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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-02015-01

Convenios interadministrativos: son actos convencionales y no administrativos

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-02015-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar: 1. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 677 del 4 de diciembre de 2013, a través de la cual la empresa VIVA decidió liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155 y la Resolución No. 087 del 4 de febrero de 2014, mediante la cual la entidad confirmó esa determinación, incluidos los efectos patrimoniales contenidos en esos actos. En caso de que el municipio de Yolombó hubiera pagado el valor indicado en las anteriores resoluciones, VIVA deberá DEVOLVER esta suma de dinero, actualizada a la fecha en la que se realice el desembolso. 2. CONDENAR a la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA a pagar las costas de la primera instancia, a favor del municipio de Yolombó. Fijar como agencias en derecho la suma de $3’623.960. SEGUNDO: CONDENAR a la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA a pagar las costas de la segunda instancia, a favor del municipio de Yolombó. Fijar como agencias en derecho la suma de $1’811.980. Las costas se liquidarán de forma concentrada por el a quo. TERCERO: Por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-02015-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: MUNICIPIO DE YOLOMBÓ
Demandada: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - características, naturaleza y régimen
jurídico / NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE SE EXPIDEN EN DESARROLLO DE LOS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - son actos convencionales y no administrativos
/ CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL - conteo del término de caducidad frente
a una decisión unilateral de liquidación extemporánea / INTERPRETACIÓN DE LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA – necesidad de estudiar los cargos de la demanda con
fundamento en las pretensiones del medio de control de controversias contractuales.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 27 de octubre de 2022, por medio de la cual la Sala
Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la
excepción de caducidad de la acción judicial, con ocasión de la demanda
interpuesta por el municipio de Yolombó en contra de la Empresa de Vivienda
de Antioquia -VIVA, y negó las pretensiones de la demanda de reconvención
presentada por esta entidad.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El municipio de Yolombó cuestionó la validez de la resolución No. 677 del 4 de
diciembre de 2013, a través de la cual la Empresa de Vivienda de Antioquia -en
adelante VIVA- liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo No. 2005-
VIVA-CF-155, suscrito el 2 de noviembre de 2005 por esta entidad y el ente
territorial, para el mejoramiento de 300 viviendas rurales en diferentes veredas
de ese municipio y de la resolución No. 087 del 4 de febrero de 2014, mediante
la cual se confirmó aquella decisión. En caso de que se acceda a la nulidad de
las resoluciones cuestionadas, de manera subsidiaria, a través de demanda de
reconvención, se solicitó que se declare terminado el convenio y que se liquide
judicialmente en los mismos términos de las anteriores resoluciones, con base
en la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a cargo del accionante
primigenio.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

ANTECEDENTES

La demanda primigenia

3. En escrito presentado el 24 de octubre de 2014, el municipio de Yolombó, por
conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de control de controversias
contractuales, en contra de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-, con las
siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal):

“2. PRETENSIONES
2.1. Solicito que se declare la nulidad de las Resoluciones 677 de 4 diciembre
de 2013 y 087 de 4 de febrero de 2014, dictadas por Javier Alonso Valdés
Barcha, Director de Ejecución y Supervisión y Sergio Andrés Bolívar Roa,
Director Jurídico, Administrativo, Financiero de la Empresa de Vivienda de
Antioquia –VIVA-.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se restablezca el derecho
del Municipio de Yolombó señalando que no está obligado a cancelarle a la
empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA- los valores señalados en la
liquidación unilateral del convenio No. 2005-VIVA-CF-155, que se efectuó
mediante la Resolución 677 de 4 diciembre de 2013 confirmada por la
Resolución 087 de 4 de febrero de 2014.

2.3. Solicito que se condene en costas a la Empresa de Vivienda de Antioquia
–VIVA”1.

Los hechos

4. Como fundamentos fácticos de esa demanda, en síntesis, se narraron los
siguientes:

5. El 2 de noviembre de 2005 VIVA y el Municipio de Yolombó celebraron el
convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155 para “EL MEJORAMIENTO
DE 300 VIVIENDAS RURALES EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO
DE YOLOMBÓ”, con un plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio, la cual se realizó el 4 de junio de 2007.

6. Después de vencido el plazo del convenio, la empresa VIVA intentó, sin éxito,
liquidarlo bilateralmente, por lo que, el 4 de diciembre de 2013, lo hizo
unilateralmente a través de la Resolución No. 677, decisión que fue recurrida
por el municipio de Yolombó y que confirmó la entidad demandada mediante la
Resolución No. 087 del 4 de febrero de 20142. Con esos actos de liquidación, la
demandada estableció que la demandante le adeudaba $362.396.090.

1
Folios 3 a 14 del cuaderno principal.
2
Ibídem.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

Cargos de violación

7. La parte demandante argumentó que las resoluciones cuestionadas fueron
expedidas con falta de competencia material, al señalar que VIVA, como
empresa industrial y comercial del Estado, no podía liquidar unilateralmente el
contrato, por expresa prohibición legal, al considerar esta facultad como
excepcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 80 de
1993, por lo que, según indicó, no era procedente incluir este tipo de cláusulas
en contratos regidos por el derecho privado, toda vez que en este caso la
empresa lo que estaba haciendo era desarrollar las actividades industriales y
comerciales enmarcadas dentro de su objeto y, por tanto, no estaba habilitada
para expedir actos administrativos como el de la liquidación unilateral; además,
en atención al parágrafo de la misma norma, señaló que en los convenios
interadministrativos no era posible incluir este tipo de cláusulas exorbitantes.

8. De igual forma, planteó que existía falta de competencia temporal para expedir
las resoluciones cuestionadas, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, dado que el convenio celebrado tenía un plazo de ejecución de
12 meses, que se debían contar desde el 4 de junio de 2007, fecha en la que se
suscribió el acta de inicio, por lo que este venció el 4 de junio de 2008 y los 4
meses que prevé la norma referida para llevar a cabo la liquidación bilateral se
cumplieron el 4 de octubre de 2008 y los dos meses adicionales que tenía la
empresa para liquidar unilateralmente el acuerdo vencieron el 4 de diciembre de
2008 y fue solo hasta el 4 de diciembre de 2013 que efectivamente se expidió la
resolución No. 677 que contenía la liquidación del convenio interadministrativo
No. 2005-VIVA-CF-155, cuando ni siquiera se podía solicitar su liquidación
judicial3.

Contestación de la demanda

9. VIVA se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó que tenía la
competencia para liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo, al
considerar que, esta facultad unilateral no estaba prevista como una de las
cláusulas excepcionales reguladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y, por
tanto, no le resultaba aplicable la exclusión prevista en esta norma en relación
con los convenios interadministrativos.

10. De otra parte, sostuvo que tenía competencia temporal para liquidar el convenio
interadministrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, por haber expedido las resoluciones cuestionadas dentro del
plazo de los dos años dispuestos en esta norma para llevar a cabo este cruce
de cuentas de manera unilateral, contado a partir del 17 de octubre de 2013,
fecha en la cual le remitió al alcalde del municipio de Yolombó el proyecto de
acta de liquidación, que no fue suscrito ni devuelto a la empresa4.

3
Ibidem.
4
Folios 41 a 44 del cuaderno principal.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

La demanda de reconvención

11. En escrito presentado el 30 de julio de 2015, ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la empresa VIVA interpuso demanda de reconvención, en contra del
municipio de Yolombó, con las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare terminado el convenio interadministrativo número
2005-VIVA-CF-155.
SEGUNDA: Que se liquide judicialmente el convenio interadministrativo N°
2005-VIVA-CF-155, suscrito entre el municipio de Yolombó, cuyo objeto es ‘EL
MEJORAMIENTO DE 300 VIVIENDAS RURALES EN DIFERENTES
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ’, en los mismos términos
establecidos en la Resolución número 677 del 4 de diciembre de 2013,
confirmada por la resolución 087 del 4 de febrero de 2014…
TERCERA: Que se declare que el Municipio de Yolombó ha incumplido con las
obligaciones objeto del Convenio -interadministrativo de cofinanciamiento
debido a que no se ejecutó ninguno de los mejoramientos de vivienda
convenidos.
CUARTA: Que se declare que el Municipio de Yolombó adeuda a la empresa
de Vivienda de Antioquia VIVA, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/L
($362.396.090) correspondiente a los recursos desembolsados no ejecutados”5.

12. VIVA precisó que la demanda de reconvención se presentaba de forma
subsidiaria, en caso de que en la sentencia se estableciera su falta de
competencia para liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo y,
como consecuencia de ello, se declarara la nulidad de las resoluciones
cuestionadas.

13. Como fundamentos fácticos, aparte de los relacionados anteriormente respecto
de la demanda primigenia, en los cuales coinciden, en síntesis, se narraron los
siguientes hechos:

14. La empresa VIVA remitió múltiples requerimientos al ente territorial, el 6 de julio
de 2010, el 4 de noviembre de 2010, el 1° de febrero de 2011 y el 10 de marzo
de 2011, para que presentara el avance de ejecución del convenio y el informe
final del proyecto de mejoramiento de las viviendas, así como los informes de
interventoría, las actas de recibo a satisfacción firmadas por los beneficiarios de
las obras y el registro fotográfico de las viviendas intervenidas, sin obtener
respuesta del municipio de Yolombó, por lo que el 18 de mayo de 2011 la
entidad citó al alcalde del ente territorial para proceder con la liquidación del
convenio, sin que tampoco existiera pronunciamiento alguno por parte del
municipio.

15. El 21 de mayo de 2013, el ente territorial le remitió una comunicación a VIVA
indicándole que no podía atender la solicitud para adelantar los trámites
necesarios para llevar a cabo la liquidación bilateral del convenio, en tanto que

5
Folios 1 a 5 del cuaderno No. 2.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

el plazo para desarrollar esta actividad ya había fenecido y, por tanto, habrían
perdido competencia para ello, argumentos que fueron refutados por VIVA a
través de comunicación escrita que posteriormente no fue respondida por el
municipio de Yolombó.

16. El 17 de octubre de 2013, VIVA le remitió al ente territorial el proyecto de acta
de liquidación bilateral del convenio y le comunicó que, de no lograrse acuerdo
sobre este asunto, se procedería con la liquidación unilateralmente.

17. Como fundamento jurídico de la demanda, VIVA sostuvo que era procedente
solicitar la liquidación judicial del convenio interadministrativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 20116.

Contestación de la demanda de reconvención

18. El municipio de Yolombó se opuso a las pretensiones de la demanda de
reconvención y propuso la excepción de caducidad del medio de control de
controversias contractuales, al establecer que el plazo de ejecución del
convenio interadministrativo venció el 4 de junio de 2008, por lo que, en su
consideración, ese término de caducidad feneció el 4 de diciembre de 2010 y la
demanda se presentó solo hasta el 30 de julio de 2015.

19. De igual forma, señaló que VIVA desconocía los actos que expidió, al solicitar
la liquidación judicial del convenio interadministrativo.

20. Finalmente, manifestó que era improcedente la declaratoria de terminación e
incumplimiento del convenio interadministrativo, toda vez que el acuerdo ya
había terminado por vencimiento del plazo pactado por las partes7.

Sentencia de primera instancia

21. El a quo declaró probada la excepción de caducidad de la acción judicial, con
ocasión de la demanda interpuesta por el municipio de Yolombó en contra de
VIVA, y negó las pretensiones de la demanda de reconvención presentada por
esta entidad.

22. Para llegar a la primera decisión, el Tribunal de primera instancia estableció que
la liquidación unilateral del convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155
se realizó por fuera del término legal previsto para ello, en tanto que el acta de
inicio de actividades se suscribió el 4 de junio de 2007 y el plazo pactado entre
las partes para la ejecución del acuerdo era de 12 meses, sin que en este
proceso se hubiesen presentado prórrogas o suspensiones, por lo que la
terminación del convenio se dio el 4 de junio de 2008, por el vencimiento del
plazo contractual y, en virtud de los términos supletorios previstos en la Ley 1150
de 2007, en relación con la liquidación de los contratos, el a quo determinó que

6
Folios 1 a 5 del cuaderno No. 2.
7
Folios 7 a 13 del cuaderno No. 2.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

las partes tenían 4 meses para liquidar el convenio de forma bilateral y 2 meses
más para hacerlo de manera unilateral, para concluir que desde el 6 de
diciembre de 2008 empezó a contar el término de caducidad de la acción
contractual, el cual venció el 7 de diciembre de 2010, por lo que estableció que
las resoluciones No. 677 de 2013 y No. 087 de 2014 fueron expedidas con falta
de competencia y que la liquidación del acuerdo fue extemporánea.

23. De conformidad con lo anterior y con sustento en jurisprudencia del Consejo de
Estado, el Tribunal señaló que la acción contractual se encontraba caducada,
porque la demanda se presentó el 24 de octubre de 2014 y, en ese orden de
ideas, precisó que la acción procedente para demandar ese tipo de actos
expedidos de manera extemporánea era la de nulidad y restablecimiento del
derecho y que el término de caducidad debería contarse teniendo en cuenta los
4 meses previstos en el artículo 164 del CPACA, a partir del 25 de febrero de
2014, fecha en la que se notificó la resolución No. 087, por lo que concluyó que
la demanda había sido presentada de forma extemporánea.

24. Como ya se mencionó, también negó las pretensiones de la demanda de
reconvención, por improcedentes, porque al declararse la caducidad del medio
de control en la demanda principal, los actos administrativos a través de los
cuales se liquidó el convenio interadministrativo gozan de la presunción de
legalidad8.

Recurso de apelación

25. El ente territorial demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, al considerar que, tal como lo señaló el Tribunal,
VIVA carecía de competencia temporal para liquidar unilateralmente el convenio
interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155, por lo que, según el recurrente, se
reconoció la ilegalidad de las resoluciones cuestionadas y la consecuencia lógica
y jurídica no debía ser otra que declarar su nulidad, la cual podría hacerse de
oficio por el a quo, por ser estos actos abiertamente contrarios al ordenamiento
jurídico.

26. De otra parte, el municipio de Yolombó indicó que en este caso la liquidación
unilateral efectuada por VIVA no se realizó con base en el ejercicio de una
facultad exorbitante, de las previstas en la Ley 80 de 1993, pero resaltó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia no había establecido cuál era el régimen
jurídico de la entidad demandada para resolver la controversia, toda vez que, de
conformidad con su manual de contratación, por encontrarse su actividad
comercial en competencia con el sector privado, el régimen contractual de la
empresa era el derecho privado y tenía normas propias en relación con el
trámite de la liquidación de los contratos, las cuales se debían aplicar para
resolver este caso y no las del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

8
Folios 169 a 176 del cuaderno del Consejo de Estado.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

27. En ese orden de ideas, la parte actora manifestó que VIVA no podía desconocer
las normas que lo regían para liquidar el convenio y que era necesario establecer
si la empresa tenía la competencia temporal para liquidar unilateralmente el
acuerdo, pero de conformidad con el procedimiento previsto en su manual de
contratación y, con base en ello, declarar la nulidad de los actos.

28. Así las cosas, planteó que los actos administrativos demandados deberían ser
considerados nulos no solo por la falta de competencia temporal con la que se
expidieron, sino también por estar falsamente motivados, al estar fundados en
el procedimiento previsto en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y no en el contemplado en el manual de contratación de
la entidad9.

Concepto del Ministerio Público

29. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia,
en tanto estimó que, en efecto, la liquidación unilateral del convenio
interadministrativo se había realizado de forma extemporánea y que el término
de caducidad del medio de control de controversias contractuales debía
contabilizarse a partir de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es
decir, que, después de terminado el plazo de ejecución del acuerdo -4 de junio
de 2008-, la contratante contaba con 4 meses para liquidar bilateralmente el
convenio y con dos meses más para proceder con la liquidación unilateral y, a
partir de ese momento comenzaba a correr el término de caducidad de ese
medio de control y fue solo después del vencimiento de este plazo que VIVA
liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo de cofinanciamiento. De
igual forma, compartió que, en caso de que se adecuara el medio de control al
de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda también estaría
caducada, en tanto que se radicó por fuera de los 4 meses previstos en la norma
para pretender la nulidad de los actos administrativos.

CONSIDERACIONES

30. La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por el municipio de
Yolombó contra la sentencia de primera instancia, dado que no se advierte
causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento
de los presupuestos procesales relativos a la jurisdicción, competencia,
legitimación en la causa y se verifican los requisitos de la demanda en forma10.

31. De conformidad con lo anterior, para resolver la controversia, la Subsección
abordará los siguientes asuntos: (i) el objeto del recurso de apelación y los
problemas jurídicos que se estudiarán; (ii) el régimen jurídico del convenio
interadministrativo de cofinanciamiento No. 2005-VIVA-CF-155; (iii) el análisis
del ejercicio oportuno de la acción contractual, teniendo en cuenta la naturaleza
jurídica de los actos a través de los cuales se liquidó unilateralmente el convenio

9
Índice electrónico No. 2 de SAMAI, registro No.12.
10
Según lo previsto en el artículo 613 del CGP.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

y que se cuestionan; (iv) el caso concreto; (v) las conclusiones; y (vi) la condena
en costas.

El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos que
se resolverán

32. En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa11.

33. Así, con base en la impugnación del fallo de primera instancia, los problemas
jurídicos concretos a resolver son los siguientes: (i) ¿Al encontrar probada la
falta de competencia temporal para expedir los actos cuestionados, el Tribunal
de primera instancia debió declararlos nulos12?; (ii) ¿De conformidad con el
régimen jurídico del convenio, las reglas que debieron regir su liquidación eran
las de su manual de contratación y no las del EGCAP?, y (iii) ¿Cuál es la
normativa que regía la liquidación del negocio celebrado entre VIVA y el
municipio de Yolombó?.

34. De igual forma, después de precisar el régimen jurídico del convenio, a esta Sala
le corresponde determinar el medio de control procedente para dirimir las
controversias surgidas entre las partes y si este se ejerció en oportunidad. Frente
a esto último conviene aclarar que, si bien la parte actora no cuestionó de
manera directa la declaratoria de caducidad, lo cierto es que tal excepción se
declaró en relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por manera que de encontrarse que el idóneo es el de controversias
contractuales, la Subsección, por tratarse de un punto íntimamente relacionado
con el objeto del recurso, deberá establecer si frente a este se cumplen los
presupuestos procesales de ley, incluido el del ejercicio del derecho de acción
en oportunidad.

11
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación
del 6 de abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque
no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
12 Se precisa que, si bien en el recurso de apelación, la parte demandante señala que en este caso

el juez debería declarar la nulidad de la liquidación unilateral (acto que cataloga como administrativo),
al considerar que es contrario a derecho, incluso sin tener en consideración el término de caducidad
de la acción, la Sala primero estudiará la naturaleza del acto cuestionado y se referirá a las normas
que rigen el conteo de la caducidad bajo esas circunstancias y, con ello, determinará la procedencia
de abordar los asuntos planteados por el apelante, pero ajustados a las condiciones fácticas y
jurídicas acordes con la realidad del litigio.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

Naturaleza del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2005-VIVA-
CF-155 y régimen jurídico aplicable

35. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido una diferenciación clara
entre los contratos y los convenios interadministrativos y esta caracterización,
que parte de la identificación de la finalidad de esos acuerdos, permite, entre
otras cosas, establecer el régimen jurídico aplicable en cada caso concreto.

36. Por lo anterior, al margen de la nominación que le den las partes al negocio
celebrado, la Sala considera necesario hacer un análisis del clausulado del
acuerdo, para determinar si, en efecto, su contenido corresponde a un convenio
o a un contrato interadministrativo y, con ello, determinar la normativa que lo rige
y las consecuencias jurídicas que se desprenden de las actuaciones que ahora
son cuestionadas.

37. El acuerdo interadministrativo de cofinanciación No. 2005-VIVA-CF-15513,
suscrito el 2 de noviembre de 2005, entre VIVA y el municipio de Yolombó,
respondió a la necesidad de promover el “progreso local y el desarrollo social de
los habitantes del municipio de Yolombó”, a través del mejoramiento de 300
viviendas rurales en diferentes veredas del ente territorial, pertenecientes a
familias con ingresos iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos legales
mensuales vigentes, que se encontraran debidamente inscritos en el SISBEN.

38. En este proyecto, VIVA se comprometió a entregar materiales de construcción y
placas conmemorativas para cada una de las viviendas intervenidas, por valor
de $362’400.000 y, además, asumió la tarea de asesorar al municipio en las
gestiones sociales, administrativas y técnicas.

39. Por su parte, el ente territorial, se obligó a aportar $226’894.227, representados,
en la administración del proyecto14, en tanto que debía cumplir con el
presupuesto de inversión presentado a VIVA, así como acreditar el cumplimiento
del plan de manejo ambiental o tramitar la licencia ambiental requerida para la
ejecución de las obras, diseñar e implementar el plan de acompañamiento social,
ejecutar directa o indirectamente las obras, nombrar un interventor para que
verificara la ejecución del proyecto y hacer efectivo el aporte de la comunidad,
estimado en $223.105.773, correspondiente a la entrega de algunos materiales,

13
Contenido en el tomo IV del cd en el folio 44 del cuaderno principal.
14
Se destaca que en la documentación presentada por el municipio para la presentación del proyecto
se encuentra un certificado emitido por el jefe del departamento financiero del municipio de Yolombó,
suscrito el 11 de julio de 2005, a través del cual se certifica el compromiso de aportar $226’456.559,
correspondiente al rubro presupuestal No. 2212710, de mejora de vivienda, para dar cumplimiento a
los siguientes aportes: “administración del proyecto mediante asistencia técnica y social, para el
montaje y formulación de éste, dirección de obra a través de personal contratado (tecnólogo o
ingeniero civil y trabajadora social), apoyo complementario del Jefe de Planeación y Promotor de
Desarrollo de la Comunidad, además con transporte, equipo y herramienta”. Medio magnético -tomo
IV- del folio 44 del cuaderno principal.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

transportes internos y mano de obra calificada y no calificada, de conformidad
con el compromiso asumido por los beneficiarios con el alcalde15.

40. En ese orden de ideas, resulta importante destacar que los criterios que ha
utilizado la jurisprudencia para identificar los convenios interadministrativos
parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 199816, lo que
resulta aplicable al caso concreto en tanto que el acuerdo objeto de estudio fue
suscrito por dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones
administrativas y para la prestación de servicios a su cargo.

41. Según el objeto y las obligaciones contraídas por las partes, la Sala considera
que entre VIVA y el municipio de Yolombó se celebró un verdadero convenio
interadministrativo, con el fin de aunar esfuerzos, en cumplimiento de las
funciones de las dos entidades, en beneficio de la comunidad.

42. Esta definitiva, se fundamenta en la identificación del fin común, nota
característica de los convenios interadministrativos17, que, en este caso,
corresponde a la necesidad de contribuir con el progreso local y el desarrollo
social, específicamente de la población ubicada en la zona rural del municipio,
con el mejoramiento de 300 unidades habitacionales, mediante el esfuerzo
conjunto entre VIVA, el ente territorial y los beneficiarios del proyecto, sin que se
logre advertir una contraposición de intereses.

43. De igual forma, si bien en el convenio analizado existieron obligaciones de
contenido patrimonial, en tanto que los aportes que debían realizar las partes se
cuantificaron en dinero, lo cierto es que no correspondieron a una
contraprestación o a una remuneración por la ejecución de una obra o por la
prestación de un servicio demandado por alguno de los intervinientes en el
negocio, sino que, por el contrario, estas obligaciones reflejaron una cooperación
de carácter económico entre las entidades y la comunidad, sin desconocer que
la cooperación y coordinación entre VIVA, el municipio de Yolombó y los
beneficiarios del proyecto también revistió un componente técnico y
administrativo que se hace evidente en el acuerdo suscrito18.

15
Según la documentación presentada en la estructuración del proyecto, mediante certificado
suscrito en julio de 2005 por el representante de la comunidad y el alcalde del municipio de Yolombó.
Medio magnético -tomo IV- del folio 44 del cuaderno principal.
16
“ARTÍCULO 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)”.
17
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, C.P. Álvaro
Namén Vargas”.
18
Respecto del alcance del componente económico en los convenios interadministrativos se pueden
consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 25000-23-
37-000-201-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad.
57.822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

44. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Subsección ha reiterado que los convenios
interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, no se rigen
de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, en tanto que estas normas están destinadas
esencialmente a regular las relaciones contractuales de contenido patrimonial y
no los acuerdos de tipo asociativo y de colaboración entre entidades públicas,
por lo que, incluso, su aplicación directa podría llegar a generar contradicciones
e impedir la materialización del interés común perseguido19, por lo que este tipo
de convenios deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que
pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles
con dicha finalidad”20.

45. Por lo expuesto, la Sala concluye que para el momento de la celebración del
convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2005-VIVA-CF-155, las
actuaciones de VIVA, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, estaban
enmarcadas dentro del régimen general de contratación de la administración
pública21; sin embargo, en este caso, como se celebró un acuerdo de voluntades
considerado como un verdadero convenio, para el análisis de la controversia
planteada se debe tener en consideración el régimen especial que los rige, sin
que sea posible aplicar de manera automática la Ley 80 de 1993 y esto incluye
las normas previstas en ese estatuto relacionadas con la liquidación de los
negocios.

Ejercicio oportuno del derecho de acción

46. En el contexto descrito, para establecer si la demanda interpuesta por el
municipio de Yolombó se presentó de forma oportuna, se abordará el estudio de
las condiciones en las cuales se liquidó unilateralmente el convenio
interadministrativo y se determinará la naturaleza de los actos cuestionados,

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 25000-23-37-000-201-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, reiterado entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022,
rad. 60.434, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de diciembre de 2023, rad. 58.442, C.P. María
Adriana Marín; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2024, rad. 58.883, C.P. María Adriana Marín.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de julio de 2022, rad. 66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Ley 489 de 1998, en su artículo 93, precisó el régimen jurídico aplicable a las EICE, al establecer

que los actos expedidos en desarrollo de su actividad industrial y comercial o de gestión económica
estarían regidos por las normas del derecho privado; sin embargo, también se refirió de forma directa
a los contratos que estas celebraran en desarrollo de su objeto, excluyéndolos de aquella regla, al
determinar que debían sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Como en este caso resulta evidente que el convenio objeto de discusión era acorde al objeto de
VIVA -gestar y promover las actividades relacionadas con el desarrollo de planes y proyectos de
vivienda social-, en tanto que buscó la materialización de un proyecto de equipamiento comunitario
de viviendas sociales, en el Departamento de Antioquia, que debió desarrollarse en asocio con el
municipio de Yolombó y en el que también se involucró a los mismos usuarios de esas unidades
habitacionales, se concluye que para la época en la que se suscribió el acuerdo, la empresa VIVA,
de ordinario, se regía por el estatuto general de contratación de las entidades estatales.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

para concluir con el conteo del término de caducidad de la acción contractual en
el caso concreto.

Liquidación unilateral del convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155

47. VIVA expidió la resolución No. 677 del 4 de diciembre de 2013, a través de la
cual liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-
155 y la resolución No. 087 del 4 de febrero de 2014, mediante la cual la entidad
confirmó su decisión, al resolver el recurso de reposición presentado por el
municipio de Yolombó.

48. De igual manera, se resalta que en el convenio objeto de estudio en este caso
no se pactó la obligación de efectuar la liquidación bilateral del negocio y
tampoco se otorgó la facultad de hacerlo unilateralmente a alguna de las partes
y solo se hizo alusión a la posibilidad de liquidar el acuerdo en aquellos eventos
en los cuales las ampliaciones o suspensiones hubiesen excedido la mitad del
tiempo inicialmente pactado, situación que no se configuró, en tanto que, de
conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y tal como lo afirmaron
las partes, no se presentó ninguna prórroga o suspensión en los términos
previstos en la cláusula sexta que se refiere al plazo de ejecución del convenio22.

49. Al respecto, la Sala precisa que, de conformidad con el régimen jurídico especial
de los convenios interadministrativos, en este caso no es posible extraer del
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la obligación de liquidarlo, tan solo por el hecho
de contener compromisos que se extienden en el tiempo, dada la naturaleza
misma del acuerdo que, como ya se analizó, difiere de la de los contratos
estatales que se regulan a través de este estatuto, por lo que tampoco se puede
concluir que proceda la liquidación unilateral, con sustento en lo previsto en el
artículo 61 del mismo cuerpo normativo, dada la relación horizontal de los
suscribientes que impide la aplicación automática de este tipo de facultades que
rompen con el marco de igualdad entre las partes.

50. No obstante, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha precisado que, al igual
que en los contratos que se rigen exclusivamente por el derecho privado, en los
convenios interadministrativos, también es posible que las entidades, en
ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos,
convengan que una de ellas tenga la facultad de liquidarlo unilateralmente y este
es efectivo, en la medida que se cumpla con algunos parámetros que hagan
posible la aplicación de ese pacto.

22
“…Dicho plazo podrá prorrogarse cuando resulte necesario o conveniente y por mutuo acuerdo de
las partes, o suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente sustentado mediante la elaboración de un acta en la que conste el hecho. El tiempo de
suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado. Cuando se reanude el plazo se
elaborará un acta de reiniciación, suscrita por quienes firmaron la suspensión, en ningún caso se
podrá realizar una suspensión del convenio por un plazo mayor del tiempo inicialmente pactado, de
presentarse ampliaciones y/o suspensiones mayores a las permitidas, se procederá al análisis del
caso por parte de la empresa para realizar algún tipo de consideración especial o se procederá a la
liquidación del mismo sin perjuicio de las demás consideraciones derivadas del posible
incumplimiento.”

12

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

51. Al respecto, se ha señalado que los acuerdos entorno a la posibilidad de
liquidación unilateral de los convenios interadministrativos debe ser expreso,
claro e inequívoco y reflejar el consentimiento pleno de las entidades23, además,
contrario a lo señalado por la parte actora en la demanda, la jurisprudencia de
esta Sección ha reiterado de forma pacífica que la liquidación unilateral no
responde al ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho
común, en tanto que estas son solo las previstas en el artículo 14 de la Ley 80
de 1993, las cuales se ejercen a través de actos administrativos, lo cual no es
posible pactar frente a la liquidación unilateral de los convenios
interadministrativos, en tanto que ese hecho rompería con el relacionamiento en
el plano de igualdad que rige esa asociación entre entidades públicas24.

52. Así las cosas, se evidencia que, pese a que podían hacerlo, en este caso las
partes no acordaron ninguna facultad respecto de la liquidación del convenio
interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155 de forma inequívoca, clara y expresa;
sin embargo, VIVA, invocando la Ley 80 de 1993, dijo liquidar unilateralmente el
negocio celebrado, por lo que la Sala abordará el estudio de la naturaleza
jurídica de las resoluciones cuestionadas y, con base en ello, determinará desde
qué momento se debe realizar el conteo del término de caducidad de la acción
judicial en el caso en concreto.

Naturaleza jurídica de las resoluciones No. 677 del 4 de diciembre de 2013 y
No. 087 del 4 de febrero de 2014

53. De conformidad con el análisis expuesto del régimen jurídico que gobierna el
convenio interadministrativo celebrado entre VIVA y el municipio de Yolombó, se
reitera que la facultad de liquidar unilateralmente este acuerdo no se puede
extraer del artículo 61 de la Ley 80 de 1993, vigente para el momento de
suscripción del acuerdo, en donde se establecía, de forma clara, que ante la
imposibilidad de liquidar bilateralmente los contratos, la entidad contratante
debía hacerlo de forma unilateral, a través de un acto administrativo motivado25.

54. En ese orden de ideas, como el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-
155 responde a la asociación entre entidades públicas para la consecución de
un interés común y no existe una posición dominante de una sobre la otra, sino
por el contrario, se evidencia una relación en un plano de equivalencia e igualdad
entre las partes que celebraron el acuerdo, esto impide que se imponga la

23
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A,
sentencia del 16 de agosto de 2022, rad. 60.434, C.P. María Adriana Marín.
24
“En ese sentido, la aplicación supletoria del Estatuto de Contratación Estatal en el convenio en
cuestión, en lo que se refiere a la imposición de la liquidación unilateral mediante acto administrativo,
no resulta viable, precisamente porque el ejercicio de esa facultad no es compatible con la naturaleza
de dicho acuerdo, dado que las entidades públicas que lo suscribieron se relacionaron en un plano
de igualdad -no como contratante ni como contratista- y el ejercicio de esa unilateralidad a través de
acto administrativo rompería esa condición”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65.978,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
25
“ARTÍCULO 61. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará
por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

liquidación unilateral a través de un acto administrativo, por la naturaleza misma
del negocio jurídico que suscribieron estas entidades26.

55. Por lo anterior, pese a que las partes y el a quo le dieran un tratamiento de actos
administrativos a las resoluciones No. 677 del 4 de diciembre de 2013 y No. 087
del 4 de febrero de 2014, expedidas por VIVA, a través de las cuales se intentó
liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155 y
se confirmó esa decisión, respectivamente, lo cierto es que estos actos no gozan
de esa condición, por lo que deben ser analizados como actos jurídicos
convencionales27.

Cómputo del término de caducidad en el caso concreto

56. Si bien en el recurso de apelación no se cuestionó directamente el razonamiento
realizado por el Tribunal en relación con el conteo del término de caducidad,
después de abordar los argumentos de la apelación en relación con el régimen
del convenio y establecer que este no estaba gobernado por el EGCAP y al
precisar que los actos cuestionados no son administrativos sino convencionales,
la Sala considera que las resoluciones expedidas por VIVA tienen su fundamento
en el negocio suscrito entre las partes, por lo que, contrario a lo señalado por el
a quo, la acción procedente es la contractual y no la de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en ese orden de ideas, por ser uno de los presupuestos de la
demanda, la Sala abordará, el estudio de la caducidad de esa acción contractual
para establecer si es procedente conocer el fondo del asunto.

57. En el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155, celebrado el 2 de
noviembre de 2005, entre VIVA y el municipio de Yolombó para el mejoramiento
de 300 viviendas rurales, se pactó un plazo de ejecución de doce meses,
contados a partir de la fecha en la que el municipio recibiera el primer
desembolso, luego de lo cual se debería suscribir el acta de inicio28.

58. Así las cosas, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, las
partes firmaron esa acta de inicio el 4 de junio de 2007, sin que se evidencie
que, con posterioridad a ello, se hubiesen producido prórrogas o suspensiones

26
La jurisprudencia de esta Subsección ha señalado, en varias oportunidades, la imposibilidad de
ejercer unilateralidades a través de acto administrativo en los convenios interadministrativos, como,
por ejemplo, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 61.429,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico o, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65.978, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. De igual forma, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación también se
ha manifestado en ese sentido, en el concepto del 26 de julio de 2016, rad, 2257, C.P. Álvaro Namén
Vargas.
27
Entre otras, las siguientes providencias se han referido a este asunto: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de
2022, rad. 66.729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 57.822, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, rad. 57.537, C.P. Martín Bermúdez
Muñoz.
28
De conformidad con la cláusula sexta del convenio. Contenido en el tomo IV del cd en el folio 44
del cuaderno principal.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

del plazo según los parámetros previstos en la cláusula sexta del convenio, por
lo que ese término de ejecución venció el 4 de junio de 2008.

59. De otra parte, como ya se precisó, este tipo acuerdos está regulado por un
régimen jurídico especial, por lo que no le era aplicable, en los términos del
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la obligatoriedad de liquidarlo y las partes
tampoco pactaron la realización de este balance final del negocio jurídico ni
acordaron otorgar a alguna de ellas la facultad de hacerlo de forma unilateral al
finalizar el proyecto.

60. De conformidad con los supuestos fácticos expuestos, la regla aplicable para
determinar el punto de partida del conteo del término de caducidad del medio de
control de controversias contractuales, en tanto el convenio se extendió en el
tiempo y -se itera- no era obligatoria su liquidación- es la prevista en el artículo
164 del CPACA, numeral 2, literal j), apartado ii)29, por lo que los dos años a los
que se refiere la norma comenzarían a contabilizarse desde el 5 de junio de
2008, que es el día siguiente a la terminación del acuerdo, y como la demanda
solo se presentó hasta el 24 de octubre de 2014, a primera vista, se tendría que
concluir que esta se interpuso de forma extemporánea.

61. Sin embargo, en este caso no se puede desconocer que lo que se pretende es
la declaratoria de nulidad de los actos que profirió VIVA (esto es, separarse de
los efectos), a través de los cuales se afirmó liquidar unilateralmente el convenio
interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155, que se expidieron en diciembre de
2013 y febrero de 2014, cuando ya había superado el plazo de los 2 años, en
tanto que es a partir de la existencia de esas resoluciones que se origina el hecho
que fundamenta la interposición de la demanda por parte del municipio de
Yolombó y desconocer esta situación implicaría la exclusión de estos actos del
control judicial, cuando resulta evidente que están ligados al negocio jurídico que
celebraron las partes y son el eje de la controversia.

62. Ahora bien, para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda
bajo estas circunstancias, resulta necesario recordar que los actos cuestionados
no son administrativos, y que se expidieron con base en la ejecución del proyecto
adelantado a través del convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155, por
lo que, contrario a la manifestado en la primera instancia, el medio de control
procedente es el de controversias contractuales, por tanto, el término que tenía
el municipio de Yolombó para interponer su demanda no era el de 4 meses,
previsto para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino el de 2
años, dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal j).

29
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir
del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
(…). En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por
cualquier causa”.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

63. En aplicación de la regla anunciada, teniendo en cuenta los motivos de hecho o
de derecho que fundamentan la controversia, en este caso, pese a que ya se
precisó que los actos cuestionados no son administrativos, como las partes le
dieron ese tratamiento, solo para efectos de determinar el momento a partir del
cual se empezaría a contar la caducidad, se tomará en cuenta la notificación
personal de la resolución No. 087 del 4 de febrero de 2014, es decir, el 25 de
febrero de 201430, lo que implica que este término comenzó a correr desde el 26
de febrero de 2014 y se extendió hasta el 26 de febrero de 2016 y como la
demanda fue interpuesta por el municipio de Yolombó el 24 de octubre de 2014,
se concluye que esta fue presentada de forma oportuna.

64. Por lo anterior, los cargos formulados en la demanda dirigidos a atacar la
legalidad de los supuestos actos administrativos necesariamente se deben
analizar bajo los parámetros de la responsabilidad contractual a través de las
pretensiones propias del medio de control de controversias contractuales, para
determinar si, en efecto, existió alguna irregularidad por parte de VIVA al
disponer la liquidación unilateral del convenio interadministrativo objeto de
estudio.

Análisis de los cargos relacionados con la decisión de liquidar unilateralmente
el convenio

65. Como se expuso, de las pruebas obrantes en el expediente resulta claro que
VIVA decidió liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo No. 2005-
VIVA-CF-155 a través de la resolución No. 677 del 4 de diciembre 2013 y
confirmó esa disposición mediante la resolución No. 087 del 4 de febrero de
2014.

66. Frente a estos actos, en la demanda la parte actora manifestó que, debían ser
considerados nulos por haber sido expedidos con falta de competencia material
y temporal, toda vez VIVA no ostentaba la facultad para ello y porque el plazo
de ejecución del convenio había vencido desde el 4 de junio de 2008 y fue solo
hasta el 2013 que decidió liquidar el acuerdo, además, en el recurso de
apelación señaló que estaban falsamente motivados, al estar fundados en el
procedimiento previsto en el EGCAP y no en las normas de su manual de
contratación.

67. Al respecto, la Sala considera que VIVA no contaba con la facultad de liquidar
unilateralmente el convenio interadministrativo, no solo porque el negocio no se
regía por el EGCAP, sino por cuanto las partes no establecieron esa prerrogativa
de forma inequívoca, clara y expresamente al momento de celebrar el acuerdo.

68. De igual manera, resulta evidente que VIVA profirió esos actos de liquidación
cuando ya había operado la caducidad de la acción contractual para ventilar los
desacuerdos o conflictos previos que tuviese frente al desarrollo del proyecto,

30
De conformidad con la constancia de notificación personal contenida en el tomo IV del medio
magnético del folio 44 del cuaderno principal.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

valorando la terminación del plazo de ejecución del negocio y, desconociendo
esto, expidió las resoluciones que ahora se cuestionan, sin tener la obligación
legal o contar con la facultad unilateral para hacerlo.

69. Como consecuencia de lo anterior, la Sala concluye que, pese a que las
pretensiones de la demanda primigenia y los cargos presentados por el apelante
están dirigidos a que se declare la nulidad de los supuestos actos
administrativos, para garantizar el acceso a la administración de justicia, en
aplicación del principio iura novit curia, estos se interpretarán para efectos de
abordar la controversia desde la responsabilidad contractual y serán analizados
con fundamento en las demás solicitudes que se pueden elevar a través de ese
medio de control.

70. Así las cosas, en este caso, se concluye que VIVA excedió e incumplió lo
pactado en el convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155, al proceder
a adoptar decisiones unilaterales sobre la liquidación del acuerdo, sin estar
facultada para ello; situación que en la demanda se expone como falta de
competencia material o, en el recurso de apelación, como falsa motivación.
Además, de conformidad con lo expuesto en esta providencia, es claro que, con
las actuaciones desplegadas, VIVA se apartó de la normativa que gobernaba el
acuerdo, al sustentar la expedición de los actos impugnados en las reglas
previstas en el EGCAP.

71. Por lo anterior, la Subsección considera que los actos jurídicos con los que se
pretendió liquidar el convenio, considerados por las partes y el a quo como
administrativos, son inexistentes como tales, esto es, como actos
administrativos, por lo que dejará sin efectos las resoluciones cuestionadas y,
de conformidad con las pretensiones propuestas por el ente territorial, se
restablecerá su derecho, determinando que no está obligado a pagar el valor
indicado por VIVA. Frente a este punto, la Sala estima necesario precisar que,
como esta solicitud se refiere a los efectos patrimoniales de la decisión
adoptada, para garantizar la materialización de la declaratoria de
restablecimiento, se ordenará que, en caso de haber realizado algún pago con
fundamento en la liquidación unilateral, la demandada deberá devolverlo
actualizado a la fecha en la que se produzca el desembolso efectivo31.

31
Se precisa que no se estudiarán los cargos presentados en la demanda de reconvención, la cual
se interpuso de forma subsidiaria, en caso de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
cuestionados, en tanto que en la sentencia de primera instancia existió un pronunciamiento frente a
estas pretensiones, dado que el Tribunal las negó, sin que la empresa VIVA se pronunciara
directamente o a través de la figura de la apelación adhesiva en lo que le fuera desfavorable en la
revisión de esa decisión, toda vez que, según el artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. En todo caso si se
analizara de fondo la reconvención, la conclusión sería que esta demanda se presentó de forma
extemporánea, porque las pretensiones relacionadas con la liquidación judicial del convenio y la
declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio de Yolombó tienen su origen
en el desarrollo mismo del objeto del acuerdo enmarcado en el plazo de ejecución pactado, sin que
resulte posible tener como referencia del conteo del término de caducidad la fecha de expedición de
los actos a través de los cuales se liquidó el negocio jurídico. Así las cosas, como en este caso el
plazo de ejecución del convenio venció el 4 de junio de 2008, pasados 12 meses desde la suscripción
del acta de inicio, es a partir de ese momento que debe contabilizarse el término de caducidad de la
acción de controversias contractuales en relación con esas pretensiones y como la demanda de

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

Conclusiones

72. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección revocará la sentencia
de primera instancia, al concluir que:

73. De conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los
convenios interadministrativos se caracterizan porque a través de estos las
entidades públicas se asocian para aunar esfuerzos en pro del cumplimiento de
un objeto común, en el marco de las funciones que le son asignadas por la
Constitución y la ley, sin que se diferencien los intereses, tal como ocurre en los
contratos, lo que implica que no les aplique de forma automática el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, en tanto que esto podría
generar contradicciones y dificultades para la materialización del interés común
que se persigue.

74. Por la naturaleza misma de los convenios interadministrativos, se resalta, como
característica relevante, el plano de igualdad entre las entidades que se asocian,
sin que sea posible la imposición de una sobre la otra, con el ejercicio de
unilateralidades, por lo que se concluye que estas facultades solo pueden
responder a un acuerdo entre las partes, en el marco de la autonomía de la
voluntad, siempre y cuando se pacten de forma clara e inequívoca, sin que
tampoco sea posible acordar que se ejerzan a través de actos administrativos.

75. De la determinación del régimen jurídico aplicable a los convenios
interadministrativos, es posible establecer la naturaleza de los actos que se
expiden en la ejecución del acuerdo y, con base en ello, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo debe precisar el medio de control procedente y las
consecuencias jurídicas que de ello se deriven, con base en la interpretación de
la demanda.

76. Así las cosas, bajo estas condiciones, cuando erróneamente se catalogue un
acto como administrativo y se demande su nulidad, pese a que las partes le
hayan dado ese tratamiento, es necesario determinar su verdadera naturaleza y
de concluirse que se trata de un acto contractual, se deben interpretar los cargos
de la demanda bajo los parámetros de la responsabilidad contractual a través de
las pretensiones propias del medio de control de controversias contractuales
para poder atribuir una consecuencia jurídica acorde a su naturaleza.

77. Después de analizar los cargos de la demanda bajo las demás pretensiones que
se pueden formular a través del medio de control de controversias contractuales
y al encontrar que estos prosperan, la consecuencia es dejar sin efectos esos
actos contractuales, por haber sido expedidos con transgresión a la normativa
que rigió al acuerdo de voluntades.

reconvención solo se presentó hasta el 30 de julio de 2015, si se aplica la regla prevista en el artículo
164 del CPACA, numeral 2, literal j), apartado ii), es claro que la acción contractual estaba caducada.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

La condena en costas

78. De conformidad con la remisión expresa del artículo 188 del CPACA32,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202133, y según lo establecido
en el artículo 365-4 del CGP34, para el caso particular procede la condena en
costas en las dos instancias a cargo de la parte vencida en el proceso, toda vez
que se revocará la sentencia apelada y por tratarse de la demandada. Asimismo,
esas costas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de origen, según lo
previsto en los artículos 365 y 366 del CGP35.

La fijación de agencias en derecho

79. La Subsección, en virtud del artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la
duración del proceso en ambas instancias y los deberes de vigilancia que su
trámite implicó, fijará las agencias en derecho de ambas instancias, las cuales
estarán a cargo de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA- y a favor del
municipio de Yolombó. Por lo anterior, se establecen las agencias en derecho
para la primera instancia en la suma de $3’623.960, equivalente al 1% de lo
pretendido en la demanda36 y, para la segunda instancia, en la suma $1’811.980,
equivalente al 0,5%37.

80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

32
Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
33
Norma procesal aplicable por estar vigente en la fecha de presentación del recurso de apelación -
15 de noviembre de 2022-
34
Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: … 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
35
Artículo 366 “Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...) 4. Para la
fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (…)” (se destaca).
36
De conformidad con la estimación razonada de la cuantía, el valor de las pretensiones es de
$362.396.090, correspondiente al monto que VIVA estableció que le adeudaba el ente territorial
demandante, en virtud de la liquidación unilateral impuesta, a través de los actos cuestionados.
37
En atención a lo señalado en los numeral 3.1.2. y 3.1.3. de artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 26
de junio de 2003, a cuyo tenor: “3.1.2. Primera instancia. (…) Con cuantía: Hasta el veinte por ciento
(20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…) 3.1.3. Segunda
instancia.(…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488)
Demandante: Municipio de Yolombó
Demandada: Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-
Referencia: Controversias contractuales

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por la Sala
Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar:

1. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 677 del 4 de diciembre de 2013,
a través de la cual la empresa VIVA decidió liquidar unilateralmente el
convenio interadministrativo No. 2005-VIVA-CF-155 y la Resolución No. 087
del 4 de febrero de 2014, mediante la cual la entidad confirmó esa
determinación, incluidos los efectos patrimoniales contenidos en esos actos.

En caso de que el municipio de Yolombó hubiera pagado el valor indicado en
las anteriores resoluciones, VIVA deberá DEVOLVER esta suma de dinero,
actualizada a la fecha en la que se realice el desembolso.

2. CONDENAR a la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA a pagar las
costas de la primera instancia, a favor del municipio de Yolombó. Fijar como
agencias en derecho la suma de $3’623.960.

SEGUNDO: CONDENAR a la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA a pagar las
costas de la segunda instancia, a favor del municipio de Yolombó. Fijar como
agencias en derecho la suma de $1’811.980. Las costas se liquidarán de forma
concentrada por el a quo.

TERCERO: Por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de
este proceso al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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