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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02095-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02095-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADMITIR la coadyuvancia presentada por EN Territorio respecto a las pretensiones de la acción de tutela. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera. TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y, en consecuencia, ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que en el término de 30 días profiera una decisión de reemplazo al interior del proceso ordinario 23001-23-33-000-2014-00057-00/01 en la que consulte lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. QUINTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02095-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

22 de agosto de 2024

Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02095-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02095-01
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión de
primera instancia – Ampara derecho de acceso a la
administración de justicia y debido proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
contra la sentencia del 6 de junio de 2024, en virtud de la cual el Consejo de
Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 29 de abril de 2024 a través de correo electrónico dirigido
a la Secretaría General de esta Corporación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por conducto de apoderado judicial2, promovió acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a la
administración de justicia.

En criterio de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías tuvo lugar
con ocasión de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2024 por la autoridad
judicial accionada, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia del 3 de noviembre de 2016, dictada por

1 Índice 2 de Samai – Cuaderno de primera instancia.
2 Según poder conferido por Nelson Alirio Muñoz Leguizamón, en su condición de jefe de la Oficina

Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según Resolución No. 1124 del
18 de octubre de 2022 y Acta de Posesión No. 0224 del 18 de octubre de 2022, quien confiere
mandato al abogado Diego Fernando Rojas Vásquez mediante mensaje de datos.

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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-02095-01

el Tribunal Administrativo de Córdoba al interior del proceso de controversias
contractuales 23001-23-33-000-2014-00057-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió:

PRIMERA: Que se ampare LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO vulnerados
mediante la emisión de la Sentencia de segunda instancia del cinco (5) de febrero
de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Honorable Consejo
de Estado dentro del proceso con radicado 230012333000201400057-01 (58883)
al haber incurrido en un DEFECTO FÁCTICO y/o DEFECTO MATERIAL.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE y/o se DEJE
SIN EFECTOS la Sentencia del cinco (5) de febrero de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado dentro del
proceso con radicado 230012333000201400057-01 (58883)

TERCERA: Que por lo tanto, se ordene a la Sección Tercera del Honorable
Consejo de Estado, EMITIR, dentro del mes siguiente a la orden de tutela, nueva
providencia en la que corrija los defectos fáctico y/o material que se evidenciaron
en la providencia revocada realizando un adecuado conteo del término de
caducidad de la acción de controversias contractuales, y por lo tanto, emitiendo
sentencia que se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación interpuesto por
el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y el interpuesto por
FONADE (Ahora ENTerritorio).3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, hoy Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en lo sucesivo EN Territorio, y el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribieron con el municipio de Montería el
Convenio de Apoyo Financiero 2060220 de 2006, cuyo objeto fue: «Aunar
esfuerzos entre el MINISTERIO, FONADE y el MUNICIPIO para apoyar la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN
PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA’»

El valor por el cual se suscribió el citado convenio fue por la suma de
$7.200’000.000, los cuales iban a ser girados por la cartera ministerial a través
del Fonade y destinados por el ente territorial por conducto de la empresa
Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

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A su turno, Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., celebró el contrato de obra
pública PAM 071 de 2007 con el Consorcio Ingesa Montería cuyo objeto fue el:
«[…] proyecto de construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado
sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería. Construcción estación
de bombeo de aguas residuales El Dorado y líneas de impulsión entre la estación
de bombeo El Dorado y la laguna y el río Sinú y entre la estación Ribera y el
colector Dorado Grupo I […]»

Adicionalmente, Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., celebró el Contrato de
Obra No. PAM-PC-LC-064 de 2008 con el consorcio Ingesa Laguna para la «[…]
construcción de la laguna facultativa de la margen izquierda y colector matriz
barrio El Dorado Grupo II […]».

Respecto al primer negocio, se tiene que la contratante aportó $504’151.820 y el
ministerio a través de FONADE, la suma de $3.790’910.053; mientras que, para
la segunda operación, la contratante aportó $274’201.645 y el ministerio, a través
de FONADE, la suma de $2.667’273.884.

En ambos proyectos se presentaron circunstancias que impidieron su puesta en
funcionamiento, derivadas, según el dicho de las demandantes, del
incumplimiento por parte del ente territorial de las obligaciones a su cargo
derivadas del Convenio de Apoyo Financiero 2060220 de 2006.

Por lo anterior, el 21 de febrero de 2014 FONADE y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales contra el municipio de Montería, en la que
formularon como pretensiones, entre otras, la devolución del 100% de los
recursos que le fueron entregados y el pago de la cláusula penal estipulada por
el mero incumplimiento.

Dicho asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Córdoba bajo el radicado 23001-23-33-000-2014-00057-00, autoridad que
clausuró la primera instancia mediante sentencia del 3 de noviembre de 20164 en
la que consignó lo siguiente:

En conclusión, ha quedado evidenciado que las obligaciones adquiridas por el
municipio de Montería con la suscripción del convenio 2060220, fueron satisfechas,
pues la no operatividad del sistema de alcantarillado de la margen izquierda
depende de la construcción y puesta en marcha del colector matriz a cargo de la

4 La parte resolutiva dispuso: «PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta por el

municipio de Montería denominada “silencio administrativo positivo en materia contractual”, por lo
dicho en la motivación. […] SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el convenio de apoyo
financiero No. 2060220 de 2006 celebrado entre FONADE, MINISTERIO DE VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, hoy MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, y el
MUNICIPIO DE MONTERÍA, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. […]
TERCERO: En consecuencia, el MUNICIPIO DE MONTERÍA deberá reintegrar al FONADE la
tubería de 36” de 289.50 metros lineales no instalada en el colector matriz. […]»

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CVS, por lo que la no funcionabilidad de la obra no es de su carga o
responsabilidad, de allí que las excepciones propuestas por el ente territorial,
denominadas “cumplimiento de las responsabilidades a cargo del municipio de
Montería” y “cumplimiento del objeto contractual y ausencia de medios probatorios
consagrados en el artículo 211 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 <sic> del
Código General del Proceso”, deben ser declaradas.

Apelada la anterior decisión por la parte demandante, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A dictó fallo el 5 de febrero de 20245 en la que
declaró de forma oficiosa la caducidad del medio de control y, como consecuencia
de lo anterior, negar las pretensiones de la demanda.

Para arribar a la anterior conclusión, como punto de partida explicó la naturaleza
jurídica del convenio celebrado entre las partes, haciendo énfasis en que no es
posible la aplicación automática de la Ley 80 de 1993 en tales asuntos por cuanto
«estos deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que
pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con
dicha finalidad”».

Acto seguido, luego de narrar el trasegar del convenio con sus correspondientes
otrosíes, estableció la fecha en la que debió llevarse a cabo la liquidación de
común acuerdo entre las partes y, a falta de esta, la judicial. Por lo anterior, indicó
lo siguiente:

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el numeral iv) del literal j)
del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad en el presente
caso debe contabilizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo acordado
por las partes para su liquidación de común acuerdo -4 meses-, lo que significa que
los dos años empezaron a correr a partir del 1 de noviembre de 2011 y, por lo tanto,
vencía el 1 de noviembre de 2013, sin que obre en el expediente prueba alguna de
que dicho término se hubiere suspendido en razón de la tramitación de
procedimiento alguno de conciliación extrajudicial.

Toda vez que la demanda fue presentada el 21 de febrero de 2014, resulta evidente
que lo fue en forma extemporánea, razón por la cual la Sala procederá a declararlo
así en forma oficiosa, teniendo en cuenta que si bien este aspecto de la controversia
no fue materia concreta del recurso de apelación que dio apertura a la segunda
instancia, se trata de uno de aquellos asuntos que el juez está obligado a resolver,
aún de oficio, cuando resulte procedente, tal y como lo tiene sentado la
jurisprudencia de unificación de la Sección

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico del 14 de febrero de 2024.

5 La parte resolutiva dispuso: «REVOCAR la sentencia del 3 de noviembre de 2016, proferida por

el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar, se dispone: […] PRIMERO: DECLÁRASE de
oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales, en los términos de la parte
considerativa de esta sentencia. […]»

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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La accionante estimó que en el presente caso se incurrió en defecto fáctico por
cuanto no se realizó una correcta valoración de los medios de prueba que fueron
aportados al proceso ordinario, toda vez que la autoridad judicial accionada pasó
por alto analizar el documento mediante el cual las partes decidieron modificar el
plazo de liquidación de común acuerdo del contrato, pasando de 4 a 8 meses y,
en consecuencia, para la época de presentación de la demanda no se había
consumado el plazo perentorio.

Como segundo cargo, puso de presente que se materializó un defecto sustancial
por errónea aplicación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en lo que
concierne al término de caducidad en el medio de control de controversias
contractuales. Al respecto, precisó lo siguiente:

[…] es decir, que el término de caducidad de dos (2) años del Convenio
Interadministrativo solamente se puede contar vencido el término convencional de
liquidación, lo cual fue omitido por el Honorable Consejo de Estado en su
providencia, ya que de haberlo hecho habría considerado que la acción fue
oportunamente interpuesta.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 7 de mayo de 20246, el magistrado sustanciador de primera instancia
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, ordenó notificar al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A; y vinculó como terceros con interés a EN
Territorio, el municipio de Montería y al Tribunal Administrativo de Córdoba; y, por
último, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado la existencia del trámite constitucional.

1.6. Intervenciones7

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A8

Por conducto de la magistrada ponente de la decisión judicial reprochada en sede
constitucional, se precisó que la decisión se adoptó con base en la información
que reposa en el expediente 23001-23-33-000-2014-00057-00 y, en
consecuencia, se atuvo a lo que decida el juez constitucional.

6 Índice 6 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
7 Índices 9 y 10 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Mediante Oficios No. 205028 al 205033

del 17 de mayo de 2024.
8 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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1.6.2. EN Territorio9

Explicó que, con base en los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de
tutela, esta entidad coadyuva la solicitud de amparo constitucional presentada por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

1.6.3. Municipio de Montería10

Por conducto de apoderado judicial solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela del asunto, en la medida que el debate planteado por la
accionante es susceptible de ser ventilado a través del recurso extraordinario de
revisión.

Adicionalmente, explicó que las pretensiones de la actora tienen como finalidad
que el juez constitucional desplace la actividad realizada por el juez natural, lo
que significa que el asunto no goza de relevancia constitucional.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Córdoba

La autoridad judicial de primera instancia, pese a ser debidamente notificada de
la existencia del presente asunto, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia11

El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 6 de junio de 2024 en
la que declaró improcedente la acción constitucional, por cuanto no se superó el
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, indicó lo siguiente:

Así las cosas, la Sala advierte que el accionante se limita a reprochar el análisis
probatorio y normativo que el juez de instancia efectuó sobre configuración de la
caducidad del medio de control de controversias contractuales, resultando evidente
que la solicitud de amparo se interpuso simplemente para revivir el debate que ya
se agotó en el proceso ordinario y para obtener una opinión diversa a la que ya
emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el particular, finalidad
para la que es improcedente este medio de protección excepcional.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 19 de junio de 202412
mediante correo electrónico.

9 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
10 Índice 14 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
11 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
12 Índice 21 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

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1.8. Impugnación13

La accionante reprochó la conclusión del a quo al estimar que el asunto sometido
a su conocimiento no goza de relevancia constitucional, cuando en el presente
asunto la parte cumplió con la carga argumentativa mínima y necesaria para
justificar la configuración del defecto fáctico alegado.

Lo anterior, por cuanto la sentencia del 5 de febrero de 2024 proferida por la
autoridad judicial accionada no realizó un escrutinio de la prueba documental
arrimada con la demanda, en la que obra la prórroga celebrada entre las partes
del Convenio de Apoyo Financiero 2060220 de 2006.

Por lo tanto, en este caso, la evidente omisión en considerar el material probatorio
obrante en el proceso, desconociendo la modificación del término de liquidación
previsto por las partes, se concreta en una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso del demandante, y, por lo tanto, en un asunto asociado con el
alcance de un derecho fundamental, que cumple el primero de los criterios
formulados por la Corte Constitucional.

Reiteró que la sentencia dictada por la autoridad judicial accionada no realizó
estudio alguno frente a la «QUINTA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO No. 2060220 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, EL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL
MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA».

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante escrito del 26 de julio de 2024, la Magistrada ponente manifestó estar
impedida para conocer del presente asunto. Lo anterior, por cuanto sostiene una
amistad íntima con la doctora María Adriana Marín, quien, a su turno, fue ponente
de la decisión que se cuestiona vía acción de tutela.

Al respecto, los demás miembros de la Sección Quinta, en Sala llevada a cabo el
8 de agosto de 2024, resolvieron la anterior manifestación en el sentido de negar
ésta por ausencia de configuración de la causal invocada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º

13 Índice 22 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 19 de junio de

2024 a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue
radicado el 24 siguiente. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

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del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

EN Territorio con su escrito de intervención manifestó su intención de coadyuvar
la solicitud de amparo constitucional presentada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Al respecto, conforme se colige del inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de
199114, se advierte que EN Territorio tiene un interés directo y legítimo en las
resultas de la presente acción constitucional, pues ostentó la condición de parte
demandante al interior del proceso ordinario.

Con base en lo anterior, se admitirá la coadyuvancia presentada por dicha entidad
y en los términos establecidos en la citada disposición.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión dictada en primera
instancia corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 6 de junio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Primera. Para lo cual,
se deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales invocados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2024 al
interior del proceso ordinario 23001-23-33-000-2014-00057-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

14 Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 16 y declaró su
procedencia.17

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.5. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Como primer punto, la Sala advierte que el asunto goza de relevancia
constitucional en la medida que el debate planteado por la parte accionante
trasciende la órbita legal propia del proceso e impacta directamente en el pleno
ejercicio de sus derechos fundamentales.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Lo anterior, por cuanto la decisión enjuiciada del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A conlleva intrínsecamente sustraerse del estudio de fondo
del conflicto suscitado entre las partes del proceso, para contraerse a indicar que
los demandantes acudieron tardíamente al órgano judicial para ventilar el
conflicto.

En ese sentido, dado que la declaración de caducidad se erige en una talanquera
al derecho de acceso a la administración de justicia, se advierte que el debate
goza de relevancia constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional en un caso
de similares aristas explicó lo siguiente:

En consecuencia, la controversia, a su juicio, cuenta con relevancia constitucional
por cuanto lo discutido es el momento en que se empezó a contar la configuración
del daño. Así, sin comprometerse -en este aparte- con ninguna de las dos
aproximaciones, en principio, se concluye que podría satisfacerse este
presupuesto.18

En segundo lugar, el mecanismo constitucional no pretende cuestionar decisiones
proferidas en el marco de una acción de tutela, sino que éstas fueron dictadas en
el marco del proceso ordinario 23001-23-33-000-2014-00057-00/01.

La sentencia que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
data del 5 de febrero de 2024 y fue notificada el 24 siguiente, por lo que, sin
necesidad de establecer la fecha de ejecutoría de la decisión, se tiene que el
escrito de amparo se presentó dentro de un término razonable.

Finalmente, en cuanto a la subsidiariedad, entendida como el debido agotamiento
de los recursos establecidos por el legislador, se advierte que los cargos
planteados en la acción de tutela son puntos que no son susceptibles de debate
a través de los instrumentos ordinarios y extraordinario previstos por el legislador
y, en consecuencia, respecto a éstos, se tiene por satisfecho el presupuesto de
subsidiariedad.

2.6 Defecto fáctico

Esta sala en decisión de 12 de noviembre del 201519 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas

18 Sentencia SU 216 de 2022. MP Alejandro Linares Cantillo.
19 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201620, estos aspectos
tienen características que se transcriben a continuación:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al
juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico
sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad
del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante
considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el
Omisión de decreto y
decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
práctica de pruebas
los parámetros arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

• Identifique el elemento probatorio que solicitó.
• Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
• Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente,
pertinente o idónea.
• Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado
la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente,
y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos
no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
que, de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
Desconocimiento del pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
acervo probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la veracidad
de los hechos alegados • Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
por las partes • Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente
al proceso
• Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
• Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el
sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación
efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que la parte:

• Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
Valoración irracional o
valoración por el juez.
arbitraria de las pruebas
• Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración
aportadas
del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y
la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es
claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó
el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el
amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
• Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

20 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación

No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.

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Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base
en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
Dictar sentencia con decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que
fundamento en pruebas desconoce el debido proceso de las partes.
obtenidas con violación
del debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
• Señale con claridad los elementos probatorios aportados con violación
al artículo 29 constitucional.
• Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demuestre que estos elementos de convicción fueron el sustento de la
decisión.

Como conclusión del cuadro anterior, se debe tener en cuenta que

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

2.7. Caso concreto

La Sala revocará la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, para en su lugar acceder al amparo constitucional
solicitado por cuanto se configuraron los defectos alegados por la parte
accionante.

Lo anterior obedece a que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
no valoró íntegramente los documentos arrimados con la demanda y, como
consecuencia de ello, le dio un alcance diferente al artículo 164 de la Ley 1437 de
2011 en cuanto al cómputo del término de caducidad.

Como punto de partida, resulta pertinente traer a colación las razones fácticas y
jurídicas a partir de las cuales la accionada concluyó que en el presente asunto
los demandantes acudieron extemporáneamente al aparato judicial.

El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 23 de enero de
2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre
de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad
con lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería
dentro de los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no

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se acordó nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte
de alguna de las entidades firmantes (f. 19, c. 1).

El plazo de ejecución fue prorrogado en seis oportunidades, siendo la última la
suscrita el 23 de diciembre de 2010, cuando se extendió hasta el 30 de junio de
2011 y se dejó claro que, en ningún caso, el plazo de este convenio podría exceder
la duración del Convenio Marco 194048 suscrito entre FONADE y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial18 (f. 24 a 31, c. 1).

Las partes debieron efectuar la liquidación de común acuerdo dentro de los 4 meses
siguientes a la terminación del convenio, es decir que tenían plazo para suscribir la
respectiva acta hasta el 31 de octubre de 2011, hecho que no sucedió y dio lugar,
por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda en la que se pidió su liquidación
judicial19.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el numeral iv) del literal j)
del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad en el presente
caso debe contabilizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo acordado
por las partes para su liquidación de común acuerdo -4 meses-, lo que significa que
los dos años empezaron a correr a partir del 1 de noviembre de 2011 y, por lo tanto,
vencía el 1 de noviembre de 2013, sin que obre en el expediente prueba alguna de
que dicho término se hubiere suspendido en razón de la tramitación de
procedimiento alguno de conciliación extrajudicial.

Toda vez que la demanda fue presentada el 21 de febrero de 2014, resulta evidente
que lo fue en forma extemporánea, razón por la cual la Sala procederá a declararlo
así en forma oficiosa, teniendo en cuenta que si bien este aspecto de la controversia
no fue materia concreta del recurso de apelación que dio apertura a la segunda
instancia, se trata de uno de aquellos asuntos que el juez está obligado a resolver,
aún de oficio, cuando resulte procedente, tal y como lo tiene sentado la
jurisprudencia de unificación de la Sección

No obstante, del mencionado ejercicio se echa de menos una valoración del
documento denominado: «QUINTA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO No. 2060220 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, EL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE Y EL
MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA»

Frente a dicha prueba, se tiene que la misma reúne los requisitos de utilidad,
pertinencia y conducencia, dado que hace parte íntegra del Convenio 2060220
celebrado entre las partes y tuvo incidencia directa en la ejecución del contrato
sobre el cual versó el litigio.

Adicionalmente, se tiene que el medio probatorio fue arrimado en la oportunidad
procesal correspondiente, esto es con la presentación de la demanda; asimismo,
se garantizó el derecho de contradicción del demandado; y, finalmente, no se
presentó circunstancia alguna que afectara su licitud o legalidad.

En suma, no se evidencia argumento alguno que permita inferir que el documento
en cita no pueda ser objeto de estudio para el caso concreto. Por el contrario, la
sentencia proferida por la accionada no pone de presente razón alguna que
imponga su exclusión o le reste mérito probatorio en el caso.

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La cláusula segunda de la quinta prórroga al Convenio 2060220 decidió modificar
la cláusula décimo sexta de dicho convenio, por lo que resulta pertinente entender
en que consistió tal ajuste al contrato:

Convenio Quinta Prórroga
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL SEGUNDA. MODIFICAR: se modifica la cláusula
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO: el presente décimo sexta del convenio de apoyo financiero No.
convenio de apoyo financiero deberá liquidarse de 2060220 de 2006, la cual quedará así: CLÁUSULA
conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados DE APOYO FINANCIERO: El presente convenio de
a partir de la terminación del mismo. apoyo financiero deberá liquidarse de conformidad
con lo previsto en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios, dentro de los ocho
(8) meses siguientes a su terminación. (énfasis
de la Sala)

Ahora bien, no sobra indicar que el Convenio 2060220 fue objeto de una sexta
prórroga entre las partes, la cual únicamente modificó lo atinente al plazo de
ejecución y expresamente estableció en su cláusula quinta que: «En lo demás,
las cláusulas del convenio principal y de las demás prórrogas y modificaciones
conservan su vigencia y alcance.» (énfasis de la Sala).

Lo anterior significa, en otros términos, que la modificación del plazo para llevar a
cabo la liquidación del convenio no fue afectada por el querer de las partes y, en
consecuencia, el término de ocho (8) meses establecido por las partes en la quinta
prórroga se mantenía incólume.

A partir de lo dicho, la Sala encuentra acreditado el defecto fáctico endilgado a la
decisión reprochada, toda vez que de la lectura de ésta no se encuentra
razonamiento alguno enfocado a la valoración de dicho documento, o una
justificación que permita inferir válidamente las razones por las cuales no fue
tenido en cuenta.

Conforme lo expuesto, se revocará la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, para en su lugar amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio conculcados por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A al interior del proceso
ordinario 23001-23-33-000-2014-00057-00/01.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenará al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que en el término de 30 días profiera una decisión de
reemplazo en el citado proceso y que atienda lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ADMITIR la coadyuvancia presentada por EN Territorio respecto a las
pretensiones de la acción de tutela.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera.

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia en cabeza del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y, en consecuencia, ORDENAR al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que en el término de 30 días profiera una decisión de
reemplazo al interior del proceso ordinario 23001-23-33-000-2014-00057-00/01
en la que consulte lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

QUINTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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