se declarara la terminación del contrato de arrendamiento N° 178 de 5 de marzo de 1997, celebrado entre ellos sobre el inmueble ubicado en la carrera 19 16A-34 de Valledupar, por el incumplimiento de los pagos de los cánones de arriendo y, como consecuencia de lo anterior, se condenara a la accionada al pago de las sumas adeudadas por concepto de lucro cesante y daño emergente y a la respectiva entrega formal y material del inmueble.

El proceso se tramitó bajo el radicado 20001311500020020141500, al que se le acumuló el expediente 20001313300620060010800, mediante auto de 17 de enero de 2008.

En escrito radicado el 2 de febrero de 2009 ante el juzgado de conocimiento, suscrito por Luis Fernando Guerra Bonilla, demandante dentro del referido asunto, y Sonia Morales Morales, se informó al juez de la cesión de derechos litigiosos a favor de esta última, como se describe a continuación (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

Asunto: Acción Contractual que le formula el Arquitecto Luis Fernando Guerra Bonilla al Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.-E.P.S.), Seccional Cesar, Valledupar.
Radicación: 1415-2.002 acumulado al proceso No. 0108-2006
Yo, Luis Fernando Guerra Bonilla, varón mayor de edad, obrando como parte activa en este asunto, conocido de autos, ante Ud, con debido respeto, mediante el presente escrito cesiono los derechos litigiosos que tengo a mi favor en la persona de Sonia Morales Morales (…).
Sírvase, con todo respeto, Señor Juez, con fundamento en el artículo 1.091 del Código Civil, notificar a la Entidad demandada para presente cesión de derechos litigiosos y aceptar como cesionaria de tales derechos a la señora Sonia Morales (…).

Mediante auto de 20 de mayo de 2009, la autoridad judicial dispuso la notificación a la accionada, sin que esta se pronunciara al respecto. En relación con esta figura, la Subsección ha sostenido que:

En efecto, el contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial –cedente–, transmite a un tercero –cesionario–, en virtud de un contrato, a título oneroso o gratuito, el derecho sobre el cual recae el interés de las partes del proceso, cesión que bien puede ser celebrada por ambas partes del proceso, puesto que cualquiera de ellas es titular del evento incierto de la litis y, por ende, la normatividad sustancial y procesal, sin distingo alguno, les permite negociar tal condición, sea como parte demandante -ejecutante- o como parte demandada -ejecutada-.

En la celebración de la cesión de derechos litigiosos intervienen sólo dos partes, a saber: la parte procesal CEDENTE (tradente), quien transmite el evento incierto de la litis del cual hace parte el derecho material o sustancial debatido en el proceso, quien debe responder tan solo de la existencia del proceso más no de la suerte que pueda correr la relación jurídica que se debate y el CESIONARIO (adquirente), quien obtiene el evento incierto o derecho aleatorio, a título oneroso o gratuito (vgr. venta, permuta, donación, dación en pago, etc.).

En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, cabe mencionar que dicho negocio jurídico se concluye con la sola entrega del título (documento privado o público) hecha por el cedente al cesionario; no obstante, la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, ha sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que ésta última se pronuncie respecto de la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere presentar.

(…).

Así pues, para el perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con el Código Civil, basta con la entrega del título contentivo de la cesión, hecha por el cedente al cesionario. Sin embargo, para que dicha cesión de derechos litigiosos produzca efectos respecto de terceros y de la contraparte cedida, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado antes citada exige que el cesionario se presente al proceso con el documento que acredite tal negocio jurídico, con el fin de que el juez de la causa notifique a la parte cedida, a efectos de que ésta manifieste si acepta o, no, la eventual sucesión procesal que llegare a presentarse, en virtud de la cesión de derechos litigiosos, pero no para que manifieste si acepta o no la cesión, pues dicho pronunciamiento no constituye requisito alguno de validez y/o eficacia del negocio jurídico en mención.

En conclusión, una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (art. 761 del C. Civil), puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente –caso en el cual no habrá sucesión procesal- o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente (resaltado del texto).

Así las cosas, de acuerdo con el artículo 60 del C.P.C., norma aplicable para la época, la cesionaria podía actuar en aquel proceso en calidad de litisconsorte, toda vez que la contraparte guardó silencio frente a la cesión de derechos litigiosos y no operó la sucesión procesal.

No obstante, advierte la Sala que el acuerdo de voluntades entre el cedente y la cesionaria de los derechos litigiosos estaba circunscrito al resultado de las demandas de carácter contractual radicadas por el señor Luis Fernando Guerra por el incumplimiento del I.S.S. en el pago de los cánones de arrendamiento, que finalmente se acumularon en un solo expediente.

Bajo ese entendido, la señora Sonia Morales Morales no tendría legitimación en la causa por activa para reclamar por el supuesto daño derivado del error judicial mediante la acción de reparación directa, en tanto el interés jurídico aún estaba radicado en el demandante Luis Fernando Guerra y no existe un documento adicional que facultara a la hoy accionante reclamar en su nombre. En anterior oportunidad, esta Corporación sustentó dicha tesis así:

De lo anterior se puede afirmar que la cesión de los derechos litigiosos entre la sociedad Frontier de Colombia S.A., en calidad de cedente y la sociedad Grupo Logístico Integrado S.A., en calidad de cesionaria, solo operó en relación con las indemnizaciones esperadas en los litigios promovidos en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es decir que, las nuevas pretensiones planteadas en la demanda de reparación directa no hacen parte del objeto del contrato de cesión de derechos litigiosos, máxime cuando este último versaba sobre unos procesos judiciales ya en curso iniciados en febrero de 2001 y la demanda de reparación directa se radicó el 16 de diciembre de 2005, es decir, casi 5 años después.

De modo que, la sociedad Grupo Logístico Integrado S.A. no es la titular del daño y los perjuicios que ahora reclama en sede de reparación directa y que tuvieron como origen la diligencia de allanamiento y decomiso de los bienes decomisados, sino que lo es Frontier de Colombia S.A.

(…).

Lo anterior significa que Grupo Logístico Integrado S.A., al pretender perseguir el daño cuya fuente es la operación administrativa mencionada, debió suscribir previamente un nuevo acuerdo con la sociedad Frontier S.A. en el que esta última cediera los derechos litigiosos respecto de una pretensión que sería ventilada en un proceso judicial de distinta naturaleza que aquellos procesos cobijados con la cesión de derechos litigiosos suscrita el 3 de mayo de 2001.

Pero como no lo hizo, la real afectada por el daño y los perjuicios ocasionados con la diligencia de registro e incautación llevada a cabo por la DIAN fue la sociedad Frontier S.A., única legitimada para reclamar dichas indemnizaciones.

En conclusión, la sociedad actora no es la titular del derecho que reclama, razón por la cual se declarará la falta de legitimación en la causa por activa.

En criterio de la Sala, por todo lo anterior, deberá ser modificada la decisión emitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de agosto de 2019, para declarar la falta de legitimación en la causa por activa.

2. Costas

En atención a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el literal b del artículo 625 del C.G.P., en la sentencia se decidirá sobre la condena en costas, con aplicación de las normas previstas en el último de los estatutos mencionados, el cual, en el numeral 1 de su artículo 365, dispone que se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.

La condena depende de un factor objetivo, del hecho de ser vencido en el proceso, y no de la conducta desplegada por las partes. De manera consecuente, en el caso concreto se debe modificar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar y se impondrá la condena en costas correspondiente a la segunda instancia, en cuanto el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra del fallo del a quo fue resuelto de manera desfavorable.

Pues bien, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003, regulación que resulta aplicable al caso concreto, en consideración a la fecha de radicación de la demanda (7 de julio de 2014).

En aplicación de lo anterior, por tratarse de un proceso de segunda instancia con cuantía, que duró más de un año en esta Corporación e implicó que las partes tuvieran un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses, la Sala fija las agencias en derecho de segunda instancia en suma equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda estimadas en $1.713'172.370, lo que corresponde a $17'131.723 a favor de la demandada.

Finalmente, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la demandada, siempre que se encuentren probados y provengan de actuaciones autorizadas por la ley; además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas en cada instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de agosto de 2019, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Sonia Morales Morales, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, incluido, por agencias en derecho, un monto equivalente a $17'131.723 a favor de la demandada. El Tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

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VF

Fls. 1.304 a 1.322 del cuaderno 5. Fls. 1.337 del cuaderno 5. Fls. 1.342 a 1.348 del cuaderno 5. Fl. 1.367 del cuaderno 5. Fls. 1.372 a 1.374 del cuaderno 5. Fls. 1.610 a 1.612 del cuaderno 6. Fls. 1.615 a 1.631 del cuaderno 6. Fls. 1.632 a 1.638 del cuaderno 6. Fls. 1.657 a 1.664 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 1.668 a 1.673 del cuaderno del Consejo de Estado. Fl. 1.687 del cuaderno del Consejo de Estado. Fl. 1.696 del cuaderno del Consejo de Estado. Índice 20 Samai.
“4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente”. Índice 23 Samai. La pretensión mayor ascendió a $1.713’172.370, monto que excedió los 500 s.m.l.m.v. para la fecha de presentación de la demanda -7 de julio de 2014-. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación número: 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras. Fl. 1.328 del cuaderno 5. La demandante radicó solicitud de conciliación el 15 de noviembre de 2013, con lo cual suspendió la caducidad hasta el 11 de febrero de 2014, cuando se expidió el acta de no conciliación - Fls. 1.254 a 1.255 del cuaderno 5
Fl. 919 del cuaderno 3. Fls. 922 a 924 del cuaderno 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2017, radicación número: 25000-23-26-000-2009-00432-01(39074).
“Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmuebles.” En Bonivento Fernández, José Alejandro “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales”, Ed. Librería del Profesional, Edición No. 13, Tomo I, Pág. 328 y 329.
“Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2009, Exp. 17.526, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.
“(…). El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.
“Como se aprecia, la cesión de derechos litigiosos no implica per se, el hecho de que opere el fenómeno de la sustitución procesal, por ende, ante el silencio de la parte cedida en la relación jurídico procesal, es perfectamente posible afirmar que el negocio jurídico mantiene sus condiciones de eficacia y validez, sólo que cedente y cedido permanecen vinculados al proceso; contrario sensu, cuando el cedido acepta expresamente la cesión opera el fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual el cedente es reemplazado integralmente por el cesionario, quien ocupará la posición del primero”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2007, radicado: 250002326000199800324 01 (22043), C.P. Alier Hernández Enríquez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de octubre de 2018, radicado:

25000-23-26-000-2006-00357-01(42297). Artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…) (subrayas de la Sala).
“Artículo sexto. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
“(…).
“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…)”. (se destaca). A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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