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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05914-01

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05914-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela de Orlando Hoyos Duque contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05914-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis(2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05914-01

Accionante: ORLANDO HOYOS DUQUE

Autoridades: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Carácter subsidiario del amparo. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia
adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante, el señor Orlando
Hoyos Duque, contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A, que negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES
1. Acción de tutela

El 22 de septiembre de 2025 el señor Orlando Hoyos Duque, actuando en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca-Despacho 011, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al trabajo,
que estimó vulnerados con ocasión de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 28 de agosto de 2025, por
medio del cual se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Cali, que rechazó la demanda formulada dentro del medio de
control de reparación directa.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«Depreco cordialmente se TUTELEN mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, A LA DIGINIDAD HUMANA EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

TRABAJO, para acceder a la administración de justicia y evitar el perjuicio
irremediable de estar permanentemente cesante de mi vocación de arquitecto por el
daño antijurídico causado por EL ESTADO – NACION – DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN – CALI, ORDENANDO A LA
DEMANDA ADMITA LA DEMANDA DE REPARACION DIRECTA Y LE DE CURSO
JUDICIAL ESTABLECIDO EN LA LEY PROCESAL».

2. Hechos relevantes

El señor Orlando Hoyos Duque, arquitecto de profesión, promovió demanda de
reparación directa1 ante el Juzgado Dieciocho Contencioso Administrativo de Cali,
con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad de la Nación-Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN) por los perjuicios que
afirmó haber sufrido como consecuencia de la ejecución de medidas cautelares
decretadas en su contra dentro de un proceso de jurisdicción coactiva.

Según lo expuesto, la DIAN-Cali inició un proceso de cobro coactivo en su contra por
el presunto incumplimiento de la obligación de declarar renta correspondiente al año
gravable 2007, dentro del cual ordenó el embargo y secuestro de un vehículo
automotor de su propiedad, el cual fue posteriormente rematado, así como el
embargo y secuestro del establecimiento de comercio “D’Avanzada Arquitectura”,
matriculado desde el 24 de agosto de 1990, medidas que fueron inscritas en el
registro mercantil a partir del 11 de marzo de 2015.

El actor sostuvo que dichas actuaciones se fundamentaron en una resolución
sanción por no declarar, la cual consideró ilegítima, al afirmar que los ingresos
percibidos en el año 2007 correspondieron exclusivamente a honorarios
profesionales derivados de contratos de obra civil celebrados con el Club Campestre
Farallones, respecto de los cuales se practicó retención en la fuente, sin que existiera
venta de activos fijos ni se superaran los topes legales que imponían la obligación
de declarar renta conforme al artículo 8 del Decreto 4818 de 2007.

Afirmó que, como consecuencia de la inscripción del embargo sobre su
establecimiento de comercio, se vio impedido para ejercer su profesión de arquitecto,
en tanto la existencia de dicha medida cautelar le imposibilitó contratar con entidades

1 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-018-2024-00192-00.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

públicas y privadas, dado que la normativa de contratación estatal exige encontrarse
a paz y salvo por concepto de obligaciones fiscales. Indicó que tal situación le
ocasionó una pérdida de oportunidad laboral y económica prolongada, que estimó
equivalente al término de duración de la inscripción del embargo, esto es, diez años.

Con fundamento en lo anterior, el accionante calificó el daño sufrido como antijurídico
y de carácter permanente, atribuible a una operación administrativa desplegada por
la DIAN en el marco del proceso de jurisdicción coactiva, y solicitó su reparación a
través del medio de control de reparación directa.

El Juzgado Dieciocho Contencioso Administrativo de Cali, mediante auto del 17 de
febrero de 2025, consideró que el daño alegado se derivó de la ejecución de actos
administrativos y, en consecuencia, estimó que la acción procedente era la de
nulidad y restablecimiento del derecho; adicionalmente, concluyó que, aun bajo el
medio de control de reparación directa, la demanda se encontraba afectada por el
fenómeno de la caducidad, razón por la cual dispuso su rechazo.

Inconforme con dicha decisión, el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011, mediante
auto del 28 de agosto de 2025, que confirmó el rechazo de la demanda. Para ello,
precisó que, aunque el medio de control de reparación directa resultaba procedente
de manera excepcional, el accionante tuvo conocimiento del daño desde el momento
en que se decretaron e inscribieron las medidas cautelares, esto es, en los años
2015 y 2016, mientras que la demanda fue presentada únicamente hasta el 28 de
agosto de 2024, cuando el término de caducidad ya había fenecido.

Con base en tales decisiones judiciales, el señor Orlando Hoyos Duque promovió
acción de tutela.

3. Fundamentos de la acción

El accionante sustentó su solicitud en la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, derivada de las providencias judiciales proferidas por el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
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Despacho 011, mediante las cuales se rechazó la demanda formulada dentro del
medio de control de reparación directa por considerar configurado el fenómeno de la
caducidad.

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
desconocimiento del precedente constitucional y contencioso administrativo, al
aplicar de manera rígida el término de caducidad del medio de control de reparación
directa, pese a que, a su juicio, el daño alegado tenía carácter permanente, por
cuanto la inscripción de la medida cautelar de embargo sobre su establecimiento de
comercio se mantuvo vigente durante varios años e impidió de forma continuada el
ejercicio de su profesión de arquitecto.

Afirmó que el daño antijurídico no se agotó en el momento de expedición de los actos
administrativos que dieron origen al proceso de jurisdicción coactiva, sino que se
prolongó en el tiempo con la persistencia de los efectos derivados de la medida
cautelar, razón por la cual consideró que el término de caducidad debía computarse
desde el momento en que tuvo plena conciencia de la magnitud del perjuicio o, en
su defecto, aplicarse una interpretación flexible de este, conforme a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en particular las providencias
SU-439 de 2024 y T-301 de 2019.

Indicó que la negativa de admitir la demanda de reparación directa le impidió acceder
a la administración de justicia y obtener la reparación integral del daño que afirmó
haber sufrido, lo cual configuró una vulneración de su derecho al debido proceso en
su dimensión de acceso efectivo a la justicia. Señaló, además, que dicha decisión
judicial profundizó la afectación a su dignidad humana y a su derecho al trabajo, al
perpetuar la imposibilidad de ejercer su actividad profesional y de obtener ingresos
derivados de la misma.

Finalmente, alegó la existencia de un perjuicio irremediable, al considerar que la
permanencia de la medida cautelar y la imposibilidad de discutir judicialmente la
legalidad del daño sufrido lo mantuvieron en una situación de exclusión laboral
prolongada, con repercusiones económicas, personales y familiares, circunstancia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
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que, en su criterio, habilita la intervención del juez constitucional para ordenar la
admisión de la demanda y su trámite conforme a la ley procesal.

4. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 23 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades
accionadas y requirió al Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali para que remitiera
copia digital del expediente de reparación directa con radicado 76001-33-33-018-
2024-00192-00/01.

En la contestación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011
solicitó que se declarara improcedente el amparo. Afirmó que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados, dado que se garantizó el debido proceso, el
derecho de defensa y el de acceso a la administración de justicia, con aplicación de
la jurisprudencia vigente sobre la procedencia excepcional de la reparación directa y
el régimen de caducidad. Sostuvo que el accionante pretendió utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia, para controvertir una decisión judicial adoptada
dentro de la legalidad y con efectos de cosa juzgada. Finalmente, indicó que no se
configuraron causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales y solicitó, de manera subsidiaria, que se negara el amparo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que no tuvo competencia
para resolver la situación planteada por el accionante ni para cumplir una eventual
orden derivada del trámite constitucional, por cuanto las providencias cuestionadas
fueron proferidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011.

Indicó que la demanda de reparación directa promovida por el actor fue rechazada
en primera instancia mediante auto del 17 de febrero de 2025, decisión que fue
confirmada en segunda instancia por auto del 28 de agosto de 2025, sin que la
demanda hubiera sido admitida ni se hubiera vinculado a la DIAN al proceso
contencioso. Afirmó que la acción de tutela pretendió que se ordenara la admisión

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
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de dicha demanda, actuación que resulta ajena a sus competencias. Concluyó que
no vulneró los derechos fundamentales invocados y solicitó que se desvinculara a la
DIAN del trámite de tutela, al no encontrarse legitimada para responder por las
decisiones judiciales cuestionadas.

Por su parte, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali remitió el expediente
solicitado y guardó silencio.

Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025 el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A negó el amparo solicitado. Sostuvo que el accionante tuvo
conocimiento del daño desde los años 2015 y 2016, mientras que la demanda fue
presentada en 2024, cuando el término de caducidad ya había vencido. Precisó que
la permanencia de los efectos de la medida cautelar no configuró un daño continuado
y que la jurisprudencia invocada no constituía precedente aplicable.

La parte accionante impugnó la decisión. Manifestó que el fallo vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Sostuvo que el rechazo de la demanda de reparación
directa le causó un perjuicio irremediable, al mantener de forma prolongada los
efectos de una medida cautelar que le impidió ejercer su profesión. Afirmó que el
daño alegado tuvo carácter permanente, razón por la cual estimó inaplicable una
interpretación rígida del término de caducidad. Alegó desconocimiento del
precedente constitucional y contencioso administrativo sobre la flexibilización de
dicho término en casos de daños continuados o permanentes y solicitó la revocatoria
de la decisión impugnada y la protección de su derecho al debido proceso. El 28 de
octubre de 2025 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A, que declaró improcedente la acción.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional2: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las

2 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05914-01
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jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal».

Caso concreto
La Sala examinó la acción de tutela promovida por el señor Orlando Hoyos Duque
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011, el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Cali y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN, mediante la cual cuestionó las providencias que rechazaron la demanda
presentada a través del medio de control de reparación directa, al estimar
configurado el fenómeno de la caducidad.

Del expediente se constató que el accionante promovió demanda de reparación
directa contra la DIAN por los perjuicios que atribuyó a la ejecución de medidas
cautelares decretadas dentro de un proceso de jurisdicción coactiva, consistentes en
el embargo y secuestro de un vehículo y en la inscripción del embargo sobre su
establecimiento de comercio. Sostuvo que tales medidas le impidieron ejercer su
profesión de arquitecto durante varios años y que dicho efecto debía calificarse como
un daño de carácter permanente.. La demanda fue rechazada en primera instancia
y la decisión fue confirmada en segunda instancia.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, mediante auto del 17 de febrero de
2025, rechazó la demanda luego de identificar que el daño alegado se produjo con
ocasión de la ejecución de actos administrativos expedidos en el marco del proceso
de cobro coactivo y que el accionante tuvo conocimiento de las medidas cautelares
desde su imposición e inscripción en los registros correspondientes, ocurridas en los
años 2015 y 2016. A partir de ello, efectuó el cómputo del término de caducidad y
concluyó que, aun bajo el medio de control de reparación directa, la acción se
encontraba caducada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011, mediante auto del 28
de agosto de 2025, confirmó el rechazo y precisó que el medio de control idóneo era

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el de reparación directa, en la medida en que el debate se relacionó con la
materialización de las medidas cautelares. Sin embargo, concluyó que el daño
alegado no correspondió a un daño continuado, sino a un daño identificable desde
la imposición de las medidas, con efectos que se extendieron en el tiempo, razón por
la cual el término de caducidad se contabilizó desde el momento en que el actor tuvo
conocimiento del daño, lo cual ocurrió en 2015 y 2016, de manera que la demanda
presentada el 28 de agosto de 2024 resultaba a todas luces caducada. Asimismo,
explicó que la persistencia de consecuencias desfavorables no alteró el punto de
partida de la caducidad, pues esta se determinó por la ocurrencia o conocimiento del
daño y no por la prolongación de sus efectos.

Para la Sala, los autos cuestionados desarrollaron un razonamiento jurídico
suficiente sobre la procedencia del medio de control y sobre el cómputo del término
de caducidad, sin que se advirtiera arbitrariedad, irracionabilidad manifiesta ni
desconocimiento del precedente. En particular, las autoridades judiciales explicaron
por qué la prolongación de los efectos de la medida cautelar no transformó el daño
en continuado ni habilitó un reinicio del término, y por qué la demanda se presentó
por fuera del lapso legal.

En contraste, los fundamentos de la acción de tutela y los argumentos de
impugnación se limitaron a reiterar la discrepancia del actor con la calificación del
daño y con el cómputo del término de caducidad, y buscan, en lo sustancial, que el
juez constitucional ordene la admisión y trámite de la demanda contenciosa.

La Sala advierte que tales planteamientos no acreditaron una afectación autónoma
de derechos fundamentales imputable a las autoridades accionadas, incluida la
DIAN, ni demostraron la configuración de un defecto judicial, pues los reproches se
centraron en obtener una nueva valoración jurídica de un asunto resuelto por el juez
natural.

En consecuencia, al no superarse el requisito de relevancia constitucional, la acción
de tutela resulta improcedente, en tanto se utilizó como mecanismo para reabrir un
debate de estricta legalidad y para procurar una revisión adicional de las decisiones

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Accionante: Orlando Hoyos Duque
Acción de tutela – Segunda instancia

adoptadas en sede contenciosa, lo cual evidencia su uso como tercera instancia y
excluye cualquier examen de fondo sobre las providencias cuestionadas.

En ese contexto, al no advertirse una actuación caprichosa, irrazonable o carente de
sustento jurídico por parte de las autoridades judiciales accionadas, resulta
improcedente que el juez de tutela intervenga para revisar o sustituir la interpretación
adoptada por el juez natural. La Sala reitera que la acción de tutela no constituye una
tercera instancia ni un mecanismo alterno para cuestionar decisiones judiciales
adoptadas con sujeción a la ley, pues el ejercicio de control constitucional no puede
desconocer la autonomía e independencia funcional que amparan la labor de los
jueces en la aplicación e interpretación del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela de Orlando Hoyos Duque contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca-Despacho 011, el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Cali y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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