Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00544-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00544-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00544-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
Radicado76001-23-31-000-2011-00544-01 (70444)
Demandante: Sociedad GASV S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00544-01 (70444)
Demandante: Sociedad GASV S.A.
Demandado: Fiscalía General de la Nación y Dirección Nacional de
Estupefacientes (hoy Sociedad de Activos Especiales SAS)
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 21 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta
providencia porque decide el recurso de apelación presentado contra la sentencia
del Tribunal, el cual conoció el proceso en primera instancia en razón de la
naturaleza del asunto y de la cuantía, en los términos del artículo 132 del Código
Contencioso Administrativo, CCA1.
SÍNTESIS2
La sociedad GASV S.A. (en adelante, “GASV”) promovió demanda por los
perjuicios derivados del trámite de extinción de dominio iniciado contra bienes de
Luis Fernando Lopera Ramírez, dentro del cual se embargaron y secuestraron
las estaciones de servicio donde tenía instalados equipos e infraestructura de su
propiedad y se ordenó suspender el suministro de gas natural vehicular. El
Tribunal negó las pretensiones al considerar que las actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación (en adelante, “la Fiscalía”) y de la Dirección Nacional de
Estupefacientes (en adelante, “DNE”), hoy Sociedad de Activos Especiales SAS
(en adelante, “SAE”), tuvieron soporte jurídico. La Sala modificará parcialmente
1 Según el numeral 6 del artículo 132 del CCA, los tribunales administrativos conocen en primera instancia
las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al momento de
presentación de la demanda ascendía a doscientos sesenta y siete millones ochocientos mil pesos
($267.800.000). En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en $1.879.148.028, Índice 155 de Samai
del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 311 a 312.
2 Temas: reparación directa – extinción de dominio.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
la sentencia para declarar la caducidad respecto de las pretensiones formuladas
contra la Fiscalía y la ineptitud sustantiva parcial de la demanda respecto de los
perjuicios derivados de la comunicación que dispuso la suspensión del expendio
de gas. En lo demás, confirmará la negativa de las pretensiones contra la SAE,
porque la extensión material inicial de las medidas a los equipos de GASV no
produjo el perjuicio económico reclamado y la demora en su restitución no resulta
imputable a la DNE.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El 13 de abril de 20113, GASV presentó demanda, en ejercicio de la acción de
reparación directa, contra la Fiscalía y la DNE. En la demanda elevaron las
siguientes pretensiones:
PRIMERA.- Se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES son administrativamente
responsables por los daños y perjuicios sufridos por GASV S.A., como resultado
de las actuaciones u omisiones en las que han incurrido por el hecho de no
haberle respetado su derecho de propiedad y de comodatario de los bienes,
obras civiles, compresores y demás equipos y facilidades (sic) que eran objeto
de explotación para el suministro y venta de Gas Natural Comprimido Vehicular
en las Estaciones de Servicio Terpel Mónaco y Oasis en la Ciudad de Cali, junto
con el derecho de usufructo que tenía en estos lotes, por cuanto dentro del
trámite de extinción del derecho de dominio de los bienes de propiedad del
señor Luis Fernando Lopera Ramírez iniciado por la Fiscalía Segunda de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado
de Activos (Radicado No. 5583 E.D.), se ordenó el embargo y secuestro de
dichas Estaciones y bienes, sin respetar los derechos de propiedad de GASV
S.A. sobre los mencionados bienes y la DNE ordenó a GASV S.A. la suspensión
del suministro de gas en estas Estaciones para su venta, todo lo cual ha
impedido seguir utilizándolos, explotándolos y usufructuándolos sin justificación
alguna dichos bienes.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES a pagar a la sociedad GASV S.A., todos
los daños y perjuicios que le han causado, los cuales ascienden a una suma no
inferior a MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.879.148.028), o pagar el valor que resulte demostrado durante el trámite del
proceso.
TERCERA.- Que se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (DNE) a pagar a la
sociedad GASV S.A. la actualización monetaria sobre todas las sumas
adeudadas por estas Entidades a favor de GASV S.A. que resulten probadas
dentro del proceso.
3 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 319.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
CUARTA. Que se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (DNE) a pagar a la
sociedad GASV S.A. los intereses comerciales moratorios sobre las sumas de
dinero adeudadas a favor de la sociedad GASV S.A., que resulten probados
dentro del proceso desde la fecha en que se causaron hasta la fecha en que se
profiera la sentencia.
QUINTA.- Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTA.- Que se condene a las demandadas a pagar intereses moratorios
sobre las indemnizaciones decretadas por el H. Tribunal desde el día en que se
profiera la sentencia hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo de la
condena.
SÉPTIMA.- Que se condene a las demandadas a pagar las costas del proceso4
(negrillas y mayúsculas sostenidas dentro del texto).
2. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones5:
2.1. GASV desarrollaba la actividad de suministro y venta al público de gas natural
comprimido vehicular en las estaciones Terpel Mónaco y Terpel Oasis, ubicadas
en la ciudad de Cali. Para ello, en febrero y octubre de 2007 celebró con Mora
Lopera Sociedad en Comandita Simple y Lopera Ramírez Sociedad en
Comandita Simple (en adelante, “sociedades en comandita”), respectivamente,
contratos derivados de la aceptación de unas ofertas mercantiles para la
explotación conjunta de ese negocio. Conforme a lo pactado, GASV debía
suministrar el gas, ejecutar las obras civiles e instalar los compresores,
surtidores, redes, tableros eléctricos y demás equipos necesarios para la
operación. Por su parte, las sociedades en comandita debían permitir el uso del
espacio, conservar los bienes entregados, recaudar el producto de las ventas y
consignarlo a favor de GASV.
2.2. Para la ejecución de esas relaciones se suscribieron anexos de comodato
precario, manuales de funciones, acuerdos complementarios y derechos de
usufructo sobre las áreas destinadas a la venta de gas natural vehicular. Con
fundamento en esos documentos, GASV afirmó que conservaba la propiedad
sobre las obras y equipos instalados en las estaciones.
2.3. Mediante Resolución de 20 de febrero de 2008, la Fiscalía Segunda de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos inició de oficio el trámite de extinción del derecho de dominio contra Luis
Fernando Lopera Ramírez, bajo el radicado 5583 E.D. En esa actuación se
ordenó el embargo y secuestro de las sociedades en comandita, así como de los
establecimientos de comercio Terpel Oasis y Terpel Mónaco, los cuales
quedarían a disposición de la DNE.
4 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 299 a 300.
5 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 301 a 311.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
2.4. Las diligencias de embargo y secuestro se practicaron el 21 de febrero de
2008. Con esas medidas también quedaron afectados los bienes vinculados a la
operación de las estaciones, incluida la infraestructura instalada por GASV para
la venta de gas natural vehicular.
2.5. Desde entonces, la DNE asumió la administración de los bienes afectados y
designó varios depositarios provisionales; sin embargo, algunos no se
posesionaron, otros renunciaron y otros no tuvieron la administración material de
las estaciones, lo que impidió contar con una persona efectivamente encargada
de recibir, conservar, explotar o restituir los bienes de GASV.
2.6. Mediante comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009, la DNE
ordenó suspender el suministro de gas natural vehicular en las estaciones Terpel
Mónaco y Terpel Oasis. La decisión le impidió continuar con la venta de gas, usar
y explotar las obras civiles, compresores, surtidores, equipos y demás facilidades
instaladas, así como percibir las utilidades derivadas de la operación normal del
negocio. Pese a ello, la demandante continuó asumiendo gastos de vigilancia,
servicios públicos, cánones de leasing, pólizas y otros costos asociados a la
conservación de la infraestructura y de los equipos.
2.7. El 22 de septiembre de 2009, GASV solicitó a la DNE autorizar el retiro de
los bienes instalados en Terpel Mónaco y Terpel Oasis, porque la suspensión del
suministro y venta de gas le estaba causando graves perjuicios económicos.
Mediante comunicación de 14 de octubre de 2009, la DNE respondió que podía
ejercer la restitución de los bienes como comodante y propietaria, previa
coordinación con el depositario provisional y levantamiento del acta
correspondiente.
2.8. La restitución material no fue posible respecto de Terpel Mónaco, porque no
existía un depositario provisional posesionado o administrando material del
establecimiento. En cuanto a Terpel Oasis, GASV solo logró retirar los bienes,
compresores, equipos y facilidades instalados en diciembre de 2010.
2.9. Con base en lo anterior, GASV atribuyó responsabilidad a la Fiscalía y a la
DNE. Señaló que la primera ordenó el embargo y secuestro de los
establecimientos sin respetar sus derechos de propiedad, comodato y usufructo
sobre las obras y equipos instalados. En relación con la segunda, afirmó que el
daño se produjo porque recibió y administró esos bienes, dispuso la suspensión
del suministro de gas, no garantizó su explotación económica y no aseguró su
restitución oportuna.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
B. Posición de la parte demandada
3. Los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda por las
razones que se sintetizan a continuación:
3.1. La Fiscalía argumentó que no existía falla del servicio, error jurisdiccional ni
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque las medidas
cautelares no se dirigieron contra GASV, sino contra bienes y entes jurídicos
asociados al investigado Luis Fernando Lopera Ramírez6.
3.1.1. Agregó que el daño alegado no era antijurídico, pues derivaba de una
actuación cumplida conforme al ordenamiento jurídico. También, que la
administración de los bienes afectados no estaba a su cargo, pues, una vez
practicadas las diligencias de secuestro, estos fueron puestos a disposición de la
DNE, entidad encargada de su administración y destinación provisional.
3.1.2. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de falta de causa
para demandar y falta de legitimación en la causa por pasiva. Esta última la
sustentó en que los hechos relacionados con la administración, conservación,
explotación o restitución de los bienes correspondían a la DNE y no a la Fiscalía.
3.2. La DNE afirmó que los perjuicios reclamados derivaban del embargo y
secuestro de las estaciones, medidas ordenadas por la Fiscalía dentro del trámite
de extinción de dominio. Señaló que su actuación se limitó a administrar los
bienes afectados y a designar depositarios provisionales, de acuerdo con sus
funciones legales, y que no se acreditó nexo causal porque la administración
material correspondía a aquellos7. Por esa razón, formuló llamamiento en
garantía contra Lilibeth Ortiz Calderón, Marco Antonio Vargas Salas, Diego
Fernando Claros Muñoz, Rosa Aura María Susa Bolívar, Germán de Jesús
Gómez Gallego y Melva Lucía Betancourt Cardona.
3.2.1. Propuso las excepciones de inexistencia del nexo causal, ineptitud de la
demanda por error en la acción, hecho exclusivo de un tercero e innominada. La
inexistencia del nexo causal y el hecho de tercero se apoyaron en que la
afectación alegada obedeció a las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía,
a la conducta de quienes controlaban materialmente las estaciones y a la
imposibilidad de los depositarios provisionales de ejercer una administración
efectiva.
3.2.2. También alegó la caducidad de la acción, de acuerdo con la cual el término
debía contarse desde la comunicación mediante la cual se solicitó suspender el
6 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 332 a 337.
7 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 2(.pdf), folios 515 a 534.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
suministro de combustible a las estaciones, por lo que, la demanda habría sido
inoportuna.
C. Trámite relevante en primera instancia
4. El llamamiento en garantía de los depositarios provisionales fue aceptado el
14 de mayo de 20128. Sin embargo, no fue posible lograr su notificación personal,
por lo que se ordenó su emplazamiento y se designaron diferentes curadores ad
litem para su representación. El curador ad litem que finalmente tomó posesión
no contestó la demanda9. Por su parte, Melva Lucía Betancourt contestó de
manera extemporánea el llamamiento en garantía10.
5.El 24 de julio de 2013 se reconoció a la SAE, como sucesora procesal de la
DNE11.
D. Sentencia recurrida
6.El 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda12, en los siguientes términos:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CERRAR el incidente de desacato contra la abogada YESIKA
CAROLINA CARRILLO CASTILLO C.C.1.052.387.748 y T.P. 210.992 del C.S.J.
TERCERO: DEVOLVER a la parte demandante el excedente, si lo hubiere, de
las sumas consignadas para gastos del proceso y a la ejecutoria del fallo,
archivar el expediente previo registro en SAMAI.
CUARTO: ADVERTIR que el canal oficial de comunicación del Tribunal es la
VENTANILLA VURTUAL DE SAMAI.
QUINTO: ORDENAR notificar la presente sentencia en la forma dispuesta en
la ley (negrillas y mayúsculas sostenidas dentro del texto).
7.Como fundamento de esa decisión, el tribunal de primera instancia expuso
que:
7.1. La demanda fue presentada en tiempo, pues, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se reclama la responsabilidad del
Estado por la retención o decomiso de bienes, la caducidad se cuenta desde su
8 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno Llamamiento Garantia(.pdf), folios 2 a 3.
9 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno Llamamiento Garantia(.pdf), folios 5 a 28.
10 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno Llamamiento Garantia(.pdf), folios 19 a 28.
11 La DNE fue suprimida y puesta en liquidación mediante el Decreto 3183 de 2011. En este proceso, por
auto de 24 de julio de 2013, el Tribunal reconoció a la SAE como sucesora procesal de la entidad y dispuso
que asumiera su posición para todos los efectos del expediente. Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno
No. 2(.pdf), folio 565.
12 Índice 139 de Samai del Tribunal.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
devolución. Al considerar que esto ocurrió el 15 de diciembre de 2010, concluyó
que la demanda presentada el 13 de abril de 2011 fue oportuna.
7.2. La Fiscalía y la DNE no causaron un daño antijurídico a GASV, porque las
medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo tenían
soporte jurídico en el trámite de extinción de dominio seguido contra Luis
Fernando Lopera Ramírez y respecto de bienes vinculados con las sociedades
de las que formaba parte.
7.3. La DNE nunca tuvo la administración material efectiva de las estaciones por
la oposición de terceros vinculados con las sociedades afectadas, quienes
obstruyeron el depósito provisional. Por esa razón, la suspensión del suministro
de gas no constituyó falla del servicio, sino una medida dirigida a impedir que
terceros siguieran explotando los establecimientos afectados.
7.4. GASV solicitó la restitución de sus equipos y la DNE no se opuso a esa
entrega. En particular, los bienes de Terpel Oasis fueron retirados el 15 de
diciembre de 2010 y, aunque no obraba acta de retiro respecto de Terpel Mónaco,
existía un oficio que anunciaba el retiro para el 13 de agosto de 2011 y un
concepto técnico de 23 de octubre de 2012 según el cual, para esa fecha, los
equipos ya habían sido retirados.
7.5. Finalmente, los cambios de depositarios provisionales no demostraban una
falla imputable a la DNE, pues su gestión fue obstaculizada por terceros. Por su
parte, GASV podía ejercer acciones directas contra las sociedades en comandita
con las que celebró los contratos, porque la imposibilidad de explotar el negocio
estaba relacionada con la conducta de esas sociedades, que dieron lugar al
procedimiento de extinción de dominio, y no con una actuación antijurídica de las
entidades demandadas.
E. Recurso de apelación
8. La parte demandante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia
y que se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes reparos13:
8.1. El Tribunal no resolvió de manera congruente los cargos formulados en la
demanda, pues el reproche no se limitaba a la legalidad abstracta de las medidas
de embargo y secuestro. Por el contrario, se alegó la vulneración de sus derechos
de defensa, debido proceso y propiedad dentro del trámite de extinción de
dominio, pues la Fiscalía y la DNE no le permitieron intervenir oportunamente
13 Índice 142 de Samai del Tribunal.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
como tercero de buena fe, pese a que los bienes y equipos instalados en las
estaciones eran de su propiedad y habían sido adquiridos lícitamente.
8.2. La legislación de extinción de dominio reconoce como límite la buena fe
calificada del tercero afectado, y la Corte Constitucional ha precisado que la
debida diligencia en la protección de esos derechos es una responsabilidad de
las autoridades públicas competentes. En tal sentido, el daño sufrido fue
antijurídico e imputable a las entidades demandadas, en la medida en la cual
constituyó una carga que la sociedad no tenía el deber jurídico de soportar.
F. Trámite relevante en segunda instancia
9. El recurso de apelación fue concedido el 16 de agosto de 202314 y admitido
mediante auto del 6 de diciembre de 202315. En la providencia del 20 febrero de
2024, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y se ordenó
notificar al Ministerio Público para que interviniera, si lo consideraba pertinente16.
Dentro de la oportunidad pertinente, las partes reiteraron, en lo sustancial, los
argumentos expuestos durante el trámite del proceso17. La SAE agregó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las obligaciones de la
extinta DNE fueron asumidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho 18. El
Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
G. Sentido de la decisión
10. La Sala modificará parcialmente la sentencia apelada para declarar probada
la caducidad respecto de las pretensiones formuladas contra la Fiscalía General
de la Nación y la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida
escogencia de la acción, respecto de los perjuicios derivados de la comunicación
SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009, mediante la cual la DNE dispuso
suspender el expendio de gas vehicular. En relación con los demás reproches
formulados contra la SAE, confirmará la negativa de las pretensiones, porque la
extensión material de las medidas a los equipos de GASV no produjo el perjuicio
económico reclamado y la demora en su restitución obedeció a la resistencia de
quienes conservaron el control material de las estaciones, sin que se acreditara
una actuación u omisión imputable a la entidad.
14 Índice 147 de Samai del Tribunal.
15 Índice 00035 de Samai.
16 Índice 00012 de Samai.
17 Índices 00016 y 00017 de Samai.
18 Índice 00018 de Samai.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
H. Asuntos procesales
11. Antes de estudiar las pretensiones de la demanda, es necesario
pronunciarse sobre tres asuntos procesales: (i) la ineptitud de las pretensiones
relacionadas con la orden de suspensión del expendio de gas vehicular, (ii) la
caducidad de la acción y (iii) la legitimación en la causa por pasiva de la SAE.
12. Para resolver el primero de esos asuntos, debe precisarse el alcance de
los reproches formulados en la demanda. Frente a la Fiscalía General de la
Nación, GASV cuestionó la decisión judicial que decretó y materializó las medidas
cautelares. A la DNE le atribuyó responsabilidad por tres actuaciones posteriores
desarrolladas durante la administración de los establecimientos: (i) la extensión
de los efectos de esas medidas a los equipos e infraestructura de GASV; (ii) la
comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009, mediante la cual dispuso
la suspensión del expendio de gas vehicular, y (iii) la demora en la restitución de
los bienes.
13. En relación con la orden de suspensión, la Sala encuentra fundada
parcialmente la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción, respecto de los perjuicios que GASV atribuyó a la
comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009.
13.1. El artículo 85 del CCA regulaba la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para quien considerara lesionado un derecho amparado en una norma
jurídica por un acto administrativo, mientras que el artículo 86 preveía la
reparación directa para los daños derivados de hechos, omisiones, operaciones
administrativas o de la ocupación temporal o permanente de inmuebles. Lo
anterior porque, cuando el perjuicio proviene directamente de un acto
administrativo y su reparación presupone desvirtuar su legalidad, el interesado
debe solicitar su nulidad y el restablecimiento correspondiente; la reparación
directa no permite obtener la indemnización de los efectos de un acto que
conserva su presunción de legalidad.
13.2. En este caso, la comunicación SBI (SOC) 554 no se limitó a informar a
GASV sobre la designación de la depositaria provisional. Después de referirse a
la Resolución 1774 de 19 de diciembre de 2008, mediante la cual Rosa Aura
María Susa Bolívar fue designada depositaria de las sociedades y
establecimientos, la DNE adoptó una determinación concreta frente a la
demandante. En lo pertinente, señaló:
“La Fiscalía Segunda de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de
Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación,
(radicado 5583 E.D.), mediante Resolución del 20 de febrero de 2008, ordenó
iniciar de manera oficiosa el trámite de extinción del derecho de dominio de los
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siguientes bienes: SOCIEDAD LOPERA RAMÍREZ S EN C.S. y su
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL OASIS y
SOCIEDAD MORA LOPERA S EN C.S. y su establecimiento de comercio
ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL MÓNACO.
La Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de la Resolución No. 1774
de 19 de Diciembre de 2008, de la cual se le hizo entrega en copia auténtica,
designó como depositaria provisional de las citadas sociedades y los
respectivos establecimientos a la señora ROSA AURA MARIA SUSA BOLÍVAR
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.420.624 de Cajicá y quien puede
ser ubicada a través de los siguientes números telefónicos: fijo local 8548254 y
móvil 3134953336.
Por lo tanto, es la señora ROSA AURA MARÍA SUSA BOLÍVAR, la actual
Representante Legal de estas sociedades y la única autorizada para celebrar
contratos de suministro; frente a estos hechos, sírvase suspender de manera
inmediata el expendio de gas vehicular a las estaciones de servicio TERPEL
MÓNACO y TERPEL OASIS de la ciudad de Cali, toda vez que las
transacciones comerciales celebradas con personas diferentes a la señora
SUSA BOLÍVAR se encuentran por fuera de la Ley y no serán reconocidas por
la Entidad”.
13.3. A continuación, la DNE indicó que era “del interés de esta Subdirección
regularizar el funcionamiento de estas estaciones de servicio”. Sin embargo, la
denominación formal del documento y la motivación relacionada con la
administración provisional no eliminan su contenido decisorio. La entidad impartió
a GASV una instrucción inmediata y obligatoria que le impedía continuar el
expendio en las condiciones en que venía desarrollándolo y advirtió que no
reconocería las transacciones celebradas con personas distintas de la
depositaria provisional. La comunicación produjo, por tanto, efectos jurídicos
directos frente a la demandante y constituye un acto administrativo19.
13.4. La propia demanda identificó esa decisión como la fuente inmediata de la
paralización de los contratos, de la imposibilidad de continuar con la venta de gas
y del lucro cesante reclamado. Por ello, si GASV consideraba que la DNE carecía
de fundamento para ordenar la suspensión o que esa decisión desconocía sus
derechos de propiedad, comodato o usufructo, debía solicitar la nulidad del acto
y, como consecuencia de ella, el restablecimiento de su derecho mediante la
indemnización de los perjuicios correspondientes.
19 A juicio del ponente, la comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009 no constituye un acto
administrativo y, por tanto, el reproche formulado respecto de sus efectos debía estudiarse de fondo en este
proceso. En efecto, la Ley 793 de 2002 atribuía a la DNE la condición de secuestre o depositaria de los
bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, mientras que la Ley
785 de 2002 regulaba los mecanismos mediante los cuales debía administrarlos. Desde esa perspectiva, el
contenido de la comunicación muestra que la DNE no ejerció una potestad administrativa autónoma frente
a GASV, sino que actuó en desarrollo de las funciones de administración y custodia derivadas de aquella
condición: fundó la instrucción en la designación de la depositaria provisional, indicó que esta era la única
autorizada para celebrar contratos de suministro y señaló expresamente que su propósito era regularizar el
funcionamiento de los establecimientos puestos a su disposición. Por ello, para el ponente, la comunicación
debía examinarse como una actuación desplegada en desarrollo de la administración de los bienes y no
como un acto administrativo cuya nulidad constituyera presupuesto para obtener la reparación solicitada.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
13.5. GASV, sin embargo, ejerció únicamente la acción de reparación directa y
no formuló pretensión de nulidad contra la comunicación SBI (SOC) 554. En estas
condiciones, la Sala no puede examinar dentro de este proceso la legalidad de
esa decisión ni reconocer los perjuicios que se hacen derivar directamente de
sus efectos, pues ello supondría desconocer la presunción de legalidad del acto
sin que hubiera sido sometido al control judicial correspondiente. En
consecuencia, prospera parcialmente la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia de la acción respecto de este reproche.
13.6. Resuelto lo anterior, corresponde examinar la caducidad de las
pretensiones cuyo estudio procede mediante la acción de reparación directa. En
primer lugar, las relacionadas con la actuación de la Fiscalía se encuentran
caducadas. Como la demanda cuestiona la decisión judicial que decretó las
medidas cautelares dentro del trámite de extinción de dominio, el análisis debe
hacerse a partir de las reglas propias de la responsabilidad por error
jurisdiccional. La jurisprudencia de esta Sección ha coincidido en que, por regla
general, el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la
ejecutoria de la providencia que contiene el supuesto error y agota la instancia20.
Sin embargo, cuando quien reclama la reparación no fue parte en el proceso en
el que se profirió esa decisión, el término debe contarse desde que conoció o
pudo conocer la providencia que lo afectaba y sus efectos sobre sus bienes.
13.6.1.En este caso, GASV no fue parte en el trámite de extinción de dominio
dentro del cual se profirió la resolución de 20 de febrero de 2008, que decretó las
medidas cautelares21. Sin embargo, el conocimiento de la sociedad quedó
acreditado el 30 de abril de 2008, cuando compareció ante la Fiscalía y solicitó
la exclusión de los equipos, obras y elementos instalados en las estaciones, por
considerar que eran de su propiedad, de origen lícito y ajenos a las actividades
investigadas22.
13.6.2. En consecuencia, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del
CCA, el término de dos años empezó a correr el 1 de mayo de 2008 y, en
principio, vencía el 1 de mayo de 2010. Como esta última fecha correspondió a
un día festivo, el plazo se extendió hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el
3 de mayo de 201023. La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 25000-23-26-000-2011-
00376-01, CP María Adriana Marín. En esa providencia se reiteró que, “tratándose de los daños causados
por providencias judiciales […] el término de caducidad de la acción debe contarse a partir de la ejecutoria
de las providencias judiciales que agoten las instancias”. En igual sentido, Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 25 de enero de 2021, expediente 05001-23-31-000-1997-00703-01, CP Guillermo
Sánchez Luque y sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente 08001-23-31-000-2009-00193-01
(38833), CP Ramiro Pazos Guerrero.
21 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 203 a 211.
22 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 300 a 301.
23 “Artículo 136: (…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
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6 de diciembre de 2010, cuando ya había expirado el plazo para demandar por
la actuación atribuida a la Fiscalía. Por ello, esa solicitud no podía suspender un
término agotado y la demanda, presentada el 13 de abril de 2011, fue inoportuna
respecto de las pretensiones dirigidas contra esa entidad.
13.7. Distinta es la situación respecto de los reproches formulados contra la DNE
cuyo estudio corresponde a la acción de reparación directa, esto es, la extensión
material de los efectos de las medidas cautelares a los equipos de GASV y la
demora en su restitución.
En relación con estas actuaciones, la jurisprudencia de esta Corporación
13.7.1.
ha señalado que, cuando el daño proviene de la retención de bienes, el término
de caducidad comienza, por regla general, con su devolución material, pues solo
entonces cesa la afectación y puede conocerse integralmente su extensión.
13.7.2.En este caso, los equipos instalados en la estación Terpel Oasis fueron
retirados el 15 de diciembre de 2010 y los correspondientes a la estación Terpel
Mónaco con posterioridad24. En consecuencia, aun tomando como referencia la
primera restitución acreditada, el término de caducidad no había vencido cuando
se presentó la demanda el 13 de abril de 2011. Por ello, los reproches
relacionados con la extensión material de las medidas a los equipos de GASV y
con la demora en su restitución fueron formulados oportunamente.
13.8. En conclusión, la Sala declarará probada la excepción de caducidad
únicamente respecto de las pretensiones formuladas contra la Fiscalía General
de la Nación. Los reproches relacionados con la extensión material de las
medidas a los equipos de GASV y con la demora en su restitución fueron
formulados oportunamente.
14. En relación con el tercer asunto procesal, la Sala encuentra que la SAE
está legitimada en la causa por pasiva en este proceso.
14.1. La demanda fue presentada el 13 de abril de 2011, cuando la DNE todavía
existía y ejercía la administración de los bienes afectados con medidas cautelares
dentro de procesos de extinción de dominio. Por tanto, para ese momento, la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquiera otra causa”.
24 El expediente da cuenta de un oficio en el que se proyectó el retiro de los equipos para el 13 de agosto
de 2011 y de un concepto técnico de 23 de octubre de 2012 según el cual para entonces ya habían sido
retirados. En todo caso, como su restitución ocurrió después del 15 de diciembre de 2010, fecha acreditada
para Terpel Oasis, su término de caducidad comenzó necesariamente en un momento posterior. Por ello, si
la demanda presentada el 13 de abril de 2011 fue oportuna tomando como referencia la restitución de Oasis,
con mayor razón lo era respecto de los equipos de Terpel Mónaco. Índice 125 y 155 de Samai del Tribunal,
Cuaderno llamamiento garantía, folio 68.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
acción fue correctamente dirigida contra la entidad a la que se atribuían las
actuaciones cuestionadas.
14.2. Con posterioridad, el Decreto 3183 de 2011 ordenó la supresión y
liquidación de la DNE25. Aunque su artículo 29 trasladó al Ministerio de Justicia y
del Derecho la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social
y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)26, el artículo 30 dispuso que la
DNE en liquidación continuara ejerciendo transitoriamente esa función, con el fin
de garantizar la continuidad en la administración de los bienes27.
14.3. Además, el artículo 20 del Decreto 3183 de 2011 excluyó de la masa de
liquidación los bienes administrados mediante el FRISCO, aquellos puestos a
disposición de la DNE por encontrarse afectados a procesos penales
relacionados con actividades de narcotráfico y los compromisos asumidos por la
entidad en su condición de administradora del Fondo28. Por tanto, la subrogación
del Ministerio respecto de los derechos y obligaciones de la DNE no comprendió
indistintamente los asuntos derivados de la administración de esos bienes.
25 “Por el cual se suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes, se ordena su liquidación y se dictan
otras disposiciones”, que en su artículo primero dispuso: “Suprímese la Dirección Nacional de
Estupefacientes, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, y ordénase su liquidación”.
26 “Artículo 29: Trasládase la función de administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) al Ministerio de Justicia y del Derecho. Parágrafo. Las
referencias que a la Dirección Nacional de Estupefacientes hace el artículo 12 de la Ley 793 de 2002,
modificado por el artículo 80 de la Ley 1453 de 2011 y demás normas que con anterioridad a la expedición
del presente decreto refieran a la Dirección Nacional de Estupefacientes, se entenderán que hacen relación
al Ministerio de Justicia y del Derecho. Así mismo, todas las referencias que hagan las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes relacionadas con la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), deben entenderse referidas al Ministerio de Justicia
y del Derecho, salvo para efectos de la transitoriedad de que trata el presente decreto.
27 “Artículo 30: Con el fin de garantizar la continuidad en la función de administración, la DNE en liquidación
ejercerá la función de administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen Organizado (Frisco), así como la de los bienes afectos a procesos penales por actividades de
narcotráfico y conexas, por el término máximo de un (1) año contado a partir de la expedición del presente
decreto, término dentro del cual el Ministerio de Justicia y del Derecho deberá celebrar los contratos o
convenios, o desarrollar los mecanismos de administración que requiera para el ejercicio de la función
trasladada en el artículo anterior. Parágrafo 1°.Mientras la DNE en liquidación ejerza transitoriamente la
función de administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen
Organizado (Frisco), se entiende que el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 793 de 2002 se refiere
al liquidador, sólo en relación a los gastos en que este incurre por la administración del Frisco. Parágrafo 2°.
Las funciones transitorias de administración del Frisco a cargo de la DNE en liquidación, comprenden, entre
otras, las relacionadas con la depuración de bienes, su inspección física, la consolidación de archivos, el
levantamiento de inventarios de bienes y de procesos, la promoción de las acciones necesarias para el
saneamiento jurídico, financiero y físico, la administración de los bienes inmuebles propiamente dicha, la
asignación y la enajenación de los mismos cuando corresponda, de conformidad con la Ley. Las funciones
de que trata el presente artículo serán cumplidas por el liquidador de conformidad con los parámetros y
condiciones señaladas en la ley, reglamentos vigentes y aquellos que fije el Consejo Nacional de
Estupefacientes”.
28 “Artículo 20: No formarán parte de la masa de la liquidación, además de los bienes de que trata el artículo
21 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, los siguientes: 1. Los
bienes y recursos que tenga la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación que tengan destinación
específica en virtud de su origen. 2. Los bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes
a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). 3. Los
bienes dejados a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes por encontrarse afectos a
procesos penales por delitos relacionados con actividades de narcotráfico y conexas (…).
13
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14.4. Posteriormente, el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014 atribuyó a la SAE
la administración del FRISCO y el artículo 10 del Decreto 1335 de 2014 ordenó
entregarle los procesos cuyas pretensiones estuvieran relacionadas con la
administración de los bienes del fondo y aquellos derivados de la administración
de bienes que hubieran estado o estuvieran afectados con medidas cautelares
dentro de procesos de extinción de dominio29.
14.5. Con fundamento en estas normas, la jurisprudencia de esta Sección
precisó que la sucesión procesal de la DNE depende de la naturaleza del proceso
y de sus pretensiones. En ese sentido, corresponde a la SAE asumir los procesos
relacionados con la administración de bienes del FRISCO o de activos afectados
con medidas cautelares de extinción de dominio, mientras que el Ministerio de
Justicia y del Derecho debe atender los procesos de extinción de dominio y
aquellos propios de la liquidación de la antigua entidad30.
14.6. En este caso, las pretensiones contra la DNE se fundan en las actuaciones
que realizó como administradora de los establecimientos afectados dentro del
trámite de extinción de dominio, entre ellas la designación de depositarios
provisionales, la suspensión del expendio de gas y la respuesta a la solicitud de
restitución de los equipos de GASV. El proceso se encuentra, por tanto, dentro
de los asuntos cuya sucesión corresponde a la SAE.
14.7. Esta conclusión coincide, además, con el auto ejecutoriado de 24 de julio
de 2013, mediante el cual el Tribunal reconoció a la SAE como sucesora procesal
de la DNE y dispuso que asumiera su posición para todos los efectos del
proceso31. En consecuencia, la Sala no acogerá el argumento de falta de
legitimación en la causa por pasiva planteado en los alegatos de la SAE.
I. Ausencia de responsabilidad de la SAE, como sucesora procesal de
la DNE
15. La Sala estudiará de fondo únicamente los reproches relacionados con (i) la
extensión material de los efectos de las medidas cautelares a los equipos de
29 “Artículo 90: El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
(Frisco) es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. (SAE), sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y
sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de
Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política
de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que
sea necesario para tal finalidad”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 11 de julio de 2016, expediente 73001-23-31-000-2008-
00571-01(41128)B, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera. En esa providencia se precisó que la sucesión
procesal de la DNE depende de la naturaleza del proceso y de sus pretensiones, y que la SAE debe asumir
los procesos relacionados con la administración de bienes del FRISCO y aquellos derivados de la
administración de bienes afectados con medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio.
31 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 2(.pdf), folio 565.
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GASV y (ii) la demora en su restitución. Para ello, expondrá primero los hechos
acreditados y luego las razones por las cuales esas actuaciones no dan lugar a
declarar la responsabilidad de la SAE, como sucesora procesal de la DNE.
i) Hechos probados
16. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, se tienen por
acreditados los siguientes hechos:
16.1. GASV celebró acuerdos mercantiles para la explotación del negocio de
suministro y venta de gas natural comprimido vehicular en las estaciones de
servicio Terpel Mónaco y Terpel Oasis, ubicadas en Santiago de Cali32. En
relación con la primera estación, obra la “Oferta Mercantil” OM-06-02, remitida a
la sociedad Mora Lopera y aceptada el 10 de febrero de 2007. Respecto de la
segunda, obra la “Oferta Mercantil” OM-06-05, remitida a la sociedad Lopera
Ramírez y aceptada el 3 de octubre de 2007. En estos contratos se pactó que
GASV debía suministrar el gas, ejecutar las obras civiles e instalar los equipos
necesarios para la operación, mientras que las sociedades vinculadas a las
estaciones debían permitir el uso del espacio, conservar los bienes entregados,
recaudar el producto de las ventas y consignarlo a favor de GASV.
16.2. Para la operación de las estaciones se suscribieron anexos de comodato
precario, manuales de funciones y obligaciones recíprocas, y acuerdos
complementarios33. En esos documentos se previó que GASV entregaría las
obras y equipos necesarios para la operación del gas natural vehicular, pero
conservaría la propiedad sobre esos bienes. En particular, en el Anexo No. 1 de
comodato precario de la Oferta Mercantil OM-06-02 se relacionaron varios bienes
entregados por GASV para la operación de la estación Terpel Mónaco, entre ellos
un equipo modular de compresión de gas, dos surtidores, transformadores,
tableros eléctricos, celdas de medida, equipos de control, avisos de identificación
y extintores34.
16.3. GASV también obtuvo derechos de usufructo sobre áreas destinadas a la
operación del servicio de gas natural vehicular. En relación con la estación Terpel
Mónaco, obra la Escritura Pública 3865 de 28 de septiembre de 2007, mediante
la cual se constituyó a su favor un derecho de usufructo sobre el 45 % del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 370-61856235. En cuanto a
Terpel Oasis, obra la Escritura Pública 743 de 14 de abril de 2008, mediante la
cual se constituyó a favor de GASV un usufructo sobre una porción del inmueble
32 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 139 a 141, 157 a 158 y 179 a 182.
33 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 142 a 157 y 183 a 202.
34 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 144.
35 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 160 a 178.
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identificado con matrícula inmobiliaria 370-601378, destinada a la operación de
una estación de servicio de gas natural comprimido vehicular36.
16.4. Mediante resolución de 20 de febrero de 2008, la Fiscalía Segunda de la
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de
Activos inició de oficio el trámite de extinción del derecho de dominio contra Luis
Fernando Lopera Ramírez, bajo el radicado 558337. En esa actuación decretó el
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los establecimientos
de comercio Terpel Oasis y Terpel Mónaco, así como de las cuotas partes de
interés social o acciones de las sociedades vinculadas al trámite. También
dispuso que, una vez practicada la diligencia de secuestro, los bienes objeto de
la medida cautelar quedarían a disposición de la DNE. La resolución delimitó el
alcance de las medidas, en los siguientes términos:
De la misma manera se dispone el embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo de los dineros, bienes muebles, maquinaria pesada y semovientes,
que se encuentren dentro de los inmuebles afectados al momento de
materializar las medidas y de los cuales se considere sumariamente son de
propiedad de las personas contra quien se dirige esta acción38 (destacado
propio).
16.5.El 21 de febrero de 2008 se practicaron las diligencias de secuestro sobre
Terpel Oasis (que incluyó tanto el establecimiento de comercio como el inmueble)
y Terpel Mónaco (que se limitó al establecimiento de comercio):
16.5.1.De acuerdo con el acta de secuestro de 21 de febrero de 2008,
correspondiente al establecimiento de comercio Terpel Oasis, identificado con
matrícula mercantil 545149-2, se describió la infraestructura del lugar y se dejó
constancia de la existencia de surtidores de gas e infraestructura asociados a
GASV, diferenciados de los surtidores de combustible de Terpel39. El
establecimiento fue declarado legalmente secuestrado y quedó a disposición de
la DNE para su administración y destinación.
16.5.2. El 21 de febrero de 2008 también se practicó una diligencia separada de
secuestro del inmueble en el que funcionaba la estación Terpel Oasis,
identificado con matrícula inmobiliaria 370-60137840. En la diligencia se describió
el inmueble y se dejó constancia de que allí funcionaba una estación de servicio
con surtidores de combustible y una infraestructura de gas asociada a GASV,
que se encontraba en proceso de adecuación y no estaba en funcionamiento. En
esa actuación se declaró “legalmente secuestrado el inmueble”, se designó como
36 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 230 a 236.
37 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 203 a 211.
38 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 203 a 211.
39 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 216 a 219.
40 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 212 a 215.
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secuestre a la DNE y esta nombró como depositaria provisional a Luz Marina
Lopera Ramírez.
En igual fecha tuvo lugar el secuestro del establecimiento de comercio
16.5.3.
Terpel Mónaco, identificado con matrícula mercantil 546615-241. La diligencia fue
atendida por quien manifestó ser contador de la sociedad Mora Lopera y en el
acta se describió la estación de servicio y se hizo referencia a infraestructura de
gas asociada a GASV o en proceso de adecuación. La Fiscalía declaró
legalmente secuestrado el establecimiento y designó como secuestre a la DNE,
que nombró como depositaria provisional a Rocío Urbano. En el expediente no
obra acta de secuestro del inmueble en el que funcionaba la estación Terpel
Mónaco.
16.6. Por medio de la Resolución 446 de 28 de marzo de 2008, la DNE removió
a las depositarias inicialmente designadas para los establecimientos de comercio
Terpel Oasis y Terpel Mónaco, y nombró a Lilibeth Ortiz Calderón como
depositaria provisional, con funciones de representación legal de las sociedades
afectadas42.
16.7.El 30 de abril de 2008, GASV informó a la Fiscalía que los equipos, obras y
elementos instalados en las estaciones eran de su propiedad, provenían de
recursos lícitos y no tenían relación con las actividades investigadas dentro del
trámite de extinción de dominio43. Con fundamento en ello, solicitó que esos
bienes fueran excluidos de la actuación.
16.8. Mediante Resolución 739 de 13 de junio de 2008, la DNE removió a Lilibeth
Ortiz Calderón y nombró como depositario provisional a Marco Antonio Vargas
Salas44.
16.9. El 22 de noviembre de 2008, Marco Antonio Vargas Salas suscribió formato
único de noticia criminal, en el que denunció que Martha Lopera impedía la
administración de la estación de servicio Terpel Oasis mediante actuaciones
como el cambio de cerraduras e intimidaciones45.
16.10.Por medio de la Resolución 1607 de 4 de diciembre de 2008, la DNE
designó como nuevo depositario provisional a Diego Fernando Claros Muñoz46.
41 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 220 a 223.
42 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 224 a 229.
43 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 300 a 301.
44 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 250 a 258.
45 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 246.
46 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 268 a 271.
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16.11. El 12 de diciembre de 2008 se realizó una diligencia de entrega
relacionada con la estación Terpel Oasis, en la que participaron el depositario
provisional, un funcionario de la DNE y personas vinculadas al establecimiento.
En esa actuación se dejó constancia de dificultades para materializar la gestión
del depositario, derivadas de la oposición de Martha Lopera47.
16.12.El 12 de diciembre de 2008 también se intentó practicar la diligencia de
entrega de la estación Terpel Mónaco48. La actuación no se pudo llevar a cabo
porque Martha Lopera se opuso al ingreso al establecimiento, pese al
acompañamiento de la Policía.
16.13.Mediante Resolución 1774 de 19 de diciembre de 2008, la DNE removió
al depositario provisional anterior y designó a Rosa Aura María Susa Bolívar
como depositaria provisional de las sociedades y establecimientos afectados49.
16.14.El 20 de enero de 2009 se realizó diligencia de entrega de las sociedades
Lopera Ramírez y Mora Lopera, así como de los establecimientos de comercio
Terpel Oasis y Terpel Mónaco a favor de la depositaria provisional50. En el acta
se dejó constancia de que las personas vinculadas con la familia Lopera
manifestaron que no entregarían las estaciones sin orden judicial y de que no
hubo entrega física y real de los establecimientos por parte del administrador, del
representante de la familia Lopera ni de la persona que administraba y dirigía la
sociedad51.
16.15. Mediante comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009, la DNE
ordenó a GASV suspender el expendio de gas vehicular en las estaciones Terpel
Mónaco y Terpel Oasis, con fundamento en que la depositaria provisional era la
única autorizada para celebrar contratos de suministro52.
Por medio de la Resolución 713 de 29 de mayo de 2009, la DNE designó
16.16.
como depositario provisional a Germán de Jesús Gómez Gallego53.
16.17.El 4 de junio de 2009 se realizó diligencia de entrega de la estación Terpel
Oasis. A la diligencia comparecieron el depositario entrante, Gregorio Dávila,
47 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 444 a 447.
48 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 448.
49 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 264 a 271.
50 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 436 a 437.
51 En el acta se registró que la diligencia fue atendida en la estación Terpel Mónaco por Gregorio Dávila
Giraldo, quien manifestó tener un contrato de arrendamiento y no accedió a permitir la entrega. También
expresó que no reconocía la actuación porque la DNE no era una autoridad judicial. Suscribieron el acta
Gregorio Dávila Giraldo; Rosa Aura María Susa Bolívar, depositaria provisional; Pedro Álvarez Riaño,
Esperanza Trujillo Rodríguez y Libardo Guauta Rincón, funcionarios de la DNE; y los integrantes de la Policía
Nacional Juan David Cano Bedoya y Ricardo Narváez Ordóñez.
52 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 272 a 273.
53 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 274 a 281
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quien manifestó ostentar la posesión real y material del inmueble en el que
funcionaba la estación de manera ininterrumpida desde enero de 2009, y Jorge
Arturo Aceña García, contratista de la DNE54. La entrega no se pudo llevar a cabo
porque Gregorio Dávila se opuso a la diligencia, con fundamento en que
ostentaba la posesión como tercero de buena fe. En vista de esa negativa, se dio
por terminada la actuación.
16.18. El 22 de julio de 2009 se practicó diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho en el inmueble donde funcionaba la estación Terpel Oasis 55. La
diligencia fue atendida por Gregorio Dávila, quien nuevamente se opuso a la
entrega. En el acta se dejó constancia de que ni la depositaria provisional anterior
ni el depositario provisional que promovía la actuación habían tenido la posesión
material del bien. Igualmente se registró que la estación contaba con dos
surtidores de gas pertenecientes a GASV y que, para ese momento, no
funcionaban los surtidores de gas ni de gasolina.
16.19. El 23 de julio de 2009 se practicó diligencia de lanzamiento respecto de la
estación Terpel Mónaco, solicitada por el depositario provisional Germán de
Jesús Gómez Gallego56; sin embargo, la actuación no se pudo realizar por la
oposición del apoderado de Martha Lopera.
16.20. El 22 de septiembre de 2009, GASV solicitó a la DNE autorización para
retirar los equipos de su propiedad instalados en las estaciones Terpel Mónaco y
Terpel Oasis, porque la ejecución de los contratos de suministro y venta de gas
natural vehicular se había vuelto imposible. Indicó que en las estaciones no se
encontraba el depositario provisional designado por la DNE, sino personas que,
al parecer, se habían apoderado por la fuerza de los establecimientos, situación
que le impedía continuar la operación y le causaba perjuicios económicos57.
16.21. Mediante comunicación de 14 de octubre de 2009, la DNE respondió que
GASV podía ejercer la restitución de los bienes en su calidad de comodante y
propietaria58. Para ese efecto, debía coordinar con el depositario provisional
correspondiente y levantar el acta respectiva.
16.22.Por medio de la Resolución 1407 de 8 de septiembre de 2010, la DNE
designó como depositaria provisional a Melva Lucía Betancourt Cardona59.
54 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 421 a 423.
55 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 436 a 443.
56 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 425 a 427.
57 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 404 a 406
58 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 292.
59 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno llamamiento garantía, folios 30 a 36.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
16.23. El 15 de diciembre de 2010, GASV retiró de la estación Terpel Oasis el
compresor de gas natural y demás bienes de su propiedad60. Los equipos de la
estación Terpel Mónaco fueron retirados con posterioridad, según el concepto
técnico de la DNE de 23 de octubre de 201261.
16.24. Respecto de la estación Terpel Mónaco, no obra acta de retiro de bienes.
Sin embargo, en el concepto técnico de la DNE de 23 de octubre de 2012 se
indicó que el predio ya no prestaba el servicio de estación por la remoción de los
tanques de almacenamiento de hidrocarburos, gas y gasolina, y de los elementos
necesarios para esa actividad62. Además, en informe de gestión de la depositaria
provisional de 4 de marzo de 2013 se registró que GASV había retirado todos
sus equipos63.
ii) Ausencia de falla del servicio y nexo causal
17. El daño, cuya reparación solicitó GASV, consistió en la imposibilidad de
usar, explotar económicamente y disponer oportunamente de los equipos, obras
civiles, compresores, surtidores y demás elementos que tenía instalados para la
venta de gas natural vehicular en las estaciones Terpel Mónaco y Terpel Oasis.
17.1. Al respecto, se encuentra acreditado que GASV celebró contratos
mercantiles de comodato, acuerdos complementarios y derechos de usufructo
para desarrollar la actividad de venta de gas natural vehicular, conservó la
propiedad sobre varios de los bienes instalados y las actas de secuestro dejaron
constancia de la existencia de infraestructura de gas de propiedad de esa
sociedad dentro de los establecimientos. La imposibilidad de explotación se
concretó con la comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009, mediante
la cual la DNE solicitó suspender el expendio de gas vehicular en las estaciones
Terpel Mónaco y Terpel Oasis, con fundamento en que la depositaria provisional
era la única autorizada para celebrar contratos de suministro. Luego, el 22 de
septiembre de 2009, GASV solicitó autorización para retirar sus equipos porque
la ejecución de los contratos de suministro y venta de gas natural vehicular se
había vuelto imposible.
17.2. De tal modo, desde la suspensión del expendio de gas y hasta el retiro
efectivo de los bienes, GASV no pudo destinar sus equipos e infraestructura al
uso económico para el que habían sido instalados ni disponer materialmente de
ellos para ubicarlos en otro establecimiento o destinarlos a una actividad distinta.
60 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 356, 358 y 360.
61 Índice 125 de Samai del Tribunal.
62 Índice 125 de Samai del Tribunal.
63 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno llamamiento garantía, folio 68.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
17.3. El daño es antijurídico porque GASV no estaba en el deber jurídico de
soportar la privación del uso de bienes de su propiedad, de origen lícito y ajenos
al objeto de la acción de extinción de dominio. La resolución de 20 de febrero de
2008 señaló que la medida cautelar del proceso de extinción de dominio solo
cobijaba los bienes de Luis Fernando Lopera Ramírez, por lo que no debió
ejecutarse respecto de los equipos de GASV.
18. En la demanda, se indicó que el daño obedeció a tres actuaciones irregulares
de la DNE: (i) la extensión de los efectos de las medidas cautelares decretadas
por la Fiscalía a los equipos y a la infraestructura de propiedad de GASV; (ii) la
solicitud dirigida a suspender el suministro de gas, y (iii) la tardanza en permitir el
retiro de los bienes, una vez la sociedad pidió autorización para recuperarlos.
19. Como se explicó, el componente de la reclamación relacionado con la
suspensión del expendio no puede ser objeto de un pronunciamiento de fondo en
este proceso. Corresponde, entonces, establecer si la extensión material de las
medidas a los equipos de GASV produjo un daño indemnizable autónomo y si la
demora en su restitución resulta imputable a la DNE.
20. En relación con el primer reproche, la Sala encuentra que la DNE extendió
materialmente los efectos de las medidas cautelares a bienes que la orden de la
Fiscalía no comprendía. Esa irregularidad, sin embargo, no fue la causa de la
imposibilidad de explotación económica alegada en la demanda.
20.1. La resolución de 20 de febrero de 2008 decretó el embargo, secuestro y
suspensión del poder dispositivo de los establecimientos de comercio Terpel
Oasis y Terpel Mónaco, así como de las participaciones sociales vinculadas con
Luis Fernando Lopera Ramírez. Respecto de los bienes muebles ubicados en los
inmuebles afectados, la Fiscalía delimitó expresamente el alcance de la orden,
pues dispuso la medida únicamente sobre aquellos que se consideraran
sumariamente de propiedad de las personas contra quienes se dirigía la acción.
En concreto, ordenó:
“De la misma manera se dispone el embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo de los dineros, bienes muebles, maquinaria pesada y semovientes,
que se encuentren dentro de los inmuebles afectados al momento de materializar
las medidas y de los cuales se considere sumariamente son de propiedad de las
personas contra quien se dirige esta acción”.
20.1.1. Por tanto, la sola ubicación de un bien dentro de las estaciones no
autorizaba su afectación. Era necesario contar con elementos que permitieran
atribuir sumariamente su propiedad a los sujetos vinculados con el trámite de
extinción de dominio. La resolución no ordenó embargar o secuestrar los equipos
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
pertenecientes a terceros ni extendió las medidas a todos los elementos
utilizados para la operación de los establecimientos.
En las diligencias de secuestro de 21 de febrero de 2008 se dejó
20.1.2.
constancia de que en las estaciones existían surtidores e infraestructura de gas
asociados a GASV, diferenciados de los elementos destinados al expendio de los
demás combustibles. Además, la sociedad acreditó ante la Fiscalía, por lo menos
desde el 30 de abril de 2008, que reclamaba la propiedad de los equipos, obras
y elementos instalados para la venta de gas natural vehicular.
20.1.3.Pese a que desde las diligencias de secuestro se encontraba diferenciada
la infraestructura perteneciente a GASV, durante la administración de los
establecimientos la DNE extendió de hecho los efectos de las medidas cautelares
a esos bienes. Así se desprende de que la sociedad no pudiera disponer
autónomamente de ellos y, especialmente, de la respuesta de 14 de octubre de
2009, en la que la entidad, aunque reconoció expresamente a GASV como
comodante y propietaria, señaló que “para ejercer la restitución debía contactarse
con el depositario provisional y levantar el acta correspondiente” 64. Esa exigencia
evidencia que la disposición material de los equipos quedó sometida a la
administración provisional de los establecimientos, pese a que la orden de la
Fiscalía no comprendía los bienes de propiedad de terceros.
20.2. Sin embargo, esa irregularidad no produjo el daño cuya reparación
reclamó GASV. Las pruebas muestran que, después de las diligencias de
secuestro de 21 de febrero de 2008, continuó la explotación de la infraestructura
destinada a la venta de gas natural vehicular. En efecto, durante la diligencia
practicada el 12 de diciembre de 2008 en Terpel Oasis se realizó un arqueo del
dinero existente en el establecimiento y se registraron valores correspondientes
a ventas de gas vehicular. Por tanto, pese a que los equipos habían quedado
sometidos materialmente a la administración provisional, su utilización
económica no se encontraba impedida.
20.3. Esa conclusión coincide con la propia delimitación del perjuicio hecha por
GASV, pues el lucro cesante fue reclamado por el período posterior a la
suspensión del suministro de gas. Además, al solicitar el retiro de sus bienes el
22 de septiembre de 2009, la sociedad afirmó que la ejecución de los contratos
se había vuelto imposible precisamente por la suspensión del suministro y la
venta de gas. La comunicación SBI (SOC) 554 de 28 de enero de 2009 confirma,
a su vez, que hasta ese momento la actividad continuaba desarrollándose, pues
fue entonces cuando la DNE solicitó suspender el expendio. En consecuencia, la
64 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 292.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
imposibilidad de explotación alegada como fuente del daño se concretó con esa
decisión y no con la extensión inicial de las medidas cautelares.
21. En relación con el segundo reproche, tampoco se acreditó que la demora
en la restitución de los equipos fuera imputable a una actuación u omisión de la
DNE. Aunque desde las diligencias de secuestro existían elementos para advertir
que parte de la infraestructura instalada pertenecía a GASV, ese conocimiento
no otorgaba a la entidad acceso ni disponibilidad material sobre los bienes. La
prueba demuestra que la imposibilidad de asumir el control de los
establecimientos y, en consecuencia, de identificar, separar y restituir los equipos
obedeció a un hecho exclusivo y determinante de terceros, que reunió los
requisitos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad65.
21.1. La conducta fue exterior a la administración porque provino de personas
que no actuaban bajo la dirección, dependencia o control de la DNE. Quienes
conservaron la tenencia de las estaciones estaban vinculados con las sociedades
y los establecimientos afectados por las medidas cautelares, pero no ejercían
funciones por cuenta de la administración provisional ni obedecían instrucciones
de los depositarios designados por la entidad. Por el contrario, desconocieron las
decisiones adoptadas dentro del trámite de extinción de dominio e impidieron que
la DNE asumiera el control material de los bienes puestos bajo su administración.
21.2. La conducta también fue imprevisible para la DNE. Este requisito debe
valorarse con fundamento en las circunstancias existentes al momento en que se
produjo el hecho y no a partir de la información obtenida con posterioridad.
Cuando se practicaron las medidas cautelares y se designaron los depositarios
provisionales no existían antecedentes ni elementos objetivos que permitieran
prever razonablemente que quienes ocupaban las estaciones impedirían de
manera persistente la ejecución de las decisiones adoptadas dentro del trámite
de extinción de dominio y frustrarían el acceso material de la administración a los
establecimientos. La mera posibilidad abstracta de que los afectados ofrecieran
resistencia no hacía razonablemente previsible que esa oposición impidiera
durante un período prolongado el ejercicio de las funciones encomendadas a los
depositarios66.
21.3. Una vez manifestada esa resistencia, correspondía establecer si la DNE
podía superar sus efectos mediante los mecanismos jurídicos y materiales a su
65 En los términos que lo prevé la jurisprudencia de esta Corporación, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 30 de marzo de 2022, expediente 05001-23-31-000-2009-00844-01 (54064), CP Martín
Bermúdez Muñoz, reiterada en sentencia del 1 de diciembre de 2025, expediente 70001-23-33-000-2017-
00276-01 (70007), CP Diego Enrique Franco Victoria.
66 Esta Corporación ha entendido que la imprevisibilidad no se evalúa en abstracto sino a partir de las
circunstancias concretas del caso, tomando en consideración la normalidad y frecuencia del suceso, la
probabilidad de su realización y su carácter inopinado o sorpresivo. Consejo de Estado, sentencia del 26 de
marzo de 2008, expediente 85001-23-31-000-1997-00440-01(16530), CP Mauricio Fajardo Gómez.
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alcance. Las pruebas demuestran que la entidad designó sucesivamente
depositarios provisionales, promovió diligencias de entrega, solicitó
acompañamiento de la Policía, impulsó actuaciones de lanzamiento y puso en
conocimiento de las autoridades los obstáculos impuestos a la administración.
Sin embargo, esas actuaciones no permitieron obtener el control efectivo de las
estaciones ni disponer materialmente de los equipos de GASV. En consecuencia,
la conducta de los terceros también resultó irresistible.
El 4 de junio de 2009 se realizó una diligencia de entrega de la estación
21.3.1.
Terpel Oasis. La actuación fue atendida por Gregorio Dávila Giraldo, quien
manifestó tener la posesión real y material del inmueble desde enero de 2009 y
se opuso a la entrega67. Por esa razón, la diligencia fue declarada fallida.
21.3.2.El 22 de julio de 2009 se practicó diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho en el inmueble de la estación Terpel Oasis, solicitada por el depositario
provisional68. Gregorio Dávila Giraldo volvió a oponerse. En el acta se dejó
constancia de que ni la depositaria provisional anterior ni el depositario que
promovía la actuación habían tenido la posesión material del bien, y de que los
surtidores de gas de GASV no funcionaban para ese momento.
21.3.3.El 23 de julio de 2009 se practicó diligencia de lanzamiento respecto de la
estación Terpel Mónaco, solicitada por el depositario provisional Germán de
Jesús Gómez Gallego69. Sin embargo, la actuación tampoco pudo realizarse por
la oposición del apoderado de Martha Doris Lopera Ramírez.
21.3.4.Además, el depositario Marco Antonio Vargas Salas formuló noticia
criminal por los obstáculos impuestos a la administración. Estas pruebas
muestran que la falta de control sobre las estaciones no obedeció a una omisión
de la DNE, sino a la resistencia de las personas que las ocupaban y
administraban materialmente, quienes impidieron la entrega aun después de que
se promovieron actuaciones dirigidas a recuperarlas.
21.4. La DNE no tenía facultad para ingresar por la fuerza a los
establecimientos, desalojar directamente a sus ocupantes o retirar los equipos al
margen de los procedimientos administrativos, policivos y judiciales establecidos
para recuperar el control de los bienes. Tampoco se acreditó la existencia de una
actuación adicional, jurídicamente exigible y materialmente idónea, que la entidad
hubiera omitido y que habría permitido superar oportunamente la resistencia.
67 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 421 a 423.
68 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 436 a 443.
69 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 425 a 427.
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21.5. La sola circunstancia de que las actuaciones promovidas no hubieran
producido de inmediato la recuperación de las estaciones no permite inferir una
falla del servicio. Para ello era necesario demostrar que la DNE contaba con un
medio concreto y eficaz para obtener el acceso y que, pese a ello, se abstuvo
injustificadamente de utilizarlo.
21.6. Igualmente, el tiempo transcurrido desde que se conoció que la
infraestructura pertenecía a GASV tampoco desvirtúa la incidencia causal del
hecho de los terceros. Mientras las estaciones permanecieron bajo el control
material de sus ocupantes, los depositarios no podían verificar el estado de la
infraestructura, individualizar los equipos, coordinar su desinstalación ni
formalizar su entrega. La imposibilidad de restitución no derivó del
desconocimiento de la propiedad de la demandante, sino de la falta de
disponibilidad material sobre los lugares donde se encontraban instalados los
bienes.
21.7. Tampoco se demostró que la DNE hubiera obstaculizado la restitución de
los equipos ni desconocido el derecho de GASV a recuperarlos. En efecto, el 22
de septiembre de 2009 GASV solicitó autorización70 y, mediante comunicación
de 14 de octubre de 2009, la DNE indicó que GASV podía ejercer la restitución
en su calidad de comodante y propietaria, previa coordinación con el depositario
provisional y levantamiento del acta correspondiente71.
21.8. Esa respuesta permite descartar que la DNE hubiera decidido retener los
equipos o negar su devolución. Tampoco se probó que, después de reconocer el
derecho de GASV a retirarlos, la entidad hubiera tenido control material de los
establecimientos y omitido injustificadamente ejecutar la entrega. Por el contrario,
las pruebas muestran que los depositarios no habían logrado asumir la posesión
efectiva de las estaciones.
21.9. En consecuencia, la demora en la restitución obedeció a la resistencia de
quienes conservaron el control material de las estaciones, conducta que
constituyó un hecho externo, imprevisible en su origen e irresistible para la DNE.
No se acreditó una actuación u omisión concurrente de la entidad con incidencia
causal en ese resultado, razón por la cual no hay lugar a imputarle el daño
alegado por GASV.
22. En suma, respecto de las pretensiones cuyo estudio de fondo resulta
procedente, GASV no acreditó que el daño fuera imputable a la SAE, como
sucesora procesal de la DNE. Aunque la entidad extendió materialmente los
efectos de las medidas cautelares a los equipos de GASV, esa actuación no
70 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folios 404 a 406.
71 Índice 155 de Samai del Tribunal, Cuaderno No. 1(.pdf), folio 292.
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produjo el perjuicio económico cuya reparación se reclamó, pues la explotación
continuó hasta enero de 2009. Por su parte, la demora en la restitución obedeció
a la falta de control material sobre los establecimientos por la resistencia de
quienes los ocupaban y no a una actuación u omisión imputable a la DNE.
23. En consecuencia, se negarán las pretensiones formuladas contra la SAE.
24. Al no prosperar las pretensiones formuladas contra la SAE, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 217 del CCA72 y 57 del CPC73 tampoco prospera
el llamamiento en garantía formulado por la DNE contra los depositarios
provisionales.
J. Costas
25. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:
PRIMERO. DECLARAR probada la caducidad respecto de las pretensiones
formuladas contra la Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción respecto
de las pretensiones de reparación derivadas de la comunicación SBI
(SOC) 554 de 28 de enero de 2009.
72 “Artículo 217: En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte
demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía
o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
73 “Artículo 57: Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio
que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la
sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El
llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.
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Demandante: Sociedad GASV S.A.
TERCERO. NEGAR las pretensiones formuladas contra la Sociedad de Activos
Especiales SAS, como sucesora procesal de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
CUARTO. NEGAR las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por
la Dirección Nacional de Estupefacientes contra Lilibeth Ortiz Calderón, Marco
Antonio Vargas Salas, Diego Fernando Claros Muñoz, Rosa Aura María Susa
Bolívar, Germán de Jesús Gómez Gallego y Melva Lucía Betancourt Cardona.
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con aclaración de voto
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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