Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-00392-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2016-00392-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2016-00392-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011, modificada por la
Ley 2080 de 2021
TEMAS: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – en reparación directa, se cuenta desde la ocurrencia de la
acción u omisión determinante del daño, o desde el momento en que el demandante conoció o debió
conocerla.
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
2. Se demanda por el supuesto enriquecimiento sin causa por parte del
Departamento de Antioquia, como consecuencia de los servicios adicionales
prestados por la Universidad de Antioquia entre el 1° y el 16 de febrero de 2012, por
fuera del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-233.
II. ANTECEDENTES
La demanda y las razones en las que se fundamenta
3. El 29 de enero de 20161, la Universidad de Antioquia2, en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales, interpuso demanda contra el
Departamento de Antioquia3, en la que formuló las siguientes pretensiones
(transcritas en su tenor literal, con sus posibles errores):
“PRIMERA. Se declare que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA adeuda
los valores derivados de los servicios ejecutados en exceso y no
reconocidos en la liquidación bilateral del contrato interadministrativo nro.
2011-SS-15-233, celebrado entre ese ente territorial y la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA.
SEGUNDA. Que en consecuencia de lo anterior, se revise y reforme la
liquidación bilateral suscrita entre las partes, para incluir en la misma que el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA debe pagar a la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($1,274,012,613)
junto con su indexación desde el día 16 de Febrero de 2012.
TERCERA. Que se condene en costas a la entidad pública demandada”.
1
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED.
2
En lo sucesivo, igualmente la Universidad.
3
En lo sucesivo, igualmente el Departamento.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se mencionaron los
siguientes:
5. El 29 de junio de 2011 la Universidad y el Departamento celebraron el
Contrato Interadministrativo4 n° 2011-SS-15-233, cuyo objeto consistía en la
“Prestación de servicios Administrativos y operativos para las Instituciones
Educativas de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, de
conformidad con la propuesta técnica y económica presentada por la Universidad,
aceptada íntegramente por el Departamento (…)”.
6. El plazo inicialmente estipulado fue de 2,48 meses, contado a partir del 1° de
julio de 2011. Dicho término fue objeto de diversas prórrogas, entre ellas la
dispuesta en la adición n° 2, que amplió la duración del negocio jurídico hasta el 31
de diciembre de 2011 o hasta que se agotara el presupuesto, circunstancia que se
produjo, según afirmó la demandante, el 30 de enero de 2012.
7. También adujo que, a pesar del agotamiento del presupuesto, la Universidad
continuó prestando los servicios contratados entre el 1° y el 16 de febrero de 2012,
atendiendo la solicitud que al efecto le formuló la entidad demandada, derivada del
cambio de administración departamental. Dichas actividades adicionales fueron
asumidas por la Universidad con su propio presupuesto y amparada en la confianza
legítima de que el Departamento le reembolsaría el valor correspondiente a tales
servicios, cuyo valor ascendió a la suma de $1.274.012.613.
8. El 30 de enero de 2014 se suscribió el acta de liquidación bilateral del
contrato, en la que se consignó la salvedad referente al valor de los servicios
ejecutados por la Universidad, antes descritos, indicando lo siguiente: “entre el 1 al
16 de febrero de 2012, por fuera del plazo contractual, prestó los servicios
Administrativos y Operativos para las Instituciones Educativas de los Municipios no
Certificados del Departamento de Antioquia, los cuales ascienden a la suma de MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS
TRECE PESOS M L ($1,274,012,613), y que a la fecha no han sido cancelados a
la Universidad por el Departamento de Antioquia”.
9. La demandante sostuvo que se configuró un enriquecimiento injusto, en
beneficio del Departamento y en detrimento suyo, como consecuencia de
actividades ejecutadas por fuera del ámbito contractual, lo que hace surgir en
cabeza del demandado una obligación compensatoria, pasible de ser reclamada
mediante la actio in rem verso.
10. En auto de 17 de agosto de 2016 el Tribunal Administrativo de Antioquia
inadmitió la demanda, con el fin de que la parte actora adecuara los hechos y las
pretensiones al medio de control de reparación directa5.
11. A través de escrito del 24 de agosto de 2016, la demandante interpuso
recurso de reposición contra el proveído que dispuso la inadmisión6. Sin embargo,
4
Así fue denominado por la demandante.
5
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 012ED.
6
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 014ED.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
a través de memorial del 2 de septiembre de 20167, adecuó la demanda en los
términos señalados por el a quo.
12. El 21 de septiembre de 2016, el a quo repuso la providencia referida y, en
consecuencia, admitió la demanda y dispuso que el proceso se tramitaría bajo el
medio de control escogido por el accionante (de controversias contractuales), en los
siguientes términos: “si la entidad actora al interponer el recurso de reposición en
contra del auto inadmisorio insiste que el medio de control es el de controversias
contractuales exponiendo argumentos jurídicos para demostrar porque (sic) el
medio invocado es el procedente, se determina por el despacho, que se cumplió el
objetivo que busca la inadmision de la demanda, no siendo procedente que el
despacho insista en cual sería el medio adecuado en esta etapa procesal, una vez
brindado los nuevos elementos jurídicos expuestos por la entidad actora, porque de
ser así estaría anticipando la decisión”8.
La contestación de la demanda
13. El Departamento contestó la demanda dentro del término legal, oponiéndose
a las pretensiones9. Como medios exceptivos propuso la caducidad del medio de
control10, y las denominadas “inexistencia de la obligación”, “legalidad de la
actuación contractual”, “cobro de lo no debido” y la excepción genérica.
14. Sostuvo que el contrato estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2012 y que
la entidad demandante no aportó prueba alguna de que su plazo de ejecución se
hubiese prolongado hasta el 16 de febrero de esa anualidad o que se hubiesen
adicionado recursos para respaldar los servicios prestados entre una y otra fecha.
Indicó que los contratos estatales son solemnes y deben ser elevados a escrito,
circunstancia que, respecto de las actividades ejecutadas por la demandante en
dicho interregno, no ocurrió.
15. Adujo que las actividades objeto del negocio jurídico fueron ejecutadas en
los términos convenidos y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría
contractual, según el acta de recibo del 22 de marzo de 2012.
La sentencia de primera instancia
16. En sentencia del 14 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda11.
17. En primer término, sostuvo que el presunto perjuicio reclamado en la
demanda –el no reconocimiento de los servicios prestados en exceso– no comportó
una obligación originada en un contrato, pues no se trató de la extensión implícita
del objeto contractual y del negocio, sino de una omisión de la Administración -
derivada de la ejecución de unas actividades por fuera del mismo-. Por tal razón,
dispuso adecuar el cauce procesal al medio de control de reparación directa y
7
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 015ED.
8
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 016ED.
9
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 018ED.
10
Excepción resuelta negativamente por el a quo en el curso de la audiencia inicial, expediente
electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 023ED.
11
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 036ED.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
agregó que ello no implicaba una alteración al petitum de la demanda, pues el propio
demandante, cuando en su escrito de subsanación adecuó su trámite al de la actio
de in rem verso, no modificó las pretensiones.
18. El a quo precisó que, de conformidad con la regla de unificación fijada por el
Consejo de Estado en materia de enriquecimiento sin causa (en providencia del 19
de noviembre de 2012), la actio in rem verso no puede ser invocada para reclamar
el pago de bienes o servicios ejecutados, sin la previa celebración de un contrato
estatal.
19. Asimismo, consideró que a pesar de que en el sub lite se comprobó la
existencia de un servicio recibido por parte del Departamento (enriquecimiento) y la
prestación del mismo por parte de la Universidad, sin su correspondiente
remuneración (empobrecimiento), el elemento de la buena fe objetiva no se
encontraba acreditado, en la medida que se desconocieron las normas imperativas
en materia de perfeccionamiento del contrato estatal, que exigen que el mismo sea
elevado a escrito, en razón a la naturaleza de los contrayentes y su sujeción al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
20. Agregó que, a pesar de las excepciones señaladas en la sentencia de
unificación referida, la entidad demandante no acreditó que se hubiese configurado
alguna de ellas, lo que impide acceder a la indemnización solicitada.
21. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, por cuanto consideró que no
había lugar a su imposición, en consideración a que, en este caso, no se demostró
una actuación temeraria o carente de fundamento legal.
El recurso de apelación
22. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual
sostuvo que la entidad contratante actuó de mala fe de cara a la prestación de los
servicios por fuera del plazo contractual y adujo que, ni el artículo 1603 del Código
Civil, ni el 871 del Código de Comercio establecieron que la buena fe contractual
solamente se predique frente a una de las partes.
23. Indicó que el a quo no analizó que estaba comprobada la aquiescencia del
demandado en la prestación de los servicios encomendados y tampoco tuvo en
cuenta que estos fueron prestados más allá del plazo contractual, por solicitud del
Departamento y por la necesidad apremiante de no generar un traumatismo al
servicio público educativo y al interés general.
24. Cuestionó que el Tribunal estimara que el presente litigio se dirimiera bajo
los postulados de la actio in rem verso y no a través del medio de controversias
contractuales, pues desde la demanda quedó establecido que aquél no giraba en
torno a un negocio jurídico, sin contrato escrito, sino a la ejecución de actividades
adicionales al mismo, de manera que la controversia, en definitiva, se remonta al
Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-233.
25. Puntualizó que la Universidad se encuentra sometida a un régimen
contractual de derecho privado, lo que posibilita la existencia de prórrogas y
adiciones consensuales, que son válidas y vinculantes.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
26. Finalmente, aseveró que el entendimiento de la tesis de unificación en torno
a la actio in rem verso ha sido matizado en jurisprudencia posterior, en la que se ha
admitido su procedencia y, con ello, la indemnización correspondiente, cuando la
prestación ejecutada a favor del Estado ha sido incitada o provocada por este y,
además, cuando se está en frente de la continuidad de un servicio ligado a un
derecho fundamental, como es el caso de la educación.
27. El Ministerio Público guardó silencio en esta instancia12.
II. CONSIDERACIONES
Cuestiones previas
28. Antes de abordar el análisis que corresponde en esta instancia, la Sala
considera necesario efectuar las siguientes precisiones.
29. En su escrito de impugnación manifiesta la demandante que “discrepa
también de la interpretación del Tribunal a quo consistente en que el presente
asunto debía dirimirse a la luz de la actio in rem verso y no a través del medio de
controversias contractuales, pues tal y como se ha insistido durante todo el decurso
del proceso no se trató de una hipótesis de ausencia total de un contrato por escrito,
sino sólo de la adición y prórroga de los servicios, y su causa, en los términos del
artículo 1524 del Código Civil, se remonta al contrato interadministrativo nro. 2011-
SS-15-233 primigeniamente firmado”.
30. Al respecto, es menester recordar que la presente controversia se originó en
el ejercicio del medio de control de controversias contractuales promovido por la
Universidad de Antioquia, a través del cual se pretende reclamar el pago del valor
correspondiente a los servicios prestados por fuera del plazo de ejecución del
negocio jurídico celebrado con el Departamento de Antioquia. Como se expuso en
el acápite de antecedentes, si bien el a quo inadmitió la demanda al considerar que
el proceso debía tramitarse como una reparación directa, con pretensión de
enriquecimiento sin causa, por insistencia de la entidad demandante (en el recurso
de reposición contra el auto inadmisorio), decidió adelantar la causa como un asunto
de controversias contractuales, conforme había sido originalmente propuesto.
31. No obstante, en la sentencia objeto de la alzada, el Tribunal adecuó
oficiosamente el medio de control al de reparación directa y desató el fondo de la
controversia bajo los postulados de la actio in rem verso, debido a que, a su juicio,
las pretensiones del libelo introductorio versaban sobre la ejecución de actividades
por fuera del marco de un contrato estatal y, por ende, en el sub examine no se
ventilaba un asunto de naturaleza contractual.
32. Bajo este contexto y considerando que dicha adecuación constituye el primer
motivo de inconformidad manifestado por la demandante frente a la sentencia
impugnada y que la determinación del medio de control bajo el cual corresponde
decidir las pretensiones incoadas en el sub lite resulta de capital importancia en
12
Conforme constancia secretarial visible en el Índice 010 del aplicativo SAMAI.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
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punto al análisis de los presupuestos procesales, la Sala dirimirá este aspecto antes
de desatar el fondo de la controversia.
33. Por disposición normativa13, el medio de control de controversias
contractuales está instituido para que cualquiera de las partes de un contrato estatal
pueda pedir que: i) se declare su existencia o nulidad, ii) se ordene su revisión, iii)
se declare su incumplimiento, iv) se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, v) se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y vi) se
hagan otras declaraciones y condenas. A su vez, el medio de control de reparación
directa persigue la reparación del daño antijurídico producido por la acción y omisión
de los agentes del Estado14 y procede en los casos en los que el daño se deriva de
un hecho, omisión, operación administrativa o un acto administrativo, siempre que
no se cuestione su legalidad15.
34. A pesar de la concepción abierta del último supuesto de procedencia de la
acción contractual, aquellas “otras declaraciones y condenas” a las que se refiere el
artículo 141 del CPACA deben provenir siempre de una relación contractual que las
determine, o en otras palabras, la pretensión que se esgrime en el libelo debe
fundamentarse causalmente en circunstancias de hecho producidas en el marco de
un negocio jurídico, y no por fuera de él. Ese entendimiento resulta de particular
relevancia cuando se debate la ejecución de prestaciones por fuera de los linderos
definidos por los contrayentes, como ocurre en el sub lite.
35. En anterior oportunidad esta Corporación, al dirimir un asunto de similares
connotaciones al que aquí se debate, precisó lo siguiente16:
“Ahora bien, como metodología de trabajo, frente a hipótesis como esta, la Sala
aclara que es deber del juzgador desechar, en primer lugar, si la hipótesis
jurídica planteada no se encuadra dentro del marco de lo pactado. En otras
palabras, si lo reclamado corresponde a una variación normal y ordinaria de la
ejecución de un contrato o, por el contrario, a una situación por fuera del mismo.
Lo anterior, bajo el entendido de que la actio in rem verso es de carácter
excepcional.
En este sentido, la Sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades
de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales.
El punto de distinción radica en: i) que lo normal, en muchos contratos, es la
ejecución en mayor cantidad de la originalmente pactada, sin que constituya
irregularidad; y ii) que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo
contractual con ejecución de prestaciones, como se pasa a explicar.
a) El segundo supuesto es el más natural, obvio y propio de la actio in
rem verso, porque con ocasión de los hechos que conducen al enriquecimiento
de una parte, el empobrecimiento de la otra, mediados por la relación causal
entre ambos, es que se refleja la inexistencia de un medio procesal para
reclamar la eventual compensación económica en favor del empobrecido,
de ahí la configuración del enriquecimiento sin causa” (énfasis añadido).
13
Artículo 141 del CPACA.
14
Artículo 140 del CPACA.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Igualmente, en sentencia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de
noviembre de 2017, exp: 59.236.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 4 de junio de 2015, exp. 28400, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
36. Lo anterior, se desprende de lo definido por la Sala Plena de la Sección
Tercera en sentencia del 19 de noviembre de 201217, que unificó su postura en torno
a diversos aspectos del enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso, con la
finalidad de: i) precisar algunos de los requisitos para su procedencia y ii) determinar
cuál es la acción pertinente para reclamar la compensación correspondiente. De
esa suerte, la sentencia de unificación aclaró que “la vía procesal en lo contencioso
administrativo para recabar un enriquecimiento incausado es la de la reparación
directa porque mediante ésta se puede demandar la reparación del daño y esto
es precisamente lo que padece quien se ve empobrecido si quien
correlativamente se enriquece sin una causa que lo justifique”. Incluso, con
antelación a la providencia referida, el Consejo de Estado ya había sostenido que
las ejecuciones materiales sin el respaldo de un contrato se ventilaban a través de
los postulados del enriquecimiento sin causa18.
37. En el caso que ocupa la atención de la Subsección, el debate gravita,
exclusivamente, en las actividades desarrolladas por la demandante entre el 1 y el
16 de febrero de 2012, cuando ya había expirado el plazo de ejecución del Contrato
Interadministrativo n° 2011-SS-15-233, de manera que las prestaciones cuyo pago
se reclama fueron ejecutadas sin respaldo contractual. En consecuencia, las
pretensiones que en el sub lite persiguen el reembolso de los valores
correspondientes a aquellas actividades deben ser ventiladas bajo los postulados
de la actio in rem verso y encausarse a través del medio de control de reparación
directa -tal como lo consideró el a quo-, al que se atan las consideraciones relativas
a la oportunidad para presentar la demanda y la configuración de la caducidad
(artículo 140 del CPACA).
38. En ese orden de ideas, al analizar los presupuestos procesales, encuentra la
Sala, precisamente, que el relativo a la presentación de la demanda en tiempo -
ligado con el medio exceptivo de caducidad- no se encuentra satisfecho, lo que, en
acatamiento del deber que le asiste al juez de decidir sobre cualquier excepción que
encuentre probada al momento de proferir sentencia (previsto en el artículo 187 del
CPACA), exige su declaración en esta instancia, como se explica a continuación.
Lo acreditado en el expediente
39. El Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-233 fue celebrado el 29 de
junio de 2011 y modificado en 2 ocasiones. En la última se prorrogó el plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre siguiente o hasta agotar el presupuesto19.
40. De conformidad con la certificación expedida por la Subsecretaría de
Planificación Sectorial e Institucional del Departamento de Antioquia 20, el plazo
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de
noviembre de 2012, exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de
agosto de 2007, exp. 15469. No obstante, como se aclaró en dicha oportunidad, aquello “no significa
que se esté dando vía libre a la práctica generalizada de adelantar la ejecución de obras sin que se
dé cumplimiento a los requisitos formales de legalización ordenados por la ley, la cual impone que
mientras el contrato no se encuentre suscrito y legalizado, tampoco será posible ejecutarlo; pero esta
regla no puede ser absoluta, puesto que cada caso particular debe analizarse en su verdadero
contexto para desentrañar la consecuencia que esta omisión puede representar para el contratista
cumplido y de buena fe”.
19
Adición n° 2, Cláusula Segunda, expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI,
Archivo 007ED, página 36.
20
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 37.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
contractual (que se sujetó al agotamiento del presupuesto), se prolongó hasta el 30
de enero de 2012.
41. El 22 de marzo de 2012 se suscribió el acta de recibo de las actividades
objeto del contrato y se indicó que éstas se ejecutaron de conformidad con lo
establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de
condiciones y en el ordenamiento jurídico vigente21.
42. El 23 de marzo de 2012 se elaboró un proyecto de acta de liquidación
bilateral que no fue suscrito por el Secretario de Educación Departamental 22. En
dicho documento se consignó: “se le adeuda a la Universidad de Antioquia la suma
de $1.274.012.613, por concepto de servicios prestados; se le cancelaran (sic) una
vez se firme el acta de liquidación y se solicite el respectivo CDP”.
43. En Oficio 2000-077 del 14 de agosto de 2013, el Vicerrector Administrativo
de la Universidad de Antioquia requirió a la Secretaría de Educación Departamental
para que se adelantara la liquidación de varios negocios jurídicos, entre ellos, el
Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-23323. En el texto de dicho documento
se indica que en marzo de 2013 se sostuvo una reunión entre representantes de
ambas entidades en la que “se declaró por las partes la mejor voluntad y disposición
para encontrar una solución a la situación planteada” y que “la demora en la
liquidación de estos contratos, que represente sumas a favor de la Universidad, fue
observada por Organismos de Control, lo cual nos obliga a insistir en un arreglo
consensuado, pues no quisiéramos recurrir a otras instancias legales”.
44. En Oficio 2000-093 del 25 de septiembre de 2013, el Vicerrector
Administrativo de la Universidad de Antioquia informó a la Secretaría de Educación
Departamental respecto de cuáles serían las personas que, por parte del ente
universitario, intervendrían en el proceso de liquidación del Contrato
Interadministrativo n° 2011-SS-15-23324.
45. El clausulado del Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-233 no previó
disposición alguna respecto de su liquidación. Así mismo, obra en el expediente el
acta de liquidación bilateral del negocio jurídico en cuestión25; si bien dicho
documento no se encuentra fechado, se observa que el 22 de enero de 2014 la
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia remitió a la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad de Antioquia la referida acta26, y el 30 de enero
siguiente, la Universidad la devolvió suscrita por su representante legal 27. Ello
permite otorgar veracidad a lo referido por la demandante, respecto de que el acta
en mención fue suscrita el 30 de enero de 2014.
46. En el acta de liquidación se dejó la siguiente salvedad: “La Universidad de
Antioquia deja constancia que entre el periodo (sic) comprendido entre el 1 al 16 de
febrero de 2012, por fuera del plazo contractual, prestó los servicios Administrativos
21
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 52.
22
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 49.
23
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 38
24
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 40.
25
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 45.
26
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 41.
27
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 42.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
y Operativos para las Instituciones Educativas de los Municipios no Certificados del
Departamento de Antioquia, los cuales ascienden a la suma de MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M L
($1,274,012,613), y que a la fecha no han sido cancelados a la Universidad por el
Departamento de Antioquia. Para estos efectos la universidad de Antioquia hará la
solicitud de conciliación prejudicial con el fin de que le sean cancelados estos
dineros por parte de la Secretaría de Educación - Departamento de Antioquia”.
47. La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada por la demandante el
25 de noviembre de 2014 y la constancia correspondiente fue expedida el 11 de
febrero de 201528. A su vez, la demanda fue radicada el 29 de enero de 201629.
La naturaleza y régimen jurídico del Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-
15-233 de 2011
48. La Sala considera pertinente referirse a las características y especificaciones
del negocio jurídico objeto de estudio, con el fin de precisar su naturaleza económica
y la ejecución de las prestaciones acordadas por las partes, a fin de determinar si,
en efecto, se trata de un contrato interadministrativo, como fue denominado por las
partes. Dicha definición conceptual resulta relevante para el sub examine, en la
medida que la misma determina el régimen jurídico aplicable y el marco temporal
para la liquidación contractual que, como se desarrollará en el acápite siguiente,
cobra relevancia en punto al análisis de la caducidad del medio de control a través
del cual se tramitó la presente controversia.
49. El negocio jurídico referido fue suscrito entre la Universidad de Antioquia -
ente universitario autónomo de naturaleza pública30- y el Departamento de Antioquia
-entidad territorial-. Así, se advierte que el Departamento de Antioquia, como
extremo contratante, se encuentra entre las entidades estatales previstas en el
artículo 2 de la Ley 80 de 199331, mientras que la Universidad de Antioquia, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 30 de 1993, tiene un régimen contractual
especial.
50. De las consideraciones expresadas en el referido negocio jurídico, se
constata que se celebró bajo la modalidad de selección de contratación directa,
invocando, para tal efecto, lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Asimismo, las partes se remitieron, en lo pertinente, a las normas establecidas en
28
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 23.
29
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED, página 1.
30
Determinada por la Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de Antioquia, y cuya personería jurídica
deriva de la Ley 153 de 1887, reconocida como Universidad por el Ministerio de Educación Nacional
mediante Decreto 1297 de mayo 30 de 1964.
31
Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles” (se destaca).
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias,
las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública32, aspecto que se
desprende de lo ratificado en diferentes cláusulas del Contrato Interadministrativo
n° 2011-SS-15-233, por ejemplo, las relativas a las garantías33, interventoría34,
perfeccionamiento35 y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
51. Con todo, la Corporación ha precisado36 que las manifestaciones de las
partes no son la fuente exclusiva para definir el régimen jurídico aplicable a un
contrato en el que es parte una entidad pública. En ese sentido, en aras de
determinar si el régimen jurídico aplicable al contrato que se analiza es el del
EGCAP y si, por ende, se encontraba sujeto al trámite de liquidación allí previsto,
conviene analizar si se trata de un contrato interadministrativo, como lo
denominaron las partes.
52. Así, como lo ha señalado la Subsección37, el contrato interadministrativo, a
diferencia del convenio interadministrativo, es un acuerdo de contenido patrimonial,
característicamente oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación
en función del interés de cada una de las partes, y que se expresa a través de la
estipulación de obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes, según las
previsiones iniciales acordadas al momento de proponer o contratar38.
53. Conforme lo dispone el artículo 298 de la Constitución Política, los
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales,
la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.
Así mismo, ejercen funciones administrativas de coordinación, complementariedad
de la acción municipal, intermediación entre la Nación y los municipios, y de
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. A su vez,
señala el artículo 6 de la Ley 715 de 200139 que, en el sector de educación, los
Departamentos tienen competencia, frente a los municipios no certificados, para
“Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica,
media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad,
en los términos definidos en la presente ley”.
32
En adelante, también, EGCAP.
33
Cláusula Octava.
34
Cláusula Décima Primera.
35
Cláusula Décima Cuarta.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias: (i) del 14 de junio de 2019, radicación AP 2010-02552; (ii) del 20 de noviembre de 2019,
radicación 66001-23-33-000-2015-00131-01(61429); (iii) del 6 de mayo de 2020, radicación interna
64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
37
Este, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489, se ha definido como una forma de
gestión cooperada de competencias administrativas que asume el ropaje de un negocio jurídico en
el cual se regulan intereses convergentes de, al menos, dos entidades estatales. Se trata de una
manifestación de la llamada actividad negocial de la administración pública que se basa en el
principio de cooperación administrativa y, por tanto, allí no existe una posición prevalente de una
parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés remuneratorio entre ellas (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de
noviembre de 2019, radicación 66001-23-33-000-2015-00131-01(61429), Consejera Ponente: Marta
Nubia Velásquez Rico)
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. (58623), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
39
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros”.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
54. Por su parte, el Estatuto General de la Universidad de Antioquia40 establece
como misión de dicho ente, el desarrollo del servicio público de educación estatal
“mediante la investigación, la docencia y la extensión, la misión de actuar como
centro de creación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y de la
cultura” (énfasis de la Subsección). A su vez, en su artículo 3 dispone que la
institución universitaria “tiene por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del
conocimiento en los campos de las humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía,
la técnica y la tecnología, mediante las actividades de investigación, de docencia y
de extensión”; y en su artículo 15 que “La extensión expresa la relación
permanente y directa que la Universidad tiene con la sociedad, opera en el doble
sentido de proyección de la Institución en la sociedad y de ésta en aquella; se realiza
por medio de procesos y programas de interacción con diversos sectores y
actores sociales, expresados en actividades artísticas, científicas, técnicas y
tecnológicas, de consultorías, asesorías e interventorías, y de programas
destinados a la difusión de las artes, los conocimientos y al intercambio de
experiencias y de apoyo financiero a la tarea universitaria. Incluye los programas
de educación permanente y demás actividades tendientes a procurar el bienestar
general” (énfasis de la Subsección).
55. Ahora bien, la cláusula primera del negocio jurídico en cuestión estipuló como
objeto la “Prestación de servicios Administrativos y operativos para las
Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento
de Antioquia, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada
por la Universidad, aceptada íntegramente por el Departamento, y que hace parte
integral del presente contrato”41 ; e indicó igualmente que tales servicios consistirían
en: secretariado, servicios generales, apoyo auxiliar administrativo, bibliotecología,
operativos de aseo y granjería. Así mismo, en el considerando 6 del negocio jurídico
se consignó que la Universidad, en su calidad de ente universitario autónomo,
desarrolla el servicio público de la educación superior a través de actividades de
extensión y que “entre los objetivos de la extensión universitaria se encuentra el
propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales para
establecer una necesaria cooperación en el diseño y ejecución de políticas”.
56. Bajo este contexto, contrastando el objeto que pretendía satisfacerse con el
negocio jurídico analizado y el marco funcional de las entidades que lo suscribieron,
concluye la Subsección que aquél se relaciona42 con las finalidades estatutarias de
la Universidad de Antioquia (prestar el servicio de educación superior mediante
actividades de extensión), y se revela intrínsecamente ligado al deber normativo del
40
Acuerdo Superior 1 del 5 de marzo 1994, “POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA”, consultado en:
https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/15328f0d-59fc-4e5a-86d8-
76b36dac405f/001+Acuerdo+Superior+1+de+1994+%28Estatuto+general%29.pdf?MOD=AJPERE
S&CVID=lj5KcsF .
41
Cláusula Primera, expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 007ED,
página 27.
42
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, numeral 4, literal c de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, la modalidad de selección de contratación
directa procederá para celebrar “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley
o en sus reglamentos”. Si bien se encuentran exceptuados “los contratos de obra, suministro,
prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras”; el objeto del negocio jurídico en estudio
no se enmarca dentro de tales excepciones y, por ende, procedía la contratación directa.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Departamento de Antioquia (dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los
municipios no certificados).
57. En la cláusula tercera del contrato se estipuló que su valor era de
$7.391’779.295, suma que el Departamento pagaría a la Universidad, en función de
los servicios efectivamente prestados, conforme fueran requeridos por la
contratante. Esa forma de contraprestación tiene la característica de precio, pues
comporta un concepto que el Departamento paga a cambio de una prestación
recibida de la Universidad43, lo que denota la presencia de un ánimo o interés
remuneratorio de una de las partes en el acuerdo interadministrativo.
58. Lo anterior implica que el negocio jurídico mencionado debe entenderse
como un contrato en toda la extensión del concepto, pues se estableció un acuerdo
conmutativo y bilateral en el que se consagraron obligaciones y prestaciones
recíprocas entre las partes, lo que comportó un verdadero sinalagma contractual.
Cabe anotar que el hecho de que la ejecutora fuese una persona jurídica a la que
no le asiste ánimo de lucro44 no implica, en modo alguno, que no pueda celebrar
contratos con un interés remuneratorio, pues lo que aquello supone es la
imposibilidad de repartir o distribuir la utilidad percibida contractualmente entre sus
miembros, de manera que la calidad de la Universidad de Antioquia no desnaturaliza
el contrato en cuestión.
59. Los elementos que acaban de resaltarse evidencian que el acuerdo de
voluntades que se analiza es, efectivamente, un contrato interadministrativo, dado
que: i) el extremo contratante fue una entidad pública, en los términos del artículo 2
de la Ley 80 de 1993; ii) su objeto perseguía la satisfacción de una finalidad pública
que se inscribe dentro del deber misional del Departamento, así como guardó una
correspondencia directa con los estatutos de la Universidad; y iii) existió un ánimo
o interés remuneratorio en el acuerdo interadministrativo de una de las partes (el
ente educativo), toda vez que se pactó una contraprestación (dineraria en este caso)
a cambio de una prestación ejecutada. De ese modo, es claro que el negocio jurídico
en cuestión estaba sometido al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública45.
60. Al respecto, el artículo 60 de la Ley 80 de 199346 señala que los contratos de
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. Al revisar el contenido del
Contrato Interadministrativo nº 2011-SS-15-233 de 2011, observa la Sala que sus
obligaciones se debían ejecutar en un plazo que se prolongaba hasta el 31 de
diciembre de 2011 o hasta agotar el presupuesto, y que el pago del valor convenido
43
“El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio” (Código Civil, artículo 1849 y
Código de Comercio, artículo 905).
44
“De conformidad con lo expuesto, la organización de las IES bajo la figura de asociaciones o
corporaciones sin ánimo de lucro, implica que las utilidades no se repartan entre sus miembros, sino
que integran el patrimonio de la persona jurídica. Lo anterior, puesto en el contexto de las
instituciones de educación superior permite entender que el propósito de dicha medida es asegurar
la calidad y continuidad en la prestación del servicio público de educación” (Corte Constitucional,
sentencia C-248 de 2017, M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo).
45
Que, para la fecha de suscripción del negocio jurídico -2 de octubre de 2015-, lo conformaban la
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de
2011.
46
Sin la modificación introducida por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, atendiendo la fecha de
celebración del contrato.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
se efectuaría periódicamente, en función de los servicios efectivamente prestados,
conforme fueran requeridos por la contratante. Así, no queda duda que se trata de
un negocio jurídico cuya ejecución se extendió en el tiempo y, por ende, sujeto al
trámite de liquidación.
La caducidad del medio de control
61. Establecida como se encuentra la naturaleza de la relación contractual que
sostuvieron las partes de este litigio, conviene precisar que las excepciones
constituyen una herramienta que otorga el ordenamiento jurídico para que el
demandado ejerza su derecho de contradicción y defensa, ya sea atacando las
pretensiones del demandante, enmendando el litigio para evitar posibles nulidades
o terminando el proceso al considerar que este no cuenta con todas las formalidades
que exige la ley para que pueda ser adelantado47; y como lo han precisado la
jurisprudencia48 y doctrina49, las mismas pueden ser de 3 tipos: i) previas, ii) de
mérito y iii) mixtas.
62. Para los juicios que se ventilan ante esta jurisdicción, la excepción de
caducidad se encuentra contemplada en el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley
1437 de 2011 y, como lo ha sostenido esta Corporación50, a partir de la modificación
introducida por la Ley 2080 de 202151, “es una excepción perentoria nominada que
se declara fundada en sentencia anticipada (numeral tercero del artículo 182A del
CPACA) o se resuelve en la sentencia ordinaria o de fondo (artículo 187 del
CPACA)”.
63. En el caso bajo estudio, el Departamento demandado propuso la excepción
de caducidad de la acción, la cual fue decidida de manera desfavorable por el a quo
en la providencia proferida en el decurso de la audiencia inicial52. El análisis del a
quo en tal pronunciamiento se efectuó sobre el supuesto normativo que regula lo
relacionado con el medio de control de controversias contractuales (artículo 164,
numeral 2, literal j, del CPACA) y, en ese contexto, el Tribunal efectuó el cómputo
del término de caducidad para presentar la demanda partiendo de la fecha en la que
se produjo la liquidación bilateral del Contrato Interadministrativo n° 2011-SS-15-
233 (30 de enero de 2014).
64. Sin embargo, en virtud de la adecuación del medio de control dispuesta en la
sentencia impugnada, y aclarado como se encuentra que era el de reparación
directa el procedente para desatar el objeto de la litis, el examen de oportunidad en
esta instancia debe determinarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 164, numeral
2, literal i, del CPACA, que exige tomar como hito inicial el momento en que ocurrió
“la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió
47
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 30 de agosto de 2018, exp. 58225,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
48
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 20 de noviembre de
2017, exp., 58834, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
49
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso: Parte General. Dupre Editores
Ltda., Bogotá. 2016.
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 16 de septiembre de 2021, exp.
2648-2021, C.P. William Hernández Gómez.
51
Aplicable al caso concreto atendiendo la fecha de interposición del recurso de alzada (12 de
octubre de 2023).
52
Expediente electrónico consultable en el aplicativo SAMAI, Archivo 023ED.
13
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
65. Así pues, en virtud de los elementos probatorios reseñados previamente, y
teniendo en cuenta que el daño que reclama la parte demandante lo constituye el
presunto enriquecimiento sin causa de la entidad accionada, como consecuencia
de “la mayor cantidad de servicios prestados por sugerencia y provocación de la
entidad contratante”53; es claro que la causa de aquél, en los términos planteados
en la demanda, está determinada por una conducta del Departamento – consistente
en no pagar las sumas de dinero reclamadas por unos servicios prestados por la
Universidad de Antioquia-. Si bien por las particularidades del caso concreto son
varios los momentos en los que podría ubicarse la configuración de la omisión a la
que se atribuye causalmente el daño reclamado, lo que podría derivar igualmente
en diversas formas de computar los 2 años para ejercer el medio de control de
reparación directa; a juicio de la Subsección ese hito temporal se localiza en el
momento en que cesó la ejecución de las prestaciones extracontractuales que
reclama la demandante, en la medida que fue allí cuando se consolidó el
enriquecimiento en cabeza de la entidad demandada y surgió el deber de
contraprestación que se afirma omitido54.
66. Bajo tal entendimiento, considerando que la última de las actividades
extracontractuales reclamadas por la Universidad se ejecutó el 16 de febrero de
2012, el término para el ejercicio del derecho de acción en el sub lite inició el 17 del
mismo mes y año y feneció el 17 de febrero de 2014. Así, teniendo en cuenta que
la solicitud de conciliación extrajudicial (que lo hubiese suspendido) fue presentada
el 25 de noviembre de 2014, es evidente que incluso aquella se presentó cuando el
medio de control estaba caducado -bajo el supuesto analizado- y con mayor razón
la demanda, dado que se formuló el 29 de enero de 2016.
67. Sin perjuicio de lo anterior, aún si en gracia de discusión se tuvieran en
cuenta otros momentos para contabilizar el término de caducidad, tendría que
arribarse, por fuerza, a idéntica conclusión sobre el ejercicio inoportuno del medio
de control en el caso bajo estudio, tal como se observa a continuación:
68. a) Desde la liquidación del contrato: recuérdese que el Contrato
Interadministrativo 2011-SS-15-233 estaba sujeto al trámite de liquidación, en los
términos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por
razón de esa sujeción, le resultaba aplicable lo previsto en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, por virtud del cual la liquidación bilateral debía producirse dentro de
los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato, si las partes no pactaron un término diferente (como es el caso), o
unilateralmente por parte de la entidad contratante dentro de los 2 meses siguientes,
si aquella no hubiese sido posible.
69. Así, considerando que existía una disposición normativa que concedía 6
meses -después del plazo de ejecución- para que se efectuara la liquidación y se
reconocieran en ella los valores pretendidos por la demandante, mal podría
53
Subsanación de la demanda, acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, página 4.
54
Si es que dicho enriquecimiento y empobrecimiento se hubiesen presentado, circunstancia que no
se está afirmando por la Sala, en la medida que aquello corresponde a un juicio propio de una
decisión de fondo sobre las pretensiones que, en el sub lite, no se está efectuando.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
afirmarse que la omisión causante del daño reclamado se hubiese producido 2 años
después de dicho término, cuando se suscribió el acta de liquidación bilateral (como
lo entendió el a quo). Así, no sería desde el 30 de enero de 2014 (cuando dicha
liquidación se produjo) que se debería contabilizar la caducidad del medio de control
de reparación directa, sino desde el 31 de julio de 2012 (6 meses después de
vencido el plazo de ejecución).
70. Bajo ese contexto, el término para el ejercicio del derecho de acción en el
sub lite habría fenecido el 1° de agosto de 2014, y teniendo en cuenta que la solicitud
de conciliación extrajudicial fue presentada el 25 de noviembre de 2014 y la
demanda fue formulada el 29 de enero de 2016, el medio de control estaba
caducado.
71. b) Desde el acta de recibo de las actividades reclamadas: bajo esta hipótesis,
la omisión causante del daño irrogado a la Universidad la constituiría el no
reconocimiento de los servicios adicionales prestados al Departamento, una vez
fueron recibidos a satisfacción por este.
72. Como se precisó, el 22 de marzo de 2012 se suscribió el acta de recibo de
las actividades objeto del contrato, sin salvedades de ningún tipo respecto de los
servicios prestados entre el 1 y el 16 de febrero de 2012, lo que permite a la Sala
entender la plena conformidad del Departamento con los mismos.
73. Si se admitiera que fue a partir de dicho momento que surgió la obligación 55
remuneratoria en cabeza del demandado, tendría que arribarse a la conclusión de
que, también bajo este supuesto, el medio de control se encontraría caducado,
considerando que el término de 2 años para su ejercicio venció el 25 de marzo de
201456 y que, como se mencionó previamente, la solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada el 25 de noviembre de 2014 y la demanda el 29 de
enero de 2016.
c) El adelantamiento de las gestiones para el cobro: también habría caducidad si
el cómputo se hiciera desde el momento en que el ente universitario le reclamó al
Departamento los servicios adicionales que le prestó.
74. Así, en el expediente se encuentra probado que desde el 23 de marzo de
2012 la Universidad había adelantado gestiones tendientes a la liquidación del
negocio jurídico y el pago de las sumas objeto de demanda, y que aún para el 14
de agosto de 2013 el reconocimiento de las mismas seguía sin producirse.
75. Bajo dicho supuesto, el término de caducidad de la acción se contabilizaría
entre el 24 de marzo de 2012 y el 25 de marzo de 2014, luego, nuevamente, la
presentación de la solicitud de conciliación del 25 de noviembre de 2014 deviene en
extemporánea y, en consecuencia, también la demanda incoada (el 29 de enero de
2016).
55
En la medida que ello se plantea como una hipótesis, la Sala no está afirmando que existiera
efectivamente una obligación a cargo del Departamento, fuese de carácter contractual o
extracontractual, pues ello corresponde a un ejercicio propio del estudio del fondo del asunto,
escenario en el que no nos encontramos.
56
Por ser el siguiente día hábil al 23 de marzo.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
76. En suma, con independencia de que se acepte que la conducta omisiva de
la entidad territorial enjuiciada, a la que se atribuye causalmente el daño reclamado
en la demanda, la constituya el momento en que cesó la ejecución de las
prestaciones extracontractuales por la demandante, como lo afirma la Sala, o bajo
los supuestos de: i) el fenecimiento del plazo para liquidar el contrato; ii) por el recibo
a satisfacción de las actividades ejecutadas o iii) por el adelantamiento de las
gestiones para el cobro de las mismas; el derecho de acción fue tardíamente
ejercido por la Universidad de Antioquia, lo que impone revocar el fallo impugnado,
en tanto que, como se advierte, se encuentra probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa.
Conclusiones
77. La Sala revocará la sentencia objeto de la alzada y, en su lugar, declarará
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa,
propuesta por el demandado, de conformidad con los fundamentos que a
continuación se recapitulan:
78. El Contrato Interadministrativo nº 2011-SS-15-233 de 2011 estuvo sometido
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, su ejecución se
extendió en el tiempo y, por ende, estaba sujeto al trámite de liquidación.
79. Las pretensiones que persiguen el reembolso de los valores
correspondientes a actividades o prestaciones ejecutadas sin el respaldo de un
contrato, deben ser ventiladas bajo los postulados de la actio in rem verso y
encausarse a través del medio de control de la reparación directa, al que se atan
las consideraciones relativas a la oportunidad para presentar la demanda y la
configuración de la caducidad.
80. Si bien por las particularidades del caso concreto son varios los momentos
en los que podría ubicarse la configuración de la omisión a la que se atribuye
causalmente el daño reclamado, ese hito temporal se localiza en el momento en
que cesó la ejecución de las prestaciones extracontractuales que reclama la
demandante, en la medida que fue allí cuando se consolidó el enriquecimiento en
cabeza de la entidad demandada y surgió el deber de contraprestación que se
afirma omitido.
81. Considerando que la última de las actividades extracontractuales reclamadas
se ejecutó el 16 de febrero de 2012, el término para el ejercicio del derecho de
acción en el sub lite inició el 17 del mismo mes y año y feneció el 17 de febrero de
2014, y teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación extrajudicial fue
presentada el 25 de noviembre de 2014 y la demanda fue formulada el 29 de enero
de 2016, el medio de control estaba, para ese momento, caducado.
La condena en costas en segunda instancia
82. En este tópico, se tiene que, de conformidad con la remisión del primer inciso
del artículo 188 del CPACA57, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del
57
Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso
concreto, atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (12 de octubre de 2023).
16
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
artículo 365 del CGP58, la condena en costas no requiere de la apreciación o
calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen59.
83. Así, la Subsección condenará en costas y agencias en derecho de segunda
instancia a la parte demandante, en la medida que los argumentos de su recurso de
apelación resultaron imprósperos.
84. De esa suerte, las costas de segunda instancia serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal de origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del
CGP, al tiempo que, por agencias en derecho, en los términos del Acuerdo 1887 de
200360, se fijará61 en un 0,1% del valor de las pretensiones negadas62, es decir,
$1’274.013.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, DECLARAR probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa incoado en el
sub lite, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta
providencia.
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
58
Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)” (se destaca).
59
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
60
La demanda se presentó el 29 de enero de 2016 y el Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el
Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016.
61
El mencionado acuerdo dispone para el efecto, en los numerales 3.1.2. y 3.1.3 del artículo 6, lo
siguiente: “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…).
“3.1.2. Primera instancia.
“Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
“3.1.3. Segunda instancia. (…)
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia” (se destaca).
62
El valor de las pretensiones de la demanda ascendió a $1.274’012.613.
17
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante y
FIJAR las agencias en derecho la suma de $1’274.013, en favor del departamento
de Antioquia. Las costas se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previa la anotación respectiva en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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