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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06091-01

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06091-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Luis Alberto Hernández Aguirre y otros contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Municipio de Jamundí. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06091-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06091-01

Accionante: LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ AGUIRRE Y OTROS

Autoridades: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Carácter subsidiario del amparo. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia
adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, mediante la cual se negó el
amparo solicitado.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 29 de septiembre de 2025, los señores Luis Alberto Hernández Aguirre, quien
actuó en representación de su hijo Daniel Felipe Hernández García, así como Flor
María García, María del Consuelo García y Eliabar García, por intermedio de
apoderada judicial, promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Municipio de Jamundí, con el propósito de obtener la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, que
estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro de un proceso de
reparación directa1.

1 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2023-00113-01.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud de la acción de tutela, la parte actora solicitó, de manera expresa, lo
siguiente:

«1.1. Tutelen los derechos fundamentales de mis prohijados al debido proceso,
igualdad, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia.

1.2. Ordene dejar sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa
expediente radicado No. 76001-33-33-001-2023-00113-01. Magistrado Fernando
Augusto García Muñoz.

1.3. Ordene al Magistrado Fernando Augusto García Muñoz que dicte una sentencia
de reemplazo en la que dé aplicación al: i) Artículo 29 de la Constitución Política. ii)
Sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 17 de junio
de 2024 expediente radicado No. 08001233100020090031801 (51353). Consejero
Nicolas Yepes Corrales y; el 24 de abril de 2024, expediente radicado No. 68001-23-
33-000-2015-00971-01 (61540). Consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas».

2. Hechos relevantes

El 15 de diciembre de 2018, la señora Mariceth García cayó de un caballo que
montaba durante una cabalgata realizada en el municipio de Jamundí, Valle del
Cauca. Como consecuencia del accidente, fue trasladada al centro de salud del
municipio y posteriormente remitida a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali,
donde falleció pese a las maniobras de reanimación practicadas. El informe de
necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó
que la causa de la muerte correspondió a una lesión hemorrágica intracraneana
secundaria a trauma craneoencefálico severo posterior a la caída del caballo.

Con ocasión de estos hechos, Luis Alberto Hernández Aguirre, quien actuó como
mandatario de su hijo Daniel Felipe Hernández García, así como Flor María García,
María del Consuelo García y Eliabar García, por intermedio de apoderada judicial,
promovieron demanda de reparación directa2 contra el Municipio de Jamundí, la cual
fue tramitada ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali.

Mediante sentencia No. 135 del 28 de agosto de 2024, el Juzgado declaró
extracontractualmente responsable al Municipio de Jamundí por la muerte de la

2 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2023-00113-00.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

señora Mariceth García. En dicha providencia, tuvo por acreditado el fallecimiento
con el registro civil de defunción y consideró que el alcalde municipal autorizó la
realización de la cabalgata sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 1801 de 2016
ni contar con un plan de emergencia que garantizara una atención médica oportuna.
Asimismo, estableció que, aunque la víctima se encontraba en estado de
embriaguez, tal circunstancia no configuró culpa exclusiva, por lo que declaró la
concurrencia de culpas y ordenó el reconocimiento de perjuicios con una reducción
del cincuenta por ciento (50 %).

Contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 28
de febrero de 2025, que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Para ello, concluyó que no se acreditó una falla del
servicio imputable al Municipio de Jamundí y que se configuró el eximente de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, al encontrarse
probado que la señora Mariceth García se hallaba en alto grado de alicoramiento al
momento del accidente.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sustentó la acción de tutela en que la sentencia reprochada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, al resolver el recurso de apelación y revocar la condena
impuesta en primera instancia.

En primer lugar, los accionantes alegaron la configuración de una violación directa
de la Constitución Política, al considerar que el Tribunal fundamentó su decisión
exclusivamente en el estado de embriaguez de la señora Mariceth García, sin valorar
de manera integral el acervo probatorio que, a su juicio, acreditaba la existencia de
una falla del servicio imputable al Municipio de Jamundí. Sostuvieron que dicha
actuación desconoció el artículo 29 de la Constitución Política, al restringir de forma
indebida su posibilidad de demostrar la responsabilidad estatal.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

En segundo término, invocaron la existencia de un defecto fáctico, al estimar que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió valorar pruebas relevantes que
obraban en el expediente, en especial el testimonio rendido por el entonces
personero municipal de Jamundí, quien advirtió sobre la falta de infraestructura y de
personal para la realización de la cabalgata. Afirmaron que dicha prueba demostraba
que el municipio incumplió su deber de garantizar la seguridad del evento,
circunstancia que fue desconocida por el juez de segunda instancia.

Asimismo, los accionantes plantearon la configuración de un defecto sustantivo, al
considerar que el Tribunal desatendió el principio iura novit curia, al exigirles
identificar de manera expresa las normas y obligaciones incumplidas por el Municipio
de Jamundí, cuando, a su juicio, bastaba con acreditar la ocurrencia del daño para
que se declarara la responsabilidad extracontractual del Estado.

Finalmente, alegaron el desconocimiento del precedente judicial, al sostener que el
Tribunal aplicó de manera indebida el eximente de responsabilidad consistente en la
culpa exclusiva de la víctima, en contravía de la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, según la cual dicho eximente solo opera cuando el
comportamiento de la víctima resulta imprevisible e irresistible. Indicaron que, en el
caso concreto, el siniestro era previsible y evitable, dadas las advertencias previas
formuladas sobre la realización de la cabalgata.

4. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el Consejo de Estado-Sección Cuarta
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas.
Asimismo, vinculó al juez Primero Administrativo de Cali y a los señores Elmer
Guerrero García y María Isabel García en calidad de terceros interesados en los
resultados de la acción. Finalmente, requirió al Juzgado Primero Administrativo de
Cali para que remitiera copia digital del expediente ordinario3.

En los escritos de contestación, la Alcaldía de Jamundí sostuvo que no autorizó la
cabalgata en la cual ocurrió el fallecimiento de la señora Mariceth García y afirmó

3 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2023-00113-00.

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Accionante: Orlando Hoyos Duque
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que dicho evento no contó con autorización de las autoridades municipales. Indicó
que la fallecida se encontraba en alto estado de alcoholemia y que su muerte
obedeció a dicha circunstancia y a la falta de deber de cuidado al participar en una
actividad que no estaba autorizada.

Asimismo, manifestó que la argumentación de la parte accionante no correspondió
a hechos en sentido estricto, sino a valoraciones y apreciaciones subjetivas
encaminadas a reabrir un debate ya resuelto en sede judicial. En ese sentido, afirmó
que la acción de tutela pretendió controvertir la sentencia de segunda instancia
mediante la revisión de discusiones probatorias y jurídicas propias del proceso
ordinario.

De igual forma, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de
Jamundí, al considerar que la presunta vulneración de derechos fundamentales se
atribuyó exclusivamente a una providencia judicial y no a una actuación u omisión de
la entidad territorial, la cual no profirió la decisión cuestionada ni tenía competencia
para cumplir las órdenes solicitadas en la tutela. Finalmente, sostuvo que la acción
de tutela no fue instituida como una tercera instancia ni como un mecanismo para
modificar decisiones judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada, razón por la cual
solicitó que se negara el amparo.

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali remitió copia íntegra del
expediente correspondiente al proceso ordinario de reparación directa radicado
76001-33-33-001-2023-00113-00, a través del enlace dispuesto en la plataforma
SAMAI. Asimismo, manifestó que dicho despacho no amenazó ni vulneró derechos
fundamentales de la parte demandante en el trámite del proceso ordinario, al
considerar que las actuaciones surtidas se ajustaron al ordenamiento jurídico.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los terceros interesados guardaron
silencio a pesar de estar debidamente notificados.

Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Cuarta negó el amparo solicitado. Consideró que la providencia judicial cuestionada
se ajustó a los parámetros constitucionales y legales, al encontrarse debidamente

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
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motivada y sustentada en una valoración razonable del material probatorio obrante
en el expediente. Señaló que el juez de segunda instancia explicó de manera
suficiente las razones por las cuales no se acreditó una falla del servicio imputable a
la entidad demandada y por las cuales estimó configurado el eximente de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, sin que dichas
conclusiones resultaran arbitrarias o caprichosas.

Precisó que las inconformidades planteadas por la parte actora se dirigieron a
controvertir la apreciación probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez
natural, lo cual excedía el ámbito de intervención del juez de tutela. En consecuencia,
concluyó que no se configuraron los defectos fáctico ni sustantivo alegados ni el
desconocimiento del precedente judicial, y reiteró que la acción de tutela no podía
ser utilizada como una instancia adicional para reabrir el debate propio del proceso
ordinario.

La parte accionante impugnó la decisión. Manifestó que la sentencia presentó
debilidades argumentativas al avalar la providencia judicial cuestionada sin realizar
un análisis constitucional suficiente. Sostuvo que se incurrió en defecto fáctico por la
omisión en la valoración del testimonio del personero municipal, quien advirtió
previamente sobre la falta de infraestructura y de personal para la realización del
evento, así como en defecto sustantivo por desconocimiento de la posición de
garante que, conforme a la Ley 1801 de 2016, corresponde a las autoridades
municipales en eventos de aglomeración. Alegó, además, el desconocimiento del
precedente judicial relativo a la improcedencia de la culpa exclusiva de la víctima
cuando existe concurrencia de causas atribuibles a la administración.

El 2 de diciembre de 2025 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado-Sección
Cuarta, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
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Acción de tutela – Segunda instancia

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las
jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal».

Caso concreto

La Sala examinó la acción de tutela promovida por Luis Alberto Hernández Aguirre y
otros contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
cuestionó la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida en segunda instancia
dentro de un proceso de reparación directa, al estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

Del expediente se constató que los accionantes promovieron demanda de reparación
directa contra el Municipio de Jamundí, con fundamento en el fallecimiento de la
señora Mariceth García, ocurrido el 15 de diciembre de 2018 durante la realización
de una cabalgata. La demanda fue conocida en primera instancia por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali, el cual, mediante sentencia del 28
de agosto de 2024, declaró extracontractualmente responsable al ente territorial, al
considerar que la autoridad municipal autorizó la realización del evento sin cumplir
los requisitos exigidos por la Ley 1801 de 2016 y sin contar con un plan de
emergencia adecuado, y concluyó que se configuró una concurrencia de culpas.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver el recurso de apelación
interpuesto contra dicha decisión, profirió sentencia el 28 de febrero de 2025,
mediante la cual revocó la providencia de primera instancia y negó las pretensiones
de la demanda. Para ello, concluyó que no se acreditó una falla del servicio imputable
al Municipio de Jamundí, al estimar que no se demostró que la entidad hubiera
organizado o autorizado formalmente la cabalgata ni que existiera una deficiente

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atención médica posterior al accidente. Adicionalmente, consideró configurado el
eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, al
encontrar probado que la señora Mariceth García se encontraba en alto grado de
alicoramiento al momento de la caída del caballo.

Para la Sala, la providencia judicial cuestionada desarrolló un razonamiento jurídico
suficiente y coherente en torno a la imputación de responsabilidad estatal y a la
valoración del material probatorio, sin que se advirtiera arbitrariedad, irrazonabilidad
manifiesta ni desconocimiento del precedente judicial. En particular, el Tribunal
explicó las razones por las cuales estimó que no se encontraba acreditada una
conducta omisiva atribuible a la administración y por las cuales consideró que el
comportamiento de la víctima rompió el nexo causal necesario para declarar la
responsabilidad del ente territorial.

En contraste, los fundamentos de la acción de tutela y los argumentos expuestos en
la impugnación se limitaron a reiterar la inconformidad de la parte actora con la
valoración probatoria y con la conclusión jurídica adoptada por el juez de segunda
instancia, y solicitaron, en lo sustancial, que el juez constitucional revaluara el
análisis efectuado en sede ordinaria para restablecer la condena impuesta en
primera instancia.

La Sala advierte que tales planteamientos no acreditaron una afectación autónoma
de derechos fundamentales ni demostraron la configuración de un defecto judicial,
en la medida en que el reproche se dirigió a obtener una nueva valoración jurídica y
probatoria de un asunto ya definido por el juez natural, dentro del ámbito de su
competencia.

En consecuencia, al no superarse el requisito de relevancia constitucional, la acción
de tutela resulta improcedente, por cuanto fue utilizada como un mecanismo para
reabrir un debate propio de la legalidad ordinaria y para procurar una revisión
adicional de la sentencia proferida en el proceso de reparación directa, lo cual
excluye la intervención del juez de tutela.

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Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

En ese contexto, al no advertirse una actuación caprichosa, irrazonable o carente de
sustento jurídico por parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente
que el juez de tutela intervenga para revisar o sustituir la interpretación adoptada por
el juez natural. La Sala reitera que la acción de tutela no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo alterno para cuestionar decisiones judiciales adoptadas
con sujeción a la ley, pues el ejercicio de control constitucional no puede desconocer
la autonomía e independencia funcional que amparan la labor de los jueces en la
aplicación e interpretación del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR improcedente la
acción de tutela presentada por Luis Alberto Hernández Aguirre y otros contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Municipio de Jamundí.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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