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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2018-00169-01

Jurídico de los convenios interadministrativos: no aplican automáticamente las

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2018-00169-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 19 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, DISPONER: “SEGUNDO.- Sin condena en costas”. SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la referida sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia. CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2018-00169-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Características esenciales // RÉGIMEN
JURÍDICO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - No aplican automáticamente las
reglas de los contratos estatales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y en las normas privadas sino que se rigen, primordialmente, por lo estipulado
en ejercicio de la autonomía de la voluntad // INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO – Se debe
atender a la intención de las partes más que al tenor literal de las palabras. BUENA FE EN
EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Implica que las entidades actúen
mancomunadamente en procura de los propósitos mutuamente pactados // INCUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Es aquella inobservancia que afecte de manera significativa
a los propósitos coincidentes de las entidades en la celebración del convenio. Su verificación implica
evaluar si quien lo alega ha honrado con su conducta la buena fe objetiva. // LIQUIDACIÓN DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – No procede la orden a las partes para efectuarla //
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – No procede cuando no hay
prueba del balance general de las obligaciones del convenio y se deniegan las pretensiones
económicas del demandante

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Las partes del proceso celebraron el convenio interadministrativo núm. 079 de
2013 para desarrollar la fase 2 del proyecto de mejoramiento integral del barrio
“Las Delicias” en el Municipio de Ibagué, y aunar esfuerzos para ejecutar las
respectivas obras, cuya contratación se encontró a cargo de la entidad territorial.
En ese contexto, la supervisión designada por el Ministerio se opuso al plazo de
3 meses que planteó el Municipio en los pliegos de condiciones para los
contratos de obra e interventoría, por considerarlos inferiores e inadecuados
respecto de las exigencias técnicas de los trabajos. Empero, el Municipio
adjudicó y suscribió los contratos derivados con esos términos, y los negocios
concluyeron después de expirar el convenio interadministrativo. Ante las
acciones de la entidad territorial, el Ministerio solicitó declarar el incumplimiento
de lo pactado, por considerar que las obras debían culminar durante la vigencia
del convenio y, en consecuencia, exigió la restitución de los aportes económicos,
con sus respectivos rendimientos financieros, así como el valor de la cláusula
penal pecuniaria pactada en el negocio. También solicitó ordenar la liquidación
del negocio jurídico.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 20 de marzo de 2018, la Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(en adelante, el Ministerio, Minvivienda, la actora o la demandante) presentó

1

Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

demanda1 de controversias contractuales en contra del Municipio de Ibagué (en
adelante, el Municipio, la entidad territorial o el demandado), con el propósito de
obtener pronunciamiento favorable de las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Que se declarara [sic] el incumplimiento del Convenio Interadministrativo de
Asociación No. 079 de 2013, suscrito entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO y el MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOLIMA), cuyo objetivo era: “Aunar esfuerzos
entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Municipio de Ibagué, mediante el
apoyo técnico y Financiero para la ejecución de la fase II del Proyecto de Mejoramiento de
Barrios, correspondiente a la ejecución de las obras.
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se ordene la restitución al Tesoro Nacional,
la suma de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.200’000.000),
aportados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para el desarrollo de las obras
indicadas en el Convenio, junto con sus respectivos rendimientos financieros por todo el
tiempo transcurrido desde su desembolso, la cual debe ser consignada a la cuenta […]
TERCERA. Que se ordene el pago de la Cláusula Penal pecuniaria, correspondiente al 10%
del valor del aporte del Ministerio, es decir la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES
DE PESOS M/CTE. ($320’000.000), conforme a lo indicado en la cláusula décima octava del
Convenio 079 de 2013.
CUARTA. Ordenar la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 079 de 2013
celebrado entre el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y el MUNICIPIO
DE IBAGUÉ (TOLIMA).
QUINTA. Se condene en costas a la parte convocada.
SEXTA. Se ordene a la entidad territorial a [sic] cumplir la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

4. La demandante relató que, el 16 de mayo de 2013, celebró el convenio
interadministrativo de asociación núm. 079 con el Municipio, cuyo objeto quedó
descrito en la pretensión primera, por un valor de cuatro mil millones de pesos
($4.000.000.000). El Ministerio se obligó a aportar la suma de tres mil doscientos
millones de pesos ($3.200’000.000) y el Municipio los restantes ochocientos
millones de pesos ($800’000.000). Para cumplir con estas obligaciones, las
partes comprometieron sus presupuestos mediante la expedición de certificados
de disponibilidad y registros presupuestales.
5. El Municipio se obligó, entre otras acciones, a: (i) consignar los recursos
correspondientes al aporte a la subcuenta del encargo fiduciario constituido para
administrar los recursos; (ii) reintegrar, en caso de incumplimiento, los recursos
aportados por el Ministerio, junto a los rendimientos financieros; (iii) garantizar
que el proyecto se ejecutaría en predios de su propiedad; (iv) contratar la obras
e interventorías por desarrollar en el barrio “Las Delicias” para ejecutar el
convenio; y (v) preparar y presentar informes trimestrales sobre la ejecución del
proyecto y del convenio al Minvivienda.
6. El plazo de ejecución inicialmente pactado en el convenio fue hasta el 31 de
diciembre de 2013.
7. Mediante otrosí núm. 1 del 24 de diciembre de 2013, las partes prorrogaron el
plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2014. Más adelante, con el otrosí
núm. 2, los sujetos modificaron nuevamente el término del convenio hasta el 31
de diciembre de 2015 y adicionaron su valor en mil millones de pesos
($1.000.000.000); monto que el Municipio se comprometió a transferir al encargo
fiduciario.

1 Expediente físico: F. 162-169, c. 1.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

8. Una vez se contó con los diseños de acueducto, confeccionados por la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P., la priorización inicial,
realizada de manera conjunta entre el Municipio y la supervisión del Ministerio
sobre el convenio, ascendió a la suma de cuatro mil doscientos millones de
pesos ($4.200.000.000), destinada a la construcción de redes de acueducto, una
planta de tratamiento de agua potable (PETAP), redes de acueducto y
alcantarillado, vías, andenes, parques y obras de mitigación de riesgo por
inundación que, según relató, estaban proyectados para ejecutarse en 8 meses.
Además, a la interventoría le fue destinado un presupuesto de seiscientos
cuarenta millones de pesos ($640.000.000), y fue previsto un plazo de ejecución
de 9 meses.
9. El Municipio no contempló desde un principio, ni en el momento de tener los
diseños de acueducto, que el predio en el que se construiría la PETAP del
acueducto comunal era privado, pues “pertenecía a la junta administradora del
acueducto comunal”. Tal situación fue subsanada con el convenio
interinstitucional núm. 103-15, suscrito entre el Municipio, la Junta
Administradora del Acueducto Comunal de Las Delicias y la IBAL, y afectó los
plazos programados para seleccionar a los contratistas que ejecutarían los
trabajos.
10. Según el demandante, el Municipio incumplió reiteradamente sus compromisos,
y la supervisión del convenio designada por el propio Ministerio lo requirió para
que informara las gestiones adelantadas y proyectara el inicio de los procesos
de selección de los contratistas de obra e interventoría. Además, en los pliegos
de condiciones de las obras a ejecutar, el Municipio contempló un plazo de
ejecución de 3 meses para cada contrato, sin tomar en cuenta que adelantar las
actividades requería de 8 meses. De manera unilateral, y sin informar al
Ministerio, el 24 de septiembre de 2015, la entidad territorial publicó los pliegos
definitivos con el término de 3 meses que, en criterio de la actora, era inferior al
necesario.
11. Ante los que, en su parecer, eran incumplimientos del Municipio, el Ministerio
solicitó reiteradamente la devolución de los recursos aportados. Posteriormente,
la cartera negó la petición de la entidad territorial de prorrogar el convenio por
las “decisiones unilaterales del municipio, desconociendo el principio de
planeación en la contratación estatal”.
12. Asimismo, el Municipio envió informes y comunicaciones, posteriores al 31 de
diciembre de 2015, para que el Ministerio permitiera la ejecución del convenio
en el año 2016, que fueron respondidos negativamente porque el plazo del
convenio ya había fenecido.
13. A la fecha de la demanda, el convenio no había sido liquidado.
Trámite en primera instancia
14. Una vez admitida la demanda2, y después del traslado al Municipio, éste
contestó3 oponiéndose a todas las pretensiones planteadas por el Ministerio,
porque, si bien el convenio expiró en diciembre de 2015, “la nueva administración

2 F. 172, c. 2.
3 F. 183-187, c. 2.

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Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

“2016-2019” se encontró con que ya existían dos contratos para realizar las obras uno
de interventoría y otro de obra pues no se tuvo más opción que empezar con la
ejecución en vista de que no se recibió una entrega formal de los mismos, de tal manera
que en el transcurso de la ejecución se empezaron a ver inconvenientes respecto al
plazo pactado no a la ejecución de los mismos, pues las obras se cumplieron a
satisfacción…”.

15. En audiencia inicial llevada a cabo el 21 de mayo de 20194, el litigio fue fijado en
los siguientes términos:

“… el objeto del proceso desde el punto de vista fáctico es determinar:
1. Establecer la oportunidad en que se ejecutó el convenio interadministrativo suscrito entre
el ministerio de vivienda y el municipio de Ibagué, si se ejecutó dentro de lo previsto con las
partes.
2. Se ocupará de establecer si las obras que eran objeto de este convenio se ejecutaron en
debida forma o no. Además debe establecerse si los dineros a que hace referencia el
ministerio de vivienda, fueron o no utilizados en su totalidad por el municipio de Ibagué, y si
no se usaron en su totalidad, deben de justificar en dónde están y a quién se deben regresar.
Desde el punto de vista jurídico:

1. Establecer si hubo o no el incumplimiento del convenio por parte del municipio de Ibagué,
tal como lo señala el ministerio de vivienda.
2. Establecer la vigencia del convenio suscrito entre el municipio de Ibagué y el ministerio
[…], aclarando si el municipio podía a ver (sic) celebrado los contratos para la ejecución de
esas obras el último día de vigencia del convenio.
3. Si hubo incumplimiento o no por parte del municipio de Ibagué, estando obligado a pagar
la cláusula penal pactada en el convenio”.

16. En la oportunidad procesal correspondiente, las partes alegaron de conclusión5,
reiterando los argumentos que expusieron anteriormente. No hubo concepto del
agente del Ministerio Público.
Sentencia de primera instancia
17. En sentencia del 19 de octubre de 20236, el Tribunal negó las pretensiones de
la demanda; decisión motivada en que el objeto del convenio, esto es, el
mejoramiento integral del Barrio Las Delicias ubicado en el Municipio, se cumplió
porque fueron contratadas, ejecutadas y liquidadas las obras e interventorías de
obra que consumaron el propósito común pactado, es decir, que el “recurso
público aportado por las entidades para la realización del Convenio cumplió con
el objeto para el cual fue destinado, que no era otro que el mejoramiento del
barrio las Delicias de Ibagué”.
18. Explicó que el Municipio se comprometió a realizar la contratación de las obras
y sus respectivas interventorías durante la vigencia del convenio y así lo hizo.
En ninguna de las cláusulas se estipuló que la ejecución de los contratos debía
tener lugar dentro del plazo del convenio. En ese orden de ideas, la demandada
acreditó mediante informe ejecutivo que, en virtud de los contratos, se
confeccionaron múltiples obras para cumplir lo convenido con el Ministerio: “i)
construcción de parque infantil; ii) construcción de zona deportiva; iii)
intervención sobre las vías del barrio las delicias; iv) obras hidráulicas del
acueducto del Barrio las Delicias, bocatoma la Balsa, Desarenador la Balsa,

4 F. 303-306, c. 3.
5 Minvivienda: f. 345-351; Municipio: f. 353-356, c. 3.
6 F. 391-400, c. ppal.

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Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

Desarenador Panelas; v) construcción de planta de tratamiento de agua, vi)
tanque de almacenamiento; vii) Laboratorio de planta de tratamiento de agua
potable; viii) Red de distribución y obras de mitigación; ix) vía adjunta al parque
infantil y x) vía adjunta al centro de salud”. Por lo tanto, no era posible acceder
a la pretensión de incumplimiento, ni a sus consecuenciales.
19. De otra parte, el a quo expresó que:
“… si bien existió incumplimiento por parte del municipio […] frente a algunas de sus
obligaciones, como la de no presentar dentro del término informes trimestrales de la
ejecución de la obra, o atender en todo lo indicado por la supervisión del convenio, lo cierto
es que estas obligaciones no constituyen el objeto del convenio, que consiste en el
mejoramiento del barrio las Delicias y el incumplimiento contractual se da cuando este no se
logra o ejecuta”.

20. Por último, el Tribunal condenó en costas al Ministerio, incluyendo un salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho. Indicó que,
de acuerdo con la jurisprudencia7, el juez contencioso administrativo no está
sometido a los criterios objetivos dispuestos por el CGP en la materia, por lo que
debía examinar la conducta de las partes. En el caso concreto, encontró que si
bien no hubo “mala fe o deslealtad procesal” del demandante, también fue cierto
que la “demandada debió desplegar defensa técnica, que intervino en las
correspondientes etapas procesales, para oponerse a lo indicado por la actora”,
por lo que estaba “dado el presupuesto de orden económico para la concesión
de costas” a favor del Municipio.
Recurso de apelación
21. Mediante escrito allegado el 9 de noviembre de 2023, el Ministerio interpuso
recurso de apelación8 en contra de la sentencia de primera instancia, formulando
los siguientes reparos:
22. El Tribunal no emitió pronunciamiento acerca de la pretensión de “liquidación
judicial” del convenio, por lo que solicitó que en segunda instancia se efectuara
este ejercicio9. Se advierte, desde ahora, que dicha solicitud se distancia de lo
reclamado en el libelo introductorio, dado que en éste se impetró “Ordenar la
liquidación del Convenio Interadministrativo”, sin exigir que ello fuera efectuado
por el despacho de conocimiento, lo cual, se califica como una mutación del
petitum inicial.
23. La apelante sostuvo que, contrario a lo que sostuvo el fallo impugnado, hubo un
cumplimiento tardío de las obligaciones del convenio porque las obras no se
completaron durante el plazo estipulado. Este entendimiento surge del objeto
pactado que textualmente indicó que consistía en la “unión de esfuerzos” entre
ambas entidades “para la ejecución de las obras”. Así, el demandante encontró
consolidado el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones del convenio
porque, para el 31 de diciembre de 2015, el propósito de este acuerdo no había

7 Invoca la “sentencia proferida el 01 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter,

dentro del proceso con radicado 7001-23-33-000-2013-00065-01 promovido por el señor Ramiro Antonio
Barreto Rojas contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social”, y la “sentencia de 18 de agosto de 2018 dentro del proceso con radicado 73001-23-33-000-
2014-00723-01”.
8 F. 410-414, c. ppal.
9 “De manera breve, respetuosamente se solicita al fallador de segunda instancia, liquidar judicialmente el

Convenio Interadministrativo de Asociación No. 079 de 2013, el cual a la fecha no ha sido liquidado por la
administración”.

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sido satisfecho. De esta forma, entendió que debió interpretarse el numeral 17
de la cláusula segunda de lo pactado, en el sentido de que era necesario
completar las obras dentro del plazo de ejecución.
24. Expresó que, lejos de lo considerado en el fallo, resulta inadmisible que el
Municipio no haya devuelto los recursos aportados por el Ministerio, y ejecutado
las obras sin ningún control de la Nación, ni con la cobertura de la póliza de
seguros pactada en la cláusula novena del convenio.

25. Agregó que, pese a las prórrogas del término de vigencia del convenio, el hecho
de que las obras no hayan iniciado ni culminado dentro del plazo obedeció a
circunstancias “netamente endilgables” al Municipio, como “la falta de
planeación, titularidad del predio en el que se desarrollarían algunas obras y la
inobservancia de las recomendaciones oportunas realizadas por el Ministerio
[…] para lograr la ejecución del proyecto dentro del plazo pactado”.
26. De otra parte, reprochó que el Tribunal haya restado importancia a que el
Municipio incurriese en incumplimiento de obligaciones de presentación de
informes y respuesta a las observaciones de la supervisión hecha por el
Ministerio. Frente a ello, destacó que el a quo encontró demostrada la
inobservancia a estos compromisos, pero que no estableció ningún tipo de
consecuencia jurídica al respecto.
27. Por lo tanto, el apelante consideró que es procedente la declaración judicial del
incumplimiento y, como consecuencia de esta, la imposición de las condenas
económicas pretendidas en la demanda: la devolución de lo aportado y la
cláusula penal equivalente al 10% del valor del convenio a favor del Ministerio
como parte cumplida.
28. Por último, el Ministerio se opuso a la condena en costas de la sentencia de
primer grado, en tanto no se demostró su causación y el proceso buscó la
recuperación de recursos de la Nación, lo que constituye un interés público.
Trámite en segunda instancia
29. En auto del 13 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación presentado por Minvivienda10. En esta instancia, no hubo
pronunciamientos de las partes y el agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia11
30. La Jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer del presente
proceso judicial12, por tratarse de una controversia derivada de un negocio

10 Índice SAMAI núm. 3.
11 La demanda fue presentada el 20 de marzo de 2018. En ese sentido, resultan aplicables las reglas de

competencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011
– CPACA) sin la reforma que, sobre este aspecto, dispuso la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, porque, de
acuerdo con el artículo 86 de la norma citada, las modificaciones en materia de competencias “se aplicarán
respecto de las demandas que se presenten un año después de publicación de esta ley”. Ello no impide que el
estudio del recurso sea efectuado en virtud de esta última norma, en cuyo artículo 86 se prevé que “los recursos
interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos”, en atención a que la
alzada fue presentada en vigencia de esta ley.
12 CPACA – Artículo 104, inciso primero: “DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

jurídico celebrado por entre la Nación y una entidad territorial13. Además, esta
Sala de Subsección es competente porque decide el recurso de apelación
interpuesto en contra de una sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo14, en el marco del medio de control de controversias
contractuales, y en un asunto que deberá ser decidido por esta Corporación en
segunda instancia en virtud de su cuantía15.

Régimen jurídico aplicable al convenio celebrado entre las partes

31. Para verificar los demás presupuestos procesales y decidir el caso concreto,
debe analizarse si el “convenio interadministrativo de asociación núm. 079 de
2013”16, suscrito entre el Ministerio y el Municipio, que suscita el conflicto, reúne
las características del tipo de relación jurídica bilateral contemplada en el inciso
primero del artículo 95 de la Ley 489 de 199817, interrogante que debe ser
resuelto en sentido afirmativo por las siguientes razones:

32. Las partes celebraron el convenio en desarrollo de las competencias y funciones
que les asigna el ordenamiento jurídico. Según el apartado de considerandos,
este se enmarcó en la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios
contenida en el Documento CONPES 3604 de 2009, y en el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-201418. En lo que corresponde al Minvivienda, el texto
convencional invoca las funciones de la Dirección de Espacio Urbano y
Territorial19 y de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas

omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa” (Se subraya).
13 Constitución Política de Colombia. Artículo 286: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos,

los municipios y los territorios indígenas” (Se subraya).
14 CPACA. Artículo 150, inciso primero: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo

conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como
de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.”
15 CPACA. Artículo 152, numeral 5: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los

siguientes asuntos: […] De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los
contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se
incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”. La demanda fijó la cuantía en la suma de tres mil doscientos millones de pesos
($3.200.000.000), cifra que superó el tope indicado para el año en que se presentó la demanda (2018):
trescientos noventa millones seiscientos veintiún mil pesos ($390.621.000).
16 F. 6-9, c. 1.
17 “ARTÍCULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas podrán asociarse

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro.” (Se subraya).
18 Ley 1450 de 2011, de la que interesa destacar el artículo 121: “ARTÍCULO 121. Desarrollo de programas y/o

proyectos de renovación urbana. Los municipios, distritos, áreas metropolitanas, departamentos y la Nación,
podrán participar en el desarrollo de programas y/o proyectos de renovación urbana mediante la celebración,
entre otros, de contratos de fiducia mercantil. // La infraestructura de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado necesaria para la realización de estos proyectos y/o programas de renovación urbana y en los
macroproyectos de interés social nacional, que se encuentren en curso de acuerdo con la Sentencia C-149 de
2010, se podrán financiar, entre otras fuentes, por tarifas diferenciales que permitan vincular el pago a las
unidades inmobiliarias que surjan o permanezcan en el área de influencia”. Además, en documento que detalla
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 fue descrita, como acción encaminada a la sostenibilidad ambiental
urbana, la de “Implementar la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios - Documento Conpes 3604
de 2009, a través de la cual se dé prioridad a los componentes de seguridad ciudadana y gestión del riesgo,
incorporando acciones de mitigación o reasentamiento”.
19 Decreto 3571 de 2011: “ARTÍCULO 16. Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Son funciones de la

Dirección de Espacio Urbano y Territorial, las siguientes: // 1. Apoyar, en lo de su competencia, a las autoridades
competentes en los procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, regional, departamental y local. […]
3. Elaborar y preparar estudios técnicos y metodologías para orientar el desarrollo del territorio y regular la

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Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

Integrales20, relacionadas con la orientación del desarrollo del territorio y apoyar
técnica y financieramente a los municipios en el mejoramiento integral de barrios.
A su vez, frente al Municipio, trae a colación la función legal de “[p]romover el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal”21.

33. Asimismo, los contratantes dispusieron su mutua cooperación para conseguir un
objetivo común, en este caso, descrito por la cláusula primera: “Aunar esfuerzos”
entre el Municipio y el Ministerio, “mediante el apoyo técnico y financiero para la
ejecución de la Fase II del proyecto de mejoramiento integral de barrios,
correspondiente a la ejecución de las obras”.

34. Las obligaciones pactadas no conllevaron una contraprestación entre las partes.
Si bien el acuerdo de voluntades contenía prestaciones económicas, estas no
concretaron una remuneración o un intercambio mutuo patrimonial de bien o
servicio alguno a cambio de un precio, sino que fueron aportes desembolsados
por las partes a una subcuenta de un encargo fiduciario constituido por el
Municipio, y encaminados a la ejecución coordinada de la fase del proyecto de
mejoramiento integral del barrio “Las Delicias”22, lo cual evidencia que el negocio
celebrado constituyó un verdadero convenio interadministrativo. De esto dan
cuenta las cláusulas sexta y séptima del negocio jurídico [se trascribe
textualmente con posibles errores]:
“SEXTA.- VALOR Y APORTES DEL CONVENIO: El valor del presente convenio, es por la
suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) m/cte, incluido los
impuestos a que haya lugar; dichos recurso serán aportados así: El MINISTERIO aportará
la suma de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.200.000.000), en efectivo.
EL MUNICIPIO aportará la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS
($800.000.0000), en efectivo. SEPTIMA.- DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El
MINISTERIO desembolsará los recursos mediante un giro por la suma de tres mil doscientos
millones de pesos ($3.200.000.000), a la subcuenta del Encargo Fiduciario contra
documento que acredite su constitución dentro del mes siguiente contado a partir de la
aprobación de la garantía única exigida. Los desembolsos se realizarán por conducto de la
Subdirección de Finanzas y Presupuesto, previa certificación de cumplimiento expedida por
el supervisor del convenio sobre la presentación por parte del Municipio del documento que
acredita la constitución de la subcuenta en el Encargo Fiduciario. El MUNICIPIO
desembolsará los recursos mediante un giro por la suma de ochocientos millones de pesos
($800.000.000), a la subcuenta del encargo fiduciario dispuesto para tal fin, una vez
aprobada la garantía única por parte del ministerio”.

utilización, transformación y ocupación del suelo, de acuerdo con los principios rectores del ordenamiento
territorial. […] 7. Apoyar la formulación de las políticas y la regulación en materia de renovación urbana,
mejoramiento integral de barrios, espacio público, equipamientos colectivos y lo relacionado con la articulación
de la movilidad urbana y el ordenamiento urbano y territorial”.
20 Decreto 3571 de 2011: “ARTÍCULO 18. Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas

Integrales. Son funciones de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, las
siguientes: […] 9. Apoyar técnica y financieramente a municipios en la planificación, gestión y ejecución de
programas o proyectos de renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, espacio público y
macroproyectos urbanos.”
21 Ley 136 de 1994, artículo 3. Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
22 En relación con las prestaciones de contenido económico que tienen lugar en los convenios

interadministrativos, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha precisado que: “Lógicamente, en los convenios
interadministrativos propiamente dichos, es posible que cada entidad incurra en costos y gastos, y en ejecución
de su propio presupuesto para cumplir sus funciones y los compromisos adquiridos para con la otra, razón por
la cual bien pueden comprender la asunción de aportes económicos o financieros, pero sin que su objeto
esencial lo constituyan prestaciones propias de los contratos interadministrativos, o el pago un precio o una
remuneración por un servicio prestado o por un bien adquirido o por una obra realizada por una a favor de la
otra, pues en tales eventos se estará en presencia de verdaderos contratos…”: Consejo de Estado. Sala de
Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Rad. 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2257). C.P.
Álvaro Namén Vargas.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

35. Por todo lo anterior, para la solución del presente conflicto, contabilizar el término
de caducidad y analizar el alcance de las obligaciones pactadas, debe tenerse
presente que, de acuerdo con la línea jurisprudencial reiterada de esta
Subsección23, no es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para
determinar las normas aplicables a los convenios interadministrativos previstos
en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Esta premisa debe ser tenida en cuenta
para efectos de determinar la oportunidad de la acción, en función de las
facultades previstas en el acuerdo para su liquidación (de forma bilateral o
unilateral), así como para estudiar la pretensión dirigida a que se ordene la
realización de este ejercicio.

36. Se ha dicho que estas relaciones, por tener un carácter cooperativo y asociativo,
siguen primordialmente lo pactado por el acuerdo de voluntades suscrito entre
las partes, como expresión de la regulación autónoma de las entidades que
concurren a su celebración. De allí que, solo por manifestación expresa de las
partes, se habrá de acudir al régimen general de contratación estatal, siempre
que no se contraríe aquello que caracteriza a este tipo de convenciones: la
finalidad de alcanzar mancomunadamente un determinado propósito común24.
En efecto, como lo ha desarrollado igualmente la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta corporación, “dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios
interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales

23 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia

del 28 de junio de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69488). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
24 Entre los pronunciamientos reiterados de la Subsección en la materia, cabe destacar los siguientes: 1) “Los

“convenios interadministrativos” a los que se refiere el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 no pueden ser
encasillados exactamente bajo las reglas de uno u otro tipo de relación obligatoria. En efecto, de una parte, si
bien estos convenios exigen la presencia de al menos dos (2) entidades públicas, ello no significa que se
desprendan relaciones obligatorias bilaterales strictu sensu, dada la finalidad asociativa que los gobierna y, de
otro lado, aun cuando en principio esta misma finalidad se asemejaría al fin común propio de las relaciones
obligatorias plurilaterales, dichos convenios podrían ser suscritos por dos (2) partes únicamente. // La finalidad
asociativa de los “convenios interadministrativos” previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el plano
de derecho público en el que se enmarcan, impide una aplicación automática del régimen contractual de los
contratos estatales, imbuido por lo demás por las disposiciones civiles y comerciales, salvo las materias
especialmente reguladas en el EGCAP. // En ese sentido, más allá de la concurrencia de voluntades, se trata
de la asunción de objetivos comunes orientados predominantemente por una finalidad de derecho público que,
además de que justifica la existencia de dichos convenios, rebasa o excede el sentido tradicional del concepto
de “contrato”, por lo que, en cuanto a la normativa aplicable se refiere y en el estado actual de las cosas, aquellos
deben interpretarse de forma tal que la regulación del EGCAP y del derecho privado sea de aplicación supletoria,
esto es, solo en la medida en que exista una verdadera laguna o falta de regulación normativa y/o
convencional.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 14 de junio de 2019. Rad. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP). C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. 2) “La finalidad asociativa de los “convenios interadministrativos” previstos en el artículo 95 de la Ley 489
de 1998, en el plano de derecho público en el que se enmarcan, impide una aplicación automática del régimen
contractual de los contratos estatales, imbuido por lo demás por las disposiciones civiles y comerciales, salvo
las materias especialmente reguladas en la Ley 80 de 1993. // En ese sentido, más allá de la concurrencia de
voluntades, se trata de la asunción de objetivos comunes orientados predominantemente por una finalidad de
derecho público que, además de que justifica la existencia de dichos convenios, rebasa o excede el sentido
tradicional del concepto de “contrato”, por lo que, en cuanto a la normativa aplicable se refiere y en el estado
actual de las cosas, aquellos deben interpretarse de forma tal que la regulación de la Ley 80 de 1993 y del
derecho privado sea de aplicación supletoria, esto es, solo en la medida en que exista una verdadera laguna o
falta de regulación normativa y/o convencional.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Rad. 66001-23-33-000-2015-00131-
01(61429). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son
relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso”25.

Ejercicio oportuno de la acción

37. Según el artículo 164, numeral 2, literal j del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la demanda de
controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años
contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la
reclamación. Además, la norma plantea circunstancias especiales que el
cómputo del término planteado por esta premisa general debe observar, y
dependen de si el contrato es de ejecución instantánea, si está sometido o no a
liquidación, y si dicha labor conclusiva del negocio jurídico fue efectuada (de
mutuo acuerdo o de manera unilateral) o no.

38. Ahora, como anteriormente se indicó, en los convenios interadministrativos es
improcedente aplicar de forma automática el régimen del EGCAP, que establece
el deber jurídico legal de liquidar los acuerdos estatales (en caso de que lo
requieran)26 y suple el silencio de las partes cuando no se haya establecido un
término para ello27. En negocios jurídicos como el estudiado se debe contemplar
expresamente la facultad de liquidar el convenio para que ésta pueda ser
ejercida, dado que, de lo contrario, se entiende que las entidades no quisieron
estipular ese trámite28.

39. Pues bien, el acuerdo de voluntades previó expresamente su liquidación bilateral
y unilateral, en estos términos:
“DÉCIMA SÉPTIMA-. LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo de ejecución del convenio, el supervisor procederá a elaborar el acta
de liquidación del mismo, la cual se hará de común acuerdo, mediante acta que suscribirán
las partes y el supervisor. Si alguna de las partes se negare a suscribir el acta de liquidación
o las mismas no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el MINISTERIO hará
la liquidación en forma unilateral mediante acto administrativo motivado susceptible del
recurso de reposición. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes
documentos: a) Informe final del supervisor en el cual se realice un análisis técnico,
administrativo y financiero de la ejecución del convenio y se recomienden los términos y
condiciones de la liquidación del mismo. b) Certificación de saldos del presente convenio,
expedida por el Subdirector de Finanzas y Presupuesto del MINISTERIO”.

40. Así las cosas, el convenio sí requería ser liquidado por voluntad expresa de las
partes. Con todo, en el expediente no obra acta de liquidación bilateral firmada
por las entidades cooperantes29 ni consta un acto de liquidación unilateral que
desarrolle la facultad dispuesta en la cláusula décima séptima, de manera que
no se acreditó que dicha labor fuese adelantada de mutuo acuerdo ni de forma

25 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Rad. 11001-03-06-

000-2015-00102-00 (2257). C.P. Álvaro Namén Vargas.
26 Ver: Ley 80 de 1993, artículo 60.
27 Ver: Ley 1150 de 2007, artículo 11.
28 En ese sentido, la Subsección ha señalado que “son las partes las que definen las reglas a las cuales están

sometidos los convenios de que trata el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “sin que pueda hacerse prevalecer
la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”. Esto significa que no se puede imponer
el trámite liquidatorio, no sólo el unilateral, sino también el bilateral, si las partes no lo han pactado
expresamente.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 1° de diciembre de 2023. Rad. 20001233300020140007301 (58442). C.P. María Adriana Marín.
29 Solo consta en el expediente el proyecto de acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo núm.

079 de 2013 que remitió el Minvivienda al Municipio a través del oficio 2016EE0108484 del 18 de noviembre de
2016: f. 122-125, c. 1.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

unilateral por el Ministerio. En este contexto, conforme a la normativa procesal30,
el cómputo del término para hacer ejercicio oportuno del derecho de acción, sin
que se haya producido la liquidación del convenio, debía considerar tanto el
lapso de 4 meses pactado por las entidades para adelantar dicha labor, como el
tiempo de 2 meses que confiere el CPACA a la liquidación unilateral en vista de
que esa facultad fue estipulada expresamente31.

41. Así, a partir del 31 de diciembre de 2015, fecha de expiración del plazo de
ejecución, según la última prórroga pactada32, la actora tenía hasta el 30 de junio
de 2018 para ejercer oportunamente su derecho de acción. En vista de que la
fecha de radicación de la demanda (20 de marzo de 2018)33 es anterior al límite
temporal recién anotado, se concluye que fue presentada en término, incluso sin
considerar el trámite de conciliación extrajudicial convocado por la parte actora34.

Legitimación en la causa

42. Como el Ministerio y el Municipio son partes del convenio interadministrativo que
motiva la demanda, están respectivamente legitimadas en la causa por activa y
por pasiva dentro del presente proceso.

Problemas jurídicos a resolver

43. A partir de lo delineado por el recurso de apelación, le corresponde a la Sala de
Subsección responder estos interrogantes:

44. ¿El Municipio incumplió el convenio interadministrativo núm. 079 de 2013
suscrito con el Minvivienda por no completar la ejecución de las obras del
proyecto de mejoramiento integral dentro del plazo convenido, dejar de entregar
informes trimestrales y no responder satisfactoriamente las observaciones de la
supervisión?

45. De encontrarse probado el incumplimiento de las obligaciones del Municipio ¿Es
procedente condenar a la entidad territorial a devolver los aportes hechos por el
Ministerio y al pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio?

46. ¿Es procedente emitir un pronunciamiento concreto acerca de la pretensión de
“Ordenar la liquidación” del convenio formulada por el Ministerio?

30 CPACA – Artículo 164, núm. 2, literal j), ap. v).
31 En ese sentido, la Subsección B precisó recientemente que “en los casos de este tipo de convenios, así como

en los contratos no sometidos a la Ley 80 de 1993, el cómputo del término de caducidad previsto en el aparte v
del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, debe sujetarse a la forma en que las partes hayan
regulado la liquidación en el convenio o contrato.// a.- Si las partes solo pactaron la liquidación bilateral, el
término de caducidad se computará desde el vencimiento del plazo pactado para llevarla a cabo, o en su
defecto, desde los 4 meses previstos en el referido aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA. // b.- Si las partes pactaron tanto liquidación bilateral como unilateral, la caducidad se contará desde el
vencimiento del plazo pactado en el contrato y, en su defecto desde el vencimiento de los 2 meses previstos en
el aparte v del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA para realizar la liquidación unilateral.”: Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 20 de mayo
de 2024. Rad. 47001-23-33-000-2020-00580-01 (70086). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
32 En el otrosí núm. 2 al convenio interadministrativo de asociación núm. 079 de 2013: f. 18, c.1.
33 F. 162-169, c. 1.
34 Que suspendió el término de caducidad entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, según consta

en el acta de no acuerdo conciliatorio de la Procuraduría 27 Judicial para Asuntos Administrativos: f. 145, c.1.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

47. ¿Es improcedente la condena en costas en el presente proceso, promovido por
la Nación en contra de una entidad territorial, por considerarse que en el asunto
se ventila un interés público?

48. Para resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala realizará un recuento de
los hechos jurídicamente relevantes que pueden ser identificados a partir de las
pruebas y actuaciones obrantes en el expediente.

Hechos jurídicamente relevantes

49. De acuerdo con el apartado considerativo del convenio, éste formó parte de la
“propuesta de mejoramiento integral del asentamiento las delicias” en la que se
“identificaron como principales obras a ejecutar, los siguientes componentes:
Sistema Vial Local, Sistema Peatonal, Espacio Público, Reasentamiento,
Proyecto Comunal”35, financiado con recursos del “Contrato de Préstamo BID
1951/OC-CO” suscrito entre la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Pese a que estos documentos no fueron allegados al expediente, las
partes los reconocieron en el texto del acuerdo de voluntades36, y ninguna de
ellas controvirtió su existencia en el curso del proceso judicial.

50. Antes de la suscripción del negocio materia de este litigio, el Minvivienda, el
Municipio y el Departamento del Tolima celebraron el convenio
interadministrativo 045 del 21 de noviembre de 2012, con el fin de “aunar
esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para establecer el diagnóstico
real y actualizado del asentamiento”, por un valor total de $523.599.222,
constituido por los aportes de las tres entidades que celebraron dicho negocio,
y cuyos recursos fueron girados a la subcuenta37 del encargo fiduciario
constituido el 16 de junio de 1999 entre el Municipio y la Fiduciaria Popular S.A.
En el mencionado instrumento, se indicó que el Municipio adelantaría los
procesos de selección, siguiendo los lineamientos del contrato de préstamo
suscrito con el BID. Aun cuando este documento tampoco fue aportado al

35 Numeral 11 (f. 7, c. 1)
36 Según el numeral 7 del apartado de consideraciones (f. 6, c. 1): “… el Ministerio en el marco del Contrato de

Préstamo BID 1951/OC-CO, puso en marcha un programa piloto de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB,
por medio de la financiación de actividades que promuevan la integración física y social de las áreas informales
a la ciudad formal, a través de mejoras en la infraestructura urbana y la oferta de servicios sociales, de tal
manera que se incentiva la participación de la comunidad, la articulación de esfuerzos de los diferentes actores
tanto del nivel nacional como del nivel local que intervienen en el territorio, a través del mejoramiento en las
condiciones de habitabilidad y entorno, enfocado a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las familias
más vulnerables, apoyando: (i) el desarrollo de estudios de prefactibilidad para el mejoramiento integral de
quince (15) asentamientos ubicados en igual número de municipios; y (ii) elaboración de estudios y diseños
definitivos para la construcción de las obras de mejoramiento integral de seis (6) asentamientos ubicados en
igual número de municipios (iii) ejecución de obras y acciones para el mejoramiento integral de seis (6)
asentamientos localizados en igual número de municipios. Este programa se financia con recursos del préstamo
BID 1951/OC-CO, suscrito entre el gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tiene
como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de menores recursos a través del acceso a
mejores condiciones habitacionales y de entorno”. Así mismo, en el numeral 8 se relató: “De acuerdo con el
modelo operativo propuesto para la ejecución del programa, el Ministerio en el año 2009 seleccionó a los
municipios de Leticia, Apartadó, Barrancabermeja, Cúcuta, Florencia y Buenaventura, para adelantar los
proyectos demostrativos. De igual manera, replicando el esquema de gestión y las lecciones aprendidas, puso
en marcha con recursos propios, la intervención en el Municipio de Pereira y en el año 2012 el seleccionó a los
Municipios de Ibagué y Manizales apoyando la elaboración de estudios y diseños definitivos para la construcción
de obras, con recursos del crédito BID 1951/OC-CO y recursos propios, respectivamente”.
37 Denominada “Encargo fiduciario municipio de Ibagué – proyecto de mejoramiento integral de barrios”

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

expediente, las partes lo tuvieron en cuenta en la motivación del Convenio 079
de 201338 y no lo desconocieron durante el presente trámite.
51. En el acápite de consideraciones del convenio 079 de 2013 se refirió que, para
el momento de su suscripción, el acuerdo tripartito del año 2012 continuaba en
ejecución. No obstante, el Ministerio y el Municipio estimaron lo siguiente:
“… necesario desde ya suscribir el convenio que garantice los recursos para proseguir con
la fase subsiguiente, esto es, la ejecución de las obras, de manera tal que en tanto se cuenta
con los estudios y diseños definitivos, el Ministerio y el Municipio puedan ir adelantando
actividades tales como constitución de la Subcuenta del Encargo fiduciario del Municipio con
el objeto de que administre y realice los pagos que se soliciten con cargo a los dineros
aportados por las partes en virtud del presente convenio; la incorporación de los recursos
aportados por el Ministerio al presupuesto del Municipio; conformación de la Unidad Técnica
Ejecutora Local; la estructuración preliminar de los documentos necesarios para adelantar
los procesos de contratación de las obras y su respectiva interventoría; actividades todas
éstas que dada la experiencia en convenios similares demandan un tiempo considerable,
por lo que su realización con cierta antelación, permitirá que una vez se cuente con los
estudios y diseños definitivos, el Municipio pueda casi en forma inmediata iniciar los
procesos de selección; lo cual garantizará que dichas obras sean contratadas con la
celeridad requerida y asegurará su ejecución en los plazos previstos”.

52. Las obligaciones del Municipio, en el marco del convenio 079 de 2013, fueron
enlistadas en la cláusula segunda:
“SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Constituir la subcuenta en el encargo
fiduciario del Municipio con el objeto de que administre y realice los pagos que se soliciten
con cargo a los dineros aportados por las partes en virtud del Convenio. 2. Incorporar en su
presupuesto los recursos aportados por el MINISTERIO en los tiempos y montos en que ello
sea requerido. 3. Consignar en la subcuenta del encargo fiduciario los recursos
correspondientes al aporte a que se obliga en virtud del presente convenio. 4. Sufragar los
costos del encargo fiduciario con recursos propios diferentes a los aportados para la
ejecución del presente convenio. 5. Destinar los recursos aportados por el MINISTERIO y
por el MUNICIPIO exclusivamente a la ejecución del PROYECTO. 6. Garantizar que los
recursos aportados por las partes sean administrados única y exclusivamente a través del
encargo fiduciario que para el efecto establezca el MUNICIPIO. 7. Garantizar la vigencia del
encargo fiduciario, durante el plazo de ejecución del convenio. 8. Asumir los costos y realizar
las acciones necesarias para reasentar la población, en el caso que se encuentre ubicada
en las vías o espacios públicos determinados en el proyecto urbanístico o que se encuentre
en condiciones de riesgo. 9. En caso de incumplimiento, reintegrar la totalidad de los
recursos aportados por el Ministerio incluidos los rendimientos financieros, a la cuenta que
éste le indique, dentro del mes siguiente al requerimiento del Ministerio. 10. Vencido el
convenio y cumplido su objeto, reintegrar los recursos no ejecutados incluidos los
rendimientos financieros, a la cuenta que éste le indique. 11. Conformar, designar y
mantener en operación la Unidad Técnica Ejecutora Local - UTEL, durante la vigencia del
convenio, la cual deberá estar conformada como mínimo por profesionales de las áreas
social, técnica, financiera y jurídica, designando por escrito el Coordinador de la misma.
NOTA: Los recursos que financien la UTEL serán adicionales al aporte del MUNICIPIO
requerido para el desarrollo del proyecto y acordado en el convenio. 12. Recibir, previo visto
bueno por parte de la interventoría, los productos y/o bienes y/o obras que resulten del
cumplimiento del objeto de este convenio. 13. Los bienes que sean adquiridos y/o las obras
que sean construidas con recursos del Convenio, pertenecerán al MUNICIPIO, quien
asumirá su cuidado y mantenimiento. Para tales efectos, el MUNICIPIO deberá entregar al
MINISTERIO informes semestrales sobre el estado y mantenimiento de las obras ejecutadas
y bienes adquiridos en el marco del Convenio, una vez concluidas y entregadas las obras y
durante un periodo de dos (2) años contados a partir de la terminación de las mismas. 14.
Vigilar y exigir, a través de la interventoría de las obras contratadas por el municipio para
ejecutar el proyecto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción
correspondientes y pertinentes. 15. Garantizar que el proyecto se ejecutara en terrenos de
su propiedad o en proceso de legalización urbanística. En ningún caso los recursos del

38 De acuerdo al numeral 12 de los considerandos del convenio (f. 7, c. 1.): “… el Ministerio en alianza estratégica

con el Municipio de Ibagué y el Departamento del Tolima financia la ejecución del proyecto de mejoramiento
integral de barrios en su fase de estudios y diseños definitivos, suscribiendo el convenio interadministrativo No.
045 del 21 de noviembre de 2012, por un valor total de $523.599.222, de los cuales el Ministerio aporta la suma
de $418.879.378, el Municipio $54.719.844 y el Departamento $50.000.000”.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

proyecto serán invertidos en la compra de terrenos. 16. Tramitar los permisos, viabilidades
aprobaciones que se requieran para la legalización urbanística del asentamiento en caso de
requerirse, la titulación de los predios y la aprobación de los diseños ante las entidades
municipales competentes, asumiendo los costos y tiempos que se requieran para tal
propósito. 17. Contratar las obras objeto del convenio con su respectiva interventoría técnica,
administrativa, financiera, contable y jurídica, y la ejecución de las obras del barrio Las
Delicias en el Municipio de Ibagué - Tolima, para lo cual deberá adelantar los procesos de
selección, dando aplicación a la normativa nacional vigente sobre la materia. Dichos
procesos, tan solo podrán iniciarse una vez se cuente con los estudios y diseños definitivos
contratados en el marco del Convenio No. 045 de 2012 celebrado entre el Ministerio, el
Municipio y el Departamento del Tolima. 18. Acatar el procedimiento de supervisión del
MINISTERIO teniendo en cuenta lo indicado en la Resolución 0672 del 01 de octubre de
2012, articulo 79. "Funciones del Supervisor* para el seguimiento del Convenio. 19. Ejercer
la supervisión del contrato de interventoría y del Convenio [sic]. 20. Preparar y presentar
informes trimestrales de avance sobre la ejecución del PROYECTO y del Convenio, en los
términos que el MINISTERIO establezca para tal fin. 21. Documentar los procesos que se
desarrollen en virtud de la ejecución del PROYECTO, es decir, mantener una secuencia
ordenada de los documentos que soporten las actividades, tareas y acciones realizadas en
cumplimiento de las obligaciones del convenio. 22. Asumir los costos y realizar las acciones
necesarias para reasentar la población, en el caso en que se encuentre ubicada en las vías
o espacios públicos determinados en el proyecto urbanístico, o que se encuentre en
condiciones de riesgo. 23. Ejercer el control urbano en el área objeto del PROYECTO, es
decir, evitar la ocupación de la misma”.
53. Por su parte, según la cláusula cuarta del convenio, las obligaciones del
Minvivienda consistieron en: (i) girar los recursos comprometidos en las
cláusulas sexta y séptima; (ii) prestar asistencia técnica al Municipio “en las
acciones que se consideren necesarias para el buen desarrollo del proyecto de
mejoramiento integral de barrios”; (iii) ejercer “la supervisión del convenio”, y (iv)
las “demás que se deriven de la naturaleza del convenio”. Sobre la supervisión
del convenio, la cláusula octava dispuso lo siguiente:
“OCTAVA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión del presente convenio, se ejercerá
por intermedio del Director de Espacio Urbano y Territorial o quien designe por escrito el
ordenador del gasto, quien tendrá las funciones que por índole y naturaleza del encargo le
son propias y, en especial las siguientes: a) Certificar la ejecución del convenio dentro de las
condiciones acordadas; b) Elaborar y firmar las actas respectivas; c) Verificar y exigir la
adecuada ejecución del presente convenio; d) Hacer seguimiento a los vencimientos de
términos del presente Convenio y las adiciones, prórrogas o modificaciones a que haya
lugar. […] e) Informar oportunamente al MINISTERIO sobre el desarrollo del presente
Convenio; f) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que
estime convenientes sobre el desarrollo del Convenio; g) Elaborar el acta de liquidación del
convenio […]”

54. El plazo del convenio fue originalmente pactado “hasta el 31 de diciembre de
2013”. Sin embargo, fue prorrogado en dos ocasiones: (i) con el otrosí núm. 1
del 24 de diciembre de 201339, la extensión del término fue pactada hasta el 31
de octubre de 2014, en razón a la demora por los trámites de prórroga del crédito
con el BID, que financiaban los estudios y diseños, y que alteró el cronograma
previsto para iniciar la licitación pública con la que se contratarían las obras; (ii)
mediante el otrosí núm. 2 del 31 de octubre de 201440 fue ampliado el plazo
hasta el 31 de diciembre de 201541, medida justificada en que no había podido
iniciarse la licitación, debido a “los trámites que conllevó las aprobaciones por
parte de las entidades municipales a los estudios y diseños” confeccionados por
el consultor.

39 F. 17, c.1.
40 F. 18, c. 1.
41 Además, se adicionó el convenio en mil millones de pesos ($1.000.000.000) de aporte del Municipio,
incrementando el valor total del negocio en cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000).

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Referencia: Controversias contractuales

55. El 8 de julio de 2015, la supervisora del convenio designada por el Ministerio
requirió al Municipio para informar sobre las gestiones para iniciar los
procedimientos de selección42. 56. El Minvivienda, por conducto de un funcionario que se identificó como
“Profesional Especializado DEUT – PMIB”43, remitió los siguientes mensajes por
correo electrónico44: Fecha Contenido
17 de junio “Según lo conversado, retomemos el plazo inicial de ejecución de las obras a
de 2015 ocho (8) meses, igual ya toca pasar la presente vigencia y podríamos tener
problemas para el contrato de interventoría. De acuerdo con lo estipulado en el Convenio 979/13 suscrito entre el Ministerio
y el Municipio, solicitamos tener en cuenta la CLAUSULA [sic] SEGUNDA: Numeral 18 […] lo anterior, frente a los procesos de selección del contratista de
obras, como de la interventoría.” (Se subraya)
31 de julio “… envío de manera respetuosa el concepto de MVCT en referencia al proceso
de 2015 de selección de la Interventoría y las obras correspondientes al proyecto MIB Las
Delicias: Conforme a la experiencia del Ministerio en procesos de Mejoramiento integral
de Barrios a nivel nacional, y desde el concepto técnico, se ha evidenciado que
los procesos constructivos no dependen únicamente de la cantidad de personal
que se incorpore en la ejecución de las actividades, al ser un proceso secuencial
(se debe realizar la infraestructura de redes, previo a las vías y andenes, por ej.),
no es eficiente contar con un número mayor del personal al que realmente se
requiera en cada actividad. Para el caso específico del proyecto Las Delicias, se tiene que las actividades de
redes y saneamiento básico, presentan dificultades desde el punto de vista
morfológico del territorio, que afecta el normal desarrollo de las obras,
principalmente por el difícil acceso al sitio donde se realizara [sic] la construcción
de la PETAP y que se vuelve la ruta crítica de todo el proyecto, estimado en un
tiempo no menor a ocho (8) meses. En aras de evitar procesos disciplinarios a futuro por falta de planeación, el MVCT
solicita tener en cuenta la necesidad de contar con la Interventoría de manera
Global para todo el proceso de la construcción, para lo cual se propone, en vista
del cambio de vigencia, que el plazo se establezca en los siguientes términos:
"La duración del presente contrato será mínimo igual al plazo estipulado en el
contrato de obra o hasta la terminación de la misma sin exceder 2 veces el
mismo". Vale la pena recordar que estos procesos de contratación, se encuentran
enmarcados dentro del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 079 de
2013, suscrito entre el Municipio de Ibagué y el MVCT, con un aporte por parte
del Ministerio de $3.200 millones de pesos y en consecuencia se designó la
supervisión de dicho Convenio por parte del MVCT a la coordinadora del PMIB,
la Arquitecta Carolina Carmona Flórez. Agradecemos la voluntad por parte del Municipio de Ibagué en respetar las
diferentes solicitudes realizadas por el PMIB, las cuales están encaminadas en
desarrollar la totalidad del proyecto, dentro del marco legal y técnico establecido,
en bien del grupo social que será beneficiado con el mismo”. 18 de “… de manera atenta nos permitimos realizar observaciones al borrador de pliego
agosto de publicado en la página del SECOP: 2015
[…] Numeral 4.4. Plazo: Se había acordado un plazo de cuatro (4) mese,
aclarando que es un tiempo muy reducido para las condiciones de ejecución que
se presentarán en obra”. 1 de “En el borrador del Pliego no se menciona el plazo del Contrato, este se indica
septiembr en los estudios previos por 4 meses y en el aviso de convocatoria por 6 meses;
e de 2015 esta Supervisión reitera la necesidad de contar con un plazo en contratación
inicial mínimo de seis (6) meses, ya que se reitera, que un plazo de cuatro (4)
meses, es un tiempo muy reducido para las condiciones de ejecución que se
presentarán en obra”.

42 Oficio núm. 2015EE0064398 del 8 de julio de 2015: f. 39, c. 1.
43 Dirección de Espacio Urbano y Territorial – Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
44 Soportes impresos en: f. 35-40, c. 1.

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57. Posteriormente, en oficio del 2 de septiembre del mismo año45, la funcionaria
supervisora del convenio invocó los correos electrónicos antes referidos para
señalarle al Secretario de Planeación municipal que “los plazos de ejecución de
los mencionados contratos son insuficientes para lograr la totalidad de las
actividades” del plan de mejoramiento del barrio “Las Delicias”. Asimismo,
atribuyó la “demora en los plazos causados [sic] para estos procesos de
selección son de absoluta responsabilidad del Municipio y no pueden afectar el
normal proceso de las obras del PMIB”.

58. Mediante documento del 8 de septiembre de 201546, la supervisión del convenio
advirtió a la autoridad del Municipio, siguiendo la línea expuesta en
comunicaciones anteriores, que los plazos de los futuros contratos
desconocerían el principio de planeación47 y solicitó que “no se de [sic] apertura
a los procesos de selección definitivos, hasta tanto conjuntamente acordemos
los correctivos, para que las contrataciones se ajusten a la realidad de su
ejecución”.

59. El Municipio, con oficio del 15 de septiembre de 201548, respondió que ampliar
el plazo de ejecución de los contratos era “inviable presupuestalmente” a través
de vigencias futuras. Empero, en oficio del 2 de octubre de 201549, la supervisión
desestimó los argumentos del Municipio, en tanto podían tramitarse “vigencias
futuras excepcionales” e insistió en la ampliación y ajuste de los plazos
contractuales.

60. El 22 de octubre de 2015, el Municipio adjudicó la licitación pública 50 núm. 016
de 2015 al “CONSORCIO MEJORAMIENTO 2016”, con el que celebró el
contrato de obra 3118 el 26 de noviembre de 201551. En la misma fecha, la
entidad territorial adjudicó el contrato de interventoría sobre las obras52 al
“CONSORCIO IBAGUE URBANO”, que dio lugar a la suscripción del contrato
de consultoría 3119 del 27 de noviembre de 201553.

61. El 9 de diciembre de 2015, se adelantó una reunión54 entre las partes del
convenio 079 de 2013 para verificar el cumplimiento de las obligaciones
pactadas. Mientras que la supervisión del convenio sostuvo que la entidad
territorial incurrió en incumplimiento de sus obligaciones por iniciar y adjudicar
los contratos desconociendo las observaciones, los funcionarios del Municipio
defendieron los tiempos pactados en los contratos de obra e interventoría.

45 Oficio núm. 2015EE0083008 del 2 de septiembre de 2015: f. 41, c. 1.
46 Oficio núm. 2015EE0085419 del 8 de septiembre de 2015: f. 42-45, c. 1.
47 “… pretender adelantar procesos de selección para contrataciones cuyo objeto y alcances no podrán
ejecutarse antes del 31 de diciembre del año en curso, señalando que el plazo para las obras es de cuatro (4)
meses y la interventoría de cuatro (4) meses, no consulta dicha realidad, desconociendo, entre otros, el principio
de planeación en el contrato estatal…”
48 Oficio 1011-57493 del 15 de septiembre de 2015: f. 45-49, c. 1.
49 Oficio 2015EE0095299 del 2 de octubre de 2015: f. 50-56, c. 1.
50 Resolución núm. 4256 del 22 de octubre de 2015: f. 59-60, c.1.
51 El texto del contrato de obra no fue aportado al expediente.
52 Resolución núm. 4255 del 22 de octubre de 2015: f. 57-58, c. 1.
53 F. 160-162, c. 3. El objeto contractual consistía en la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, PARA EL BARRIO LAS DELICIAS,
INCLUYENDO LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIOS, EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ – TOLIMA”.
54 Acta: f. 68-77, c. 1.

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62. Empero, el 16 de diciembre de 2015, la supervisión del convenio, al encontrar
inviable que el Municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría
por un plazo inferior al que consideraba apto, solicitó el reintegro de los aportes
del Ministerio junto con sus rendimientos financieros55.

63. El 30 de diciembre de 2015, el entonces alcalde del Municipio negó la solicitud
de reintegro de la suma aportada por el Ministerio, porque, según sostuvo, la
entidad territorial que representaba no había incumplido con sus obligaciones.
En ese sentido, solicitó la prórroga del convenio en siete (7) meses, “contando
los términos de ejecución contractual que suman tres (3) meses y el término de
cuatro (4) meses” para liquidarlo56.

64. Sin embargo, la supervisión del convenio expresó57 su posición de “dar por
terminado el Convenio”, reiteró su criterio acerca del incumplimiento del
Municipio y rechazó la solicitud de prórroga por estimarla no oportuna ni
justificable por lo acontecido durante la ejecución.

65. El plazo del convenio venció el 31 de diciembre de 2015, fecha para la cual las
obras convenidas no habían sido ejecutadas ni recibidas.

66. El 22 de febrero de 2016, la Secretaria de Infraestructura del Municipio remitió
al Ministerio el informe de interventoría58 al contrato de obra 3118 del 2015, en
el que el interventor, el contratista de obra y la entidad contratante solicitaron al
Minvivienda la prórroga del “tiempo de ejecución del Contrato por Cuatro (4)
Meses, para poder dar cumplimiento con el alcance del contrato celebrado y
ejecución de las actividades programadas”. La supervisión del convenio
respondió59 que no era viable la justificación presentada en el informe, e instó al
Municipio a adelantar la liquidación del convenio y a realizar la “devolución de la
totalidad de los aportes del Ministerio, con los respectivos rendimientos
financieros”.

67. La supervisión del convenio requirió, nuevamente, la devolución de los aportes
del Ministerio, mediante oficio del 11 de mayo de 201660. El entonces alcalde
municipal contestó que había cumplido todos los compromisos asumidos en el
convenio y, por lo tanto, no estaba “obligado a hacer reingreso de los recursos
ya ejecutados dentro del marco del convenio”.

68. El Consorcio Ibagué Urbano presentó al Municipio informe de interventoría 61 de
obra del mes de diciembre de 2017, para el periodo comprendido entre los días
1 a 13 de dicho mes y año. Allí se expuso:
“Con base en las necesidades de la comunidad del barrio las Delicias y en las deficiencias
en la infraestructura del sector, se llevaron a cabo una serie de obras enmarcadas dentro
del contrato de obra 3118 de 2015, las cuales se desarrollaron conforme a las características
y requerimientos del proyecto, resaltando que las mismas han sido culminadas y entregadas
en debida forma a la entidad contratante. Así las cosas y una vez ejecutada el 100% de la

55 Oficios 2015IE0015575 del 16 de diciembre de 2015 (f. 61, c. 1.) y 2015EE0119626 del 21 de diciembre de

2015 (f. 62-63, c. 1.).
56 Oficio 082758 del 30 de diciembre de 2015: f. 80-89, c.1.
57 Oficio 2015EE0121759 del 31 de diciembre de 2015: f. 90-91, c. 1.
58 F. 92-104, c. 1.
59 Oficio 2016EE0037055 del 4 de mayo de 2016: f. 105, c. 1.
60 Oficio 2016EE0038949 del 11 de mayo de 2016: f. 106-107, c. 1.
61 F. 228-256, c. 2.

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meta física, se establece de forma conjunta entre contratista e interventoría, el balance final
de las actividades, cantidades acumuladas y alcance final del proyecto, en donde se
evidencia que sobran recursos por valor de 882'473.345,87 que deben ser reintegrados a la
entidad promotora del proyecto.
[…] Según la programación ejecutada por el contratista dentro del periodo establecido
contractualmente, se presenta un avance acumulado de 78.70% en donde se realizaron una
serie de ajustes y correcciones a las obras desarrolladas, las cuales fueron entregadas a la
interventoría y a la supervisión designada por la Alcaldía de Ibagué. Es de resaltar que dentro
de la ejecución presupuestal del contrato y una vez culminadas las actividades contractuales,
queda un remanente de recursos de $882.473.345,87, los cuales deben ser reintegrados”.

69. El contrato de obra 3118 del 26 de noviembre de 2015 fue liquidado
bilateralmente mediante acta62 del 24 de agosto de 2018. Según este
documento: (i) el negocio jurídico se ejecutó entre el 29 de diciembre de 2015 63
y el 13 de diciembre de 201764; (ii) tuvo un plazo inicial de tres meses, que se
prorrogó por dos más; (iii) se pactaron 4 suspensiones65; (iv) las obras
ejecutadas al 100% de la meta física fueron: la construcción de bocatomas,
tanques, cajas de concreto, excavaciones y rellenos, instalación de tuberías y
ventosas, planta de tratamiento de agua potable, laboratorio para tratamiento
químico de agua, redes de alcantarillado, pavimentación de vías, plazoleta del
centro comunitario, zonas deportivas y de juegos infantiles; (v) reiteró lo
informado por la interventoría, en el sentido de que quedó un “porcentaje por
ejecutar” del 21,30%; (v) el supervisor de dicho contrato manifestó que “el objeto
y las obligaciones del contrato fueron ejecutados (as) y recibidos (as) a entera
satisfacción por parte del Municipio”; (vii) el contratista expresó que solicitó
autorización del Municipio “para la construcción de algunas vías del barrio las
delicias, con el fin de lograr la ejecución total del valor contractual, pero esta
solicitud fue negada por el municipio […] y posteriormente el ente ejecutor (sic)
procedió a liquidar el contrato”. Además, fue plasmado el siguiente balance de
obra:
Balance del contrato
Valor del contrato $ 4.142.533.141,87
Valor del anticipo/Pago anticipado
Valor del Acta Parcial No. 1 $ 729.130.875,00
Valor del Acta Parcial No. 2 $ 1.046.463.068,00
Valor del Acta Parcial No. 3 $ 825.795.070,00
Valor del Acta Parcial No. 4 $ 505.141.092,00
Valor del Acta Parcial No. 5 $ 153.529.692,00
SALDO DE LAS OBRAS NO $ 882.473.344,87
AUTORIZADAS A EJECUTAR
Sumas Iguales $ 4.142.533.141,87 $ 4.142.533.141,87

70. El contrato 3119 del 27 de noviembre de 2015, de interventoría de obra, fue
liquidado bilateralmente con acta suscrita el 24 de agosto de 2018 66. Allí las
partes del negocio jurídico indicaron que tuvo idéntica duración, suspensiones y
prórrogas que las del contrato de obra, y tanto el supervisor como el ordenador
del gasto dieron cuenta de su correcta ejecución.

62 F. 275-285, c. 2.
63 Fecha del acta de inicio.
64 Fecha del acta de recibo final.
65 Que ocurrieron el 30 de diciembre de 2015 y el 22 de junio de 2016; del 22 de julio al 22 de agosto de 2016;

del 20 de octubre de 2016 al 17 de marzo de 2017; y del 3 de mayo al 1 de diciembre de 2017.
66 F. 265-274, c. 2.

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Análisis de los cargos del recurso de apelación, en función de las
pretensiones del Ministerio por incumplimiento del convenio 079 de 2013

71. A partir de los hechos probados relatados en el acápite anterior, esta Sala
encuentra que las obligaciones asumidas por el Municipio en razón del
convenio67 sí incluían el deber de concluir los contratos dentro del plazo
convencional, así como el débito de adelantar todas las actividades
encaminadas a ese propósito: tramitar los procedimientos de selección de los
contratistas de obra y de interventoría de obra hasta su adjudicación, celebrar
los contratos de obra e interventoría, e iniciar la ejecución de los contratos.

72. Esto se deduce, en primer término, de las razones68 que antecedieron y
justificaron la celebración del convenio 079 de 2013, y de su propio objeto, en el
que se expresó la intención de aunar esfuerzos para ejecutar la fase 2 del
proyecto de mejoramiento integral del barrio “Las Delicias”, ideado para efectuar
la “ejecución de las obras” hasta su finalización. Este propósito no se agotaba
en realizar las acciones encaminadas a lograr esa finalidad, tales como la
administración de los recursos, la conformación de la Unidad Técnica Ejecutora
Local –UTEL que desempeñaría su labor en la administración municipal69, y
confeccionar los documentos precontractuales. En otros términos, la fase 2 del
proyecto no buscaba únicamente iniciar la etapa contractual de las obras y de la
interventoría debido al “tiempo considerable” que demandaba realizar las
actividades que la comprenden, sino que tuvo como propósito que las obras
concluyeran, esto es, se ejecutaran satisfactoriamente durante la vigencia del
convenio.

73. En ese contexto, aunque en ninguna de las obligaciones a cargo del Municipio
se haya establecido expresamente la de terminar la ejecución de los contratos
de obra e interventoría, ni se especificó que los plazos de tales negocios jurídicos
debían tener inicio y finiquito mientras el convenio interadministrativo estuviera
en vigor, fue de la naturaleza de la relación convencional que la entidad territorial
garantizara que las obras fueran ejecutadas, cumpliendo así con el objeto del
convenio, que no era otro al de culminar las construcciones establecidas en el
proyecto.

67 Específicamente, en la cláusula segunda, numeral 17, del convenio.
68 Se rescata especialmente que las partes previeron que, “una vez se cuente con los estudios y diseños

definitivos, el Municipio pueda casi en forma inmediata iniciar los procesos de selección; lo cual garantizará que
dichas obras sean contratadas con la celeridad requerida y asegurará su ejecución en los plazos previstos” (se
subraya).
69 De acuerdo con la cláusula tercera del convenio, la UTEL funcionaría en la Alcaldía Municipal, estaría

integrada por personas designadas por la Secretaría de Planeación del Municipio, y tendría las funciones de: “i.
Elaborar los respectivos documentos para la contratación de los trabajos inherentes al PROYECTO, aplicando
las normas de contratación vigentes. ii. Apoyar la supervisión del convenio por parte del Municipio y las
actividades que se deriven de la ejecución del mismo. iii. Elaborar los informes técnicos, jurídicos, financieros y
sociales del PROYECTO. iv. Proponer, sugerir y ejecutar las acciones necesarias para el adecuado
cumplimiento del objeto del Convenio. v. Mantener informado, en la manera que sea requerida, al MUNICIPIO
y al MINISTERIO sobre el avance del PROYECTO. vi. Prever las dificultades y recomendar las posibles
soluciones en desarrollo del PROYECTO. vii. Trabajar armónica y solidariamente con la interventoría contratada
por el Municipio, así como también con el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO. Viii. Articular
las acciones de las diferentes dependencias o entidades del MUNICIPIO, cuyas competencias confluyen en el
barrio en el cual se desarrollará el PROYECTO. ix. Preparar y remitir los informes que tanto el MUNICIPIO como
el MINISTERIO le soliciten en relación con la ejecución del PROYECTO.

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74. A partir de lo anterior, se desprende con claridad el propósito perseguido por las
partes con la suscripción del convenio, conforme al canon interpretativo
contenido en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual: “Conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo
literal de las palabras”. Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Sección,
“[e]sta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la
intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato
y supone que, aun siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una
divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes,
según las circunstancias del negocio jurídico70”. Se ha añadido que “[l]a labor del
juez no se orienta, por supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las
partes71, ni a adulterar sus estipulaciones, sino más bien a la consecución
reflexiva del sentido”72.

75. Así, entendida la intención de las entidades cooperantes, de acuerdo con el
numeral 17 de la cláusula segunda del convenio y su parte motiva, el Municipio
sí debió “Contratar” la obra y la interventoría, y en tal sentido, recibir los trabajos
que “resulten” de la ejecución del convenio (numeral 12), vigilar mediante la
interventoría que las obras cumplieran con las especificaciones técnicas
(numeral 14), garantizar que las construcciones fueran hechas en terrenos del
Municipio (numeral 15), tramitar permisos que requiriera la obra (numeral 16),
reasentar a la población (numeral 8) y, en definitiva, realizar todas las actividades
relacionadas con la ejecución contractual de las obras y de su interventoría,
como parte del proyecto en el que cooperaba con el Minvivienda.

76. Asimismo, las obligaciones del Ministerio y, en particular, sus facultades de
supervisión del convenio, preveían actividades relativas a la culminación de las
obras como parte esencial de la ejecución del convenio, esto es, a la realización
de la fase 2 del proyecto que, se insiste, fue ideada para consumar los trabajos.

77. De esta manera, entiende esta Subsección que el Municipio sí se apartó
formalmente del plazo del convenio, toda vez que, al margen de que adelantó,
adjudicó y celebró los contratos de obra e interventoría dentro del periodo de
ejecución, no concluyó, en esa oportunidad, la totalidad de los trabajos 73. Sin
embargo, ello no comportó un incumplimiento convencional, por la actitud de la
demandante.

78. Justamente, la posición asumida por el Minvivienda durante la ejecución del
convenio no fue consonante con el propósito que debió regir los intereses de
ambas entidades en que las obras fueran concluidas dentro de la vigencia del
acuerdo. Al margen de las justificaciones consagradas en la parte considerativa
del convenio, el Ministerio aceptó que el plazo de ejecución del convenio 079 de
2013, destinado a la fase 2 de construcción, iniciara sin que hubiese concluido

70 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, Rad. 11001-

31-03-019-2011-00361-01 [fundamento jurídico C.1] [Nota al pie en el original].
71 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, Rad. 2001- 06915-

01 [fundamento jurídico 2] [Nota al pie en el original].
72 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

17 de junio de 2024, Rad. 25000-23-26-000-2010-00496-01 (48.755), C.P. William Barrera Muñoz.
73 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia

del 19 de febrero de 2024. Rad. 68-001-23-33-000-2015-00288-01 (62023). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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la fase 1 del proyecto de mejoramiento integral del barrio referida a los estudios
y diseños definitivos, insumos indispensables para el comienzo de la ejecución.
De esta forma, la demandante aceptó desde un principio que el término de la
relación sostenida con el Municipio no estaría completamente destinado a la
ejecución de los trabajos, denotando así la falta de planeación de las dos
entidades involucradas74.

79. Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, el principio de
planeación incorpora un contenido obligacional encaminado al logro de los
objetivos previstos con la ejecución del contrato estatal en cuestión, y su
desconocimiento tiene por consecuencia la configuración de un evento de
incumplimiento negocial en virtud del mandato de la buena fe objetiva, así:
“De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar, con la
debida antelación, las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la
contratación se cumpla sin dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas que
hubieran podido prevenirse, con el estudio diligente de las necesidades del servicio, de
las opciones para satisfacerlas, de las especificaciones de los bienes o de los trabajos
que tiene por objeto, de la disponibilidad de recursos para su ejecución, y de los
permisos, autorizaciones o licencias requeridos75. Si bien, este principio tiene
incidencias en la etapa de formación del contrato, se refleja con mayor importancia en
su ejecución, pues es este el momento en el que las omisiones de la Administración
generan graves consecuencias; razón por la cual su desconocimiento ha sido
considerado como un supuesto de incumplimiento contractual, de acuerdo con el
postulado de la buena fe76”77.

80. A la luz del anterior parámetro, la Sala encuentra que el inicio del plazo
convencional, conforme a lo pactado por las partes, no tuvo en cuenta la
necesidad de que se agotaran previamente las etapas anteriores que
necesariamente incidirían en la ejecución de la Fase II del proyecto de
mejoramiento, sin las cuales las obras -como efectivamente sucedió- no
lograrían completarse dentro del término establecido para ello. Esta conducta
mutuamente contraria a la previsión de los tiempos que llevaría la ejecución de
las obras dentro de la vigencia del convenio también es notoria con las dos
prórrogas al plazo. La primera, por demoras en los trámites de la extensión del
préstamo que el propio Ministerio pactó con el BID; y la segunda por los tiempos
en los trámites de los estudios y diseños ante entidades del Municipio,
situaciones que fueron consentidas por el Minvivienda.

81. Además, como se desprende de las comunicaciones de la supervisión del
convenio, la demandante conocía que no era posible ejecutar por completo los
contratos de obra e interventoría durante el término del acuerdo suscrito con el
Municipio, independientemente de que el plazo inicial de los negocios fuera el
solicitado por la supervisión del Ministerio. En consecuencia, había razones
valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo

74 El deber de planeación es un deber compartido entre las partes que celebran un negocio jurídico, y resulta

exigible desde la óptica de la buena fe objetiva, y de los deberes de lealtad y corrección. Cfr. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2024. Rad.
25000-23-36-000-2018-00308-02 (69775). Párr. 50. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
75 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 14287; de 29 de agosto

de 2007, exp. 15469; de 5 de junio de 2008, exp. 8031; Subsección C, sentencia de 10 de diciembre de 2015,
exp. 51489. [Nota al pie en el original].
76 Ibidem. [Nota al pie en el original].
77 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

17 de junio de 2024. Rad. 20001-23-31-000-2014-00052-01 (58641). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

pactado, por lo que, al negarse a esa petición de la entidad territorial, a través
de la supervisión del convenio que no estaba facultada para rechazar esa
posibilidad, la demandante desconoció la buena fe objetiva.

82. En efecto, la vulneración del principio de buena fe contractual puede observarse
a partir del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho en torno a este mandato.
Así, esta Corporación ha señalado que “el principio de la buena fe contractual es
de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su
esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar
la ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra
parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y
ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe
cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y
corrección de la conducta propia”78. Para el presente caso, estima la Sala que la
conducta apropiada, por parte del Ministerio, para dar cumplimiento al precepto
en mención, era adelantar las actuaciones necesarias para que el Municipio
lograse completar la ejecución de las obras por adelantar dentro de la vigencia
del convenio interadministrativo, como en efecto ya se había realizado en el
pasado ante la suscripción de los otrosíes no. 1 y no. 2 del 24 de diciembre de
2013 y del 31 de octubre de 2014, respectivamente.

83. Por todo lo anterior, aunque el Municipio sí se separó formalmente del plazo del
convenio, los actos del Minvivienda impiden imputar responsabilidad patrimonial
a la entidad territorial. Precisamente, por acceder a la ejecución del convenio sin
concluir los estudios y diseños, reconocer que los contratos no serían
consumados durante el plazo del convenio, y rehusar la extensión del término
del acuerdo de voluntades sin justificación alguna, la entidad demandante no
actuó de conformidad con la buena fe que, así como en las relaciones
contractuales, rige a los convenios interadministrativos79, e impone el deber de
obrar con lealtad, encaminada a la realización del proyecto de mejoramiento
integral del barrio “Las Delicias” como el propósito coincidente de las entidades
en la celebración del convenio que, de acuerdo con lo probado en el proceso, se
cumplió, aunque formalmente por fuera del plazo pactado en el convenio y sus
otrosíes.

84. Comoquiera que, en el presente caso, quedó acreditada la ejecución de las
obras consagradas en el contrato de obra No. 3118 el 26 de noviembre de 2015
(estructurado por el Municipio como entidad contratante), es claro que el objeto
convenido fue cumplido, a pesar de que se hubiera realizado su entrega con
posterioridad al 31 de diciembre de 2015. En ese orden de ideas, no es
procedente la devolución de los recursos que aportó la demandante, ni esta tiene
motivos válidos para alegar, en los términos de su recurso de apelación, que el
Municipio haya ejecutado las obras sin su control ni la cobertura de la póliza de
cumplimiento de las obligaciones del convenio, porque su actuar contribuyó en

78 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia del
22 de junio de 2011 Rad. 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
79 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia

del 26 de julio de 2021. Rad. 08001-23-33-000-2016-01499-01 (61655). C.P. Martín Bermúdez Muñoz. En este
aspecto, cita a la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC3273 del 7 de septiembre de
2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

que los trabajos se ejecutaran por fuera del marco temporal formalmente
pactado en el convenio interadministrativo y sus prórrogas. Aunado a ello, la Sala
no encuentra que el ente territorial estuviese limitado a una serie de parámetros
para la estructuración del proceso de selección y la ejecución del contrato de
obra derivado, sino que se le otorgó libertad para ello en los términos del numeral
17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo80.

85. Por otra parte, aunque el Municipio tenía el deber de acatar el procedimiento de
supervisión del Ministerio, y de presentar informes trimestrales de avance sobre
la ejecución que se comprometió a rendir, los únicos elementos de juicio que
expresan dichas circunstancias son los propios informes de la supervisora
designada por la entidad actora. Así las cosas, la sola militancia de estos
documentos no satisface la carga probatoria por parte de dicha cartera de
acreditar el incumplimiento, toda vez que los medios de convicción no pueden
limitar a los producidos por la misma parte interesada en acreditar un hecho que
provoque el efecto jurídico pretendido por esta81. Además, valorando este acervo
documental de manera armónica con el informe ejecutivo de diciembre de 2017
allegado por la demandada, se observa la relación de los diferentes ítems que
fueron finalmente entregados como parte del programa de mejoramiento integral
del barrio las Delicias de Ibagué, tal y como lo reconoció el Tribunal de primera
instancia, motivo por el cual existe prueba en contrario frente a la aseveración
del Ministerio.

86. Adicionalmente, el incumplimiento sancionable de las obligaciones pactadas en
un convenio interadministrativo no es aquel que frustre los móviles exclusivos de
una de las partes, vista en ese evento como acreedora frente a su contraparte
deudora, sino el que afecte de manera significativa a los propósitos coincidentes
de las entidades en la celebración del convenio, como ocurre cuando, por
ejemplo, la conducta infractora imposibilite la consecución del proyecto o la
obligación sea determinante y esencial para su plena satisfacción82.

80 Las únicas limitaciones establecidas fueron que ello se efectuara “dando aplicación a la normativa nacional

vigente sobre la materia” y que los procedimientos de selección “tan solo podrán iniciarse una vez se cuente
con los estudios y diseños definitivos contratados en el marco del Convenio No. 045 de 2012 celebrado entre el
Ministerio, el Municipio y el Departamento del Tolima”.
81 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

19 de febrero de 2024. Rad. 25000-23-36-000-2015-00501-01 (57907). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
En este aspecto, el fallo citado invoca el siguiente criterio jurisprudencial: “Es principio general de derecho
probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a favor su propia prueba. Quien afirma
un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el
artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y con cualesquiera otros que sirvan para formar el
convencimiento del juez. Esa carga, explícitamente impuesta por el artículo 177 ibídem y que se expresa con el
aforismo onus probando incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara con afirmar el “supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, para que éste quedase plenamente
establecido en el proceso y el juez convencido de su existencia. La carga probatoria que se comenta pesa sobre
la parte que hace una aseveración en un proceso y sólo está dispensada de ella cuando afirma una proposición
indefinida, un hecho notorio o la existencia de preceptos contenidos en la legislación nacional.”: Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 1980. En: G.J. nº 2407, p. 14-24.
82 Análogamente, en relación con las obligaciones derivadas de los contratos, la Sala de Casación Civil de la

Corte Suprema de Justicia indicó que “el incumplimiento ha de revestir entidad y trascendencia. La infracción
debe ser significativa al programa negocial, de tal forma que sea lo suficientemente grave o, sea de carácter
esencial, que rompa la simetría contractual, puesto que la prestación de un contratante, pende del cumplimiento
del otro; esto es, a manera de ejemplo: 1) Cuando afecta y hace imposible sustancialmente la satisfacción de
los intereses o finalidades del contratante cumplido; 2) Cuando las partes previeron en el programa contractual
en forma expresa, concreta y específica obligaciones esenciales y determinantes para la ejecución del contrato
y estas son infringidas; 3) Cuando por causa del incumplimiento no existen razones, indicios, inferencias que
permitan al acreedor confiar que el deudor incumplido no podrá hacia el futuro subsanar o cumplir las
obligaciones desatendidas, y por tanto, el deudor no tendrá interés en conservar el negocio; 4) Cuando se

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Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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Referencia: Controversias contractuales

87. Como lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sección, el estudio del
incumplimiento contractual debe realizarse en función de los elementos
probatorios que den cuenta del alejamiento que, según aduce el libelista, haya
existido entre la conducta del contratante reprochado y el contenido obligacional
al cual se sujetó con la suscripción del negocio jurídico en cuestión Así, ha
señalado lo siguiente:
“En primer orden, quien pretende que la jurisdicción declare el incumplimiento
de la obligación a cargo de la otra parte en el contrato, debe probar la
prestación, vale decir, la conducta o los comportamientos específicos a cargo
del enjuiciado (deudor), encaminados a honrar el vínculo en la forma, tiempo,
modo y lugar comprometidos al “tenor de la obligación”83 convenida. Esta carga
conlleva la obligación de probar “la estructura del vínculo, los matices que
presente, las particularidades de la orientación que el deudor ha de imprimir a
su conducta” o a la determinación de la cosa cuando se trata de obligaciones
de entregar un bien84”85.

88. En ese sentido, no hay prueba alguna de que la supuesta desatención de los
deberes convencionales en seguir lo indicado por la supervisión, o de rendir
informes trimestrales, tuviera un impacto relevante en la consecución del plan
de mejoramiento integral del barrio. Por el contrario, las pruebas allegadas por
el Municipio demuestran que las prestaciones cuya ejecución estaba prevista
finalmente se cumplieron, con lo cual se ratifica la conclusión a la que arribó el
a quo al señalar que el objeto negocial no fue deshonrado por la demandada.

89. Por todo lo anterior, no se configuró la responsabilidad por los incumplimientos
alegados en la demanda y, en consecuencia, no hay lugar a imponer el reintegro
de la totalidad de los recursos aportados por el Ministerio junto con sus
rendimientos financieros, ni viene procedente condenar al Municipio por el valor
de la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio como secuela de una
infracción convencional de la demandada86.

transforma en irreversible la economía negocial del contratante incumplido; 5) Cuando se evidencia mala fe o
fraude en el comportamiento contractual del incumplido; entre otras muchas circunstancias.”: Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5569 del 18 de diciembre de 2019. M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona.
83 Código Civil – Artículo 1627: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación;

sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. // El acreedor no podrá ser obligado a recibir
otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.” [Nota al pie en el
original].
84 Hinestrosa, Fernando. “Tratado de las Obligaciones. Concepto. Estructura. Vicisitudes.” T. I. 3ª ed.

Universidad Externado de Colombia. Bogotá. D.C. 2007. p. 111. [Nota al pie en el original].
85 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

30 de septiembre de 2019. Rad. 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036). C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
86 “DÉCIMA OCTAVA.- PENAL PECUNIARIA.- EL MUNICIPIO se obliga para con el MINISTERIO a pagar una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del MINISTERIO, a título de estimación anticipada
de perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento de las obligaciones que por medio de este
convenio adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior. El valor de la cláusula Penal Pecuniaria
que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados.
PARÁGRAFO: EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO con la simple suscripción del convenio,
para descontar y tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma
que se adeude por concepto del presente convenio, para descontar y tomar el valor de la cláusula penal
pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto del presente convenio,
sin perjuicio de hacerla efectiva de la garantía constituida o conforme a la ley.

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Referencia: Controversias contractuales

Sobre la pretensión relacionada con la liquidación del convenio

90. En su recurso, la apelante cuestionó que el Tribunal no hubiese emitido
pronunciamiento alguno sobre su pretensión de “Ordenar la liquidación” del
convenio interadministrativo núm. 079 de 2013. La Sala no comparte el reproche
formulado por la actora, dado que el a quo, en vez de haber guardado silencio
sobre este punto, denegó dicho pedimento al resolver “NEGAR las pretensiones
de la demanda”, como consecuencia de la ausencia de prueba del
incumplimiento que se alegó.

91. Aunado a lo anterior, como se anunció, la Sala advierte que la recurrente, en su
escrito, intentó modificar lo solicitado en su demanda, al indicar que “se solicita
al fallador de segunda instancia, liquidar judicialmente el Convenio
Interadministrativo de Asociación No. 079 de 2013, el cual a la fecha no ha sido
liquidado por la administración” (pág. 9 del recurso de apelación). Contrario a
esta petición, la pretensión cuarta de su libelo introductorio consistió en:
“Ordenar la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 079 de 2013
celebrado entre el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y el
MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOLIMA)”; con lo cual es inviable acceder a lo
impetrado en la alzada ante la ausencia de congruencia con el petitum inicial87.

92. En todo caso, cabe decir que, de la literalidad de lo planteado en la demanda,
no se deduce que el Ministerio haya suplicado la liquidación judicial del acuerdo
de voluntades, sino que buscó una orden jurisdiccional que forzara a las partes
a efectuar dicha labor en los términos pactados.

93. Entendida así la pretensión, ésta debe ser denegada, ya que el carácter
obligatorio del convenio resulta suficiente para que las partes hubiesen realizado
el ejercicio conclusivo de su relación jurídica. Asimismo, resulta improcedente,
porque dicha orden implicaría coaccionar al extremo demandante a efectuar una
labor liquidatoria que, de acuerdo con lo estipulado (cláusula décima séptima),
podía llevar a cabo de manera unilateral sin necesidad de que mediara una
decisión judicial que la conminara a ello88.

94. Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Subsección:

87 “… son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del

derecho fundamental al debido proceso, y el principio de congruencia que impone fallar de forma coherente con
los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación,
con lo que se busca «impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que
no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos
de oficio»”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 12 de julio de 2024. Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70692). C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez, que reitera lo expresado por la misma Subsección en sentencia del 24 de septiembre de 2020. Rad.
Rad. 050012331000 200300985 01 (44707). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
88 Recientemente, la Sala de Subsección se refirió a la vocación de prosperidad de las pretensiones de

liquidación judicial, indicando que en su análisis no puede invadirse la esfera voluntaria de las partes: “La
pretensión de liquidación judicial entonces no se agota solamente en el hecho de pedir que se haga una
declaración en tal sentido, sino que debe estar acompañada de los fundamentos fácticos de los que se
derivarían las consecuencias jurídicas que se solicita sean declaradas con carácter definitivo y vinculante entre
las partes, las cuales, a su vez, deben revelar el conflicto sobre el cual ha de pronunciarse el juez para dirimirlo,
previa intervención de la contraparte. Si el conflicto, que es la causa del proceso, no existe, cualquier
pronunciamiento que realice el juez de cara a la liquidación del negocio jurídico supondría suplantar a las partes
en el cumplimiento de los deberes que solo a ellas compete ejecutar.”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 17 de junio de 2024. Rad.
250002336000 201900758 01 (67395). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Referencia: Controversias contractuales

“Ahora, si es una entidad pública la que formula la pretensión de liquidación, al
momento de la presentación de la demanda no debe contar con facultad para adoptar
ese acto de manera unilateral, pues si es así el conflicto lo debe resolver ella en vía
administrativa expidiendo el acto respectivo cuya legalidad podrá ser discutida en vía
gubernativa o judicial por el contratista, puesto que, se reitera, la labor del juez de lo
contencioso administrativo no consiste en reemplazar a la administración en el
cumplimiento de sus competencias –las cuales son irrenunciables–, sino en resolver
los conflictos que surjan en razón del desarrollo de tales o, en general, de todas sus
actuaciones; por lo mismo, si la entidad contratante cuenta con tal habilitación legal,
debe ejercerla, y si lo hace, el conflicto que se derive de ello es susceptible de
trasladarse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se revisarán los
reparos de validez que el afectado presente en contra del acto administrativo que
contenga la manifestación unilateral de la administración”89.

95. En la providencia citada, se denegó la pretensión consistente en la liquidación
judicial de un convenio interadministrativo, dado que “como al momento de la
presentación de la demanda [la entidad] tenía competencia para liquidar
unilateralmente el contrato y en consideración a que no podía despojarse de ella,
(…) no era procedente acceder a la solicitud de liquidar judicialmente el negocio
jurídico, pues ello supondría (…) usurpar las funciones que la ley ha asignado a
la administración pública, patrocinando, en el menor de los casos, la renuncia al
ejercicio de las competencias que a ella corresponden”90.

96. Empero, si se interpretara que la solicitud de liquidación del convenio
interadministrativo perseguía que esta fuera practicada por la Jurisdicción,
incluyendo el reintegro de los aportes del Ministerio y el valor de la cláusula penal
pecuniaria en el balance final del convenio, esta también debe ser denegada,
toda vez que las pretensiones económicas formuladas expresamente por la
parte actora no están llamadas a prosperar.

97. En esta misma dirección, si bien está acreditado que en el contrato de obra no
se hizo uso de la totalidad de su valor, y que quedó un remanente de ochocientos
ochenta y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos treinta y
cuatro pesos con ochenta y siete centavos ($ 882.473.344,87), la información
suministrada por la Fiduciaria Popular S.A.91, encargada del manejo de la
subcuenta que administraba los recursos que el Ministerio y el Municipio
aportaron a la ejecución del convenio92, no permite discernir qué sumas
desembolsadas correspondían a la contribución efectuada por cada entidad, por
lo que no hay certeza del estado de las obligaciones del convenio, ni se cuenta
con insumos suficientes para confeccionar un estado de cuentas final93.

89 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección A. Sentencia del 20

de mayo de 2022. Rad. 760012331000 20020129 001 (55868). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
90 Ibid.
91 C. 3. De acuerdo con lo reportado por esta entidad, la Fiduciaria realizó cuatro pagos “sobre los recursos

administrados del Convenio Interadministrativo 079 de 2013, cuyos débitos se realizaron de la cuenta de ahorros
denominada Encargo Fiduciario Municipio de Ibagué Convenio 079 MinVivienda” por un valor total de
“2,079,728,778.00”, a través de cuatro boletines de egreso: (i) 2083 de junio de 2017 ($ 1,046,463,068.00), con
fecha de pago del 29 de junio de 2017; (ii) 2155 de julio de 2017 ($ 103,735,320.00), con fecha de pago del 11
de julio de 2017; (iii) 2562 de agosto de 2017 ($ 825,795,070.00) con fecha de pago del 19 de octubre de 2017;
y (iv) 2740 de diciembre de 2017 ($ 103,735,320.00).
92 De acuerdo con la cláusula segunda, numeral 3, del convenio, el Municipio tenía la obligación de: “Consignar

en la subcuenta del encargo fiduciario los recursos correspondientes al aporte a que se obliga en virtud del
presente convenio”.
93 Sobre la improcedencia de liquidar judicialmente contratos por falta de pruebas, ver: Consejo de Estado. Sala

de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección A. Sentencia del Sentencia del 30 de abril de
2014. Rad. 25000-23-26-000-2000-00089-01(27877). C.P. Hernán Andrade Rincón; y Subsección C. Sentencia
del 13 de marzo de 2024. Rad. 50001-23-31-000-2005-00517-01 (58666). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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98. La Sala destaca que, a la luz de la carga probatoria consagrada en el artículo
167 del CGP94, la entidad demandante debía allegar los medios demostrativos
para sustentar su pedimento, obligación que -conforme a lo ya explicado- no fue
satisfecha, y que no es del caso asignar a la entidad accionada, como
consecuencia de la igualdad de condiciones en que se hallan las partes.

Condena en costas

99. El Ministerio cuestionó la condena en costas en primera instancia, porque en la
actuación judicial que promovió se está ventilando un interés público, conforme
al inciso primero del artículo 188 del CPACA.

100. Siguiendo lo dispuesto en la norma mencionada por el apelante95, en este
proceso se ventiló un interés público, concretamente el del Minvivienda que
pretendió la devolución de recursos al Tesoro Nacional de los aportes realizados
en el convenio 079 de 2013, que se suscribió con el objetivo de aunar esfuerzos
con el municipio de Ibagué para para la fase II del proyecto de mejoramiento de
barrios, sin que hubiera existido una relación de conmutatividad en la que una
de las partes pretendiera obtener una remuneración como beneficio económico
de la ejecución del acuerdo. En ese sentido, en un asunto análogo, esta
Subsección sostuvo que:
“…no queda duda de que la entidad demandante (…) ventilaba un interés
netamente público, pues pretendía la protección del patrimonio público, tanto
así que, entre otras cosas, buscaba la devolución al Tesoro Nacional de la
suma que le desembolsó al municipio de San Bernardo (…). En ese contexto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA en este caso
(…) no hay lugar a condenar en costas por ambas instancias al ente
demandante”96.

101. Por lo tanto, la Sala encuentra plausible el argumento del Ministerio en contra
de la condena en costas proferida en primera instancia, al sostener que “el
contenido de las pretensiones se dirige a la protección y recuperación de
recursos públicos, y en consecuencia de interés público, a través de la que se
pretende salvaguardar el patrimonio del Estado; y para el caso en concreto se
solicitó examinar la conducta de la parte contractual incumplida, así como buscar
la recuperación de dineros desembolsados por la Nación”. Así las cosas, se
revocará el numeral segundo del fallo de primera instancia.

102. Por ese mismo motivo, esta Subsección se abstendrá de condenar en costas
por la alzada que aquí se resuelve.

94 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
95 “CPACA. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Rad. 52001-

23-33-000-2017-00598-01 (65978) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada por la misma Subsección con
sentencia del 13 de agosto de 2024. Rad. 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70405). C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.

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Demandado: Municipio de Ibagué
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Conclusiones

103. En suma, la Subsección revocará parcialmente el fallo apelado, en lo que
concierne a la condena en costas en primera instancia, y lo confirmará en lo
demás, por las siguientes razones:

104. Del plazo del acuerdo de voluntades celebrado entre los extremos del
proceso, que es un convenio interadministrativo por reunir los elementos
esenciales de esta figura asociativa (ambas partes son entidades públicas,
actúan en ejercicio de sus competencias y funciones, concurren en un objetivo
común y no contemplan una contraprestación entre las partes), se separó
formalmente el Municipio, porque, conforme a la descripción de la fase 2 del
proyecto de mejoramiento integral del barrio “Las Delicias”, se tenía como
propósito ejecutar los contratos dentro del periodo de ejecución.

105. Sin embargo, el comportamiento convencional desplegado por el Ministerio
no fue consecuente con el propósito mancomunado, toda vez que consintió el
inicio de la ejecución del convenio sin contar con estudios y diseños definitivos,
era conocedor de que la ejecución de las obras se produciría por fuera del
término pactado y no accedió a prorrogar el vínculo jurídico, denotando así su
falta de planeación y su actuar contrario a la buena fe. De cualquier forma, se
demostró que las labores que hicieron parte del proyecto de mejoramiento fueron
ejecutadas, aun cuando se completaran por fuera del plazo convencional
formalmente acordado. Por estas razones, no es procedente declarar el
incumplimiento del Municipio, ni condenarlo a la devolución de los recursos
aportados ni al pago de la cláusula penal estipulada.

106. La parte actora no satisfizo la carga de probar que el Municipio haya dejado
de suministrar los informes trimestrales, o dejara de acoger las sugerencias de
la supervisión efectuada por la demandante. Tampoco demostró que esas
supuestas omisiones hayan repercutido negativamente en el cumplimiento del
objeto del convenio.

107. La pretensión de “ordenar la liquidación del convenio interadministrativo” no
es procedente, porque el acuerdo de voluntades contó con suficiente fuerza
obligatoria para que las partes -incluyendo el propio Minvivienda- hubiesen
acordado el finiquito de la relación que los ligó. De otra parte, como la entidad
demandante tenía la facultad de realizar la liquidación unilateral del convenio,
una orden judicial que fuerce una acción que el demandante podría hacer por sí
sola no tendría razón de ser. Además, la solicitud de liquidación judicial no fue
planteada en la demanda sino en el recurso de apelación, siendo improcedente
analizar una pretensión mutada de manera incongruente con el petitum
formulado al inicio del trámite jurisdiccional.

108. En todo caso, como las pretensiones declarativas y condenatorias en torno
al incumplimiento del Municipio no prosperaron y, en ausencia de elementos de
prueba que permitan determinar el balance general de las obligaciones del
convenio, no hay lugar a su liquidación judicial.

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Radicación: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786)
Demandante: Nación –Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Ibagué
Referencia: Controversias contractuales

109. Comoquiera que las pretensiones de la demanda se encaminaron a la
recuperación de recursos en favor del tesoro nacional, en el presente proceso
se ventiló un interés público que torna improcedente la condena en costas, tanto
en primera instancia -conforme a lo planteado por la apelante en su recurso-
como en la presente oportunidad al resolverse la alzada.
110. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 19 de octubre de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, DISPONER:
“SEGUNDO.- Sin condena en costas”.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la referida sentencia apelada, por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

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