Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00683-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00683-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-31-000-2009-00683-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
16 de agosto de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Demandante: COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO MUNICIPAL - COOPMUNICIPAL
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la discusión acerca de la legalidad de las
Resoluciones números 022 de 22 de febrero y 053 de 9 de abril, ambas proferidas en el año 2007
por el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM), por cuanto fueron expedidas sin competencia, con
desconocimiento del debido proceso, de la naturaleza jurídica del convenio suscrito entre las partes
y de la Ley 80 de 1993.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección de Descongestión que denegó las pretensiones de la
demanda (fls. 683 a 701 cdno. ppal.) en los siguientes términos:
“PRIMERO: DENIGANSE (sic) las pretensiones de la demanda
instaurada por la COOPERATIVA Nacional para el Fomento y Desarrollo
Municipal COOPMUNICIPAL contra el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, de conformidad a las razones que anteceden.
SEGUNDO: Sin CONDENA en costas en esta instancia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente del presente fallo a la
Procuraduría Delegada ante esta Corporación y una vez ejecutoriada esta
decisión devuélvase al Despacho de origen.” (fls. 700 vlto. y 701 ibidem –
negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 17 de julio de 2009 en la Secretaría del Tribunal
2
Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
Administrativo del Atlántico, la Cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo
Municipal (Coopmunicipal), actuando por intermedio de apoderado judicial,
interpuso demanda en ejercicio del medio de controversias contractuales (fls. 1 a 39
cdno. no. 3) con las siguientes súplicas:
“1. Que es NULA en todas sus partes la Resolución No. 022 del 22 e
febrero de 2007 `Por medio de la cual se declara la caducidad del
Convenio de Asociación No. 001 – CAY-1ERA ETAPA, cuyo objeto es
ejecutar el Proyecto de Vivienda de Interés Social las Cayenas -Primera
Etapa`, expedida por la entonces Gerente General del BANCO
INMOBILIARIO METROPOLITANO del DISTRITO ESPECIAL
INDUSTRAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, FLOR MARÍA
ACUÑA VENGOECHEA.
2. Que es NULA en todas sus partes la Resolución No. 053 del 9 de abril
de 2007 `Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
interpuestos contra la Resolución 022 – 2007 mediante la cual se declara
la caducidad del Convenio de Asociación No. 001 – CAY-1ERA ETAPA,
cuyo objeto es ejecutar el Proyecto de Vivienda de Interés Social las
Cayenas -Primera Etapa”, expedida del DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARANQUILLA, FLOR MARÍA ACUÑA
VENGOECHEA.
3. Que por la naturaleza y características del `CONVENIO DE
ASOCIACIÓN 001 – CAY – 1ERA ETAPA- 26 DE ENERO DE 2006.
PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL LAS CAYENAS -PRIMERA ETAPA, SUSCRITO ENTRE EL
BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO Y LA COOPERATIVA
NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL –
COOPMUNICIAL`, la Cláusula de Caducidad, a pesar de ser pactada,
debió ser tenida como inexistente.
4. Quela UNIÓN TEMPORAL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA – BANCO INMOBILIARIO
METROPOLITANO PARA ADELANTAR EL PROYECTO VIS LAS
CAYENAS del 21 de octubre de 2004, representada legal y judicialmente
por el BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO, incumplió el
`CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 – CAY- 1ERA ETAPA-26 DE ENERO
DE 2006 PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS – PRIMERA ETAPA, SUSCRITO
ENTRE EL BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO Y LA
COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
MUNICIPAL COOPMUNICIPAL`.
5. Que para todos los efectos el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA y el BANCO INMOBILIARIO
METROPOLITANO DE BARRANQUILLA en calidad de miembros de la
UNIÓN TEMPORAL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA – BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO del
21 de oct ubre de 2004, son solidaria e ilimitadamente responsables por
el incumplimiento del `CONVENIO DE ASOCIACIÓN 001 – CAY- 1ERA
ETAPA- 26 DE ENERO DEL 2006. PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS -
PRIMERA ETAPA, SUSCRITO ENTRE EL BANCO INMOBILIARIO
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
METROPOLITANO Y LA COOPERATIVA NACIONAL PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL – COOPMUNICIPAL.
6. Que al incumplir su deber de liquidar el `CONVENIO DE ASOCIACIÓN
001 – CAY 1ERA ETAPA -26 DE ENTO DEL 2006 PARA DESARROLLAR
EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS -
PRIMERA ETAPA, SUSCRITO ENTRE EL BANCO INMOBILIARIO
METROPOLITANO Y LA COOPERATIVA NACIONAL PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL COOPMUNICIPAL`, el
BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO en nombre y representación
de la UNIÓN TEMPORAL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA – BANCO INMOBILAIRIO
METROPOLITANO PARA ADELANTAR EL PROYECTO VIS LAS
CAYENAS del 21 de octubre de 2004, está obligado a hacerlo y en efecto
debe proceder a realizarse.
7. Que como consecuencia de lo inmediatamente anterior, se condene al
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTAURIO DE
BARRANQUILLA y al BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO al
pago de todos los perjuicios materiales y morales causados a mi
representada, incluyendo daño emergente y lucro cesante, así como la
corrección monetaria y cualesquiera otros índices de ajuste monetario de
tales sumas.
8. Que se condene a la demandada al pago de las costas, agencias en
derecho y demás gastos del proceso.” (fls. 1 y 2 cdno. no. 3 – mayúsculas
fijas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 21 de octubre de 2004, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla suscribió con el Banco Inmobiliario Metropolitano1 un convenio de
compromiso o de unión temporal para adelantar el proyecto de vivienda de interés
social denominado Las Cayenas.
2) En febrero de 2005, el proyecto Las Cayenas obtuvo licencia de construcción y
urbanismo por parte de la Curaduría Urbana Segunda de Barranquilla.
3) El 23 de abril de 2005, el proyecto de vivienda de interés social tipo I Las Cayenas
obtuvo en su primera etapa declaratoria de elegibilidad por parte de Findeter,
1 Con el Decreto 0262 del 23 de julio de 2003 el alcalde de Barranquilla creó el Banco Inmobiliario
Metropolitano (BIM) como empresa industrial y comercial del Estado.
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
entidad que aprobó el esquema financiero en el que no se contemplan utilidades ni
tributos debido a su condición de interés social tipo I.
4) El 26 de enero de 2006, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) y la
Cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
suscribieron el convenio de asociación no. 001 CAY-1ERA ETAPA con el objeto de
desarrollar y materializar el proyecto de vivienda de interés social Las Cayenas
primera etapa, negocio jurídico en el que Coopmunicipal cofinanciaba el proyecto
en un 5% del total, sin pactar el pago o reconocimiento de tributos.
5) De acuerdo con lo convenido, a partir del 17 de mayo de 2006 el Banco
Inmobiliario Metropolitano (BIM) debía girar a Coopmunicipal la suma de
$1.500.000.000 para el inicio de las obras del proyecto, desembolso que no se
cumplió.
6) El 22 de marzo de 2007, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) emitió la
Resolución no. 022 mediante la cual declaró la caducidad del convenio de
asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA, decisión que fue recurrida por parte de
Coopmunicipal y confirmada a través de la Resolución no. 053 de 9 de abril de 2007.
3. Fundamento de la demanda
En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho, en
resumen, lo siguiente:
Las Resoluciones números 022 y 053 de 2007, ambas expedidas por Banco
Inmobiliario Metropolitano (BIM), se dictaron con desconocimiento de lo dispuesto
en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 13 y
14 de la Ley 80 de 1993, pues, el BIM motivó falsamente la decisión de caducidad
del convenio, incurrió en una desviación de poder y se abrogó una facultad de
exclusivo resorte de contratos estatales entre los cuales no se encuentran los
convenios.
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Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
4. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 6 de septiembre de 2010 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas
(fls. 373 a 389 cdno. no. 1)2, con los siguientes argumentos:
1) Coopmunicial es una cooperativa que no está conformada única y
exclusivamente por entidades estatales, razón por la cual el convenio suscrito con
el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) no es interadministrativo sino de
asociación.
2) La parte demandante insiste en que no procedía la declaración de caducidad del
convenio, olvidando que se trata de un convenio de asociación suscrito con una
entidad pública, la cual se rige por la Ley 80 de 1993.
3) Propuso como excepciones las siguientes:
a) “Ineptitud sustancial y probatoria de la demanda”, pues, el escrito de la demanda
se limita a formular imputaciones falsas sin soporte probatorio alguno.
b) “La mora purga la mora”, por cuanto, si la cooperativa no cumplía con sus
obligaciones el banco tampoco debía dar cumplimiento al desembolso del dinero
comprometido.
c) “Falta de legitimación en la causa por pasiva por la imposibilidad fáctica y jurídica
de cumplir un eventual fallo adverso”, ya que el Banco Inmobiliario Metropolitano
(BIM) entró en proceso de liquidación y no le es dable al Distrito de Barranquilla dar
cumplimiento a lo que pretende con la demanda.
2 La demanda fue admitida en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y
Banco Inmobiliario Metropolitano – BIM. Al proceso solo concurrió el Distrito Especial y en la
sentencia se resolvió en contra del Distrito Especial por cuanto el Banco Inmobiliario Metropolitano
se había liquidado y todos sus haberes habían pasado al Distrito.
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en
providencia de 27 de enero de 2015 (fls. 683 a 701 cdno. ppal.) denegó las súplicas
de la demanda con base en el siguiente razonamiento:
1) El convenio suscrito entre las partes no encuadra dentro de un convenio
interadministrativo porque Coopmunicipal no es una entidad estatal a las que se
refiere en artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y para ser interadministrativo requeriría
que las dos partes fueran entidades estatales.
2) En ese sentido, como el convenio no es interadministrativo en este sí podían
pactarse las cláusulas exorbitantes y no era necesario que se estipulara de manera
expresa, pues, por ser un contrato de obra su inclusión es de carácter obligatorio.
3) Por último, se acreditó que la cooperativa, con antelación a la declaratoria de
caducidad del convenio fue requerida en varias oportunidades sin que se lograra el
cabal cumplimiento del objeto contratado.
5. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 703 a 724 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 25 de julio de 2016 (fl. 725 ibidem), impugnación que fue sustentada en los
siguientes términos:
1) Contrario a lo manifestado por el tribunal de primera instancia, el objeto de la
demanda se refiere a un convenio de asociación y no a un contrato de obra, según
lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
2) El presente asunto se refiere a un convenio de asociación y no a un contrato de
obra, negocio jurídico al cual le son aplicables las reglas del derecho privado civil o
comercial, contrario a lo concluido en la sentencia.
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Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
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controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) En el entendimiento de que Coopmunicipal es una entidad estatal, como lo
sostuvo el tribunal, se está frente a un convenio interadministrativo, al cual no le son
aplicables las cláusulas exorbitantes, como lo es la de caducidad administrativa.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 8 de noviembre de 2016 se admitió el recurso de apelación (fl. 729
cdno. ppal.).
2) El 12 de mayo de 2017 se negó la solicitud probatoria elevada por la parte actora
en el recurso de apelación (fls. 731 a 734 ibidem).
3) Posteriormente, el 2 de octubre de 2017 (fl. 736 cdno. ppal.) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.
4) En dicho término la parte demandada presentó escrito de alegaciones de
conclusión (fls. 737 a 754 ibidem); el Ministerio Público guardó silencio (fl. 755 cdno.
ppal.).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) aspecto preliminar, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusiones y,
5) condena en costas y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la controversia planteada consiste en la discusión acerca de la legalidad
de las Resoluciones números 022 de 22 de febrero y 053 de 9 de abril, ambas
proferidas en el año 2007 por el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM), por
estimarse que fueron expedidas sin competencia, con desconocimiento del debido
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
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Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
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proceso, de la naturaleza jurídica del convenio suscrito entre las partes y de la Ley
80 de 1993.
El Tribunal Administrativo del Atlántico denegó las pretensiones de la demanda por
considerar que el convenio suscrito entre las partes era de asociación regido por la
Ley 80 de 1993, razón por la cual el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) sí
contaba con la facultad exorbitante para declarar la caducidad del mismo, luego de
tener por acreditados los graves incumplimientos de la cooperativa en la ejecución
del proyecto de vivienda denominado Las Cayenas.
En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia sobre la base de insistir en que el convenio
suscrito entre las partes no es interadministrativo y, por ende, el banco no tenía
competencia para declarar la caducidad porque se trata de un negocio jurídico
regido por el derecho privado.
La sentencia apelada mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
será confirmada, pero por las consideraciones que se exponen a continuación.
2. Aspecto preliminar
1) Encontrándose el asunto para fallo, la Sala estima pertinente despejar la
inquietud acerca de la existencia de la posible configuración de una causal de
nulidad de lo actuado, de carácter insaneable, como lo es la falta de jurisdicción.
2) Revisado el texto del negocio jurídico objeto de la presente controversia la Sala
evidencia que las partes en la cláusula vigésima del convenio de asociación no. 001
CAY-1ERA ETAPA pactaron una cláusula compromisoria en los siguientes
términos:
“CLÁUSULA VIGÉSIMA. DEL ARBITRAMENTO. Cualquier deferencia o
controversia que surja entre las partes en razón del presente convenio o
en la ejecución o liquidación que no pueda ser solucionada por las partes
en conversación directa será resuelta por un Tribunal de Arbitramento
integrado por tres (3) árbitros escogidos por la Cámara de Comercio de
Barranquilla de conformidad con las normas pertinentes de carácter civil,
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Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
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Apelación de sentencia
en cual procederá decidir el conflicto fallando en derecho”. (fl. 97 cdno.
no. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del original).
3) En la oportunidad para contestar la demanda Coopmunicipal no propuso la
excepción de cláusula compromisoria, por lo tanto, se estima que las partes
renunciaron tácitamente al pacto arbitral y, por ende, el Tribunal Administrativo del
Atlántico debía resolver integralmente las pretensiones de la demanda.
4) Esta Corporación en otros casos muy similares al presente concluyó que la tesis
acerca del deber de ejercer la renuncia a la cláusula o pacto arbitral de manera
expresa no es aplicable porque, tanto la demanda como su contestación tuvieron
ocurrencia con anterioridad al cambio jurisprudencial.
5) En efecto, acerca de la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial acogido
en el auto de unificación del 18 de abril de 2013, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dijo lo siguiente:
“La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó
la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la
aplicación de la cláusula compromisoria, cuando una de ellas instauraba
demanda ante la jurisdicción administrativa y la otra no excepcionaba falta
de jurisdicción. Posteriormente, la S.P. de esta Sección unificó la
jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la cláusula compromisoria
exige un pacto revestido de las mismas formalidades empleadas para su
nacimiento, con lo cual concluyó que se requería escrito. Esta decisión no
moduló sus efectos3.
La demanda se presentó el 6 de mayo de 2005, fecha para la cual la
jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia
tácita” a la cláusula compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado
en decisión de 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa
mediante escrito.
Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos
sobre todos los casos a los que se aplica, no se puede desconocer
que un nuevo criterio, aplicado a las demandas interpuestas con
anterioridad, puede -como sucede en este caso- entrañar una
afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga
desproporcionada al demandante, luego de muchos años de estar
pendiente de que se revuelva su controversia. Adicionalmente, la
aplicación del criterio de la renuncia tácita es consonante con las
nuevas disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012 sobre
arbitraje y del Código General del Proceso.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de abril de 2013, radicación
no. 17859 MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
La jurisprudencia de esta Subsección ha considerado necesario aplicar la
regla de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, cuando las partes
acuden a la jurisdicción contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a
la administración de justicia, en los eventos de demandas presentadas
con anterioridad al cambio de criterio jurisprudencial4.
Como al momento de la presentación de la demanda la
jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de
las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, se
conocerá de la demanda no obstante la cláusula compromisoria
pactada por las partes.”5 (negrillas adicionales).
En esa perspectiva, la Sala conserva la competencia asumida desde la primera
instancia en garantía de la confianza legítima que tenían las partes al momento de
la presentación de la demanda y de la contestación a esta sin hacer manifiesta su
oposición a la competencia de esta jurisdicción contencioso administrativa.
3. Análisis de la impugnación
3.1 Hechos probados
Examinadas las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado lo siguiente:
1) El 26 de enero de 2006, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) suscribió con
la cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal (Coopmunicipal) el
convenio de asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA, con un plazo de dieciséis (16)
meses y por un valor estimado de $13.927`026.726 (fls. 84 a 98 cdno. no. 3).
El objeto del convenio de asociación consistió en “la Asociación, entre EL BANCO
y EL ASOCIADO CONSTRUCTOR, para desarrollar y materializar de manera total
el PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS – PRIMERA
ETAPA, a través de la canalización y utilización de los recursos financieros
determinados para el proyecto – provenientes de los subsidios de vivienda de
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, radicación
no. 44009 MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación no. 08001-23-31-000-2005-01245-01(36875) MP
Guillermo Sánchez Luque. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia 7 de mayo de 2021, radicación no. 76001-23-31-000-
2002-01766-01(48746) MP José Roberto Sáchica Méndez, y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 18 de noviembre de 2021,
radicación no. 05001-23-31-000-1999-03378-03(54883) MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
interés social de carácter nacional y local y de los aportes de los núcleos familiares
beneficiarios, mediante el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos
aportados por cada uno de los extremos contractuales que permita la construcción
de las viviendas y su posterior entrega totalmente legalizada al beneficiario final de
cada una de las unidades que conforman la PRIMERA ETAPA del PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS, cumpliendo las condiciones
establecidas tanto por la Licencia de Construcción y Urbanismo, concedida por la
Curaduría Urbana No. 2 de Barranquilla mediante la Resolución No. 065 del 23
de febrero de 2005, y sus respectivas modificaciones y aclaraciones; como por la
documentación que dio lugar a la expedición del Certificado de Elegibilidad No.
LDT-2005-003 del 26 de abril de 2005 por parte de la Financiera de Desarrollo
Territorial – FINDETER.” (fls. 90 y 91 ibidem – mayúsculas y negrillas sostenidas
del original).
En cuanto a la posibilidad de declarar la caducidad, en la cláusula décima primera
expresamente se estipuló lo siguiente:
“CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LA DECLARATORIA DE LA
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EL BANCO declarará la caducidad del
presente convenio cuando se presente (n) hechos (s) constituido (s) del
(os) incumplimiento (s) de las obligaciones a cargo de EL ASOCIADO
CONSTRUCTOR que afecten de manera grave y directa la ejecución del
presente convenio y con ello a EL PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS – PRIMERA ETAPA, o evidencien
que pueden conducir a su paralización. PARÁGRAFO. En este evento EL
BANCO declarará la caducidad mediante resolución motivada a través de
la cual se dará por terminado el convenio y se ordenará su liquidación en
el aspecto en que se encuentre, de conformidad con la Ley y las
Prescripciones del Manual de Contratación de EL BANCO, y la
normatividad vigente” (fl. 96 cdno. no. 3 - mayúsculas sostenidas y
negrillas del original).
2) El 5 de mayo de 2006, las partes suscribieron la adición no. 1 al convenio de
asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA en cuanto a las fuentes que se afectan con
el cumplimiento del giro de los recursos por parte del Banco Inmobiliario
Metropolitano (BIM) (fls. 79 a 81 ibidem).
3) El 23 de diciembre de 2006, las partes suscribieron el otrosí no. 2 al convenio de
asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA en virtud del cual Coopmunicipal, en calidad
de asociado constructor, se obligó a constituir la póliza de cumplimento del convenio
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Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
por el 20% del valor total del mismo, la de salarios y prestaciones sociales por un
10% del valor total del mismo, una de responsabilidad civil extracontractual por el
10% del valor total del mismo y una de estabilidad de la obra por el 10% del valor
total del mismo (fls. 204 a 206 cdno. no. 2).
4) El 22 de febrero de 2007, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) mediante la
Resolución no. 022-07 declaró la caducidad del convenio de asociación no.
001CAY-1ERA ETAPA y, en consecuencia, lo dio por terminado (fls. 400 a 412
ibidem), decisión que fue recurrida y confirmada en su integridad a través de la
Resolución no. 053 de 9 de abril de 2007 (fls. 46 a 69 cdno. no. 3).
En ese contexto fáctico, a continuación, procede la Sala a resolver el recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en oposición de la
decisión desestimatoria de las pretensiones de la demanda, en el sentido de insistir
en que el convenio suscrito entre las partes no era interadministrativo y, por
consiguiente, el banco no tenía competencia para declarar la caducidad, por tratarse
de un negocio jurídico regido por el derecho privado.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado se determinará la naturaleza del
convenio suscrito entre las partes, para sobre esa base concluir si el Banco
Inmobiliario Metropolitano (BIM) contaba o no con la competencia para declarar la
caducidad del mencionado convenio.
3.2 Los convenios de asociación
1) Según lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política6, el Decreto 777
de 1992 reglamentó los contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad a los que se refiere aquella normatividad.
2) En relación con los convenios de asociación el artículo 96 de la Ley 489 de 1998
preceptúa lo siguiente:
6 La norma en comento es como sigue: “[e]l Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital
y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia”.
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“ARTÍCULO 96. CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN DE
PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse
con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de
convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se
celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la
Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y
todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas
jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones
previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad
común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una
persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos:
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con
los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas
participantes;
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones
presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas;
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y
funcionamiento de la entidad;
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los
cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los
particulares;
e) La duración de la asociación y las causales de disolución.” (negrillas
adicionales).
3) En relación con esa disposición, la Corte Constitucional en el análisis de
exequibilidad del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 expresamente determinó lo
siguiente:
“6.2. De la misma manera, si el legislador autoriza la asociación de
entidades estatales con personas jurídicas particulares con las finalidades
ya mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia del manejo
de los dineros públicos, que los convenios de asociación a que se hace
referencia serán celebrados ‘de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 355 de la Constitución Política’, lo que significa que no podrá, en
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ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o
decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la
disposición constitucional mencionada, impone la celebración de
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, pero ‘con el fin de impulsar programas y actividades de interés
público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de
Desarrollo’, tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política”7.
4) Esta Corporación ha tenido la oportunidad de desarrollar el concepto de convenio
de asociación, en los siguientes términos:
“La Sala se atreve a definir los convenios de asociación como aquellos
acuerdos de voluntades reglamentados por el Gobierno en ejercicio de la
facultad que le dio el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución
Política, suscritos entre una entidad pública con una persona jurídica
particular que carezca de ánimo de lucro, con la idoneidad reconocida, los
cuales tendrán como elemento teleológico el impulso de programas y
labores que sean del interés de la colectividad, y que estén en
consonancia con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo.
La doctrina ha extraído sus condiciones al afirmar:
• Su competencia regulatoria está asignada por la Carta Política al
Gobierno Nacional, excluyendo al legislador.
• Se considera como entidad pública, aparte de las indicadas en la
Constitución y la Ley, a las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta cobijadas al régimen de
las anteriores.
• El contratista debe ser una entidad privada sin ánimo de lucro y que
tenga experiencia con resultados idóneos que soporten la capacidad
técnica y administrativa para desarrollar el objeto contractual.
• Su finalidad exclusiva es la realización de labores de carácter social,
y por tanto, no está permitida la posibilidad de otorgar
contraprestaciones a favor de la entidad contratante ni de un tercero,
sino que los beneficios derivados del convenio deben ir dirigidos a la
población.
• Es necesario que consten por escrito.
• La naturaleza del convenio es de derecho privado, salvo las
excepciones del Decreto 777 de 1992, como la posibilidad de acordar
cláusulas excepcionales propias de la contratación estatal.
El organismo público contratante tiene la potestad de terminar de
manera unilateral el contrato y exigir el pago de los daños irrogados,
siempre que se incumpla las obligaciones desprendidas del negocio
7 Corte Constitucional, sentencia C-671 de 1999, MP Alfredo Beltrán Sierra.
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jurídico bilateral8”9.
5) En una sentencia posterior, la Subsección A de esta misma Sección determinó
como conclusiones sobre la normatividad aplicable a los convenios de asociación,
lo siguiente:
“Del recorrido que se ha emprendido emergen varias conclusiones:
• Las entidades distritales, municipales y las áreas metropolitanas
pueden acudir a distintos tipos de contratos en el marco de la ejecución
de proyectos de viviendas de interés social, cuyo régimen jurídico, por
regla general, corresponderá a aquél que gobierna la actividad contractual
de las entidades estatales, esto es, las normas recogidas en la Ley 80 de
1993, como en las que la modifiquen y reglamenten.
• De esa premisa se exceptúan los contratos de fiducia, caso en el
cual dichos negocios se someterán a las reglas generales y del derecho
comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
• También se exceptuaron de la sujeción al Estatuto de Contratación
Estatal los convenios de asociación fundamentados en el artículo 355 de
la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que en
veces se utilizan como herramientas para contratar proyectos de vivienda
interés social. La exclusión de la regencia de la Ley 80 en esos casos
tendrá lugar:
i) En los términos del artículo primero del Decreto 777 de 1992,
cuando el convenio se celebre por la Nación, los Departamentos, Distritos
y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de
interés público. En ese caso el convenio se informará por las normas del
derecho común, sin perjuicio de que se puedan pactar cláusulas
excepcionales.
ii) Al tenor del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, cuando alguna
entidad estatal, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, se
asocie con personas jurídicas particulares, y de esa asociación surja una
persona jurídica sin ánimo de lucro, esta se sujetará a las disposiciones
previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad
común.10”.
8 Original de la cita. Contratación Pública, Análisis Normativo, Descripción de Procedimientos, Sexta
Edición de Carlos Pachón Lucas.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 3 de diciembre de 2014, radicación no. 51.832,
MP Olga Mélida Valle de la Hoz.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 15 de febrero de 2018, radicación no. 55.147,
MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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3.3 Régimen jurídico del convenio de asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA
Con fundamento entonces en las disposiciones normativas que rigen la materia, así
como en las decisiones que al respecto ha adoptado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta Corporación, para la Sala es claro que el artículo 1 del
Decreto 777 de 1992, mediante el cual se reglamentó el artículo 355 de la
Constitución Política de Colombia, en modo alguno excluyó a las entidades
industriales y comerciales del Estado dentro de las entidades estatales que cuentan
con la facultad para suscribir convenios de asociación.
Advertido lo anterior, procede la Sala a examinar las cláusulas del convenio de
asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA y su régimen jurídico.
1) El 26 de enero de 2006, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) y la
Cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
suscribieron el convenio de asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA con el siguiente
objeto:
“CLÁUSULA PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO: El presente
convenio tiene por objeto la Asociación, entre EL BANCO y EL
ASOCIADO CONSTRUCTOR, para desarrollar y materializar de manera
total el PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS
CAYENAS – PRIMERA ETAPA, a través de la canalización y utilización
de los recursos financieros determinados para el proyecto – provenientes
de los subsidios de vivienda de interés social de carácter nacional y local
y de los aportes de los núcleos familiares beneficiarios, mediante el
aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos aportados por cada
uno de los extremos contractuales que permita la construcción de las
viviendas y su posterior entrega totalmente legalizada al beneficiario final
de cada una de las unidades que conforman la PRIMERA ETAPA del
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS,
cumpliendo las condiciones establecidas tanto por la Licencia de
Construcción y Urbanismo, concedida por la Curaduría Urbana No. 2 de
Barranquilla mediante la Resolución No. 065 del 23 de febrero de
2005, y sus respectivas modificaciones y aclaraciones; como por la
documentación que dio lugar a la expedición del Certificado de
Elegibilidad No. LDT-2005-003 del 26 de abril de 2005 por parte de la
Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER. PARÁGRAFO. No
obstante lo anterior los extremos contractuales determinan desde ya que
cualquier modificación necesaria y conveniente sobre el proyecto
licenciado por la Curaduría No. 2 de Barranquilla al que se ha hecho
alusión en esta cláusula, una vez autorizada y viabilizada por la
interventoría, podrá tramitarse como modificación o aclaración de la
licencia.” (fls. 90 y 91 ibidem – mayúsculas y negrillas sostenidas del
original).
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2) El valor del convenio, discriminación, forma y términos de entrega de los recursos
se pactaron en las cláusulas segunda y tercera de la siguiente manera:
“CLÁUSULA SEGUNDA. DEL MONTO Y DISCRIMINACIÓN DE LOS
RECURSOS A INVERTIR EN EL DESARROLLO TOTAL DEL
PROYECTO. El proyecto a desarrollarse contará para su ejecución con
recursos por el orden de los Trece mil novecientos veintisiete millones,
veintiséis mil setecientos veintiséis pesos ($13.927´026.726) asignados
tripartitamente por la Nación, el Distrito de Barranquilla a través de EL
BANCO, y por el núcleo familiar beneficiario. PARÁGRAFO PRIMERO.-
El monto de los recursos a invertir por parte del Núcleo Familiar
Beneficiario, la Nación y el Distrito de Barranquilla a través de EL BANCO,
en el desarrollo total del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS (…).
PARÁGRAFO SEGUNDO. VALOR DEL CONVENIO Y VALOR DEL
PROYECTO. Para todos los efectos pertinentes el valor del presente
convenio es de Trece mil doscientos veintidós millones, nueve mil
doscientos cincuenta pesos ($13.222´009.250); y el valor del proyecto es
de Catorce mil quinientos ochenta y ocho millones, ciento veintisiete mil
ciento noventa y cinco pesos ($14.588´127.195), discriminados así: a-)
Valor del Lote (…) ($705´017.480), b-) valor aporte de cofinanciación
del ASOCIADO CONSTRUCTOR (…) ($661´100.465), c-) Valor del
convenio (…) ($13.222´009.250).
CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y TÉRMINOS DE ENTREGA DE LOS
RECURSOS POR PARTE DE EL BANCO. Sin perjuicio de las fechas y
los mecanismos consagrados para los desembolsos al desarrollo del
proyecto por parte de las familias beneficiarias y la Nación, el Distrito de
Barranquilla, se compromete a empezar a girar el monto que le
corresponde dentro de los quince días (15) siguientes la suscripción del
respectivo encargo fiduciario a que se alude en la Cláusula Sexta del
presente convenio, el cual en su primer desembolso corresponderá al
veinte por ciento (20%) del total de su aporte obligatorio. El resto del
porcentaje de aportes, hasta el final, se harán acordes a la necesidad de
flujo de recursos, a efectos que no se paralice o decaiga, por esa causa,
la ejecución del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS
CAYENAS – PRIMERA ETAPA, objeto de esta asociación, previa
presentación de los cobros y requerimientos por parte de EL BANCO al
Distrito de Barranquilla. (…)” (fls. 91 y 92 cdno. no. 3 – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
3) Adicionalmente, las partes estipularon como obligación a cargo del asociado
constructor la constitución de una fiducia, así:
“CLÁUSULA SEXTA DEL ENCARGO FIDUCIARIO. EL ASOCIADO
CONSTRUCTOR deberá suscribir – dentro de los treinta días siguientes
a la firma del presente convenio, y siempre que se haya producido los
contratos de obras los relativos a estos con todos y cada uno de los
núcleos familiares beneficiarios del proyecto, o en su defecto se haya
producido la aprobación del cronograma de obras por parte del comité
técnico a que se alude en la Cláusula Décima Novena del presente
acuerdo – contrato de encargo fiduciario respecto de los recursos tanto
de las familias beneficiadas como los que a manera de subsidios entrega
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el Distrito a este proyecto, y que se hayan plasmados en el Certificado de
Elegibilidad No. LDT-2005-0003 del 26 de abril de 2005emanado de la
Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, y/o de los actos o
convenciones que modifiquen tales cifras (…)” (fl. 94 ibidem – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
4) De la lectura de los apartes esenciales del convenio de asociación no. 001-CAY-
1ERA ETAPA de 2006 antes transcritos, se tiene lo siguiente:
a) La prestación a cargo del asociado, en este caso Coopmunicipal, se centra en el
beneficio directo a la comunidad.
b) El Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) suscribió el convenio de asociación con
la Cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal (Coopmunicipal) en
calidad de entidad sin ánimo de lucro11.
c) De conformidad con las cláusulas segunda y tercera antes trascritas, el valor del
proyecto era de $14.588´127.195 “discriminados así: a-) Valor del Lote (…)
($705´017.480), b-) valor aporte de cofinanciación del ASOCIADO
CONSTRUCTOR (…) ($661´100.465), c-) Valor del convenio (…)
($13.222´009.250) (…) asignados tripartitamente por la Nación, el Distrito de
Barranquilla a través de EL BANCO, y por el núcleo familiar beneficiario” (negrillas
del original), de forma tal que los recursos eran aportados por la Nación, el Distrito
de Barranquilla, el BIM, Coopmunicipal y el núcleo familiar beneficiario.
d) Para el desarrollo del convenio, en el numeral 2 de la cláusula quinta
Coopmunicial se comprometió a lo siguiente: i) desarrollar “todas y cada una de las
obras y los trabajos requeridos para cumplir a cabalidad con el objeto del presente
convenio” (fl. 93 cdno. no. 1), ii) dirigir técnicamente la construcción, iii) contratar
previa designación del BIM, iv) adquirir los materiales, v) suscribir los contratos que
se requieran para la construcción, vi) rendir los informes solicitados, vii) hacer las
reparaciones y correcciones, viii) responder por la cantidad y calidad de los
inmuebles y obra, ix) presentar rendición de cuentas y, x) llevar contabilidad del
proyecto.
11 Certificado de Existencia y Representación Legal de Coopmunicipal visible a folios 70 a 75 del
cuaderno no. 3 del expediente.
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e) De otra parte, el BIM asumió las siguientes obligaciones: i) aportar el nombre del
Distrito de Barranquilla los recursos comprometidos, ii) adelantar la interventoría del
proyecto, iii) seleccionar la mano de obra, iv) asumir y desarrollar la gerencia, v)
adelantar las gestiones de organización y participación comunitaria y, vi) concurrir
junto con el socio constructora a las instancias necesarias y convencionales para
resolver los conflictos que surjan durante la ejecución del proyecto.
f) En las cláusulas octava y décima primera se pactaron las cláusulas excepcionales
de terminación, modificación, interpretación unilateral y caducidad en cabeza del
BIM, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo 1 del Decreto 777 de 1992,
norma cuyo tenor literal es como sigue:
“ARTÍCULO 1º.- Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el
segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la
Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar
programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y
se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto
y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas
por el Decreto 222 de 1983”.
El artículo 60 del Decreto 222 de 1983, vigente para esa época del Decreto 777 de
1992, en relación con las cláusulas que debían contener los contratos preveía, entre
otros aspectos, la inclusión obligatoria de la cláusula de caducidad, con la sola
excepción de los contratos de compraventa de bienes muebles (artículo 61), en
efecto, establecía lo siguiente:
“ARTÍCULO 60. DE LAS CLÁUSULAS QUE FORZOSAMENTE DEBEN
CONTENER LOS CONTRATOS. Salvo disposición en contrario, en
todo contrato se estipularán las cláusulas propias o usuales
conforme a tu naturaleza y, además, las relativas a caducidad
administrativa; sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones
presupuestases; garantías; multas; penal pecuniaria y renuncia a
reclamación diplomática cuando a ello hubiere lugar. Así mismo en los
contratos administrativos y en los de derecho privado de la
administración en que se pacte la caducidad, se incluirán como
cláusulas obligatorias los principios previstos en el título IV de este
estatuto” (mayúsculas y negrillas del original – resalta la Sala).
Como es sabido, con posterioridad la Ley 80 de 1993, que derogó el Decreto 222
de 1983, determinó que las cláusulas excepcionales o ajenas al derecho común
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como la de caducidad, devienen del deber de las entidades estatales de ejercer el
control y vigilancia de los contratos. El texto de la norma en comento es el siguiente:
“ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS
ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las
entidades estatales al celebrar un contrato:
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control
y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo
objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este
artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado.
2o. Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos
que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya
monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos
relacionados con el programa de alimentación escolar o la
explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los
contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes
del Estado se incluirá la cláusula de reversión.” (mayúsculas y negrillas
del original – negrillas adicionales de Sala).
g) Según se desprende del contenido del objeto mismo del convenio, este se celebró
para la “[a]sociación, entre EL BANCO y EL ASOCIADO CONSTRUCTOR, para
desarrollar y materializar de manera total el PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS – PRIMERA ESTAPA, a través de la
canalización y utilización de los recursos financieros determinados para el
proyecto – provenientes de los subsidios de vivienda de interés social de
carácter nacional y local y de los aportes de los núcleos familiares
beneficiarios, mediante el aprovechamiento de los recursos técnicos y
humanos aportados por cada uno de los extremos contractuales que permita
la construcción de las viviendas y su posterior entrega totalmente legalizada
al beneficiario final de cada una de las unidades que conforman la PRIMERA
ETAPA del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS
(…)” (fls. 90 y 91 cdno. no, 1 – negrillas mayúsculas sostenidas del original -
subrayado adicional).
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h) Advierte la Sala que al expediente no fue aportado documento alguno que permita
establecer que existió una contraprestación en favor de alguno de los firmantes del
convenio, o que el convenio de asociación 001 CAY-1ERA ETAPA de 26 de enero
de 2006 hubiera sido ejecutado en contra de lo pactado en él, pues, por el contrario,
la cofinanciación establecida en el convenio tenía por objeto lograr la ejecución del
proyecto de construcción de las viviendas de interés social Las Cayenas y se originó
en las necesidades del programa de gobierno del Alcalde del Distrito de Barranquilla
para la administración de los años 2004 – 2007. Además, no se tiene prueba
tampoco que permita establecer que el negocio jurídico objeto pronunciamiento en
el presente asunto fuera un contrato estatal en la medida en que no existió pacto en
virtud del cual se edificara entre las partes una relación patrimonial conmutativa, al
punto que Coopmunicipal actuara como contratista del BIM para la construcción de
las viviendas a cambio de una remuneración12.
j) Adicionalmente, en el convenio quedó especificado que quien ejercía la
interventoría, gerencia y dirección de la ejecución del proyecto de construcción era
el BIM
En ese marco, para la Sala es claro que el convenio suscrito por el Banco
Inmobiliario Metropolitano (BIM) en la condición de empresa industrial y comercial
del Estado creada con el Decreto no. 0262 de 2004 del Alcalde Distrital de
Barranquilla, con la Cooperativa Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal
(Coopmunicipal) como entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto consistió en el
desarrollo y materialización del Proyecto de Vivienda de Interés Social Las Cayenas,
corresponde a un convenio de asociación propiamente dicho y su régimen jurídico
es el del derecho privado, sin perjuicio de que se puedan pactar cláusulas
exorbitantes previstas en el artículo 60 del Decreto 222 de 1983, conforme lo
previsto en el artículo 1 del Decreto 777 de 1992, hoy cláusulas excepcionales al
derecho común previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 199313.
12 Véase la sentencia de la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado del 30 de julio
de 2021, radicación número 48.957, MP José Roberto Sáchica Méndez.
13 Véase la sentencia de la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado de 3 de abril de
2020, radicación número 46.963, MP Ramiro Pazos Guerrero.
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3.4 El caso concreto
1) La parte demandante sostiene que las Resoluciones números 022 y 053 de 2007,
cuya legalidad se discute en este proceso, fueron proferidas por Banco Inmobiliario
Metropolitano (BIM) sin que tuviera competencia para hacerlo debido a que los
negocios jurídicos por esta celebrados se rigen por el derecho privado, y esa
normatividad no la faculta para declarar la caducidad del convenio de asociación no.
001-CAY-1ERA ETAPA.
2) El fundamento con el que abordó el a quo la decisión del caso no resulta acertado,
por cuanto el presente asunto, si bien versa sobre un convenio de asociación, el
régimen jurídico que le es aplicable es, por regla general de derecho privado; sin
embargo, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) si tenía la potestad legal de
pactar las cláusulas exorbitantes y a la vez contaba con la competencia para
decretarlas de manera unilateral, como se explica a continuación:
a) La Sección Tercera de esta Corporación en un asunto de similares condiciones,
en cuanto se trataba del ejercicio unilateral de facultades en ejecución de un
contrato de asociación regido por el derecho privado, precisó lo siguiente:
“La Sala se atreve a definir los convenios de asociación como aquellos
acuerdos de voluntades reglamentados por el Gobierno en ejercicio de la
facultad que le dio el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución
Política, suscritos entre una entidad pública con una persona jurídica
particular que carezca de ánimo de lucro, con la idoneidad reconocida, los
cuales tendrán como elemento teleológico el impulso de programas y
labores que sean del interés de la colectividad, y que estén en
consonancia con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo.
La doctrina ha extraído sus condiciones al afirmar:
• Su competencia regulatoria está asignada por la Carta Política al
Gobierno Nacional, excluyendo al legislador.
• Se considera como entidad pública, aparte de las indicadas en la
Constitución y la Ley, a las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta cobijadas al régimen de
las anteriores.
• El contratista debe ser una entidad privada sin ánimo de lucro y que
tenga experiencia con resultados idóneos que soporten la capacidad
técnica y administrativa para desarrollar el objeto contractual.
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• Su finalidad exclusiva es la realización de labores de carácter
social, y por tanto, no está permitida la posibilidad de otorgar
contraprestaciones a favor de la entidad contratante ni de un tercero,
sino que los beneficios derivados del convenio deben ir dirigidos a
la población.
• Es necesario que consten por escrito.
• La naturaleza del convenio es de derecho privado, salvo las
excepciones del Decreto 777 de 1992, como la posibilidad de acordar
cláusulas excepcionales propias de la contratación estatal. (…)14”
(resalta la Sala).
b) En esa misma directriz, la Subsección C de esta Corporación lo ha evidenciado
como una nota característica de la naturaleza del convenio, así:
“La naturaleza del convenio es de derecho privado, salvo las excepciones
del Decreto 777 de 1992, como la posibilidad de acordar cláusulas
excepcionales propias de la contratación estatal”15.
c) En el presente asunto, está acreditado que el Banco Inmobiliario Metropolitano
(BIM), como empresa industrial y comercial del Estado, contaba con la facultad de
declarar caducidad del contrato, por cuanto para ese preciso aspecto lo autorizó el
Decreto 777 de 1992 reglamentario del artículo 355 de la Constitución Política 16.
d) Según la parte demandante los actos administrativos objeto de demanda deben
ser anulados por cuanto el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) no contaba con
competencia para declarar la caducidad del convenio de asociación, ya que este se
regía por el derecho privado, pero, pasó por alto el actor que los convenios de esa
naturaleza, si bien se rigen por el derecho privado, lo cierto es que, en ellos pueden
pactarse y hacerse efectivas las cláusulas exorbitantes.
Así las cosas, sin que el demandante lograra acreditar la ilegalidad de los actos
administrativos acusados es imposible la obtención de una sentencia favorable en
14 Sentencia de la Sección Tercera – Subsección A de esta Corporación de 15 de febrero de 2018,
expediente 55.147, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
15 Sentencia de la Sección Tercera de esta Corporación de 28 de septiembre de 2011, expediente
15.476, MP Ruth Stella Correa Palacio.
16 Véanse entre otras, las sentencias de esta Corporación, de la Sección Tercera i) Subsección A,
sentencia de 15 de febrero de 2018, radicación número: 55.147, MP Marta Nubia Velásquez Rico y
ii) Subsección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, radicación número: 51.832, MP Olga Mélida
Valle De la Hoz.
24
Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
el presente asunto, por lo que la Sala confirmará la denegación de las pretensiones
de la demanda de acuerdo con las consideraciones expuestas.
4. Conclusiones
En el presente asunto, en línea de lo estimado por el tribunal de primera instancia
el convenio de asociación no. 001-CAY-1ERA ETAPA se regía por el derecho
privado y en ese sentido, el Banco Inmobiliario Metropolitano (BIM) en calidad de
empresa industrial y comercial del Estado contaba con la facultad para declarar la
caducidad del convenio de manera unilateral, por consiguiente, la decisión del a quo
de denegar las pretensiones de la demanda fue acertada, razón por la cual la Sala
confirmará la decisión adoptada.
5. Condena en costas y agencias en derecho
Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada
en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la
regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998
para tal decisión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
F A L L A:
1º) Confírmase la sentencia de 27 de enero de 2015 proferida por la Subsección
de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico.
25
Expediente no. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036)
Actor: Cooperativa Nacional para el Fomento y
Desarrollo Municipal (Coopmunicipal)
controversias contractuales
Apelación de sentencia
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
(con Salvamento de voto)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
(con Aclaración de voto)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sala de decisión en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo
2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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