Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2014-00057-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2014-00057-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2014-00057-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver1 el recurso de apelación interpuesto por las demandantes
contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, mediante la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la
demanda2.
SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE3 y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio) presentaron demanda en contra del municipio de Montería en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales en cuyas pretensiones pidieron que
se declarara el incumplimiento de la entidad territorial respecto de las obligaciones
derivadas del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 y su condena al
reembolso del cien por ciento (100%) de la suma entregada por el ministerio en virtud
de ese negocio jurídico y del valor de 289,50 metros lineales de tubería de 36” que fue
adquirida más no instalada en el colector matriz El Dorado, así como a la
1
En cumplimiento de lo dispuesto en fallo de tutela proferido en segunda instancia el 22 de agosto de
2024 por la Sección Quinta de esta Corporación, Rad.: 11001-03 -15 -000 -2024 -02095-01.
2
Se advierte que, para efectos de acatar la orden impartida por el juez de tutela, se solicitó al Tribunal
Administrativo de Córdoba la remisión del expediente, el cual no fue enviado en físico sino en versión
digitalizada.
3
Empresa industrial y comercial del Estado que pasó a denominarse Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial-ENTerritorio en virtud del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019 y se transformó
en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial S.A., la cual formará una persona jurídica distinta de sus accionistas,
sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en la
ciudad de Bogotá, D. C., de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 9 del Decreto-ley 1962 del 15 de noviembre de 2023.
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
indemnización de perjuicios, convenio que finalizó el 30 de junio de 2011 y no fue
liquidado.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 21 de febrero de 2014, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio) presentaron demanda en contra del municipio de
Montería en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en cuyas
pretensiones pidieron (f. 9, c. 1):
PRIMERA: Que se declare la Responsabilidad del Municipio de Montería –
Córdoba, por el incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220
de 2006 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL (HOY MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO), EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
(FONADE) y EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA), cuyo objeto era (sic).
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, el Municipio de
Montería (Córdoba) deberá pagar a FONADE la suma de SIETE MIL CIENTO
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
MCTE ($7.122.105.540), que corresponden a la devolución de la totalidad de los
recursos ejecutados del aporte efectuado por la Nación al Proyecto, a través de
FONADE, debidamente indexados y/o actualizados a valor presente.
TERCERA: Que como consecuencia de declaración (sic) de la Primera Pretensión
Principal también se ordene el pago de la suma de SETECIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($720.000.000) M/CTE., por concepto de Cláusula
Penal, por incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de
2006.
Las anteriores condenas podrán ser consignadas a la cuenta (…) a nombre de
FONADE, o a la cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indique
(…).
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que en el evento de no ordenarse el pago de la Cláusula Penal, por incumplimiento
del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 por parte del Municipio
de Montería, por su Despacho se ordene un Dictamen Pericial (Art. 218 ley 1437
de 2011) a efecto de cuantificar los perjuicios causados a los demandantes con
ocasión del incumplimiento a las obligaciones del referido Convenio, por parte del
Municipio de Montería -Córdoba.
CUARTA: Que los recursos no ejecutados por FONADE, por valor de SETENTA
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($77.894.460) deben ser liberados
y restituidos al Convenio No. 27 de 2004 – (194048 de FONADE), por parte de
FONADE.
QUINTA: Que se liquide el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL (HOY MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
TERRITORIO), EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
(FONADE) y EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA).
SEXTA: En el evento en que la entidad territorial incumpla con la sentencia
proferida por su Despacho, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio iniciará
las acciones judiciales tendientes a exigir el cumplimiento ejecutivo de dichas
obligaciones.
SÉPTIMA: Que se condene en costas a la parte demandada.
OCTAVA: Que se ordene a la entidad territorial a cumplir con las pretensiones de
conformidad con lo establecido en los términos de los artículos 192 y 194 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. En los hechos, la parte actora dio cuenta de la celebración del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060220 de 20064 entre las entidades demandantes: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, y la
demandada: municipio de Montería, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos entre el
MINISTERIO, FONADE y el MUNICIPIO para apoyar la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD
DE MONTERÍA, CÓRDOBA’”.
3. Dicho convenio fue por valor de $7.200’000.000 aportados por el ministerio a través
de FONADE, amparados por el Convenio Interadministrativo No. 27-194048 del 22 de
octubre de 2004 y la entidad ejecutora fue el municipio de Montería, a través de
Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., con una interventoría técnica, administrativa
y financiera que fue contratada por FONADE, quien también administró los recursos.
4. En desarrollo del anterior convenio, Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.
celebró el Contrato de Obra No. PAM 071 de 2007 con el Consorcio Ingesa Montería
cuyo objeto fue el “proyecto de construcción de la primera etapa del sistema de
alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería. Construcción
estación de bombeo de aguas residuales El Dorado y líneas de impulsión entre la
estación de bombeo El Dorado y la laguna y el río Sinú y entre la estación Ribera y el
colector Dorado Grupo I”, en el cual, según el acta de liquidación -del 25 de julio de
4
Ese convenio del que hizo parte la entidad territorial, fue celebrado con fundamento en el Convenio
No. 194048 celebrado entre FONADE y el mencionado ministerio, con el objeto de “Prestar los servicios
técnicos, jurídicos, administrativos y realizar las acciones necesarias para ejecutar la gerencia de la
Interventoría técnica, administrativa y financiera de proyecto denominado ‘proyecto de Agua Potable y
Saneamiento Básico Ambiental, que utilicen recursos de la Nación, financiados a través del mecanismo
de ventanilla única’, así como coordinar las actividades para la ejecución de las obligaciones de
convenios de apoyo financiero que se suscriban entre el Ministerio, FONADE y las entidades a las que
se les viabilice proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental”.
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
2011-, la contratante aportó $504’151.820 y el ministerio a través de FONADE, la
suma de $3.790’910.053; y el Contrato de Obra No. PAM-PC-LC-064 de 2008 con el
consorcio Ingesa Laguna para la “construcción de la laguna facultativa de la margen
izquierda y colector matriz barrio El Dorado Grupo II”, en el que la contratante aportó
$274’201.645 y el ministerio, a través de FONADE, la suma de $2.667’273.884.
5. En relación con los dos anteriores contratos, se presentaron modificaciones en el
proyecto, que implicaron obras adicionales, mayores y menores cantidades de obra
y/o la supresión de ítems, lo cual implicó la reformulación del proyecto y la modificación
del plan financiero y que contó con la aprobación del Ministerio a través de FONADE,
modificaciones entre las cuales se hallaba la no construcción -en el segundo contrato-
del colector matriz El Dorado.
6. Así mismo, las obras de los dos contratos fueron recibidas a satisfacción por parte
de las interventorías, aunque la del Contrato 071 de 2007 manifestó que su
funcionalidad requería de la construcción del Colector Juan XXIII, cuya financiación
estaría a cargo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San
Jorge (en adelante CVS).
7. Proactiva informó el 13 de noviembre de 2012 la suspensión del contrato de obra
con el cual se adelantaban las obras relacionadas con el Interceptor Juan XXIII
contratadas por la CVS.
8. Por lo anterior, a la fecha de la demanda el proyecto no estaba en funcionamiento,
“en razón a que hacen falta obras que está adelantando la CVS, dentro de las cuales
están las pruebas hidrostáticas de la tubería que compone el colector matriz El
Dorado, obra que está contemplada dentro del proyecto interceptor Juan XXIII y que
al momento de ser terminada deben efectuarse”.
9. Como resultado de las modificaciones efectuadas al proyecto, tampoco se instaló
parte de la tubería adquirida para la ejecución de los contratos, por lo que el Ministerio
solicitó el reintegro de su valor -$102’483.000-, a lo que Proactiva respondió que
estaba en disposición de entregar los sobrantes de tubería que se hallaban
almacenados en una bodega.
10. Como consecuencia de todo lo anterior, sostuvo la demandante que la obra
ejecutada en virtud del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 no era funcional
pese a haber transcurrido dos años desde su fecha de terminación, y el municipio de
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Montería no fue diligente frente a los múltiples requerimientos del Ministerio, FONADE
y la interventoría, respecto de las actividades que le correspondían en calidad de
ejecutor del convenio, lo que impidió la terminación y funcionalidad del mismo.
11. Manifestó que el municipio había incumplido especialmente las obligaciones 13 y
14 de la Cláusula Tercera del Convenio: “13) adoptar y coordinar todas las acciones
para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la sostenibilidad del
proyecto y su buen servicio. 14) cumplir oportunamente las recomendaciones y
solicitudes que realicen el Ministerio y/o Fonade sobre el desarrollo del objeto del
presente convenio”.
12. Por lo expuesto y de acuerdo con los lineamientos generales dados en comités de
conciliación del Ministerio y de Fonade para las liquidaciones judiciales de los
convenios de apoyo financiero derivados del Convenio Marco No. 27-194048, se
debía imponer a cargo del municipio el pago de $720’000.000 (equivalente al 10% del
valor del aporte del Ministerio) como valor total de la cláusula penal, y $7.122’105.540
correspondiente al valor ejecutado de los recursos aportados por la Nación al
proyecto, lo que incluye el valor de la tubería suministrada, pagada y no instalada.
Trámite de primera instancia
13. La demanda fue admitida mediante auto del 12 de junio de 2014 y en ella se ordenó
su notificación a la parte demandada y al ministerio público (f. 240, c. 1).
14. El municipio de Montería contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara probado respecto de
los demás. Propuso las siguientes excepciones:
14.1. Silencio administrativo positivo en materia contractual: fundada en la falta de
respuesta expresa del FONADE ante la petición elevada por la sociedad Proactiva
S.A. E.S.P. -a través del consorcio Concep Ltda. Ecovías Ltda.-, en el sentido de que
en el proyecto no se ejecutara la construcción del canal colector matriz, dado que esa
obra sería financiada y realizada por la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge
CVS, solicitud que fue aceptada expresamente por la interventoría y tácitamente por
el FONADE al no oponerse a ella, razón por la cual si había algún tipo de
responsabilidad, también debía vincularse a la interventoría y a la mencionada
entidad, que con su silencio avaló la petición;
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Demandado: Municipio de Montería
14.2. Cumplimiento de las responsabilidades a cargo del municipio de Montería y
cumplimiento del objeto contractual: Sostuvo que luego de múltiples reformulaciones
al objeto del proyecto y diferentes suspensiones de las obras por hechos no atribuibles
a la administración municipal, las obras fueron entregadas y avaladas por la
interventoría, por lo que no se entiende la pretensión de devolución de los recursos
que fueron invertidos en las mismas. Y que el hecho de que exista algún inconveniente
por parte de la CVS en la entrega a Proactiva S.A. E.S.P. de una de las obras, que
fue financiada con recursos de esa corporación, podría conllevar a un posible
incumplimiento del contratista que no se le puede imputar al municipio de Montería
como tampoco se puede desconocer que los dineros provenientes del convenio fueron
debidamente invertidos en su totalidad. Por otra parte, afirmó que aunque estaba en
ejecución la terminación de las obras por parte de la CVS, las mismas ya eran
funcionales y se encontraban en perfecto estado y finalmente, sobre la tubería
sobrante, se encontraba almacenada y a disposición para ser reintegrada a FONADE
y al ministerio; y
14.3. Ausencia de medios probatorios: Por cuanto no se hallaban en el plenario
pruebas de todos los hechos aducidos en la demanda como incumplimientos de la
entidad demandada o la falta de funcionalidad de la obra (fl. 247, c. 1).
14.4. Como excepción previa: que se verifique si la demanda fue presentada
oportunamente y si se podía evitar la conciliación prejudicial exigida en el artículo 161
del CPACA.
Audiencia inicial
15. El 6 de marzo de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el numeral
1° del artículo 180 del CPACA (fl. 347, c. 1). En desarrollo de la audiencia se declaró
no probada la excepción de caducidad de la acción y de conciliación prejudicial, por
cuanto carecieron de sustentación en su proposición y se resolvió dejar para el
momento de dictar sentencia, la decisión sobre las demás excepciones propuestas
por la demandada.
16. Se fijó así mismo el litigio, el cual se limitaba a determinar si existe o no
responsabilidad por parte del municipio de Montería, Córdoba, por el incumplimiento
del convenio de apoyo financiero No. 2060220 de 2006 celebrado entre el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio), FONADE y dicho municipio y si, como consecuencia de ello, deberá la
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Demandado: Municipio de Montería
entidad demandada hacer devolución de los dineros de los recursos ejecutados del
aporte efectuado por la Nación a través de FONADE al proyecto debidamente
indexados y/o actualizados así como el pago de la cláusula penal derivada del
presunto incumplimiento del convenio y el dinero de los recursos no ejecutados por
FONADE.
17. Se incorporaron al proceso las pruebas allegadas por las partes intervinientes, se
decretaron las pedidas y se fijó fecha para la audiencia de práctica de las pruebas.
Audiencia de pruebas y alegatos
18. La audiencia se celebró los días 28 de abril, 27 de agosto y 4 de septiembre de
2015. De conformidad con lo previsto en el artículo 181 del CPACA, se recaudaron e
incorporaron las pruebas decretadas en la audiencia inicial. Igualmente se prescindió
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, informando a las partes y al Ministerio
Público sobre la posibilidad de presentar sus alegaciones por escrito (fl. 435, 564 y 569,
c. 1).
19. En sus alegatos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio insistió en el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio de Montería con ocasión del
Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, como resultado del cual el
proyecto objeto de dicho convenio no es funcional, poniendo en riesgo los recursos
del Estado que fueron aportados en beneficio de la comunidad, tal y como resultó
probado en el plenario y que era necesario liquidar el convenio tripartito para
establecer el corte de cuentas y la recuperación de los recursos por parte del
ministerio, teniendo en cuenta que éste sí había cumplido con sus propias
obligaciones más no así el ejecutor de los recursos (f. 587, c. 1).
20. FONADE reiteró los argumentos de la demanda en relación con responsabilidad
contractual del municipio de Montería por la no terminación, luego de varias
reformulaciones, de las obras del proyecto y la falta de puesta en marcha de las
mismas, y por la no devolución de la tubería sobrante que había sido adquirida con
recursos provenientes del convenio de apoyo del cual dicha entidad territorial hizo
parte y en el que asumió la obligación de adoptar todas las acciones necesarias para
asegurar la operación, mantenimiento y buen servicio del proyecto (fl. 592, c. 1).
21. El municipio de Montería en sus alegaciones finales sostuvo que, de acuerdo
con las pruebas recaudadas, las obras objeto de los contratos celebrados para su
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Demandado: Municipio de Montería
ejecución y derivados del convenio de apoyo suscrito con las entidades demandantes
sí fueron ejecutadas a cabalidad, recibidas a satisfacción, se hallaban en operación y
eran totalmente funcionales. Y que el colector matriz, que no había entrado en
funcionamiento aún, fue contratado por la CVS luego de que la empresa Proactiva
S.A. E.S.P. solicitara -con aprobación de la interventoría- autorización para que esta
obra no se hiciera con cargo al convenio sino que se dejara en manos de dicha
entidad, a lo que FONADE no se pronunció expresamente, configurándose así un
silencio administrativo positivo. No obstante, los recursos provenientes del convenio
financiero 2060220 de 2006 fueron ejecutados en su totalidad en las obras necesarias
para poner en funcionamiento el sistema de alcantarillado sanitario en la margen
izquierda de la ciudad de Montería, y se comprobó que las mismas funcionaban y
operaban por completo, por lo que no era cierto que el municipio hubiera incumplido
con el referido convenio pues la parte faltante era del resorte de la CVS, por lo que
reiteró su solicitud de denegatoria de las pretensiones de la demanda (f. 597, c. 1).
La sentencia de primera instancia
22. El 3 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba dictó sentencia
en la que decidió i) declarar no probada la excepción propuesta por el municipio de
Montería denominada “silencio administrativo positivo en materia contractual”; ii)
liquidar judicialmente el convenio de apoyo financiero No. 2060220 de 2006 celebrado
entre el FONADE, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio) y el municipio de Montería; iii) ordenar el reintegro, por
parte del municipio de Montería y a favor del FONADE, de 289,50 metros lineales de
tubería de 36’’ no instalada en el colector matriz, iv) declarar probadas las excepciones
propuestas por el municipio denominadas “cumplimiento de las responsabilidades a
cargo del municipio de Montería” y “cumplimiento del objeto contractual y ausencia de
medios probatorios consagrados en el artículo 211 y siguientes de la Ley 1437 de
2011 del Código General de Proceso” (sic) y v) negar las demás pretensiones de la
demanda (f. 609 a 635, c. ppal.).
23. Lo decidido por el a-quo obedeció a que encontró probado en el plenario que la
obligación principal del municipio de Montería y derivada del convenio de apoyo
financiero celebrado con las demandantes había consistido en desarrollar toda la
etapa precontractual y contractual para la construcción de la primera etapa del sistema
de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad y, en consecuencia,
que las obras contratadas cumplieran con las especificaciones técnicas y legales para
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su funcionamiento, obligación que debía cumplir dentro del plazo estipulado y que fue
prorrogado hasta el 30 de junio de 2011.
24. Así, se acreditó que el municipio contrató con la empresa Proactiva S.A. ESP para
ejecutar las obras, por lo que dicha empresa, a su vez, celebró con el consorcio Ingesa
Montería los contratos PAM-071-2007 del 11 de diciembre de 2007 -para la
construcción de la primera etapa del referido sistema de alcantarillado sanitario- y
PAM-PC-LC-064-2008 -para la construcción de la laguna de la margen izquierda y el
colector matriz del barrio El Dorado-, contratos que fueron objeto de prórrogas y
suspensiones avaladas por las partes y el interventor.
25. Encontró que en relación con el contrato PAM-PC-LC-064-2008, la empresa
Proactiva, el 17 de julio de 2009, solicitó al FONADE autorización para que no fuera
construido el lecho de secado de lodos por valor de $426’899.101 a fin de compensar
con las mayores cantidades de obra necesarias para concluir las excavaciones de la
laguna y que la sociedad se comprometía a realizar el referido lecho con sus propios
recursos.
26. Y el 20 de agosto del mismo año pidió, respecto del mismo contrato, la exclusión
del valor correspondiente a la construcción del colector matriz, dado que ese
componente estaba incluido dentro del proyecto de construcción del interceptor Juan
XXIII del alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería
presentado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS ante el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente y se encontraba en
proceso de evaluación para su viabilización, solicitud que la interventoría envió al
FONADE, por cuanto era una obra que financiaría la CVS, indicando su conformidad
con la misma, pues esa exclusión permitiría utilizar tales recursos para ejecutar
mayores cantidades de obras y obras adicionales requeridas para el óptimo
funcionamiento de la obra construida, para lo cual se enviaron al FONADE los cuadros
visibilizando las modificaciones propuestas y señalando que “la instalación del colector
matriz el Dorado no se ejecutará debido a la consecución de otra fuente de
financiación (CVS) que permitirá la construcción de los tramos faltantes del colector
Dorado, solo se suministrarán 289,5 ml de tubería de 36’’, el valor del contrato se
reduce en $487.395.641” y se informó sobre la compensación que se haría sobre el
mayor valor del entibado metálico que se llevaría a cabo.
27. Así mismo, que el ministerio informó al FONADE el 2 de diciembre de 2009 la
aprobación de la reformulación del proyecto tal y como se ejecutó, por lo que, a juicio
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Demandado: Municipio de Montería
del Tribunal, no era dable predicar incumplimiento alguno con relación a la no
construcción del colector matriz del Barrio El Dorado de Montería pues tal obra no
dependía de las obligaciones asumidas por el municipio de Montería, una vez se
aceptó por las entidades demandantes la reformulación de los proyectos. Además,
que esta aceptación -expresa, por lo que no hubo silencio positivo- produjo confianza
legítima en los intervinientes del contrato en cuanto a que la obra relacionada con el
colector matriz no se llevaría a cabo y desconocer esta circunstancia, atentaría contra
el principio de la buena fe consagrado en los artículos 28 de la Ley 80 de 1993, 1603
del Código Civil y 871 del Código de Comercio.
28. Al asumirse la reformulación del proyecto y aceptar que Proactiva S.A. ESP no
ejecutara la referida obra sino que lo hiciera la CVS, quien además presentó un
informe explicando las razones justificativas de que aún no se hubiera terminado la
misma -inconvenientes de tipo climático y de estructura de suelo en el sitio de
construcción del colector matriz-, era evidente que no existía responsabilidad alguna
de la entidad territorial demandada y, por lo tanto, no estaba en la obligación de
devolver la suma de $7.122’105.540 reclamados por las demandantes como costo
total del proyecto, dinero que efectivamente se ejecutó.
29. En relación con la pretensión cuarta de la demanda, relativa a la devolución de los
recursos no ejecutados, el a-quo consideró que las entidades demandantes no podían
desconocer los acuerdos celebrados durante la ejecución del convenio y los contratos
derivados del mismo, por lo que, al no haber quedado acuerdo alguno respecto a la
devolución de dineros por la no utilización de la tubería de 36 pulgadas para el colector
El Dorado, no resulta procedente su reclamación; no obstante, como se ha reconocido
por parte del municipio y de Proactiva la existencia de un material de construcción
sobrante almacenado en una bodega de propiedad de esta última entidad, la
devolución que correspondía no era económica sino de los metros lineales de tubería
sobrantes.
Recurso de apelación
30. Las entidades demandantes apelaron la decisión de primera instancia y solicitaron
revocarla, para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
31. FONADE se refirió al papel que tuvo el municipio de Montería en la ejecución del
proyecto objeto del presente litigio, en cuanto fue a iniciativa suya que aquel se llevó
a cabo, teniendo en cuenta el sistema de ventanilla única utilizado por el Ministerio de
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para apoyar a los entes territoriales en las
iniciativas que estos presentaran para la prestación eficiente de los servicios
relacionados con el saneamiento básico, sistema conforme al cual el ente territorial
debía presentar las propuestas debidamente diseñadas y documentalmente
soportadas, sin que el ministerio se hiciera responsable por la calidad de los estudios
y diseños presentados para emitir el concepto de viabilidad que serían utilizados para
la construcción de las obras. Por ello, sostuvo que no compartía el criterio del a-quo
de que al municipio sólo le correspondía como obligación desarrollar la etapa
precontractual y contractual del proyecto, ya que sus obligaciones, en conjunto,
apuntaban al cumplimiento del objeto a cabalidad. Es decir, que su obligación principal
consistía en ejecutar un proyecto, al que se le hicieron ajustes por iniciativa de
Proactiva S.A. E.S.P a nombre del municipio de Montería, no de FONADE o el
ministerio (f. 651, c. ppal.), que obedecieron a las inexactitudes y falencias del proyecto
elaborado por la entidad territorial.
32. Agregó que hubo otras obligaciones del municipio de Montería consignadas en el
convenio de apoyo financiero que no fueron valoradas por el a-quo de manera
conjunta, como las enlistadas en los numerales 10, 13 y 18 de la respectiva cláusula,
relacionadas con la consecución de los recursos necesarios para asegurar la
terminación del objeto del convenio, la adopción de las acciones necesarias para
asegurar la operación, mantenimiento, sostenibilidad y buen servicio del proyecto y la
garantía de la calidad de las obras ejecutadas, obligaciones que el municipio
incumplió, pues las obras ejecutadas no permiten que todos sus componentes
funcionen de manera acorde con su capacidad.
33. Adujo que el único suscriptor del convenio y por tanto el único responsable frente
al ministerio y FONADE, fue el municipio de Montería, sin que constituyera un
eximente de responsabilidad la contratación de este con terceros o la ejecución de
obras relacionadas con el proyecto por parte de un tercero (como lo fue la CVS), por
lo que se equivocó el tribunal al considerar que la eliminación de componentes del
proyecto significó la aceptación o aprobación de su no ejecución.
34. Afirmó que en la demanda no se predicaba el incumplimiento del municipio por la
no ejecución de algunos componentes del proyecto, sino que se solicitó la declaratoria
de incumplimiento del convenio, al no encontrarse en funcionamiento en su totalidad
a la terminación del mismo, lo que quedó en evidencia con la realización del dictamen
pericial.
11
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
35. Por otra parte, consideró que el municipio debía restituir los valores de la tubería
que no fue utilizada en la obra, ya que la misma fue devuelta por el contratista a la
empresa Proactiva -la contratante de la obra- a pesar de que eran elementos que,
según el diseño, debieron ser incorporados al proyecto y su suministro fue financiado
a través de recursos asignados por la Nación al convenio de apoyo financiero. En
estas condiciones, no era procedente que en vez de penalizar la actitud negligente del
municipio y/o la entidad prestadora de servicios, se ordenara la entrega de esa tubería
-que debía estar ya en mal estado- al FONADE, obligándolo a incurrir en gastos de
bodegaje para la misma.
36. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (antes Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial) pidió revocar los numerales tercero y cuarto de la
sentencia, dado que no era dable ordenar la devolución de la tubería que no se instaló
en el colector matriz del barrio El Dorado, sino el valor de todo lo ejecutado, pues ese
avance de obra no cumplió con el objeto del Convenio No. 2060220 de 2006. Al
respecto, planteó idénticos argumentos a los del FONADE, en relación con el
incumplimiento, por parte del municipio de Montería, de todas las obligaciones
derivadas del convenio y que le correspondían como ejecutor, las cuales apuntaban a
la finalización de las obras y su total funcionalidad, razón por la cual debía restituir al
ministerio los recursos invertidos en las mismas (f. 655, c. ppal.).
37. El 23 de febrero de 2017 se llevó a cabo diligencia de conciliación ante el a-quo,
la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio (f. 688, c. ppal.).
Trámite en segunda instancia
38. Después de admitido el recurso mediante el auto del 20 de abril de 2017, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su
cargo, mediante providencia del 13 de julio de 2017, oportunidad en la cual las
entidades demandantes replicaron los argumentos de sus recursos de apelación y el
municipio de Montería reiteró que sus obligaciones fueron cumplidas y los recursos
provenientes del convenio fueron debidamente invertidos en las obras para las cuales
fueron destinados, y que si bien el sistema no se encontraba funcionando en su
totalidad, era porque el colector El Dorado, financiado por la CAR CVS no había sido
entregado en virtud de toda clase de inconvenientes que han impedido que el
contratista entregue a satisfacción (fls. 699, 702, 705, 707 y 715, c. ppal.).
12
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
39. En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA5, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las
pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de un convenio
interadministrativo celebrado por tres entidades del Estado.
40. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley
1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda 6, en razón
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia
proferida el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba y de
conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda 7, según
las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
La legitimación en la causa
41. El municipio de Montería se encuentra legitimado en la causa por pasiva y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo FONADE están legitimados por activa, toda vez que las tres entidades
fueron signatarias del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, negocio
jurídico cuyo incumplimiento por parte de la entidad territorial demandada se pidió en
el libelo introductorio.
5
El artículo 104 del CPACA estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones
y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que estén involucradas las entidades públicas o
los particulares cuando ejerzan función administrativa.
6
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia (Este inciso fue posteriormente modificado por el artículo 26 de la Ley
2080 de 2021, la cual no resulta aplicable al presente caso, pues de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 86, dicha ley “(…) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican
las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley”.
7
La mayor de las pretensiones ascendió a $7.122’105.540, por concepto de la devolución de la totalidad
de los recursos ejecutados del aporte efectuado por la Nación al Proyecto, mientras que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 152 del CPACA, para conocer en primera instancia en los tribunales
procesos de controversias contractuales la cuantía es de 500 SMLMV, lo que equivalía, para la época
de presentación de la demanda -21 de febrero de 2014, cuando el salario mínimo era de $616.000
(Decreto 3068 de diciembre 30 de 2013)-, a $308’000.000.
13
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Oportunidad de la demanda
42. La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío
del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en
el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Corresponde a una figura jurídica
de orden público a través de la cual el legislador impone limitaciones temporales
razonables al derecho subjetivo de acceso a la administración de justicia, en aras de
evitar la indefinición de las situaciones jurídicas materia de controversia entre las
partes8 y, de esta manera, brindar protección de un interés general representado en
la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, en tanto una vez
surtido el término de caducidad de la acción legalmente establecido, ésta ya no se
podrá incoar por el interesado y se habrá perdido la facultad de acceder a la
jurisdicción.
43. Como lo ha recordado la Sala, “(…) el fenómeno de la caducidad y su eventual
configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable,
irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del
hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, es
susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia 9 como verificación
de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto (…) 10.
Conforme con lo expuesto, procede la Sala a constatar si, en el presente caso, la
demanda fue presentada en tiempo.
44. El artículo 164 del CPACA, en relación con el término de caducidad de las
controversias relativas a contratos, dispone:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P.:
Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 57932 y sentencia del
9 de mayo de 2012, expediente 21.906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
9
[40] “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017.
Expediente. 51.667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico”.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 21 de octubre de 2022, expediente 58063, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
14
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente
al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta
del contrato mientras este se encuentre vigente.
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o
debió cumplirse el objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación
del contrato por cualquier causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por
las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran
de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el
día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;
iv) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no
se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de
dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que
la disponga.
45. A continuación, se hará un análisis sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de
voluntades celebrado por las partes, con el fin de precisar cuál es, en el caso concreto,
el término de caducidad que se debe aplicar.
Naturaleza jurídica del convenio celebrado
46. En el presente caso, la demanda sostuvo que el municipio de Montería incumplió
las obligaciones del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, pues el
mismo se terminó sin que se hubieran culminado las obras correspondientes al
proyecto de construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario
de la margen izquierda de la ciudad de Montería, Córdoba, que era el objeto del
referido convenio, por lo que debía ser restituido el valor total entregado a la entidad
territorial en virtud del acuerdo de voluntades; además, que el municipio no reintegró
al FONADE el valor de la tubería que había sido adquirida con recursos del convenio
pero que no fue instalada en las obras.
47. El convenio interadministrativo objeto de la presente controversia, celebrado entre
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y el municipio de
Montería, cuyo objeto fue “aunar esfuerzos entre el MINISTERIO, FONADE y EL
MUNICIPIO para apoyar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto
‘CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA,
CÓRDOBA’, correspondió a un negocio jurídico de aquellos regulados en el artículo
95 de la Ley 489 de 1998.
15
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
48. La Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo
se refiere a la denominación de contrato interadministrativo sin aludir a los convenios,
pero, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015, al regular la
forma de selección de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y
los equipara.
49. No obstante, la Corporación se ha encargado de diferenciarlos11, para establecer
que no es posible la aplicación automática de la Ley 80 de 1993 a los convenios
interadministrativos, sobre lo cual ha explicado12:
[E]s preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los
principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado
(transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios
de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía,
celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del
contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o
equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de
prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza
jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación
automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente
regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal
sentido, en cada caso concreto deberá analizarse, de conformidad con la
naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el
respectivo convenio, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es
aplicable o no.
50. En esa dirección, esta Subsección ha destacado que por la naturaleza asociativa
de los convenios interadministrativos regulados por el artículo 95 de la Ley 489 de
1998, estos deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda
hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha
finalidad”13.
11
Ha entendido que los convenios interadministrativos son “aquellos acuerdos de voluntades celebrados
por la entidad con personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos
comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos generales y en ellos
no se persigue un interés puramente económico. Con ellos se busca primordialmente cumplir con
objetivos de carácter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboración estratégica” Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 22.828, M.P. Olga
Mélida Valle de De la Hoz, mientras que el contrato interadministrativo es “aquel negocio jurídico
celebrado entre dos entidades públicas, mediante el cual una de las dos partes se obliga para con la
otra a una prestación (suministro de un bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por
la que, una vez cumplida, obtendrá una remuneración o precio” Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, expediente 2.257, C.P. Álvaro Namén Vargas.
12
Ibíd. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de junio de 2019, expediente 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, expediente
66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
51. Y, en un caso reciente, similar al de autos, dijo la Sala14:
23. De la necesidad de pacto expreso para que proceda el trámite liquidatorio
de los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 199815
23.1. Quedó visto que en atención a la naturaleza asociativa de los convenios del
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, son las partes las que definen las reglas a las
que quedan sometidas, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de
regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad.
23.2. El inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que no fue derogado
por la Ley 1150 de 200716 , impone la liquidación en los contratos que, entre otros,
se extiendan en el tiempo.
23.3. Para el caso particular de los convenios que aquí se estudian, se ha
entendido que la liquidación “resulta válida, siempre que sea acordada por las
partes -de manera clara e inequívoca-, y no sea el resultado del ejercicio de una
posición dominante”. Lo anterior, como quiera que en “este tipo de acuerdos, al
igual que en los regidos por el derecho privado, las partes gozan de una posición
horizontal o igualitaria, relacionándose en un paralelismo de intereses bajo un
ámbito de equivalencia”17 .
23.4. Así, se ha entendido procedente recurrir incluso a la liquidación unilateral,
siempre que exista un acuerdo expreso, esto es, la anuencia previa de los
contratantes o el respectivo consentimiento pleno18:
No se discute que en los convenios interadministrativos resulta válido que una de
las partes adopte la decisión unilateral de liquidarlo, siempre y cuando ello esté
expresamente pactado -pues de ahí se desprende la anuencia previa o el
respectivo consentimiento pleno-, cuya precisión en la redacción permita entender,
sin equívocos, que una de las partes autorizó a la otra la facultad de liquidarlo de
manera unilateral mediante un procedimiento convencionalmente pactado.
23.5. En la misma dirección, la Subsección C ha considerado válidos los acuerdos
que estipulan la liquidación unilateral, en el entendido de que no comportan el
ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común19:
Ahora teniendo en cuenta que la liquidación de los contratos se encuentra regulada
por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, se entiende que la liquidación
unilateral del contrato si bien es una facultad legal, no es de aquellas que implican
el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común, ya que la
Ley 80 no la enlista como tal en sus artículos 14 y siguientes que se refieren al
ejercicio de dichas potestades. Bajo ese entendido de que la liquidación unilateral
no es de aquellas que la Ley enlista como potestades o facultades excepcionales
al derecho común, nada impide que las partes en un convenio interadministrativo
convengan su ejercicio, pues en esa tipología de contratos la ley sólo prohíbe el
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de 2023, expediente
58442, C.P. María Adriana Marín.
15
[7] “Para el desarrollo del presente acápite se ha tomado las consideraciones de la Subsección, en la
sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 60.434, M.P. María Adriana Marín”.
16
[8] “Ver el artículo 32 de la referida ley”
17
[9] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
60.434, M.P. María Adriana Marín”.
18
[10] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, exp.
66.594, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico”.
19
[11] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp.
55.836, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
17
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
ejercicio de las denominadas potestades excepcionales, naturaleza que no
comparte la liquidación unilateral. Con otras palabras, resulta totalmente válido que
en un convenio interadministrativo las partes convengan que ante la falta de
acuerdo para liquidar el contrato, una de ellas pueda proceder a liquidarlo
unilateralmente, pues su pacto no comporta el ejercicio de una facultad o potestad
excepcional al derecho común. Luego, si lo que ocurre es que en un convenio
interadministrativo las partes convienen que ante la falta de acuerdo la entidad lo
liquide unilateralmente, esa estipulación es válida, así como también los diferentes
actos que se expidan para hacerlo.
23.6. Por lo tanto, aunque los anteriores pronunciamientos refieren a la posibilidad
de liquidación unilateral, lo cierto es que ponen de relieve que son las partes las
que definen las reglas a las cuales están sometidos los convenios de que trata el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación
de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”. Esto significa que no
se puede imponer el trámite liquidatorio, no sólo el unilateral, sino también el
bilateral, si las partes no lo han pactado expresamente.
52. El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 23 de enero
de 2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre
de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad con
lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería dentro de
los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no se acordó
nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de alguna
de las entidades firmantes (f. 19, c. 1).
53. Teniendo en cuenta que las partes acordaron liquidar el convenio de común
acuerdo, para efectos de la contabilización del término de caducidad resulta aplicable
lo dispuesto en el numeral iv) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA,
razón por la cual el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del negocio jurídico.
54. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución fue
prorrogado en seis oportunidades, siendo la última la suscrita el 23 de diciembre de
2010, cuando se extendió hasta el 30 de junio de 2011 y se dejó claro que, en ningún
caso, el plazo de este convenio podría exceder la duración del Convenio Marco
194048 suscrito entre FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial20 (f. 24 a 31, c. 1).
20
Convenio interadministrativo de gerencia de proyecto que fue suscrito el 27 de octubre de 2004, con
una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2005, pero que fue prorrogado hasta el 31 de octubre
de 2011 (f. 149 a 184 vto., c. 1).
18
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
55. Así mismo que, en la prórroga quinta, suscrita por las partes el 24 de noviembre
de 2009, se estipuló:
SEGUNDA. MODIFICAR: Se modifica la cláusula décima sexta del convenio de
apoyo financiero No. 2060220 de 2006, la cual quedará así: “CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. El presente
convenio de apoyo financiero deberá liquidarse de conformidad con lo previsto en
la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, dentro de los
ocho (8) meses siguientes a su terminación (se destaca).
56. Y en su cláusula sexta se dispuso que en lo demás, las cláusulas del convenio
principal y de las demás prórrogas y modificaciones conservaban su vigencia y
alcance.
57. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del
convenio -según su última prórroga- era el día 30 de junio de 2011 y que las partes
tenían 8 meses a partir de ese momento para liquidar de común acuerdo el negocio
jurídico, término que empezaba a correr, por lo tanto, a partir del día siguiente a dicha
terminación -1º de julio de 2011-, el plazo para ello vencía el 1º de marzo de 2012,
hecho que no sucedió y dio lugar, por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda
en la que se pidió su liquidación judicial21.
58. A partir del día siguiente, es decir, del 2 de marzo de 2012, empezó a correr el
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que, por lo
tanto, vencía el 2 de marzo de 2014.
59. Toda vez que la demanda fue presentada el 21 de febrero de 2014, resulta
evidente que la misma fue oportuna.
El problema jurídico
60. Teniendo en cuenta los hechos probados y los términos de la apelación, le
corresponde a la Sala establecer i) si el municipio de Montería incumplió el Convenio
de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente,
21
Así se desprende igualmente del oficio enviado por la directora de Programas del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio a la gerente del Convenio No. 27-194048 de 2004 del FONADE, el 16 de
abril de 2013, en el que le informa que, para efectos de llevar a cabo la liquidación del Convenio de
Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, era necesario que se incluyera en la respectiva acta lo
concerniente al suministro de tubería de 36’’ que no fue instalada en las obras, por lo que se debía
iniciar ante el municipio de Montería el trámite financiero necesario para la devolución de los recursos
correspondientes a dicho ítem. Lo cual demuestra que, para la referida fecha, aún no había sido
liquidado el convenio (f. 121, c. 1).
19
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, por no haber entregado
completas y en funcionamiento las obras de construcción de la primera etapa del
sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería,
Córdoba y si, por lo tanto, está en la obligación de pagar a las entidades demandantes
las cantidades reclamadas en las pretensiones de la demanda, por concepto de la
devolución de la totalidad de los recursos ejecutados del aporte efectuado por la
Nación al Proyecto, a través de FONADE, debidamente indexados y/o actualizados y
el pago de la cláusula penal o, en subsidio, de los perjuicios establecidos mediante
dictamen pericial; y ii) si al existir una tubería que fue adquirida con recursos
provenientes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del convenio
interadministrativo pero que no fue instalada en las obras objeto de los contratos
resultantes de tal convenio, el municipio está obligado a pagar su valor o solamente a
devolverla en el estado en que se encuentre22.
Hechos probados
61. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, procederá la Sala a referir los
hechos probados más relevantes.
62. El 22 de octubre de 2004 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE suscribieron el
Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 27 (194048 para
FONADE), por medio del cual FONADE se comprometió con el ministerio a prestar
los servicios técnicos, jurídicos y administrativos y a realizar las acciones necesarias
para ejecutar la gerencia de la interventoría técnica, administrativa y financiera del
“Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental que utilicen recursos de
la Nación, financiados a través del mecanismo de ventanilla única”, así como coordinar
las actividades para la ejecución de las obligaciones de convenios de apoyo financiero
22
Se recuerda que en la primera audiencia de trámite se fijó el litigio limitándolo a establecer si existía
o no responsabilidad por parte del municipio de Montería por el incumplimiento del convenio de apoyo
financiero y si, como consecuencia de ello, debía la entidad demandada hacer devolución de los dineros
de los recursos ejecutados del aporte efectuado por la nación, así como el pago de la cláusula penal
derivada del presunto incumplimiento del convenio y el dinero de los recursos no ejecutados por
FONADE. No obstante, en la sentencia de primera instancia, bajo el título de “devolución de recursos
no ejecutados”, el tribunal se refirió a la tubería de 36” adquirida y no instalada y al deber del municipio
de devolverla, más no de pagar su valor; no obstante lo cual, sobre esta reclamación de la pretensión
cuarta de la demanda -en la que se pidió “Que los recursos no ejecutados por FONADE, por valor de
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($77.894.460) deben ser liberados y restituidos al Convenio No. 27 de 2004
– (194048 de FONADE), por parte de FONADE”- no se dijo nada en los recursos, por lo que la Sala se
abstendrá de analizar este punto.
20
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
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Demandado: Municipio de Montería
que se suscribieran entre el ministerio, FONADE y las entidades a las que se les
viabilizaran proyectos de agua potable y saneamiento básico ambiental23. El plazo del
convenio se pactó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2006 pero fue objeto de
varias prórrogas, la última de las cuales fue hasta el 30 de junio de 201124.
63. Como parte de lo acordado, el ministerio le giraría al fondo los recursos necesarios
para el pago de los contratos de obra física, suministro y fortalecimiento institucional
de los proyectos y para sus costos de interventoría, más una remuneración para
FONADE como gerente del proyecto.
64. Dentro de las múltiples obligaciones a cargo de este último, se hallaba la de
tramitar los desembolsos y realizar, previa verificación del cumplimiento de requisitos,
los pagos de las obligaciones contraídas con terceros, incluidos los que debieran
efectuarse a los contratistas derivados de la ejecución de los convenios
interadministrativos de apoyo financiero que serían suscritos entre el ministerio,
FONADE y las entidades territoriales seleccionadas por el primero para ello. Así
mismo, le correspondía adelantar los procesos de selección y celebrar los contratos
requeridos para el desarrollo de las interventorías que se debían efectuar en el
proyecto, así como llevar a cabo su seguimiento y control, debiendo aprobar los
informes que presentaran los interventores y remitirlos al ministerio.
65. También debía informar oportunamente al ministerio sobre cualquier situación de
incumplimiento que se presentara en los convenios y/o contratos derivados del
presente negocio jurídico, con el objeto de tomar las medidas pertinentes en cada
caso, pero la atención administrativa de tales situaciones estaría a cargo de FONADE.
66. En el parágrafo primero de la cláusula séptima del convenio -obligaciones de
apoyo interinstitucional de FONADE-, se estipuló:
FONADE ejecutará las interventorías objeto del presente convenio de conformidad
con los diseños presentados por la entidad territorial y aprobados por el Ministerio,
siendo responsabilidad del Ministerio determinar la viabilidad técnica, financiera,
operativa y jurídica de los proyectos que se aprueben y sobre los cuales se
adelantarán las interventorías.
67. Por su parte, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le
correspondía, entre otras cosas -cláusula octava-, revisar los informes de avance de
23
Fl. 35 y 269 y sgtes. del expediente digital.
24
Fl. 57 del expediente digital.
21
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
obra de cada proyecto aprobados por la interventoría contratada por FONADE y que
mensualmente debían presentarse ante el ministerio; revisar las recomendaciones
técnicas de FONADE y coordinar lo necesario para su valoración y adopción si lo
estimaba conveniente; suscribir con FONADE y los entes territoriales los convenios
interadministrativos de apoyo financiero para la ejecución de los proyectos de agua
potable y saneamiento básico financiados a través del mecanismo de la Ventanilla
Única radicados en el ministerio; responder por la viabilidad técnica, legal y económica
de los referidos proyectos y entregar los soportes respectivos a FONADE, como
insumo de la interventoría objeto del convenio.
68. El 23 de enero de 2006 se celebró el Convenio de Apoyo Financiero entre el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y el municipio
de Montería No. 2060220 cuyo objeto fue aunar esfuerzos “(…) para apoyar la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN PRIMERA
ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN
IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA”25, por un valor de
$7.200’000.000, que serían aportados por el ministerio.
69. Las principales obligaciones a cargo del municipio fueron, entre otras -cláusula
tercera-: 3) obtención de las licencias, permisos y servidumbres necesarios y
garantizar la disponibilidad de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto;
12) destinar los recursos de apoyo financiero a las obras definidas en el plan financiero
del proyecto y adelantar su contratación de acuerdo con el plan acordado con el
ministerio, bajo su entera responsabilidad y dirección; 13) adoptar y coordinar todas
las acciones para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la
sostenibilidad del proyecto y su buen servicio; 14) cumplir oportunamente las
recomendaciones y solicitudes que realice el ministerio y/o FONADE sobre el
desarrollo del objeto del convenio; 15) desarrollar el objeto del convenio de
conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado, que
fue debidamente viabilizado y aprobado por el ministerio. “En el evento en que se
presenten modificaciones técnicas que impliquen la reprogramación total o parcial de
actividades o cantidades de obra aprobadas en el proyecto al cual se le dio viabilidad
y aprobación, antes de iniciar la ejecución se deberá obtener el nuevo concepto de
viabilidad del MINISTERIO”; 18) garantizar que las obras que se ejecuten cumplan
con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y de
25
Fl. 7 del Cuaderno Adición Contestación de la Demanda (f. 1 a 174), del expediente digitalizado .
22
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
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ingeniería establecidas en el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico vigente.
70. Dentro de las obligaciones a cargo del municipio también se hallaba la de realizar
los procesos de selección y contratación necesarios para la ejecución del proyecto,
pero en el parágrafo único de la cláusula tercera se dispuso que, en el evento de que
la prestación de los servicios estuviera a cargo de una entidad diferente al municipio
en virtud de un contrato de operación y/o concesión, o porque era la empresa que
prestaba los servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994, el
municipio acordaría con dicha entidad operadora el proceso de selección, contratación
y ejecución de las obras y demás actividades a desarrollarse en cumplimiento del
objeto del presente convenio, caso en el cual el operador o concesionario debía
acogerse a las obligaciones, procedimientos y normas definidas en el convenio y en
concordancia con los requisitos establecidos por la Ley 142 de 1994 o normas legales
que lo rigieran, o por el Banco Mundial, según fuera el caso, utilizando los esquemas
y modelos suministrados por el ministerio a través de FONADE y sometiéndose al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio para el municipio.
71. A cargo de FONADE se hallaban como obligaciones, principalmente -cláusula
cuarta-, la designación y contratación de la interventoría necesaria para las obras
derivadas del convenio y coordinar esa labor, por lo que también le correspondía
informar al ministerio y al municipio de cualquier situación de incumplimiento que se
presentara respecto del convenio o de los contratos resultantes suscritos por el
municipio o los operadores; así mismo, le correspondía emitir los conceptos jurídicos,
técnicos y financieros que en desarrollo del convenio y/o los contratos resultantes,
fueran requeridos al ministerio en su función de supervisión; la realización de los
pagos derivados de la ejecución de los contratos previa verificación del cumplimiento
de los requisitos para ello y, una vez liquidados los contratos derivados del convenio,
elaborar y suscribir la liquidación de este último y de los contratos de interventoría.
72. Por su parte, el ministerio, además de su obligación de aportar los recursos,
realizaría labores de supervisión, efectuando el seguimiento a la destinación de los
mismos; también concertaría las modificaciones y ajustes que fueran necesarios y, sin
perjuicio de las obligaciones a cargo de FONADE, resolvería las consultas formuladas
por el municipio, pudiendo solicitar informes a través de aquella entidad, realizar visitas
y formular las recomendaciones necesarias para la cabal ejecución del proyecto.
23
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
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Demandado: Municipio de Montería
73. Se pactó cláusula penal pecuniaria “a título de pena” y a cargo del municipio en
caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el convenio, por una suma
equivalente al 10% del valor del aporte hecho por el ministerio, pudiendo éste procurar
la indemnización total de los perjuicios sufridos -cláusula décima segunda-.
74. El 11 de diciembre de 2007 la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.26,
celebró el Contrato No. PAM -071-2007 con el Consorcio Ingesa-Montería, cuyo
objeto fue “Proyecto Construcción de la Primera Etapa del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de la Margen Izquierda de la Ciudad de Montería – Construcción Estación
de Bombeo de Aguas Residuales El Dorado y Líneas de Impulsión entre la Estación
de Bombeo El Dorado y la Laguna y el río Sinú, y entre la Estación Ribera y el Colector
Dorado Grupo 1”, por valor de $3.790’910.053 y con un plazo de 8 meses27, cuya Acta
de inicio del contrato PAM-071-2007, fue suscrita el 29 de febrero de 200828.
75. Mediante Oficio PAM-GR-GR-/09-07/0149 del 17 de julio de 2009, el gerente
general de Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. le pidió al gerente del convenio
FONADE 2060229 autorización para que no fuera construido el lecho de secado de
lodos, el cual tenía un valor de $426’899.101, a fin de compensar las mayores
cantidades de obra necesarias para concluir las excavaciones de la laguna, caso en
el cual Proactiva se comprometía a realizar la construcción del lecho de secado de
lodos con sus propios recursos29.
76. El 26 de abril de 2011 fue suscrita el Acta de entrega y recibo final de los
productos del Contrato PAM-071-2007 por los representantes legales de Proactiva
Aguas de Montería S.A. E.S.P. en calidad de contratante, Consorcio Ingesa-Montería
como contratista y Euco Ltda., Interventora del contrato. Esta última, dejó constancia
de que el producto objeto del negocio jurídico fue entregado por el contratista y
26
“Según escritura pública No. 2976 de Bogotá D.C., el día 17 de diciembre de 1999 se constituyó
PROACTIVA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. como una empresa de servicios públicos, como una
sociedad por acciones de naturaleza anónima, la cual tendría por objeto exclusivo el cumplimiento del
Contrato de Concesión para la financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la
infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la Ciudad de Montería.
Adicionalmente, la escritura indica que la sociedad tendrá una duración que deberá extenderse hasta
que expiren la totalidad de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión y un año más. // El
Contrato de Concesión suministrado en visita, fue suscrito entre la Alcaldía de Montería y PROACTIVA
AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. el 29 de diciembre de 1999, el cual tiene un plazo de 20 años a
partir de la fecha de aprobación de las pólizas”. Información obrante en el documento “Evaluación
Integral de Prestadores Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.” de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, visible en: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-
files/eiproactivamonteriavf_15.05.2018.pdf.
27
Fl. 163 del expediente digital.
28
F. 334 y 598, expediente digital.
29
Fl. 268 del expediente digital.
24
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recibido mediante la suscripción, aprobación y trámite de las actas de obra ejecutadas
1 a la 17 por el interventor Consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda., y la suscripción,
aprobación y trámite de las actas de obra ejecutadas 18 y 19 por la interventoría de
Euco Ltda. a entera satisfacción, “(…) luego de haberse realizado los ajustes y/o
arreglos a las obras tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita a
los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2011”, y que la entrega se hizo según
los detalles que se consignaron a continuación en el acta, enlistando todos los ítems
ejecutados con sus cantidades, valor unitario y valor total30.
77. Acta de No. 1 de entrega de elementos EBAR DORADO contrato PAM-071-
2007 suscrita el 26 de abril de 2011 por los representantes legales de la entidad
contratante Proactiva, la interventoría y el contratista. En su encabezado se enuncia
que corresponden a “Construcción primera etapa del sistema de alcantarillado
sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería Córdoba” y “Construcción
estación de bombeo de aguas residuales El Dorado y líneas de impulsión entre la
estación de bombeo El Dorado y la laguna y el río Sinú, y entre la estación Rivera y el
colector Dorado Grupo 1”. Y se anota que las mencionadas personas se reunieron con
el fin de entregar, por parte del contratista, y recibir por parte del contratante, los
equipos constitutivos de la estación de bombeo El Dorado, según contrato de obra
ejecutado en su totalidad. A continuación, se enuncian los elementos a entregar 31.
78. Acta de liquidación bilateral del Contrato PAM-071-2007, suscrita el 25 de julio
de 2011 por los representantes legales de la contratante Proactiva Aguas de Montería
S.A. E.S.P., el contratista Consorcio Ingesa-Montería y la interventoría, Euco Ltda., en
la que consta que se recibieron a satisfacción las obras mediante acta de entrega y
recibo final del 26 de abril de 2011, que su valor inicial fue de $3.790’910.053 y el valor
final (más adiciones) fue de $4.295’061.873. Que tuvo dos adiciones en valor: una por
$210’240.006 y otra por $293’945.979, para un total de $504’151.820 que fueron
girados por Proactiva, mientras que la suma de $3.696’112.488 fue pagada por
FONADE y que arrojó un valor a girar, por parte de esta entidad, de $94’797.565. En
el acta se dejó consignado que “Las partes expresan que aceptan la liquidación
descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo
el cumplimiento de las obligaciones pendientes32, se liberan mutuamente de cualquier
30
Fl. 358 a 376 del expediente digital.
31
Fl. 426 y 602 del expediente digital.
32
En la misma acta se anotó expresamente que no existía ninguna obligación pendiente a cargo de las
partes.
25
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obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto y en consecuencia se
declaran a paz y salvo por tal concepto”33.
79. Informe final de interventoría presentado en mayo de 2011 por Euco Ltda.,
“Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos que se ejecuten
en virtud de los convenios de apoyo financiero suscritos entre el MAVDT, FONADE y
los municipios beneficiarios del grupo 34”. Contrato de Interventoría No. 2102287.
Informe técnico “Construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado
sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería” Convenio 2060220,
Contrato de Obra No. PAM-071 de 2007, a cargo del operador del acueducto
Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., contratista: Consorcio Ingesa-Montería34.
80. En dicho informe, presentado por el interventor contratado por FONADE para la
fase final del proyecto35, se da cuenta de que el objeto del contrato implicaba la
construcción de la estación de bombeo de aguas residuales con capacidad para suplir
las necesidades de la margen izquierda de la cabecera municipal, instalación de las
redes de alcantarillado sanitario con sus respectivos pozos de inspección, la
construcción de instalaciones eléctricas, concretos, muros en mampostería,
suministro e instalación de tuberías para la planta eléctrica y equipos de bombeo, entre
otros. Se anotó así mismo, que todas las actividades inherentes a la construcción de
las obras objeto del contrato estaban referidas a los planos y diseños suministrados
por Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. y el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo FONADE, en concordancia con el proyecto viabilizado por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. Y que, en términos generales, las
obras ejecutadas se ajustaron a los diseños y especificaciones suministrados para el
desarrollo del objeto contractual. En las conclusiones y recomendaciones, manifestó:
• Que se cumplió con el alcance de la meta física prevista según la viabilización
inicial aprobada por el MAVDT dentro del marco presupuestal dispuesto para
tal fin, con la necesidad de apropiar recursos adicionales que fueron aportados
por Proactiva.
33
Fl. 377 del expediente digital.
34
Fl. 622 y sgtes., del expediente digital.
35
En relación con el interventor, se observa que inicialmente había sido designado y obró como tal el
Consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda., pero su contrato fue suspendido desde diciembre de 2009 y
luego se terminó, por lo que debió ser escogido un nuevo interventor, tal y como fue anunciado por
FONADE al gerente general de Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. el 30 de marzo de 2010, en
oficio en el que del avisó que se estaban adelantando las gestiones con el ministerio para la designación
de la nueva interventoría, por lo que Proactiva debía tomar las medidas que considerara pertinentes
hasta que se designara la empresa interventora de las obras pendientes por ejecutar (fl. 161 del
expediente digital).
26
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• Que en el transcurso de la ejecución de las actividades contratadas fue
necesaria la ejecución de ítems adicionales para los que se aprobaron los
nuevos APU’s correspondientes.
• Que era conveniente que el operador encargado implementara un adecuado y
periódico mantenimiento a las obras construidas, a fin de garantizar el correcto
funcionamiento del sistema y, por ende, mantener su vida útil.
• Era importante que la entidad contratante realizara la obtención de los
permisos de vertimiento, y que complementara las obras de bombeo al río Sinú,
ya que por disposiciones generales la ubicación del descole fue movido aguas
abajo por motivos técnicos. Por esa razón, se debían concluir las obras para
generar efectividad de las realizadas en virtud del Contrato PAM-071.
81. Se informó así mismo, que la entidad contratante Proactiva Aguas de Montería
S.A. E.S.P. había entregado los certificados de libertad y tradición de los predios
donde se realizó la construcción de la estación de bombeo y la vía carreteable de
acceso a la misma, y que estaba pendiente la continuación del proceso del permiso
de vertimiento al río Sinú ante la entidad competente.
82. Se estableció que la inversión programada acumulada fue de $4.294’975.373,
siendo la inversión ejecutada acumulada del mismo valor, lo cual conllevaba a que la
obra presentara un avance en valor acumulado de 100% vs. 100% del valor
acumulado programado, lo cual correspondió a aportes del Banco Mundial de
$3.790’919.256 y $504’065.320 a aportes de la entidad contratante.
83. Contrato PAM-PC-LC-064, celebrado el 4 de noviembre de 2008 entre la
sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P y el Consorcio INGESA-LAGUNA36
para la construcción de la laguna facultativa de la margen izquierda y colector matriz
del barrio El Dorado por valor de $2.753’446.354 -que serían desembolsados al
contratista por FONADE- y con un plazo de ejecución de 8 meses. El Acta de inicio
del contrato PAM-PC-LC-064 fue suscrita el 29 de diciembre de 200837.
84. El 17 de julio de 2009, el interventor Consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda. le
informó al gerente de Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., las obras adicionales
que se requerían, las cuales relacionó y que ascendían a un valor de $556’242.81738.
36
Fl. 193 y 384 y sgtes., del expediente digital.
37
Fl. 87 y 651, expediente digital.
38
Fl. 115 a 125 del expediente digital
27
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85. Mediante oficio del 14 de agosto de 2009 el interventor Consorcio Concep Ltda.-
Ecovías Ltda. le remitió al gerente de Proactiva Aguas de Montería el balance
financiero del Contrato PAM-PC-LC-064. En dicho documento se incluyeron las
mayores cantidades de obra e ítems no previstos que fueron ejecutados, así como los
ítems contratados que no requerían ejecución; específicamente se incluyó como ítem
contratado que sería ejecutado por Proactiva la “EXTENSIÓN COLECTOR MATRIZ
DORADO-ALCANTARILLADO DE LA MARGEN IZQUIERDA”39.
86. El mismo día 14 de agosto de 2009, el interventor le envió comunicación a
Proactiva en la que le informó sobre las obras que era necesario ejecutar para que el
proyecto tuviera la funcionabilidad requerida -alcantarilla para acceso a la laguna,
estructura metálica para soporte de tuberías de salida, suministro de tubería para
alcantarillado DN 500 mm (20”) en longitud de 22 mts., instalación de tubería en 20”
L=22 Ml, concreto para muros en desarenador, acero de refuerzo en desarenador,
enrocado e=0.30 m, empradización con grama, caseta de operación y estructuras de
interconexión para operación-, con las cantidades y valores de cada una de ellas, lo
que sumaba un valor total de $177’618.832 y un costo de la interventoría de
$24’754.40040.
87. Proactiva dio respuesta a la anterior comunicación el 25 de agosto de 2009
manifestando que adelantaría las obras propuestas por la interventoría por valor de
$154’322.832 -para lo cual adjuntó los cuadros con las cantidades y precios de las
obras que se requería ejecutar- y que adicional se autorizaron mayores cantidades de
obra por valor de $166’886.894 y costos de interventoría por valor de $24’754.400,
para una inversión total por parte de la contratante de $ 345’964.12641.
88. Mediante oficio del 20 de agosto de 2009, referido al Contrato PAM—PC-LC-064,
el gerente general de Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., le solicitó a la
interventoría que “(…) sea excluido del valor correspondiente a las obras del contrato
de la referencia, la construcción del colector matriz, en razón a que este componente
está incluido dentro del proyecto ‘Construcción interceptor Juan XXIII del alcantarillado
sanitario margen Izquierda de la ciudad de Montería’, presentado por la Corporación
Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge, CVS, ante el Ministerio de
Vivienda y Medio Ambiente, mediante radicado 4120-E1-136727, el cual se encuentra
39
Fl. 263 y sgtes., del expediente digital.
40
Fl. 127 del expediente digital.
41
Fl. 79 a 81 del expediente digital.
28
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en el proceso de evaluación para su viabilización”42, solicitud que fue remitida al gestor
del convenio de FONADE el 24 de agosto de 2009, con la manifestación, por parte de
la interventoría, de su conformidad con la propuesta de exclusión de ese ítem del
proyecto, y que esos recursos fueran utilizados para ejecutar mayores cantidades de
obra y las obras adicionales requeridas para el óptimo funcionamiento de la obra
construida43.
89. Con oficio del 31 de agosto de 2009, el interventor remitió al FONADE la
comunicación en la que Proactiva informó sobre las obras extras que serían realizadas
a su costa, con la siguiente descripción44:
Mayores cantidades de obra e ítems no previstos $824’415.692
Obras requeridas por ejecutar $154’322.632
Costo de la interventoría (dos meses) $ 24’754.400
Obras totales que no se ejecutarán ($657’528.798)
Saldo Total $345’964.126
90. El 13 de octubre de 2009 el director de la interventoría le remitió al FONADE “los
cuadros modelos remitidos por el MAVDT debidamente diligenciados, con las
modificaciones al proyecto de la referencia”45 -Convenio No. 2060220, construcción
de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de
la ciudad de Montería-. En dichos cuadros, suscritos por la contratante, el contratista
y el interventor, se registraron las modificaciones al proyecto.
91. Entre otras cosas, en relación con el Grupo 2 lagunas facultativas y colector matriz
El Dorado, se plasmó una nota conforme a la cual “La instalación del colector matriz
el Dorado no se ejecutará debido a la consecución de otra fuente de financiación
(CVS) que permitirá la construcción de los tramos faltantes del colector Dorado, sólo
se suministrarán 289,5 ml de tubería de 36”, el valor del contrato se reduce en
487.395.641” (Se subraya). También se estableció, respecto del emisario final, el
cambio a entibado metálico debido a la profundidad a la que se iba instalar la tubería,
lo que no estaba contemplado en el contrato inicial. Así mismo, se consignó que “Del
42
Fl. 131 del expediente digital.
43
Fl. 130 del expediente digital.
44
Fl. 77 del expediente digital.
45
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le había enviado a FONADE el cuadro
modelo de relación de modificaciones, para que fuera diligenciado y acompañado de los soportes
necesarios por parte de la interventoría que justificaran cada uno de los cambios presentados al alcance
viabilizado del proyecto, “en la búsqueda de legalizar en lo posible la reformulación en curso” (fl. 141
del expediente digital).
29
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
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contrato inicial en el componente de lagunas se excluye la estructura de lechos de
secado, esta va a ser realizada por PROACTIVA con recursos propios”.
92. El 2 de diciembre de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo ofició
al gerente del Convenio 194048 FONADE (Convenio 27 entre estas dos entidades)
para informarle sobre la aprobación de la modificación del proyecto de acuerdo con lo
solicitado por dicha entidad desde el mes de septiembre de ese año, que si bien se
presentó como una petición de modificación del Plan Financiero, en realidad implicaba
una modificación del alcance del proyecto, “(…) puesto que los componentes
inicialmente viabilizados por el Ministerio, presentaban cambios importantes, como lo
es la no construcción del colector matriz El Dorado y la variación de longitudes de
tubería en el componente de líneas de impulsión del sistema”. Y se concluyó:
Después de revisada la información soporte de los cambios presentados durante
el desarrollo del proyecto, justificada por FONADE, la interventoría técnica y
Proactiva, Empresa Contratante46, y con los soportes financieros de que los
recursos adicionales necesarios para la debida ejecución del proyecto han sido en
su totalidad asignados por la Empresa de Servicios Proactiva47, empresa
contratante del proyecto, el nuevo alcance y Plan Financiero del Proyecto es el
siguiente:
Alcance Reformulado:
● Construcción Estación de Bombeo de aguas residuales el Dorado de 600 lps y 200
lps, desde donde se bombeará a la laguna y al río Sinú.
● Suministro de tubería de 36 pulgadas para el Colector El Dorado.
● Suministro e instalación de la línea de impulsión Estación El Dorado a la laguna en
tubería de 24 pulgadas, en una longitud de 1.435 ml.
● Suministro e instalación de la línea de impulsión Estación de Bombeo El Dorado al
río Sinú, en tubería de 20 pulgadas, en una longitud de 2.299 ml.
● Suministro e instalación de la línea de impulsión de la Estación Rivera a interceptar
el colector El Dorado, en tubería de 12 pulgadas en una longitud 912 ml.
46
Se registró como justificación de los cambios solicitados lo que explicó la Interventoría a solicitud de
FONADE para atender éste, a su vez, lo requerido por el ministerio en ese sentido: “Le informamos que
en reunión sostenida con Proactiva Aguas de Montería el día 17 de noviembre de 2009, nos informaron
que los cambios realizados al componente Construcción Colector matriz El Dorado en tubería de 36” se
efectuaron debido a que: En el proyecto viabilizado por el Ministerio se instalarían 568 ml de tubería de
36” por un valor de $710.109.281. Proactiva disminuye la cantidad de tubería a instalar en 289.5 ml
debido a que: Proactiva contrata al ingeniero Geotecnista Pablo Castilla para realizar el estudio de
suelos en los sitios donde se va a construir la Estación de Bombeo, sus instalaciones y el Colector Matriz
Dorado. // En razón a que dicho estudio recomendó la instalación del Colector Matriz Dorado con la
construcción de entibado tipo metálico y no con el entibado tipo 1ª en madera, tal como se había
presupuestado en las licitaciones PAM-PC-LC-014-2007 y PAM-PC-LC-004-2008, Proactiva estableció
hacer reajustes en el presupuesto del Proyecto Colector Matriz El Dorado, correspondiente a la licitación
PAM-PC-LC-012-2008, con el propósito [de] mantener el presupuesto oficial por un valor de
$710.109.278. // Para conservar el valor original del proyecto Proactiva determinó reducir los metros
lineales de tubería del proyecto 568, (sic) inicialmente presupuestados en la licitación PAM-PC-LC-004-
2008, a 289.5 ml en la licitación PAM-PC-LC-012-2008 y compensar el mayor valor unitario del entibado
metálico, correspondiente a $59.853 – m2 contra $20.000 – m2 del entibado tipo 1ª. Se efectuó la
actualización de precios, propia de reajustes en el IPC, por el tiempo corrido entre la primera licitación
correspondiente a agosto de 2007 y la tercera licitación de fecha agosto de 2008” (Se subraya).
47
En el cuadro correspondiente al nuevo Plan Financiero se registró que el operador asumía la suma
de $841’100.042 en la reformulación del proyecto.
30
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
● Construcción de la primera etapa de la laguna de la Margen Izquierda con
capacidad de tratar 99 lps y que comprende la construcción de un tren de laguna
facultativa y dos lagunas de maduración (se subraya).
93. Acta de terminación de los trabajos objeto del contrato PAM-PC-LC-064
suscrita por el contratista y la interventoría el 5 de febrero de 2010, en la que consta
que el contratista cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido y que previa
revisión de los productos o bienes, se constató que estos se encontraban
terminados48.
94. Acta de recibo y entrega final de los productos objeto del contrato PAM-PC-
LC-064 suscrita el 5 de febrero de 2010 por el Consorcio Ingesa Laguna como
contratista, el gerente de obras de la contratante Proactiva Aguas de Montería y el
interventor, Consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda., quien manifestó que el producto
fue recibido por este a entera satisfacción49.
95. Acta de liquidación bilateral del contrato PAM-PC-LC-064 del 5 de abril de
2010, suscrita por las partes y el interventor del contrato. En ella consta que el valor
total ejecutado más ajustes fue de $2.941’475.529, de los cuales el valor total pagado
por FONADE fue de $2.667’273.884 y el pagado por Proactiva fue de $274’201.645 y
no se registraron saldos ni obligaciones pendientes a cargo de ninguna de las partes,
por lo que se declararon a paz y salvo por todo concepto50.
96. Acta No. 1 de entrega de elementos laguna facultativa Contrato No. PAM-PC-
LC-064-2008. En esta acta, suscrita el 30 de agosto de 2011 por los representantes
de la contratante, de la contratista y de la Interventoría Euco Ltda., se expuso que se
reunieron en las instalaciones de la laguna facultativa de la ciudad de Montería con
intención de entregar, por parte del contratista, y de recibir por parte del contratante,
“(…) los suministros de materiales que se encuentran en stock, según contrato de obra
ejecutado en su totalidad”. A continuación, se relacionaron los elementos a entregar51:
Tubo novafort de 6” 330 ml
Tubo novafort de 8” 42 ml
Tubo novaloc de 36” 289,5 ml
Unión novaloc de 36” 45 und
48
Fl. 234 del expediente digital.
49
Fl. 236 y 657 del expediente digital.
50
Fl. 430 y 653 del expediente digital.
51
Fl. 429 del expediente digital.
31
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Empaque para unión novaloc 90 und
Tubo novafort de 30” 16 ml
97. Acta de Recibo Final del Contrato 027/2010 suscrita por representantes de la
CVS, el contratista Consorcio Juan XIII 2010 y el interventor el 30 de agosto de
2013, en la que consta que el objeto del contrato52 fue ejecutado en un 100%. En esta
acta, se indicó que los funcionarios de la empresa Proactiva Aguas de Montería S.A.
E.S.P., que estuvieron presentes durante la instalación de las tuberías no hicieron
salvedad alguna sobre las pruebas y ensayos realizados a la obra construida ni sobre
el funcionamiento de las tuberías instaladas. Aclarando que dicha empresa, era la
operadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Montería y que
había construido la estación de bombeo de aguas servidas El Dorado, por lo que se
encontraba adelantando pruebas eléctricas y de funcionamiento a los equipos
electromecánicos instalados en la estación (bombas, sistemas de control de olores,
etc.) y el ajuste de todo el sistema eléctrico de la misma (luminarias, alarmas,
tomacorrientes, etc.) para lograr su óptima operación, y que “[l]la puesta en
funcionamiento de la red de colectores instalados por el contratista de la CAR CVS
está supeditada a la terminación de las mencionadas pruebas que adelanta el
operador, las cuales serán terminadas en los próximos días”53.
98. Informe del representante legal de Proactiva de Montería S.A. E.S.P. sobre la
ejecución y cumplimiento de los contratos PAM-071 de 2007 y PAM-PC-LC-064 de
2008, enviado a solicitud de tribunal54 el 8 de abril de 201555. En el mismo, se afirmó
que estos contratos, derivados del Convenio Financiero No. 2060220 de 2006, sí
fueron ejecutados a cabalidad.
99. Hizo un recuento de lo sucedido a partir de la suscripción del referido convenio
suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y
el municipio de Montería, cuyo objeto fue la construcción de la primera etapa del
sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería,
explicando que FONADE contrató al consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda., para que
desarrollara la interventoría de la construcción de este sistema de alcantarillado.
52
Consistente en la construcción de colectores secundarios barrio Juan XXIII, margen izquierda del
municipio de Montería, suscrito el 29 de octubre de 2010 (f. 729 del expediente digital) y cuya acta de
inicio se suscribió el 26 de noviembre de 2010 (f. 742 del expediente digital).
53
Fl. 797 del expediente digital.
54
Fl. 568, audiencia inicial, se decretó de oficio esta prueba; y 589, del expediente digital.
55
Fl. 593 del expediente digital.
32
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
100. En virtud del referido convenio, a su vez el municipio de Montería y Proactiva
Aguas de Montería S.A. E.S.P. suscribieron un convenio interadministrativo para la
construcción de las mencionadas obras56, lo que dio origen a la celebración de dos
contratos: Uno para la construcción de la estación de bombeo en el barrio El Dorado
y tres líneas de impulsión y otro para la construcción de un sistema de lagunas y parte
del colector matriz del barrio El Dorado:
a) Contrato PAM 071 de 2007 por valor de $3.790’910.053, que fue suscrito por
Proactiva y el Consorcio Ingesa Montería, cuyo objeto fue la “construcción de la
Estación de bombeo de aguas residuales denominada El Dorado y la construcción de
las líneas de impulsión entre la estación de bombeo El Dorado y las Lagunas
facultativas, entre la EBAR Dorado y el Río Sinú, y entre la Estación Rivera y el
Colector matriz”. Este contrato requirió de obras adicionales, aprobadas por la
interventoría, cuyo costo fue asumido por Proactiva con sus propios recursos. En
razón de esas obras adicionales necesarias para dejar en funcionamiento la obra, en
el informe se dijo que Proactiva solicitó al MAVDT su autorización para modificar el
plan financiero del proyecto inicialmente aprobado “a fin de incluir los recursos
adicionales del concesionario que se necesitaban para dejar la obra terminada
conforme al alcance definido en los diseños y en el contrato”, lo que fue autorizado
por el ministerio. El 26 de abril de 2011, el interventor contratado por el FONADE para
la fase final del proyecto, EUCO Ltda., hizo entrega formal de la obra ejecutada a
Proactiva y en su informe final consignó que se cumplió con el alcance de la meta
física prevista.
b) Contrato PAM PC-LC-064 de 2008, entre Proactiva y el Consorcio Ingesa-Laguna,
por valor de $2.753’446.354, cuyo objeto fue la construcción de la laguna facultativa
de la margen izquierda y colector matriz del barrio El Dorado. En relación con este
contrato, en el informe se sostuvo que el 14 de agosto de 2009 la interventoría avisó
a Proactiva que se requerían obras adicionales imprevistas que debían ejecutarse
para que la obra fuera funcional. Y que “[c]on el balance financiero presentado por la
Interventoría, el MAVDT ajustó el alcance del proyecto dejando por fuera del alcance
inicial unos componentes del proyecto para permitir que, con los recursos asignados
por el MAVDT y la consecución de recursos adicionales del orden de $321’209.726 se
pudieran construir en su totalidad las tres (3) lagunas en serie del sistema de
tratamiento; estos componentes excluidos del proyecto fueron: los lechos de secado
56
La Sala no encontró en el expediente digitalizado que fue remitido por el tribunal copia de este
convenio.
33
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
y el colector matriz Dorado”. Así fue como se ejecutó el nuevo alcance del proyecto,
con el aporte, por parte de Proactiva, de los recursos adicionales requeridos para dejar
las lagunas terminadas. La Interventoría contratada por FONADE para el proyecto,
Consorcio Concep Ltda.-Ecovías Ltda., recibió a satisfacción las obras y el 5 de abril
de 2010, hizo entrega formal de la obra ejecutada a Proactiva, mediante acta de
liquidación final del contrato, cuyo valor total ejecutado fue de $2.941’475.529.
101. De otro lado, afirmó que las obras construidas en virtud de los dos anteriores
contratos son eficaces, porque cumplen a cabalidad con los lineamientos del
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000
(Resolución 1096 de 2000). Explicó:
102. Que en el Contrato PAM 071, el sistema construido consta de una estación
equipada con seis equipos de bombeo y tres líneas de impulsión; la estación consta
de una estructura de entrada donde se reciben las aguas residuales de la margen
izquierda; y que la estación de bombeo se encuentra en operación y totalmente
funcional desde el mes de septiembre de 2014, según videos y registro fotográfico
adjuntos.
103. Por su parte, en el Contrato PAM PC-LC-064, el sistema construido consta de
tres lagunas en serie, una laguna facultativa y dos lagunas de maduración; la primera
se construyó para depurar las cargas orgánicas superficiales provenientes del sistema
de alcantarillado sanitario, recolectadas en la estación de bombeo El Dorado, y las
lagunas de maduración tienen como objetivo primordial la eliminación de bacterias
patógenas. Además, se construyó la descarga final que transporta las aguas
depuradas en el río Sinú. Se agregó que el sistema de lagunas fue aprobado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico mencionado, garantizándose
totalmente su estanqueidad y se encuentran aptas para recibir las aguas residuales
provenientes de los usuarios del sistema de alcantarillado sanitario de la margen
izquierda de la ciudad de Montería. Y se sostuvo que dicho sistema lagunar se
encontraba en operación desde el mes de septiembre de 2014.
104. En conclusión, en el informe se afirmó que las obras construidas en virtud de los
dos contratos anteriores son eficaces, por cuanto cumplen con los lineamientos del
reglamento y eficientes porque los equipos de bombeo funcionan adecuadamente con
los caudales para los cuales fueron diseñados; y en cuanto al sistema de tratamiento,
hay plena garantía de que el sistema de lagunas construido puede depurar las aguas
residuales con los niveles de eficiencia exigidos por la CVS, es decir que cumple con
34
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
los porcentajes de remoción en carga de los parámetros de DBO 5 (demanda
bioquímica de oxígeno) y SST (sólidos suspendidos totales), el cual es el objetivo final
de un sistema de tratamiento de las aguas residuales municipales, según lo
establecido por el Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 1594 de 1984.
105. Informe de la CAR CVS57 enviado a solicitud del tribunal a-quo58 el 24 de
junio de 2015. En él dio cuenta de las características de la margen izquierda de la
ciudad de Montería, localizada en una zona baja e inundable con graves problemas
de drenaje, debido a la falta de canales para la recolección y transporte de aguas
lluvias y de escorrentía y la falta de un sistema completo y eficiente de alcantarillado
sanitario, así como una inadecuada disposición de residuos líquidos y sólidos por parte
de los habitantes del sector y la existencia de extensos humedales y caños que se
desbordan en época de invierno.
106. Por tal razón, el 29 de octubre de 2010 se celebró el Contrato 027 por parte de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, cuyo
objeto fue la construcción de colectores secundarios barrio Juan XXIII, margen
izquierda del municipio de Montería, viabilizado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y ejecutado con recursos del Fondo Nacional de
Regalías y la CAR CVS. El plazo de ejecución inicial fue de 6 meses, el cual debió ser
prorrogado en varias oportunidades debido a circunstancias de tipo climatológico y de
estabilidad de suelos que no permitieron ejecutar las obras en forma oportuna y por la
necesidad de realizar una intervención vial para construir un cruce subterráneo a lo
ancho de la vía Montería-Arboletes, para lo que se tuvo que pedir y obtener
autorización de la ANI59. Fue así como el día 30 de agosto de 2013, se suscribió el
57
Fl. 721 y sgtes. Del expediente digital.
58
En la audiencia inicial del 6 de marzo de 2015, el tribunal ordenó requerir al representante
administrativo de la CAR CVS para que rindiera un informe bajo la gravedad del juramento, de manera
explícita y detallada, sobre el inicio, avance y evolución de la obra del canal colector matriz ubicado en
la margen izquierda financiada por la CVS, agregando al mismo las razones por las cuales la obra del
canal colector matriz mencionado, a la fecha de la contestación de la demanda -26 de septiembre de
2014- según el apoderado del municipio, no había sido entregada (fl. 569, 585 y 703 del expediente
digital).
59
Mediante oficio 0601929 del 21 de junio de 2012 (fl. 802 del expediente digital), el secretario general
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS le solicitó al presidente
de la Agencia Nacional de Infraestructura una autorización para un colector de alcantarillado sanitario
en la vía Arboletes-Montería (Código 7401) a la altura de la calle 29 del barrio El Dorado de la ciudad
de Montería. Explicó que la CVS se encontraba ejecutando el proyecto “Construcción de Colectores
Secundarios Barrio Juan XXIII, margen izquierda de la ciudad de Montería”, que comprendía la
instalación de tuberías que funcionarían a gravedad y transportarían todas las aguas residuales
provenientes de los barrios localizados en la margen izquierda de la ciudad de Montería. Que, para
finalizar la instalación de las tuberías, que conectaban el sistema de alcantarillado existente que
recolectaba las aguas servidas de varios barrios con la estación de bombeo y la planta de tratamiento
de aguas residuales construidas en el barrio El Dorado, se debía intervenir la referida vía mediante la
construcción de un cruce vial. Aclarando que “Con la instalación del tramo de colector matriz de 27” de
diámetro a instalar transversalmente a la vía, se logrará que el sistema de alcantarillado sanitario de
35
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Acta de Recibo Final con la ejecución total de las obras contratadas, conectadas a la
estación de bombeo El Dorado y en pleno funcionamiento.
107. A partir de ese momento se empezó acercamiento con el municipio de Montería
y la empresa Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. para la entrega de las obras
de alcantarillado, pero en el mes de octubre de 2013 se presentó una falla en los dos
últimos colectores, por lo que Proactiva decidió no recibir las obras ejecutadas hasta
que se realizaran las reparaciones de los colectores afectados. Efectuadas las
reparaciones necesarias, Proactiva solicitó que se realizara una nueva limpieza de la
tubería instalada como requisito para el recibo a satisfacción de las obras construidas.
108. Pasado casi un año de terminadas las reparaciones y puestas nuevamente en
funcionamiento las obras, Proactiva informó a la CVS que el 27 de enero -de 2015-
habían realizado inspección con cámara de video al tramo que conecta el colector
construido con la estación de bombeo El Dorado y se evidenció que la tubería
presentaba: i) perforaciones del tramo de 30 pulgadas que conecta el colector
construido con la estación de bombeo, lo cual permitía el ingreso de aguas freáticas
al sistema de alcantarillado; ii) achatamiento de la parte superior del tramo de 30
pulgadas y iii) mala colocación de hidrosellos, lo que permitía el ingreso de aguas
freáticas al sistema de alcantarillado. Por lo anterior, la CVS requirió al contratista y al
interventor para que se reparara de forma inmediata el tramo afectado e inició los
procesos sancionatorios pertinentes, “(…) dado que se ha presentado inestabilidad de
las obras construidas en la estación de bombeo “El Dorado” de la ciudad de Montería”.
109. A la fecha del informe -24 de junio de 2015-, se tenía adelantado un 70% de la
reparación del tramo de colector de 30 pulgadas y 3 metros de longitud que conecta
el colector principal construido por la CVS con la estación de bombeo El Dorado
construida por Proactiva, y se esperaba que en un término no mayor de 20 días se
terminara dicha actividad, para hacer entrega de las obras al municipio y a la empresa.
110. Y concluyó que el proyecto adelantado por la CAR CVS no contempló la
construcción de acometidas domiciliarias, por lo cual el colector principal, la estación
de bombeo El Dorado y la planta de tratamiento de aguas residuales, sólo recibirá
aguas servidas cuando Proactiva construya las conexiones domiciliarias de la margen
izquierda. A esa fecha, se estaban recibiendo las aguas residuales provenientes de
algunas viviendas conectadas de forma fraudulenta.
gran parte de la margen izquierda de la ciudad, funcione adecuadamente”. Dicho permiso fue concedido
mediante Resolución No. 088 del 16 de enero de 2013 (fl. 807 del expediente digital).
36
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
111. El 31 de diciembre de 2012 el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y
Territorio envió oficio al alcalde municipal de Montería en el que manifestó que durante
la ejecución de las obras correspondientes al cumplimiento del Convenio de Apoyo
Financiero 2060220 suscrito entre ese ministerio, FONADE y el municipio, se
presentaron modificaciones que fueron avaladas por la interventoría, el contratista y
la sociedad Proactiva y que condujeron a la reformulación del proyecto por parte del
ministerio. Que uno de los componentes del proyecto, contemplaba el suministro de
tubería de 36 pulgadas en una longitud de 289 metros lineales que serían instalados
en el Colector Matriz El Dorado, pero que en visita realizada por el supervisor del
ministerio se le informó que dicha tubería no fue instalada, “(…) y aun cuando este
hecho no afectó la correcta terminación del proyecto, este Ministerio solicita de manera
inmediata se inicie el trámite financiero respectivo ante el Ministerio y Fonade para la
devolución de los recursos correspondientes al ítem suministro de tubería PN1
SN2500 N7m2 DN900 mm (36”) por valor de $102’483.000 pesos moneda corriente,
con la indexación de los mismos a la fecha efectiva de devolución”, pues esos recursos
debían ser reintegrados al Convenio Marco No. 27 suscrito entre el ministerio y
FONADE60.
112. Mediante oficio PAM-OB-OB/13-07/00344 del 16 de julio de 2013, la gerente
general de Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. dio respuesta a FONADE sobre
la solicitud de reintegro de la suma de $142’970.797 que le hiciera aquella entidad61,
por concepto del costo de las tuberías suministradas y no instaladas en el alcance del
Contrato PAM.PC-LC-064 de 200862. Al respecto, le manifestó que las tuberías a las
que se hizo referencia correspondieron al suministro que según el Acta Parcial No. 1
del contrato recibió la interventora Concep Ltda.-Ecovías Ltda., de tuberías que debían
ser instaladas en el Colector Matriz Dorado y en los lechos de secado de lodos. Explicó
que, en razón de las obras adicionales que se debieron ejecutar y cuyo costo fue
asumido por Proactiva con sus recursos propios en la suma de $928’539.044,
incluyendo los costos de interventoría -tal y como consta en las actas de liquidación
de los dos contratos 071 y 064-, dicha sociedad presentó al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial una solicitud de reformulación del proyecto,
explicando que se debían priorizar las obras inherentes al sistema de tratamiento
(lagunas), es decir que las tuberías que se habían recibido para el colector del Dorado
y los lechos de secado no se iban a instalar, se aplazó su instalación, porque el
propósito de la reformulación tenía como prioridad que el sistema de pretratamiento y
60
Fl. 227 del expediente digital.
61
Mediante oficio No. 20132330117961 del 23 de mayo de 2013, fl. 256 del expediente digital.
62
Fl. 259 del expediente digital.
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Actor: FONADE y otro
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la construcción de las lagunas facultativas se lograran terminar. Que se obtuvo por
parte del ministerio la aprobación de la reformulación del proyecto, autorizando un
nuevo plan financiero del proyecto reformulado por valor de $8.828 millones, de los
cuales Proactiva se comprometió en la financiación del 12% de los recursos
asignados. Y agregó que “Se hace énfasis en que el Ministerio estuvo al tanto de que
existían obras que no podían realizarse con los recursos que se asignaron en la
reformulación del proyecto, entre ellas, se elimina la construcción de los lechos de
secado y la instalación de la tubería del colector matriz el Dorado”.
113. Adujo que el interventor contratado por FONADE para la etapa de liquidación del
contrato de obra, Euco Ltda., le solicitó a Proactiva que almacenara en sus bodegas
las tuberías en cuestión, por lo que, desde el 30 de agosto de 2011, cuando se
suscribió la respectiva acta de recibo de tales elementos, los mismos estaban bajo su
guarda.
114. Manifestó así mismo, que las tuberías en cuestión no pudieron ser utilizadas en
el Contrato Interceptor Juan XXIII celebrado por la CVS, por cuanto fue viabilizado
técnicamente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial un
proyecto con características y alcance técnico distinto al inicialmente aprobado en el
marco del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220, sin tener en cuenta la tubería
del colector matriz que había quedado sin instalar.
115. Así las cosas, como no había una disposición expresa en los documentos del
convenio de apoyo financiero que indicara que Proactiva debía devolver en dinero los
elementos suministrados y no instalados en el desarrollo del proyecto, le solicitaba
que determinara el destino final de la tubería para hacerle entrega de la misma, la cual
se encontraba almacenada y custodiada por la empresa desde la liquidación de las
obras, lo que le representaba costos importantes.
Dictamen pericial
116. Dictamen pericial rendido por el ingeniero civil José Luis Gánem Páez63 el 13 de
agosto de 201564, acompañado de registro fotográfico, fotografías aéreas brindadas
63
Ingeniero Civil, con especialidad en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y especialista en Análisis de
Diseño y Estructuras, con experiencia como auxiliar de la justicia de alrededor de 20 años en la lista de
auxiliares.
64
Se advierte que el perito solicitó que se decretaran y practicaran varias pruebas que consideró
necesarias para rendir su dictamen (el estudio que dio origen en su fase 1 y su fase 2 del convenio de
apoyo financiero No. 2060220; en medio magnético: las memorias de cálculo con los planos anexos
que dieron origen para concebir tal proceso y el listado actualizado de los precios y los APU que dieron
origen al presupuesto que hace parte de los contratos No. PAM-071-2007 y el PAM-PC-LC-064 de
38
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
por el sistema de información geográfica Google earth y video de las obras
encontradas y su funcionamiento. A continuación, se relacionan las preguntas que se
le formularon y las respuestas dadas por el auxiliar de la justicia65:
117. Que el perito determine las obras ejecutadas, entregadas y no ejecutadas,
en la ejecución de los contratos CONSORCIO INGESA y en el CONSORCIO
INGESA LAGUNA dentro de la ejecución de los contratos PAM No. 071 de 2007
y PAM-PC-LC-064 de 2008 respectivamente, especificando en qué forma fueron
ejecutados los recursos del convenio 2060220 por valor de $7.200.000.000.
118. En su respuesta el perito estableció, con base en las actas de mayores y menores
cantidades, las actas finales y de recibo de obra, lo siguiente:
119. En el contrato del Grupo 1 No. PAM-071-2007, cuyo objeto consistió en la
construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la margen
izquierda de la ciudad de Montería, con fecha de inicio el 29 de febrero de 2008 y
fecha del acta de entrega final del 26 de abril de 2011, es decir un tiempo transcurrido
de 3 años 2 meses, es decir 38 meses:
TOTAL APORTES DE LA NACIÓN $3.790.910.053
TOTAL APORTES PROACTIVA AGUAS $504.151.821
DE MONTERÍA S.A. E.S.P.
TOTAL APORTES EJECUTADO $4.295.061.873
NUEVO VALOR DEL CONTRATO DE $4.001.150.059,39
OBRA GRUPO 1, SEGÚN LOS
REAJUSTES HECHOS AL NUEVO
PLAN FINANCIERO (Según Acta Final)
120. Las obras realizadas fueron:
● Suministro tubería 36 pulgadas para el colector El Dorado.
● Edificio Estación de Bombeo El Dorado, de 600 y 200 LPS
● Instalaciones eléctricas
● Estación eléctrica
● Extensión línea de impulsión Estación El Dorado-Laguna margen izquierda
● Extensión línea de impulsión Estación El Dorado-Río Sinú 24 Pulg.
● Construcción línea de impulsión Estación La Rivera-Colector matriz El Dorado
12 pulg.
2008), a lo cual el tribunal accedió, ordenando a las entidades demandantes y demandada la remisión
de la documentación solicitada (f. 698 y 700 del expediente digital).
65
Fl. 836 del expediente digital.
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121. Valor total ejecutado: $4.295’061.873
122. Y el perito concluyó que “Lo anterior indica que este contrato se ejecutó a
cabalidad, a pesar de haber tenido varios ajustes, obras adicionales, como también
algunas suspensiones y prórrogas. Estas debidamente soportadas y avaladas por la
interventoría de su momento CONSORCIO CONCEP LTDA-ECOVIAS LTDA.”.
123. Para el contrato del Grupo 2 No. PAM-PC-LC-064-2008, cuyo objeto consistió en
la construcción de la laguna facultativa de la margen izquierda y colector matriz del
barrio El Dorado, con valor inicial de $2.753’446.354 según el contrato de Proactiva,
el mismo dio inicio el 29 de diciembre de 2008 y la entrega final se produjo el 5 de
febrero de 2010, es decir un año y un mes de duración. Tuvo un valor adicional de
$2.941’475.529 y un valor total ejecutado (más el ajuste) de $2.941’475.529.
124. Las obras realizadas fueron:
● Lagunas de estabilización
● Emisario Final de 30 pulgadas
● Línea de impulsión Estación Dorado-Laguna 24 pulgadas
● Línea de impulsión Estación El Dorado-Río Sinú, 20 pulgadas
● Obras de cerramiento
● Extensión colector matriz-Alcantarillado de la margen izquierda.
125. Las obras no ejecutadas con recursos del convenio fueron:
● Manejo de lodos, lecho de secado
● Extensión del colector matriz El Dorado en un diámetro 36 pulgadas
● Extensión colector matriz-Alcantarillado margen izquierda
126. Que determine el porcentaje de ejecución de las obras del Convenio de
Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 a 31 de junio de 2011.
127. El perito respondió que haciendo uso de la información consignada por las
interventorías y en las actas de entrega y recibo final de los contratos No. PAM-071-
2007 y PAM-PC-LC-064-2008, se advertía que entre los dos se había ejecutado la
suma de $7.236’537.802 y el último valor ajustado del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio-FONADE, con el NUEVO PLAN FINANCIERO MODIFICADO, representa
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un total de $7.447.371.606,39, por lo que, haciendo la relación, se encontraba que el
porcentaje de ejecución fue del 97,17%.
128. Acotó que en las actas de menores y mayores cantidades dice que el contrato
del Grupo 1 No. PAM-071-2007 estaba en un 95,67%, mientras que el del Grupo 2
No. PAM-PC-LC-064-2008 dice que estaba en un 100%.
129. Que cuantifique a la fecha del dictamen pericial los costos en que se deberá
incurrir para poner en funcionamiento las obras del proyecto objeto del
Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 y de sus contratos
derivados PAM-071-2007 y PAM-PC-LC-064-2008 ejecutadas a corte 30 de junio
de 2011.
130. El perito estableció que quedaron pendientes i) el lecho de secado de lodos y ii)
el colector matriz El Dorado con una longitud de 289,50 metros lineales de tubería de
36 pulgadas de diámetro. Expuso, en primer lugar, la justificación que existió para la
no realización de estas obras, manifestando, en relación con el manejo de lodos o
lecho de secado, que este suceso fue informado y tratado en comité de obra, donde
Proactiva pidió su no construcción, en razón de los ajustes que debían hacerse en
cuanto a las mayores y menores cantidades de obra a ejecutar. En cuanto a la
construcción del Colector El Dorado, sostuvo que el mismo sufrió varios contratiempos
ya que, de un lado, el entibado pasó de ser en madera a ser metálico, con una
reducción de la longitud de la tubería a 289,5 mts.; y de otro lado, el colector fue
contratado por la CVS, y no había sido entregado aún en debido funcionamiento.
Luego procedió a efectuar los cálculos pedidos, los cuales arrojaron como resultado
que:
131. El valor establecido para ejecutar el lecho de secado de lodos era de
$426’899.101 y según informe de interventoría No.1, los recursos se empezaron a
administrar desde enero de 2008, por lo que los cálculos se hicieron a partir del primer
mes vencido, es decir febrero de 2008. Aplicando el índice de costos de la
construcción pesada (ICCP) para indexar dicha suma, el perito determinó que, para
junio de 2015, el costo para ejecutar las referidas obras ascendía a $527’084.214,05.
132. El valor a indexar por concepto del colector matriz El Dorado en la longitud
mencionada era, según lo consignado en las actas, de $652’923.198 que,
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actualizados desde febrero de 2008 hasta junio de 2015 con el ICCP, daba la suma
de $ 806’151.874, 88.
133. Determinar, en la evolución de la ejecución de los contratos mencionados,
cómo se produjo la construcción del colector matriz del Dorado y si dicha obra
fue entregada en forma satisfactoria y funcional.
134. El perito manifestó que dicho colector no fue construido en ejecución del contrato
PAM-PC-LD-064 de 2008 porque cuando se iba a ejecutar, se advirtió que ya había
sido contratado por la CVS, así que no se pudieron instalar los 568 metros de tubería
de 36 pulgadas que inicialmente se tenían presupuestados, como tampoco los 289,50
metros que fueron reajustados por las mayores cantidades de obra. Se indagó en la
CVS por dicho colector y se informó que el mismo fue instalado, pero que había tenido
varias fallas durante sus pruebas hidrostáticas, agregando que “el día de la visita se
evidenció la falla en la cámara de llegada de este colector y presentaba
asentamientos, motivo por el cual la tubería de 36 pulgadas se había roto”.
135. Determinar de manera general si la obra ejecutada en su conjunto es
funcional o no, para lo cual deberá determinar si se realizaron o no pruebas
técnicas.
136. El auxiliar de la justicia informó que se realizó una visita con funcionarios de la
empresa Proactiva S.A. E.S.P. y se pudo evidenciar que el sistema contemplado en
los diseños correspondía a un colector principal de 36 pulgadas, que llevaría todas las
aguas residuales provenientes de los barrios de la margen izquierda a una estación
de bombeo de aguas residuales del Dorado; desde esta planta, serían llevadas a
través de una tubería de 24 pulgadas de diámetro hasta las lagunas de oxidación. Las
aguas ya tratadas provenientes de las lagunas, serían nuevamente enviadas por una
tubería emisaria de 24 pulgadas a la estación de bombeo de aguas residuales del
Dorado y desde aquí, serían bombeadas por una tubería de 20 pulgadas a su
disposición final, en el río Sinú.
137. Sostuvo que la manera adecuada para establecer si el sistema en conjunto era
o no funcional, era poniendo en actividad “para lo que fueron concebidos cada uno de
estos componentes, pero el que garantiza el inicio de este funcionamiento es el
COLECTOR EL DORADO y los equipos de BOMBEO para la disposición final del
agua al río Sinú; pero he sostenido, este se encontraba averiado. Por todo lo anterior,
solo se pudo evidenciar el funcionamiento de la LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS
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RESIDUALES que va desde ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
DEL DORADO hasta las LAGUNAS DE OXIDACIÓN”. Pero que no estaban
funcionando el emisario final que lleva nuevamente las aguas ya tratadas a la Estación
de Bombeo Aguas Residuales del Dorado ni la que va de esta estación hasta el río
Sinú, sitio de disposición final. Por lo tanto, el día de la visita no se encontraba
operando dicho sistema de manera conjunta.
138. Audiencia de contradicción del dictamen: El 4 de septiembre de 2015 se
reanudó la audiencia de pruebas en el tribunal, llevando a cabo la audiencia de
contradicción del dictamen pericial, en la cual las partes tuvieron la oportunidad de
pronunciarse sobre esta prueba y de pedir las aclaraciones y complementaciones que
consideraron necesarias66.
139. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que el dictamen cumplía
con el objeto para el cual se practicó y que no tenía ninguna objeción.
140. Por su parte, el apoderado del FONADE pidió las siguientes aclaraciones:
141. En relación con el suministro de tubería de 36” para el colector El Dorado, le pidió
al perito informar si dicha tubería estaba instalada. En caso contrario, cuál era el
estado de la misma, qué cantidad se encontraba almacenada, en dónde y si la misma
podía ser utilizada en ese momento, a lo que el auxiliar de la justicia respondió que la
mencionada tubería no fue instalada y que no la midió porque esto no fue pedido en
el decreto de la prueba. Pero que sí constató que existía en la estación del Dorado,
aunque no podía dar fe de que una tubería mantenida a la intemperie conservara las
mismas condiciones para las que fue adquirida, pues entre otras cosas, el sol cristaliza
el PVC.
142. Sobre la estación de bombeo de El Dorado de 600 y 200 lts. x segundo, se le
pidió aclarar si esta infraestructura estaba brindando algún servicio en ese momento.
El perito respondió que había algunos usuarios conectados fraudulentamente y la
poca agua que lograba pasar llenaba un foso donde se encontraban las bombas. Esa
bomba es la que envía el agua desde esa estación a la laguna. Es el único servicio
que hay, no está funcionando la que reimpulsa a la disposición final, la de 20”.
66
CD Audio 574 2014-57 cont. Pruebas-PERITO, cuaderno principal del expediente.
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143. En relación con el contrato No. PAM-PC-LC-064 de 2008, lagunas de
estabilización que, según el proyecto, serían anaerobia facultativa y de maduración,
el apoderado preguntó si esas obras se encontraban en buen estado y en
funcionamiento, y que si no lo estaban ¿se les ha dado mantenimiento para evitar que
sufran deterioro? El experto respondió que las lagunas estaban en buen estado de
funcionamiento; que periódicamente lograba colarse algo de agua que provenía de
los que estaban conectados fraudulentamente y que esa agua la enviaban a la laguna
de oxidación, que prácticamente mantenía cierto nivel, que bajaba por evaporación. Y
que los operadores, cuando el foso estaba que se rebosaba, prendían la bomba y
mandaban el líquido hasta allá. Reiteró que en buen estado sí estaban.
144. En cuanto a la extensión al colector matriz del alcantarillado de la margen
izquierda, el apoderado preguntó cuál era el estado actual de la obra y si se
encontraba en funcionamiento, si respecto de ese tramo se habían efectuado pruebas
hidrostáticas y qué resultado se obtuvo con ellas. El perito manifestó que la tubería
fue instalada con el contrato de la CVS pero no estaba en funcionamiento; que habían
tratado de ponerla a funcionar, pero que casi siempre había problemas con la tubería,
sufría aplastamientos sucesivamente, por lo que no estaba en funcionamiento el
colector final El Dorado.
145. Se pidió que indicara todas las obras que resultaran necesarias para que el
proyecto fuera funcional detallando cada una con su respectivo valor. El auxiliar de la
justicia respondió que eso era, básicamente, un circuito; si no se tiene el producto
final, que es el agua que brinda el colector El Dorado, no se podrá satisfacer la
necesidad para la cual fue concebida la obra, que era el beneficio de los usuarios de
la margen izquierda. Por esta razón, sostuvo que había interpretado lo sostenido por
la interventoría en cuanto a que el lecho de secado no era como una camisa de fuerza
para hacerlo de inmediato. Y que para el funcionamiento del sistema, lo que se
requería era adecuar el colector El Dorado, que es el que pone a funcionar las bombas
que se requieren para el vertido final del líquido en el río Sinú. Que esa parte del lecho
de secado, Proactiva se comprometió a hacerlo y efectivamente lo hizo, pero que
estaba “a medias”. En todo caso, reiteró que su labor se limitaba a lo que estaba dentro
de los contratos y que se dejó de hacer, por eso fue que mencionó que fue la
interventoría la que contempló que el lecho de secado no se hiciera, para tratar de
reajustar la parte del precio.
146. Se le preguntó al perito si podía detallar cada obra faltante necesaria para el
funcionamiento del sistema con su respectivo valor estimado, a lo que el auxiliar de la
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justicia reiteró que lo que faltaba era el colector El Dorado, cuyo valor actualizado se
había calculado en el dictamen en aproximadamente 800 millones de pesos.
147. El apoderado le preguntó al experto, en cuanto al colector El Dorado construido
por la CVS, si las fallas eran factibles de reparar, la duración de tales obras de
reparación y si representaban algún riesgo a futuro para el buen funcionamiento del
sistema. El perito respondió que el suelo donde están las obras es de ciénagas; que
se puede arreglar el colector, pero que eso implicaría tomar los correctivos de suelo y
que era ahora cuando se estaban tomando la tarea de explorar el suelo hasta 25
metros para ver qué era lo que estaba pasando, que el suelo se estaba comportando
de manera inestable y no dejaba trabajar el colector. Que no era la primera vez que lo
reparaban, ya lo habían hecho varias veces, según lo informó la CVS. Reiteró que sí
se podía hacer, pero ello implicaría mayores costos; que ahí se necesitaba un entibado
especial, como lo dijo la interventoría, que fuera metálico, no tipo A. Los colectores
finales casi siempre van muy profundos porque eso trabaja es por gravedad, y en la
medida en que se va avanzando hasta el final, las pendientes son mayores y claro, la
tubería termina enterrada.
148. En cuanto a la determinación de si la obra terminada es funcional en su conjunto,
se le pidió al perito que indicara si las líneas a las que hizo referencia que no estaban
en funcionamiento era porque el sistema como tal no lo estaba, o si las líneas antes
descritas presentaban por sí mismas un defecto que les impedía funcionar; y de ser
así, que señalara, de manera específica, la causa. Adicionalmente, si por el tiempo
que habían estado las tuberías sin uso desde el momento de su entrega, al entrar en
servicio se podría presentar alguna avería, situación que debería ser tenida en cuenta.
El perito respondió que el motivo por el cual no había funcionado bien el colector El
Dorado de 36” ya se había explicado en la anterior respuesta; que era un problema
de suelo, sobre el cual se habían tomado casi todos los correctivos posibles, pero que
ahora habían decidido hacer una exploración más a fondo. Sobre la tubería,
conceptuó que tendrían que someterla a una prueba técnica de presión para poder
decir si aguanta la cantidad de presión para la que fue diseñada, o si estaba
deteriorada en un 10% o en un 20% de su capacidad.
149. El apoderado de FONADE indicó que el perito había manifestado que en un tramo
se presentó una socavación del terreno que generó rompimiento de la tubería, por lo
que era necesario que estableciera la cantidad de metros de tubería que debía
sustituirse o repararse, a lo que el auxiliar de la justicia contestó que no podía dar un
metraje de lo que se debía reparar, pero que toda la tubería estaba cimentada sobre
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un terreno que era de origen lagunar, era una ciénaga. Y que básicamente la parte
que estaba sufriendo la avería era en la cámara de llegada, donde confluye la tubería,
de tal manera que era un caudal importante, que pasaba por 36”, luego no era
cualquier caudal sometido allí abajo, y que además tenía una cantidad de peso por
encima, el material seleccionado con el que tenían que cubrir la tubería para
conservarla y que no tuviera fallas, lo que ayudaba a hacerle aplastamiento a ese tipo
de tubería.
150. Que se aclare, teniendo en cuenta que no se evidenciaban obras de conexión
domiciliarias, si al finalizar las correcciones que se le estaban haciendo al sistema,
éste podría entrar en funcionamiento o si se hacen necesarias tales conexiones. De
ser así, se solicitó que fueran cuantificadas por el perito dentro del costeo realizado
en su dictamen. Que él había mencionado que se iban a hacer unas correcciones para
entrar en funcionamiento, que si con éstas el sistema podría funcionar o no. El auxiliar
de la justicia respondió que claro que sí. Que ellas habían entrado en funcionamiento
pero no demoraban mucho, las sometían a prueba y en corto tiempo fallaban, pues
mientras no se tomara una decisión de reparar radicalmente el suelo, era imposible
que entraran en funcionamiento.
151. El apoderado de FONADE le manifiesta al perito la preocupación de la entidad
por el tiempo transcurrido desde la entrega de las obras, según las actas de recibo,
más de cuatro años, sin que se hubiera podido hacer uso total de las mismas, y si al
entrar en funcionamiento irían a presentar alguna falla o avería, por lo que se pide al
perito que describa las posibles anomalías que se pueden dar en la puesta en marcha
del sistema. El perito respondió que las tuberías que se había logrado enterrar, el
periodo de diseño comienza como a acortarse, para lo cual fueron ellas concebidas.
Porque como lo ha dicho, el contacto de las tuberías con el suelo, cualquiera sea su
material -metálicas, de concreto, etc.-, siempre va mermando su vida útil, por lo que
debe descontarse por lo menos el tiempo en que fueron enterradas.
152. Refiriéndose a un video que fue proyectado en la audiencia por el perito, de una
visita que hizo al colector El Dorado, el apoderado le preguntó qué fue lo que dijo el
operario que lo atendió, pues no se entendía. El perito manifestó que la primera vez
que fue con funcionarios de Proactiva, le explicaron el motivo de la falla, que había
sufrido el aplastamiento de la tubería y que ya lo estaban corrigiendo. Posteriormente
volvió solo, y el operario le dijo que se había roto más atrás, y que ahora estaban
haciendo un estudio de suelo de hasta 25 mts. de profundidad para ver qué estaba
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pasando, si era que había una corriente de agua subterránea o si por el tipo de suelo
definitivamente no se podía.
153.. El apoderado del municipio de Montería manifestó que no había oposición al
dictamen pericial, pero pidió las siguientes aclaraciones:
154. Los dineros que envió la Nación están invertidos en las obras que están
representadas en los videos? El perito respondió que sí, y que así lo avaló la
interventoría.
155. En cuanto al canal colector, ¿ese contrato está en cabeza de quién? Respondió:
de la CVS.
156. Que aclare sobre la apreciación inicial que hizo el perito en la que advirtió que no
se tomara lo dicho como un regaño ¿A qué se refería? El perito explicó que lo que
quiso mostrar fue que en ese tipo de proyectos en donde hay mucho dinero en riesgo,
por su envergadura, por el tipo de obras, no es lo mismo ejecutar un contrato a cielo
abierto que meterse cuatro metros de profundidad. Entonces la observación del perito
hacía referencia a lo que dice el diseñador, de un lado, por ejemplo al señalar que la
excavación va a ser a 3 metros y medio, pero luego viene otra parte de la ingeniería
que es la de costo, presupuesto. En donde el ingeniero no puede poner en riesgo una
tubería como esa, que es tan cara, simple y llanamente porque se le olvidó que era
hasta 3 metros y medio y que para llegar a esa profundidad se necesitaba un entibado
metálico, que le diera la garantía de que a los operadores no les fuera a ocurrir un
accidente, que se fuera a desbarrancar, a derrumbar todo el suelo y que trajera
mayores consecuencias. Sostuvo que, a su juicio, donde de pronto no miraron bien
esa parte de presupuesto, cotizaron, recibieron un emisario que iba a ser enterrado a
metro y medio, cuyo entibado más común es en madera, con un costo muy inferior al
que era requerido. Así, por 800 o 500 millones de pesos, en un proyecto tan grande
como el presente, se puso en riesgo y no estaba funcionando. Independientemente
de quién sea el contratista, lo cierto es que está en riesgo porque lo calcularon mal, lo
previeron mal. El tipo de entibado proyectado no era el adecuado. Y el contratista dirá
que se acogió a lo que le dijeron que hiciera en el contrato, pero en ingeniería se debe
ser mesurado para las cosas y no hacerlas a la ligera.
157. A continuación, le preguntó: ¿Cree que en el momento en que la CVS entregue
el colector la obra va a cumplir la finalidad para la que fue contratada? El perito
contestó que sería un poco conservador, pues lo que garantizaría si el colector va a
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funcionar o no eran los resultados que surgieran de la exploración que se estaba
haciendo del suelo, y que no podía quedarse solo en el punto de la estación, sino que
debía echarse un poquito hacia atrás, porque si la tubería se rompe a la llegada, y 20
metros atrás, y otros 50 metros antes, es porque hay un inconveniente que no se
atreve a afirmar si va a funcionar. Si no se corrige el asunto del suelo, el problema
seguirá siendo el mismo y no entrará en funcionamiento.
158. Agente del Ministerio Público: Consideró que el dictamen era completo y estuvo
enriquecido con las aclaraciones efectuadas en la audiencia, constituyendo una
prueba fundamental. Planteó como inquietud que cuando se iba a ejecutar la obra del
colector matriz El Dorado se encontraron con que esa obra había sido emprendida por
la CVS, ¿entonces los recursos destinados para tal fin dónde se hallaban? ¿se
reinvirtieron, se devolvieron o dónde están? A lo que el perito respondió que de
acuerdo con los informes de interventoría hubo una cantidad de ajustes en la parte
eléctrica y que en el acta de mayores y menores cantidades de obra estaba lo que se
dejó de ejecutar. Que, en el primer informe de interventoría dice que el 89% de la
tubería, la de 36”, la compraron de inmediato, de modo que el contratista estaba
devolviendo solamente la parte correspondiente a la instalación de la tubería, porque
el suministro se efectuó y allí estaba la tubería. Que eran entonces esos recursos los
que había que devolver, como está soportado en el informe final.
Consideraciones de la Sala:
159. Con fundamento en el análisis del anterior acervo probatorio, considera la Sala
que los argumentos planteados por las entidades apelantes en sus recursos carecen
de la fuerza de convicción necesaria como para desestimar lo decidido por el a-quo
en relación con el cumplimiento, por parte del municipio de Montería, de las
obligaciones que en virtud del convenio interadministrativo de apoyo financiero fueron
radicadas en cabeza de esta entidad territorial.
160. En efecto, lo primero que resulta necesario observar es que el negocio jurídico
en torno al cual gira la presente controversia no fue un contrato del que se hubieran
derivado prestaciones y contraprestaciones a cargo de las partes que se pudieran ver
como equivalentes y en el que el cumplimiento de las obligaciones radicadas en
cabeza de cada una de ellas, pueda mirarse como necesario para la obtención del fin
individual y subjetivo perseguido por la contratante y por el contratista, quienes se
hallan, por lo tanto, en una contraposición de intereses disímiles, que se busca
satisfacer mediante la celebración del acuerdo de voluntades.
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161. Por el contrario, se trata de un convenio interadministrativo de los regulados en
el artículo 95 de la Ley 489 de 199867, figura concebida por el ordenamiento jurídico
como pasible de ser utilizada por las entidades estatales con el objeto de aunar
esfuerzos en aras de la obtención de un resultado de interés común para ellas, que
apunta al logro de una misma finalidad perseguida por las entidades involucradas en
el acuerdo de voluntades y que converge, en últimas, en la satisfacción del interés
público o general, a la que apunta toda la actividad administrativa del Estado.
162. Esta distinción ya la ha efectuado la Sala, al sostener que “(…) como lo ha
señalado la Subsección68, el contrato interadministrativo, a diferencia del convenio
interadministrativo, es un acuerdo de contenido patrimonial, característicamente
oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación en función del interés de
cada una de las partes, y que se expresa a través de la estipulación de obligaciones
recíprocas que se miran como equivalentes, según las previsiones iniciales acordadas
al momento de proponer o contratar69”70 .
163. Así lo ha reconocido también la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación, al sostener que “[l]ógicamente, en los convenios interadministrativos
propiamente dichos, es posible que cada entidad incurra en costos y gastos, y en
ejecución de su propio presupuesto para cumplir sus funciones y los compromisos
adquiridos para con la otra, razón por la cual bien pueden comprender la asunción de
aportes económicos o financieros, pero sin que su objeto esencial lo constituyan
prestaciones propias de los contratos interadministrativos, o el pago de un precio o
una remuneración por un servicio prestado o por un bien adquirido o por una obra
realizada por una a favor de la otra, pues en tales eventos se estará en presencia de
67
El inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que “Las entidades públicas podrán
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
68
[37] “Este [se refiere al convenio interadministrativo], con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 de la
Ley 489, se ha definido como una forma de gestión cooperada de competencias administrativas que
asume el ropaje de un negocio jurídico en el cual se regulan intereses convergentes de, al menos, dos
entidades estatales. Se trata de una manifestación de la llamada actividad negocial de la administración
pública que se basa en el principio de cooperación administrativa y, por tanto, allí no existe una posición
prevalente de una parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés remuneratorio entre ellas
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 20 de noviembre de 2019, radicación 66001-23-33-000-2015-00131-01(61429), Consejera Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico)”.
69
[38] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. (58623), C.P. José Roberto Sáchica Méndez”.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
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Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
verdaderos contratos…” (Se subraya)71. Y, recientemente, la Sala ha reiterado en
relación con los convenios interadministrativos:
Se ha dicho que estas relaciones, por tener un carácter cooperativo y asociativo,
siguen primordialmente lo pactado por el acuerdo de voluntades suscrito entre las
partes, como expresión de la regulación autónoma de las entidades que concurren
a su celebración. De allí que, solo por manifestación expresa de las partes, se
habrá de acudir al régimen general de contratación estatal, siempre que no se
contraríe aquello que caracteriza a este tipo de convenciones: la finalidad de
alcanzar mancomunadamente un determinado propósito común. En efecto, como
lo ha desarrollado igualmente la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación, “dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios
interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales convenios,
toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son relaciones
contractuales de contenido patrimonial y oneroso72”73 .
164. De acuerdo con lo expuesto, no se puede afirmar que, mediante el convenio de
apoyo objeto de la presente controversia, el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y FONADE se hayan comprometido a pagar unos recursos, a título de
contraprestación, a cambio de obtener, de parte del municipio de Montería, la
construcción de una determinada obra, sino que se trató de la colaboración pactada
entre las tres entidades, desde el ámbito de sus propias competencias y cometidos,
en virtud de la cual se repartieron las distintas responsabilidades de conformidad con
las funciones y posibilidades de acción de cada una de ellas, con la finalidad de
satisfacer una necesidad de interés público, como lo era dotar de alcantarillado a la
población del municipio.
165. Desde esta perspectiva, se advierte que se probó en el plenario que el municipio
de Montería, a través de su concesionario Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.,
cumplió con la obligación consignada en el Convenio de Apoyo Financiero No.
2060220 de 2006 de celebrar los contratos necesarios para la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto ‘Construcción primera etapa del sistema de
alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería, Córdoba”.
166. Así mismo, se acreditó que los recursos aportados por la Nación a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fueron invertidos en la construcción de los
71
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 26 de julio de 2016, Rad. 11001-
03-06-000-2015-00102-00 (2257), C.P. Álvaro Namén Vargas.
72
[25] “Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Rad.
11001-03-06- 000-2015-00102-00 (2257). C.P. Álvaro Namén Vargas”.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
50
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
trabajos necesarios para la consecución del referido fin, lo cual se llevó a cabo a través
de la ejecución de los dos contratos de obra celebrados para ello, los cuales, a su
terminación, fueron liquidados bilateralmente y sus objetos recibidos a satisfacción,
con la aceptación de la interventoría que fuera designada por el FONADE para su
vigilancia y control.
167. Por otra parte, consta que, en el proyecto inicial, en el componente de lagunas,
se contemplaba la construcción de la estructura de lechos de secado y la instalación
del colector matriz El Dorado, obras que, con autorización del ministerio, a solicitud
del FONADE, fueron excluidas de los trabajos objeto de los contratos No. PAM-071
de 2007 y PAM-PC-LC-064 de 2008 celebrados en virtud del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060220 de 2006, la primera, por cuanto la contratante se comprometió
a ejecutarla con sus propios recursos y así destinar el valor de esa menor cantidad de
obra a completar los trabajos en las lagunas, y la segunda, porque se encontró que
otra entidad, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
CVS, ya estaba haciéndose cargo de la contratación y ejecución de las obras atinentes
al colector de El Dorado.
168. De conformidad con lo establecido por el auxiliar de la justicia que rindió dictamen
técnico en el proceso, si bien fueron esas dos obras las que se excluyeron de los
contratos No. PAM-071 de 2007 y PAM-PC-LC-064 de 2008, sólo resultaba
indispensable para el funcionamiento cabal de todo el sistema la correspondiente al
colector El Dorado, el cual, si bien fue efectivamente construido por la CVS, por
razones técnicas, vinculadas a la naturaleza de los suelos en los que se realizó la
obra, no estaba funcionando en debida forma.
169. Lo anterior significa que, para la época de presentación de la demanda en el año
2014, como para el momento en que se realizó la prueba pericial en agosto de 2015,
la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la
ciudad de Montería, objeto del Convenio de Apoyo Financiero 2060220 de 2006, no
se encontraba en pleno funcionamiento.
170. Ahora bien, a pesar de que se trata de un convenio y no de un contrato
interadministrativo, es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones a cargo
de sus firmantes, por lo que también se puede predicar, respecto de este tipo de
negocio jurídico, la procedencia de la responsabilidad de las partes por el
incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la suscripción del negocio
51
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
jurídico y que implica el deber de indemnizar los perjuicios que con el mismo se
hubiere causado a la otra parte.
171. No obstante, como sucede en los contratos, debe analizarse la causa que impidió
la consecución del objeto del negocio jurídico, para determinar si el mismo fue debido
o no al incumplimiento culposo de una de las partes y si, por lo tanto, da lugar a
predicar la responsabilidad con todas sus consecuencias.
172. Y de acuerdo con lo expuesto y lo que resultó probado en el proceso, considera
la Sala que, en el presente evento, si bien no se logró la realización total del objeto del
Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, ello no sucedió por razones que
sean imputables al incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio de
Montería sino a causas atribuibles al actuar del otro extremo de la relación
convencional, en la medida en que la obra fundamental, según el perito, para el
funcionamiento total del proyecto, que lo era el colector El Dorado y que aún no había
servido para lo que fue construida, había sido expresamente excluida de los contratos
a cargo del municipio -a través de Proactiva- con autorización de las entidades
demandantes quienes, por lo tanto, fueron co-generadoras de la causa eficiente de la
falta de funcionalidad integral del proyecto, adicional a que dicha obra fue ejecutada
por un tercero: la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San
Jorge CVS.
173. Y en este punto resulta necesario advertir que las reclamaciones de las entidades
demandantes fundadas en la no entrega, por parte del municipio, de las obras del
proyecto en perfecto estado de funcionamiento resultan atentatorias de la buena fe
objetiva con la que se debe obrar en los negocios jurídicos74, toda vez que fue el
mismo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el que aprobó la ejecución de la obra
del colector matriz El Dorado por parte de la CVS y autorizó su exclusión del proyecto
objeto del convenio de apoyo financiero suscrito con el municipio de Montería y dicha
exclusión obedeció a la solicitud expresa que, en tal sentido, fue elevada por
FONADE, entidad encargada de la coordinación de la interventoría de dicho proyecto.
Como lo ha dicho la Sala:
82.En efecto, la vulneración del principio de buena fe contractual puede observarse
a partir del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho en torno a este mandato.
Así, esta Corporación ha señalado que “el principio de la buena fe contractual es
74
La cual rige no sólo para los contratos sino también en los convenios interadministrativos: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio
de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2016-01499-01 (61655, C.P. Martín Bermúdez Muñoz
52
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su
esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar la
ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra
parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y
ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe
cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección
de la conducta propia75”.76
174. Por otra parte, no puede olvidarse que, en el presente caso, no se trató de un
contrato sino de un convenio interadministrativo de apoyo financiero, figura concebida
como mecanismo de colaboración entre las distintas entidades del Estado que apunta
a la obtención de objetivos comunes y que, por lo tanto, obedecen también a los
principios de coordinación, cooperación y apoyo77, en los que cada uno de los
firmantes del negocio jurídico adquiere compromisos desde sus propias funciones o
atribuciones legales pero actúan mancomunadamente para la consecución de la
finalidad propuesta.
175. Es así como siendo del conocimiento de las entidades demandantes que la
construcción de la referida obra, crucial para el funcionamiento de todo el proyecto de
alcantarillado objeto del convenio, ya no estaba a cargo del municipio -a través de su
concesionario Proactiva y los contratistas de este-, no se puede pregonar que la
entidad territorial haya incumplido las obligaciones a las que se adujo en la demanda
-13 y 14 de la cláusula tercera del convenio-, de adoptar y coordinar todas las acciones
para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la sostenibilidad del
proyecto y su buen servicio, pues consta que así lo hizo respecto de las actividades
que siguieron siendo de su resorte y que, además, no se desentendió del asunto, sino
que continuaba atenta a que efectivamente se pudiera lograr su culminación; y, en
cuanto a la obligación de cumplir oportunamente las recomendaciones y solicitudes
que realizaran el Ministerio y/o Fonade sobre el desarrollo del objeto del convenio, no
se advierte tampoco que la hubiera incumplido, ya que, se reitera, la decisión de no
75
[78] “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C.
Sentencia del 22 de junio de 2011 Rad. 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836). C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa”.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
77
“(...) las entidades estatales también asumen vínculos obligacionales entre sí para el normal
funcionamiento del Estado a través de los denominados convenios interadministrativos, los cuales
comportan un acuerdo de voluntades entre ellas, regido por los principios de cooperación, coordinación
y apoyo, en los que aúnan esfuerzos para la gestión conjunta de competencias y funciones
administrativas, con el objeto de dar cumplimiento a fines concurrentes impuestos por la Constitución y
la ley; es decir, en estos no existen intereses contrapuestos de las entidades que los celebran, ni tampoco
se circunscriben a un intercambio patrimonial entre ellas, sino que les asiste un ánimo de conseguir fines
comunes, de manera que acuden a satisfacer un mismo interés general”. Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, rad. 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2257),
C.P. Álvaro Namén Vargas.
53
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
construir el Colector El Dorado fue aceptada y avalada por el Ministerio y Fonade; en
consecuencia, el hecho de que tal elemento haya fallado, no se debió a una omisión
culposa del municipio respecto de sus deberes, ni de este hecho se deriva la
responsabilidad de la entidad territorial, por lo que no hay lugar a condenarla a la
restitución de todos los recursos recibidos y al pago de la pena estipulada, cuando,
además, tales recursos fueron debidamente invertidos en las obras en cuestión.
176. Por lo tanto, a pesar de que se constató que el proyecto en su integridad no
estaba funcionando, las circunstancias que dieron lugar a esta consecuencia impiden
imputarle responsabilidad patrimonial a la entidad territorial demandada y, por lo tanto,
no había lugar a acceder a la pretensión de devolución del 100% de los recursos
entregados por el ministerio para la ejecución del referido convenio ni la tendiente a
obtener la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, por lo que esa decisión del
tribunal merece ser confirmada.
La devolución de sobrantes
177. No sucede lo mismo con la decisión del a-quo de denegar la pretensión tendiente
a obtener el pago del valor de la tubería que, habiendo sido adquirida con recursos
provenientes del ministerio, no fue instalada en las obras, pues no se comparte el
análisis que se hizo en la sentencia de primera instancia respecto de este punto.
178. En efecto, el tribunal consideró que, dado que en el convenio de apoyo financiero
no existió una estipulación que ordenara al municipio el pago del valor de la tubería
sobrante, no había lugar a acceder a tal pretensión sino a ordenar su devolución,
cuando lo cierto es que tales elementos no fueron suministrados por el ministerio,
entidad que se limitó a girar los recursos necesarios para su adquisición, con miras a
ser utilizada dicha tubería en la construcción de las obras para las cuales fue
celebrado el convenio de apoyo financiero. En consecuencia, dado que la misma no
fue instalada y quedó en poder de Proactiva, quien actuó en ejecución del convenio
que fuera suscrito por el municipio de Montería, a este último le asiste la obligación de
reembolsar su valor.
179. Al respecto, observa la Sala que para cuando se produjo la autorización del
ministerio de excluir de la ejecución de las obras la construcción del colector matriz El
Dorado, ya se había producido la adquisición de 289,5 metros lineales de tubería de
36 pulgadas, pues se contempló su suministro, más no su instalación, y así quedó
54
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
consignado en el alcance reformulado del proyecto: “Suministro de tubería de 36
pulgadas para el Colector El Dorado”.
180. Así mismo, en el Acta No. 1 de entrega de elementos de la laguna facultativa,
Contrato No. PAM-PC-LC-064-2008, se dejó registrada la entrega por parte del
contratista a Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. de los suministros de materiales
en stock, relacionando la tubería que le fue devuelta a dicha empresa, de la cual hizo
parte la cantidad de 289,5 ml de tubo novaloc de 36”; y sobre la cual, posteriormente,
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio pidió que le fueran
reembolsados “los recursos correspondientes al ítem suministro de tubería PN1
SN2500 N7m2 DN900 mm (36”) por valor de $102’483.000 pesos moneda corriente,
con la indexación de los mismos a la fecha efectiva de devolución”, aludiendo a los
289 metros lineales de tubería de 36 pulgadas que fue suministrada para ser instalada
en el Colector Matriz El Dorado.
181. Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P,. también aceptó que las tuberías cuyo
pago estaban reclamando el ministerio y FONADE, por solicitud del interventor Euco
Ltda. fueron almacenadas en sus bodegas desde el 30 de agosto de 2011, ya que no
fueron utilizadas por la CVS en la construcción del colector matriz, pues el proyecto
que le fue aprobado por el ministerio a dicha entidad tenía unas características y
alcance técnico distintos a los que fueron concebidos en el convenio de apoyo
financiero objeto de la presente controversia, por lo que esa tubería se quedó sin
instalar.
182. Por su parte el perito, en el dictamen rendido en el año 2015, también dio cuenta
de la existencia de esa tubería que no fue utilizada y que se hallaba en poder de
Proactiva, cuya calidad no se podía garantizar después de estar a la intemperie
durante mucho tiempo.
183. En tales condiciones, al estar acreditada la adquisición de esa cantidad de tubería
de 36” -289,5 ml- con recursos provenientes del ministerio y que no fue instalada en
las obras sino que quedó en poder de Proactiva, y teniendo en cuenta que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio no es una entidad ejecutora de proyectos y su
participación, en el presente caso, consistió fundamentalmente en el aporte de los
recursos necesarios para llevar a cabo las obras de alcantarillado que fueron objeto
del convenio de apoyo financiero en torno al cual gira la controversia, a juicio de la
Sala, resulta procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería
no instalada.
55
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
184. Lo anterior, por cuanto sobre la entidad territorial recaía la obligación específica
de invertir en el proyecto los recursos girados por el Ministerio a través de Fonade, de
donde se deduce que los valores que no fueran efectivamente destinados al mismo,
debían se restituidos al Ministerio, por lo cual, como está probado que la tubería no se
instaló, no puede sostenerse que los recursos que se destinaron para adquirirla se
hubieren invertido en las obras y, por tanto, deben devolverse.
185. En cuanto al monto que debe ser reembolsado por parte del municipio de
Montería, se observa que en el decreto de la prueba pericial se le pidió al ingeniero
designado para ello que determinara “los costos en los que se deberá incurrir para
poner en funcionamiento las obras del proyecto objeto del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060220 de 2006 y de sus contratos derivados PAM-071-2007 y PAM-
PC-LC-064-2008 ejecutadas a corte 30 de junio de 2011”, para lo cual el perito, en
relación con el colector matriz El Dorado, procedió a indexar el valor de la construcción
de esta obra que, según lo consignado en las actas, era de $652’923.198, lo que arrojó
un total, por este concepto, de $806’151.874, 88.
186. No obstante, advierte la Sala que el anterior cálculo correspondió no sólo al valor
del suministro de la tubería sino además el costo de su instalación y puesta en
funcionamiento, sin que en el dictamen se hubiera especificado el valor de dicha
tubería, en la cantidad que, a pesar de haber sido adquirida, no se instaló, razón por
la cual se debe acudir a la información sobre la ejecución de los contratos resultantes
del convenio de apoyo financiero para establecer el valor real de la tubería que no fue
instalada.
187. Al respecto se observa que, en el Acta de Entrega y Recibo Final de los productos
objeto del Contrato No. PAM-PC-LC-064 de 2008 del 5 de febrero de 2010, reposa el
cuadro de actividades ejecutadas y sin ejecutar y, en relación con los suministros de
la extensión del colector matriz El Dorado alcantarillado de la margen izquierda78, se
registró “Tubería PN 1 SN 2500 N/M2 DN 900 mm (36”)” en cantidad de 289,50 metros
lineales por valor total de $102’483.000,oo y que fue la suma reclamada en la
demanda por este concepto.
188. En consecuencia, considera la Sala que este es el valor que se debe reconocer
a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debidamente actualizado desde
78
Fl. 664 del expediente digitalizado.
56
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
la fecha de dicha acta y con fundamento en la fórmula usualmente utilizada para ello:
VA = VH x índice final/índice inicial, en donde:
VA = valor actualizado
VH = valor histórico a actualizar
Índice final = IPC vigente a la fecha de la sentencia (143,67)
Índice inicial= IPC vigente para el 5 de febrero de 2010 (72,28)
VA = 102’483.000 x 143,67
72,28
VA= $ 203’704.103,62
189. Es decir que el monto a reconocer a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio por concepto de la referida tubería adquirida y no instalada es la suma de
$203’704.103,62.
La liquidación del convenio:
190. En la demanda se pidió la liquidación judicial del convenio y en la sentencia de
primera instancia se accedió a dicha pretensión efectuando el respectivo corte de
cuentas, en los siguientes términos:
Convenio de Liquidación Liquidación Valor final Saldo a favor Saldo a favor
Apoyo del Contrato del Contrato del del
Financiero PAM-071- PAM-064- contratante contratista
2060220 2007 2008
7.200.000.000 4.295.061.873 0 0
VALOR 3.790.910.053 2.743.446.36
INICIAL (sic)
VALOR DE 1.137.273.016 922.396.824
ANTICIPOS
VALOR TOTAL
PAGADO
VALOR TOTAL 4.295.061.873 2.941.475.529
EJECUTADO
RECURSOS 504.151.820 274.201.645
PROACTIVA
S.A.
RECURSOS 3.790.910.053 2.667.273.844
TOTAL
GIRADOS
POR FONADE
SALDO A 0 0
FAVOR DEL
CONTRATIST
A
SALDO A 0 0
FAVOR DEL
CONTRATAN-
TE
57
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Valor total del contrato $7.200.000.000
Valor total ejecutado $7.122.105.540
Valor total pagado $7.122.105.540
Valores a favor del contratista
por obras ejecutadas y no canceladas $0
Valor cláusula penal pecuniaria $0
Obligación a cargo del contratista: Devolver al FONADE la tubería de 36” de 289.50 metros
lineales no instalada en el colector matriz.
Obligación a cargo del contratante: Recibir de parte del contratista la tubería de 36” de
289.50 metros lineales no instalada en el colector matriz.
189. Por lo tanto, se confirmará dicha decisión de liquidación, con la salvedad de que,
en vez de la obligación a cargo del municipio de hacer entrega al FONADE de los
289,50 metros lineales de tubería de 36”, se establecerá como saldo a cargo del
municipio de Montería y a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la suma
de $203’704.103,62, correspondientes a su valor.
Conclusión
191. De conformidad con las anteriores consideraciones, estima la Sala que hay lugar
a modificar la sentencia de primera instancia para reconocer, a favor del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio la suma de $203’704.103,62 correspondientes al valor
actualizado de los 289,50 metros lineales de tubería de 36” que fue adquirida más no
instalada en el colector matriz El Dorado. Las demás disposiciones del fallo impugnado
serán confirmadas, en la medida en que no se encontró en los recursos de apelación
interpuestos por las entidades demandantes argumento alguno que condujera a
desvirtuar la decisión del a-quo de negar las otras pretensiones de la demanda, en
especial aquella dirigida a ordenar al municipio el reembolso total de los recursos
entregados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del convenio de
apoyo financiero celebrado entre esta entidad, el FONADE y el municipio de Montería,
puesto que se constató que los mismos fueron debidamente invertidos en las
respectivas obras, que si bien al momento de presentación de la demanda no estaban
funcionando en debida forma, dicha circunstancia no le era imputable a la entidad
territorial.
58
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
Condena en costas
192. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 79 y los
numerales 1 y 5 del artículo 365 del CGP80, no hay lugar a condenar en costas, debido
a que el recurso prosperó parcialmente y así mismo se acogieron algunas de las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 3 de noviembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta por el
municipio de Montería denominada “silencio administrativo positivo en
materia contractual”, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el convenio de apoyo financiero
No. 2060220 de 2006 celebrado entre el FONADE, MINISTERIO DE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, hoy MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y el MUNICIPIO DE MONTERÍA, en
los términos de la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: En consecuencia, el MUNICIPIO DE MONTERÍA deberá
reembolsar al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO la
suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
CIENTO TRES PESOS 62/100 ($203’704.103,62), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción propuesta por el ente
territorial demandado denominada “cumplimiento del objeto contractual y
ausencia de medios probatorios”.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
79
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil”.
80
“Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. // (...) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
59
Radicación número: 230012333000201400057-01 (58883)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Municipio de Montería
SEXTO: Sin condena en costas.
SEGUNDO: Sin condena en costas en la segunda instancia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
60
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