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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00318-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00318-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: 82 Radicación: 08001233100020090031801 (51353) Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Ana Delia Escalante Pérez y Ramon Elías Gallo Escalante. SEGUNDO: DECLARAR la indebida representación de la Nación en el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. TERCERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. de los perjuicios causados a los demandantes con la muerte de Eislen Escalante Pérez, ocurrida el 14 de octubre de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. actúa como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. “CUARTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. (como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.” a pagar por perjuicios morales la suma de 100 SMLMV para María Celina Pérez de Escalante y 50 SMLMV para Evanes Robles Pérez. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. fue legitimada como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. QUINTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. (como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.) a pagar por lucro cesante la suma de $15.988.228,83 para María Celina Pérez de Escalante. Lo anterior, teniendo en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2009-00318-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: MARÍA CELINA PÉREZ DE ESCALANTE Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y
OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad
y protección. Condena.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En múltiples ocasiones, Eislen Escalante Pérez, quien se desempeñaba como líder
comunal, denunció ante el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía Nacional,
la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad -
D.A.S. que era objeto de amenazas contra su vida y solicitó protección. Entre los
años 2001 y 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. y la
Policía Nacional elaboraron 6 evaluaciones de riesgo que clasificaron el nivel de
peligro del solicitante como “medio – bajo” y como medidas de seguridad le
recomendaron autoprotección y mantener comunicación directa con las
autoridades públicas mediante equipo Avantel que le fue entregado por el Programa
de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia e igualmente establecieron la
realización de revistas policiales esporádicas al lugar de trabajo y residencia de la
víctima. El 14 de octubre de 2005, Eislen Escalante Pérez falleció como
consecuencia del accionar de dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta
y le propinaron dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia,
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y
el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. son patrimonialmente
responsables de la muerte de Eislen Escalante Pérez porque “no le brindaron
protección […] y por culpa de ello fue asesinado, ya que el señor Eislen Escalante
Pérez se hallaba en especiales circunstancias de riesgo; además era un hecho de
notoriedad pública del (sic) inminente peligro que corría su vida, ocasionándole dolor
profundo a los accionantes”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 16 de octubre de 20071, María Celina Pérez de Escalante, Ana Delia Escalante
Pérez, Ramon Elías Gallo Escalante2, Evanes Robles Pérez, Eislen Robles Pérez,
Robinson Fabian Robles Pérez, Holmer Pacheco Robles, Dairon Stiben Pacheco
Robles3, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia,
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y
el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. para que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por la muerte de
Eislen Escalante Pérez.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las
entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, para María Celina Pérez de
Escalante 300 SMLMV, para Evanes Robles Pérez 200 SMLMV, y para cada uno
de los demás demandantes 100 SMLMV; por lucro cesante, para María Celina
Pérez de Escalante la suma de $300.000 pesos mensuales desde la fecha de
fallecimiento de Eislen Escalante Pérez o el 40% de lo que este devengaba, incluido
el 25% de prestaciones sociales o, subsidiariamente, lo que se demuestre en el
proceso; por daño a la vida de relación, para cada uno de los demandantes 100
SMLMV.

1 Fl. 1 a 22, C. 1.
2 Fl. 24, C.1. Ana Delia Escalante Pérez y Ramon Elías Gallo Escalante están representados por su

progenitora María Celina Pérez de Escalante.
3 Fl. 22, C.1. Eislen Robles Pérez, Robinson Fabian Robles Pérez, Holmer Pacheco Robles y Dairon

Stiben Pacheco Robles, están representados por su progenitora Evanes Robles Pérez

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Eislen Escalante
Pérez era líder comunal y político de la ciudad de Cúcuta, de donde, en fecha no
especificada en la demanda, tuvo que huir por presiones de grupos al margen de la
ley que amenazaban con acabar con su vida.

Sostuvo que fue así como Eislen Escalante Pérez, en fecha que tampoco fue
determinada, se desplazó a la ciudad de Barranquilla, donde retomó sus labores
como líder comunitario y creó la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema
"POR UNA COLOMBIA NUEVA", en la que fungió como representante legal.

Señaló que la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "POR UNA
COLOMBIA NUEVA" dio acompañamiento a las personas de "La Isla - La Loma
sección 1" de Barranquilla, que estaban siendo atemorizadas por grupos al margen
de la ley que se apropiaban de las tierras de los lugareños (isleños) y comerciaban
con tubos del gasoducto de la empresa "Promigas".

En la demanda se indicó también que la protección de las personas de "La Isla - La
Loma sección 1" produjo una serie de amenazas por parte de los grupos al margen
de la ley en contra de Eislen Escalante Pérez,.

Advirtió que, en fecha indeterminada, las amenazas fueron informadas a las
autoridades de policía, solicitando protección para Eislen Escalante Pérez.

Informó que, en fecha indeterminada, Eislen Escalante Pérez presentó la acción de
tutela Rad. No. 08-001-22-04-003-2003-00156-00.

Expuso que el 1º de agosto de 2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla - Sala Plena de Decisión tuteló los derechos fundamentales de Eislen
Escalante Pérez y le ordenó al Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
"CRER" del Grupo de Protección del Ministerio del Interior, del D.A.S. o de la Policía
Judicial "SIJIN" que elaborara la respectiva evaluación de riesgos.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Aseveró que el 12 de febrero de 2005, ante la Fiscalía General de la Nación, se
presentó un memorial que solicitaba la protección inmediata de Eislen Escalante
Pérez, entre otros.

Afirmó que el 26 de Abril de 2005, ante la Dirección General de la Red de Solidaridad
Social, se expuso la situación de peligro en que se encontraba Eislen Escalante
Pérez, y quienes acudían a la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema
“POR UNA COLOMBIA NUEVA", solicitando la debida protección.

Aseguró que el 12 de mayo de 2005 ante la Unidad Especializada de la Fiscalía
General de la Nación se presentó la solicitud expresa de protección “urgente” para
Eislen Escalante Pérez, entre otros.

Expuso que, en fecha no especificada, Eislen Escalante Pérez interpuso una
segunda acción de tutela en contra de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia
de la Republica.

Sostuvo que el 7 de junio de 2005, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la
acción de tutela antes referida.

Afirmó que, en fecha sin especificar, la Asociación de Desplazados Victimas del
Sistema "POR UNA COLOMBIA NUEVA" y las victimas residentes en "La Loma,
frente al Barrio Barlovento de Barranquilla - Zona o Isla del ICA", denunciaron los
hechos de Desplazamiento Forzado y Hurto Calificado Agravado que les aquejaba.

Aseveró que, en fecha indeterminada, la Fiscalía Seccional de Barranquilla dio
apertura a una investigación penal en contra de José Trinidad Becerra Pineda,
William Becerra Navarro, Dionel Becerra Navarro, Carlos Nain Chinchiná Pérez,
Emir Arcesio Rodriguez Chinchina, Rosmira Becerra Navarro, Ricardo Manuel
Sanes Silva, Julio Sosa, Arles Arturo Rojas Martínez, Leiner Samuel Bonett Prada,
Luis Emilio Amaya Angarita, José Domingo Lejarde Domínguez, Eduber Becerra
Navarro, Carlos Julio Chinchiná Carrillo y Adolfo Enrique Cuellar Noguera.

Narró que el 29 de junio de 2005, el Juez Único Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla resolvió la situación jurídica de los investigados antes mencionados,

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

absteniéndose de imponer medida de aseguramiento, cancelando las respectivas
órdenes de captura y ordenando la libertad de quienes estaban detenidos.

Declaró que el 7 de octubre de 2005, Eislen Escalante Pérez dirigió al Ministerio de
Interior y Justicia en su Programa de Protección y del Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos "CRER" un oficio en el que reiteraba las constantes
amenazas a que se veía expuesto y su inminente muerte.

Manifestó que el 14 de octubre de 2005, Eislen Escalante Pérez fue asesinado.

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia,
Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y
el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S., son patrimonialmente
responsables de la muerte de Eislen Escalante Pérez porque “no le brindaron
protección […] y por culpa de ello fue asesinado, ya que el señor Eislen Escalante
Pérez se hallaba en especiales circunstancias de riesgo; además era un hecho de
notoriedad pública del (sic) inminente peligro que corría su vida, ocasionándole dolor
profundo a los accionantes”.

2. Contestaciones

El 9 de noviembre de 20074, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El Ministerio del Interior y de Justicia5 arguyó ausencia de imputabilidad jurídica
dado el cumplimiento del contenido obligacional y la culpa de la víctima como
causante del daño antijurídico, en consideración a que la entidad ordenó como
medidas de seguridad y proporcionó los medios para que Eislen Escalante Pérez
saliera de la zona de riesgo. Sin embargo, Escalante Pérez se mantuvo efectuando
sus actividades comunitarias en el lugar que representaba el peligro. Propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la
obligación de reparación.

4 Fl. 121, C. 1.
5 Fl. 130 a 150, C. 1.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

2.2. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional6 señaló que la muerte de Eislen
Escalante Pérez era imputable al hecho del tercero, como se corroboraba con las
confesiones y declaraciones de quienes se acogieron a los beneficios de la Ley 975
de 2005, publicadas en los diarios El Tiempo y El Heraldo.

2.3. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional7 manifestó que el daño causado a
los demandantes fue producto del actuar de grupos al margen de la ley y que las
fuerzas militares no tuvieron conocimiento de los hechos y circunstancias que
precedieron la muerte de Eislen Escalante Pérez.

2.4. El Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.8 sostuvo que los hechos
que sustentaban la demanda no fueron causados por esta entidad, sino por el hecho
del tercero, consistente en el actuar delictivo de grupos armados al margen de la
ley.

2.5. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 19 de diciembre de 20129 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional10 reiteró que la muerte de Eislen
Escalante Pérez se configuró por causa del hecho del tercero, aunando a la culpa
de la víctima, quien no acató las medidas de seguridad que le proporcionó el
Ministerio del Interior y de Justicia y “despilfarró” la ayuda humanitaria y económica
que le fue entregada.

3.2. El extremo activo, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el Ministerio del
Interior y de Justicia, el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S., la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

6 Fl. 193 a 196, C.1.
7 Fl. 206 a 211, C. 1.
8 Fl. 221 a 229 y 236 a 244, C.2.
9 Fl. 420, C.2.
10 Fl. 421 a 430, C.2.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 22 de marzo de 201311, el Tribunal Administrativo del
Atlántico condenó al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., en
consideración a que encontró probado que el daño antijurídico - muerte de Eislen
Escalante Pérez fue generada por la omisión de seguridad eficiente por parte de
estas entidades. Exoneró de responsabilidad a la Nación Ministerio de Defensa
Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, porque consideró no
acreditado que estas entidades tuvieron conocimiento de las amenazas padecidas
por la víctima.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico condenó el Ministerio del
Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. y al

11 Fl. 444 a 470, C.3. “De las pruebas aportadas se tiene que efectivamente el señor EISLEN
ESCALANTE como Representante de la Asociación de Desplazados y Víctimas "POR UNA
COLOMBIA NUEVA" era una persona que por defender a los residentes del Sector la Isla y la Loma
ubicada (sic) en Barranquilla quienes eran desplazados fue amenazado de muerte situación que
comunicó y denunció a las autoridades correspondientes, sin embargo ésta protección no fue
otorgada por considerar que el nivel del estudio de riesgo y amenaza era medio bajo y de otro lado
también fue negado por el Ministerio de Protección Social por cuanto aseguró haber sido brindada
cuando se desempeñó como fiscal de ADVICORA y en el nuevo estudio de riesgo por las amenazas
surgidas como representante a la organización que representaba no podía brindársele por arrojar el
estudio de nivel de riesgo medio bajo, por tal razón si se había informado y solicitando
constantemente las medidas por parte del señor Escalante Pérez, sin embargo nunca obtuvo las
medidas de protección. Se tiene que éstas protecciones no fueron brindadas por ninguna de las
autoridades como el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, DAS, POLICIA NACIONAL y
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, como era brindarle escoltas o un vehículo para que lo
transportara; sin embargo esas medidas de protección siempre fueron negadas por arrojar el estudio
de nivel de riesgo medio bajo que impedían otorgársela y por eso sólo le indicaban recomendaciones
a tener en cuenta, lo cual para el señor Eislen Escalante era deficiente, por tanto se encontraba
desprovisto. […] De los elementos de juicio allegados al expediente la Sala concluye que
efectivamente, tal como lo determinó el estudio de valoración de riesgo efectuado por la el DAS en
el ciudadano EISLEN ESCALANTE PEREZ no fue acertado, por cuanto había acreditado su
condición de miembro activo de una organización que propende por la defensa de los derechos
humanos, y que aglutina a víctimas de desplazamiento forzado (Art. 2°. 3 y 7). Las circunstancias
relatadas por los otros miembros de la organización permiten deducir la relación de las amenazas
con la actividad desarrollada por el señor Escalante Pérez como Presidente de dicha Asociación,
además había el ya había (sic) denunciado éstos hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Es
decir, al Ministerio del Interior le correspondía desarrollar todos los programas y acciones para
brindarle protección en coordinación con el DAS y la Policía Nacional, entes encargado (sic) de
brindarle seguridad a la víctima, no actuando de manera diligente, a pesar de los diferentes oficios
enviados por el señor Eislen Escalante Pérez, por lo que considera la Sala que los entes
demandados tuvieron una actitud omisiva que propició que el señor Escalante Pérez fuera blanco
de los sicarios, a pesar que según las pruebas allegadas al proceso requería de protección por ser
una persona desplazada. […] En cuanto a la responsabilidad del DAS y de la Policía (sic) Nacional
deben responder de manera solidaria con el Ministerio del Interior y de Justicia, dado que éstos
estudiaron el nivel de riesgo del señor EISLEN ESCALANTE PEREZ y arrojaron nivel medio bajo por
tanto se entiende que también debe responder por la seguridad del representante de la Sociedad de
Desplazados y victimas "POR UNA NUEVA COLOMBIA."

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100
SMLMV a María Celina Pérez de Escalante y 50 SMLMV a Ana Delia Escalante
Pérez, negando los perjuicios materiales y los peticionados por los demás
demandantes.

5. Recursos de apelación

El 26 de junio y el 3 y 4 de julio de 2013, en su orden, la Unidad Nacional de
Protección U.N.P., el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la parte actora
interpusieron los recursos de apelación que fueron concedidos el 27 de febrero de
201412.

Los recursos interpuestos por el Departamento Administrativo de Seguridad –
D.A.S., el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la
parte actora fueron admitidos el 7 de julio de 201413 y 19 de agosto de 201414, por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró desierta
la alzada presentada por la Unidad Nacional de Protección U.N.P., por ausencia de
los requisitos del artículo 43 de la Ley 640 de 2001.

5.1. El Departamento Administrativo de Seguridad15 argumentó la existencia de las
causales de exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero y la culpa
exclusiva de la víctima, anotando que a la víctima se le brindaron todos los medios
de protección de acuerdo al nivel de riesgos arrojado en el respectivo estudio (bajo).

5.2. El Ministerio del Interior16 reiteró lo dicho en la contestación a la demanda, en
cuanto a que la víctima recibió las medidas preventivas de acuerdo al nivel de riesgo
arrojado por los respectivos estudios y, adicionalmente, como medida preventiva
exprés se le otorgaron tiquetes aéreos nacionales y apoyo económico para salir de
la zona, pero Escalante Pérez ignoró esta recomendación, no salió de la zona y
continuó con sus actividades en la ciudad de Barranquilla. En consecuencia,
advierte “inexistencia del hecho generador de la falla del servicio a cargo del

12 Fl. 528, C.3.
13 Fl. 541 a 543, C.3.
14 Fl. 549, C.3.
15 Fl. 481 a 488, C.3.
16 Fl. 494 a 495, C.3.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Estado”.

5.3. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional17 resaltó que los estudios de riesgo
elaborados por sus agentes y por el Departamento Administrativo de Seguridad –
D.A.S., coincidieron en calificar las condiciones de Eislen Escalante Pérez en el
nivel medio – bajo de peligro, el cual no ameritaba la asignación de elementos de
seguridad o escoltas. Así, señaló que la Policía Nacional se ciñó estrictamente a los
lineamientos establecidos por el legislador para esta clase de riesgo y que el daño
era consecuencia del hecho del tercero, aunado al hecho de la víctima que
desconoció las recomendaciones que en materia de autoprotección se le
suministraron e ignoró y desperdició los medios económicos suministrados por el
entonces Ministerio del Interior y de Justicia.

5.4. La parte actora18 solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales
peticionados a favor de María Celina Pérez de Escalante y Evanes Robles Pérez,
así como de los perjuicios morales causados a los demás demandantes.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 23 de septiembre de 201419 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional20, reiteró lo dicho en el escrito de
apelación.

6.2. La Fiscalía General de la Nación21 alegó ausencia de falla en el servicio en
cabeza suya.

6.3. El Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S., la parte demandante y el
Ministerio Público guardaron silencio.

17 Fl. 501 a 506, C.3.
18 Fl. 509 a 516, C.3.
19 Fl. 553, C.3.
20 Fl. 574 a 580, C.3.
21 Fl. 556 a 561, C.3.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida
de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de
reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación22, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso
Administrativo.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8623 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de un daño por hechos imputables al Departamento Administrativo de
Seguridad - D.A.S. y a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía
General de la Nación, Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se

22 La pretensión mayor de la demanda se estima en 1.100 s.m.l.m.v., lo cual es superior a 500

SMLMV ($257.500.000) del año en que ésta se presentó.
23 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal24.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general25, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción26, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

24 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure27 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia28, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la muerte de Eislen Escalante Pérez tuvo ocurrencia el

27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

14 de octubre de 2005 (hecho probado 7.1.50); y ii) que la demanda se presentó el
16 de octubre de 200729-30, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años
establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.

4.1. María Celina Pérez de Escalante (madre), Evanes Robles Pérez (hermana),
Eislen Javier Robles Pérez (sobrino), Robinson Fabian Robles Pérez (sobrino),
Holmer Pacheco Robles (sobrino), Dairon Stiben Pacheco Robles (sobrino) son las
personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y
están legitimados en la causa por activa, puesto que conformaban el núcleo familiar
de Eislen Escalante Pérez (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de
cada uno de sus registros civiles de nacimiento32.

4.2. Ana Delia Escalante Pérez y Ramon Elías Gallo Escalante no están legitimados
en la causa por activa, toda vez que no obran en el plenario los registros civiles de
nacimiento que demuestren la condición de hermana y sobrino aducidas en la
demanda, así como tampoco se tienen medios de prueba que los acredite como
terceros damnificados.

4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, pues según el libelo introductorio
son patrimonialmente responsables por la muerte de Eislen Escalante Pérez,
producto de la omisión en el deber seguridad y protección de la víctima. No está de

29 Fl. 1 a 22, C. 1.
30 Debe advertirse que los días 14 y 15 de octubre de 2007 fueron inhábiles.
31 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
32 Fl. 104 y 110 a 115, C.1.

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más precisar que en este caso la Unidad Nacional de Protección – U.N.P33. está
legitimada en la causa por pasiva como sucesor procesal del Ministerio del Interior
y de Justicia34.

4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva, pero no se encuentra
debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda
vez que la demanda no aduce hecho alguno que pudiera ser imputado a esta
entidad, y tampoco obran medios de prueba que así lo acrediten.

4.5. El Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. está legitimado en la
causa por pasiva, pues según el libelo introductorio es patrimonialmente
responsable por la muerte de Eislen Escalante Pérez producto de la omisión en el
deber seguridad y protección de la víctima. Igualmente debe advertirse que en este
caso la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. está legitimada en la causa por
pasiva como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad -
D.A.S35.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se reúnen los presupuestos
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio del Interior y
de Justicia, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación
y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S., por omisión en el deber
de protección y seguridad de Eislen Escalante Pérez.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado, la imputación de responsabilidad al

33 Mediante el Decreto 4065 de 2011, Artículo 1, “Créase la Unidad Administrativa Especial del orden

nacional, denominada Unidad Nacional de Protección (UNP), con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del Sector
Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad.”
34 Fl. 670 a 672, C.3. Mediante auto del 23 de mayo de 2016, se reconoció a la Unidad Nacional de

Protección – U.N.P. como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia.
35 Fl. 541 a 543, C.3. Mediante auto del 7 de julio de 2014, se reconoció a la Unidad Nacional de

Protección – U.N.P. como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.

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Estado por omisión en el deber de protección, el hecho exclusivo del tercero y la
culpa de la víctima.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199136 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho37, que contraría el orden legal38 o que está desprovista de una
causa que la justifique39, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida40, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el

36 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
38 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
40 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros41.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión en el deber de seguridad y protección

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado42.

Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”43.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
42 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
43 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-

184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.

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En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,
proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44 y 7344 superiores, así como del bloque de constitucionalidad45,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194846, como la Convención Americana47 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos48 contemplan el derecho a la seguridad personal.

Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”49. De manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo

44 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
45 Ibidem.
46 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre

internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
47 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al

ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
48 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone

en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
49 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio

del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentara solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.

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de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables
contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.

Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades públicas, en cuyos fundamentos y limites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991, puesto
que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas50.

Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
se exigió acreditar que la víctima había solicitado la protección policiva 51; ante lo
cual también se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado52.

Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encontrara en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque expresamente no
lo hubiera pedido, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
policiales debían observar permanente alerta y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita53.

En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las
circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha

50 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger

a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(…)”.
51 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
53 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.

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autoridad”54; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de
violencia” de grupos armados insurgentes55, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado56.

Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
peligro57, Así, ante un nivel de amenaza extrema58 nace la obligación del Estado de
adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo59, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.

54 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
57 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
58 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de

riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
59 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía

General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida
de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades

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En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”60.

Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia61.

No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario
cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para

accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la
accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
61 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa

que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,
sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.

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el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto62, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona 63; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes64; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley65.

6.3. Hecho exclusivo de un tercero

El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto 66. Esta
Sección67 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.

Asimismo, esta Corporación68 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual
la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del
demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio,
es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público

62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia

del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
63 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
65 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:

46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.:
32912A; Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.

Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante69.

6.4. Hecho o culpa exclusiva de la víctima

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere
si se acredita que el daño es imputable al hecho determinante y exclusivo de la
propia víctima 70.

Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación71 de
referirse, en los siguientes términos:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza
mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima
-, constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de vista jurídico,
la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio.
Para que se estructuren se requiere lo siguiente: “Tres son los elementos cuya
concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea
procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad
y (iii) su exterioridad respecto del demandado (…) Por otra parte, a efectos de
que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o
de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u
omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del
daño.”

De lo anterior, claramente se deduce que cuando se alega el hecho o la culpa
exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier
actuación de esta puede generar un verdadero rompimiento de la imputación, pues
deben cumplirse los requisitos de irrestibilidad, imprevisibilidad y exterioridad en los
términos anteriormente expuestos para que el Estado resulte exonerado de
responsabilidad. Corolario de lo anterior, el hecho o la culpa exclusiva de la víctima,

69 Ibídem.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671; Sentencia del

22 de noviembre de 2017, Rad. 39848.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de marzo de 2011, Rad.:19067.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

como eximente de responsabilidad y desde el punto de vista jurídico, impide realizar
la imputación del daño a la Administración72.

En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la
conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir,
que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y
determinante en la producción o resultado del hecho lesivo73 o que haya contribuido
a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de marzo
de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, las entidades demandadas aducen el cumplimiento de
la normatividad que rige lo relativo al deber de seguridad y protección de las
personas, así como exponen que la muerte de Eislen Escalante Pérez es atribuible
al hecho del tercero, aunado a la culpa de la propia víctima. Por su parte, el extremo
activo solicitó efectuar el reconocimiento de los perjuicios denegados en primera
instancia.

En ese sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, el asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo
357 del Código de Procedimiento Civil74. Por ello, a continuación se analizará si y la
Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de
Seguridad - D.A.S., son patrimonialmente responsables por los perjuicios
ocasionados por la muerte de Eislen Escalante Pérez.

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671.
73 Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 17605. Consejo de

Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 18562.
74 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable

al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa
allegadas al plenario serán valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en
acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando
que ella sola no es suficiente para acreditar la veracidad y certidumbre de la
información publicada. En otras palabras, se advierte que la divulgación periodística,
por sí sola, no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben
ser analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia75.

Asimismo, en el caso concreto se les otorgará valor a las pruebas documentales
presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 201376, sin que
ello signifique relevar a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el
legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o
circunstancias.

7.1.1. Consta que, en el año 2001, Eislen Escalante Pérez fue incluido como
beneficiario del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia,
según da cuenta la certificación remitida el 28 de marzo de 2008 por el mencionado
Ministerio al presente proceso77.

75 Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa Administrativa. Sentencia del 29 de mayo de 2012.

Rad.: 11001031500020110137800. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.: 25022
77 Fl. 259 a 262, C.2.

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7.1.2. Se estableció que el 24 de abril de 2001, el Departamento Administrativo de
Seguridad – D.A.S. elaboró la evaluación sobre el nivel de riesgo y grado de
amenaza de Eislen Escalante Pérez, según da cuenta el respectivo informe78 que
consignó las manifestaciones del estudiado, quien afirmó que las amenazas se
presentaron en razón de su labor como fiscal suplente y veedor de la Asociación de
Desplazados por la Violencia Radicados en el Atlántico – ADVICORA; que con
anterioridad la víctima fue objeto de secuestro durante 8 días, y que se desconocían
los motivos y autores del hecho e igualmente se informa que fue concejal de Cúcuta,
momento en el cual fue amenazado por la guerrilla, situación que lo obligó a
desplazarse a la ciudad de Barranquilla donde se unió a la Asociación de
desplazados.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. consideró que
las medidas de seguridad personal de Escalante Pérez eran deficientes por cuanto
no contaba con medios técnicos de seguridad en los lugares de residencia y
oficina, que la información que se tenía de las amenazas provenía de terceras
personas, entre ellas algunas desconocidas que se presentaban en la oficina de
ADVICORA indagando por el domicilio de la víctima, sin dejar mensaje alguno y sin
que observaran una actitud agresiva, ni términos amenazantes. En este sentido, la
entidad advirtió que la amenaza tenía origen desconocido, una motivación laboral y
concluyó que las amenazas mencionadas por el estudiado obedecían a diferencias
con personas de la Red de Solidaridad, de la ONG Pastoral Social y de otros líderes
desplazados, anotando que “no fue posible establecer las amenazas por cuanto
carece de información que […] permita hacer una evaluación a fondo de su
situación”.

Así, Eislen Escalante Pérez fue calificado con nivel de riesgo medio – bajo, en cuyo
efecto recibió el manual de medidas pertinentes para su seguridad personal, las
pautas para el reconocimiento de un paquete bomba y la información de los puntos
de apoyo más cercanos a su lugar de trabajo y residencia.

7.1.3. Se tiene que el 14 de mayo de 2001, el Comité Técnico de la Oficina de
Protección Especial del Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. avaló

78 Fl. 264 a 272, C.2.

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el estudio de riesgo elaborado a Eislen Escalante Pérez, en el nivel de riesgo medio
– bajo, según da cuenta el oficio 212879

7.1.4. Se probó que el 24 de mayo de 2001, el Jefe de la Oficina de Protección
Especial del Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. le informó a la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia que el
estudio de riesgo elaborado a Eislen Escalante Pérez arrojó como resultado un nivel
de riesgo medio – bajo, según da cuenta el oficio 212880 y la certificación remitida
el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al presente proceso81.

7.1.5. Aparece que el 31 de agosto de 2001, el Programa de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia le entregó a Eislen Escalante Pérez tiquetes
aéreos nacionales por un valor de $183.500, para reubicación temporal, según da
cuenta la certificación remitida el 28 de marzo de 2008 por el mencionado Ministerio
al presente proceso82.

7.1.6. Se tiene que el 3 de septiembre de 2001, el Programa de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia le entregó a Eislen Escalante Pérez un apoyo
económico para salir de la zona de riesgo por un valor de $ 2.574.000. “y unos
celulares para la organización ADVICORA, quien a su vez le asignó un celular al
señor ESCALANTE”. Lo anterior consta en la certificación remitida el 28 de marzo
de 2008 por el mencionado Ministerio al presente proceso83.

7.1.7. Consta que, en fecha ilegible, y coadyuvados por Eislen Escalante Pérez, en
su calidad de Representante Legal de la Asociación de Desplazados Víctima del
Sistema “Por una Colombia Nueva”, Juan de Dios Torres Robles, Miguel Antonio
Torres Robles, residenciados en Palermo y Marta Figueroa Ariza, Norma Sofia
Arango González y Rosa Amelia González, residentes en la Isla La Loma Sección
1 de Barranquilla, acudieron al Brigadier General Comandante de la Policía
Seccional del Atlántico, solicitando que se les brindara protección policiva por
cuanto se sentían amenazados, dado que habían denunciado a un grupo de
personas que delinquían en este sector, que fueron capturados y, posteriormente,

79 Fl. 263, C.2.
80 Fl. 263, C.2.
81 Fl. 259 a 262, C.2.
82 Fl. 259 a 262, C.2.
83 Fl. 259 a 262, C.2.

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puestos en libertad, quienes amenazaron la vida de los denunciantes. De lo anterior
da cuenta la copia simple del respectivo oficio84.

7.1.8. Se acreditó que el 6 de diciembre de 2002, Eislen Escalante Pérez, mediante
derecho de petición, solicitó que se le brindará protección. Lo anterior consta en la
evaluación técnica de nivel de riesgo elaborada el 23 de enero de 2003 por el
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S.85.

7.1.9. Se probó que el 23 de enero de 2003, el Grupo de Protección del
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., Seccional del Atlántico,
elaboró la evaluación técnica del nivel de riesgo correspondiente a Eislen Escalante
Pérez, en su calidad de representante legal de la Asociación de Desplazados
Víctimas del Sistema “Por una Colombia Nueva”, registrando como origen de la
amenaza “desconocido”, motivo “información de terceros”, clase de riesgo “laboral”
y “deficientes” medidas de seguridad en la oficina y residencia de la víctima, quien
manifestó no conocer la aplicación de las medidas de seguridad. La entidad
evaluadora clasificó el nivel del riesgo como “medio bajo”, en cuyo efecto se
efectuaron recomendaciones de autoprotección. De lo anterior da cuenta la copia
simple del correspondiente estudio86.

7.1.10. Se acreditó que el 17 de marzo de 2003, el Departamento Administrativo de
Seguridad elaboró un segundo estudio técnico de nivel de riesgo a Eislen Escalante
Pérez, “el cual fue nuevamente ponderado como medio bajo, con la siguiente
conclusión: después de todas las actividades desarrolladas y la información
suministrada por el estudiado, se observa que no se evidencia en ningún tipo de
amenaza que afecte como tal su integridad; sus temores son generados por su labor
como representante legal de la asociación “por una Colombia nueva”, esto motivado
porque cuando fue miembro de ADVICORA, un compañero de esa Junta fue
incluido dentro del programa de protección del Ministerio del Interior, recibiendo la
suma de 700.000 pesos mensuales, a él le gustaría que lo tuvieran en igual (sic) de
condiciones”. Lo anterior consta en la certificación remitida el 28 de marzo de 2008,
por el mencionado Ministerio al presente proceso87.

84 Fl. 31 a 32, C.1.
85 Fl. 151 a 158, C.2.
86 Fl. 151 a 158 y 274 a 282, C.2.
87 Fl. 259 a 262, C.2.

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7.1.11. Aparece que el 28 y 29 de abril de 2003, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - CRER – del Ministerio del Interior y de Justicia evaluó la
nueva solicitud de seguridad de Eislen Escalante Pérez y decidió no acceder a las
medidas de protección solicitadas, por cuanto estas no correspondían con el nivel
de riesgo que el peticionario presentaba. Lo anterior consta en la certificación
remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al presente
proceso88.

7.1.12. Quedó demostrado que el 29 de abril de 2003, el Comité de Reglamentación
y Evaluación de Riesgos de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior y de Justicia estudió la petición de prórroga de ayuda humanitaria
presentada por Eislen Escalante Pérez, denegándola “por cuanto [la solicitud] no
aplica como medida de protección”. Lo anterior consta en el Oficio No. 4035 de 12
de junio de 200389, que así se lo comunicó.

7.1.13. Se estableció que el 13 de mayo de 2003, Eislen Escalante Pérez solicitó
que se le concediera un esquema de seguridad por su condición de presidente de
la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una Colombia Nueva". Lo
anterior consta en la certificación remitida el 28 de marzo de 2008, por el
mencionado Ministerio al presente proceso90.

7.1.14. Se demostró que el 2 de junio de 2003, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - CRER – del Ministerio del Interior y de Justicia ofició al
Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional sobre la
petición de protección elevada por Eislen Escalante Pérez y le solicitó que adoptara
las medidas de seguridad preventivas del caso. Lo anterior consta en la certificación
remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al presente
proceso91.

7.1.15. Se estableció que el 9 de junio de 2003, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - CREER – del Ministerio del Interior y de Justicia ofició al

88 Fl. 259 a 262, C.2.
89 Fl. 169, C.2.
90 Fl. 259 a 262, C.2.
91 Fl. 259 a 262, C.2.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Programa de Atención a la Población Desplazada de la Red de Solidaridad Social,
sobre la petición de protección elevada por Eislen Escalante Pérez. Lo anterior
consta en el oficio 391192 y en la certificación remitida el 28 de marzo de 2008, por
el mencionado Ministerio al presente proceso93.

7.1.16. Se probó que el 12 de junio de 2003, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos – CRER – del Ministerio del Interior y de Justicia ofició al
Director Nacional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación, sobre la petición
de protección elevada por Eislen Escalante Pérez, remitiéndole los antecedentes
relacionados con el caso, con miras a que se iniciaran las investigaciones
pertinentes que condujeran a esclarecer los hechos ocurridos y determinar los
responsables de los mismos. Lo anterior consta en el oficio 403694 y en la
certificación remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al
presente proceso95.

7.1.17. Quedó demostrado que el 12 de junio de 2003 el Grupo de Protección de la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia le remitió al
Coordinador de Derechos Humanos de la Policía Nacional los antecedentes del
caso de Eislen Escalante Pérez, con miras a que se adoptaran las medidas de
seguridad preventivas para el caso, según da cuenta la copia simple del Oficio No.
403796.

7.1.18. Se probó que el 24 de julio de 2003, la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia le respondió Eislen Escalante Pérez, Presidente
de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "POR UNA COLOMBIA
NUEVA”, que revisados sus archivos constataron que él había sido beneficiario del
Programa de Protección como fiscal suplente de ADVICORA, en cuyo momento
recibió tiquetes aéreos nacionales y ayuda humanitaria por 3 meses en un solo
desembolso de $2.574.000. Adicionalmente, la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio le informó a Escalante Pérez que las nuevas medidas de protección –
“esquemas duros” – por él solicitados conformaron un nuevo caso que fue llevado

92 Fl. 283, C.2.
93 Fl. 259 a 262, C.2.
94 Fl. 284, C.2.
95 Fl. 259 a 262, C.2.
96 Fl. 285, C.2.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

ante el “CRER”, el cual denegó la petición “por cuanto el nivel de riesgo que usted
presenta es MEDIO-BAJO”. De lo anterior da cuenta el Oficio No. 632797.

7.1.19. Se observa que, en fecha no especificada, Eislen Escalante Pérez, en
calidad de desplazado forzado y “representante legal de la Fundación Social y
Solidaria de Colombia”, interpuso acción de tutela contra el Grupo de Protección del
Ministerio del Interior y el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos –
CRER, el Departamento Administrativo de Seguridad y de la Policía Judicial SIJIN,
para que se les ordenara resolver sus peticiones de protección mediante un
esquema duro de seguridad. De lo anterior da cuenta la copia simple del fallo
proferido el 1º de agosto de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla – Sala Penal de Decisión98.

7.1.20. Se probó que el 1º de agosto de 2003, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla – Sala Penal de Decisión resolvió tutelar el derecho de
petición de Eislen Escalante Pérez, vulnerado por el Grupo de Protección del
Ministerio del Interior en cuanto hace relación a la petición de 13 de mayo de 2003,
denegando lo relacionado con los derechos de petición de 18 de febrero y 18 de
abril de 2003, frente a los cuales encontró que las autoridades accionadas habían
cumplido con los procedimientos dispuestos en la ley para la protección de las
personas desplazadas y con problemas de seguridad, en cuyo efecto le había sido
concedida una ayuda humanitaria para él y su familia, con el fin de atender la
urgencia de su desplazamiento con motivo de las amenazas recibidas en su contra,
así como encontró que se habían realizado dos estudios de seguridad, disponiendo
medidas “autoprotectivas”. De lo anterior da cuenta la copia simple del fallo
correspondiente99.

7.1.21. Se demostró que el 12 de mayo de 2004, Eislen Escalante Perez,
representante legal de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una
Colombia Nueva”, se dirigió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar que
desde el año 2000 era objeto de amenazas en contra de su vida, informando que el
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. le había realizado el estudio de
riesgo que dio como resultado nivel medio – bajo, lo cual consideró violatorio de su

97 Fl. 170 y 286, C.2.
98 Fl. 33 a 39, C.1.
99 Fl. 33 a 39, C.1.

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derecho a la seguridad, así como que el comandante de la SIPOL había ordenado
unas rondas policivas que se habían efectuado unas pocas veces en su vivienda y
ninguna en su oficina.

En su denuncia, la víctima sostuvo que hacía parte de los procesos penales Nos.
177196 y 4621 por los cuales sufría amenaza de muerte; que el riesgo también se
debía a la labor social que desempeñaba en la costa caribe y a las denuncias por él
presentadas por actos de corrupción de algunos entes como la Red de Solidaridad
Social y unas ONG´s como la “Pastoral Social y Prevención de Desastres de
Soledad”; que el 2 de mayo del 2004 convocó a una reunión a la que asistieron 150
personas, una de ellas María Olinda Fonce Quintero, quien escuchó a cinco tipos
planeando cómo eliminarlo y que se abstuvieron de ejecutar el hecho porque habían
muchos niños en el lugar; y que unos habitantes del barrio Renacer le comunicaron
que “personas reubicadas del barrio los Almendros algunas de ellas expresaron en
una reunión que hicieron recolectar una plata para mandarme a matar”. De todo lo
anterior da cuenta la copia simple del oficio de denuncia remitido por la víctima100.

7.1.22. Se estableció que el 24 de septiembre de 2004, el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CREER – del Ministerio del Interior y de
Justicia ofició al Coordinador del Grupo de Derecho Humanos de la Policía Nacional
solicitándole coordinar con las autoridades locales las medidas preventivas de
seguridad para Eislen Escalante Pérez. Lo anterior consta en el Oficio No. 12652101
y en la certificación remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio
al presente proceso102.

7.1.23. Se demostró que el 24 de septiembre de 2004 el Grupo de Protección de la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia le comunicó
a Eislen Escalante Pérez que él no acreditaba lo dispuesto por las Leyes 418 de
1997 y 782 de 2003 en cuanto a los requisitos y a la población beneficiaria del
programa de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo, por
lo cual le ofició de las solicitudes de protección por él presentadas a la Fiscalía
General de la Nación, para que realizara las investigaciones correspondientes a las
amenazas; a la Policía Nacional, solicitándole que coordinara las acciones

100 Fl. 41 a 43, C.1.
101 Fl. 289, C.2.
102 Fl. 259 a 262, C.2.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

preventivas de seguridad para proteger su vida; y al Departamento Administrativo
de Seguridad – D.A.S., solicitándole que realizara el correspondiente estudio técnico
de nivel de riesgo y grado de amenaza. De todo lo anterior da cuenta el Oficio No.
12653103

7.1.24. Quedó demostrado que el 27 de septiembre de 2004, el Departamento
Administrativo de Seguridad – D.A.S. elaboró una nueva evaluación sobre el nivel
de riesgo y grado de amenaza de Eislen Escalante Pérez, en su calidad de
presidente de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema “Por una
Colombia Nueva”, según da cuenta el respectivo informe104 que consignó las
manifestaciones del estudiado, quien sostuvo que en el año 1994 fue objeto de
secuestro durante 10 días por el EPL, cuando se desempeñaba como representante
legal de la ONG “Divino Niño” en Cúcuta, luego de lo cual fue amenazado por la
guerrilla, situación que lo obligó a desplazarse a la ciudad de Barranquilla donde se
unió a la asociación de desplazados. Como hechos constitutivos de amenazas
informó: i) que recibió llamadas telefónicas en donde lo amenazan de muerte, por
el trabajo que viene realizando como coordinador de veedurías de la costa caribe y
por las denuncias realizadas ante las autoridades por el mal manejo de los recursos
y donaciones que llegan a la Red de Solidaridad Social para que estos a su vez las
distribuyan equitativamente entre las diferentes organizaciones o cooperativas; ii)
que el 5 de Septiembre de 2004, a las 07:30 de la noche, dos individuos a bordo de
una motocicleta llegaron a su residencia, lo agredieron verbalmente y le dijeron que
"dejara de joder" y que se fuera del barrio o lo matarían; iii) que el 7 de septiembre
de 2004, a las 4 de la tarde, recibió una llamada a la oficina, en la cual le decían
nuevamente que se fuera del barrio o de lo contrario lo iban a matar, a él y a su
familia, razón por la cual tuvo que salir del barrio donde residía; iv) que tenía
problemas con personas que querían invadir los lotes que el Estado le estaba
adjudicando a personas desplazadas por la violencia.

Por su parte, frente a los aspectos de seguridad de Eislen Escalante Pérez, el
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. observó que la seguridad en la
residencia de la víctima era deficiente, pero en su oficina era aceptable, toda vez
que contaba con sistema de control de acceso, vigilancia armada privada que

103 Fl. 287, C.2.
104 Fl. 291 a 299, C.2.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

controla el acceso al edificio y no permitía el ingreso de armas y con detector de
armas, así como que Escalante Pérez no se desplazaba fuera de la ciudad y
manifestó que conoce las medidas de seguridad y siempre las aplica.

Asimismo, en la evaluación de la amenaza el Departamento Administrativo de
Seguridad - D.A.S. advirtió que el origen de la amenaza era “desconocido”, el
motivo “laboral” y de tipo “anónima telefónica y de agresión verbal que incluye
amenaza a familiares”; que no se pudo establecer la veracidad de las amenazas por
la no colaboración de los residentes del sector, anotando que “en dos ocasiones
esta oficina realizó estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza, arrojando como
resultado un nivel ponderado MEDIO-BAJO, por lo tanto se puede concluir que su
nivel permanece latente, considerando la posibilidad de que esté expuesto a
situaciones de riesgo que puedan Inferir en su seguridad personal, por lo tanto, se
deben adoptar medidas de seguridad para disminuir su vulnerabilidad.”.

No obstante, Eislen Escalante Pérez fue calificado con nivel de riesgo medio – bajo,
en cuyo efecto se visitó su lugar de residencia y oficina; se le hicieron las
recomendaciones pertinentes de seguridad de acuerdo a las vulnerabilidades
observadas; se instruyó “a las unidades escoltas para reforzar las medidas de
seguridad en su entorno”; se le suministraron los números telefónicos del D.A.S.
para que informara cualquier novedad; se le reiteraron las medidas de auto
protección en su residencia y en sus diferentes desplazamientos, entregándole el
respectivo manual de protección; y la situación de seguridad del estudiado se le
comunicó al comandante del Departamento de Policía del Atlántico.

7.1.25. Consta que el 28 de octubre de 2004, el Grupo de Inspección General de
Derechos Humanos de la Policía Nacional realizó el Estudio Técnico de Nivel de
Riesgo y Grado de Amenaza correspondiente a Eislen Escalante Pérez,
representante legal de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema "Por una
Colombia Nueva", el cual arrojó un Nivel de Riesgo “MEDIO-BAJO”, según da
cuenta la copia simple del Oficio No. 110207 de 28 de octubre de 2004105.

7.1.26. Quedó demostrado que el 18 de noviembre de 2004 el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER – del Ministerio del Interior y de

105 Fl. 310, C.2.

34

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Justicia obtuvo un nuevo estudio de nivel de riesgo de Eslein Escalante Pérez, “el
cual fue ponderado por el DAS como MEDIO-BAJO”. Lo anterior consta en la
certificación remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al
presente proceso106.

7.1.27. Está acreditado que el 4 de febrero de 2005, el Comité de Reglamentación
y Evaluación de Riesgos - CREER – del Ministerio del Interior y de Justicia le reiteró
a Eslein Escalante Pérez “las recomendaciones de seguridad dadas por el DAS”.
Lo anterior consta en la copia simple del oficio No. 914107 y en la certificación
remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al presente
proceso108.

7.1.28. Se probó que el 24 de febrero de 2005, Eislen Escalante Pérez y Alejandro
Manuel García Amador denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que en
sus calidades de Presidente y Asesor Jurídico de la Asociación de Desplazados
Victimas del Sistema “Por una Colombia Nueva”, eran objeto de amenazas, en
razón a que en defensa de los derechos de personas desplazadas por la violencia,
presentaron oposición en una diligencia de lanzamiento en el barrio Renacer, por
violación al debido proceso y al derecho de defensa. De lo anterior da cuenta la
copia simple del oficio remitido a la Fiscalía General de la Nación109.

7.1.29. Quedó establecido que el 26 de abril de 2005, Eislen Escalante Pérez y Ciro
Villamizar Arenas, en sus calidades de Presidente y Relator de la Asociación de
Desplazados Victimas del Sistema “Por una Colombia Nueva”, denunciaron ante la
Dirección General de la Red de Solidaridad Social que, pese a los problemas que
aquejaban a la población desplazada del Departamento del Atlántico, las ONG´s
contratistas estaban haciendo malos manejos de los recursos destinados a esta
población que, además se veía obligada a soportar la mala atención y demoras
injustificadas, de más de 2 meses, para acceder al registro en la lista de
desplazados que les permitía obtener ayudas humanitarias, pese a que la Ley 387
de 1997 establecía un término de 15 días para tal efecto. Todo esto, según lo advirtió
la denuncia de la asociación “Por una Colombia Nueva” a sabiendas de la Red de

106 Fl. 259 a 262, C.2.
107 Fl. 300, C.2.
108 Fl. 259 a 262, C.2.
109 Fl. 44 a 45, C.1.

35

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Solidaridad Social que estaba haciendo caso omiso a los malos manejos de los
recursos dela población desplazada. De lo anterior da cuenta la copia simple del
respectivo oficio110.

7.1.30. Quedó demostrado que el 12 de mayo de 2005, Nelson Enrique Flórez
Comas, coadyuvado por Eislen Escalante Pérez y Alejandro García Amador,
Presidente y Asesor Jurídico de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema
“Por una Colombia Nueva”, radicó en la Fiscalía General de la Nación una denuncia
por las amenazas de muerte que había recibido por parte de miembros de las AUC,
en cuyo escrito aclaró que “las amenazas de muerte no solo van dirigidas a mi
persona, sino, también a nuestro Presidente de la organización, señor EISLEN
ESCALANTE PEREZ y el Asesor Jurídico, Dr. ALEJANDRO GARCÍA AMADOR”.
De lo anterior da cuenta la copia simple de la respectiva denuncia111.

7.1.31. Se estableció que el 12 de mayo de 2005, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - CREER – del Ministerio del Interior y de Justicia le reiteró
a Eslein Escalante Pérez “las recomendaciones de seguridad dadas por el DAS”,
sugiriéndole que “en caso de que existan nuevas situaciones respecto a su
seguridad, nos enviara los hechos junto con la respectiva judicialización, para
permitir un trámite más oportuno y eficaz”. Lo anterior consta en la certificación
remitida el 28 de marzo de 2008, por el mencionado Ministerio al presente
proceso112.

7.1.32. Está probado que el 12 de mayo de 2005, el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - CREER – del Ministerio del Interior y de Justicia le reiteró
al Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional la
adopción de medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar la vida de Eislen
Escalante Pérez. Lo anterior consta en la certificación remitida el 28 de marzo de
2008, por el mencionado Ministerio al presente proceso113.

7.1.33. Quedó establecido que el 26 de mayo de 2005, el Programa de Protección
del Ministerio del Interior y de Justicia le informó a Eislen Escalante Pérez que el

110 Fl. 46 a 48, C.1.
111 Fl. 51 a 53, C.1.
112 Fl. 259 a 262, C.2.
113 Fl. 259 a 262, C.2.

36

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. Seccional Atlántico clasificó su
nivel de riesgo como “MEDIO-BAJO” y le reiteró las recomendaciones efectuadas
por ese organismo, según da cuenta el Oficio No. 5548114.

7.1.34. Se estableció que el 1° de junio de 2005, el Programa de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia le comunicó al Coordinador de la Oficina de
Derechos Humanos de la Policía Nacional “la situación [del] señor EISLEN
ESCALANTE PEREZ […] quien manifiesta estar recibiendo amenazas contra su
vida y encontrarse en situación de riesgo, al parecer por su labor como Presidente
de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una Colombia Nueva"
[…] con miras a que se adopten las medidas de seguridad pertinentes que permitan
salvaguardar la vida e integridad del señor Escalante”. Lo anterior consta en el Oficio
No. 5547115.

7.1.35. Se demostró que el 3 de junio de 2005, Eislen Escalante Pérez, en su calidad
de representante legal de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema “Por
una Colombia Nueva”, interpuso acción de tutela contra la Dirección Nacional de la
Red de Seguridad Social de la Presidencia de la República y la Consejería
Presidencial para la Acción Social, por violación a los derechos fundamentales “de
petición, igualdad, equidad, al debido proceso", en cuyo efecto denunció que en los
meses de noviembre y diciembre de 2003 había solicitado a las entidades
accionadas donaciones para los afiliados a la Asociación por él representada sin
obtener respuesta alguna. De lo anterior da cuenta la copia simple de la solicitud de
amparo116.

7.1.36. Se probó que el 7 de junio de 2005, el Secretario General del Tribunal
Administrativo del Atlántico le notificó a Eislen Escalante Pérez la admisión de la
tutela por él interpuesta, contra la Dirección Nacional de la Red de Seguridad Social
de la Presidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Acción Social,
por violación a los derechos fundamentales “de petición, igualdad, equidad, al
debido proceso". De lo anterior da cuenta la copia simple del oficio remitido por el
Secretario General del Tribunal Administrativo del Atlántico117.

114 Fl. 301 a 302, C.2.
115 Fl. 303, C.2.
116 Fl. 55 a 57, C.1.
117 Fl. 54, C.1.

37

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

7.1.37. Quedó establecido que el 22 de junio de 2.005, José Rojas González,
Orlando Enrique Castro Jerónimo, Martha Luz Ferrer Rolong, Juan de Dios Torres
Roble, Norma Sofia Urango González y Rosa Amelia González Serna, residentes
del barrio La Isla de Barranquilla, rindieron declaraciones juradas ante la Fiscalía 11
Delegada de la Unidad de Reacción Inmediata, testificando sobre la comisión de
actos de paramilitarismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir en
contra de José Trinidad Becerra Pineda y otros. De lo anterior da cuenta la copia
simple de las mencionadas declaraciones juradas118.

7.1.38. Está demostrado que el 30 de junio de 2005, Eislen Escalante Pérez solicitó
su vinculación al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, así
como de los demás miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desplazados
Victimas del Sistema "Por una Colombia Nueva". Lo anterior consta en el Oficio No.
7903119 del Ministerio del Interior y de Justicia.

7.1.39. Se probó que el 21 de julio de 2005, el Programa de Protección del Ministerio
del Interior y de Justicia, en respuesta a la solicitud elevada el 30 de junio de 2005
por Eislen Escalante Pérez, le requirió el cumplimiento de los requisitos establecidos
para acreditar la situación de peligro y formar parte de dicho programa,
específicamente: la solicitud de la persona interesada en la que narrara los hechos,
expresando la causa de las amenazas y la calidad que ostenta, conforme al artículo
81 de la Ley 418 1997; la judicialización de los hechos de amenaza; los documentos
que lo acrediten como población objeto del programa de protección; el certificado
de existencia y representación legal de la organización a la que pertenece; y la
fotocopia de la cédula de ciudadanía. Lo anterior consta en el Oficio No. 7903 120.

7.1.40. Está demostrado que, dentro del Sumario No. 218.629, adelantado por los
punibles de concierto para delinquir en concurso con Desplazamiento Forzado y
Hurto Calificado y Agravado en contra de José Trinidad Becerra Pineda y otros, el
29 de julio de 2005 la Fiscalía 7ª Especializada Delegada ante el Juez Único Penal
del Circuito Especializado de Barranquilla resolvió abstenerse de proferir medida de

118 Fl. 62 a 79, C.1.
119 Fl. 304, C.2.
120 Fl. 304, C.2.

38

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

aseguramiento, revocar las órdenes de captura y dejar en libertad a los procesados.
De lo anterior da cuenta la copia simple de la mencionada resolución 121.

7.1.41. Se demostró que el 11 de agosto de 2005, el Programa de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia, en respuesta a la solicitud elevada el 30 de junio
de 2005 por Eislen Escalante Pérez, le instó que “mediante oficio 7903 de 21 de
julio de 2005, le comunicamos cuáles son los requisitos básicos que deben ser
cumplidos por cada uno de los petentes para ser vinculados al Programa de
Protección que lidera esta Dirección, requisitos que a la fecha no han sido allegados
a este Despacho. En este sentido le reitero, que una vez contemos con dicha
información. se dará trámite diligente y oportuno a cada solicitud.” Lo anterior consta
en el Oficio No. 9071122.

7.1.42. Quedó probado que el 11 de agosto de 2005, la Inspección General de
Derechos Humanos de la Policía Nacional le informó al Grupo de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia que “personal adscrito a la seccional de
inteligencia realizó el Estudio Técnico de Nivel de Riesgo y Grado de Amenazas al
señor Eislen Escalante Pérez, adscrito a la Asociación de Desplazados Víctimas del
Sistema “Por una Colombia Nueva”, [y] se dispuso para que la patrulla del sector
realice revistas esporádicas al lugar de trabajo y sitio de residencia del señor
Escalante". Lo anterior consta en el Oficio No. 86821123.

7.1.43. Se acreditó que el 12 de agosto de 2005, Eislen Escalante Pérez, en calidad
de Representante de la Mesa Nacional de Prevención y Protección de la Población
Desplazada Independiente, se dirigió al Gobernador del Atlántico manifestándole su
preocupación frente a la situación de inseguridad que vivían 14 familias residentes
del barrio La Isla de Barranquilla, quienes presentaron denuncias por concierto para
delinquir, hurto calificado y agravado y desplazamiento forzado que dieron lugar a
la investigación penal N°218.629, en la que el 29 de julio de 2005 la Fiscalía 7ª
Especializada Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla resolvió abstenerse de proferir medida de aseguramiento a favor de los

121 Fl. 80 a 83, C.1.
122 Fl. 306, C.2.
123 Fl. 307 a 309, C.2.

39

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

procesados que, una vez en libertad amenazaron y persiguieron a los denunciantes.
De lo anterior da cuenta la copia simple del oficio remitido124.

7.1.44. Está demostrado que el 18 de agosto de 2005, la Policía Seccional de
Inteligencia del Departamento del Atlántico le comunicó a Eislen Escalante Pérez la
elaboración de los estudios de seguridad correspondientes a Amilkar Rafael
Martinez Arias, Jaime Saballet Posso, María del Carmen Castro Miranda, Ciro
Villamizar Arenas, Ana Elvira Rodríguez Rivera y Obrien Antonio Serna Gómez,
quienes fueron instruidos sobre medidas de autoprotección, disponiendo patrullaje
policivo en los lugares de trabajo y de residencia de los estudiados y oficiando al
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S, para que adoptara las medidas
de seguridad correspondientes. Lo anterior consta en la copia simple del Oficio No.
1146125.

7.1.45. Quedó demostrado que el 19 de agosto de 2005, el Grupo de Inspección
General de Derechos Humanos de la Policía Nacional realizó la reevaluación y
Estudio Técnico de Nivel de Riesgo y Grado de Amenaza de Eislen Escalante
Pérez, representante legal de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema
"Por una Colombia Nueva", el cual arrojó “un Nivel de Riesgo MEDIO-BAJO”. Lo
anterior consta en el Oficio No. 110207 del 13 de octubre de 2005126.

7.1.46. Se probó que el 5 de septiembre de 2005, la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia le entregó a Eislen Escalante Pérez
un equipo Avantel Motorola en comodato, como parte de las medidas de protección
preventivas, derivadas de su inclusión en el programa de protección a testigos y
personas amenazadas, en consonancia con el estudio que concluyó que reunía los
requisitos exigidos para su ingreso a dicho programa. El equipo fue entregado
exclusivamente con fines de protección para la comunicación con los integrantes
del Programa de Protección del Ministerio del Interior y con las autoridades
competentes. Lo anterior consta en el contrato de comodato número 2384, suscrito
por un término de 90 días prorrogables como parte del esquema prospectivo 127.

124 Fl. 84 a 85, C.1.
125 Fl. 86, C.1.
126 Fl. 310, C.2.
127 Fl. 172, C.2.

40

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

7.1.47. Se probó que, en fecha ilegible, el Secretario Privado de la Dirección General
de la Policía Nacional le comunicó a Eislen Escalante Pérez, Presidente de la
Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una Colombia Nueva", que
“en atención a su derecho de petición”, “se dio trámite con Memorando […] del 12-
AGOS/0-2005 al señor Brigadier General […] Comandante Departamento de Policía
Atlántico, para que en términos de ley, disponga acciones y respuesta a su
requerimiento”. Lo anterior consta en la copia simple del citado comunicado128.

7.1.48. Quedó establecido que el 21 de septiembre de 2005, el Comandante del
Departamento de Policía del Atlántico le comunicó a Eislen Escalante Pérez,
Presidente de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una
Colombia Nueva", que realizó el Estudio Técnico del Nivel de Riesgo y Grado de
Amenazas correspondiente a Juan de Dios Torres Robles, Marla Figueroa Ariza,
Miguel Antonio Torres Robles, Norma Sofia Arango González, moradores del sector
La Isla de Barranquilla, instruyéndoles sobre las medidas de autoprotección a
aplicar y solicitándole al Comandante del Primer Distrito de Policía que realizara
revistas esporádicas a sus lugares de residencia. Lo anterior consta en la copia
simple del Oficio No. 1296129.

7.1.49. Se determinó que el 7 de octubre de 2005, Eislen Escalante Pérez,
representante legal de la Asociación de Desplazados Victimas del Sistema "Por una
Colombia Nueva", remitió al Programa de Protección del Ministerio del Interior y
Justicia – CRER una solicitud de protección para él y para otros miembros de la
Asociación y denunciantes de actos de desplazamiento forzado, quienes se veían
amenazados por miembros de las AUC. Además, el peticionario denunció que los
estudios de seguridad realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad
– D.A.S. siempre arrojaban como resultado nivel medio – bajo, situación que él
consideraba contraria a la realidad, en atención a que los destinatarios de dichos
estudio terminaban asesinados. En este sentido sostuvo: “dichos estudios no
obedece[n] a la realidad, [porque] muchas de éstas personas que así han sido
calificadas, hoy tenemos que decir que fueron asesinadas, como son los casos de
Agripina Galán, Carlos Barbas Sanjuanelo, Agustín Aragón, Jairo Carrillo Figueroa,
Dairo Mendoza, Carolina Acosta, Manuel Francisco Jiménez Morales; Ana Joaquina

128 Fl. 87, C.1.
129 Fl. 88, C.1.

41

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Pastrana Herazo y por último Pedro Pérez”. Lo anterior consta en la copia simple
del mencionado requerimiento130.

7.1.50. Está demostrado que el 14 de octubre de 2005, Eislen Escalante Pérez
falleció en la ciudad de Barranquilla, según consta en el registro civil de defunción131
allegado al plenario, desconociéndose la causa y forma de la muerte.

7.1.51. Está probado que el 8 de octubre de 2006, el Diario El Tiempo publicó el
artículo titulado “La macabra lista de los 558 asesinatos”, según da cuenta una
impresión de la noticia de El Tiempo.com en la que se lee:

“[…] En los informes aparecen los nombres, el lugar y fecha donde ocurrió el crimen
y hasta una explicación del motivo para cometerlo. En algunos casos, incluso,
aparece el día en que fue asignada la ejecución del asesinato. […]

Todos los crímenes ocurrieron entre 2003 y 2005. La manera "es la misma en todos
los casos". Una verdadera máquina de la muerte. "Predomina la utilización de motos
tipo RX, negra, azul y roja en 43 homicidios y DT blanca y negra en otros 22
aproximadamente", dice el reporte.

La Fiscalía revisó uno a uno los 588 asesinatos de la lista y encontró que solo 245
aparecen con procesos penales. Prácticamente todos con resoluciones inhibitorias
y sin ningún sindicado.

¿Qué pasó con los 343 restantes? Los investigadores creen que pueden estar en
fosas comunes. En el caso, por ejemplo, del informe de la 'Comisión Oriental', no
aparecen registros oficiales de la muerte de 92 de los 97 asesinatos, y la Fiscalía
considera que pudieron haber sido arrojados al río Magdalena.

¿Quiénes son las víctimas?
En la lista de asesinados aparecen todo tipo de personas, desde las que no se
sometían a sus vacunas, hasta las señaladas de colaborar, según ellos, con la
guerrilla.

Aparecen entre otros: […]

Eislen Escalante Pérez, quien instauró varias denuncias contra la regional de la Red
de Solidaridad por supuestas donaciones a ONG ficticias, asesinado el 14 de
octubre del 2005. […]”

7.1.52. Está demostrado que el 29 de junio de 2007, el diario El Heraldo de la ciudad
de Barranquilla publicó el artículo titulado “Don Antonio suma unos 200 crímenes en
confesión”, que incluye una lista de homicidios confesados anotando en el número

130 Fl. 89, C.1,
131 Fl. 99, C.1.

42

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

9. el correspondiente a Eislen Escalante Pérez. Lo anterior consta en la impresión
de la noticia de El Heraldo.com.co132.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57.

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho133, que contraría el orden legal134 o que está desprovista de una
causa que la justifique135, resultado que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida136, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra

132 Fl. 93 a 96, C.1.
133 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
134 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
135 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
136 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

43

Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la muerte de Eislen
Escalante Pérez, quien falleció el 14 de octubre de 2005, como quedó acreditado
con el registro civil de defunción (hecho probado 7.1.50.). Este daño tiene el carácter
de antijurídico, pues se trata de la afectación a un derecho fundamental protegido
por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.

En efecto, la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y
se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
Este derecho se encuentra protegido por el Preámbulo de la Constitución Política,
que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus integrantes, así
como por el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es
inviolable".

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a las entidades
demandadas, es menester establecer si éste les es atribuible fáctica y
jurídicamente.

Ahora bien, para acreditar que el daño antijurídico - muerte de Eislen Escalante
Pérez - es imputable a una entidad pública por omisión en el deber de protección y
seguridad, en el punto 6.2. de esta providencia se reseñó que para el efecto debe
probarse: i) la existencia de una amenaza cierta y real en contra de la víctima, ii) el
elemento cognitivo de dicha amenaza por parte de la autoridad demandada, ya sea
por solicitud expresa de protección o por conocimiento de la situación de peligro y
iii) la configuración de una omisión en el cumplimiento de las funciones que el
ordenamiento jurídico le impone a la demandada, verificada mediante el cotejo de
tales obligaciones normativas frente al grado de cumplimiento u observancia del
mismo por parte de dicha entidad.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Así, de cara al primero de estos elementos, es decir, frente a la acreditación de la
existencia de una amenaza cierta y real en contra de la víctima, en el plenario se
estableció que:

i) Que Eislen Escalante Pérez se desempeñaba como líder social y comunitario, en
defensa de los derechos humanos y, específicamente, de la población desplazada,
para la fecha de su muerte, a través de la Asociación de Desplazados Víctimas del
Sistema “Por una Colombia Nueva” donde fungía como su representante legal o
Presidente (hechos probados 7.1.2., 7.1.3., 7.1.7., 7.1.9., 7.1.10., 7.1.24., 7.1.28.,
7.1.29., 7.1.35., 7.1.36., 7.1.37., 7.1.43., 7.1.44., 7.1.48., y 7.1.49.);

ii) Que en razón de su actividad como líder social y comunal, Eislen Escalante Pérez
fue objeto de amenazas en contra de su vida (hechos probados 7.1.8., 7.1.13.,
7.1.19., 7.1.21., 7.1.28. y 7.1.30.).

Asimismo, de cara al segundo requisito, el cual exige la acreditación del elemento
cognitivo de las amenazas por parte de las entidades demandadas, ya sea por
solicitud expresa de protección o por conocimiento de la situación de peligro, en el
plenario se estableció:

i) Que en múltiples oportunidades Eislen Escalante Pérez solicitó protección al
Ministerio del Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad
D.A.S., a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, donde denunció
las amenazas recibidas en su contra (hechos probados 7.1.8., 7.1.13., 7.1.19.,
7.1.21., 7.1.28., 7.1.38. y 7.1.49.);

ii) Que el Ministerio del Interior y de Justicia le comunicó al Departamento
Administrativo de Seguridad – D.A.S., a la Policía Nacional y a la Fiscalía General
de la Nación la situación de amenazas informadas por Eislen Escalante Pérez,
solicitándoles que adelantaran las investigaciones y adoptaran las medidas de
seguridad pertinentes (hechos probados 7.1.14., 7.1.16., 7.1.17., 7.1.22., 7.1.23.,
7.1.32., 7.1.34. y 7.1.47.).

Así las cosas, en el caso de autos se tienen establecidos los 2 primeros requisitos
para acreditar que el daño antijurídico - muerte de Eislen Escalante Pérez - es

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

imputable las entidades demandadas por omisión en el deber de protección y
seguridad, pues, primero, se acreditó la existencia de las amenazas en contra de la
víctima y, segundo, se demostró que Ministerio del Interior y de Justicia, el
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., la Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación tenían conocimiento de las mencionadas amenazas
denunciadas por la víctima.

Siendo esto así, resta por establecer el tercero de los requisitos para determinar
que la muerte de Eislen Escalante Pérez es atribuible a una omisión de las
demandadas en el deber de protección y seguridad de la víctima. En este sentido
es necesario acreditar la configuración de una omisión en el cumplimiento de las
funciones que el ordenamiento jurídico le impone a las demandadas.

Esto, mediante el cotejo de las obligaciones normativas de cada una de las
demandadas, frente al grado de cumplimiento u observancia que de ellas hayan
efectuado las entidades.

Igualmente, en este punto es imperioso demostrar que la omisión establecida en el
cumplimiento de las funciones de las demandadas es la causa efectiva y
determinante del daño antijuridico, de manera que se instituya la necesaria relación
fáctica y causal entre la inactividad que se pretende imputar a las entidades
demandadas y el daño alegado.

Para el efecto, es importante comprobar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de ocurrencia de la muerte de Eislen Escalante Pérez, pues, por ejemplo, se debe
conocer que la persona falleció por causas que no tienen origen natural, porque de
lo contrario el examen de dichos elementos adolece de motivo.

Reiteradas estas consideraciones previas, procede establecer las obligaciones
normativas que el ordenamiento jurídico le impone a cada una de las entidades
demandadas frente al deber de seguridad y protección personal de los ciudadanos,
para luego verificar el cumplimiento o incumplimiento de tales deberes frente a las
circunstancias en las que falleció Eislen Escalante Pérez.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Así, con relación al Ministerio del Interior y de Justicia el Decreto 200 de 2003137,
vigente para la época de los hechos, fijó dentro de los objetivos y fines del Ministerio
del Interior y de Justicia la obligación de “formular la política de Gobierno en materias
relativas al orden público interno en coordinación con el Ministro de Defensa
Nacional en lo que a este corresponda; a los asuntos políticos; la convivencia
ciudadana y los derechos humanos; a la participación ciudadana en la vida y
organización social y política de la Nación”138. Asimismo, “formular, coordinar,
evaluar y promover políticas en materia de fortalecimiento de la democracia y en
especial de los asuntos políticos, legislativos, la participación ciudadana en la
organización social y política de la Nación”139.

Para el desarrollo de tales postulados, el artículo 81 de la Ley 418 de 1997 140,
modificado por el artículo 28 de la Ley 782 de 2002141, dispuso en cabeza del
Ministerio del Interior y de Justicia la puesta en funcionamiento del programa de
protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política
o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país y, entre otras,
que actúen como dirigentes o activistas de grupos políticos, de organizaciones
sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos
étnicos o de las organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, el parágrafo 1° del mencionado artículo 81 de la Ley 418 de 1997, exige
que “los interesados en ser acogidos por el programa de protección deben
demostrar que existe conexidad directa entre la amenaza y el cargo, o la actividad”.

Ahora bien, aunque no resulta aplicable al caso porque la muerte de Eislen
Escalante Pérez tuvo lugar el 14 de octubre de 2005, a título de obiter dicta frente a
la materia objeto de estudio es importante reseñar que el Programa de Protección
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia fue reglamentado por

137 Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de

Justicia, y se dictan otras disposiciones.
138 Numeral 2, del artículo 1º.
139 Numeral 3, artículo 2º.
140 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la

justicia y se dictan otras disposiciones.
141 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por

la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

el Decreto 2816 de 2006142, cuyo artículo 1º estableció como objeto la salvaguarda
de la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentren en situación de
riesgo cierto, inminente y excepcional, como consecuencia directa y en razón del
ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.

En el mismo sentido, el artículo 2° del Decreto Reglamentario estableció como
población objeto del programa a personas comprendidas dentro de los siguientes
grupos: “1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de
oposición. 2. Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y
comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos. 3. Dirigentes o
activistas de organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la misión
médica. 4. Testigos de casos de violación a los Derechos Humanos y de infracción
al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan
iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en
concordancia con la normatividad vigente. 5. Periodistas y comunicadores sociales.
6. Alcaldes, Diputados, Concejales y Personeros. 7. Dirigentes de organizaciones
de población en situación de desplazamiento. 8. Funcionarios responsables del
diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del
Gobierno Nacional. 9. Exfuncionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad el
diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del
Gobierno Nacional”.

Igualmente, el artículo 5º reglamentario estableció que “además de los principios
constitucionales y legales que rigen toda función administrativa, las acciones en
materia de prevención y protección se regirán por los siguientes principios: 1.
Consentimiento. La decisión de ingreso al Programa de Protección de Derechos
Humanos y aceptación de medidas preventivas y protectivas, será tomada de
manera libre y voluntaria por el beneficiario; 2. Confidencialidad. […] 3.
Temporalidad. […]; 4. Causalidad. Toda medida de protección estará fundamentada
en la conexidad directa entre los factores de riesgo y amenaza en contra del
beneficiario y la actividad o cargo que desempeñe; 5. Exclusividad. Las medidas de
prevención y protección están destinadas exclusivamente a los beneficiarios del
programa, a quienes a nombre propio el Comité de Reglamentación y Evaluación

142“Por el cual se diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia y se adoptan otras disposiciones”.

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de Riesgos, CRER, recomienda la medida de protección; 6. Proporcionalidad. Las
medidas otorgadas en el marco del Programa de Protección de Derechos Humanos
corresponderán a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del riesgo particular
de cada beneficiario”.

A su turno, el artículo 21 del Decreto 2816 de 2006 estableció que “son compromisos
de los beneficiarios: 1. Poner en conocimiento de los organismos de seguridad o de
control del Estado los hechos por los cuales teme por su vida, integridad, libertad y
seguridad. 2. Acatar las recomendaciones formuladas por los organismos de
seguridad del Estado y el Programa de Protección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia. 3. No solicitar, ni aceptar inscripción en otro
programa de protección del Estado. 4. Conservar los elementos entregados en buen
estado. 5. Usar los elementos entregados exclusivamente como medida de
protección personal.6. Ceñirse a los procedimientos establecidos en relación con el
uso de los bienes entregados. 7. Colaborar con los organismos de investigación, de
control y seguridad del Estado, en el esclarecimiento de los hechos que motiven sus
amenazas. 8. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su
seguridad. 9. Asistir a los Cursos de Autoprotección y Autoseguridad.10. Informar,
con antelación, sobre cualquier desplazamiento que requiera coordinación
interinstitucional. 11. Reportar de inmediato la pérdida, hurto o daño de cualquier
elemento suministrado por el Programa. 12. Asumir el valor correspondiente al
deducible del seguro que ampara cualquier elemento suministrado por el Programa,
en caso de reposición por pérdida, hurto o daño, del mismo. 13. Devolver en buen
estado los elementos entregados como medios de protección. 14. Colaborar con los
organismos de seguridad del Estado, para la realización del estudio del nivel de
riesgo y grado de Amenaza. 15. Mantener la reserva de la información relacionada
con su situación particular. 16. Suscribir el acta de compromiso. 17. Los demás
inherentes a la naturaleza de beneficiario del Programa y los que recomiende el
Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER”.

Por otra parte, el artículo 22 ibidem, prescribió que “son funciones del Programa de
Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia: “1. Recibir
y tramitar las solicitudes e información allegadas. 2. Analizar y verificar la
documentación relacionada con las solicitudes. 3. Solicitar información
complementaria para analizar la situación particular del solicitante. 4. Coordinar, con

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las entidades competentes, las medidas preventivas a que haya lugar. 5. Dar
traslado a las autoridades competentes de las solicitudes o información que no sean
del resorte de este Programa. 6. Realizar, de ser necesario, entrevista personal con
el solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación particular. 7.
Solicitar, a la Policía Nacional o al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,
la realización de los estudios de nivel de riesgo y grado de amenaza, de las
personas que soliciten protección al Programa. 8. Presentar ante el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER, las solicitudes de protección, con
sus respectivos soportes, para que se hagan las recomendaciones pertinentes.9.
[…]”.

Por otro lado, frente al Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., el
artículo 2º del Decreto 643 de 2004143 estableció dentro de las funciones generales
esta entidad: “brindar seguridad al Presidente de la República y su familia,
Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la
información relacionada con su seguridad tiene reserva legal”.

Entonces, en principio, en materia de seguridad personal el extinto D.A.S. solo
reportaba el deber normativo de brindar seguridad a los altos representantes del
Gobierno Nacional. Sin embargo, el artículo 32 del Decreto 200 de 2003, estableció
en cabeza de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad
el deber de colaborar con las entidades públicas en la función de seguridad de los
funcionarios y exfuncionarios que lo requieran, y auxiliar a las mismas en la
formulación de sus esquemas de seguridad.

En consecuencia, el Decreto Reglamentario 2816 de 2006 en su artículo 3º -
parágrafo 1º dispuso que el Programa de Protección de Derechos Humanos “llevará
a cabo sus responsabilidades en materia de protección y seguridad personal de
manera conjunta con la Policía Nacional o el Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS”.

Igualmente, el artículo 13 ibid. determinó que: “la Policía Nacional o el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, a solicitud del Programa de Protección de

143 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan

otras disposiciones”.

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Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”, realizarán el estudio de
nivel de riesgo y grado de amenaza al solicitante, que será presentado ante el
CRER, como insumo para el análisis y la recomendación de las medidas
correspondientes”.

A su turno, el artículo 14 ibidem ordena que: “Los estudios técnicos de nivel de
riesgo o grado de amenaza deberán realizarse a más tardar dentro de los quince
(15) días siguientes a la fecha de recibo de la solicitud elevada por el Programa de
Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”.

Ahora, respecto a la Fiscalía General de la Nación el artículo 250 Constitucional
establece en cabeza esta entidad la obligación de adelantar el ejercicio de la acción
penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un
delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial,
querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen su posible ocurrencia. Asimismo, el listado de funciones
constitucionales generales dispuesto por el mencionado postulado, establece el
deber de “velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás
intervinientes en el proceso penal”.

Entonces, como parte de la función de investigación y acusación del Estado,
corresponde a la Fiscalía General garantizar la protección de la vida e integridad de
las víctimas, testigos y demás intervinientes del proceso penal y su colaboración
con la administración de justicia.

En consecuencia, el artículo 67 de la Ley 418 de 1997144 (modificado por la
Ley 1106 de 2006) ordenó la creación del “Programa de Protección a Testigos,
Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, destinado a
otorgarles protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al
cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de
sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la
intervención en un proceso penal.

144 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la

justicia y se dictan otras disposiciones”.

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Asimismo, el literal b) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004145 prevé el derecho de
las víctimas dentro de un proceso penal a que se proteja su seguridad y el
artículo 206 ibidem dispone que, cuando la policía judicial en desarrollo de su
actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial
de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación
que adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección
necesaria.

Ahora bien, aunque la muerte de Eislen Escalante Pérez tuvo lugar el 14 de octubre
de 2005 y no resulta exigible para la fecha de los hechos, a título de obiter dicta
sobre la materia es importante reseñar que la Fiscalía General de la Nación profirió
la Resolución No. 0-5101 de 2008146 en cuyo artículo 2º determinó como objeto del
Programa de Protección y Asistencia de la entidad a las víctimas, a los testigos e
intervinientes, a los fiscales y a sus funcionarios o servidores, cuando se encuentren
en riesgo de sufrir agresión, o sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de
la intervención en un proceso penal y siempre que el riesgo sea calificado como
extraordinario o extremo por la Oficina de Protección y Asistencia, a la cual
corresponde la decisión sobre las medidas de protección147.

En otras palabras, el programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de
la Nación tiene el objetivo principal de proteger a los intervinientes en el proceso
penal, en su vida e integridad personal, garantizando sus derechos fundamentales
y el desarrollo de las investigaciones, siempre que exista conexidad o relación
material entre las causas del riesgo, de la amenaza o del peligro y la vinculación de
la víctima al respectivo proceso penal148.

145 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal dentro del sistema penal acusatorio”.
146 Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas

e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación. Actualizado mediante la
Resolución 1006 de 2016, que no resulta aplicable al caso de autos, dado que su expedición es
posterior a la fecha de los hechos.
147 Artículo 1º ibidem.
148 Sentencia T-683/05. “Los criterios que rigen la vinculación al Programa son los siguientes: (i) que

exista nexo entre la participación en el proceso penal de quien aspire a ingresar al Programa y los
factores de amenaza y riesgo; (ii) que la única motivación que haya impulsado (a quien aspire a la
protección) a participar en el proceso penal sea la de colaborar oportuna y espontáneamente con la
administración de justicia; (iii) que el tipo de medidas de seguridad no pueda ser implementado por
otro organismo estatal creado con esa finalidad o que las medidas requeridas correspondan a las
específicas del Programa; (iv) que la admisión del candidato a ser protegido no constituya un factor
que afecte en forma insuperable la seguridad de la estructura del Programa o de la propia Fiscalía
General de la Nación.”.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Corolario de lo anterior, fuerza concluir: i) que la Fiscalía se encuentra
funcionalmente obligada a adelantar el proceso penal e investigar los hechos que
revistan las características de un delito y que lleguen a su conocimiento; y ii) que
cuando por causa de la acción penal las víctimas e intervinientes dentro del proceso
o sus propios funcionarios se encuentren en riesgo de sufrir agresión o sus vidas
corran peligro, se activa en cabeza del ente investigador el deber de protección.

Ahora bien, debe advertirse que la Ley 418 de 1997149 estableció dos programas de
protección. Por una parte, el Programa de Protección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia, dirigido entre otros a dirigentes o activistas de
grupos políticos, de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales,
sindicales, de derechos humanos, alcaldes, diputados, concejales y personeros; y
por otra parte, el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el
Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que, como se
observa, está destinado a proteger a quienes sufren un riesgo, amenaza o peligro
por causa del proceso penal.

Finalmente se tiene al Ministerio de Defensa Nacional, institucionalizado por el
artículo 2º del Decreto Ley 2335 de 1971150, concordante con el artículo 208 de la
Constitución Nacional151, como “el organismo de la Rama Ejecutiva del Poder
Público encargado de la dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Con relación a la Policía Nacional el artículo 218 de la Constitución Política
establece que “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza
civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

149 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de

la justicia y se dictan otras disposiciones”.
150 “Por el cual se reorganiza el Ministerio de Defensa Nacional”
151 “Artículo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la

administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les
corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y
ejecutar la ley.”

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

El postulado anterior fue desarrollado por la Ley 62 de 1993 152, cuyo artículo 1º
instituyó dentro de las finalidades de este cuerpo armado el “proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

En este sentido, “la actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos
fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos,
tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, suscritos y
ratificados por Colombia”153.

Ahora, frente a la exigibilidad del servicio de protección por parte de la Policía
Nacional, se advierte el principio de inmediatez contemplado por el artículo 4º
ibidem, según el cual: “[t]oda persona tiene derecho a recibir inmediata protección
contra cualquier manifestación delictiva o contravencional”. Asimismo, los
ciudadanos ostentan el correlativo “deber de cooperar con las autoridades”.

Igualmente, el artículo 32 del Decreto 200 de 2003, estableció en cabeza de la
Policía Nacional el deber de colaborar con las entidades públicas en la función de
seguridad de los funcionarios y exfuncionarios que lo requieran, y auxiliar a las
mismas en la formulación de sus esquemas de seguridad.

Asimismo, se estableció que constitucionalmente la fuerza pública, además de la
Policía Nacional, está integrada por las Fuerzas Militares que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 217 de la Carta, están constituidas, entre otras, por el
Ejército Nacional con la función fundamental de defensa de la Nación
materializada en la "finalidad primordial [de] defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional".

152 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
153 Inciso 2º,artículo 1º de la Ley 62 de 1993.

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Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este concepto de soberanía
presenta dos acepciones. La primera, concebida como una fórmula política que se
predica del individuo - principal titular de la misma - y que implica el ejercicio de
derechos y obligaciones frente al Estado. La segunda acepción contiene una
garantía de independencia del Estado, libre de injerencia y de subordinación o
dominio por parte de otro poder, tanto en el orden interno como en el derecho
internacional154.

Bajo este entendido, el Ejercito Nacional tiene capacidad, formación y competencia
para combatir los grupos armados al margen de la ley que buscan, entre otros,
derrocar el gobierno o alterar el régimen constitucional y legal vigente. En
consecuencia, esta acepción de soberanía se refiere a la defensa y seguridad del
territorio frente a la afectación de su integridad al interior y exterior del Estado155.

Así las cosas, y de cara al contenido normativo que antecede, en el caso concreto
se tiene probado:

i) Que Eislen Escalante Pérez estaba incluido como beneficiario del Programa de
Protección del Ministerio del Interior y de Justicia en el que obtuvo ayuda
humanitaria en el año 2001 (hechos probados 7.1.1., 7.1.5., 7.1.6.);

ii) Que el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. y el Grupo de
Inspección General de Derechos Humanos de la Policía Nacional elaboraron 6
evaluaciones sobre el nivel de riesgo y grado de amenaza de Eislen Escalante
Pérez en los años 2001, 2003, 2004 y 2005, y en todas estas oportunidades el
resultado de riesgo lo ubicó en el nivel medio – bajo con motivos laborales (hechos
probados 7.1.2., 7.1.3., 7.1.9., 7.1.10., 7.1.24., 7.1.25., 7.1.26., 7.1.27., 7.1.42. y
7.1.45.);

iii) Que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER – del
Ministerio del Interior y de Justicia requirió a Eislen Escalante Pérez el cumplimiento
de los requisitos legales para acceder al Programa de Protección, entre ellos la
judicialización de los hechos de amenaza y la evaluación de riesgo, luego de lo cual

154 Corte Constitucional, sentencia C-048 de 2001.
155 Ibidem.

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la víctima fue incluida en el mencionado programa, producto del cual, el 5 de
septiembre de 2005, recibió un equipo Avantel Motorola como medida de protección
preventiva, derivadas de su inclusión en el programa de protección a testigos y
personas amenazadas, y de acuerdo con el estudio que concluyó que reunía los
requisitos exigidos para su ingreso a dicho programa (hechos probados 7.1.31.,
7.1.39., 7.1.41. y 7.1.46.);

iv) Que en respuesta a sus múltiples peticiones de protección Eislen Escalante
Pérez obtuvo recomendaciones de autoprotección, un equipo Avantel de
comunicación con las autoridades públicas y revistas policiales “esporádicas” a su
lugar de trabajo y de residencia, en razón a que su nivel de riesgo, en todas las
oportunidades, fue calificado como “medio – bajo”. Dicho de otro modo, en todos los
eventos de petición de seguridad, las autoridades denegaron la posibilidad de un
mejor esquema de seguridad en razón a que el estudio de riesgo de la víctima
arrojaba como resultado nivel de peligro medio - bajo (hechos probados 7.1.11.,
7.1.12., 7.1.18., 7.1.20., 7.1.23., 7.1.33., 7.1.34., 7.1.42. y 7.1.46.);

v) Que los periódicos El Tiempo y El Heraldo publicaron como homicidios ordenados
por miembros de grupos paramilitares el de Eislen Escalante Pérez (hechos
probados 7.1.51. y 7.1.52.).

Sumado a lo anterior, en el plenario obra el testimonio rendido el 7 de abril de 2011
ante el contencioso por Santiago Medina Medina156, quien dijo que conoció a Eislen
Escalante Pérez en los años 96 y 97 “ya que ambos éramos líderes defensores de
derechos humanos”, que en ese momento la víctima le comentó que estaba siendo
amenazado, luego de lo cual perdieron contacto porque Escalante Pérez se
desplazó de la ciudad de Cúcuta a Barranquilla, enterándose “en un encuentro en
Bogotá de ONGS me dieron la noticia de la muerte de Eislen Escalante el cual
seguía trabajando y luchando por los derechos humanos en Barranquilla,
especialmente los derechos de los desplazados.” Por otra parte, frente a los
perjuicios padecidos por los demandantes con la muerte de Eislen Escalante Pérez,
el testigo narró que “su Madre Mari y su hermana Evanes Robles” sufrieron
perjuicios materiales y morales.

156 Fl. 351 a 353, C.2.

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A juicio de la Sala y en los términos del artículo 217157 del Código de Procedimiento
Civil, se advierte que el testigo no es sospechoso, toda vez que no se observa la
existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad o la independencia del
declarante, pues aunque el testigo conocía a la víctima y ambos militaban en
defensa de los derechos de las personas, se advierte que no existía una amistad
estrecha u otro vínculo que pudiera afectar la imparcialidad y objetividad en su
declaración.

Respecto a la publicación efectuada por El Heraldo de la ciudad de Barranquilla, el
cual alude a la lista de 200 crímenes confesados por Alias “Don Antonio”, en la que
expresamente se indica el homicidio de Eislen Escalante Pérez (hecho probado
7.1.52.), conviene advertir que es un hecho notorio y de público conocimiento158 que
Edgar Ignacio Fierro Flórez – Alias Don Antonio – es un desmovilizado del frente
norte de las Autodefensas, que tuvo como centro de operaciones la costa caribe
colombiana.

Asimismo es conocido, y lo corrobora la información dispuesta en el sitio oficial de
la Fiscalía General de la Nación159, que Fierro Flórez – Alias Don Antonio fue

157 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
158 En cuanto tiene que ver con la valoración del “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de

Estado ha señalado que “el hecho notorio además de ser cierto es público, y sabido del juez y del
común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de
P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas
dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas
que tienen una mediana cultura, para que sea notorio” . Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045. Reiterada en providencia de la Sección Tercera
– Subsección A, del 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349. En idéntica dirección, el profesor
HERNANDO DEVIS ECHANDÍA existe notoriedad de un determinado hecho y por lo tanto se
debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando en un medio social donde existe o tuvo
ocurrencia y en el momento de su apreciación por el juez, sea conocido generalmente por
las personas de cultura media en la rama del ser humano a que corresponda, siempre que
el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, en forma
de que no le deje dudas sobre su existencia presente o pasada” En HERNANDO DEVIS
ECHANDÍA, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. I, Ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires,
1970, pág. 231.
159 Consejo de Estado, auto de 12 de mayo de 2008, Exp. 150012331000200800192-01: “de

conformidad con los dictados del artículo 5º de la Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, […] no se
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de
que esté en forma de mensaje de datos”. Ahora bien, de conformidad con el literal a) del artículo 2º
ibidem, se entiende por “Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax”.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

penalmente procesado por la Fiscalía 3 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala
de Justicia y Paz que en sus decisiones, entre las víctimas del exparamilitar,
identificaron a Eislen Escalante Pérez, advirtiendo que este fue:

“desplazado el 15 de septiembre de 2004, cuando salió forzadamente de Soledad
(Atlántico), debido a las amenazas de los paramilitares. […] este era el segundo
desplazamiento sufrido, pues inicialmente se desplazó de Cúcuta hasta Barranquilla
el día 6 de octubre de 1998 y ahora nuevamente se desplazó de Soledad a
Barranquilla el 15 de septiembre de 2004. [era] dirigente del barrio Renacer, ya que
en el sector no había junta de acción comunal y decidió darle el aval a la ONG que
representa, de nombre Por una Colombia Nueva, en donde empezó a gestionar la
energía, el agua y el gas y firmó convenio con ELECTRICARIBE para colocarle la
energía. De igual forma buscó la transparencia de las reubicaciones que hizo el
municipio sobre las tragedias que hizo el tornado en el año 2001, donde las familias
fueron reubicadas en los Almendros Tercera etapa y Cedros Segunda etapa, estas
personas reubicadas empezaron a vender los lotes y viviendas que tenían
anteriormente en el barrio Renacer, razón por la que formuló ante la Fiscalía las
denuncias correspondientes. En consecuencia, los reubicados empezaron a
amenazar a las personas que tomaron posesión de los lotes y en su contra, quien
además resultó víctima de la persecución de grupos paramilitares.”160

Ahora bien, en el plenario obra la noticia publicada el 8 de octubre de 2006 en el
Diario El Tiempo, titulada “La macabra lista de los 558 asesinatos” ejecutados por
miembros de las AUC, en la que aparece el nombre de “Eislen Escalante Pérez,
quien instauró varias denuncias contra la regional de la Red de Solidaridad por
supuestas donaciones a ONG ficticias, asesinado el 14 de octubre del 2005. […]”
(hecho probado 7.1.51.).

Al respecto, en aras de corroboración de la información pública, en el plenario se
tiene acreditado que, efectivamente, el 26 de abril de 2005, Eislen Escalante Pérez
había denunciado que, pese a los problemas que aquejaban a la población
desplazada del Departamento del Atlántico, los contratistas de la Red de Solidaridad
Social estaban haciendo malos manejos de los recursos destinados a la asistencia
de esta población, ante lo cual la mencionada Red de Solidaridad Social hacía caso
omiso (hecho probado 7.1.29.). Asimismo, se estableció que el 3 de junio de 2005,
Eislen Escalante Pérez, en su calidad de representante legal de la Asociación de
Desplazados Victimas del Sistema “Por una Colombia Nueva”, interpuso acción de
tutela contra la Dirección Nacional de la Red de Seguridad Social de la Presidencia
de la República y la Consejería Presidencial para la Acción Social, porque en los

160 www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Edgar-Ignacio-Fierro-

Flores-2011.pdf

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

meses de noviembre y diciembre de 2003 había solicitado a las entidades
accionadas donaciones para los afiliados a la Asociación por él representada sin
obtener respuesta alguna (hecho probado 7.1.35. y 7.1.36.).

Igualmente, los medios de prueba allegados al plenario acreditaron que la muerte
de Eislen Escalante Pérez tuvo ocurrencia el 14 de octubre de 2005 (hecho probado
7.1.50.) como lo afirmó el periódico El Tiempo.

Ahora, otro hecho indicador que permite inferir la veracidad de la información
publicada por la noticia de prensa, en cuanto afirma que Eislen Escalante Pérez fue
asesinado por sicarios de las AUC, se halla en las denuncias presentadas el 12 de
mayo de 2005 (hecho probado 7.1.30) y 7 de octubre anterior a su muerte por
Escalante Pérez, en las que se afirmó que era objeto de amenazas por miembros
de las AUC (hecho probado 7.1.49.).

Por otra parte, es importante reseñar que la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, en su Informe Anual de Derechos Humanos 2005, advirtió que
“el 14 de octubre de 2005 fue asesinado el señor Eislen Escalante Pérez, líder
desplazado, Presidente de la “Asociación de Desplazados Víctimas del sistema por
una Colombia Nueva”, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.
Según la información disponible, el atentado fue cometido por dos sicarios que se
movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron dos disparos de arma de
fuego en la cabeza. Al momento del atentado, el señor Escalante se encontraba
con Amilkar Martinez Arias, líder indígena del pueblo Kankuamo, […] Los señores
Escalante Pérez y Martínez Arias trabajaban conjuntamente en proyectos a favor
de personas desplazadas y realizaban denuncias por el mal manejo que se le venía
dando a los dineros de la población desplazada en esa región. Debido a amenazas
anteriores, el señor Escalante Pérez había solicitado protección al Ministerio del
Interior, el cual le otorgó un radio de comunicaciones. Según lo denunciado ante la
CIDH, varias valoraciones de riesgo hechas por las autoridades concluyeron que su
situación de seguridad no ameritaba otro tipo de protección.”161.

En el mismo sentido se tiene que el Observatorio para la Protección de los
Defensores de los Derechos Humanos, en conjunto con la Organización Mundial

161 https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4.htm

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), mediante informe de 21 de octubre de 2005162 y en atención al asesinato de
Eislen Escalante Pérez le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos “escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a tomar de manera
urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física
y psicológica del Sr. Amilkar Martínez Arias y todos los miembros de su familia, así
como de todos los miembros de la familia del Sr. Eislen Escalante Pérez, y la de
todos los miembros de la “Asociación de Desplazados Victimas del sistema por una
Colombia Nueva”.

A lo anterior se sumó: i) la solicitud de investigación “exhaustiva, independiente,
transparente e imparcial en torno al asesinato del Sr. Eislen Escalante Pérez, y de
las amenazas de muerte contra el Sr. Amilkar Martínez Arias”; ii) asegurar que se
otorgue una adecuada reparación a los miembros de la familia del Sr. Eislen
Escalante Pérez; iii) asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre
los defensores de los Derechos Humanos en sus artículo 1º y 12.2 en lo referente a
la protección del Derecho de toda persona a promover la protección y el respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y a la obligación del Estado
de garantizar la protección por las autoridades competentes de toda persona; y iv)
en general a garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por
Colombia.

Con este objetivo, el Observatorio para la protección de los Defensores de los
Derechos Humanos, en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
describieron la situación de la siguiente manera:

“El Sr. Eislen Escalante Pérez, fue asesinado el 14 de octubre de 2005, cuando salía
de la oficina de su asociación en el centro de Barranquilla. Dos sicarios que se
movilizaban en una moto le propinaron dos disparos de arma de fuego en la cabeza
y se dieron inmediatamente a la fuga. En el momento del asesinato se encontraba
junto a él, el Sr. Amilkar Martínez Arias, Indígena de la Comunidad de los
Kankuamos quien inmediatamente se internó dentro del edificio.

162 Cita 45 y 46 a pie de página del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos 2005.
https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/colombia-assassination-of-mr-eislen-
escalante-p%C3%A9rez-fear-for-mr-amilkar-mart%C3%ADnez-ariass-safety

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

[…]. Los Sres. Escalante Pérez y Martínez Arias venían trabajando juntos en
proyectos a favor de los desplazados, e igualmente, realizaban denuncias por el mal
manejo que se le venía dando a los dineros de la población desplazada en esa
región, por lo cual recibieron amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas
ante las autoridades competentes, en su debido momento.

[…] el Sr. Eislen Escalante Pérez había recibido amenazas de muerte en múltiples
ocasiones y había solicitado protección a las autoridades competentes, entre ellas
el Ministerio del Interior, de las cuales obtuvo como respuesta un radio de
comunicaciones tipo Avantel. En efecto, según la valoración del riesgo que le
hicieron en repetidas ocasiones autoridades tanto del Servicio de Inteligencia de la
Policía (SIJIN) como del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), su
situación de seguridad no ameritaba otro tipo de protección que no fuese la de que
él mismo con sus medios y con el radio Avantel se pudiera dar.

[…] el Sr. Eislen Escalante Pérez colaboraba y ayudaba en el fortalecimiento del
Nodo Regional de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, un espacio de
coordinación de las ONG Defensoras de Derechos Humanos que hacen presencia
en Barranquilla.

[…] desde el día sábado 15 de octubre de 2005, el Sr. Amilkar Martínez Arias, ha
recibido nuevas llamadas amenazantes en su teléfono celular […] teniendo en
cuenta que era testigo presencial del asesinato del Sr. Eislen Escalante Pérez,
solicitaron al DAS que prestara servicio por medio de escoltas […].

[…] este asesinato […] ilustra una vez más el grave nivel de violencia contra los
defensores de derechos humanos en Colombia […]”163

Nótese que la información citada por la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos y el Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos
Humanos, en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de
la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), es por completo
coincidente con las probanzas allegadas a este contencioso.

En este sentido, antes se ha expuesto que en el plenario se acreditó que Eislen
Escalante Pérez tenía reconocida su condición de desplazado por la violencia,
(hecho probado 7.1.1., 7.1.19.), que se desempeñaba como líder social y
comunitario, en defensa de los derechos humanos y, específicamente, de la
población desplazada, para la fecha de su muerte, a través de la Asociación de
Desplazados Víctimas del Sistema “Por una Colombia Nueva” donde fungía como
su representante legal o Presidente (hechos probados 7.1.2., 7.1.3., 7.1.7., 7.1.9.,
7.1.10., 7.1.24., 7.1.28., 7.1.29., 7.1.35., 7.1.36., 7.1.37., 7.1.43., 7.1.44., 7.1.48., y

163https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/colombia-assassination-of-mr-eislen-

escalante-p%C3%A9rez-fear-for-mr-amilkar-mart%C3%ADnez-ariass-safety

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7.1.49.). Asimismo, se estableció que Eislen Escalante Pérez fue objeto de
amenazas en contra de su vida, en razón a su actividad como líder comunitario y
social (hechos probados 7.1.8., 7.1.13., 7.1.19., 7.1.21., 7.1.28. y 7.1.30.).

Igualmente se encuentra demostrado que, en múltiples oportunidades, Eislen
Escalante Pérez solicitó protección al Ministerio del Interior y de Justicia, al
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., a la Policía Nacional y a la
Fiscalía General de la Nación, donde denunció las amenazas recibidas en su contra
(hechos probados 7.1.8., 7.1.13., 7.1.19., 7.1.21., 7.1.28., 7.1.38. y 7.1.49.).

También se tuvo probado que el Ministerio del Interior y de Justicia le comunicó al
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., a la Policía Nacional y a la
Fiscalía General de la Nación la situación de amenazas informadas por Eislen
Escalante Pérez, solicitándoles que adelantaran las investigaciones y adoptaran las
medidas de seguridad pertinentes (hechos probados 7.1.14., 7.1.16., 7.1.17.,
7.1.22., 7.1.23., 7.1.32., 7.1.34. y 7.1.47.).

Igualmente, se dijo que Eislen Escalante Pérez estaba inscrito como beneficiario del
Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia en el que obtuvo
ayuda humanitaria en el año 2001 y un equipo Avantel Motorola entregado el 5 de
septiembre de 2005, como parte de las medidas de protección preventivas,
derivadas de su inclusión en el programa de protección a testigos y personas
amenazadas. El equipo fue entregado con fines exclusivos de protección para la
comunicación con los integrantes del Programa de Protección del Ministerio del
Interior y con las autoridades competentes (7.1.1., 7.1.5., 7.1.6. y 7.1.46.).

Asimismo, como lo advirtieron las instancias internacionales, es cierto que el
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S. y el Grupo de Inspección
General de Derechos Humanos de la Policía Nacional elaboraron 6 evaluaciones
sobre el nivel de riesgo y grado de amenaza de Eislen Escalante Pérez en los años
2001, 2003, 2004 y 2005, y en todas estas oportunidades el resultado de riesgo lo
ubicó en el nivel medio – bajo con motivos laborales (hechos probados 7.1.2., 7.1.3.,
7.1.9., 7.1.10., 7.1.24., 7.1.25., 7.1.26., 7.1.27., 7.1.42. y 7.1.45.).

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Nótese la relevancia de este aspecto en lo que interesa a la responsabilidad de las
entidades demandadas, pues fueron los resultados de los estudios del nivel de
riesgo los que fundamentaron las escasas medidas de protección de la víctima,
pues la única respuesta a las múltiples peticiones de protección de Eislen Escalante
Pérez fueron recomendaciones de autoprotección, el citado equipo Avantel y
revistas policiales “esporádicas” a su lugar de trabajo y de residencia, se itera, ello
en razón a que su nivel de riesgo, en todas las oportunidades, fue calificado como
“medio – bajo”. En todo caso denegándose la posibilidad un mejor esquema de
seguridad (hechos probados 7.1.11., 7.1.12., 7.1.18., 7.1.20., 7.1.23., 7.1.33.,
7.1.34., 7.1.42. y 7.1.46.).

Al respecto, se observa que una de las denuncias de la víctima recaía,
precisamente, sobre el resultado de los estudios de seguridad elaborados por las
autoridades. Así, Eislen Escalante Pérez consideraba que tales estudios no
correspondían con la realidad. La víctima sustentaba su apreciación en las muertes
de otros dirigentes sociales – asesinados – a quienes también se les había calificado
el nivel de riesgo como medio – bajo (hecho probado 7.1.49.).

Sobre el particular, por ejemplo, en el plenario se evidencia la situación entre los
estudios de seguridad del 17 de marzo de 2003 (hecho probado 7.1.10.) y el 27 de
septiembre de 2004 (hecho probado 7.1.24.), los cuales, pese a reportar
conclusiones contrarias, arrojaron idéntica calificación – nivel de riesgo medio bajo.

Así, la evaluación de riesgos surtida el 17 de marzo de 2003, estableció que Eislen
Escalante Pérez no presentaba amenaza alguna, sino que él quería ser beneficiario
de los beneficios obtenidos por un compañero suyo, ante lo cual su nivel de riesgo
fue calificado como “MEDIO - BAJO”. En este sentido el análisis técnico concluyó:
“después de todas las actividades desarrolladas y la información suministrada por
el estudiado, se observa que no se evidencia en ningún tipo de amenaza que afecte
como tal su integridad; sus temores son generados por su labor como representante
legal de la asociación “por una Colombia nueva”, esto motivado porque cuando fue
miembro de ADVICORA, un compañero de esa Junta fue incluido dentro del
programa de protección del Ministerio del Interior, recibiendo la suma de 700.000
pesos mensuales, a él le gustaría que lo tuvieran en igual (sic) de condiciones”.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Por el contrario, el estudio de riesgo elaborado el 27 de septiembre de 2004,
concluyó: “que su nivel [de amenaza] permanece latente, considerando la
posibilidad de que [Eislen Escalante Pérez] esté expuesto a situaciones de riesgo
que puedan Inferir en su seguridad personal, por lo tanto, se deben adoptar medidas
de seguridad para disminuir su vulnerabilidad”. Sin embargo, la calificación del nivel
de peligro se mantuvo en “MEDIO – BAJO”.

Siendo esto así, no se explica cómo la evaluación del 17 de marzo de 2003 y de 27
de septiembre de 2004 arrojan la misma calificación – nivel de riesgo medio bajo –
si la primera no estableció amenaza alguna y, por el contrario, la segunda evidenció
la vulnerabilidad de Eislen Escalante Pérez en razón a que “su nivel [de amenaza]
permanece latente”, ante lo cual el Departamento Administrativo de Seguridad –
D.A.S. consideró “la posibilidad de que [Escalante Pérez] estuviera expuesto a
situaciones de riesgo que pued[ieran] Inferir en su seguridad personal”, indicando el
deber de adoptar medidas que mitigaran tal “vulnerabilidad”. En este sentido,
expresamente sostuvo: “se deben adoptar medidas de seguridad para disminuir su
vulnerabilidad.”

Lo propio se evidencia frente al estudio del nivel de riesgo elaborado el 28 de
octubre de 2004 por el Grupo de Inspección General de Derechos Humanos de la
Policía Nacional que, igualmente calificó el peligro de las amenazas referidas contra
Eislen Escalante Pérez como “MEDIO – BAJO” (hecho probado 7.1.25.).

Ahora, es en atención a dicha calificación que, como es lógico, las medidas de
seguridad se mantienen en unas pocas rondas policivas a su lugar de residencia y
de trabajo y en las recomendaciones de autoprotección, sin dar lugar a refuerzo
alguno, se itera, pese a la manifiesta “vulnerabilidad” de la víctima, evidenciada en
la calificación del 27 de septiembre de 2004.

Sobre este aspecto, resulta igualmente relevante lo manifestado por la víctima en la
denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación (hecho probado 7.1.21.)
en la que además de considerar como violatorio de su derecho a la seguridad el
estudio de riesgo que dio como resultado nivel medio – bajo, advirtió que las rondas
policivas ordenadas de cara a esa evaluación “se habían efectuado unas pocas
veces en su vivienda y ninguna en su oficina “.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

A la sazón, es de resaltar que aunque las evaluaciones técnicas de riesgo de Eislen
Escalante Pérez referían deficiencias en la seguridad de sus lugares de residencia
y oficina, no se observa que las autoridades demandadas efectuaran actividad
alguna tendiente a mitigar esta situación, pues la misma víctima refería que las
rondas policivas no eran constantes y, prueba de ello es que su vida fue ultimada
cuando la víctima salía de su oficina sin protección alguna, en compañía de Amilkar
Rafael Martinez Arias, miembro de la asociación presidida por la víctima, también
amenazado y a favor de quien se habían solicitado medidas de seguridad (hecho
probado 7.1.44.).

Lo anterior lleva a señalar que las demandadas no sopesaron la gravedad e
inminencia de las amenazas que enfrentaba la víctima, así como tampoco previeron
el riesgo en los desplazamientos de Escalante Pérez. Por el contrario, se limitaron
a constatar que éste no se desplazaba fuera de la ciudad y que conocía y aplicaba
las medidas de autoprotección (hecho probado 7.1.24.).

Siendo esto así, de una parte, debe resaltarse la diligencia de la víctima frente a su
deber de denuncia y de autoprotección, de la otra, se evidencia la falta de respuesta
y celeridad de las demandadas frente a las circunstancias reportadas por Eislen
Escalante Pérez.

Así, se sigue que todos los estudios de riesgo de Eislen Escalante Pérez lo ubicaron
en el nivel medio – bajo. Sin embargo se advierte que ni el D.A.S., ni la Policía
Nacional, valoraron la reincidencia en las amenazas padecidas por la víctima, ni la
multiplicidad de denuncias, peticiones y solicitudes interpuestas en busca de
protección, las cuales tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2002, 13 de mayo de 2003,
12 de mayo de 2004, 24 de febrero de 2005, 12 de mayo de 2005, 21 de julio de
2005, siendo reiteradas las solicitudes correspondientes al año 2005, es decir, unos
meses antes del atentado que finiquitara su derecho a la vida (hechos probados
7.1.8., 7.1.13., 7.1.19., 7.1.21., 7.1.28., 7.1.30., 7.1.38. y 7.1.49).

Igualmente, un elemento que fue ignorado por las autoridades demandadas es la
situación personal y la vocación del servicio a la comunidad que ostentaba Eislen
Escalante Pérez, dada su labor de líder social y comunitario, en defensa de los

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
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derechos de la población desplazada, para la fecha de su muerte, a través de la
“Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema “Por una Colombia Nueva”, quien
había sido objeto de secuestro en una oportunidad (hecho probado 7.1.2.). Así
aunque los estudios de seguridad prevén que las amenazas recibidas por la víctima
tienen motivos laborales, lo cierto es que las autoridades no dimensionaron las
implicaciones que ello tenía, no valoraron la peligrosidad de los grupos y actividades
delincuenciales denunciadas por Escalante Pérez, principalmente contra actores
paramilitares que ostentaban una gran influencia en la región donde la víctima
desarrollaba su labor (hechos probados 7.1.2., 7.1.3., 7.1.7., 7.1.9., 7.1.10., 7.1.24.,
7.1.28., 7.1.29., 7.1.35., 7.1.36., 7.1.37., 7.1.43., 7.1.44., 7.1.48., y 7.1.49.).

Al respecto debe advertirse el derecho a la seguridad personal164 de ciertos actores
político-sociales en el marco del conflicto armado interno, dada su participación en
la vida de las personas, así como su particular intervención en la búsqueda del
bienestar social y de la satisfacción de los intereses de una comunidad en especial
estado de necesidad, de la que se demanda la mayor protección, como es la
población desplazada, situación que lo convertía en un sujeto de protección
reforzada, más aún, cuando se acrediten, directa o indiciariamente, circunstancias
que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios que su actividad requiere, bien
sea por la ubicación del lugar en donde desempeñan sus actividades, o por las
condiciones del conflicto interno que se presentaban para la época de los hechos165.

En este sentido se observó que los estudios de seguridad efectuados a la víctima
hicieron caso omiso a la peligrosidad de los grupos paramilitares que amenazaban
la vida de Escalante Pérez y el poder delincuencial que estos actores del conflicto

164 Corte Constitucional. Sentencia T-686 de 30 de junio de 2005. Exp. T-795791. “Por virtud de lo

expuesto en la Constitución Política, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de
asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y
a la integridad física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la seguridad personal,
no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones como una obligación de
resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a
establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y
proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos
fundamentales.”
165 Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de agosto de 2013, Exp.

26536.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

armado interno ejercían sobre esta región del país166-167, además acreditada en este
plenario (hecho probado 7.1.37.).

En este sentido, se concluye que el Departamento Administrativo de Seguridad –
D.A.S. y la Policía Nacional desconocieron los deberes funcionales impuestos por
el Decreto 200 de 2003 y en la Ley 62 de 1993.

Ahora bien, aunque se afirma la deficiencia en los estudios de seguridad elaborados
por el Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. y por la Policía Nacional,
se establece que, pese a conocer la situación de la Eislen Escalante Pérez, en una
labor puramente formal, el extinto Ministerio del Interior y de Justicia limita su
actuación a remitir al Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., a la
Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación las peticiones de la víctima,
solicitándoles que adelantaran las investigaciones y adoptaran las medidas de
seguridad pertinentes, pero sin efectuar control o verificación alguno que
efectivizaran la puesta en conocimiento de estas autoridades (hechos probados
7.1.14., 7.1.15., 7.1.16., 7.1.17., 7.1.22., 7.1.23., 7.1.32., 7.1.34. y 7.1.47.).

Asimismo, el Ministerio de Interior y de Justicia se limitó a exigir a la víctima el
cumplimiento de requisitos y trámites administrativos pese a que esta ya formaba
parte de su Programa de Protección (hechos probados 7.1.1.,7.1.5., 7.1.6., 7.1.10.,
7.1.18., 7.1.23., 7.1.31., 7.1.33., 7.1.39. y 7.1.41.) y orientó su labor únicamente por
la calificación de los estudios de seguridad, sin valorar objetivamente las amenazas
ni verificar las consideraciones y conclusiones de cada uno de los estudios, ni
verificar su concordancia frente a las circunstancias reportadas por Escalante Pérez.

166 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz). En el mismo sentido se puede consultar la Sentencia C-1110 del 24 de agosto de 2000
(M.P. Alejandro Martínez Caballero). “
167 Corte Constitucional. Sentencia C-934 de 29 de septiembre de 204. Exp. D-5132. ““(…) En efecto,

la Constitución no limita el principio democrático al campo político sino que lo extiende a múltiples
esferas sociales. Consecuencia directa justamente del carácter expansivo de la democracia
participativa. Ya la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el principio democrático que
prohija (sic) la Carta Política es a la vez universal y expansivo. Así “se dice que es universal en la
medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados
y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda
interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la
distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su
dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación
de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse
progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo
que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su
efectiva construcción”. Puede verse también sentencia C-252 de 16 de abril de 2010. Exp.R.E.152.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Así, siempre se denegaron las medidas de un mejor esquema de seguridad, en
razón a que los resultados de los estudios arrojaban nivel de riesgo medio – bajo
(7.1.11., 7.1.18.), se itera, sin verificar el acierto de dichas evaluaciones.

Frente a situaciones como la presenta por la víctima, debe advertirse que los
estudios de seguridad de las personas no pueden entenderse como un simple
trámite para acceder a ciertos esquemas de protección, sino que significan el
compromiso de la administración en la verificación y valoración objetiva de la
situación de riesgo de cada persona, pues en virtud de los deberes objetivos de
protección, a las autoridades les asiste un juicio cuidadoso en el contenido de los
aludidos estudios.

Así, cuando por alguna razón se sobrepasen las previsiones de seguridad y se
concrete el riesgo en contra del destinatario del estudio, este hecho no será
suficiente para estimar la falla del servicio o la culpa de la administración. No
obstante, la imprevisión de las autoridades no puede escudarse en la calificación de
los riesgos en menor grado al que realmente corresponde, pues ello configura una
omisión de bulto y grosera frente al cumplimiento del objeto del principio de
protección personal, omisión que se materializa en recomendaciones poco efectivas
que se hacen para cumplir un requisito, pero que ameritan la especial atención del
juez y la flexibilización en materia de pruebas, para fundar allí los indicios de
responsabilidad de la administración.

Esta flexibilización halla sustento en el principio de libertad probatoria e implica la
minimización de las formalidades que regulan la actividad probatoria dentro del
proceso judicial, en casos de grave desconocimiento de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, dada la gravedad que ellos revisten y la
desventaja de las víctimas para reclamar la protección jurisdiccional de sus
derechos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la
justicia “no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades”, en tanto que se
conserve “un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica” 168, a lo cual
se suma que la reglas del debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial

168 V. gr., Cayara vs. Perú (1993) párr. 42

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

están dispuestas como principios rectores del sistema probatorio, en el que las
formalidades se erigen como una garantía para alcanzar la verdad y la justicia, y no
para obstaculizarlas.

Así, en la verificación de las circunstancias propias de cada caso el papel del juez
consiste en establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los
postulados de la sana crítica169, de la autonomía judicial y de la probabilidad e
inferencia lógicas170, pues las víctimas no siempre tienen a su alcance todos los
medios necesarios o las garantías para establecer y dar a conocer lo
verdaderamente ocurrido, en este escenario la prueba indirecta cobra especial
relevancia y en consecuencia las cargas probatorias resultan aligeradas para las
víctimas, de manera que quienes por su condición no gozan de todas las garantías
puedan lograr una justicia efectiva.

Estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de carácter indiciario
que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez
partiendo de la existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados
mediante prueba directa171 para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la
lógica y las reglas de la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no
están directamente demostrados y son desconocidos en el plenario172.

En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios
de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de
prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de
los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso concreto:

“Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes
versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la

169 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley
sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
170 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946. “la

capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con
los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento […] el juez goza de cierta libertad a la
hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en
el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la
que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”.
171 Artículo 248, Código de Procedimiento Civil. “Para que un hecho pueda considerarse como indicio,

deberá estar debidamente probado en el proceso.”
172 Artículo 249, Código de Procedimiento Civil. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo

en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.”

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica173, labor en la
cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una mejor
inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las
llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas
de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido comúnmente
aceptado174”175.

Entonces, volviendo al caso concreto, dentro de las funciones del Programa de
Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, además
de solicitar la elaboración del estudio de seguridad de la Policía Nacional y el D.AS.
y de dar traslado a las autoridades competentes de las solicitudes o información
referente a la protección de las personas, la obligación de analizar y verificar
directamente la documentación relacionada con dicha solicitudes y, cuando esta
resulte insuficiente, solicitar la información complementaria para obtener claridad
frente a la situación particular del solicitante, así como coordinar con las entidades
competentes las medidas preventivas a que haya lugar y realizar cuando sea
necesario una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información
relacionada con su situación particular, potestades estas que fueron omitidas por el
Ministerio de Interior y de Justicia que, se itera, se limitó a la calificación del nivel de
riesgo, aun cuando ella no respondía a lo reiterado de las amenazas, ni a la
condición intuito personae de la víctima.

Por el contrario fue solo hasta el 5 de septiembre de 2005, que la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia le entregó a Eislen
Escalante Pérez en comodato un equipo Avantel Motorola, como parte de las
medidas de protección preventivas, derivadas de su inclusión en el programa de

173 Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma:

“…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el
mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar
la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho.
En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del
hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba
presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe
elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir,
por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La
adopción de la decisión final”, num. 98, página 141”.
174 Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema

de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones
empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y
otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias
generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen
denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o
simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007,
num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.
175 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo

Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

protección a testigos y personas amenazadas (hecho probado 7.1.46.), medida que,
aparece poco efectiva, toda vez que, el 7 de octubre de 2005, Eislen Escalante
Pérez, nuevamente, le solicitó al Programa de Protección del Ministerio del Interior
y Justicia – CRER la adopción de medidas de protección especiales (hecho probado
7.1.49.), llegándose la fecha de la muerte – 14 de octubre de 2005 – sin que la
víctima obtuviera respuesta alguna (hecho probado 7.1.50.).

Ahora, como si lo anterior no fuera suficiente resta señalar que, aunque el 31 de
agosto de 2001 el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia le
entregó a Eislen Escalante Pérez unos tiquetes aéreos nacionales por un valor de
$183.500, para reubicación temporal (hecho probado 7.1.5), como se advierte, dicha
medida obedece a hechos de 2001, es decir 4 años antes de la muerte de la víctima,
se trató de una medida temporal que solo contempló la suma de $183.500 para
sufragar los tiquetes aéreos, pero que inadvertía las demás condiciones de
supervivencia de la víctima, y estuvo sucedida por las solicitudes de seguridad de 6
de diciembre de 2002, 13 de mayo de 2003, 12 de mayo de 2004, 24 de febrero de
2005, 12 de mayo de 2005, 21 de julio de 2005, las cuales adolecen de una
respuesta efectiva de la administración.

En este sentido, se concluye que el Ministerio de Interior y de Justicia desconoció
los postulados previstos en la Ley 418 de 1997 y la Ley 782 de 2002, en lo que
atañe a la defensa de las personas que se encuentran en situación de riesgo contra
su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con el conflicto
armado interno que padece el país y que actúan como dirigentes o activistas de
organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos.

Adicionalmente debe atenderse la obligación de colaboración armónica establecida
en el artículo 113 de la Constitución Política, según la cual “los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines”.

Al respecto, conviene precisar la universalidad del principio de colaboración
armónica institucionalizado en el artículo 113 de la Constitución Política, que, aun
cuando establece la estructura del Estado colombiano organizado en las tres ramas
del poder público – la legislativa, la ejecutiva y la judicial – reconociendo la división
y separación de poderes y funciones, establece la necesaria colaboración armónica

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

entre las distintas entidades y poderes de la institucionalización estatal, para la
realización de los fines constitucional y legalmente establecidos.

Así, por ejemplo, en una situación, no idéntica pero que guarda similitud, la
jurisprudencia acogió las pretensiones indemnizatorias elevadas por el grupo
familiar de Álvaro Víctor Salas Rodríguez - Juez Promiscuo Municipal de Cumbal
(Nariño), en contra de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial,
porque encontró atribuible la muerte del funcionario a la omisión de la entidad
demandada que ante el conocimiento de las amenazas existentes en contra de la
vida de Álvaro Víctor Salas Rodríguez, se limitó a informar a la Policía Nacional y
al Ejército Nacional de la situación presentada, pero omitió ejercer control frente a
la eficacia de las medidas adoptadas para proteger la solicitud de protección
presentada, omisión que configuró el incumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 16 y 24 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996176.

Igualmente, en reciente pronunciamiento la Sala consideró que, pese a la función
simplemente asistencial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL – hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social (DPS), esta entidad tenía el deber de proteger el derecho
a la integridad psicofísica y a la vida de Wilfredo Capacho Mantilla mediante la
coordinación interinstitucional con la Dirección General de la Unidad Administrativa
Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior177.

176 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de agosto de 2013, Exp.

27.346. ““[…] al Consejo Superior de la Judicatura como ente responsable de la administración de la
Rama Judicial, de acuerdo con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia –Ley 270 de 1996-
le corresponde dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar y coadyuvar con la protección de
los funcionarios que la integran, así como la de sus familias, tal como lo establece los numerales 16
y 24 del artículo 85 de la mencionada ley[…] Visto lo anterior, no es posible afirmar que en el sub
lite se haya dado el cumplimiento a los deberes funcionales radicados en cabeza del Consejo
Superior de la Judicatura, como ente administrador de la Rama Judicial […] por cuanto, si bien se
enviaron dos oficios, uno a la Policía Nacional y otro, al Ejército Nacional, en donde se relacionaron
los hechos acaecidos en la jurisdicción del municipio de Cumbal-Nariño, y se solicita la protección
de los funcionarios judiciales aludidos, no quiere ello decir que se cumplió a cabalidad el deber de
funcional establecido en la Ley 270 de 1996 de “Coadyuvar para la protección y seguridad personal
de los funcionarios y de la Rama Judicial” y adicionalmente, no se demostró dentro del proceso la
adopción de otras medidas tendientes a la protección y salvaguarda de la vida e integridad física del
funcionario y de su familia, […] o el seguimiento permanente a la situación evidenciada por este
funcionario público. […] no se evidenció la realización de acciones que permitieran determinar si las
medidas adoptadas fueron las adecuadas para garantizar la seguridad del mencionado funcionario
por parte del ente demandado, tendientes al control y vigilancia de la solicitud presentada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto a la Policía Nacional y al Ejército Nacional.”
177 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de julio de 2022, Exp. 53938.

“Así, frente a Wilfredo Capacho Mantilla, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL – tenía el deber de coordinar su asistencia y

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Asimismo, en pronunciamiento reciente la Sala declaró la responsabilidad solidaria
y patrimonial entre la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional
– Policía y Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y el municipio de Turbo
al considerar que estas se remitieron comunicaciones entre sí, pero sin proponer o
direccionar una solución real y efectiva frente a las amenazas de la víctima, quien
finalmente fue ultimada a manos de sicarios sin alcanzar medida alguna de defensa
o protección. Es esa oportunidad la jurisprudencia consideró que la actitud de las
demandadas demostraba su despreocupación frente a la protección real de los
derechos de Juan Agustín Jiménez Vertel178.

protección humanitaria mediante los diferentes programas dirigidos a la población de la que él hacía
parte, esto en cumplimiento de su objeto misional (artículo 1º Decreto 2467 de 2005) y mediante la
coordinación interinstitucional con la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial para los
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, proteger su integridad psicofísica y su derecho a la
vida (artículo 6º, 16, 18 y 19 Decreto 2467 de 2005 y el artículo 29 de la Ley 387 de 1997). En este
sentido, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN
SOCIAL – debió coordinar que Wilfredo Capacho Mantilla recibiera asistencia y protección urgente
y oportuna, así como efectuar el acompañamiento al retorno, prevenir que sufriera mayores daños,
y brindarle atención y protección humanitaria en su reubicación (artículo 18 Decreto 2467 de 2005,
Ley 387 de 1997 y artículo 15 y 17 de la Ley 418 de 1997) Lo anterior, con el propósito de mitigar o
prevenir la posibilidad de agravación de los atentados o agresiones cometidas contra la vida, la
integridad psicofísica, la seguridad y la libertad de Wilfredo Capacho Mantilla, esto teniendo en
cuenta que el deber de asistencia y protección de las víctimas no conlleva una obligación de
resultado sino de medio, de modo que lo que se evalúa en esta instancia es la diligencia, oportunidad,
eficacia de las medidas adoptadas por la administración frente a la situación de la víctima, que en
este evento, tratándose de menores de edad, demandaba una protección prevalente (parágrafo del
artículo 17 de la Ley 418 de 1997 y 44 constitucional), que fue omitida por la entidad demandada.
[…] Pues, mucho más en el caso de autos, debe resaltarse que la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL – ni siquiera procuró informar la
situación padecida por Wilfredo Capacho Mantilla a las autoridades de fuerza pública ni a la Dirección
General de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
como entidad encargada de prestar protección a las personas desplazadas. A la sazón debe
igualmente enfatizarse que la garantía de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y
en general de las víctimas de la violencia, no puede reducirse a la consideración de carácter
simplemente formal de las medidas asistenciales, sino que estas deben atender a criterios de
salvaguarda real, material y oportuna de tales derechos, de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades del Estado, sin excepción, por supuesto, en la medida de sus posibilidades jurídicas y
materiales, a través de la realización y coordinación de las actividades mediáticas tendientes a lograr
las condiciones efectivas para la protección y defensa de tales víctimas.
178 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022 “frente

a la citada coordinación de las actividades mediáticas tendientes a lograr las condiciones efectivas
para la protección y defensa de las víctimas, debe darse aplicabilidad al principio de colaboración
armónica establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, postulado que también
incumplieron la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional,
la Fiscalía General de la Nación y el municipio de Turbo, quienes se remitieron comunicaciones entre
sí, pero sin proponer o direccionar una solución real y efectiva frente a las amenazas de la víctima,
quien finalmente fue ultimada a manos de sicarios sin alcanzar medida alguna de defensa o
protección. Por el contrario, en el caso de autos el material probatorio evidenció una
despreocupación total de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa – Policía y
Ejército Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del municipio de Turbo frente a la protección
real de los derechos de Juan Agustín Jiménez Vertel, en una actitud abiertamente violatoria del trato
preferente que el ordenamiento jurídico le reconoce a la población desplazada. Sobre este particular,
conviene resaltar que el caso sub judice presenta una flagrante violación a los derechos humanos y

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Entonces, frente a la citada coordinación de las actividades mediáticas tendientes a
lograr las condiciones efectivas para la protección y defensa de las víctimas, debe
darse aplicabilidad al principio de colaboración armónica establecido en el artículo
113 de la Constitución Política, postulado que también incumplió el Ministerio del
Interior y de Justicia, quien remitió comunicaciones para pedir la elaboración de un
estudio de seguridad, pero sin proponer o direccionar una solución real y efectiva
frente a las amenazas de la víctima, quien finalmente fue ultimada a manos de
sicarios sin alcanzar medida alguna de defensa o protección.

Ahora, esta garantía correlativamente genera en cabeza de las diferentes instancias
del poder público una obligación reforzada de control de convencionalidad que
conlleva la adopción de medidas positivas para salvaguardar los derechos e
intereses de las víctimas y velar por su protección, y alcanza a todas las autoridades
del Estado, pues su cumplimiento no está sujeto a la división de competencias sino
que, como viene de decirse, hace exigible la actuación mancomunada, efectiva y
oportuna de las diferentes autoridades públicas, de manera que los límites
funcionales o el envío de comunicaciones no se convierta en una excusa frente a la
falta de protección real de los derechos de las víctimas. Por el contrario, las
autoridades que cuentan con un rol de superior jerárquico tienen la mayor
responsabilidad frente al deber de dirigir y adecuar las actuaciones de los otros
funcionarios de inferior jerarquía hacía el amparo y defensa real de esta población
de especial vulnerabilidad179.

Y lo propio ocurre respecto a la Fiscalía General de la Nación, pues pese a las
denuncias del 12 de junio de 2003, 12 de mayo de 2004, 24 de febrero de 2005 y
12 de mayo de 2005 esta entidad no desplegó actuación alguna dirigida a proteger
al denunciante, quien además advirtió que las amenazas de muerte también tenían

fundamentales de las víctimas del conflicto armado y en particular del delito de desplazamiento
forzado, con relación a las cuales la jurisprudencia interamericana ha establecido la existencia de
“una condición de facto de desprotección”, que las hace acreedoras del acceso privilegiado a los
recursos y servicios del Estado”
179 Compendio sobre la obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los Estándares

Interamericanos de Derechos Humanos: “El ejercicio de esta obligación alcanza a todas las
autoridades del Estado, pues la obligación de respetar y garantizar los derechos conforme a los
artículos 1.1 y 2 de la Convención le corresponde al Estado, y por lo tanto su cumplimiento no puede
estar sujeto a la división de competencias que señale el derecho interno. Asimismo, las autoridades
que cuentan con un rol de superior jerárquico también deben realizar las adecuaciones respecto del
actuar de otros funcionarios.“

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su origen en los procesos penales Nos. 177196 y 4621 (hechos probados 7.1.16.,
7.1.21., 7.1.23., 7.1.28. y 7.1.30.)

Asimismo, fueron reiteradas las oportunidades en que el Ministerio de Interior y de
Justicia le solicitó a la Fiscalía General de la Nación efectuar las investigaciones
relativas a las solicitudes de protección de Eislen Escalante Pérez, y adoptar las
medidas a que hubiera lugar (hechos probados 7.1.13. y 7.1.16.).

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no adoptó medida de protección
alguna en favor de la víctima y con ello desconoció los postulados del artículo 250
de la Constitución Política, el artículo 67 de la Ley 418 de 1997 y el artículo 11 de la
Ley 906 de 2004.

En suma, se advierte que el Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento
Administrativo de Seguridad – D.A.S., el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación son patrimonialmente responsables por la muerte
de Eislen Escalante Pérez, por omisión en el deber de seguridad y protección.

Corolario de todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 22 de
marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la
responsabilidad patrimonial del Ministerio del Interior y de Justicia, del
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., del Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, por desconocimiento del
deber de seguridad y protección en cabeza del Estado.

8. Liquidación de perjuicios

A continuación se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los demandantes
teniendo en cuenta únicamente la tipología de aquellos que fueron solicitados en la
demanda.

8.1. En la demanda se solicitó por perjuicios morales para María Celina Pérez de
Escalante 300 SMLMV, para Evanes Robles Pérez 200 SMLMV y para cada uno de
los demás demandantes 100 SMLMV.

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Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014180, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos

Igualmente, en lo que refiere a la prueba del perjuicio los parámetros
jurisprudenciales previeron que se requeriría la prueba del estado civil o de la
convivencia de los compañeros con la cual se acreditaría la relación afectiva en los
niveles 1º y 2º de relación de cercanía afectiva y, en consecuencia, se presumiría el
perjuicio moral. Para los niveles 3, 4 y 5 advirtieron que se requeriría la prueba de
la relación afectiva y del perjuicio moral, que en estos niveles no se presume.

En el expediente está acreditado que María Celina Pérez de Escalante y Evanes
Robles Pérez, en su orden, son progenitora y hermana de Eislen Escalante Pérez,
según dan cuenta las copias auténticas de cada uno de sus registros civiles de
nacimiento181, de manera que se ubican en los niveles 1 y 2 de relación de cercanía
afectiva respecto de la víctima y en tal sentido les corresponde una indemnización
por perjuicios morales de 100 y 50 SMLMV y así se dispondrá en la parte resolutiva
de esta sentencia.

Asimismo, se encontró acreditado que Eislen Javier Robles Pérez, Robinson Fabian
Robles Pérez, Holmer Pacheco Robles y Dairon Stiben Pacheco Robles, son
sobrinos de Eislen Escalante Pérez, según dan cuenta las copias auténticas de los

180 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.
181 Fl. 104 y 110 a 115, C.1.

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Radicación: 08001233100020090031801 (51353)
Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario182. En virtud de lo anterior,
respecto de la víctima, los demandantes se ubican en el nivel 3 de cercanía afectiva,
el cual requiere plena prueba del perjuicio moral para su reconocimiento.

Sin embargo, aunque se estableció la relación en el 3er grado de consanguinidad,
en el plenario no obra prueba alguna que acredite el perjuicio moral padecido por
Eislen Javier Robles Pérez, Robinson Fabian Robles Pérez, Holmer Pacheco
Robles y Dairon Stiben Pacheco Robles, son sobrinos de Eislen Escalante Pérez.
De manera que habrá de denegarse el reconocimiento.

8.2. La demanda peticionó por lucro cesante para María Celina Pérez de Escalante
$300.000 pesos mensuales desde la fecha de fallecimiento de Eislen Escalante
Pérez o el 40% de lo que este devengaba, adicionado con el 25% de prestaciones
sociales, o subsidiariamente lo que se demuestre en el proceso. El Tribunal
Administrativo de Antioquia denegó este reconocimiento.

En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
procedan el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente183, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.

En este orden de ideas, de cara a la acreditación del lucro cesante, se tiene el
testimonio de Santiago Medina Medina,184 quien indicó haber conocido a Eislen

182 Fl. 104 y 110 a 115, C.1.
183 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de

mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
184 Fl. 351 a 353, C.2. “Si conocí al dirigente Eislen Escalante por los años 96 y 97; ya que ambos

éramos líderes defensores de derechos humanos, en especial hacia la población vulnerable. […] y
al cabo de los meses no recuerdo con exactitud se perdió el contacto con él. Luego en un encuentro

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

Escalante Pérez en los años “96 y 97”, cuando la víctima trabajaba como defensor
de los derechos de las poblaciones vulnerables y como vendedor ambulante en
Cúcuta, luego de lo cual perdió contacto con él, hasta cuando “en un encuentro en
Bogotá de ONGS me dieron la noticia de la muerte de Eislen Escalante”. Sin
embargo, el testigo sostuvo que Escalante Pérez aportaba para la manutención de
su progenitora María Celina Pérez de Escalante, pero advirtió que tuvo
conocimiento de esta situación “por referencia”, algunas veces de la víctima quien
se preocupaba por enviarle dinero a su mamá, a quien afirma no haber conocido,
pero indica que quedó en condición precaria debido a la muerte de la víctima.

Ahora bien, se dijo con anterioridad que a juicio de la Sala y en los términos del
artículo 217185 del CPC, el citado testigo no es sospechoso, toda vez que no se
observa la existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad o la
independencia del declarante.

Sin embargo, en lo que refiere a la acreditación del lucro cesante la Sala considera
que el dicho del testigo no ofrece certeza, pues él mismo afirma no haber conocido
a la progenitora de la víctima y el conocimiento que tuvo de los hechos data de 1996
y 1997, luego de lo cual perdió contacto con Eislen Escalante Pérez, enterándose
de la muerte tiempo después de su ocurrencia, lo cual permite inferir que el testigo
no tuvo conocimiento directo de los perjuicios padecidos por María Celina Pérez de
Escalante.

Sin embargo, el perjuicio será considerado en atención a la presunción
jurisprudencial que tiene establecido que los hijos aportan al sostenimiento de sus
padres hasta la edad de 25 años. Así, frente al reconocimiento y liquidación del lucro

en Bogotá de ONGS me dieron la noticia de la muerte de Eislen Escalante […] cuando estaba en
Cúcuta hacía como de gestoría ante el Municipio y trabajaba en comercio ambulante principalmente,
vendiendo diferentes productos […] por referencia, no de manera directa o por los comentarios que
hacia Eislen cuando necesitaba plata; el hacia comentarios que necesitaba plata para su Madre Mari
(sic) y su hermana Evanes Robles: el cual él ayudaba en su manutención en el hogar de ella (la
Madre y la hermana) […] directamente no las conocí como dije anteriormente, pero en la referencia
[…] Eislen sobre todo cuando tenía los apuros del dinero para entregarle en el sostenimiento de su
señora Madre y de su hermana […] podríamos decir la precaria situación en quedó Evanes y su
Familia y su Señora Madre Doña María ya que Eislen era quién les daba la manutención […] la
Señora Madre la muerte de Eislen tengo entendido le agravó su enfermedad, se volvió más enferma
y creo que murió hace más de un año.”
185 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en

concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

cesante derivado de la contribución del hijo para el sostenimiento de sus
progenitores, se tiene como límite temporal del período de dependencia de los
padres “la fecha en que el hijo hubiera cumplido 25 años de edad, puesto que –
salvo prueba en contrario- las reglas de la experiencia indican que ese es el
momento hasta el cual los padres reciben ayuda económica de los hijos; se estima
que a esa edad éstos últimos se emancipan del seno familiar y conforman su propia
familia.”186.

En este orden de ideas, se advierte que Eislen Escalante Pérez nació el 12 de
diciembre de 1982187, de manera que alcanzaría la edad de 25 años el 12 de
diciembre de 2007. De lo anterior se infiere que el periodo indemnizable por
concepto de lucro cesante a favor de María Celina Pérez de Escalante cuenta desde
la fecha de los hechos y de la muerte – 14 de octubre de 2005, hasta el 12 de
diciembre de 2007, lo cual arroja un periodo total a indemnizar de 2 años, 1 mes y
28 días. Esto es, 25,93 meses.

Adicionalmente, se reitera que la demanda peticionó el lucro cesante para María
Celina Pérez de Escalante bajo tres opciones de liquidación:

i) Sobre la suma de $300.000 pesos mensuales desde la fecha de fallecimiento de
Eislen Escalante Pérez hasta la fecha de esta sentencia, debidamente actualizados.
Sin embargo, no hay lugar a reconocer el aporte materno en la suma de $300.000
pesos mensuales de la fecha de los hechos, en razón a que el salario mínimo legal
mensual vigente para esa época (2005) era de $381,500, de modo que tal
reconocimiento implicaría que Escalante Pérez destinaba todo su sustento a su
progenitora, situación que no quedó plenamente acreditada y que contraría la
presunción jurisprudencial según la cual, los hijos aportan el 50% de su ingreso al
sustento materno hasta los 25 años de edad.

ii) Sobre el 40% de lo que Eislen Escalante Pérez devengaba, adicionado con el
25% de prestaciones sociales. No obstante, respecto al ingreso base de liquidación
deben aplicarse los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio

186 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2007, Exp. 16064, sentencia de

julio 19 de 2001, Exp. 13086; sentencia de julio 6 de 2005, Exp. 13406; sentencia de junio 9 de 2005,
Exp. 15129.
187 Fl. 104, C.1.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

de 2019 en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de
prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que]
se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado
al tiempo de la [muerte], pues las pretensiones sociales son beneficios que operaran
con ocasión de una relación laboral subordinada”188-189. Siendo esto así, el
reconocimiento por lucro cesante prescindirá del porcentaje correspondiente a
prestaciones sociales, toda vez que no está acreditado que la víctima ostentaba una
vinculación laboral dependiente.

iii) Sobre lo que se demostrara en el plenario. En este sentido, quedó demostrado
que Eislen Escalante Pérez fungía como representante legal de la Asociación de
Desplazados Víctima del Sistema “Por una Colombia Nueva” (hecho probado
7.1.7.). Así, se establece el desarrollo de una actividad laboral, aunque no quedó
acreditado el ingreso mensual de la víctima. Ahora, pese a que se trataba de una
organización sin ánimo de lucro, ello no es óbice para inferir que las personas que
laboraban o prestaban sus servicios a la asociación lo hacían bajo la respectiva
contraprestación económica.

En este contexto, halla aplicación la tesis de antaño sostenida por esta
Corporación190, que de conformidad con el principio fundamental del derecho a una
remuneración mínima vital de los trabajadores contenido en el artículo 53 de la
Constitución Política, permite presumir con su trabajo Escalante Pérez obtenía una
suma equivalente al valor del salario mínimo legal mensual vigente de la que
devengaba su propio sostenimiento y el de su familia, concretamente, el de su
progenitora, según se demostró.

En este orden de ideas el reconocimiento se efectuará con fundamento en la tercera
opción peticionada en la demanda, esto es, conforme a lo acreditado en el plenario
y, en lo no probado, es decir en cuanto al monto del ingreso mensual de la víctima
y del aporte otorgado a su progenitora, con aplicación de la presunción
jurisprudencial, es decir sobre el salario mínimo actual vigente para la fecha de esta

188 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de

julio de 2019, expediente 44572.
189 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 11 de noviembre de 2020,

Rad.: 50349; Sentencia del 13 de agosto de 2021, Rad.: 49571
190 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.

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sentencia, sin adicionar el 25% de prestaciones sociales y reservando del ingreso
base de liquidación el 50% correspondiente al valor que la víctima destinaba para
su propia subsistencia. Así, se obtiene un ingreso base de liquidación de
$580.000191.

Ahora, la liquidación se efectuará con fundamento en la fórmula reconocida por la
jurisprudencia:

S = Ra (1+ i)n - 1
i
S= $580.000 (1 + 0.004867)25,93 -1
0.004867
S = $15.988.228,83

En síntesis, corresponde a María Celina Pérez de Escalante por concepto de lucro
cesante consolidado actualizado la suma de $15.988.228,83.

8.3. En la demanda se solicitó por daño a la vida de relación 100 SMLMV para
cada uno de los demandantes. El Tribunal Administrativo del Atlántico denegó este
reconocimiento.

Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios reclamados
por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados192, que establece la compensación,
de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a
favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, o mediante una
medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima
directa, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para
consolidar la reparación integral del daño.

191 Decreto 2613 de 2022, Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal año 2023 en $1.160.000.
192 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto

de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

En este sentido, no es procedente el reconocimiento pecuniario a favor de los
demandantes por concepto de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, por cuanto no tienen la calidad de
víctima directa del daño.

En suma, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva se modificará la
sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar
se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de Ana Delia Escalante
Pérez y Ramon Elías Gallo Escalante; se declarará la indebida representación de la
Nación en el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional; se declarará
administrativamente responsable a la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia,
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y al
Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. de la muerte de Eislen
Escalante Pérez y se les condenará a pagar i) por perjuicios morales la suma de
100 SMLMV para María Celina Pérez de Escalante y 50 SMLMV para Evanes
Robles Pérez; ii) por concepto de lucro cesante la suma de $15.988.228,83 para
María Celina Pérez de Escalante y; iii) se negarán las demás pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en precedencia.

9. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, la cual quedará así:

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Demandante: María Celina Pérez de Escalante y Otros

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Ana Delia
Escalante Pérez y Ramon Elías Gallo Escalante.

SEGUNDO: DECLARAR la indebida representación de la Nación en el Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional.

TERCERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior
y de Justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. de los
perjuicios causados a los demandantes con la muerte de Eislen Escalante Pérez,
ocurrida el 14 de octubre de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de
Protección – U.N.P. actúa como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de
Justicia y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.

“CUARTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. (como
sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento
Administrativo de Seguridad - D.A.S.” a pagar por perjuicios morales la suma de 100
SMLMV para María Celina Pérez de Escalante y 50 SMLMV para Evanes Robles
Pérez. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección –
U.N.P. fue legitimada como sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia
y del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S.

QUINTO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. (como
sucesor procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento
Administrativo de Seguridad - D.A.S.) a pagar por lucro cesante la suma de
$15.988.228,83 para María Celina Pérez de Escalante. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la Unidad Nacional de Protección – U.N.P. fue legitimada como sucesor
procesal del Ministerio del Interior y de Justicia y del Departamento Administrativo
de Seguridad - D.A.S.”

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: SIN COSTAS.

SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

VF

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