Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2014-00669-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2014-00669-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2014-00669-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262)
Actor: MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Referencia: LEY 1437 DE 2011 – CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
Temas: CONVENIOS DE ASOCIACIÓN: Son negocios jurídicos celebrados entre las
entidades estatales y los particulares para el desarrollo conjunto de los cometidos y de las
funciones que la ley les asignó a aquellas. RÉGIMEN PROCESAL: Aplicación de los términos
de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo al medio de control de
controversias contractuales de la Ley 1437 de 2011. TÉRMINO DE CADUCIDAD: Si las
partes de un convenio de asociación regido por el derecho privado no acuerdan un plazo para
su liquidación bilateral ni pactan la facultad de liquidarlo unilateralmente, la regla para contar
su caducidad será la general contenida en el numeral 10 del artículo 136 del CCA.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión No. 41, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 11 de diciembre 2014, Mario Albeiro Montoya Osorio presentó demanda2, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del municipio
de Puerto Boyacá, con la pretensión de que se declarara el incumplimiento del
contrato de unión temporal 01 de 2011. Asimismo, solicitó que se le indemnizaran los
perjuicios que se le habían causado.
1
Fls. 341 – 358, c. ppl.
2 Fls. 1 – 15, c1.
3 Inicialmente, se presentó bajo la denominación de “acción de reparación directa”, pero esta fue
adecuada al medio de control de controversias contractuales mediante el escrito de subsanación de la
demanda del 25 de octubre de 2016, que obra entre los folios 204 y 222 del cuaderno 2.
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de
diciembre 20144, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA, se
dirigió en contra del municipio de Puerto Boyacá, con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas (se transcribe textualmente, incluyendo posibles
errores):
PRIMERA. Que se declare la existencia del Contrato de Unión Temporal Número
001 de 2011 entre el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ y mi poderdante el
Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO.
SEGUNDA. Que se declare administrativamente responsable a la Entidad
Demandada MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ por el INCUMPLIMIENTO del
contrato de Unión temporal Número 001 De 2011 por no haber cumplido con sus
obligaciones pactadas en el mismo a favor de mi poderdante el Arquitecto MARIO
ALBEIRO MONTOYA OSORIO.
TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores y para
reparar los daños causados se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a
pagar a mi poderdante el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO, el
valor de los perjuicios de orden material y las adiciones suscritas generaron un
costo para el demandante debido a las obligaciones a favor de mi mandante, por
la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300’000.000) por concepto
de pago del acta N° 1, según la cual el municipio ordena pagar DOSCIENTOS
VEINTE MILLONES DE PESOS ($220’000.000), correspondientes a diseños
efectuados para el mes de diciembre del año 2011, más OCHENTA MILLONES
DE PESOS ($80'000.000) correspondientes al pago por gerencia en etapa de
estructuración proporcional al tiempo y los avances logrados para la fecha. Dicho
pago fue reconocido por la administración de Hernando Muñetón y la actual de
Fernando Rubio López.
CUARTA: Condenase al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a pagar a mi
poderdante el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO el valor todos
los gastos y costos en los cuales incurrió el Arquitecto MARIO ALBEIRO
MONTOYA OSORIO para la ejecución y cumplimiento del mismo contrato, deben
ser asumidos y pagados por el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el
pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante DE
CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL,
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($413'561.536,00), correspondientes al monto
restante para cubrir los pagos de estudios y diseños, abonando el pago autorizado
en el Acta N°1, (663’561.536 - 220’000.000 = 413’561.536) los cuales fueron
contratados y coordinados por el Arquitecto Mario Montoya Osorio y su equipo
profesional de trabajo, con los cuales se obtuvieron las licencias de urbanismo y
de construcción.
QUINTA: Condenase que todos los gastos y costos en los cuales incurrió el
Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO para la ejecución y
cumplimiento del mismo contrato, deben ser asumidos y pagados por el
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo de mil
doscientos once millones, doscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta
pesos, ($1.211'261.750,00), correspondientes al lucro cesante por el pago de la
Gerencia Integral que se efectuaría por la construcción del proyecto ejecutada por
4 El escrito subsanado de la demanda fue radicado el 8 de septiembre de 2016.
2
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
mi mandante dentro de la Unión Temporal, restando el pago reconocido en el acta
N°1 ($1.291’261.750 - 80'000.000 - 1.211’261.750,00), monto extraído del Anexo
AV1, según el cual y acorde a los porcentajes del valor del proyecto se calcularon
por debajo del costo comercial y autorizado por el decreto 2090 de 1989, por el
cual se establecen los honorarios de trabajos de arquitectura.
SEXTA: Que se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago
respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante a el pago de la
suma mil setecientos cuarenta y cuatro millones, veintitrés mil veintiocho pesos
($1.744'023.028,00), por concepto de lucro cesante correspondiente a utilidades
esperadas por la ejecución de las obras de construcción, las cuales se hubieran
ejecutado de no ser por las múltiples trabas y procedimientos ilegales que
impidieron dotar de vivienda las familias damnificadas y afectadas de la ola
invernal 2010 - 2011.
SÉPTIMA: Que se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el
pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante por 150
salarios mínimos por concepto de daños y perjuicios morales, generados por la
falla en la prestación del servicio por parte del Municipio de Puerto Boyacá
OCTAVA: VALOR INDEXADO: Los valores antes mencionados deberán ser
INDEXADOS al momento de su cancelación, toda vez que estos se encuentran
generados a fecha de corte de 2012. Conforme a lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A.
NOVENA: Se cancelen los intereses moratorios que se han causado por la falta
del pago oportuno de las obligaciones ya causadas por parte de la entidad fijados
a la tasa máxima legal hasta el día en que sea cancelada la obligación 5.
1.1 Los fundamentos de hecho
La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:
1. Con ocasión de la expedición del Decreto 4580 de 2010, mediante el cual el
Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica
debido al Fenómeno de La Niña, el municipio de Puerto Boyacá suscribió con el señor
Mario Albeiro Montoya el “contrato de Unión Temporal” No. 01 del 19 de agosto de
2011, cuyo objeto fue “realizar la construcción y oferta de vivienda de interés
prioritario, vivienda de interés social o cualquier otro tipo de vivienda que acordasen
las partes, conformados por módulos unifamiliares, bi-familiares o multifamiliares o
cualquier otro tipo de solución de vivienda”.
2. El señor Mario Albeiro Montoya, en su calidad de constructor, se obligó -entre otros-
a formular técnica, legal y financieramente los proyectos que el municipio presentaría
ante los entes cofinanciadores, a ejecutarlos de forma directa o indirecta y a
administrarlos integralmente. También se obligó a tramitar las licencias y demás
permisos requeridos para desarrollar el proyecto. Por su parte, el municipio debía
poner a disposición de la unión temporal los recursos, la información y el personal
5 Las pretensiones transcritas están contenidas en la subsanación de la demanda presentada el 25 de
octubre de 2016 (fls. 204 – 222, c2).
3
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
necesario, así como entregar el lote de terreno donde se realizaría el proyecto de
vivienda.
3. Para el manejo de los recursos, la unión temporal constituyó un patrimonio
autónomo a cargo de la Fiduciaria Central, que debía contener el predio aportado por
el municipio y los recursos que se allegaran como aportes, subsidios y créditos.
4. Mediante otrosí del 15 de diciembre de 2011, el constructor se comprometió a
ejecutar todas las actividades requeridas para concluir con el proyecto denominado
Urbanización Ciudadela Real Alicia. Este debía ser estructurado en etapas que
permitieran la declaratoria de diferentes puntos de equilibrio, para emprender la
primera de ellas con 250 unidades de vivienda. Se fijó como plazo total de ejecución
de la obra 2 años y 6 meses a partir del inicio de la primera etapa.
5. Para finales del 2011, el constructor cumplió con las obligaciones de estudios y
diseños de prefactibilidad del proyecto, así como su radicación ante FINDETER,
autoridad encargada de declarar su elegibilidad para el Gobierno Nacional.
6. Las partes firmaron el Acta No. 1 del contrato, en la cual se reconocieron pagos a
favor de la Gerencia del Proyecto por concepto de avances ofrecidos a la fecha, los
cuales fueron reconocidos en la Resolución No. 0100-120-122-97-216 del 9 de
diciembre de 2011, expedida por la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto
Boyacá. En dicho documento también se planificaron obras preliminares de
acueducto y alcantarillado, mitigación de impacto ambiental y redes de aguas lluvias.
7. El dinero reconocido en el acta fue girado por parte del municipio a la Fiduciaria
Central, mediante cheques 00000003 y 623 del 30 de diciembre de 2011, por un valor
total de $4.189’395.616 para ser pagados a la gerencia del proyecto. Estos cheques
debían estar endosados para su pago, según requerimiento de la fiduciaria, pero esto
no fue posible debido al cambio de gobierno municipal.
8. A pesar de que no se cumplió con el pago del Acta No. 1, las partes se reunieron
el 14 de febrero de 2012 para concretar la entrega de pendientes que permitiera lograr
la aprobación del proyecto por parte de FINDETER con el fin de recibir los subsidios
que otorgaría el Gobierno Nacional. Dentro de estos pendientes se encontraba la
aprobación de los diseños hidrosanitarios por parte de la Empresa de Servicios
Públicos de Puerto Boyacá, la cual no se logró debido a la falta de gestión del
municipio.
4
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
9. El 24 de febrero de 2012, la Secretaría de Planeación de la entidad notificó al señor
Mario Montoya de un “aviso de incumplimiento” por la no entrega de estudios y
diseños de acueducto y alcantarillado a la ESP del municipio con las modificaciones
requeridas. Esta dependencia no tenía la competencia para establecer un
incumplimiento, toda vez que el contrato de unión temporal no prevé dicha posibilidad
sancionatoria en tanto las partes no tienen una relación de contratista y contratante,
sino una de carácter asociativo. De igual forma, su facultad para realizar labores de
inspección en el contrato se limitaba a la etapa de obra y no a la de diseños.
Por otro lado, el hecho que fundamentó el aviso de incumplimiento fue la no
aprobación de los diseños hidrosanitarios, obligación que se encontraba a cargo del
municipio, quien actuó de forma pasiva frente a la solicitud de los requerimientos para
aprobar estos documentos. Asimismo, las observaciones realizadas por la
administración se referían a productos que no estaban planificados en el contrato,
como el diseño de un plan de recolección de residuos sólidos.
10. La entidad citó al señor Mario Montoya a una reunión para liquidar bilateralmente
el contrato de unión temporal. Sin embargo, no se logró un acuerdo debido a que el
constructor exigió el pago del dinero fijado a su favor en el Acta 1 de 2011,
correspondiente a $300’000.000 por concepto de estudios y diseños.
11. El 30 de mayo de 2012, la entidad le notificó al constructor la Resolución No. 099
del 24 de mayo de ese año, mediante la cual se declaró disuelto unilateralmente el
contrato de unión temporal y se ordenó suscribir el acta de liquidación en un valor de
$0.
1.2 Los fundamentos de derecho
El actor invocó como fundamentos de derecho los artículos 36 de la Ley 388 de 1993,
32, 41, 70 y 77 de la Ley 80 de 1993 y las reglas generales del derecho comercial.
Adujo que, con la expedición del acto de disolución unilateral, se desconoció el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dado que no fue posible la ejecución del contrato
porque el municipio no cumplió con el pago de los compromisos adquiridos, motivo
por el cual no era procedente ordenar su liquidación en ceros como lo hizo la entidad.
Agregó que se vulneró su derecho al debido proceso por la expedición de la
Resolución 099 de 2012, mediante la cual se declaró disuelto unilateralmente el
contrato de unión temporal con fundamento en un incumplimiento, sin tener en cuenta
el trabajo adelantado por el constructor.
5
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
2. Actuaciones procesales de primera instancia
A través de los autos del 25 de agosto6 y 14 de octubre7 de 2016, el Tribunal
Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda.
El apoderado del actor subsanó la demanda el 8 de septiembre8 y el 25 de octubre9
de 2016, por lo que esta fue admitida mediante auto del 1 de diciembre de ese año.
En dicha providencia se ordenó su notificación al representante legal del municipio y
al Ministerio Público.
2.1. Contestación de la demanda
El 11 de mayo de 2017, la entidad contestó la demanda10 y se opuso a las
pretensiones formuladas por la parte actora. Manifestó que el objeto del contrato no
implicaba la construcción de las obras, pues esto dependía de un acuerdo futuro entre
las partes que estaba sujeto a una viabilidad indeterminada. Agregó que el municipio
actuó en todo momento bajo el principio de legalidad.
Presentó las excepciones de (i) falta de jurisdicción, pues en el contrato se pactó la
obligación de resolver las controversias mediante el mecanismo de conciliación y (ii)
la innominada, en caso de que el juez encontrara probada alguna dentro del proceso.
3. La sentencia impugnada:
El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la sentencia del 13 de noviembre
de 2018, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
Como cuestión previa, desestimó la pretensión relativa a la declaratoria de existencia
del contrato, puesto que esta solo procede para los casos en los cuales no se cuenta
con la formalidad del escrito, situación que no se presentó en el sub-lite.
Luego, el a quo estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si
el municipio de Puerto Boyacá incumplió el Contrato de Unión Temporal No. 001 de
2011 al desatender las obligaciones a su cargo y disolver el acuerdo de voluntades
unilateralmente.
6
Fls. 171 – 173, c1.
7
Fls. 201 – 202, c2.
8
Fls. 174 – 190, c1.
9 Fls. 204 – 222, c2.
10 Fls. 252 – 254, c2. El auto admisorio de la demanda se notificó el 14 de febrero de 2017.
6
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Advirtió que el demandante no atacó la legalidad del acto administrativo que dispuso
la disolución y liquidación de la unión temporal, razón por la cual dicho acto no podía
ser examinado por esta jurisdicción ni tampoco ser el fundamento para edificar la
pretensión de incumplimiento. Además, aclaró que no existía prueba de que se
hubiera efectuado la liquidación unilateral por parte de la entidad, por lo que el único
reparo objeto de estudio sería el relacionado con el no pago del Acta No. 1.
Precisado lo anterior, señaló que ninguna cláusula del contrato de unión temporal se
ocupó de determinar el momento en el que se abonarían los recursos al proyecto ni
la remuneración del constructor. En el Acta No. 1 se plasmaron las cantidades de
obra previstas y se dijo que (i) se había creado el Fideicomiso Ciudadela Real Alicia
Ola Invernal y (ii) los recursos establecidos para estudios y diseños serían girados
previa presentación de los soportes de su existencia, mientras que los referidos a la
ejecución de la obra serían pagados contra avance después de obtener la viabilidad
por parte de FINDETER.
Consideró que dicha viabilidad no fue obtenida por razones imputables al constructor,
pues la información proveniente de FINDETER permitía concluir que la mayoría de
los planos tenían falencias y que se hicieron reparos importantes respecto del
presupuesto del proyecto, las licencias, las memorias de cálculo, entre otras
obligaciones que se encontraban a cargo del señor Mario Montoya. Las múltiples
observaciones de FINDETER no fueron atendidas por el constructor, motivo por el
cual la documentación fue devuelta sin la viabilidad requerida.
Agregó que el patrimonio autónomo no fue constituido, no solo debido a la falta de
giro de los recursos, sino también porque no fue posible la suscripción del contrato
de fiducia dado que no se allegaron los soportes de viabilidad del proyecto. Por lo
tanto, aun cuando el cheque hubiera sido debidamente diligenciado, la administración
de los recursos no habría podido adelantarse en la forma prevista debido a los
defectos en el planteamiento del proyecto.
Sobre la licencia de construcción, concluyó que existían serias dudas acerca de los
estudios y diseños empleados para tal fin, por cuanto fueron los mismos que se
echaron de menos o tenían inconsistencias según FINDETER. Además, en el Acta
No. 1 no se dispuso el pago de los diseños de la licencia de construcción ni se
determinó un valor concreto por este concepto, pues allí solo se contemplaron los
estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado, los cuales eran
inexistentes para ese momento. Por su parte, si bien en el oficio del 25 de enero de
2012, el alcalde del municipio informó a la Fiduciaria Central que la gerencia integral
ordenaría el pago de los estudios y diseños para obtener la licencia de construcción,
7
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
para ese momento el contrato de fiducia no se había suscrito y, además, el pago
requería que se acreditara previamente la existencia de ese producto.
Refirió que la documentación presentada por el señor Montoya ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, que contenía el presupuesto de diseños y la utilidad del
constructor, presentaba graves inconsistencias, sobrecostos y no contaba con la firma
o aprobación del municipio de Puerto Boyacá, por lo que tampoco podía considerarse
como una prueba válida para reconocer dichos valores.
Finalmente, consideró que, si bien en la demanda fue aportado un CD contentivo de
varios planos y diseños, no se allegó prueba de que hubieran sido presentados ante
el municipio o alguna autoridad.
4. Recurso de apelación:
El 27 de noviembre de 201811, el actor interpuso el recurso de apelación12 en contra
de la decisión anterior, solicitó que la misma sea revocada, y que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda.
Según el recurrente, en el proceso se probó que el constructor cumplió con sus
obligaciones y que el municipio autorizó su pago mediante la Resolución No. 0100-
120-122-97-216 del 9 de diciembre de 2011. Reiteró que la entidad giró dos cheques
que no fueron pagados por la fiducia dado que no se encontraban endosados.
Consideró probado que los diseños hidrosanitarios fueron presentados por el
constructor -“como consta en la prueba 26”- y que se evidenció la falta de gestión y
diligencia por parte del municipio, ya que se hicieron requerimientos con posterioridad
a la obtención de la licencia de urbanismo y demás licencias que daban cuenta de
que el proyecto cumplía con las condiciones técnicas requeridas.
Adujo que la decisión de terminar el contrato de forma unilateral se tornaba
improcedente y constituía un incumplimiento, toda vez que la naturaleza asociativa
del acuerdo de unión temporal no brindaba dicha posibilidad.
Cuestionó que la sentencia de primer grado desconociera el hecho quinto de la
demanda -en el que se aclaró la forma en la que serían desembolsados los recursos-
11 La sentencia de primera instancia fue notificada el 15 de noviembre de 2018 (fl. 358, c. ppl). Por lo
tanto, el término para interponer el recurso de apelación se vencía el 29 de noviembre del mismo año.
Como el recurso se presentó el 27 de noviembre de 2018, se evidencia que fue oportuno.
12 Fls. 360 – 378, c. ppl.
8
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
en tanto se advierte que los valores cobrados sí fueron justificados al municipio y
dieron lugar a la elaboración de los dos cheques que se entregaron para financiar la
ejecución de las actividades.
La providencia estableció que el constructor no cumplió con sus obligaciones porque
no subsanó los requerimientos de FINDETER. No obstante, el actor insistió en que el
proyecto no pudo ser entregado en su totalidad debido a que el demandado no
entregó la aprobación de los diseños hidrosanitarios. Agregó que la obtención de las
licencias urbanística y de construcción no requería la aprobación de redes
hidrosanitarias, ni eléctricas, por lo que no había lugar a las dudas que expuso el
tribunal.
5. Trámite en segunda instancia:
Por medio del auto del 13 de diciembre de 201813, el Tribunal Administrativo de
Boyacá concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente a esta
Corporación para que decidiera sobre su admisibilidad.
Mediante proveído del 1 de marzo de 201914, se admitió el recurso y en providencia
del 29 de marzo siguiente15 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que alegaran de conclusión y rindiera concepto, respectivamente 16.
El actor17 y el municipio18 presentaron sus alegaciones finales, y reiteraron los
argumentos de la apelación y de la contestación a la demanda. La entidad añadió que
la falta de viabilidad del proyecto se debió a que (i) el constructor no atendió los
requerimientos del ente territorial, (ii) radicó ante FINDETER documentación
incompleta y (iii) no gestionó los subsidios ante FONVIVIENDA, razones que llevaron
a declarar la disolución unilateral del contrato, acto cuya nulidad no se pretendió en
la demanda.
El Ministerio Público guardó silencio.
13 Fl. 380, c. ppl.
14 Fl. 384, c. ppl.
15
Fl. 387, c. ppl.
16
El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 8 y el 26 de
abril de 2019, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 29 de abril al 13 de
mayo del mismo año.
17 Fls. 389 – 398, c. ppl.
18 Fls. 399 – 401, c. ppl.
9
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado:
La Sala es competente para resolver este proceso en segunda instancia, toda vez
que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) prescribe que el Consejo de
Estado “(…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.
Adicionalmente, esta Subsección conoce del asunto debido al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado
que la cuantía se estimó en $1.744’023.02819, mientras que el monto exigido para
que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación ascendía a
$308’000.00020.
2. Legitimación en la causa:
En el presente caso, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio está legitimado en la
causa por activa, toda vez que fungió como parte del contrato de unión temporal No.
001 de 2011.
En el mismo sentido, el municipio de Puerto Boyacá fue parte del negocio jurídico
referido, por lo que se encuentra legitimado en la causa por pasiva.
3. Régimen jurídico del contrato:
3.1. Contexto normativo del desarrollo de proyectos de vivienda:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional, para encaminarse
en el propósito de lograr el cometido de que todos los colombianos tengan una
vivienda digna, el Estado debe establecer “las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”.
19 El demandante estimó la cuantía textualmente en “más de tres mil millones de pesos”. No obstante,
de conformidad con el artículo 157 del CPACA, la cuantía corresponde al valor de la pretensión mayor,
por lo que se plasma esta como valor para determinar la competencia de esta Corporación.
20 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2014, año en el que se presentó la demanda.
10
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
En aras de ampliar el acceso y desarrollar vivienda de interés social se han creado
subsidios, mecanismos de financiación y políticas públicas; sin embargo, persisten
algunas barreras para hacerlo, tales como el acceso al suelo -que puede frustrar el
desarrollo de un proyecto de interés social por ser muy costoso-, o la financiación de
la construcción. De manera que, un mecanismo avalado por el propio Constituyente
para lograr ese cometido consiste, justamente, en la posibilidad de aunar esfuerzos
(incluidos recursos) de distintas fuentes que permitan desagregar los costos de ese
tipo de proyectos para que sean viables como producto inmobiliario y así garantizar
el derecho a una vivienda digna21.
En tal sentido, según lo previsto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, las viviendas
de interés social se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares
menos favorecidos, para lo cual corresponde al Gobierno Nacional en cada Plan
Nacional de Desarrollo establecer el tipo y precio máximo de soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros factores “las características del déficit
habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de
la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y
la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda”.
Así las cosas, nada obsta para que, en desarrollo del mandato constitucional del
artículo 51, las entidades territoriales puedan acudir a contratar con terceros la
cofinanciación y el desarrollo de viviendas de interés social, a través de distintos
instrumentos y formas jurídicas, como por ejemplo la celebración de convenios de
asociación.
De manera que, no existe una prohibición en la ley para que se acuda a estos
mecanismos, sino que el propio marco jurídico que desarrolla el acceso a la vivienda
digna incentiva la posibilidad de que se aúnen esfuerzos entre los particulares y el
Estado para lograr desarrollar soluciones de vivienda de interés social. En ese
sentido, en sentencia del 15 de febrero de 201822, esta Subsección señaló:
Otra de las formas a las que, a la luz de los antecedentes legislativos plasmados,
podrían acudir las entidades estatales con el fin de llevar a cabo las soluciones de
vivienda de interés social, sin perjuicio de las demás modalidades contractuales
que a través de su celebración tuvieran vocación para satisfacer ese preciso
objeto, habrían de corresponder a las distintas clases de asociación entre
entidades públicas y personas de derecho privado. […] De allí se desprende otro
de los eventos en que la contratación para la ejecución de actividades de interés
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación
No. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 15 de febrero de 2018. Radicación
No. 76001-23-31-000-2004-04640-02(55.147), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, citada en Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación No. 85001-
23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica.
11
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
público, dentro de los cuales podrían hallarse los proyectos de vivienda de interés
social, se encuentra exceptuado de aplicación de la Ley 80 de 1993 (…).
En este punto, vale recordar que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece la
posibilidad de que las entidades estatales celebren con particulares convenios de
asociación, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento
de las actividades propias de las entidades públicas con participación de
particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden
administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo
209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas,
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquellas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes,
aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes
(negrilla fuera de texto original).
Con base en la norma precitada, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido
que la finalidad del convenio de asociación debe ser el desarrollo conjunto de
actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad estatal, para lo
cual se requiere establecer con precisión “su objeto, término de duración,
obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hacer y la forma en que
coordinarán sus esfuerzos”23.
Sumado a lo anterior, el artículo 27.1 de la Resolución 610 de 2004 24 “por la cual se
establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de la elegibilidad de
los planes de Vivienda de Interés Social Urbana y la calificación de planes de vivienda
en concurso de Esfuerzo Territorial”, dispuso que las entidades territoriales podrían
constituir uniones temporales o consorcios o celebrar convenios de asociación para
efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad, cumpliendo con la
normatividad vigente en materia de contratación o celebración de convenios de
asociación. Con fundamento en esta norma, esta Corporación concluyó en una
oportunidad que “tanto las uniones temporales y los consorcios como los convenios
de asociación que se constituyeran para efectos de presentar el plan de vivienda al
proceso de elegibilidad se regirían bajo la normatividad de los «convenios de
asociación»”25.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No.
20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
24
Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado
No. 44001-23-33-000-2012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque.
12
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
3.2. Análisis concreto del contrato de unión temporal:
Antes de abordar la oportunidad del medio de control y la regla de caducidad aplicable
al caso, se hace necesario establecer la naturaleza del contrato celebrado por el
municipio de Puerto Boyacá y el señor Mario Montoya, más allá de su
denominación26, así como el régimen jurídico aplicable.
Para empezar, la Sala encuentra que las partes le dieron la denominación de un
“contrato de unión temporal”. El contenido del acuerdo, aunado a las consideraciones
expuestas en precedencia, da cuenta de la celebración de un convenio de asociación,
previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, por las razones que se expresan a
continuación:
Como se mencionó en el acápite anterior, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998
establece la posibilidad de que las entidades estatales celebren con particulares
convenios de asociación. Con base en dicha norma, la jurisprudencia de esta
Corporación ha entendido que la finalidad del convenio de asociación debe ser el
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la
entidad estatal, para lo cual se requiere establecer con precisión “su objeto, término
de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hacer y la
forma en que coordinarán sus esfuerzos”27.
De este modo, se ha definido que la naturaleza de este tipo de convenios implica la
inexistencia de una relación conmutativa, en la que se presente un intercambio de
bienes y servicios entre las partes, pues lo que se busca es que ambos extremos
aúnen esfuerzos para la realización de un fin común:
52. Dichos requisitos dan lugar a concluir que el convenio solo puede comprender
las actividades relacionadas con el fin o la función y ello excluye la posibilidad de
que exista un intercambio de bienes y servicios entre las partes asociadas. En
efecto, el convenio de asociación se celebra para obtener la realización de fines
comunes y por ello cada participante asume una parte de lo necesario para
alcanzar el propósito colectivo planteado.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicado No. 25000-23-
26-000-1994-00071-01 (14.390), C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. En esta oportunidad, se precisó, en
torno al alcance o naturaleza jurídica del contrato realmente celebrado, que esta va más allá de la
simple denominación que hacen las partes. En efecto, así se precisó: “Más allá de la denominación que
las partes le dieron al contrato, la cual deviene intrascendente cuando no se corresponde con las
previsiones incluidas en el clausulado del mismo, lo que interesa a efectos de identificar el tipo
contractual celebrado y, consecuencialmente, el régimen jurídico que debe serle aplicado, es la
presencia de los elementos que determinan la función económico-social del negocio o, en los términos
utilizados por el artículo 1501 del Código Civil, de los elementos sin los cuales el negocio no produce
efecto alguno o degenera en otro diferente”. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Radicado No. 54001-23-31-000-2004-00936-01
(44.237), C.P.: María Adriana Marín.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No.
20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
13
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
53. En consecuencia, estos convenios no suponen una relación conmutativa, ya
que la entrega del aporte o el cumplimiento de alguna obligación no podría
considerarse equivalente a lo hecho por la otra parte, pues todo se hace en virtud
de una finalidad común y ello impide que se configure esa correspondencia.
54. Asimismo, si el aporte de la entidad es en dinero, esta no puede limitarse a
entregarlo y transferir la ejecución de la actividad al particular, pues ello daría lugar
a un contrato conmutativo, por el cual la primera paga el servicio, actividad o bien
proporcionado por el segundo, lo que desdeciría la ejecución conjunta 28.
Ahora bien, en las consideraciones que sirvieron de fundamento para la suscripción
del acuerdo objeto de controversia, se manifestó que su finalidad era conformar una
unión temporal para “ofertar, desarrollar proyectos y asignar recursos” dirigidos a
conjurar la situación de calamidad pública generada por el fenómeno de La Niña en
los años 2010-2011, en lo relacionado con soluciones de vivienda. En tal sentido, la
cláusula primera del denominado contrato determinó:
PRIMERA. OBJETO: El objeto de la Unión Temporal es la construcción y oferta
de Vivienda de Interés Prioritario, Vivienda de Interés Social o cualquier otro tipo
de vivienda que acuerden las partes, conformados por módulos unifamiliares,
bifamiliares o multifamiliares o cualquier otro tipo de solución de vivienda29.
A su vez, la cláusula segunda estableció las obligaciones a cargo de cada uno de los
integrantes de la unión temporal, así:
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN
TEMPORAL: A. DEL CONSTRUCTOR. Son funciones del Constructor: 1.
Formular y estructurar técnica y legal y financieramente los proyectos, que el
Municipio presentará ante los entes cofinanciadores, aportando todos sus
conocimientos profesionales en el ramo de la construcción, en la formulación de
proyectos y en la gestión pública y privada para lograr los recursos de subsidio del
Gobierno Nacional y demás entidades que conformen el cierre financiero del
proyecto. 2. Escoger los sistemas constructivos para la ejecución de los proyectos
de vivienda de interés social y de interés social prioritaria. 3. Ejecutar directa o
indirectamente, pero en todo caso bajo su dirección se realizará la ejecución de
los proyectos de construcción. 4. Contratar la consultoría del proyecto, o ejecutarla
directamente. 5. Contratar si es del caso la interventoría técnica de los proyectos
acorde a la Resolución 1407 de 2008, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. 6. Administrar integralmente los proyectos. 7. Realizar las
compras de materiales especializados para el desarrollo y ejecución de las
soluciones de vivienda, tramitando la exención de IVA para los mismos. 8. Asumir
la contabilidad de la Unión Temporal en los libros respectivos y exhibirlos a las
autoridades competentes cuando éstos sean requeridos. 9. Tramitar todo lo
necesario para la obtención de la licencia de construcción y demás permisos y
licencias para legalizar el proyecto. 10. Entregar los estudios y diseños necesarios
para la obtención de la licencia de urbanismo y construcción, además del
acompañamiento integral para la formulación y presentación del proyecto ante el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ante el Fondo Nacional
del Ahorro y el Departamento de Boyacá con el fin de obtener los recursos de
subsidio que complementen el cierre financiero. 11. Cuando sea el caso podrá
adquirir terrenos o asociar propietarios de lotes para la obtención del objeto de la
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No.
20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
29 Fl. 39, c1.
14
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
presente Unión Temporal. B. DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. Son
obligaciones del Municipio: 1. Poner a la disposición de la Gerencia de la Unión
Temporal los recursos y personal necesarios para el logro de los objetivos, a
través de los secretarios de despacho que administren la información necesaria la
cual deberá ser entregada oportunamente. 2. Entregar el lote de terreno inmueble
donde se desarrollará el proyecto de vivienda libre de todo gravamen que afecte
la propiedad. 3. Postular a los hogares debidamente censados por el CLOPAD y
refrendado por el Ministerio del Interior y de Justicia, así como el registro único de
damnificados del DANE, condiciones todas exigidas para ser beneficiario de los
programas de vivienda que va a aportar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y/o FINDETER a los municipios damnificados con la ola
invernal 2010-2011 (...)30
En virtud de dichas obligaciones, en el acuerdo se dispuso, además, que cada
integrante sería responsable según los aportes que realizara a la unión temporal
(cláusula séptima) y que el manejo de los recursos se haría a través de un Patrimonio
Autónomo (cláusula octava). También se acordó que el valor de cada proyecto estaría
determinado en los contratos específicos que se firmaran para el efecto y que la
gerencia de cada uno estaría en cabeza del constructor.
Con independencia del análisis sobre la validez del negocio, y de si este se podía
celebrar con el actor, es claro que la intención de las partes al suscribir el “contrato
de unión temporal No. 001 de 2011” fue la de sumar esfuerzos dirigidos a brindar
soluciones de vivienda, en el marco del estado de emergencia declarado por el
Gobierno Nacional mediante el Decreto 4580 de 2010, debido al fenómeno de La
Niña, función propia de la entidad territorial de conformidad con el numeral 5 del
artículo 3° de la Ley 136 1994, vigente en su redacción original al momento de la
suscripción del convenio, el cual establecía en cabeza de los municipios la función de
“[s]olucionar las necesidades insatisfechas de (...) vivienda (...) directamente y, en
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades
territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley”.
La naturaleza asociativa del acuerdo puede vislumbrarse en las obligaciones
asignadas a cada una de las partes, que se complementaban entre sí para lograr la
formulación, financiación, construcción y entrega de los proyectos de vivienda. En tal
sentido, el constructor era responsable de la parte técnica de formulación,
administración y construcción de los proyectos con el fin de lograr la cofinanciación
de las entidades correspondientes; por otro lado, el municipio asumiría la entrega del
lote de terreno para su desarrollo, la disposición de los recursos y el personal
necesario para el efecto, así como las gestiones para obtener financiación y para
postular a los hogares que serían beneficiarios de los subsidios de vivienda. Como el
cumplimiento de tales funciones no se enmarcaba en la noción de conmutatividad, no
30 Fls. 39 – 40, c1.
15
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
se estableció un valor objetivo por la prestación de un servicio o la obtención de un
bien, sino que se contempló “la colaboración de un particular que, dadas sus
condiciones profesionales y su trayectoria, aportará, bajo la dirección y seguimiento
de la entidad pública, a la consecución de tales cometidos y funciones”31.
Sumado a ello, a partir de las obligaciones pactadas no es posible derivar de forma
clara una relación conmutativa o concluir que las prestaciones son equivalentes.
Tampoco se evidencia acuerdo alguno sobre la remuneración a favor del denominado
constructor o gerente del proyecto, o una prestación que se ejecute en beneficio de
la entidad estatal, lo que confirma la naturaleza asociativa de aquel. Incluso, el actor
en su demanda y en el escrito de apelación reconoció y acudió a la naturaleza
asociativa del convenio celebrado como uno de sus argumentos para atacar la
posibilidad que tenía la entidad de disolverlo unilateralmente.
Sumado a lo expuesto, en varias oportunidades esta Corporación ha estudiado
acuerdos similares, suscritos entre una entidad territorial y un particular con el fin de
desarrollar proyectos de vivienda, y ha determinado que la normativa que los gobierna
es aquella referida a los convenios de asociación32.
De este modo, la Sala evidencia que la finalidad que orientó a las partes a celebrar el
convenio fue la de unir sus esfuerzos para desarrollar de forma conjunta actividades
relacionadas con las funciones propias de la entidad territorial, lo que permite concluir
que el negocio suscrito por el municipio de Puerto Boyacá y el señor Mario Albeiro
Montoya Osorio fue un convenio de asociación, en armonía con las consideraciones
expuestas en el acápite anterior.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado No.
85001-23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado No.
85001-23-31-000-2011-10099-01(48.957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado No. 44001-23-33-000-
2012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Radicado No. 15001-23-33-000-2018-00693-
02 (69.655), C.P.: Fredy Ibarra Martínez.
16
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Ahora bien, esta Corporación ha reconocido que el régimen jurídico aplicable a los
convenios de asociación33, celebrados cuando se encontraba vigente el Decreto 777
de 1992, es el derecho privado:
La Sala se ha pronunciado sobre las diferencias entre los «convenios de
asociación» [artículo 96 de la Ley 489 de 1998] y los «contratos de fomento»
[artículo 355 de la CN]. Al margen de tales diferencias, el artículo 96 de la Ley 489
establece que los «convenios de asociación» se celebran de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 355 CN. Según el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 –
vigente para la fecha de celebración del contrato (art. 38 de la Ley 153 de 1887)–
los contratos regulados en el artículo 355 CN –«contratos de fomento»– se
sujetaban a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
los particulares, salvo lo previsto en ese decreto y sin perjuicio de que pudieran
incluirse cláusulas exorbitantes. De modo que el régimen tanto de los
«convenios de asociación» como los «contratos de fomento» era, en
esencia, el derecho privado”34 (negrilla fuera del texto original).
Lo anterior con fundamento en el inciso 2° del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, según
el cual “los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política (...)”.
Esta remisión se ha entendido aplicable frente a los decretos autónomos que
reglamentan dicha norma constitucional y únicamente respecto de aquellos asuntos
que no se encuentren expresamente regulados en la ley. En ese sentido, como para
la fecha de suscripción del convenio sub-lite -19 de agosto de 2011- se encontraba
vigente el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, que establecía que este tipo de
negocios jurídicos “se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para
la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin
perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto
222 de 1983”, aquel es el régimen aplicable al caso que se estudia.
33 Si bien en este caso no se hace necesario enfatizar en las diferencias que existen entre los “convenios
de asociación” y los “contratos de fomento”, por no ser objeto de la controversia, se dejan expuestas
las siguientes consideraciones realizadas recientemente por la Subsección C de esta Corporación y
que resultan útiles para dicha distinción: “Sin perjuicio de la referencia que hace el artículo 96 [de la
Ley 489 de 1998] al inciso segundo del artículo 355 constitucional, es necesario advertir que el convenio
de asociación es un negocio jurídico mediado por la ley, diseñado para el ejercicio de la función
administrativa, y que debe diferenciarse del contrato de fomento, por cuanto: 2.3.2.1. En el aspecto
subjetivo, las partes del convenio son, por un lado, una entidad pública titular de las funciones que han
de desarrollarse mediante el objeto del convenio; y por el otro, una persona jurídica particular habilitada
para ejecutar conjuntamente con la primera las actividades que son objeto del convenio, actividades
que deben estar comprendidas expresamente en su objeto social. Pero, a diferencia del contrato de
fomento, este particular no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro. 2.3.2.2. En cuanto
al objeto, las partes cooperan mutuamente para ejecutar en forma mancomunada los propósitos del
convenio que han de estar relacionados con las funciones normativamente asignadas a la entidad
pública. En consecuencia, los participantes hacen aportes al fidedigno cumplimiento de lo pactado, bien
sea en dinero o en especie, sin que con ello se produzca una transferencia patrimonial de un extremo
a otro”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de agosto de 2024.
Radicado No. 25000-23-36-000-2014-00391-01 (61.263), C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre
esta diferenciación, también puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No. 20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.:
Ramiro Pazos Guerrero.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado No.
44001-23-33-000-2012-00032-01 (52787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque.
17
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
En el mismo sentido, la Subsección B de esta Corporación se pronunció sobre otro
“contrato de unión temporal” de similares características al que ahora se estudia, y
concluyó que se trataba de un convenio de asociación que se regía por las
disposiciones del derecho privado35.
Por lo anterior, la Sala colige que el régimen jurídico aplicable al “contrato de unión
temporal No. 001 de 2011”, celebrado entre el municipio de Puerto Boyacá y el señor
Mario Albeiro Montoya, corresponde al de los convenios de asociación, esto es, el
derecho privado.
4. Oportunidad del medio de control y regla de caducidad aplicable:
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha
de presentación de la demanda -11 de diciembre de 2014-, esto es, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el estatuto
procesal civil, en los aspectos no contemplados en el primero (artículo 306 del
CPACA).
No obstante, es necesario aclarar lo siguiente: si bien este proceso se inició y se rige
por la normativa del CPACA, el término de caducidad de las pretensiones de la
demanda comenzó a correr el 24 de mayo de 201236, es decir, que su cómputo inició
en vigencia de un régimen anterior -el del CCA-37. Por lo mismo, en aplicación del
artículo 40 de la Ley 153 de 188738, para efectos de verificar la oportunidad de la
acción, se deberá recurrir a lo prescrito en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984.
El numeral 10 del artículo 136 del CCA prescribe que el término para ejercer el medio
de control de controversias contractuales es de dos años, contados a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho que le sirven de
fundamento. De igual forma, establece unas subreglas para contar la caducidad
según si el contrato es de ejecución instantánea o si requería o no de liquidación. Si
ninguna de estas reglas específicas resulta aplicable al caso concreto, se debe acudir
a la regla general relativa a los motivos de hecho y de derecho.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 16 de agosto de 2022. Radicado
No. 08001-23-31-000-2009-00683-01 (58.036), C.P.: Fredy Ibarra Martínez.
36 Teniendo en cuenta que no se pactó ningún término para la liquidación bilateral o unilateral del
convenio.
37 La terminación del contrato se dio el 24 de mayo de 2012 y fue notificada el 30 de mayo siguiente,
es decir, antes del 12 de julio de 2012.
38 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se encontraba vigente en su versión original al momento de la
expedición del acto de adjudicación y del perfeccionamiento del contrato, e indicaba que: “Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación”.
18
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
Así, le corresponde a la Sala determinar cuál es la regla de caducidad aplicable al
caso concreto, para lo cual resulta necesario referirse a lo dispuesto en las cláusulas
quinta y décimo tercera del convenio:
QUINTA. DURACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL: La duración de la Unión
Temporal es por el tiempo que demore el desarrollo de los proyectos gestionados
y viabilizados hasta su conclusión total. PARÁGRAFO PRIMERO: Sobre la
liquidación de la Unión Temporal, deberá constar en un acta su terminación
y liquidación.
DÉCIMA TERCERA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Unión Temporal se
disolverá por: a) Vencimiento del término de duración, salvo sea prorrogado por
las partes antes de que termine, b) Imposibilidad de desarrollar el objeto
convenido, c) por el cumplimiento del objeto para el cual se constituyó, d) por
incumplimiento de parte del constructor, e) por disposición judicial y las demás
causas señaladas en la ley39 (negrilla fuera del texto original).
Una vez terminado el contrato, por decisión unilateral del municipio de Puerto Boyacá,
las partes se reunieron con el fin de practicar la liquidación de mutuo acuerdo. Sin
embargo, en el acta de dicha reunión se dejó constancia de que aquella no constituía
un acuerdo de liquidación bilateral, puesto que el señor Mario Montoya manifestó no
estar de acuerdo con la fórmula propuesta por la entidad.
De acuerdo con estos hechos, la regla que aplicó el tribunal al caso para considerar
que la demanda había sido presentada oportunamente fue la contenida en el ordinal
v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que dispone:
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no
se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de
dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo
que la disponga.
No obstante, el a quo pasó por alto que el régimen del convenio de asociación era el
derecho privado, que no se pactó la facultad de liquidación unilateral de manera clara
e inequívoca y que, en estos supuestos, no es procedente aplicar los términos
supletivos de cuatro y dos meses para liquidar, los cuales se encuentran en el artículo
11 de la Ley 1150 de 2007. Así lo ha reconocido esta Subsección:
Se debe tener claro que la oportunidad en la presentación de la demanda -y por
ende la no ocurrencia a de la caducidad de la acción-, hace parte de los
presupuestos procesales de la acción o medio de control de controversias
contractuales, con independencia de que el contrato se rija por el derecho privado.
Cosa distinta es que en los contratos que se rigen por el derecho privado no
aplica el imperativo legal de la liquidación del contrato ni el plazo supletivo
de cuatro meses establecido para la etapa de liquidación de acuerdo con el
39 Fls. 40 – 42, c1.
19
Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 40
(negrilla fuera de texto original).
En ese sentido, y para efectos del conteo del término de caducidad, el plazo de
liquidación bilateral y unilateral en los contratos sometidos a derecho privado que
prevean dicha posibilidad, será el pactado por las partes en ejercicio de su autonomía
de la voluntad:
En consonancia con lo anterior, resulta pertinente destacar que en los contratos
estatales sometidos al régimen del derecho privado, los contratantes, en
ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden pactar las reglas atinentes a la
liquidación del contrato, de tal suerte que el plazo convenido para la liquidación
bilateral e, incluso, aquel que hubieren acordado para llevar a cabo la
liquidación unilateral, si así lo hubieren estipulado, deberá tenerse en cuenta
para el conteo del término preclusivo (negrilla fuera de texto original)41.
Ahora, si bien en el acuerdo bajo estudio se hicieron menciones tangenciales a una
etapa de liquidación, no se pactó de manera clara, expresa e inequívoca la forma o el
término para llevarla a cabo, pues solo se indicó que aquella debía constar en un acta
-con su terminación-, afirmación que no resulta suficiente para vislumbrar la existencia
de un plazo destinado a adelantar la liquidación, en este caso bilateral.
Por otra parte, tampoco se incluyó expresamente la facultad de liquidar el convenio
de forma unilateral, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia para aquellos
negocios que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública42, por lo que no es procedente contabilizar un plazo destinado a liquidar el
convenio unilateralmente.
De acuerdo con lo anterior, comoquiera que en los contratos regidos por el derecho
privado no existe ningún plazo supletivo para su liquidación bilateral, y tampoco se
contempla la liquidación unilateral de forma obligatoria -sino que esta debe ser
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de marzo de 2016. Radicado
No. 11001-03-26-000-2015-00144-00 (55.319), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. En este caso, el
término de caducidad empezó a correr en vigencia del CCA.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 6 de noviembre de 2020.
Radicado No. 68001-23-33-000-2018-00288-01 (64.567), C.P.: Nicolás Yepes Corrales.
42 “No obstante, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha precisado que, al igual que en los contratos
que se rigen exclusivamente por el derecho privado, en los convenios interadministrativos, también es
posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos,
convengan que una de ellas tenga la facultad de liquidarlo unilateralmente y este es efectivo, en la
medida que se cumpla con algunos parámetros que hagan posible la aplicación de ese pacto. Al
respecto, se ha señalado que los acuerdos entorno a la posibilidad de liquidación unilateral de los
convenios interadministrativos debe ser expreso, claro e inequívoco y reflejar el consentimiento pleno
de las entidades, además, contrario a lo señalado por la parte actora en la demanda, la jurisprudencia
de esta Sección ha reiterado de forma pacífica que la liquidación unilateral no responde al ejercicio de
una potestad exorbitante o excepcional al derecho común, en tanto que estas son solo las previstas en
el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las cuales se ejercen a través de actos administrativos, lo cual no
es posible pactar frente a la liquidación unilateral de los convenios interadministrativos, en tanto que
ese hecho rompería con el relacionamiento en el plano de igualdad que rige esa asociación entre
entidades públicas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 28 de junio de
2024. Radicación No. 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
expresamente pactada-, no es posible dar aplicación al literal d), numeral 10, del
artículo 136 del CCA, que dispone el cómputo de la caducidad a partir del vencimiento
de los plazos para liquidar bilateral y unilateralmente el contrato o convenio. En
consecuencia, la regla que corresponde emplear es la general, es decir, el conteo de
la caducidad a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de
derecho, de conformidad con el numeral 10 del artículo 136 ejusdem43.
Como el demandante sostiene que el municipio de Puerto Boyacá incumplió el
convenio por (i) su disolución unilateral y (ii) el no pago del Acta No. 1 dado que los
cheques que se giraron a la fiducia no estaban endosados, la Sala estudiará el término
de caducidad para cada supuesto que se alega.
Con relación al primero de ellos, la Sala observa que el convenio fue disuelto
unilateralmente por el demandado mediante la Resolución 099 del 24 de mayo de
2012, notificada el 30 de mayo siguiente. El término de caducidad corrió desde el 31
de mayo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014. La solicitud de conciliación se presentó
el 13 de agosto de 2014, es decir, cuando ya había fenecido el término para demandar.
Frente al segundo supuesto, como el Acta No. 1 del 29 de diciembre de 2011 44, los
cheques 00000003 y 623 del 30 de diciembre de 201145 y la devolución de los mismos
por parte de la Fiduciaria el 14 de marzo de 201246, fueron hechos anteriores a la
disolución del convenio, se impone la misma conclusión expuesta en líneas
precedentes, esto es, que las pretensiones relacionadas con tal incumplimiento se
encontraban caducadas.
Aun si se aceptara la posibilidad de reconocer dichas prestaciones en el acto de
liquidación del convenio, se reitera que las partes no contemplaron un plazo para
efectuar dicho cruce de cuentas. Ahora bien, la Sala no desconoce que existió un
acercamiento entre las partes el 14 de agosto de 2012, con el fin de realizar el cierre
del negocio. Sin embargo, en el acta de dicha reunión se consignó expresamente que
la misma no constituía la liquidación del denominado contrato47, dado que las partes
no llegaron a un acuerdo, motivo por el cual no es posible contar la caducidad a partir
43 Esta Subsección se ocupó de estudiar un caso similar a este, en vigencia del CCA, y determinó que
la regla aplicable para convenios que requieren liquidación, pero no se estipula un plazo para ello y
tampoco se lleva cabo, era la contemplada en el numeral 10 del artículo 136 del CCA - “En las relativas
a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.
44
Fls. 46 – 53, c1.
45
Fls. 60 – 61, c1.
46 Fl. 62 – 65, c1.
47 Fl. 194, c1. Nota al final del acta de reunión del 14 de agosto de 2012: “se deja constancia que la
presente no es acta de liquidación”. En el hecho décimo tercero de la demanda, el actor manifestó que
las partes no llegaron a un acuerdo para la liquidación bilateral.
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Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
de esa fecha. De igual modo, esta situación no varía el hecho de que las partes no
acordaron un plazo para liquidar el convenio, por lo que se reiteran las
consideraciones sentadas por la Sala con relación al conteo del término de caducidad.
Finalmente, en el expediente se evidencia una constancia secretarial expedida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que da cuenta del paro que adelantó la Rama
Judicial a partir del 9 de octubre de 2014, situación que no varía las conclusiones
antedichas, dado que el término de caducidad operó el 31 de mayo de ese año.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, declarar de oficio la caducidad48 del medio de control incoado por la parte
demandante.
5. Costas:
En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en
el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo
esto presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene
que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.
Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem
estipula que las costas “(...) están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas
últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto,
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo
366 de esa misma disposición.
Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que este no prosperó. Si bien se revocó la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de control, las pretensiones de la
parte demandante no prosperaron, por lo cual se evidencia que esta resultó vencida
en el proceso y, por lo tanto, se mantendrá la condena en costas para ambas
48 “Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que
no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2015. Radicado No. 25000-23-36-000-2013-01547-01
(49.307), C.P.: Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
instancias. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a
quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el
Acuerdo 1887 de 200349, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el municipio contó con
apoderado judicial en el curso de ambas instancias, se condenará al señor Mario
Albeiro Montoya Osorio a pagar a favor del municipio de Puerto Boyacá por concepto
de agencias de la primera instancia, el monto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($7’337.693),
equivalente al 0.2% del valor correspondiente a las pretensiones pecuniarias de la
demanda50, y por las agencias de la segunda instancia se le condena al pago de
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS ($3’668.846) equivalente al 0.1% del valor
correspondiente a las pretensiones. La anterior condena deberá incluirse en el auto
de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de
la República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. En su
lugar:
1. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad.
2. CONDENAR en costas de la primera instancia a Mario Albeiro Montoya Osorio.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas de la segunda
instancia. Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.
49“ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (...) III.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (...) 3.1.2. Primera instancia. Sin cuantía: Hasta quince (15)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor
de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía:
Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento
(5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
50 La sumatoria de las pretensiones es de $3.668’846.314.
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Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).
Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.
Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.
TERCERO. FIJAR por concepto de agencias en derecho de la primera instancia, el
monto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS ($7’337.693) y por las agencias de la segunda instancia
se le condena al pago de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($3’668.846) equivalente al 0.1% del
valor correspondiente a las pretensiones a cargo del señor Mario Albeiro Montoya
Osorio y a favor del municipio de Puerto Boyacá. La anterior condena deberá incluirse
en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la
demandante.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de
su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
24
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