Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2015-00064-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2015-00064-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2015-00064-02
Consejero ponente: María Adriana Marín
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado: HABITARTE DE COLOMBIA S.A. Y CONSTRUCTORA
VARGAS S.A.S. en condición de integrantes del
CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE, Y
COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ALCANCE DE APELACIÓN. Apelante único. Garantía de la no reformatio in pejus /
CONTRATO DE UNIÓN TEMPORAL. Régimen jurídico de los convenios de asociación /
LIQUIDACIÓN JUDICIAL. Prestaciones ejecutadas. Restitución de los recursos del anticipo
no ejecutado / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL. Carga de la prueba del error grave /
INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DEL FALLO JUDICIAL. Intereses aplicables
para los particulares vencidos.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la
sentencia dictada el 13 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Casanare1, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación, en forma literal:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las objeciones a los dictámenes
periciales, por las razones indicadas en las consideraciones.
SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el contrato UT VN-001-2008, del 17
de diciembre de 2008 suscrito entre el Departamento de Casanare y el
Consorcio “Vivienda Nueva por Casanare”, atendiendo los siguientes
parámetros:
1.- SE DECLARA deudor del departamento de Casanare, al Consorcio
Vivienda Nueva por Casanare, integrado por Habitarte de Colombia S.A. y
Constructora Vargas S.A.S. por las siguientes sumas de dinero:
⮚ Capital de $1.553’464.376,00, que actualizado hasta el 4 de
diciembre de 2019 asciende a $2.192.442.556,84.
⮚ Intereses moratorios a la tasa doble del interés legal desde el 17 de
diciembre de 2010 hasta el 4 de diciembre de 2019 por la suma de
$2.011.059.602,00.
1 Expediente digital. Documento 136.
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
⮚ Gran total adeudado por el Consorcio Vivienda Nueva por
Casanare, integrado por Habitarte de Colombia S.A. y Constructora
Vargas S.A.S. hasta el 4 de diciembre de 2019: $4.203.497.158,84,
acorde con lo indicado en las consideraciones.
2.- A partir del 4 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de esta sentencia,
el monto adeudado por concepto de capital se incrementará en la variación
del IPC; y a partir de la misma fecha se incrementará en la variación del
IPC y se seguirán causando intereses moratorios al doble del interés legal
civil sobre el capital actualizado, hasta la fecha de ejecutoria de este fallo.
Y desde ahí en adelante y hasta su pago, tales sumas (capital actualizado
e intereses artículo 4 Ley 80 de 1993) devengarán intereses moratorios
comerciales, es decir, al 150% del interés corriente bancario, según
certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El departamento de Casanare solicitó la declaratoria de nulidad del contrato de
Unión Temporal No. UT VN-001-2008, suscrito con el Consorcio Vivienda Nueva
por Casanare, orientado a la cogestión de la política pública de vivienda, mediante
la construcción de novecientas (900) viviendas de interés social y, en forma
subsidiaria, su liquidación judicial. Luego de la decisión del Consejo de Estado que
declaró la caducidad de la pretensión de nulidad, la litis se limitó a la liquidación
judicial de la relación contractual. El ente territorial pretende que en la liquidación se
pague solo el valor de las viviendas construidas en un 100% y que sean habitables,
mientras el contratista se opone solicitando el pago de lo efectivamente ejecutado,
incluyendo las construcciones en estado parcial y de cimentación, así como los
costos indirectos durante la suspensión del contrato, el valor de las pólizas y
rediseños.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 2 de marzo de 20152, el departamento de Casanare presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de
HABITARTE DE COLOMBIA S.A., y CONSTRUCTORA VARGAS S.A.S., en
condición de integrantes del CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE3,
2 Expediente digital. Documento 54, Tomo I, fl. 13-30.
3 En el documento de conformación del Consorcio se referencia una responsabilidad solidaria frente
a las obligaciones del contrato y se establece la participación entre sus miembros, así: “CUARTA:
Responsabilidad. Las partes que constituyen este consorcio son solidariamente responsables de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y por tanto afecta a
2
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
y de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, con las pretensiones, que se
transcriben, así:
PRINCIPAL:
Declarar la nulidad absoluta del contrato de Unión temporal 001-2008
celebrado entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Vivienda
nueva por Casanare por las causales que se expondrá más adelante en los
fundamentos de derecho de las pretensiones. En consecuencia, ordenar
las restituciones recíprocas a que haya lugar. Con tal fin se presenta
balance hecho por la supervisión en su momento.
SUBSIDIARIA:
En el evento en que el juez del contrato no encuentre fundadas las causales
que se imputan para lograr la declaratoria de nulidad del precitado contrato
se solicita proceder a su liquidación de acuerdo con el siguiente balance,
presentado por la supervisión, a través del cual se estima razonadamente
la cuantía de la pretensión:
[…] [Se insertó cuadro que discrimina el consolidado financiero por
Resolución, Municipio, encargo fiduciario, número de beneficiarios, valor
ejecutado discriminando los estados en cimentación, 50% y 100% -
condiciones de habitabilidad, conforme al cual, establece en síntesis, el
siguiente balance:]
Se aclara que el valor total ejecutado de las viviendas que se encuentran
en condiciones de habitabilidad es de $2.127.210.993,60 de los cuales
$1.611.780.811,31 corresponden a los recursos aportados por la
gobernación de Casanare, $232.398.285,67 corresponden a recursos de
subsidios nacionales para el municipio de Aguazul y $283.031.896,62 es el
aporte del municipio de Aguazul.”
1.1 Fundamentos de hecho
Los hechos relevantes expuestos en la demanda son, en resumen, los siguientes4:
todos los miembros que lo conforman. […]SEPTIMA: Participación de los socios. Los consorciados
son responsables en forma conjunta y solidaria con relación a los contratos que se suscriban. Cada
consorciado se obliga a cumplir con su participación en los trabajos a realizarse
mancomunadamente. La participación de los socios será en las siguientes proporciones:
HABITARTE COLOMBIA S.A., ochenta por ciento (80%); y CONSTRUCTORA VARGAS LTDA.
veinte por ciento (20%)” Exp. Digital, Documento 55, carpeta comprimida Vivienda nueva. Acta de
constitución del consorcio.
4 La demanda presenta incongruencia frente a las fechas de algunos hechos, por lo cual se deja las
fechas expresamente señaladas para guardar coherencia y resumir los extensos hechos en forma
fidedigna.
3
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
1. El departamento de Casanare publicó pliego de condiciones con el fin de celebrar
un contrato de unión temporal, sin elaboración de estudios previos, por
considerarlos innecesarios. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2008, el ente
territorial suscribió el contrato No. UT VN-001-2008, con el Consorcio Vivienda
Nueva por Casanare, por el cual se conforma tal unión y se estableció como su
objeto, literalmente:
Cogestión de propósitos encaminados a hacer efectiva la política pública de
vivienda, mediante la construcción de NOVECIENTAS (900) viviendas de
interés social urbanas nuevas en sitio propio disperso o nucleadas en el área
urbana de Municipios del Departamento, en las localizaciones, diseños,
cantidades, valores, cierre financiero, etapas de construcción, áreas y
acabados que se describen en el anexo número uno (1), de forma tal que EL
CONSTRUCTOR realice por su cuenta, previa la suscripción del contrato
respectivo con la Fiducia contratada para este fin (sic) para ejecutar los
recursos de financiamiento de las soluciones de vivienda de los beneficiarios
y aportados a título de subsidio asignados por la Gobernación de Casanare
y los municipios y la nación (donde hayan aportado los municipios y/o el
Gobierno Nacional), los recursos de propiedad de los hogares, (como los
recursos de crédito u otra fuente de recursos de origen legal aportada por el
beneficiario para el cierre financiero que obtengan los hogares), adelantando
todas las acciones comerciales, financieras, operativas y administrativas
necesarias, de conformidad con las obligaciones que asumen las partes.
2. El Departamento indicó que con la demanda aportó unos estudios previos de los
municipios, de los cuales se desprendía la necesidad de celebrar un convenio, pero
ello nunca ocurrió, sino que a partir de esos estudios se expidieron las
disponibilidades presupuestales y se asignaron los subsidios por medio de
resoluciones.
3. El 6 de enero de 2009, las partes modificaron las cláusulas primera, tercera y
sexta del contrato inicial relacionadas con: i) conformación de la Unión Temporal; ii)
obligaciones de las partes; y iii) responsabilidad de la Unión Temporal. Esta última
estipuló que la responsabilidad integral en la ejecución de los proyectos de vivienda
correspondía al consorcio constructor.
4. Los recursos asignados como subsidios departamentales de vivienda fueron por
un valor de $8.860’098.677 y para su administración el consorcio Vivienda Nueva
por Casanare celebró cinco contratos de encargo fiduciario (311072, 311073,
311074, 311074 y 311076) con la Fiduciaria Central S.A. Posteriormente, el 13 de
mayo y el 5 de agosto de 2009, el departamento de Casanare giró estos conceptos
a dicha fiduciaria.
4
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
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5. El Consorcio Vivienda Nueva por Casanare constituyó y presentó las pólizas Nos.
18- 44-101008813 y 18- 40-101004278 expedidas por la Compañía de Seguros del
Estado S.A., con las cuales aseguró, entre otros amparos, los de cumplimiento,
buen manejo, correcta inversión del anticipo y la responsabilidad civil
extracontractual.
6. El seguimiento del contrato estuvo a cargo de la Fundación Salvemos el Medio
Ambiente FUNAMBIENTE hasta el 26 de noviembre de 2010 y luego bajo la
responsabilidad de Diarco Ltda.
7. El plazo del contrato fue de 24 meses; el acta de inicio se suscribió el 2 de junio
de 2009, por lo que la fecha de terminación inicial era el 2 de junio de 2011. El
negocio tuvo varias suspensiones y ampliaciones. El consorcio recibió por anticipo
$3.544’044.871, y por el acta parcial No. 1 del día 1 de diciembre de 2010,
$552’503.936, para un total de $4.096’548.807.
8. El 31 de julio de 2010, la interventoría presentó un informe, que, junto con el
seguimiento de la supervisión, fueron el soporte para que el departamento de
Casanare, a través de la Resolución 044 del 12 de octubre de 2010, declarara la
caducidad del contrato. Esta decisión fue recurrida por el consorcio constructor y
revocada mediante la Resolución 0310 de 10 de junio de 2011.
9. El ente territorial referenció que, con ocasión de la petición del contratista,
presentada en diciembre de 2013, con el propósito de convenir la terminación y
liquidación del contrato, la Oficina de Vivienda Departamental encontró
discrepancias en el informe remitido sobre los porcentajes de ejecución e
intervención, dado que inspeccionó las obras y los datos entregados no concordaron
con lo observado. En este sentido, se indicó que el 8 de julio de 2013 (sic), Diarco
Ltda., rindió informe en el cual no reconocía al contratista aquellas viviendas que no
estuvieran en condiciones de habitabilidad y presentó el consolidado del informe
financiero, según el cual, el consorcio adeuda a la entidad pública la suma de
$2.454’171.567,69 por recursos no ejecutados.
10. El departamento de Casanare, mediante Resolución 021 de 2014, declaró el
incumplimiento del contrato, el siniestro, y dispuso que, luego de la firmeza de la
decisión, se liquidara el contrato. El contratista y la aseguradora recurrieron la
decisión. El ente departamental expidió la Resolución del 10 de diciembre de 2014,
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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por la cual repuso lo decidido y, en su lugar, se inhibió para resolver de fondo sobre
el incumplimiento, ante una posible nulidad del contrato, y dispuso la instauración
de las acciones judiciales correspondientes.
1.2 Fundamentos de derecho
El accionante invocó como fundamento de la nulidad contractual los numerales 2 y
3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que proscriben la celebración del negocio
contra expresa prohibición constitucional o legal y con abuso o desviación de poder.
Adicionalmente, referenció dos causales del derecho común, el objeto ilícito y la
causa ilícita. La parte actora sustentó estas causales en la desviación de poder,
violación del principio de planeación, ausencia de estudios previos y de un
verdadero procedimiento de selección objetiva, bajo la excusa de no verse afectada
la ejecución presupuestal, así como el uso de la figura de la unión temporal para el
consorcio constructor, quien actuaría como contratista de una obra pública.
Frente a la pretensión subsidiaria, solicitó la liquidación del contrato por ser de
ejecución sucesiva, cuyo plazo legal para su liquidación, en sede administrativa, ya
venció.
2. Actuaciones procesales de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Casanare inadmitió la demanda el 10 de marzo de
2015 y luego de que fuera subsanada, la admitió por auto del 7 de abril de 2015 5,
también dispuso la notificación personal de los demandados, el procurador
delegado ante el Tribunal y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
HABITARTE DE COLOMBIA S.A. y CONSTRUCTORA VARGAS contestaron en
forma conjunta y oportuna la demanda6; se opusieron a la pretensión de nulidad del
contrato, por considerarla infundada legalmente, ya que los hechos que la
sustentaron son responsabilidad de la Administración y no del contratista. No se
opusieron a la liquidación del contrato, pero advirtieron diferencias con el
5 Exp. Digital. Documento 54, Tomo I, p. 111 y 118
6 Exp. Digital. Documento 54, Tomo I, p. 138. El a quo mediante auto del 24 de agosto de 2015
dispuso tener por no contestada la demanda por la CONSTRUCTORA VARGAS, pues si bien al
proceso concurrió el mismo apoderado con contestación tanto esta empresa como HABITARTE DE
COLOMBIA S.A. en calidad de integrantes del consorcio VIVIENDA NUEVA POR CASANARE, no
acreditó el poder de la primera. Tras interposición de recurso de reposición, el Tribunal dio por
contestada la demanda por auto del 8 de septiembre de 2015 (ibidem, p.199).
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
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departamento de Casanare y los informes de supervisión, porque consideraron que
el valor de ítems ejecutados era mayor al de las viviendas en condiciones de
habitabilidad. Adicionalmente, resaltaron que las causas que llevaron a la falta de
culminación de las viviendas son imputables al ente territorial y al incumplimiento de
sus obligaciones (frente a los recursos, licencias y documentos técnicos para la
construcción). Igualmente, indicaron que no existió celebración del negocio contra
expresa prohibición constitucional o legal porque el contrato de unión temporal está
permitido y no se puede distorsionar la naturaleza del contrato por las
inobservancias del departamento, especialmente, frente a la gestión y obtención de
los subsidios de las diferentes entidades públicas que permitiera el cierre financiero
del proyecto. Finalmente, propusieron la excepción de contrato no cumplido.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. contestó la demanda oportunamente7; coadyuvó la
pretensión anulatoria principal y se opuso a la subsidiaria, argumentó que declarada
la nulidad procedía el fenómeno de las restituciones mutuas, que es diferente a la
liquidación. Además, refutó al balance presentado por la parte demandante.
Finalmente, planteó las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en
la causa; y como excepciones de fondo: caducidad, prescripción extintiva en los
términos del artículo 1081 frente al contrato de seguro, nulidad absoluta del contrato
de unión temporal, nulidad relativa del contrato de seguro, inexistencia de los
elementos estructurales de la responsabilidad contractual, excepción de contrato no
cumplido, exclusión del riesgo asegurado, inexistencia del riesgo asegurado y de la
obligación de pago, que el seguro está condicionado al valor previsto para cada uno
de los amparos y la genérica.
Señaló que el régimen jurídico aplicable a los contratos de obra que deben ejecutar
las entidades públicas como consecuencia de actuaciones urbanísticas previstas en
el POT es el derecho privado, igual que la celebración de convenios y los contratos
de creación de personas jurídicas mixtas con participación pública y privada, según
los artículos 36 de la Ley 388 de 1997 y 96 de la Ley 489 de 1998, por lo que el
contrato en cuestión no se encontraba sometido al régimen de liquidación del
Estatuto General de Contratación y, por tanto, la acción estaba caducada, en
consideración a que el contrato finalizó el 2 de septiembre de 2012, y al no requerir
7 Exp. Digital. Documento 54, Tomo I, p. 174
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liquidación, el término de dos años para presentar demanda contractual feneció el
2 de octubre de 2014, según el numeral 2, literal j, inciso 2, del CPACA.
El Tribunal Administrativo de Casanare, por auto del 25 de agosto de 2015, señaló
fecha para realizar la audiencia inicial, conforme al artículo 180 del CPACA 8. El 21
de octubre de 2015, el a quo celebró esta diligencia y resolvió las excepciones
previas propuestas por SEGUROS DEL ESTADO. Negó la configuración de la falta
de legitimación en la causa por pasiva, al encontrar acreditada la legitimación de
hecho y difirió la decisión sobre la legitimación material al momento en que se
profiera la sentencia.
Adicionalmente, declaró no probada la caducidad. Señaló que el artículo 36 de la
Ley 388 de 1997 preveía la aplicación del derecho privado para los contratos de
fiducia mercantil, pero no para este contrato, que se regía por la Ley 80 de 1993.
Luego de contabilizar los términos, concluyó que la oportunidad para demandar se
extendió hasta el 26 de julio de 2015, y dado que el escrito inicial se presentó el 2
de marzo de ese año, no había operado la caducidad. Luego de notificarse por
estrados la decisión, SEGUROS DEL ESTADO S.A. interpuso recurso de apelación,
frente a la falta de legitimación en la causa y por considerar que se configuraba la
pérdida de oportunidad para demandar.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante Auto del 25 de
mayo de 2017 decidió el recurso de apelación y modificó la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Casanare; declaró la excepción de caducidad en lo
relacionado con la pretensión de nulidad absoluta del contrato. Adicionalmente,
determinó como no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva y de caducidad de la pretensión de liquidación judicial del contrato 9.
El Tribunal Administrativo de Casanare continuó con la audiencia inicial el 20 de
septiembre de 201710; fijó el litigio únicamente frente a la pretensión de liquidación
del contrato estatal y decretó las pruebas del proceso, incluyendo oficios,
testimonios y dos dictámenes periciales. El a quo dio apertura a la audiencia de
pruebas el día 25 de septiembre de 201911, la cual continuó el 29 de octubre de
8 Exp. Digital. Documento 58, Tomo II, p. 2.
9 Exp. Digital. Documento 58, Tomo II, p. 48.
10 Exp. Digital. Documento 58, Tomo II, p. 99
11 Exp. Digital. Documento 69, Tomo IV, p. 36.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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201912 y 04 de marzo de 202013. Además, por auto del 23 de octubre de 2020, dio
traslado a las partes y al Ministerio Público рага presentar los alegatos de
conclusión y rendir concepto14.
3. Alegatos de conclusión
El 29 de octubre de 2011, la parte demandante, presentó los alegatos15, en los que
reiteró los argumentos y pretensiones de la demanda, incluyendo la solicitud de
nulidad del contrato. Enfatizó en los aspectos más relevantes del negocio, sus
antecedentes asociados al proyecto “Vivienda Nueva por Casanare” presentado
ante el FINDETER y su certificado de elegibilidad, con el cual obtuvo apoyo del
Fondo Nacional de Vivienda que, por medio de las Resoluciones 940 del 30 de
diciembre de 2009 y 022 del 15 de enero de 2010, asignó recursos por
$2.200.000.000, favoreciendo a los municipios de Aguazul, Tauramena y Paz de
Ariporo.
Asimismo, destacó las resoluciones emitidas por el departamento que otorgaron
subsidios de vivienda y establecieron su cofinanciación; el recuento de los tiempos
de la ejecución contractual; la suscripción de los contratos con la Fiduciaria Central
S.A., para la administración de los anticipos de las diferentes resoluciones de
subsidios familiares de vivienda y la trazabilidad de los recursos girados. También
hizo un recuento de los dictámenes periciales para concluir que la fiduciaria realizó
giros al consorcio por $4.085.952.379, mientras el total ejecutado fue por
$2.352.488.003, encontrándose una suma adeudada al ente territorial, sin intereses,
de $1.553.464.376, a la cual se debían añadir los intereses moratorios.
La demandante cuestionó algunos puntos del dictamen, concretamente, que: i)
incluyó el costo de las viviendas terminadas, las no terminadas y aquellas de las
que solo se hicieron cimientos, incluyendo, entre otros, APU (análisis de precios
unitarios), costos indirectos y AIU, conforme a la información suministrada por el
tribunal y el abogado José Humberto Martínez Garavito; ii) señaló que conforme al
objeto contractual, no había lugar a reconocer APU, costos directos, indirectos, AIU,
pagos de primas y otros costos, ya que se trató de una administración de recursos
12 Exp. Digital. Documento 69, Tomo IV, p. 102.
13 Exp. Digital. Documento 69, Tomo IV, p. 148.
14 Exp. Digital. Documento 110.
15 Exp. Digital. Documento 122.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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correspondientes a subsidios, además, advirtió que el negocio no incluyó
cantidades de obra; iii) resaltó que el dictamen no analizó que la responsabilidad de
la Unión Temporal era entregar casas terminadas con base en los subsidios
asignados.
También señaló que, conforme al testimonio del señor LUIS HERNÁN RODRÍGUEZ
LÓPEZ, quien laboró para la interventoría realizada por DIARCO, se acreditó que el
departamento entregó unos diseños tipo que debieron ajustarse, porque las
viviendas que se iba a construir en sitio propio no tenían lotes iguales16. Finalmente,
señaló, frente a la pretensión de nulidad del contrato, que era claro que la cogestión
de recursos solo se dio entre el departamento y los municipios beneficiarios,
mientras el consorcio realmente fungió como contratista de una obra pública, por lo
que, para escogerlo, debió agotarse el procedimiento de selección objetiva, en vez
de hacer uso de la figura de unión temporal, razones que motivaron la desviación
de poder que se consolidó en la violación de mandatos constitucionales y legales.
Habitarte de Colombia alegó de conclusión17. Hizo énfasis en que el objeto del
litigio versaba únicamente sobre la liquidación judicial del contrato. Precisó que
conforme a los descargos del proceso sancionatorio contractual adelantado por el
departamento de Casanare, se realizó una ejecución entre viviendas habitables, por
terminar, con cimentación y diseños, junto a costos indirectos (administración en
suspensiones, pólizas, diseños y anticipo amortizado), por $4.770’528.787,90, de
los cuales se adeudaban al contratista $673’969.980,5. Referenció que en el
proceso se pidieron varias pruebas, incluyendo dictamen pericial, para establecer el
costo real de las obras ejecutadas, pero cuestionó que este se practicó con
fundamento en la información suministrada por la interventoría y supervisión, sin
tener en cuenta los documentos aportados por el contratista. Señaló que realizó
varias solicitudes de aclaración y complementación que no prosperaron porque el
Tribunal limitó la prueba al objeto previsto al momento de su decreto.
Afirmó que en la audiencia inicial se decretó de oficio la prueba documental
allegada, correspondiente a 4 cajas que contenían los libros originales de toda la
contabilidad de la ejecución del contrato. Sin embargo, esos soportes no se tuvieron
16 Algunas de las soluciones de vivienda hicieron parte de proyectos de Urbanización con lotes y
condiciones homogéneas para los beneficiarios.
17 Exp. Digital. Documento 131.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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en cuenta en el dictamen. En consecuencia, concluyó que debían incluirse los
costos indirectos como diseños, pólizas, estas no contempladas en el contrato, pero
exigidas por la gobernación, y gastos de administración durante las suspensiones
de plazos, ya que son conceptos que el contratista no puede asumir gratuitamente.
Constructora Vargas, en los alegatos18, indicó que estaban de acuerdo con la
liquidación judicial del contrato pero consideraba que el dictamen pericial no podía
ser la base para este propósito, porque no computó los gastos indirectos y no era
factible que el cogestor asumiera dichos costos, presentándose un desequilibrio
económico, que los integrantes del Consorcio no estaban en la obligación de
soportar. Por tanto, solicitó que se tuvieran en cuenta los gastos indirectos que
fueron allegados al proceso el día 11 de octubre de 2018, en siete cajas, contentivas
de la contabilidad del Consorcio, durante la ejecución del contrato.
Seguros del Estado alegó de conclusión19 y manifestó que el Tribunal debía
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad, pues consideró que no se encontraba
caducada, a pesar de la decisión del Consejo de Estado que así lo declaró al
resolver el recurso de apelación sobre las excepciones previas. Reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda e hizo énfasis en que se configuraba
la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no existía ninguna
pretensión principal o subsidiaria en su contra y no fue llamada en garantía sino
como parte. Además, advirtió que la liquidación de un contrato solo concierne a sus
partes.
Finalmente, cuestionó el dictamen pericial, por considerar que no fue imparcial al
soportarse en la información de la interventoría y supervisión, establecer los
intereses desde el 17 de diciembre de 2010 (fecha que considero como de
incumplimiento del contrato), cuando el vínculo contractual terminó el 19 de junio de
2012. Por esas razones afirmó que no era posible la liquidación judicial y que de no
prosperar ninguna de las excepciones propuestas, debería tenerse en cuenta que
la responsabilidad de la aseguradora sólo se extendía hasta el valor amparado en
el anexo de la póliza que se encuentre vigente.
18 Exp. Digital. Documento 133.
19 Exp. Digital. Documento 129
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El Ministerio Público no emitió concepto20 y no se referencian actuaciones de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el 13 de mayo de 2021 21,
mediante la cual declaró no probadas las objeciones a los dictámenes periciales y
determinó la liquidación judicial del contrato UT VN-001-2008 del 17 de diciembre
de 2008, suscrito entre el departamento de Casanare y el Consorcio Vivienda Nueva
por Casanare. El Tribunal enunció las pruebas practicadas dentro del proceso y, en
su valoración, las consideró pertinentes, conducentes, útiles y lícitas.
El a quo analizó las objeciones y determinó que no eran procedentes. Sobre la
pericia presentada por la arquitecta Clara Patricia Rodríguez Barrantes, reiteró la
finalidad de la prueba y las objeciones realizadas por las partes demandadas, que
sintetizó en que la perito se apoyó en informes presentados por la interventoría.
Frente a estos cuestionamientos, señaló que la información que tuvo en cuenta la
experta fue corroborada con la prueba testimonial, que no fue tachada de falsa.
Además, el argumento de construcciones fuera del plazo contractual es un tema
que no le correspondía avalar en esta experticia, razones por las cuales declaró no
próspera la objeción.
El a quo también declaró improcedente la objeción al dictamen financiero rendido
por el contador público y matemático Félix Santos Barón Manrique, presentada solo
por Seguros del Estado, frente a la fecha de inicio de los intereses y la consideración
de que la liquidación no debía restringirse al valor de la obra ejecutada, sino a todos
los costos, incluyendo el AIU y los demás gastos indirectos. El Tribunal señaló que
con la objeción no se aportó ningún medio probatorio, que el momento desde el cual
se causan los intereses es un asunto que correspondía determinar a la instancia
judicial y sobre los gastos indirectos soportó su decisión en tres argumentos: i) el
contrato celebrado fue de obra pública y no de reembolso de gastos; ii) aunque para
efectos de determinar el valor de las construcciones se tomarían en cuenta gastos
directos e indirectos, la liquidación debe hacerse conforme a los precios pactados
frente a cada una de las unidades de vivienda; y, iii) pretender que se vuelva a incluir
20 Exp. Digital. Documento 134.
21 Exp. Digital. Documento 136.
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el AIU y demás costos indirectos en la liquidación del contrato implicaría cobrar dos
veces el mismo valor: uno para la determinación del costo de cada vivienda y otro
en la liquidación; para ello, precisó que la liquidación solo debía tomar lo
efectivamente ejecutado, con relación a lo recibido.
El a quo aplicó los intereses desde el 17 de diciembre de 2010, por acreditarse que
el consorcio dejó de ejecutar obras desde esa fecha. Además, señaló que el perito
dio respuesta a todos los interrogantes, solicitudes de aclaración y
complementación presentados por las partes y el Tribunal, y precisó que una cosa
es que las partes no estén de acuerdo con el dictamen y otra que exista error que
amerite desconocer su valor, lo que no ocurrió en este caso.
Tras resolver las objeciones a los dictámenes, el a quo fijó el problema jurídico que
consistía en establecer si en la liquidación judicial del contrato debía tenerse en
cuenta toda la obra ejecutada o solo las viviendas terminadas y habitables; definir
si existen saldos a favor de alguna de las partes; y, determinar si Seguros del Estado
S.A. es responsable o no como aseguradora de todo o parte de los daños sufridos
por el departamento de Casanare, en caso de que existan, y se encuentren dentro
de los riesgos asegurados.
El Tribunal hizo un recuento del objeto contractual precisando que no definió
directamente su valor, pero que, conforme al acta de inicio y las resoluciones
emitidas, correspondía a un total de $8.986’982.323, de los cuales el departamento
giró la suma de $8.860’098.677 a la Fiduciaria Central, según certificación del 18 de
noviembre de 2019, emitida por esta, en la cual también señaló que desembolsó al
Consorcio Vivienda Nueva por Casanare $4.085’952.379.
El fallo determinó el valor de cada vivienda, diferenciando el tipo de construcción y
municipio, con fundamento en los dictámenes y referenció el costo de las
construidas, sin terminar, y ejecutadas hasta los cimientos. Así, concluyó que el
valor de las intervenciones fue de $2.532’488.002,97, incluido los costos de
rediseños y cambio de tubería. Aunque el departamento de Casanare pidió que se
reconociera sólo el valor de las casas terminadas, el a quo consideró que eso era
contrario a derecho porque no se solicitó el incumplimiento del contrato, sino su
liquidación, la cual debe tener en cuenta todo lo ejecutado conforme a las pruebas
13
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obrantes en el proceso. Así, determinó que el Consorcio le adeudaba al
departamento del Casanare $1.553’464.376,03, por concepto de capital.
Sobre los intereses, determinó que procedía lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
80 de 1993, esto es, que se debía pagar a la tasa doble del interés legal civil sobre
el valor histórico actualizado, desde el 17 de diciembre de 2010, fecha en que no se
siguió ejecutando la obra. Finalmente, luego de actualizar el capital al 4 de diciembre
de 2019 y sumar los intereses, el Tribunal declaró como deudor del departamento
a los miembros del consorcio, por $4.203’497.158,84 hasta esa fecha, disponiendo
que el concepto de capital se incrementaría en la variación del IPC y se seguirían
causando intereses moratorios al doble del interés legal civil sobre el capital
actualizado, hasta la fecha de ejecutoria de este fallo, y de ahí en adelante hasta su
pago, tales sumas devengarían intereses moratorios comerciales.
Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa material de la Compañía de
Seguros del Estado S.A., dado que no fue llamada al proceso en calidad de garante
del contrato sino como demandada y que en el proceso se declaró la caducidad de
la pretensión de nulidad del contrato.
5. Recurso de apelación
El 1 de junio de 2021, HABITARTE DE COLOMBIA S.A. y CONSTRUCTORA
VARGAS S.A.S., miembros del consorcio VIVIENDA NUEVA POR CASANARE
interpusieron recurso de apelación22. Las impugnaciones se presentaron en forma
independiente, pero corresponden literalmente a la misma solicitud y argumentos.
En ellos se solicitó que se revoque íntegramente la sentencia referenciada, se
acepte la objeción a ambos dictámenes periciales y se proceda a efectuar una
nueva liquidación del contrato UT-VN-001-2008, teniendo en cuenta todos los
gastos y costos indirectos en que incurrió el Consorcio durante su ejecución.
La apelación señaló que el Tribunal no efectuó un verdadero ejercicio de liquidación
del contrato como lo prevé el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, porque no se tuvieron
en cuenta todas las obras ejecutadas, se confundió el contrato de cogestión con el
de cofinanciación, y no se incluyeron los costos indirectos -AIU- previstos en la
22 Exp. Digital. Documentos 146 y 147.
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planeación y ejecución del contrato. Afirmaron, que el fallo fue incongruente en la
medida que aceptó como válidas todas las pruebas, pero no fueron tenidas en
cuenta.
Precisaron que el proyecto no logró el cierre financiero, responsabilidad que no era
atribuible al constructor sino al Departamento, como oferente del proyecto
habitacional, por tanto, el cogestor no podía cargar con la imprevisión de la
Administración y debía reconocerse a su favor todas las obras ejecutadas.
También enfatizaron que la finalidad de la prueba pericial era demostrar que los
recursos entregados por la Fiduciaria al Consorcio fueron invertidos en su totalidad,
en esa medida, debía incluir también los costos indirectos como los diseños, pólizas
-no contempladas en el contrato, pero exigidas por la Gobernación- y gastos de
administración durante las suspensiones del contrato. Afirmaron que solicitaron
aclaraciones y adiciones al dictamen, sin que se despejaran los interrogantes
porque el a quo restringió el objeto de la prueba a lo sostenido para su decreto en
la audiencia inicial.
Adicionalmente, cuestionaron la idoneidad de los dictámenes practicados,
especialmente, el rendido por el perito Félix Santos Varón Guzmán, por considerar
que no mostraba la realidad de la ejecución financiera y contable del contrato, dado
que se centró solo en los costos de material, mano de obra y el informe técnico de
la arquitecta Clara Patricia Rodríguez Barrantes, cuando deben incluirse los costos
indirectos. Además, reprocharon que los peritos tuvieron en cuenta los informes de
interventoría y supervisión, desconociendo otras pruebas documentales como un
acta de corte de obra que había realizado una medición de la cantidad de obra
ejecutada, llevada a cabo por el Consorcio con la interventoría y supervisión del
contrato; la prueba aportada por la Empresa Habitarte Colombia S.A.,
correspondiente a CD obrante a folio 504 del expediente físico 23 con APU de
Aguazul, Maní, Paz de Ariporo. Tauramena, Yopal e Informe de Maní; y, los
soportes contables de la ejecución del contrato allegada por la Empresa Habitarte
Colombia S.A., obrante en 7 cajas.
23 Exp. Digital. Documento 66. Carpeta comprimida denominada Fl. 504.
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Asimismo, solicitaron que la segunda instancia determine que por culpa del
departamento no se concluyó el proyecto, y que al Consorcio “se le debe reconocer
el valor ejecutado en sus costos directos (APU) más los costos indirectos (AIU)”24
que corresponden a un porcentaje que oscila entre el 25% y el 30%, con lo cual
estarían en un escenario de equidad, reconociendo los verdaderos costos de
ejecución. También pidieron revisar el error frente al tema de los intereses e
indexación, “en la medida que estos se liquidaron sobre los valores supuestamente
no ejecutados, mientras que sobre el valor de la obra ejecutada no se efectuó el
mismo procedimiento generando por supuesto una total inequidad en este
componente de la liquidación”25, ya que el recurso concluye que existe un saldo a
favor del contratista al cual también se le deben aplicar indexación e intereses
moratorios.
6. Trámite en segunda instancia
El a quo mediante auto del 11 de junio de 2021, concedió el recurso de apelación26,
que esta Corporación admitió por proveído del 18 de agosto de 2021 27, el cual se
notificó a las partes por estado y al Ministerio Público personalmente. Atendiendo al
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, se encuentra que las partes no se pronunciaron durante el término para la
ejecutoria del auto que admitió el recurso y el Ministerio Público guardó silencio,
pasando el proceso a despacho para sentencia28.
CONSIDERACIONES
La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, de manera que, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos
procesales, se procede a decidir la segunda instancia de la presente litis29.
24 Recurso de apelación. Exp. Digital. Documento 146.
25 Recurso de apelación. Exp. Digital. Documento 146.
26 Exp. Digital. Documento 149.
27 Exp. Digital. Documento 161.
28 Exp. Digital. Documento 168.
29Esta Corporación ya se pronunció previamente sobre la caducidad, al resolver el recurso de
apelación frente a las excepciones previas, declaró probada la caducidad de la pretensión de nulidad
y el ejercicio oportuno frente a la liquidación judicial. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, Auto del 25 de mayo de 2017 (Exp. Digital, documento 168, p. 48)
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1. Competencia
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos
de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales
administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en
concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las
entidades públicas, naturaleza que ostenta la entidad contratante.
También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente
asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo
152, en concordancia con el artículo 157 del CPACA.30
2. Legitimación en la causa
En el presente caso, está legitimado por activa el departamento del Casanare,
entidad pública del orden territorial, que dio apertura al proceso de selección,
suscribió el contrato UT VN-001-200831, profirió las resoluciones de subsidios de
vivienda y giró los recursos a las entidades fiduciarias.
Por la parte pasiva, se acredita la legitimación de HABITARTE DE COLOMBIA S.A.
Y CONSTRUCTORA VARGAS S.A.S. en condición de integrantes del
CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE32, en calidad de contratista
denominado “El constructor” en el contrato UT VN-001-2008.
3. Objeto de la apelación y problema jurídico
3.1 Objeto y alcance en el sub judice del recurso de apelación
La sentencia fue recurrida únicamente por la demandada, en consecuencia, se
entiende que la parte demandante, departamento del Casanare, al no apelar, se
30 En el año 2015, momento en que se presentó la demanda, el salario mínimo correspondía a
$644,350 y las pretensiones referencian un saldo a favor del Departamento del Casanare por que
asciende a $2.454.171.567,69, equivalentes a 3.808,75 salarios mínimos mensuales legales
vigentes del año 2015.
31 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 14.
32 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, acta de constitución consorcio.
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encuentra conforme con el fallo. En estos términos, se abordará el recurso en los
términos del artículo 328 del Código General del Proceso que al determinar la
competencia del superior precisa que la segunda instancia “deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” y al tratarse de un
apelante único es aplicable la garantía de la non reformatio in pejus -prohibición de
la reforma en peor- prevista en el artículo 31 de la Constitución Política, que el
estatuto procesal recoge, así: “[…] El juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella” (art. 328 Código
General del Proceso).
El apelante tiene la carga de sustentar la impugnación, formular reparos a los
aspectos del fallo que le resultan desfavorables y quiere controvertir, ya que sus
referencias argumentativas delimitan la competencia del juez de segunda instancia.
Además, el alcance de la apelación se restringe por los términos de la controversia,
que fueron establecidos desde las pretensiones de la demanda, la fijación del litigio
en el trámite de primera instancia y que impulsaron el decreto y práctica de pruebas
dentro de esta controversia. En efecto, la apelación no constituye una oportunidad
para adicionar la demanda ni presentar reconvención, ya que no es una oportunidad
para elevar nuevas pretensiones.
En el sub judice, la Sala encuentra que la parte demandada con la apelación solicitó
desequilibrio económico del contrato y declaratoria de incumplimiento al
departamento como causa de la no conclusión del proyecto y que se reconozcan
todos los gastos que realizó, incluyendo la administración durante la suspensión de
los plazos contractuales, con un porcentaje que oscila entre el 25% y el 30% por
costos indirectos de la ejecución y se proceda con una liquidación en equidad. Esa
solicitud se sustenta en que el contrato no es de cofinanciación sino de cogestión y
por considerar que el constructor no debe asumir los riesgos de la imprevisión del
departamento frente al cierre financiero. Sobre el particular, la Subsección
encuentra que la parte demandada no formuló demanda de reconvención en la
materia, razón por la que no es procedente el estudio de peticiones de
incumplimiento ni de otras diferentes a las previstas específicamente en este
proceso.
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Conforme a lo anterior, el objeto de la apelación se concentra en cuestionar la
valoración probatoria y el dictamen pericial que sustentaron la decisión del a quo.
Además, como un argumento central del recurso es el régimen legal del contrato,
se revisará la naturaleza del negocio suscrito por las partes como presupuesto para
analizar los argumentos esgrimidos en contra del fallo del a quo.
3.2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala verificar si el juez de primera instancia, al proferir la
sentencia objeto de apelación, realizó una indebida valoración probatoria frente al
alcance de la liquidación judicial del contrato UT VN-001-2008 y determinar si es
procedente aceptar la objeción del dictamen, orientado a modificarla para la
inclusión de todas las obras y los costos indirectos.
En forma específica los problemas a resolver son: i) ¿Incluye la liquidación judicial
del a quo todas las obras ejecutadas por el contratista?; ii) ¿Existe incongruencia
en la valoración probatoria ante los argumentos de que el fallo se fundamentó solo
en el dictamen pericial, que éste carece de idoneidad por desconocer la finalidad
prevista por la parte demandada y los soportes en que se fundó?; y, iii) ¿Es
procedente la objeción al dictamen pericial ante los argumentos de desconocer las
pruebas documentales, específicamente, los APU´s obrantes a folio 504, acta de
corte de obra y los soportes contables?
Con este fin, la Sala abordará: i) el régimen jurídico del contrato de unión temporal
en los proyectos de vivienda de interés social; ii) la liquidación judicial del contrato
estatal, sus presupuestos y exigencias; iii) la valoración probatoria sobre el contrato
UT VN-001-2008, y los cuestionamientos frente al dictamen pericial; y, iv) las costas
procesales.
4. Régimen jurídico de los Contratos de unión temporal en el marco de los
proyectos de vivienda de interés social.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional, para encaminarse
en el propósito de lograr el cometido de que todos los colombianos tengan una
vivienda digna, el Estado debe establecer “las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
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adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”.
En aras de ampliar el acceso y desarrollar vivienda de interés social se han creado
subsidios, mecanismos de financiación y políticas públicas. Igualmente, el
legislador ha previsto la posibilidad de aunar esfuerzos (incluidos recursos) de
distintas fuentes que permitan desagregar los costos de ese tipo de proyectos para
que sean viables como producto inmobiliario y así garantizar el derecho a una
vivienda digna33. Por tanto, nada obsta para que las entidades territoriales puedan
acudir a contratar con terceros la cofinanciación y el desarrollo de viviendas de
interés social, a través de distintos instrumentos y formas jurídicas.
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993,
no estableció una regulación especial para los proyectos de vivienda de interés
social, siendo aplicable las reglas generales para cualquier tipo de contratación a
cargo de las entidades públicas.
La Ley 388 de 1997, cuyo propósito fue armonizar y actualizar las disposiciones
contenidas en la Ley 9ª de 1989 y promover el ordenamiento de su territorio como
el uso equitativo y racional del suelo, estableció en el artículo 36 que las acciones
urbanísticas podrían ser desarrolladas por los particulares, entidades públicas o
mixtas y, además, en su inciso final estableció una excepción al régimen de
contratación estatal de fiducia, al prescribir que “Igualmente, las entidades
municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución
de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante
la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas
generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en
el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”34.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación
No. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
34 Inciso final del artículo 36 de la Ley 388 de 1997. Esta disposición tuvo una modificación por el
artículo 28 de la Ley 2079 de 2021, que prescribió en su inciso final “[…]Igualmente, las entidades
municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de
urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de
contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial.” Sobre el alcance
restrictivo de esta excepción, cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de
4 de julio de 2003, C. P. César Hoyos Salazar, Radicación: 1502.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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Adicionalmente, el ordenamiento jurídico permite que se aúnen esfuerzos entre los
particulares y el Estado para lograr desarrollar soluciones de vivienda de interés
social acudiendo a formas asociativas como las previstas en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con
participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas
jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o
la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades
en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política,
en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las
partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren
pertinentes (negrilla fuera de texto original).
Esta Corporación ha reconocido la aplicación de esta figura en materia de vivienda
de interés social como una excepción a la Ley 80 de 199335 y la Subsección sostiene
que el régimen jurídico aplicable en vigencia del Decreto 777 de 1992, es el derecho
privado36, con fundamento en el inciso 2° del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que
prescribe que “los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se
celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución
Política (...)”. Esta remisión se ha entendido aplicable frente a los decretos
autónomos que reglamentan dicha norma constitucional y únicamente frente
aquellos asuntos que no se encuentren expresamente regulados en la ley.
Aunque son múltiples las características o condiciones atribuibles a estos
negocios37, se destaca especialmente que su finalidad es la cooperación y, por
tanto, se trata de una relación no conmutativa. Esta característica es tan relevante,
que la jurisprudencia enfatiza la necesidad de establecer con precisión “su objeto,
término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 15 de febrero de 2018.
Radicación No. 76001-23-31-000-2004-04640-02(55.147), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico;
Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación No. 85001-23-31-000-2011-10099-
01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de marzo de 2025, expediente 63.262, M.P. María Adriana Marín.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 15 de febrero de 2018.
Radicación No. 76001-23-31-000-2004-04640-02(55.147); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, 3 de diciembre de 2014, Exp. 51.832. C.P. Oiga Mélida Valle de la Hoz.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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hacer y la forma en que coordinarán sus esfuerzos”38 e, incluso, se puede concluir
que la existencia de una relación conmutativa desvirtuaría la aplicación de esta
tipología contractual y excepción al régimen de la Ley 80 de 1993.
Sumado a lo anterior, el artículo 27.1 de la Resolución 610 de 2004 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “por la cual se establecen las
metodologías y condiciones para el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de
Vivienda de Interés Social Urbana y la calificación de planes de vivienda en
concurso de Esfuerzo Territorial”, dispuso que las entidades territoriales podrían
constituir uniones temporales o consorcios o celebrar convenios de asociación para
efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad, cumpliendo con
la normatividad vigente en materia de contratación o celebración de convenios de
asociación39.
Con fundamento en esta norma, esta Corporación concluyó que “tanto las uniones
temporales y los consorcios como los convenios de asociación que se constituyeran
para efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad se regirían
bajo la normatividad de los «convenios de asociación»”40. Esta posición se ha
reiterado ante acuerdos similares -uniones temporales-, suscritos entre una entidad
territorial y un particular con el fin de desarrollar proyectos de vivienda, precisando
que la normativa que los gobierna es aquella referida a los convenios de
asociación41, especialmente, cuando se acoge esta figura y “no es posible derivar
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado
No. 20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
39 Resolución 610 de 2004. Artículo 27. “Criterios De Participación: Los planes de vivienda
presentados para el Concurso de Esfuerzo Territorial tendrán que cumplir con las siguientes
condiciones: 1. El oferente debe ser una entidad municipal o departamental, un Fondo Municipal o
Departamental de Vivienda o la dependencia o entidad que cumpla sus funciones, o una
dependencia o entidad pública local, estas últimas respaldadas por el Municipio. Cuando el oferente
sea la entidad departamental, el municipio será responsable solidariamente del plan de vivienda, sin
perjuicio de las responsabilidades y deberes consagrados en la Constitución Política y en la Ley. La
entidad territorial podrá constituir Unión Temporal o Consorcio, o celebrar convenios de asociación
para efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad, cumpliendo con la
normatividad vigente en materia de contratación o celebración de convenios de asociación”.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado
No. 44001-23-33-000-2012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado
No. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48.957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado No. 44001-23-
33-000-2012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Radicado No. 15001-23-33-000-
2018-00693-02 (69.655), C.P.: Fredy Ibarra Martínez
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
de forma clara una relación conmutativa o concluir que las prestaciones son
equivalentes”42.
Dentro de este régimen legal, los convenios de asociación y figuras asimiladas -
uniones temporales- se caracterizan por consolidar un vínculo no conmutativo
porque prevalece la colaboración, razón por la que normalmente no se establece un
precio a cargo de la entidad contratante sino aportes de las partes del convenio. De
incluirse en el contrato de unión temporal un precio o algún concepto por
remuneración, se desvirtuaría el carácter no conmutativo y la naturaleza del vínculo
negocial, siendo aplicables las disposiciones generales previstas por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.
En el caso concreto, la litis se presenta sobre un contrato de unión temporal y, por
ende, corresponde extender el régimen previsto para los convenios de asociación
como presupuesto para la liquidación judicial del negocio suscrito por las partes.
En efecto, el contrato UT VN-001-2008 no incluyó una cláusula de precio. La primera
cláusula que conforma la unión temporal referenció una participación porcentual de
la Gobernación del 10% y del Consorcio del 90%43, pero no precisó los aportes del
contratista ni materializó la distinción porcentual. Desde el objeto del contrato UT
VN-001-2008 se describe una cogestión para que el constructor ejecute los recursos
de financiamiento de las soluciones de vivienda de los beneficiarios y aportados a
título de subsidio asignados por la Gobernación de Casanare, los municipios y la
Nación y los recursos de propiedad de los hogares. En efecto, el objeto del contrato
estipula, en forma literal:
Cláusula Segunda. Objeto de la Unión Temporal: Cogestión de propósitos
encaminados a hacer efectiva la política pública de vivienda, mediante la
construcción de NOVECIENTAS (900) viviendas de interés social urbanas
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2025. Radicado
No. 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262), C.P.: María Adriana Marín.
43 “CLÁUSULA PRIMERA: CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión TEMPORAL
CASANARE PARA TODOS No U.T.VN-OO1-2008, conformada por: El Departamento de Casanare
y por el CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE, el cual a su vez está integrado por
HABITARTE COLOMBIA S.A. NIT No. 900 .210.484-7 Representante Legal Jaime Eduardo
Fernández Reynero C.C. No. 80 .419.238 de Usaquén y CONSTRUCTORA VARGAS LTDA NIT No.
800 .2A6.926-2 Representante Legal LIBIO HERNANDO VARGAS CASTRO C.C No 12.230.723 de
PITALITO (HUILA). PARÁGRAFO.- PARTICIPACIÓN: Las partes que conforman la UNIÓN
TEMPORAL No U.T.VN-0O 1-2008 acuerdan para el pleno desarrollo y ejecución del objeto de la
misma, la siguiente participación porcentual; LA GOBERNACIÓN el diez por ciento (10%), y EL
CONSTRUCTOR el noventa por ciento (90%)”
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
nuevas en sitio propio disperso o nucleadas en el área urbana de Municipios
del Departamento, en las localizaciones, diseños, cantidades, valores, cierre
financiero, etapas de construcción, áreas y acabados que se describen en el
anexo número uno (1), de forma tal que EL CONSTRUCTOR realice por su
cuenta, previa la suscripción del contrato respectivo con la Fiducia contratada
para este fin (sic) para ejecutar los recursos de financiamiento de las
soluciones de vivienda de los beneficiarios y aportados a título de subsidio
asignados por la Gobernación de Casanare y los municipios y la nación
(donde hayan aportado los municipios y/o el Gobierno Nacional), los recursos
de propiedad de los hogares, (como los recursos de crédito u otra fuente de
recursos de origen legal aportada por el beneficiario para el cierre financiero
que obtengan los hogares), adelantando todas las acciones comerciales,
financieras, operativas y administrativas necesarias, de conformidad con las
obligaciones que asumen las partes.
Aunque se referencia el anexo 1, como el documento que contiene la información
precisa de cantidades, valores y cierres financiero, dicho documento no se allegó
con la demanda ni la contestación y tampoco se encuentra dentro de los
antecedentes administrativos allegados al proceso44.
En todo caso, dentro de las resoluciones que otorgaron los subsidios se
referenciaron los cierres financieros -con recursos de los subsidios del
departamento, los que se obtengan de otras entidades públicas y aportes de los
beneficiarios- y en el acervo probatorio se encuentra acreditado que las partes
cambiaron las condiciones y especificaciones de las construcciones, lo que incluye
los presupuestos de las viviendas, sin introducir ninguna modificación contractual,
sino como una actuación propia de la ejecución, razón por la cual las pruebas
aportadas, practicadas y los dictámenes periciales son transversales en la definición
del costo final de las viviendas como presupuesto para definir la presente litis.
44 El Anexo No. 1 no fue aportado por las partes al proceso, y tampoco se encontró en los anexos
del dictamen que incluye todo el expediente administrativo contractual y la información aportada por
el contratista, información aportada en CD. Exp. Digital. Documento 61, Informe Pericial, carpeta fl.
247, carpeta información 001-2008 (30 tomos -carpetas digitales aportados por la Gobernación y 77
archivos en pdf correspondientes a foliación 5856 a 13836 del expediente contractual). En todo caso,
dentro de este expediente administrativo se hace referencia a tal anexo con referencias a diseños
tipo, APU’s e información técnica contentiva de los proyectos de vivienda que obtuvieron elegibilidad
ante Findeter y cuya ejecución se pretende bajo el Contrato UT VN-001-2008. Esta instancia judicial,
encuentra que dentro del expediente administrativo se evidencia que el ente departamental realizó
varias actividades de reconstrucción del expediente contractual durante la ejecución del negocio al
presentarse inconvenientes con su individualización y que los entes de control también adelantaron
hallazgos por estos hechos -por ausencia del archivo correspondiente a la selección, evaluación y
oferta de la Unión temporal, situación que explica que no se haya allegado al plenario el anexo 1 del
contrato suscrito por las partes. Exp. Físico. Fl.433 , correspondiente a CD con carpeta “expediente
para el perito”. Carpeta Proceso Vivienda Nueva por Casanare. Carpeta CP. Carpeta Tomo I.
Carpeta Fl. 31. Carpeta Vivienda Nueva. Documento 46, Fl.27 a 29. En este documento se
encuentra varios oficios de los entes de control, incluyendo el oficio de la Contraloría General de la
República del 19 de agosto de 2011, contiene el Informe Final Denuncia D-85-10-0008 que referencia
entre otros asuntos, los problemas con el archivo del expediente contractual.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
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Medio de control: Controversias contractuales
Además, las partes establecieron en las consideraciones del contrato la necesidad
del proyecto conforme a la Ley 3ª de 1991 que incluye en el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social a las entidades públicas y privadas que cumplan
funciones conducentes a la materialización de los programas de vivienda, y
manifestaron expresamente el ánimo de asociación conforme al artículo 96 de la
Ley 489 de 1998. Al respecto, el negocio establece literalmente:
[…] hemos acordado celebrar contrato de Unión temporal, bajo la modalidad
prevista en la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes, previas las
siguientes consideraciones: [...]
CUARTA. Que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 señala que las entidades
estatales pueden asociarse con particulares a efectos de adelantar programas
de interés público, para lo cual deberán tener en cuenta los presupuestos
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política. En cumplimiento a lo
anterior el Departamento ha seleccionado de manera objetiva a la persona con
la cual conforma la unión para efectos de realizar el proyecto que se describe
dentro del objeto del presente contrato45.
En consecuencia, se encuentra que el régimen jurídico del contrato UT VN-001-
2008 que se establece como punto de partida para la liquidación judicial
corresponde al de convenios de asociación. Está acreditado que las partes tenían
esta intención conforme a la parte motiva del contrato y que en el negocio y sus
modificaciones -otrosí No. 1- no establecieron un precio, ni conceptos ni porcentajes
asociados a imprevistos, administración o utilidad, confirmando que el vínculo
negocial tiene una naturaleza no conmutativa. Esto no significa que el negocio sea
gratuito, simplemente, las partes acordaron aunar esfuerzos para la ejecución de
los subsidios de vivienda sin perseguir una remuneración o ánimo de lucro,
presupuesto transversal para atender el petitum de la litis.
Por tanto, ante los cargos del recurso de apelación que cuestionan que en la
liquidación judicial no se tuvo en cuenta el AIU, se determina que es improcedente
el reconocimiento de componentes asociados a la utilidad ya que conforme al
régimen jurídico del negocio suscrito esta no es procedente porque no se pactó y,
en caso de haberse presupuestado o reconocido se presenta una irregularidad en
la ejecución que no es susceptible de modificar el negocio suscrito entre las partes,
por lo que dicho concepto carece de soporte legal y contractual. Los demás
conceptos de los costos indirectos, se abordarán con los demás cargos del recurso.
45 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 15.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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Medio de control: Controversias contractuales
5. Liquidación judicial del contrato estatal: presupuestos y exigencias
Los integrantes del consorcio argumentan en el recurso de apelación que en el fallo
de primera instancia “(…) el despacho no efectuó una liquidación acorde con los
postulados establecidos en el artículo Art. 60 de ley 80 de 1993, modificado por el
artículo 217 del Decreto 19 de 2012, por el contrario se limitó a convalidar la prueba
pericial desconociendo con ello el principio de la congruencia de los fallos judiciales
en la medida que en las consideraciones fueron tenidas en cuenta todos los medios
de prueba pero al proferirse la sentencia simplemente se tuvo en cuenta el dictamen
pericial (…)”. Apoyan este argumento en que considera que el fallo no realizó una
debida valoración probatoria, la configuración de un posible incumplimiento
contractual e inclusión de costos adicionales correspondientes al AIU y gastos
administrativos durante las suspensiones, conforme a lo cual manifiesta que existe
un saldo aproximado de $673’969.980,50 a su favor.
Frente a este argumento, la Sala precisa que la liquidación de los contratos consiste
en un corte de cuentas en la relación contractual, una figura de carácter patrimonial
que se justifica en la necesidad de determinar la situación jurídica de las partes del
contrato, más aún cuando una de ellas es el Estado. Su procedencia está
claramente regulada para los contratos sometidos al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública (EGCAP), y en los contratos excluidos de
este régimen contractual, se ha reconocido su procedencia en la medida que las
partes hayan pactado su realización. En el contrato UT VN-001-2008 las partes
pactaron expresamente la realización de la liquidación, previa presentación de los
informes finales de actividades y de ejecución presupuestal los cuales deberían
contar con el visto bueno del encargado del control y vigilancia -cláusula octava-.
El recurso señala que se desconoció el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012, disposiciones que establecen
la obligación de liquidar el contrato estatal, sólo en algunos eventos, y el contenido
de la liquidación. Las disposiciones alegadas constituyen el fundamento de la
liquidación de los contratos sometidos al EGCAP y establecen la obligación de
liquidar: i) los contratos de tracto sucesivo; ii) los contratos cuya ejecución se
prolongue en el tiempo; y iii) los que los requieran. Además, establecen que la
finalidad es que las partes puedan establecer un paz y salvo, para lo cual habilita la
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
inclusión de los acuerdos, conciliaciones o reconocimientos a que haya lugar para
lograr este fin.
En el caso concreto, no puede afirmarse que la liquidación efectuada en primera
instancia desconozca las normas del EGCAP porque atendiendo al régimen jurídico
del contrato de esta litis que corresponde a los convenios de asociación -excluidos
del EGCAP-, la normativa invocada no resulta aplicable. En todo caso, se analiza la
inconformidad interpretando que la intención del recurrente es que se reconozca
todas las intervenciones ejecutadas para lograr un paz y salvo en el negocio
suscrito.
En tal sentido, se destaca que la noción y alcance de esta institución se delimita a
nivel jurisprudencial y doctrinario. Al respecto, esta Corporación señaló que “la
liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a su terminación
normal o anormal, cuyo objeto es el de definir si existen prestaciones, obligaciones
o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas y proceder a las
reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, para así dar finiquito y
paz y salvo a la relación negocial”46.
Conforme a lo anterior, la liquidación constituye un balance final o ajuste de cuentas
económico, técnico y jurídico, entre la administración contratante y el particular
contratista, con la finalidad de finiquitar su relación contractual, razón por la cual se
plasma y formaliza la situación financiera y jurídica al término de la relación
contractual. Adicionalmente, en esta etapa se tiene como propósito decidir todas las
reclamaciones a que haya dado lugar la ejecución del contrato, de modo que
constituye la oportunidad para formular y decidir las reclamaciones que se
consideren pertinentes.
La pretensión de liquidación contractual no se prevé a favor de una de las partes,
sino que puede ser ejercida por cualquiera de ellas, en tanto se haya producido
válidamente la terminación del contrato, proceda la liquidación en los términos del
EGCAP o se haya convenido por las partes en los contratos excluidos de la Ley 80
de 1993 -como sucede en este caso- y subsista la necesidad de definir las
prestaciones pendientes, saldos u otros efectos patrimoniales vinculados a la
46 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 20 de
septiembre de 2007. Rad: 68001-23-15-000-1995-01233-01 (16370)
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
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ejecución del contrato. Esta Sala precisa, conforme al alcance del recurso de
apelación, que la pretensión única y exclusiva de liquidación judicial del contrato
que se presenta en esta litis no constituye, en sí misma, una solicitud de declaratoria
de incumplimiento contractual, ni presupone la existencia de un desequilibrio
económico entre las partes. Este petitum tiene como único objeto determinar y
concretar los efectos económicos derivados de la terminación del vínculo
contractual, con fundamento en lo pactado por las partes y la ejecución de sus
prestaciones.
En consecuencia, la pretensión de liquidación judicial no impone al juez la
declaratoria oficiosa de incumplimiento, desequilibrio, u otras declaraciones no
solicitadas oportunamente dentro del proceso judicial, sino que responde a una
finalidad de cierre y balance económico del vínculo contractual. En el caso concreto,
el interés del recurrente es satisfacer la finalidad de la liquidación y que se
reconozca el valor de todas las obras, objetivo que satisface el fallo del a quo
porque incluyó todas las obras ejecutadas con independencia del estado de las
viviendas (terminadas, adelantadas en un 50% y en cimentación), que fueron
acreditadas dentro del plenario, sin establecer ninguna exclusión.
En el sub judice, los cuestionamientos a la liquidación judicial no evidencian cómo
se ha desconocido la finalidad de esta institución ya que se incluyeron todas las
obras ejecutadas, razón suficiente para desestimar el argumento del recurrente; en
cambio, los reparos recaen sobre la valoración probatoria de las obras y sus costos
con el fin de que se establezca el AIU a favor del contratista, temas que se pasarán
a desarrollar.
6. Valoración probatoria del Contrato UT VN-001-2008 y cuestionamientos al
dictamen pericial
El recurso de apelación cuestionó la congruencia del fallo frente al acervo probatorio
allegado al plenario, señalando que la liquidación desconocía la realidad de la
ejecución contractual y, en forma puntual, que el a quo solo se fundamentó en el
dictamen pericial desconociendo los cuestionamientos a esta prueba sobre las
obras ejecutadas y el costo de la mismas.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
Con el fin de analizar estos cargos, se precisa que la congruencia probatoria en un
fallo judicial exige que exista correspondencia lógica y razonada entre los hechos
acreditados con el acervo probatorio y la decisión del juez, de modo que la decisión
se fundamente en las pruebas practicadas, sin apartarse del objeto de la litis y sin
introducir elementos ajenos a la misma. En atención a que la finalidad de la
controversia es la liquidación judicial con el fin de que se reintegren conceptos no
ejecutados y que el Consorcio contratista en su apelación cuestiona el fallo y las
pruebas frente a la valoración de lo ejecutado y sus costos, se abordará: i) la
valoración probatoria y hechos acreditados sobre el contrato UT VN-001-2008 y los
recursos destinados para la ejecución del contrato; ii) las prestaciones del contrato
y los cuestionamientos al dictamen pericial y, iv) el balance económico financiero
del negocio suscrito por las partes.
6.1. Hechos acreditados sobre el contrato UT VN-001-2008 y los recursos
destinados para su ejecución
En el plenario se aportaron las pruebas documentales contentivas de la relación
negocial -contrato y otro sí-, junto con el acta de inicio de ejecución y la relación
documental de los subsidios otorgados, constitución de encargos fiduciarios y
soporte de los giros realizados al Consorcio Vivienda Nueva por Casanare, que
establecen las condiciones del negocio suscrito entre las partes y su ejecución. En
estos términos, se destacan los aspectos más relevantes como presupuestos para
el análisis de los demás cargos de la apelación.
• Sobre el contrato UT VN-001-2008 y los subsidios vinculados a su
ejecución
Las partes suscribieron el contrato UT VN-001-200847 el 17 de diciembre de 2008 y
dentro de los elementos esenciales del negocio jurídico se encuentra que su objeto
se enfocó en la ejecución de los recursos de los subsidios y aportes de las familias
beneficiarias por la construcción de 900 viviendas de interés social urbanas nuevas
en el departamento de Casanare. Durante la ejecución del contrato se realizaron
precisiones sobre las especificaciones atendiendo la asignación de subsidios y
estableciendo el cierre financiero, conforme a las cuales las partes establecieron los
análisis de precios unitarios (en adelante APU’s) que tuvo en cuenta los dictámenes
47 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 14.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
periciales practicados dentro del proceso, que son los que precisan las prestaciones
ejecutadas por las partes.
El contrato precisó las obligaciones de cada una de las partes, de las cuales se
destaca que el departamento tuvo a cargo la asignación del subsidio de vivienda, la
transferencia de los recursos de los subsidios a una Fiduciaria, establecer en las
convocatorias a los subsidios las condiciones del hogar beneficio de las cuales se
destaca “aceptar contratar con el constructor que para el efecto ha escogido la
Gobernación” (núm. 3, cláusula segunda, tras modificación del contrato UT VN-001-
2008)48. Por su parte, el contrato denominó al Consorcio Vivienda Nueva por
Casanare como “CONSTRUCTOR” y sus obligaciones se delimitaron en la
modificación al contrato UT VN-001-2008 suscrita el día 6 de enero de 2009, que
estipula literalmente:
CLÁUSULA SEGUNDA. La cláusula Tercera OBLIGACIONES, quedará así:
Las partes asumen en desarrollo de la Unión Temporal las siguientes
obligaciones: […]
“OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: 1.- Ejecutar los proyectos de
vivienda de interés social urbana de que trata la presente unión temporal,
selección de la fiduciaria y constitución de encargos fiduciarios para el giro
del anticipo, suscripción de los contratos de obra con los beneficiarios del
subsidio y ejecución de las obras conforme a las correspondientes licencias
de construcción expedidas por el municipio a donde pertenezca la solución.
2.- ΕΙ CONSTRUCTOR tomará las precauciones de obra necesarias para
garantizar la seguridad industrial de construcción del proyecto. 3.- Desarrollar
la construcción de las viviendas, de conformidad con las especificaciones
técnicas que se adopten para cada caso, estableciendo que la construcción
se iniciará en el momento en que se reciba el anticipo, las licencias de
construcción respectivas y la entrega de los lotes por los hogares
beneficiarios para su intervención de obra. 4.- Proporcionar la maquinaria,
operarios, profesionales, mano de obra no calificada y subcontratistas
calificados, requeridos para la ejecución de los proyectos. 5.- Comprar los
materiales e insumos requeridos para adelantar el proyecto, de conformidad
con los estándares establecido para el efecto en la normativa nacional
(Icontec- NSR-98) y con prelación de compra a proveedores de la región 6.-
Responder por la debida aplicación de los subsidios que aporte la
GOBERNACIÓN, los municipios, la nación y los beneficiarios según su
registro en la fiducia para el cierre financiero, garantizando los principios de
economía, eficiencia, participación y transparencia en la inversión de los
recursos y la realización de las obras, las cuales se encuentran enmarcadas
en el plan de inversión de los contratos de obra 7.- Cumplir con los plazos
para la ejecución de las viviendas y la liquidación del proyecto de acuerdo con
el cronograma de obra (Subrayas fuera de texto).
48 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 15.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
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El contrato estableció una cláusula de vigencia de 2 años y no incluyó ninguna
cláusula sobre precio, remuneración o valor, pero en la cláusula segunda del
contrato UT VN-001-2008 precisó que su objeto conlleva la ejecución de los
recursos derivados de los subsidios de vivienda otorgados por el departamento
como de los que eventualmente se obtuvieran de los demás entes territoriales y los
aportes de las familias, los cuales se precisan en el acta de inicio.
También se acredita modificación parcial al contrato UT VN-001-2008 suscrita el 6
de enero de 2009 sobre las cláusulas asociadas a la conformación de la unión, las
obligaciones y responsabilidad, último aspecto sobre el cual se destaca que las
partes estipularon que “[…] La responsabilidad integral en la ejecución de los
proyectos de vivienda es de cargo total del consorcio constructor. […]”.
El contrato UT VN-001-2008 inició el día 2 de junio de 200949 y tras algunas
suspensiones, el plazo se extendió hasta el 19 de junio de 201250. En relación con
la precisión del valor del contrato, el acta de inicio51 referenció los valores por
concepto de subsidios de vivienda otorgados por el departamento por la suma total
de $8.986.982.323, discriminados, así:
VALOR:
Resolución No. 0688 $ 3.406.968.558,00
Resolución No. 0880 $ 4.850.013.765,00
Resolución No. 0738 $ 390.000.000,00
Resolución No. 0739 $ 230.000.000,00
Resolución No. 0740 $ 110.000.000,00
VALOR: $ 8.986.982.323,00
Las resoluciones referenciadas se aportaron al proceso y la suma de los subsidios
otorgados coincide con los valores descritos en el acta de inicio, pero en vez de 900
incluyen 915 subsidios, correspondientes a diferentes municipios del departamento
de Casanare. Igualmente, tales actos administrativos incluyen diferentes montos
para los subsidios de la viviendas, precisan el proyecto y municipio donde se aplican
y referencian las condiciones del cierre financiero de los proyectos. De este último
49 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 56, carpeta 9,
fl.62-63.
50 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 28 a 32.
51 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 56, carpeta 9,
fl.62-63.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
componente se destaca que en todas la resoluciones se referencian aportes de los
municipios, en algunos casos aportes de junta de vivienda comunitaria, como los
recursos faltantes a gestionar entre aportes de los hogares, créditos, la gestión de
subsidios a nivel nacional y de las cajas de compensación familiar, lo que evidencia
claramente que el valor de las viviendas supera el valor de los subsidios otorgados
por el departamento.
Los cierres financieros previstos en las resoluciones desde el inicio de la ejecución
contractual establecieron con precisión el precio de la intervención, el cual supera
ampliamente el monto de los subsidios al incluir otros aportes; sin embargo, dentro
de la ejecución contractual, las partes cambiaron las especificaciones de las
viviendas y, por ende, el valor de las mismas estableciendo los correspondientes
análisis de precios unitarios -APUS-, que fueron los que tuvieron en cuenta los
peritos en sus dictámenes. En todo caso, es a partir del valor de los subsidios
asignados que se pretende la liquidación, con el fin de que se restituyan los recursos
no ejecutados y, en relación con el valor de las obras, se solicitó y decretaron los
dictámenes periciales correspondientes.
En el expediente administrativo obran varias de las resoluciones vinculadas a este
contrato, que fueron objeto de modificaciones, dentro de las cuales se destaca el
incremento del valor de algunos de los subsidios conforme a la Resolución 1325 del
31 de diciembre de 2010 proferida por el departamento del Casanare 52; sin
embargo, no se acredita dentro del acervo probatorio el traslado de esos fondos a
los encargos fiduciarios previstos para el efecto. Igualmente, en el acervo probatorio
se encuentra soporte de resoluciones emitidas por los municipios de Aguazul 53,54 y
52 La finalidad fue adicionar a la asignación de subsidios de vivienda de interés social establecidos
mediante las Resoluciones Nro. 688, 0739, 0740 de 2008, 0738 de 2008 modificada mediante la
Resolución 0248 de 2009 y Resolución 0880 de 2008 modificada mediante la Resolución 0247 de
2009 para la construcción de vivienda nueva a 745 núcleos familiares ubicados en los siguientes
municipios: Aguazul, Mani, Paz de Ariporo, Tauramena, Villanueva y Yopal, en el Departamento de
Casanare” Exp. Digital. Documento 61, carpeta comprimida informe pericial, carpeta folio 247,
carpeta Tomos Gobernación, carpeta tomo 22, fl.271-275. Adicionalmente, en el expediente obran
documentos que acreditan gestiones sobre adición de subsidios por valor de $2.395.000.000 y
$1.029.279.412, con disponibilidad presupuestal, para un total de 3.424.279.412, conforme al
registro presupuestal. Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2,
caja 57, carpeta 13, fl. 386 a 390 y 404.
53 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 56, carpeta 10,
fl. 241 a 248.
54 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 56, carpeta 10,
fl. 249 a 252.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
Villanueva55,56,57, que otorgan subsidios de vivienda asociados al proyecto; pero,
estos recursos no se trasladaron al encargo fiduciario y se desconocen las
condiciones establecidas para su pago -aunque en algunos oficios obrantes en el
plenario se referencia un giro directo al constructor, previa autorización del
beneficiario y recibo a satisfacción, junto a otros requisitos-. Lo que se acredita
desde la demanda es que la entidad pública no recibió a satisfacción las viviendas58.
En las pruebas también se encuentra referencias a subsidios nacionales, pero no
se aportaron las resoluciones59, existen constancias de seguimiento a la ejecución
del contrato con ocasión de los mismos que indican que se otorgarían luego del
recibo a satisfacción de las viviendas construidas en los términos previstos en el
certificado de elegibilidad otorgado por el FINDETER. No obstante, tales recursos
tampoco se desembolsaron en los encargos fiduciarios previstos para el efecto, ni
hay constancia de su pago, máxime que no se acredita recibos a satisfacción de las
viviendas asociadas a esta litis.
Ante estas razones, el a quo tomó como valor del contrato la suma de
$8.986.982.323, cifra que corresponde a los subsidios otorgados por el
departamento del Casanare, la cual se señala en las pretensiones de la demanda
como punto de partida para la liquidación contractual y no fue objeto de
cuestionamiento por ninguna de las partes. Conforme a esta litis se ha establecido
la certeza de la destinación de estos recursos para la ejecución del contrato UT
VN.001-2008 y no se ha acreditado ninguna suma adicional, teniendo presente que
por la naturaleza de este tipo negocio y como se deriva del objeto contractual se
estableció la construcción de las viviendas para 900 beneficiarios -915 según el acta
de inicio- con concurrencia de estos recursos y otros adicionales -subsidios que
contingentemente se obtuvieran de otras entidades y aportes de los hogares-, para
completar el valor final de cada vivienda.
55 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 57, carpeta 12,
fl.151-155
56 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 57, carpeta 12,
fl.96
57 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 57, carpeta 12,
fl. 156-159.
58 Exp. Digital. Documento 61, carpeta comprimida informe pericial, carpeta folio 247, carpeta Tomos
Gobernación, carpeta tomo 10, fl.242 a 248.
59 Los alegatos presentados por el departamento de Casanare referencia los subsidios del Gobierno
nacional pero no precisó si efectivamente se desembolsaron esos recursos. En el seguimiento al
contrato no hay soportes del desembolso de los recursos pero sí se encuentra soporte de
seguimiento y llamado de atención porque tales recursos solo se desembolsarían previo recibo a
satisfacción, condición no satisfecha dentro de la presente litis.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
• Sobre los encargos fiduciarios para la administración de los recursos
de los subsidios
Se acredita la celebración de encargos fiduciarios para la administración de los
recursos de los subsidios de vivienda otorgados por el Departamento de Casanare
y relacionados en el acta de inicio del contrato UT VN-001-2008 con la Fiduciaria
Central S.A.,60 correspondiente a los recursos para 915 soluciones de vivienda,
junto a datos de la elegibilidad y las resoluciones que los otorgaron, así:
Además, se aportó copia de contratos de Encargos fiduciarios61 y se acreditó la
modificación de los mismos para que la relación contractual con la Fiduciaria Central
S.A. quedará con el Consorcio Vivienda Nueva por Casanare a cambio de la Unión
temporal62. Igualmente, se aportó Otrosí al encargo fiduciario para la administración
de recursos provenientes de los subsidios – proyecto “Vivienda Nueva para
Casanare”63, se modificó la interventoría que la realizaría la Fundación Salvemos el
Medio Ambiente y cláusulas sobre las obligaciones e instrucciones. Este otrosí es
relevante porque se referencia expresamente que “Mediante documento privado de
fecha veintisiete (27) del mes de marzo de dos mil nueve (2009), EL
CONSTITUYENTE – UNIÓN TEMPORAL CASANARE PARA TODOS No. U.T. VN-
001-2008 cedió al CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE la posición
contractual de CONSTITUYENTE que a la fecha tenía en el contrato de encargo
fiduciario para la administración de recursos provenientes de los anticipos de
subsidio familiar del Proyecto denominado VIVIENDA NUEVA POR CASANARE”.
60 Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 61, carpeta 25,
fl.350.
61 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida Vivienda Nueva, documento 16 a 20.
62Oficio de 13 de enero de 2009. Exp. Digital. Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82,
carpeta D2, caja 56, carpeta 9, fl.4.
63 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida Vivienda Nueva, documento 21.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
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Se acreditó el segundo otrosí al encargo fiduciario para la administración de
recursos provenientes de los anticipos de subsidio familiar – proyecto “Vivienda
Nueva para Casanare”64, modificando la administración de los recursos, que a partir
de la suscripción del otrosí se haría por parte de la Gobernación de Casanare y no
de acuerdo a los señalado en las normas previstas en la Resolución 966 de 2004,
modificada mediante la Resolución 1554 de 2005, 885 de 2007, 1272 de 2007, 1407
de 2008 y 0317 de 2009.
El giro de los recursos dependía de las aceptaciones y autorizaciones de los
beneficiarios65. Así, el valor girado por el departamento de Casanare a la Fiduciaria
Central inicialmente fue $8.033’548.279; aunque acorde con la certificación emitida
por la Fiduciaria Central del 18 de noviembre de 2019, el monto girado por el
departamento de Casanare a la Fiduciaria fue $8.860’098.677, y los recursos
girados al contratista corresponden a la suma de $4.085’952.379 66, a partir, de la
siguiente síntesis:
Resolución Recursos girados por el Recursos girados por la
Departamento a la Fiduciaria Fiduciaria al Contratista
688 3.340.092.830,0 1.497.066.830,0
738
389.995.500,0 156.000.000,0
739
230.000.000,0 187.000.000,0
740
60.000.000,0 24.000.000,0
880 4.840.010.347,0 2.221.885.549,0
TOTAL 8.860.098.677,0 4.085.952.379,0
Los conceptos girados al Consorcio Vivienda Nueva por Casanare se realizaron a
título de anticipo y pago de la primera acta parcial. Se acredita que los recursos de
otros posibles subsidios o de los beneficiarios no ingresaron a los encargos
fiduciarios, dado que sus objetos no referencian el recaudo de otros recursos y el
64 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida Vivienda Nueva, documento 22.
65 En las resoluciones que otorgaron los subsidios se estableció como obligación de los beneficiarios,
el siguiente compromiso: “Adicionalmente, los hogares beneficiarios del subsidio que otorga la
Gobernación de Casanare, se comprometen a: 1. Autorizar que el recurso del subsidio que otorga la
Gobernación de Casanare se transfiera a la fiduciaria que para el efecto esta designe. 2. Autorizar
que la ejecución de la solución de vivienda se realizar [sic] con el constructor que para el efecto
señale la Gobernación a través que de la selección que de él se haga en una unión temporal […]”
Resoluciones 688, 728, 739, 740 y 880 del 2008, emitidas por el Gobernador del departamento del
Casanare.
66 Exp. Digital. Documento 69, fls. 121 y 125.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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Medio de control: Controversias contractuales
Contratista no suscribió contratos con los beneficiarios para establecer el momento
en que se entregarían.
6.2. Sobre la ejecución de las viviendas y cuestionamiento a la valoración
del dictamen pericial
El recurso de apelación interpuesto por los integrantes del Consorcio cuestiona la
valoración probatoria de las prestaciones ejecutadas y los costos del negocio,
específicamente, frente al dictamen pericial, solicitando que se acepte la objeción al
mismo y se efectúe una nueva liquidación.
La Sala encuentra acreditado que, a partir del contrato UT VN-001-2008 y las
obligaciones previstas, es claro que las prestaciones del Consorcio se dirigían a
ejecutar los proyectos de vivienda de interés social urbana para lo cual debía
suscribir contratos de obra con los titulares del subsidio y ejecutar las obras
conforme a las licencias de construcción y especificaciones técnicas (cláusula
segunda, tras modificación contractual)67. Dentro del expediente administrativo no
reposa ningún contrato suscrito con los beneficiarios, incluso esta situación fue una
de las causas expuestas en las decisiones iniciales de caducidad e incumplimiento
contractual que se repusieron tras la interposición de los recursos correspondientes
por el contratista68. Sin embargo, dentro del expediente contractual se encuentra
que los beneficiarios con la aceptación de los subsidios autorizaron a la
Gobernación del Casanare para transferir los recursos a la Fiduciaria, así como la
ejecución de la solución de vivienda a cargo del constructor seleccionado por la
Gobernación como la ejecución de la solución por etapas (solo que no se precisó el
alcance de tales etapas).
67 Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida, documento 15.
68 Resolución 0044 de 12 de octubre de 2010 del Departamento del Casanare “Por medio de la cual
se declara la caducidad del contrato de Unión Temporal Casanare para Todos Nº U.T.V.N.-001-
2008” (Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida Vivienda Nueva, documento 40. Exp. Digital.
Documento 56, carpeta comprimida, carpeta folio 82, carpeta D2, caja 61, carpeta 25, fl. 342-348);
Resolución 0310 de 10 de junio de 2011 “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
contra la Resolución 100 48 N° 0044 de fecha 21 de octubre de 2010”, que en la parte resolutiva
dispuso su revocación total. (Exp. Digital. Documento 55, carpeta comprimida Vivienda Nueva,
documento 43) Resolución 021 del 14 de noviembre de 2014 por medio de la cual se declaró el
incumplimiento del contrato de Unión Temporal 001 de 2008, declaró el siniestro y efectividad de
pólizas (Exp. Digital. Documento 54, fl. 33; documento 61, carpeta dictamen pericial, carpeta Fl-247-
DVD, carpeta comprimida, Tomo 39, pdf 2, fl. 1-88) Resolución No. 022 del 10 de diciembre de 2014
mediante la cual la Gobernación de Casanare decide reponer la Resolución No. 021 del 14 de
noviembre de 2014 (Exp. Digital. Documento 61, carpeta dictamen pericial, carpeta Fl-247-DVD,
carpeta comprimida información 001-2008, Tomo 39, pdf 1, fl. 1-48)
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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Dentro del acervo probatorio se acreditó el inicio del contrato y la terminación del
mismo por vencimiento del plazo convenido. Sin embargo, dentro del expediente
contractual no obra actas de recibo de las obras ejecutadas, incluso, desde la
demanda y su contestación se confirma que las partes no suscribieron actas de
recibo a satisfacción de las soluciones de vivienda. Por tanto, ante las diferencias
sobre las obras ejecutadas y que debían incluirse en la liquidación, el a quo decretó
la realización de dos dictámenes periciales, a solicitud de la parte demandada.
En efecto, los integrantes del Consorcio solicitaron la prueba pericial con el fin de
“hacer un balance financiero y técnico de los ítem ejecutados en el presente contrato
teniendo en cuenta viviendas en condición de habitabilidad, ítem de viviendas sin
terminar y lotes con diseños y cimentación para lo cual podrá valerse de todos los
documentos que se encuentra en la oficina de vivienda de Departamento de
Casanare especialmente, el informe de cantidad de obras ejecutadas por el
contratista en socio [sic] de la interventoría y de la supervisión efectuado en el año
2013, así como visitas directas a cada uno de los lugares donde se construyeron
las viviendas o lotes intervenidas según sea el caso”69.
Los dictámenes fueron presentados por los auxiliares de la justicia, arquitecta
CLARA PATRICIA RODRÍGUEZ BARRANTES y contador FÉLIX SANTOS VARÓN
MANRIQUE, tenían por objeto la determinación de las obras ejecutadas y el costo
de las mismas. Los peritos presentaron los informes escritos y en la audiencia de
pruebas se realizó la contradicción correspondiente. No obstante, el recurso de
apelación se sustenta en que el dictamen desconoce la realidad de la ejecución
contractual por los siguientes argumentos: a) la falta de idoneidad del mismo por
desconocer la finalidad prevista por la parte demandada; b) los soportes en que se
fundó y que desconoció pruebas documentales como los APU´s obrantes a folio
504, acta de corte de obra y los soportes contables allegados al proceso judicial; y;
c) en la aplicación de los intereses moratorios. Para el efecto, argumentó que en la
práctica del dictamen se restringió la posibilidad de controvertirlo al limitarse su
objeción, solicitudes de aclaración y complementación al objeto de la prueba en los
términos en que fue decretada en la audiencia inicial, razón por la cual, debería
aceptarse la objeción y realizar una nueva liquidación.
69 Exp. Digital. Documento 54, fl.173.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
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Medio de control: Controversias contractuales
Para decidir estas cuestiones, está Corporación precisa que una objeción al
dictamen pericial es un mecanismo procesal que permite a las partes controvertir el
contenido, la metodología o la imparcialidad del dictamen rendido, para garantizar
la legalidad de la prueba, su confianza y pertinencia dentro de la litis. La objeción
no implica simplemente una diferencia de opinión sobre las conclusiones, sino que
se debe indicar con claridad los aspectos defectuosos o erróneos y sustentarse en
irregularidades técnicas, contradicciones, errores metodológicos o falta de
idoneidad del experto. Además, conforme a lo previsto por el Consejo de Estado
para que se configure el “error grave” en el dictamen “se requiere de la existencia
de una equivocación [por] parte de los peritos que tenga entidad suficiente para
llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, […] toda vez que ‘apreciado
equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se
den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven…’70”71
a) Sobre la falta de idoneidad y desconocimiento de la finalidad del dictamen
pericial
En el sub judice, no está llamado a prosperar este cargo que se sustenta en que la
prueba no acreditó la conclusión que motivó a la parte demandada a solicitar el
dictamen, fin asociado a determinar la inversión de todos los recursos y la existencia
de un saldo a favor del Consorcio. Debe desestimarse este argumento ya que el
dictamen pericial no se transgrede cuando no se logra el móvil de la parte que lo
solicitó, porque su valor probatorio no depende de las conclusiones esperadas por
quien lo presentó, sino de su objetividad, legalidad y apreciación judicial conforme
a las reglas de la sana crítica.
Las pruebas periciales atendieron su objetivo frente a la litis, establecieron el
balance técnico financiero conforme a la ejecución, incluyendo todas las viviendas
con algún grado de intervención, no solo las terminadas como se pretendía con el
escrito de la demanda. Asimismo, la realización de los dictámenes se sustentó en
el objeto delimitado desde su decreto en la audiencia inicial como en los soportes
70 Corte Suprema de Justicia. Auto del 8 de septiembre de 1993. Exp. 3446, M.P. Carlos Esteban
Jaramillo Schloss
71 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 7 de julio de 2022. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Exp. 110010326000201600140-00 (57819). En el mismo sentido, Consejo
de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 66001-
23-31-000- 1997-04013-01 (16850).
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
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documentales expresamente referenciados por la parte demandada en su solicitud
probatoria.
En efecto, el dictamen practicado por la perito CLARA PATRICIA RODRÍGUEZ
BARRANTES tuvo por objeto recaudar las pruebas de campo necesarias con el fin
de determinar el número de viviendas construidas en ejecución del contrato objeto
de la litis, sus características, ubicación y estado actual, especificando: i) si los
materiales y demás características se ajustaban o no al objeto contratado; ii) el
número de viviendas que se encuentran totalmente terminadas y costo de cada una
y total, según lo pactado en el contrato; iii) número de viviendas sin terminar y lotes
con diseños y cimentos, especificando además lo ejecutado y dejado de ejecutar,
junto al valor de los ítems conforme al contrato. Se destaca que en su realización
tuvo en cuenta el expediente contractual y visitas de campo orientadas a realizar un
diagnóstico para cada beneficiario que recibió algún tipo de intervención, para lo
cual desarrolló una ficha contentiva de la información del predio, foto actual del
predio, ubicación, discriminación de subsidio, valores invertidos de conformidad con
el contrato72.
El segundo dictamen pericial tenía por objeto realizar un estudio técnico, contable y
financiero al contrato UT VN-001-2008, el cual fue realizado por el perito FÉLIX
SANTOS VARÓN GUZMÁN73, con el fin de determinar: i) objeto contratado (número
de viviendas, características, ubicación y demás); ii) costos de cada vivienda
contratada; iii) número de viviendas construidas en su totalidad y valor de las
mismas; iv) número de viviendas no construidas y costos de las mismas; v) número
de viviendas sin terminar y lotes con diseños y cimientos, especificando, además,
el valor de los ítems ejecutados de conformidad con la documentación examinada;
vi) saldos adeudados al departamento de Casanare por el Consorcio Vivienda
Nueva por Casanare o viceversa con su respectiva actualización e intereses
tasados conforme al inciso final del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
Se destaca que en su realización se tuvo en cuenta el dictamen presentado por la
perito CLARA PATRICIA RODRÍGUEZ BARRANTES, el expediente contractual y
72 Exp. Digital. Documento 61. Carpeta comprimida. Carpeta Informe-Pericial. Archivo 2015-00064-
00-dictamen-pericial, fls. 1 a 245. También, Exp. Digital. Documento 69. Tomo IV. fl. 36, 102 y 148,
correspondiente a la Audiencia de Pruebas donde se presentó el dictamen.
73Exp. Digital. Documento 61. Carpeta comprimida. Carpeta Informe-Pericial. Carpeta Octubre-2019
y Carpeta Diciembre-2019, contentivo del informe pericial, sus correcciones y aclaraciones. También,
Exp. Digital. Documentos 69, Tomo IV, y 154 a 158, carpetas comprimidas, con el informe final del
dictamen y la audiencia de pruebas en la que se rindió el dictamen y su complementación.
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
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Medio de control: Controversias contractuales
soportes documentales, que fueron entregados por el Tribunal al perito en CD y por
la Gobernación.
En estos términos, se acreditan que de las 915 soluciones de vivienda, se
encuentran 126 en estado de terminadas; 55 sin terminar (ejecutadas al 50%) y 45
hasta los cimientos. Aunque estos dictámenes fueron objetados por los integrantes
del Consorcio, tales cuestionamientos fueron desestimados, dado que no aportaron
ninguna prueba que contradiga sus conclusiones y sus cuestionamientos no
controvierten el número ni el estado de las viviendas ejecutadas. Aunque se da a
entender obras ejecutadas después del plazo contractual, tales intervenciones
carecen de soporte probatorio y, en todo caso, el ente departamental no está
obligado a reconocer intervenciones fuera del plazo previsto en el negocio jurídico.
En consecuencia, las soluciones de vivienda al finalizar el contrato fueron las
siguientes:
Municipio Vivienda terminada Vivienda en un 50% Vivienda en
cimentación
Yopal 34 5 5
Aguazul 47 21 25
Tauramena 12 * *
Villanueva 23 * *
Maní 10 * *
Paz de Ariporo * 29 15
TOTAL 126* 55 45
*El dictamen de la arquitecta Clara Patricia Rodríguez Barrantes individualiza el nombre de los
beneficiarios de cada vivienda. Tal dictamen referencia 127 viviendas terminadas, incluyendo una
más en el municipio de Yopal y por tanto solo 4 viviendas en un 50% en dicho ente territorial, que en
el dictamen del perito Félix Santo Varón Manrique se incluye como no terminada sino como una
vivienda en un 50%. Se toma la referencia de este último dictamen por ser la conclusión prevista en
el fallo de primera instancia y no recibir ningún cuestionamiento en el recurso de apelación .
Conforme al acervo probatorio el valor de las viviendas terminadas, sin terminar y
ejecutadas hasta los cimientos, con su costo, conforme a las conclusiones del
dictamen pericial y el fallo de primera instancia, son:
VIVIENDAS TERMINADAS
MUNICIPIO CANTIDAD VALOR
AGUAZUL 47 $ 906.683.258,37
YOPAL 34 $ 404.551.727,29
MANÍ 10 $ 129.305.269,86
TAURAMENA 12 $ 153.288.365,76
VILLANUEVA 23 $ 288.882.961,25
40
Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
TOTAL VIVIENDAS
CONSTRUIDAS AL 126 $ 1.882.711.582,53
100%
VIVIENDAS SIN TERMINAR
MUNICIPIO CANT. VALOR
AGUAZUL 21 $ 239.803.986,37
YOPAL 5 $ 29’608.604,99
PAZ DE ARIPORO 29 $ 216’583964,14
TOTAL VIVIENDAS SIN
55 $ 485’996.555.50
TERMINAR
VIVIENDAS INTERVENIDAS HASTA LOS CIMIENTOS
MUNICIPIO CANT. VALOR
AGUAZUL 25 $ 105’998.578,71
YOPAL 5 $ 15’545.925,66
PAZ DE ARIPORO 15 $ 42’235.360,27
TOTAL VIVIENDAS SIN
45 $ 163’779.864,64
TERMINAR
En estos términos, se concluyó que el valor de las viviendas intervenidas fue de
$2.532’488.002,97, incluyendo el costo de rediseños y cambio de tubería,
conceptos solicitados e incluidos en el informe y sustentación final del dictamen del
perito FÉLIX SANTOS VARÓN GUZMÁN.
La Sala encuentra que los dictámenes practicados guardan correspondencia con la
realidad contractual y lograron su finalidad frente a la determinación de las
prestaciones ejecutadas, por tanto, el mérito probatorio del dictamen se conserva
con independencia de que las conclusiones beneficien o no a una de las partes. Los
cuestionamientos asociados al valor de las intervenciones se analizarán con los
demás argumentos de la apelación.
b) Sobre el desconocimiento de las pruebas documentales y costos indirectos
El recurrente luego de reconocer la complejidad de la ejecución contractual, señaló
que el dictamen desconoció los APU´s obrantes a folio 504, acta de corte de obra y
los soportes contables allegados al proceso judicial, con fundamento en los cuales
sostiene que el dictamen se aleja de la realidad de la ejecución contractual al
desconocer los costos indirectos correspondientes al AIU, los costos de las pólizas
y la administración durante la suspensión del vínculo contractual.
En relación con estos cuestionamientos corresponde determinar si dentro de este
contrato de unión temporal cuyo régimen jurídico corresponde al de los convenios
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Radicación: 85001-23-33-000-2015-00064-02 (67.255)
Demandante: Departamento de Casanare
Demandado: Habitarte de Colombia S.A., y otros
Medio de control: Controversias contractuales
de asociación se estableció la obligación de pago de AIU y los demás conceptos
aducidos. Sobre el particular, en el régimen jurídico previsto para el negocio la litis
no es posible establecer una remuneración ni un AIU (Administración, Imprevistos
y Utilidad) porque no fue expresamente pactado en el contrato ni en sus
modificaciones. Además, el régimen de los convenios de asociación, aplicable al
negocio suscrito entre las partes, a diferencia de los demás contratos, se
fundamenta en la cooperación entre entidades o entre una entidad estatal y un
particular para el cumplimiento de fines comunes, sin ánimo de lucro ni relaciones
económicamente conmutativas.
Por ello, introducir en la ejecución contractual conceptos como remuneración o AIU
desnaturaliza el objeto del convenio y los aportes de las partes, específicamente,
del Consorcio, que estaban asociadas precisamente para poner su capacidad
administrativa, conocimiento y experiencia en la realización de todas las acciones
comerciales, financieras, operativas y administrativas necesarias, para la gestión
del objeto convenido -cláusula primera del Contrato UT VN-001-2008-. En efecto, el
negocio de unión temporal con su régimen de convenio de asociación corresponde
a un esquema contractual no conmutativo mientras los conceptos reclamados
evidencian un interés económico directo de una relación conmutativa cuando las
partes, en el sub judice, no pactaron en las cláusulas del contrato ni en sus
modificaciones conceptos por administración, imprevistos y utilidad.
Existe claridad en que la validez del negocio suscrito entre las partes no puede
afectarse por condiciones posteriores asociadas a la ejecución contractual. Por
tanto, se encuentra que el objeto del negocio fue aunar esfuerzos para construir 900
viviendas -915 según el acta de inicio- y que en la determinación del valor de estas
construcciones se debe incluir los precios pactados para cada una de las viviendas,
sin que sea posible incluir costos adicionales no pactados expresamente por las
partes.
En este orden de ideas, debe desestimarse el argumento de la apelación porque los
conceptos de AIU no fueron pactados dentro de este negocio y, en efecto, le asiste
razón al perito cuando precisó que su obligación era determinar el valor de las
viviendas conforme al contrato y no calcular la utilidad o costos ajenos a la
construcción de las viviendas. La referencia de AIU en los presupuestos de los
APU’s no constituye una modificación contractual, máxime que los allegados al
proceso carecen de firmas que acrediten un pacto inequívoco de tales conceptos e
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incluso se encontró oposición del ente territorial en sus alegatos sobre la aplicación
de estos por no estar pactados. Estas razones son suficientes para que no prospere
el argumento de la apelación.
Sobre la reclamación del valor cancelado por las pólizas de cumplimiento y
responsabilidad extracontractual del Estado, esta instancia encuentra improcedente
su reclamo porque el contrato de unión temporal no pactó pólizas, en consecuencia,
no se evidencia que este valor hubiera sido contemplado por las partes como un
costo a cargo de la entidad, ni se acredita una reclamación previa de estos
conceptos. Aunque se afirma por el contratista que las pólizas fueron exigidas por
la entidad pública no se allegó ningún medio que soporte dicha afirmación. Además,
en caso de exigirse las pólizas en el contrato se trataría de un gasto inherente al
contratista, derivado de las obligaciones que asume al contratar con el Estado, por
tanto, este tipo de erogaciones no puede trasladarse a la entidad pública ni
imputarse al contrato, salvo que exista una disposición expresa en tal sentido, lo
cual no ocurre en el presente caso.
En consecuencia, la pretensión del Consorcio para el pago de un AIU y pólizas
durante la suspensión del contrato carece de fundamento fáctico y jurídico para
desvirtuar el dictamen pericial. Téngase en cuenta que la ejecución contractual no
puede modificar lo expresamente establecido en el contrato en el que no se
incluyeron costos de AIU y, al no presentarse demanda de reconvención, no es
posible que esta instancia judicial emitir un pronunciamiento en la materia.
Teniendo en cuenta que no proceden los conceptos solicitados en la apelación,
resulta innecesaria la validación de su acreditación en los soportes probatorios
referenciados. En todo caso, se precisa que frente a los soportes del dictamen
pericial, la Sala encuentra que el Consorcio no allegó elementos probatorios
diferentes a los ya valorados y tenidos en cuenta para la elaboración de la prueba
pericial, no existe tacha de falsedad contra los soportes tenidos en cuenta y no se
presentó dentro del trámite de primera instancia un nuevo dictamen que soportará
los supuestos errores de los dictámenes periciales.
Aunque se afirma el desconocimiento de la prueba documental obrante a folio 504
del expediente físico74 correspondiente a los APU’s de los municipios de Aguazul,
Maní, Paz de Ariporo, Tauramena, Villanueva y Yopal, junto a un informe de avance
74 Exp. Digital. Documento 66. Carpeta comprimida Fol. 504.
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en el municipio de Maní; lo cierto es que la referencia a esta prueba se orientó a
que se incluyeran los costos indirectos ya referenciados, los cuales son
improcedentes. En todo caso, se destaca que estas pruebas no acreditan obras
ejecutadas, sino análisis de precios unitarios, los cuales no se referencian fecha de
adopción y varios de los cuales carecen de identificación de los firmantes o ausencia
de firmas, razones adicionales para señalar que no está llamado a prosperar el
argumento de la apelación.
El recurrente también señaló que el dictamen desconoció un “acta de corte de obra”
sin individualizarla dentro del soporte probatorio, ni referenciar la fecha y contenido
puntual con el cual quiere controvertir o desconocer las conclusiones del dictamen.
Sobre el particular, el extenso soporte probatorio documental 75 permite afirmar con
certeza la existencia de múltiples actas, comités e informes de supervisión e
interventoría con referencias generales a la obra ejecutada e incluso con varias
versiones de los precios unitarios, lo cual se justifica en la medida que las partes
adecuaron las condiciones técnicas de los proyectos de vivienda; sin embargo, de
su contenido no se derivan razones que permitan desconocer el dictamen pericial.
Inclusive, el último informe que referencia las obras ejecutadas corresponde al
presentado por la interventoría DIARCO tras la finalización del contrato, el cual no
fue tachado de falsedad por el Consorcio, y sirvió como punto de partida para la
realización de los dictámenes periciales, los cuales no se limitaron a la revisión de
informes, sino que también se sustentaron en visitas a cada una de las
construcciones y verificación en territorio de las especificaciones de las viviendas y
cantidades de ejecución. Por tanto, se desestima la referencia al “acta de corte de
obra” como argumento para desconocer las conclusiones de las pruebas periciales
sobre el costo de las viviendas.
Frente a los soportes contables se acredita su presentación por parte de la Empresa
Habitarte Colombia S.A., que conforme al oficio remisorio correspondió a 7 cajas
contentivas de libros de contabilidad, soportes contables entre mayo de 2009 y
diciembre de 201176. Estos soportes incluyen recibos, facturas, registros contables
o comprobantes de egreso, los cuales aunque reflejan movimientos financieros
75 Los antecedentes que sirvieron como soporte para los dictámenes periciales corresponden a la
información contentiva en 52 tomos, contentivos de 13836, que integra la información aportada por
las partes del proceso. En: Exp. Digital. Documento 61. Dictamen Pericial, Carpeta Fol. 247, carpeta
comprimida información 001-2008.
76 Exp. Digital. Documento 184 correspondiente a la remisión del expediente físico con las carpetas
y AZ de las 7 cajas de soportes probatorios.
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relacionados con un contrato, son documentos de carácter interno y no constituyen
prueba plena del valor real ejecutado del contrato, que permita desvirtuar las
conclusiones de la prueba pericial.
En efecto, estos documentos constituyen indicios sobre pagos efectuados o costos
asumidos, pero no acreditan por sí mismos el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, ni que los valores registrados correspondan efectivamente a bienes
entregados con ocasión del contrato de la litis. Para acreditar el valor de ejecución,
los soportes contables son complementarios a actas de recibo, informes de
interventoría, certificaciones de cumplimiento y demás documentos que demuestren
la efectiva entrega, aceptación y conformidad con lo contratado, pero en sí mismo
son insuficientes para probar el valor ejecutado del contrato y desvirtuar el dictamen
pericial. Máxime que los mismos no se acompañaron con un nuevo dictamen
orientado a sustentar las objeciones contra las pruebas periciales practicadas.
Ahora bien, frente al argumento de la apelación del desconocimiento de los costos
de la administración durante la suspensión del contrato UT VN-001-2008, es claro
que el dictamen pericial no tenía por objeto la determinación de dichos costos; no
se referencia expresamente el monto y justificación de los mismos por el recurrente
y la solicitud de su reconocimiento tiene como presupuesto un petitum que no se
debate en esta controversia, como sería un desequilibrio económico contractual. Sin
embargo, en esta litis no se presentó demanda de reconvención contentiva de
peticiones adicionales, siendo el único objeto de esta controversia la liquidación
judicial del contrato.
En consecuencia, existen razones de mérito para reafirmar la validez, pertinencia,
necesidad y utilidad de las conclusiones de los dictámenes periciales sobre el valor
de las viviendas construidas en los términos referenciados previamente.
c) Sobre la aplicación de los intereses moratorios
Sobre el particular, se encuentra que el a quo aplicó los intereses moratorios
previstos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 sobre el capital adeudado desde el
día 17 de diciembre de 2010 -fecha en que el Consorcio no siguió ejecutando obras-
hasta la ejecutoria de la sentencia, y a partir de esta fecha hasta su pago, se
estableció que tales sumas (el capital actualizado junto a los intereses causados de
la Ley 80) devengarían intereses moratorios comerciales, esto es, al 150% del
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interés corriente bancario, según certificación de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Frente al concepto de intereses moratorios, el recurso de apelación cuestionó que
no se calcularan intereses a su favor y en la aplicación de los intereses derivados
del fallo judicial. El recurrente específicamente señaló: “la segunda instancia deberá
tener en cuenta el error cometido en la liquidación correspondiente al tema de
intereses e indexación, en la media que estos se liquidaron sobre los valores
supuestamente no ejecutados, mientras que sobre el valor de la obra ejecutada no
se efectuó el mismo procedimiento generando por supuesto una total inequidad en
este componente de la liquidación.”77 En las conclusiones del recurso precisó que
el disenso está en que “Los intereses fueron tasados erróneamente como bien lo
acotó en su salvamento de voto el Honorable Magistrado Dr. Néstor Trujillo”78.
El salvamento parcial referenciado79 fue sobre los intereses aplicables a una
condena desde la ejecutoria de la sentencia cuando el particular es el vencido, en
atención a la literalidad del artículo 192 de la Ley 1437 y su aplicación para las
entidades públicas, concluyendo que ante el vacío del CPACA debe aplicarse la Ley
80 de 1993 y no las normas del Código de Comercio. Sobre este punto, el
salvamento concluye que frente a los contratos estatales existe una regla legislada
aplicable cuando no se pactan tasas de interés y es la prevista en la Ley 80, por
tanto, esta disposición es aplicable en la litis antes y después del fallo, ya que como
argumenta “Tan mora lo es la que se consolida desde el surgimiento de la obligación
hasta ejecutoria de sentencia como la que se causa a partir de ella.”80
En el sub judice, el recurso de apelación solo se dirige a que se apliquen intereses
moratorios frente a los conceptos que se adeudaran al Consorcio y frente a los
intereses aplicables al fallo judicial, por tanto, atendiendo a que los argumentos de
la apelación limitan la competencia del juez de segunda instancia es claro que en la
litis no existen conceptos a favor del contratista, ya que los recursos que
corresponden al pago de las obras los recibió desde antes de su ejecución y dentro
del plazo contractual cuando se giraron los recursos en calidad de anticipo y con el
77 Exp. Digital. Documento 146.
78 Exp. Digital. Documento 146.
79 Exp. Digital. Documento 137.
80 Exp. Digital. Documento 137.
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acta de pago No. 1. En consecuencia, el argumento del recurso de apelación frente
al dictamen pericial se desestima.
Se precisa que los integrantes del Consorcio en su recurso de apelación
establecieron un acápite de fundamentos de la decisión apelada, en el que
transcribieron la contradicción del dictamen frente a algunos elementos como la
fecha prevista para el inicio de los intereses moratorios. Sin embargo, la Sala
encuentra que además de la escueta transcripción del apartado sobre el dictamen
pericial, la apelación no elevó un motivo de contradicción o recriminación frente a
esta fecha ni sobre la aplicación de los mismos. Es claro que el resumen o referencia
de una prueba prevista en el fallo, sin un cargo o imputación, implica que no es
objeto de cuestionamiento, por tanto, la consecuencia es la confirmación de los
intereses en los términos previstos por el a quo.
Así, el otro argumento de la apelación se limita únicamente a los intereses derivados
del fallo judicial.
Los llamados intereses moratorios representan el perjuicio causado al acreedor por
el retraso en la ejecución de la obligación, perjuicio que no repara por el
cumplimiento posterior de la obligación81. El artículo 1617 del Código Civil prevé
este tipo de interés como una indemnización derivada del retardo, la cual podrá ser
convencional si es tasada por las partes o legal, caso en el cual será equivalente al
6% anual82, mientras que el artículo 884 del Código de Comercio determina que, a
81 La doctrina ha indicado que: “Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter esencial, se
acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que representan
el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento de la
obligación” Planiol, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632. En
sentido similar, Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2012.
82 Art. 1617 del Código Civil. [Indemnización por mora en obligaciones de dinero]. Si la obligación es
de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas
siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual.
2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el
hecho del retardo.
3a.) Los intereses atrasados no producen interés.
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.”
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falta de estipulación contractual, serán equivalentes a una y media veces el interés
bancario corriente83, reglas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional84.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional al estudiar la naturaleza de los
intereses moratorios para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 192
del CPACA, ha concluido que estos tienen un componente inflacionario y otro
indemnizatorio.85 Además, la regulación de los intereses moratorios atiende los
perjuicios por el retardo en cumplir una obligación dineraria, ya que este concepto
no se extiende a cualquier clase de obligación.
La Sala considera que como el particular es la parte vencida en esta litis, no le
resultan aplicables las normas especiales previstas en el artículo 192 del CPACA,
dado que este regula el “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de
las entidades públicas”, en concordancia con el artículo 195 que establece un
procedimiento para el cumplimiento de las providencias judiciales por parte de las
entidades públicas, estableciendo un término de 10 meses en los que se causan
intereses moratorios con una tasa especial equivalente al DTF desde su ejecutoria,
reconociendo las particularidades del Estado para la ejecución de los recursos
públicos y cumplimiento de los principios presupuestales. Sin embargo, transcurrido
ese término, el ordenamiento jurídico establece que las condenas judiciales
causarán “un interés moratorio a la tasa comercial” -numeral 4, artículo 195,
CPACA-, disposición que corresponde a la regla general prevista en lo contencioso
administrativo.
Por lo anterior, aunque al particular vencido no le aplique la tasa moratoria especial
prevista para el Estado en el artículo 192 y 195 del CPACA durante los primeros 10
meses en los términos ya señalados, esto no significa que no se causen intereses
83 Artículo 884 del Código de Comercio. “<Límite de intereses y sanción por exceso>. (Artículo
modificado por el Artículo 111 de la Ley 510 de 1999). Cuando en los negocios mercantiles haya de
pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario
corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces
del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos
los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.”
84 Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2012.
85 “en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección
monetaria, situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar las
tasas a las cuales lo vincula, por lo cual los intereses moratorios deberán contemplar un componente
inflacionario o de corrección monetaria y uno indemnizatorio, el cual podrá variar teniendo en cuenta
la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés, tal como sucede en relación
con los intereses civiles y comerciales según se reconoció en la sentencia C - 364 de 2000.” Corte
Constitucional. Sentencia C-604 de 2012.
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moratorios en su contra. Los intereses derivados de la sentencia judicial tienen una
fuente legal y corresponden a los intereses moratorios comerciales, en atendiendo
la prescripción del numeral 4 del artículo 195 ibídem, en concordancia con el artículo
884 del Código de Comercio, que establece el alcance de estos. Así, ante la mora
en el cumplimiento del fallo judicial, para los particulares se aplica el 150% del
interés corriente bancario, según certificación de la Superintendencia Financiera de
Colombia, como lo ordenó el a quo, pero por las razones aquí expuestas. Por lo
anterior, se confirmará el fallo de primera instancia.
7. Conclusiones sobre la liquidación judicial del contrato.
En atención a los argumentos expuestos, la Subsección debe desestimar el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, porque no dio cumplimiento al
artículo 167 del Código General del Proceso que consagra el principio de
autorresponsabilidad probatoria como soporte de las objeciones por error grave al
dictamen pericial, pues los argumentos y pruebas referenciadas no desvirtuaron las
conclusiones del dictamen rendido y la valoración probatoria que sirvió como
fundamento de la decisión del a quo.
Esta Corporación encuentra la necesidad de precisar algunos elementos que no
fueron objeto del fallo de primera instancia y que necesariamente están asociados
a la liquidación judicial del contrato UT VN-001-2008, a las particularidades del
esquema negocial previsto entre las partes, los recursos obrantes en los encargos
fiduciarios y sobre el rol del departamento de Casanare y los beneficiarios de los
subsidios que no recibieron ningún tipo de prestación (vivienda terminada, sin
terminar o en cimentación).
En este sentido, se ordenará que los recursos de los subsidios girados a la
Fiduciaria Central S.A., con ocasión del Contrato UT VN-001-2008 y que se
encuentran en los encargos fiduciarios referenciados en este proceso, sean
reintegrados al departamento del Casanare con sus respectivos rendimientos, por
ser la entidad que giró los recursos a la Fiduciaria y la entidad contratante en la
presente litis, en la cual por el modelo negocial no se encuentran vinculados los
beneficiarios.
Conforme a la ejecución contractual, se encuentra acreditado que de las 915
familias con subsidio de vivienda para la ejecución en este negocio jurídico, solo
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226 tuvieron algún tipo de intervención (126 viviendas terminadas, 55 sin terminar y
45 en cimentación) y 689 no recibieron ningún tipo de ejecución de las prestaciones
contractuales. También es claro que el giro del anticipo que recibió el Consorcio
Vivienda Nueva por Casanare fue en relación a un porcentaje de los subsidios de
todos los hogares beneficiarios, dado que las viviendas tenían un costo mayor al
subsidio y que los recursos faltantes estaban a cargo de los hogares beneficiarios,
ya que las opciones de otros subsidios eran contingentes, como se desprende del
mismo objeto del Contrato UT VN 001-2008.
Dentro de las obligaciones contractuales a cargo del Consorcio Vivienda Nueva por
Casanare, se estableció la ejecución de los proyectos de vivienda como la
suscripción de los contratos con los beneficiarios, los cuales son muy importantes
dentro del modelo de negocio celebrado por las partes porque en ellos se contiene
el cierre financiero de cada una de las viviendas, estableciendo la obligación de los
beneficiarios de pagar los recursos adicionales a los subsidios y, en esa medida,
garantizar al constructor el recibo del valor pactado por cada una de las viviendas o
de los subsidios adicionales que reciba cada hogar.
Esta razón sería suficiente para señalar que de los recursos girados por la Fiduciaria
al contratista solo se materializan los presupuestos para el pago de los subsidios
sobre las 226 viviendas intervenidas. Sin embargo, el Consorcio Vivienda Nueva
por Casanare en calidad de entidad demandada fue apelante único y en atención a
las garantías del principio non reformatio in pejus no es posible establecer una
decisión más desfavorable. Por su parte, el departamento del Casanare como
entidad contratante y otorgante de los subsidios al no apelar el fallo mostró su
conformidad con el mismo.
En conclusión, conforme a las pruebas practicadas en esta litis la liquidación judicial
parte del reconocimiento de que: i) los recursos girados a la Fiduciaria para la
ejecución de este contrato en el marco de los encargos fiduciarios correspondieron
a $8.860’098.677; ii) el monto o valor girado por la Fiduciaria Central al Consorcio
Vivienda Nueva por Casanare con ocasión del contrato fue de $4.085’952.379; y iii)
el valor de las prestaciones ejecutadas por el contratista corresponde a
$2.532’488.002,67. Por tanto, la diferencia entre los recursos girados al contratista
y los efectivamente ejecutados corresponde a la suma de $1.553’464.376,33
(redondeado a $1.553’464.376, como señaló el a quo), conceptos que el Consorcio
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deberá reintegrar al departamento del Casanare, en los términos del fallo de primera
instancia, esto es, debidamente actualizado y con sus intereses moratorios.
En estos términos, se confirmará el fallo de primera instancia y se adicionará para
ordenar el reembolso al departamento del Casanare de los recursos
correspondientes a los subsidios girados a la Fiduciaria Central S.A., que se
encuentran en los encargos fiduciarios referenciados en este proceso con sus
respectivos rendimientos.
8. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que “[…] la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”. De esta manera, con independencia de la buena fe
con que las partes hubieran obrado en el presente recurso, por regla general, debe
ser condenado en costas el extremo vencido o al que se le resuelve
desfavorablemente el recurso, con apego a los dictados del artículo 365 del Código
General del Proceso -CGP-.
Por tanto, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada,
esto es,- Habitarte de Colombia S.A. y Constructora Vargas S.A.S., en forma
solidaria, en condición de integrantes del Consorcio Vivienda Nueva por Casanare-
, en la medida que, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP,
los argumentos de la alzada no prosperaron. Respecto a las agencias en derecho,
en la medida que la parte demandante ejerció su defensa a través de la designación
de apoderado judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, en los
términos del Acuerdo 1887 de 2003, que establece la fijación de las agencias hasta
el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia, se fijará la suma equivalente al 1% sobre el valor del capital objeto de
restitución86, equivalente a $15’534.643,76 a la fecha de ejecutoria del fallo. Las
costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen.
86En el escrito de la demanda, las pretensiones y estimación de la cuantía se establecieron por la
suma de $2.454.171.567,97 a título de devolución de capital no ejecutado (Expediente digital,
documento 54, fl. 13-30). Este concepto, se reconoció por un monto inferior, que correspondió a
$1’553.464.376.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR el reintegro a favor del departamento del Casanare de los
recursos correspondientes a los subsidios girados a la Fiduciaria Central S.A., con
ocasión del Contrato UT VN-001-2008, los cuales se encuentran en los encargos
fiduciarios referenciados en este proceso con sus respectivos rendimientos.
TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada,
en forma solidaria - Habitarte de Colombia S.A. y Constructora Vargas S.A.S., en
condición de integrantes del Consorcio Vivienda Nueva por Casanare-, para lo cual
se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $15’534.643,76 al momento
de la ejecutoria de este fallo, a favor del departamento del Casanare. Las costas se
liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
52
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