Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00242-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00242-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00242-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 250002336000201400242-02 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las demandantes
contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, mediante la cual se negaron
parcialmente las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE1 y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio) presentaron demanda en contra del departamento del Amazonas en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales en cuyas pretensiones
pidieron que se declare el incumplimiento de la entidad territorial respecto de las
obligaciones derivadas del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 y su
condena al reembolso del cien por ciento (100%) de la suma de $2.875’284.587
entregada por el ministerio en virtud de ese negocio jurídico, así como al pago de
$300’000.000 a título de sanción penal por incumplimiento del convenio y que este
fuera judicialmente liquidado.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 26 de febrero de 2014, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentaron demanda en contra del
1
Empresa industrial y comercial del Estado que pasó a denominarse Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial-ENTerritorio en virtud del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019 y se transformó
en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial S.A., la cual formará una persona jurídica distinta de sus accionistas,
sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en la
ciudad de Bogotá, D. C., de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 9 del Decreto-ley 1962 del 15 de noviembre de 2023.
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
departamento del Amazonas en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en cuyas pretensiones pidieron (f. 9, c. 1):
PRIMERA: Que se declare el incumplimiento por parte del Departamento del
Amazonas, del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 SUSCRITO
ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (HOY MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO), EL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, el Departamento
del Amazonas deberá pagar la suma DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
MCTE (sic) ($2.875.284.587), que corresponden a la devolución de la totalidad de
los recursos ejecutados del aporte efectuado por la Nación al Proyecto, a través
de FONADE, debidamente indexados y/o actualizados a valor presente.
TERCERA: Que como consecuencia de declaración (sic) de la Primera Pretensión
Principal, también se ordene el pago de la suma de TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($300.000.000) M/CTE., a título de sanción penal, por incumplimiento
del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, por parte del
Departamento del Amazonas.
Las anteriores condenas podrán ser consignadas a la cuenta (…) a nombre de
FONADE, o a la cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indique
(…).
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que en el evento de no ordenarse el pago de la Cláusula Penal, por incumplimiento
del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 por parte del
Departamento del Amazonas, por su Despacho se ordene un Dictamen Pericial
(Art. 218 ley 1437 de 2011 y 226 del C.G.P.) a efecto de cuantificar los perjuicios
causados a los demandantes con ocasión del incumplimiento a las obligaciones
del referido Convenio, por parte del Departamento del Amazonas.
CUARTA: Los recursos no ejecutados por FONADE, por valor de CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE ($124.715.413) serán liberados y reintegrados al Convenio
No.027 de 2004 – (194048 de FONADE).
QUINTA: Que se liquide el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (HOY MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO), EL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE) y EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS en los términos y condiciones de las
declaraciones que anteceden.
SEXTA: En el evento en que la entidad territorial incumpla con la sentencia
proferida por su Despacho, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio iniciará
las acciones judiciales tendientes a exigir el cumplimiento ejecutivo de dichas
obligaciones.
SÉPTIMA: Que se condene en costas a la parte demandada.
OCTAVA: Que se ordene a la entidad territorial a cumplir con las pretensiones de
conformidad con lo establecido en los términos de los artículos 192 y 194 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
2. En los hechos, la parte actora dio cuenta de la celebración del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060151 de 20062 entre las entidades demandantes: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, y el
demandado: Departamento del Amazonas, como entidad ejecutora del proyecto,
siendo designada como interventora la firma Euco Ltda.
3. Dicho convenio se suscribió por un valor inicial de $3.100’000.000, de los cuales el
Ministerio, a través del FONADE, amparados por el Convenio Interadministrativo No.
27-194048 del 22 de octubre de 2004, aportaba $3.000’000.000 y el departamento, la
suma de $100’000.000.
4. El plazo de ejecución inicial del convenio fue hasta el 31 de diciembre de 2006, y
luego de “cuatro (6) prórrogas…” (sic) el mismo se amplió hasta el 30 de junio de 2011.
Después de varias modificaciones, se estableció que el periodo de liquidación sería
de 8 meses.
5. En desarrollo del referido convenio, se celebró el contrato No. 0024 del 17 de agosto
de 2006 entre la gobernación del Amazonas y la Administración Cooperativa Solidaria
de Oriente, cuyo objeto fue la construcción y optimización de acueductos y
alcantarillados, en los corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica en el
departamento del Amazonas, por valor inicial de $2.722’216.640,64, con valor final de
$2.800’496.386, valor ejecutado de $2.597’506.809 y valor pagado de
$2.597’506.809.
6. El contrato se inició con retraso el 10 de mayo de 2007 por razones presupuestales
del departamento y sufrió 6 suspensiones.
7. El 28 de enero de 2008, FONADE comunicó al gobernador del Amazonas que de
acuerdo con los rediseños del proyecto aprobados por el Ministerio, éste viabilizó
cantidades de obra para efectos de la modificación del contrato y que representaban
$78’279.746 que debían ser aportados por el departamento.
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Ese convenio del que hizo parte la entidad territorial, fue celebrado con fundamento en el Convenio
No. 194048 celebrado entre FONADE y el mencionado ministerio, con el objeto de “Prestar los servicios
técnicos, jurídicos, administrativos y realizar las acciones necesarias para ejecutar la gerencia de la
Interventoría técnica, administrativa y financiera de proyecto denominado ‘proyecto de Agua Potable y
Saneamiento Básico Ambiental, que utilicen recursos de la Nación, financiados a través del mecanismo
de ventanilla única’, así como coordinar las actividades para la ejecución de las obligaciones de
convenios de apoyo financiero que se suscriban entre el Ministerio, FONADE y las entidades a las que
se les viabilice proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental”, en el que FONADE se
obligó a prestar apoyo y asistencia al Ministerio consistente en la asesoría y asistencia técnica, jurídica,
administrativa y financiera, disponiendo de los recursos humanos y físicos necesarios para el cabal
desarrollo del objeto del convenio y entre otras cosas, le corresponde elaborar las actas de liquidación
de los convenios interadministrativos y de los contratos de interventoría, las cuales debían ser
aprobadas por el supervisor de este convenio por parte del Ministerio.
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
8. El 29 de julio de 2008, FONADE solicitó al gobernador la información del avance de
la Condición de Financiamiento estipulada en el Anexo 3, relacionada con la
constitución de la empresa de servicios públicos y/o empresa comunitaria y/o junta
administradora, con el fin de conocer su estado de avance.
9. El 19 de febrero de 2010, el contratista Coopsol de Oriente entregó al gobernador
del departamento del Amazonas la pre acta No. 4 de mayores y menores cantidades
de obra y precios no previstos, así como el balance del contrato elaborado con la
interventoría, de acuerdo con el cual el porcentaje de ejecución era del 95%, haciendo
un listado de las obras necesarias para culminar el proyecto, para las cuales se
requerían recursos adicionales por $772’929.900.
10. El 16 de noviembre de 2010, el FONADE envió al ministerio un balance definitivo
de obras y costos requeridos para la terminación del proyecto y le informó que el
contrato se encontraba suspendido a la espera de la definición de la obtención de los
recursos adicionales y la actualización de precios de algunos ítems no ejecutados y
pidió instrucciones sobre la terminación del convenio o la búsqueda de alternativas
para la terminación de las obras a través de los recursos del Plan Departamental de
Aguas, “teniendo en cuenta que jurídicamente no es posible invertir recursos públicos
en predios privados, no siendo posible ejecutar obras de las intradomiciliarias a través
de este mecanismo”.
11. El 8 de abril de 2011 el gobernador del Amazonas informó las determinaciones
respecto de las obras objeto del convenio, indicando las dificultades existentes para
la terminación de las obras, entre las cuales se hallaba la falta de los recursos
requeridos por parte de la administración departamental y sugiriendo algunas
alternativas para lograr dicha finalización, para lo que la gobernación se comprometió
a viabilizar y desembolsar los recursos adicionales requeridos.
12. El plazo del convenio interadministrativo de apoyo financiero se terminó el 30 de
junio de 2011, sin que se hubiera ejecutado la totalidad de las obras que constituían
su objeto; el departamento del Amazonas fue conminado en varias oportunidades para
que enviara todos los documentos necesarios para su liquidación, entre otros, el acta
de liquidación del contrato de obra.
13. El 30 de abril de 2012, el FONADE envió “oficio de incumplimiento” en el que hizo
un recuento de lo sucedido y señaló como causales: la falta de gestión de los recursos
necesarios para asegurar la terminación del objeto del convenio, la insuficiencia en la
adopción de acciones para asegurar la operación y el mantenimiento y en general la
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
sostenibilidad del proyecto, no cumplir las recomendaciones del ministerio y/o
FONADE sobre el desarrollo del mismo, y no liquidar el contrato 024.
14. El 5 de septiembre de 2013 el gerente del Convenio informó al gobernador del
Amazonas que se habían recibido a satisfacción los documentos para la liquidación
del negocio jurídico pero que quedaba faltando una visita de campo para ver el estado
real de las obras y establecer su funcionalidad.
15. Concluyó el demandante, que el Departamento del Amazonas fue omisivo frente
a los múltiples y reiterados requerimientos y solicitudes elevados por la interventoría,
FONADE y el ministerio, que apuntaban al adecuado y diligente ejercicio de las
actividades que le correspondían en calidad de ejecutor del Convenio y que ello
impidió la terminación y funcionalidad del proyecto.
Trámite de primera instancia
16. La demanda fue admitida mediante auto del 28 de abril de 2014 y en ella se ordenó
su notificación a la parte demandada y al ministerio público (f. 39, c. 1).
17. El departamento del Amazonas contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara
probado respecto de los demás. Afirmó que el departamento gestionó la consecución
de los recursos adicionales requeridos para la terminación de las obras por intermedio
del Plan Departamental de Aguas y que la funcionalidad de las obras también
dependía del uso efectivo (conexiones intradomiciliarias) de los usuarios, que no era
legalmente posible financiar por esta vía; que efectivamente, se abordaron varias
salidas para lograr la funcionalidad de las obras que no representaran una mayor
asunción de recursos, debido a que el departamento del Amazonas contaba con un
presupuesto demasiado exiguo en comparación con los demás departamentos y la
consecución de recursos para proyectos de esta envergadura siempre se hacía a
través de apoyo financiero de entidades del orden nacional, como ocurrió en este
caso; además indicó que la gobernación sí atendió los requerimientos que le fueron
hechos por el interventor, el ministerio y FONADE y adelantó las gestiones que
estaban al alcance de sus posibilidades para lograr la culminación de las obras y la
funcionalidad del proyecto, a tal punto que, para ese momento, se habían gestionado
recursos por valor de $1.307’435.500 en el Plan Departamental de Aguas para poder
finiquitar los proyectos y así se informó a FONADE el 5 de febrero de 2014, dando
cuenta del tiempo en el que se estimaba la culminación de las obras, pues era
necesario adelantar procesos contractuales de consultoría y de obra, estimando un
tiempo prudencial de 18 meses para ello. Propuso las siguientes excepciones:
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
17.1. Caducidad de la acción, pues el término de ejecución del convenio finalizó el 30
de junio de 2011, es decir que desde el 1º de julio de ese año hasta el 30 de junio de
2013, transcurrió el plazo dentro del cual se podía ejercitar la acción contractual, sin
embargo, la demanda fue presentada el 26 de febrero de 2014.
17.2. Inepta demanda, por no acreditar el cumplimiento de sus obligaciones para
poder hacer exigibles las de su co-contratante.
17.3. Indebida redacción de las pretensiones, aplicación del principio de concordancia
entre lo pedido y lo que se debe discutir y decidir (principio de justicia rogada): por
cuanto las demandantes pretenden que una vez declarado el incumplimiento se
ordene el reintegro total de los recursos aportados al convenio, lo que resulta
improcedente, pues lo pertinente sería pedir la cuantificación de los perjuicios
derivados del incumplimiento sin desconocer el avance en la ejecución del convenio y
sin olvidar que de éste surgió una relación horizontal entre entidades del Estado, de
modo que sólo habría afectación patrimonial o daño en caso de que las obras se
perdieran, lo que no ocurrió. Además, están pidiendo doble indemnización, pues una
de las pretensiones es la efectividad de la cláusula penal.
17.4. Indebida acumulación de pretensiones, por lo dicho en el anterior numeral en
relación con la doble reclamación de perjuicios, pues se pidió la devolución de los
aportes realizados como una especie de indemnización y al mismo tiempo la cláusula
penal, es decir dos condenas de perjuicios bajo el mismo supuesto de hecho.
17.5. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo,
pues se evidenció que fue ejecutado más del 95% de los recursos destinados a las
obras, pero el excedente no era suficiente para lograr su funcionalidad; que el
departamento del Amazonas tiene un presupuesto exiguo y esto fue lo que imposibilitó
la culminación de las obras, un inconveniente de financiamiento del proyecto frente a
las exigencias de las otras dos entidades sobre obras adicionales -$772’929.900-, que
superó la capacidad de compromiso del departamento, lo que no fue tenido en cuenta
por aquellas, que conocían sus limitaciones presupuestales y, por lo tanto, han debido
colaborar con la solución para que las obras se culminaran.
17.6. Causal eximente de responsabilidad, imposibilidad de cumplir el deber de
aportar los recursos financieros necesarios para atender el compromiso contractual
en el corto plazo: Adujo que la obligación contractual era de medio, pues consistió en
gestionar la obtención de los recursos requeridos, pero podía ocurrir que las entidades
locales, regionales o nacionales a las que acudiera se negaran a realizar el aporte,
caso en el cual el cumplimiento de la obligación, en todo caso, se habría producido,
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
pues nadie está obligado a lo imposible. En tales condiciones, la estipulación
contractual sería ilegal y el juez podría declarar de oficio su nulidad.
17.7. Inexistencia de los perjuicios reclamados, imposibilidad de hacer efectiva la
cláusula penal: Consideró que en la demanda no se podía deslindar cuál había sido
el incumplimiento que se le imputó respecto de la cláusula tercera del convenio, pues
no se especificó cuál fue la obligación desatendida por el departamento, que en
realidad no incumplió con ninguna y de haberlo hecho, no habría sido por causas
imputables de forma exclusiva al departamento. Tampoco se probó cuál fue el daño
por el cual se reclama la indemnización de perjuicios.
17.8. La excepción genérica, es decir cualquiera otra que el juez encuentre
configurada.
Audiencia inicial
18. El 24 de junio de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el numeral
1° del artículo 180 del CPACA (fl. 145, c. 2). En desarrollo de la audiencia se negaron
las excepciones de caducidad de la acción3, inepta demanda e indebida acumulación
de pretensiones propuestas por el departamento del Amazonas.
19. Se fijó así mismo el litigio, consistente en “determinar si el DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS omitió los deberes y obligaciones que le correspondían como ejecutor
del convenio de apoyo financiero No. 2060151 de 2006 celebrado con el MINISTERIO
DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – hoy MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- y FONADE. En caso afirmativo, que el
Departamento del Amazonas recibió 3 mil millones de pesos como se había pactado
en el convenio inicial y si con esos dineros no era suficiente para iniciar y terminar los
proyectos de acueducto y alcantarillado de los sitios conocidos como Tarapacá, la
Pedrera y otros del Departamento del Amazonas, por lo tanto (sic) en el evento que
se demuestre que el Departamento omitió los deberes del convenio debe devolver
$2.875.284.587 al Ministerio de Vivienda quien fue quien trasladó los recursos a través
de FONADE. O si por el contrario el Departamento se vio forzado al incumplimiento
pues se presentó un inconveniente financiero que el ente territorial estaba en
imposibilidad de asumir. Entonces a partir del componente obligacional terminar y
liquidar judicialmente el convenio de apoyo financiero No. 2060151 de 2006”, se
decretaron las pruebas y se fijó la fecha de la audiencia para su práctica.
3
El apoderado del departamento del Amazonas presentó recurso de apelación contra la decisión que
negó la excepción de caducidad de la acción, la cual fue confirmada por esta Corporación mediante
providencia del 3 de marzo de 2016 (f. 154, c. 2).
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
Audiencia de pruebas y alegatos
20. La audiencia se celebró los días 13 de abril y 8 de noviembre de 2016, en la que,
de conformidad con lo previsto en el artículo 181 del CPACA, se recaudaron e
incorporaron las pruebas decretadas en la audiencia inicial y se corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para presentar por escrito sus alegatos de conclusión (fl.
230 y 279, c. 2).
21. En sus alegatos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio insistió en el
incumplimiento de varias obligaciones a cargo del departamento del Amazonas con
ocasión del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, pues fue omisivo
en relación con la atención de los múltiples y reiterados requerimientos y solicitudes
elevadas por la interventoría del proyecto, por FONADE y por el ministerio, que
apuntaban al adecuado y diligente ejercicio de las actividades que le correspondían
en calidad de ejecutor del convenio, razón por la cual no se cumplió el objeto
contractual, la obra no se terminó y no es funcional al 100%, como quedó probado en
el plenario, con lo cual se incumplió la finalidad propuesta, que era prestar un servicio
a la comunidad con la construcción del acueducto y alcantarillado de los
corregimientos de la Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica, lo que permite concluir que los
recursos invertidos se perdieron por la desidia y negligencia del departamento, motivo
válido para que la entidad territorial deba devolverlos (f. 284, c. 2).
22. FONADE reiteró los argumentos de la demanda en relación con el incumplimiento
de las obligaciones a cargo del departamento del Amazonas por la no terminación de
las obras del proyecto y su no funcionalidad, por lo que los recursos provenientes del
convenio de apoyo del cual dicha entidad territorial hizo parte deben ser devueltos a
la Nación, como resultado de la liquidación del convenio que se pidió en la demanda.
Afirmó igualmente, que la entidad territorial fue omisiva en relación con la atención de
los múltiples y reiterados requerimientos y solicitudes elevadas por la interventoría del
proyecto, por FONADE y por el ministerio, que apuntaban al adecuado y diligente
ejercicio de las actividades que le correspondían en calidad de ejecutor del convenio
(fl. 287, c. 2).
23. El departamento del Amazonas en sus alegaciones finales reiteró que la acción
estaba caducada, pues desde la finalización del plazo de ejecución del contrato, que
se produjo el 30 de junio de 2011, habían transcurrido más de dos años para la fecha
de presentación de la demanda. En relación con las pretensiones, sostuvo que no se
encontraba probado el daño en el que se basaron, pues los recursos fueron invertidos
en su totalidad en el desarrollo del objeto del convenio tal como lo corroboró el perito,
que concluyó que las obras se habían ejecutado en un 92,75% y el faltante se debió
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
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Demandado: Departamento del Amazonas
a la falta de recursos y la presentación de obras no previstas que incrementaron los
costos de ejecución del proyecto, para cuya terminación, a la fecha, se requerirían
$1.923’621.265 incluyendo las acometidas domiciliarias, costo que surge de los
imprevistos propios de realizar proyectos de construcción en una zona tan distante,
con pocas vías de acceso, de clima impredecible y azotada por inundaciones, y por
ello resulta más onerosa en términos de la compra de materiales, sin contar con la
escasa oferta de mano de obra calificada; sobre lo cual anotó que los demandantes
participaron en la estructuración del proyecto y elaboraron, revisaron y aprobaron los
estudios y condiciones técnicas del mismo antes de suscribir el convenio, por lo que,
si con posterioridad se presentaron imprevistos, no era justo que se pretendiera obligar
al departamento a buscar unos recursos adicionales que desbordaban su capacidad
presupuestal, razón por la cual pidió que se negaran las pretensiones y se planteara
una solución que permitiera la terminación de las obras que tanto necesitaba la región
(f. 288, c. 2).
La sentencia de primera instancia
24. El 21 de junio de 2018, la Sección Tercera Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia en la que decidió i) negar las
pretensiones de la demanda, ii) liquidar judicialmente el Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060151 de 2006 y iii) condenar en costas a la parte demandante (f.
297 a 310, c. ppal.). La liquidación del contrato contenida en la parte resolutiva de la
sentencia quedó en los siguientes términos:
IDENTIFICACIÓN Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151
de 25 de enero de 2006
OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS
CORREGIMIENTOS DE TARAPACÁ, LA
PEDRERA Y PUERTO ARICA, AMAZONAS”
Valor Aportes Ministerio de Vivienda, Ciudad y $3.000.000.000
Territorio
Valor Aportes Departamento de Amazonas $100.000.000
Valor total $3.100.000.000
Fecha de iniciación 25 de enero de 2006
Fecha de terminación 30 de junio de 2011
BALANCE FINANCIERO
Pagos a contratistas $2.597.506.810
Ejecución FONADE $277.777.777
Valor ejecutado Ministerio $2.875.284.587
Saldo a liberar a favor del Ministerio $124.715.413
25. Lo decidido por el a-quo obedeció a que encontró probado en el plenario que en
desarrollo del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 celebrado entre el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y el departamento
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
del Amazonas el 25 de enero de 2006, esta entidad territorial celebró, a su vez, el
“Convenio Interadministrativo” No. 0024 del 17 de agosto de 2006, con la
Administración Cooperativa Solidaria de Oriente “COOP-SOLDEORIENTE” para la
construcción y optimización de acueductos y alcantarillados en los corregimientos de
La Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica por valor de $2.722’216.640,64 y con una
duración de 6 meses, término que fue suspendido en varias ocasiones y finalizó el 30
de junio de 2011 por expiración del plazo del convenio de apoyo financiero que lo
originó. A continuación, dicho negocio jurídico entre el departamento y COOP-
SOLDEORIENTE fue liquidado de común acuerdo el 1º de octubre de 2012, acto del
cual se concluía que la ejecución se dio en un 92,75%, afirmación corroborada por el
dictamen pericial.
26. El a-quo señaló que la parte actora en su demanda se limitó a consignar lo
pretendido y los supuestos fácticos que originaron la controversia, pero no indicó
cuáles fueron las causales de incumplimiento atribuidas al departamento del
Amazonas, pero dado que se citó un oficio enviado a la entidad territorial por FONADE
en el que le imputó el incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales contenidas
en la cláusula tercera del convenio, a éstas se atendría en su análisis: i) la falta de
gestión de los recursos necesarios para asegurar la terminación del objeto del
convenio, ii) no adoptar las acciones para asegurar la operación y el mantenimiento y
en general la sostenibilidad del proyecto, iii) no cumplir las recomendaciones del
Ministerio y/o Fonade sobre el desarrollo del proyecto y iv) no liquidar los contratos.
27. Fue así como el Tribunal encontró que el análisis del incumplimiento del convenio
de apoyo financiero por parte del departamento del Amazonas con fundamento en las
razones esgrimidas por las demandantes no podía hacerse aisladamente de lo que
sucedió con el contrato de obra No. 24 de 2006, ya que éste surgió con ocasión de
aquel y su objeto está directamente relacionado. Al estudiar las incidencias de su
ejecución, encontró que debió ser suspendido el 29 de diciembre de 2009 debido a
que se requerían recursos adicionales para lograr el cumplimiento de la meta física, y
que FONADE requirió al departamento del Amazonas para que revisara la propuesta
de la interventoría para garantizar su terminación, pero que, las diferentes
posibilidades señaladas para finiquitar las obras y asegurar su estado funcional,
siempre se supeditaron a la obtención de recursos adicionales, que debían ser
gestionados por el departamento.
28. Sostuvo que el deber de gestión de recursos es una obligación de medio y no de
resultado y en el presente asunto se probó que, efectivamente, el departamento del
Amazonas sí adelantó tales gestiones al comprometerse, en reunión del 14 de
diciembre de 2011, a someter al comité directivo del Plan Departamental de Agua la
10
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
aprobación de la contratación de nuevos estudios y diseños para la culminación de
los sistemas de acueducto y alcantarillado de los corregimientos de Tarapacá, La
Pedrera y Puerto Arica y al suscribir con el Consorcio Amazonas, el 6 de mayo de
2013, el contrato de consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para los
diferentes proyectos de agua potable y saneamiento básico del departamento, con el
compromiso de dar uso a todos los componentes de los sistemas existentes o
construidos, con el objetivo de complementar y optimizar las obras adelantadas para
lograr la puesta en marcha con total funcionalidad y operatividad de cada uno de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de los referidos corregimientos. Por tal razón,
el a-quo concluyó que no se configuró el incumplimiento endilgado al departamento.
Así mismo, estimó que no se incumplió la obligación del numeral 22 de la cláusula
tercera del convenio de apoyo financiero, pues consta en el plenario que el contrato
de obra No. 24 de 2006 fue liquidado de común acuerdo.
29. Consideró que si bien el proyecto finalizó sin que se ejecutara el valor total del
aporte, pues el contrato de obra culminó por expiración del plazo habiéndose
desarrollado en un 92,75%, lo que que impedía su funcionalidad, esto obedeció a
eventos que no se podían atribuir de manera exclusiva al departamento del
Amazonas, ya que las circunstancias de índole administrativa que dieron lugar a las
suspensiones en el plazo de ejecución del contrato de obra fueron consentidas por
las demandantes y la interventoría, como fue la reformulación del proyecto por las
condiciones de las zonas de ejecución de las obras para la construcción de los
sistemas de acueducto y alcantarillado y la falta de legalización del otrosí para
oficializar las nuevas cantidades de obra derivadas de dicha reformulación. Así mismo,
incidieron las circunstancias de ejecución de los trabajos, dados los lugares en que se
llevarían a cabo, de difícil acceso, lo que afectó los términos determinados para
colocar los materiales de construcción en los diferentes corregimientos; y los eventos
ambientales y climáticos que se presentaron, como la temporada invernal y el
incremento, por tal razón, del nivel freático del río Putumayo, lo que impidió la
construcción de las obras hasta que se verificó su descenso.
30. Y concluyó que como no se acreditó el incumplimiento del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060151 de 2006 por parte del departamento del Amazonas, no había
lugar a ordenar la devolución de los aportes transferidos por la Nación ni a ordenar el
pago de la cláusula penal pecuniaria, por lo que procedió a negar las pretensiones de
la demanda en tal sentido, accediendo tan sólo a la de liquidación del convenio.
11
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
Recurso de apelación
31. Las entidades demandantes apelaron la decisión de primera instancia y solicitaron
revocarla para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
32. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pidió revocar la sentencia por
cuanto están dadas las causales de incumplimiento por parte de la gobernación del
Amazonas y si el proceso de ejecución se vio afectado, fue por razones imputables a
esta entidad; que solo se ejecutó parte de la obra sin que preste alguna funcionalidad
y lo que le interesaba al ministerio era la ejecución total de la obra y su funcionalidad
al 100%, lo cual no se logró, por lo que no cumple ni presta la utilidad a la colectividad
a la que iba dirigida y, en consecuencia, se debe devolver la totalidad de los recursos
ejecutados del aporte efectuado por la Nación al proyecto (f. 320, c. ppal.).
33. Adujo que sí era obligación del departamento la consecución de los recursos
adicionales necesarios para terminar las obras; y sus obligaciones derivadas del
convenio de apoyo financiero subsistían al margen de las adversidades que se
hubieran presentado en el contrato de obra suscrito para darle cumplimiento a aquel.
Que era su obligación la ejecución del 100% del proyecto y al no haberla logrado, los
recursos invertidos se perdieron, por lo que debe devolverlos a la Nación, pues no
cumplieron con la finalidad para la cual fueron aportados por ésta a través del
ministerio.
34. Manifestó que el departamento incumplió los numerales 10, 13, 14 y 22 de la
cláusula tercera del convenio. Que no atendió las directrices y requerimientos
efectuados por el ministerio y FONADE en pro de la correcta ejecución del proyecto,
que apuntaban al adecuado y diligente ejercicio de las actividades que le
correspondían en calidad de ejecutor del convenio de apoyo financiero, lo que impidió
la terminación y funcionalidad de aquel y por lo tanto es responsable de la pérdida de
los recursos invertidos y debe devolverlos, pues el hecho de que se hubiera aprobado
la reformulación del proyecto presentada por la entidad territorial no la relevaba de
responsabilidad en su ejecución total, debiendo asumir los mayores costos generados
en la misma.
35. FONADE presentó recurso de apelación en el que pidió revocar la sentencia de
primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda (f. 651, c.
ppl.), por considerar que el Tribunal a-quo pasó por alto varios aspectos, como el
hecho de que la postulación del proyecto fue realizada por el departamento del
Amazonas, con base en los estudios realizados por esta misma entidad y que se
supone que le permitieron definir las características óptimas de localización,
12
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
materialidad, cantidades de obras, entre otros aspectos, por lo que no puede
considerarse como eximente de responsabilidad la lejanía o la ubicación de las obras,
pues al momento de radicar el proyecto, el departamento conocía las dificultades que
implicaba ejecutarlo en tales lugares; que la presentación de la reformulación del
proyecto aprobado por el ministerio fue de iniciativa del ente territorial, y según el
convenio de apoyo financiero se requería su aprobación para darle continuidad a los
pagos de los contratistas, lo que no representaba una exención al cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el departamento, quien en todo caso debía asumir los
mayores costos generados durante la ejecución de la obra.
36. Agregó que la dirección de la contratación estuvo en cabeza del departamento y
le correspondía tomar las decisiones sobre ajustes, suspensiones y cambios del
contrato de obra, independientemente de la actuación de la interventoría, a la que le
correspondía realizar el seguimiento técnico para asegurar que las obras ejecutadas
cumplieran con los estándares requeridos, y que el convenio de apoyo financiero sí
fue incumplido por el departamento del Amazonas, pues no se ejecutó a cabalidad su
objeto.
37. Consideró que el tribunal erró en su interpretación de los hechos al considerar que
el departamento del Amazonas no había incumplido con sus obligaciones, porque en
el año 2011 se había comprometido a someter al comité directivo del Plan
Departamental de Agua la aprobación de la contratación de los nuevos diseños y
estudios para la culminación de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los
corregimientos de Tarapacá, La Pedrera y Puerto Arica y en 2013 había contratado la
consultoría para la elaboración de los mismos.
38. Al respecto, anotó que el 9 de octubre de 2007 la interventoría hizo entrega a
FONADE de los rediseños de tales sistemas, elaborados por la firma Ingenicontec
Ltda., respecto de los cuales le manifestó que se ajustaban a las condiciones de
topografía y a los parámetros técnicos requeridos, pero que debido a los APU de los
ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, y obras no previstas, se
evidenciaba un faltante de $78’279.746 que debían ser aportados por la Gobernación.
Y el 28 de enero de 2008, el FONADE le comunicó al gobernador del Amazonas que
de acuerdo con los rediseños del proyecto presentados al ministerio para su
evaluación y reformulación, le remitía las cantidades de obra viabilizadas por aquel,
para efectos de la modificación del contrato de obra, indicándole así mismo que le
correspondía al departamento asumir la diferencia por el mencionado valor. Pero que,
lo cierto era que para esa fecha -la del recurso-, año 2018, el proyecto aún no había
sido terminado ni se encontraba en funcionamiento, y con el paso del tiempo las obras
13
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
concluidas se iban deteriorando y requiriendo mayores recursos para su ajuste y
terminación del proyecto.
39. A continuación, reiteró los argumentos de la demanda, sobre el incumplimiento del
departamento de sus obligaciones derivadas del convenio de apoyo financiero, al no
atender las directrices y requerimientos efectuados por la Nación a través del
ministerio y FONADE en pro de la correcta ejecución del proyecto, que apuntaban al
adecuado y diligente ejercicio de las actividades que le correspondían en calidad de
ejecutor del convenio y esto impidió la terminación y funcionalidad del proyecto, razón
por la cual resulta procedente la devolución del 100% de los recursos ejecutados, pues
el ministerio no tiene por qué perder esos recursos.
Trámite en segunda instancia
40. Después de admitido el recurso mediante el auto del 8 de marzo de 2019, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su
cargo mediante providencia del 12 de abril de 2019, oportunidad en la cual sólo
intervino el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante escrito en el cual
replicó los argumentos de su demanda y recurso de apelación (fls. 349, 354 y 362, c.
ppal.).
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
41. En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA4, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las
pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de un convenio
interadministrativo celebrado por tres entidades del Estado.
42. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley
1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda5, en razón
4
El artículo 104 del CPACA estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones
y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que estén involucradas las entidades públicas o
los particulares cuando ejerzan función administrativa.
5
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia (Este inciso fue posteriormente modificado por el artículo 26 de la Ley
2080 de 2021, la cual no resulta aplicable al presente caso, pues de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 86, dicha ley “(…) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican
14
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia
proferida el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de
conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda6, según
las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
La legitimación en la causa
43. El departamento del Amazonas se encuentra legitimado en la causa por pasiva y
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo FONADE están legitimados por activa, toda vez que las tres entidades
fueron signatarias del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, negocio
jurídico cuyo incumplimiento por parte de la entidad territorial demandada se pidió en
el libelo introductorio.
Oportunidad de la demanda
44. La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío
del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en
el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. Corresponde a una figura jurídica
de orden público a través de la cual el legislador impone limitaciones temporales
razonables al derecho subjetivo de acceso a la administración de justicia, en aras de
evitar la indefinición de las situaciones jurídicas materia de controversia entre las
partes7 y, de esta manera, brindar protección de un interés general representado en
la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, en tanto una vez
surtido el término de caducidad de la acción legalmente establecido, ésta ya no se
podrá incoar por el interesado y se habrá perdido la facultad de acceder a la
jurisdicción.
45. Como lo ha recordado la Sala, “(…) el fenómeno de la caducidad y su eventual
configuración, corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable,
irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del
hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, es
las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley”.
6
La mayor de las pretensiones ascendió a $2.875’284.587, por concepto de la devolución de la totalidad
de los recursos ejecutados del aporte efectuado por la Nación al Proyecto, mientras que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 152 del CPACA, para conocer en primera instancia en los tribunales
procesos de controversias contractuales la cuantía es de 500 SMLMV, lo que equivalía, para la época
de presentación de la demanda -26 de febrero de 2014, cuando el salario mínimo era de $616.000
(Decreto 3068 de diciembre 30 de 2013)-, a $308’000.000.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P.:
Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 57932 y sentencia del
9 de mayo de 2012, expediente 21.906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
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susceptible de ser analizado y advertido de oficio en la sentencia8 como verificación
de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto (…)9.
Conforme a lo expuesto, procede la Sala a constatar si, en el presente caso, la
demanda fue presentada en tiempo.
46. El artículo 164 del CPACA, en relación con el término de caducidad de las
controversias relativas a contratos, dispone:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente
al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta
del contrato mientras este se encuentre vigente.
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o
debió cumplirse el objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación
del contrato por cualquier causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por
las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran
de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el
día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;
iv) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no
se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de
dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que
la disponga.
47. A continuación, la Sala se referirá a la naturaleza jurídica del negocio jurídico en
torno al cual giró la controversia, con miras a determinar el criterio que se debe aplicar
para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda.
Naturaleza jurídica del convenio celebrado
48. En el presente caso, la demanda sostuvo que el departamento del Amazonas
incumplió las obligaciones del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006,
pues el mismo se terminó sin que se hubieran culminado las obras correspondientes
al proyecto de construcción y optimización de acueductos y alcantarillados, en los
8
[40] “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017.
Expediente. 51.667, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico”.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 21 de octubre de 2022, expediente 58063, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
16
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corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica, que era el objeto del referido
convenio, por lo que debía ser restituido el valor total entregado a la entidad territorial
en virtud del acuerdo de voluntades.
49. El convenio interadministrativo objeto de la presente controversia, celebrado entre
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y el
departamento del Amazonas, cuyo objeto fue “aunar esfuerzos entre el MINISTERIO,
FONADE y EL DEPARTAMENTO para apoyar la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE TARAPACÁ,
LA PEDRERA Y PUERTO ARICA, AMAZONAS’”, correspondió a un negocio jurídico
de aquellos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, norma que dispone que
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
50. La Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo
se refiere a la denominación de contrato interadministrativo sin aludir a los convenios,
pero, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015, al regular la
forma de selección de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y
los equipara.
51. No obstante, la Corporación se ha encargado de diferenciarlos10, para establecer
que no es posible la aplicación automática de la Ley 80 de 1993 a los convenios
interadministrativos, sobre lo cual ha explicado11:
[E]s preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los
principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado
(transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios
de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía,
celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del
contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o
equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de
prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza
10
Ha entendido que los convenios interadministrativos son “aquellos acuerdos de voluntades celebrados
por la entidad con personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos
comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos generales y en ellos
no se persigue un interés puramente económico. Con ellos se busca primordialmente cumplir con
objetivos de carácter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboración estratégica” Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 22.828, M.P. Olga
Mélida Valle de De la Hoz, mientras que el contrato interadministrativo es “aquel negocio jurídico
celebrado entre dos entidades públicas, mediante el cual una de las dos partes se obliga para con la
otra a una prestación (suministro de un bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por
la que, una vez cumplida, obtendrá una remuneración o precio.” Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, expediente 2.257, C.P. Álvaro Namén Vargas.
11
Ibíd. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de junio de 2019, expediente 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
17
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jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación
automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente
regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal
sentido, en cada caso concreto deberá analizarse, de conformidad con la
naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el
respectivo convenio, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es
aplicable o no.
52. En esa dirección, esta Subsección ha destacado que por la naturaleza asociativa
de los convenios interadministrativos regulados por el artículo 95 de la Ley 489 de
1998, estos deben “autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda
hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha
finalidad”12.
53. Y, en un caso reciente, similar al de autos, dijo la Sala13:
23. De la necesidad de pacto expreso para que proceda el trámite liquidatorio
de los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 199814
23.1. Quedó visto que en atención a la naturaleza asociativa de los convenios del
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, son las partes las que definen las reglas a las
que quedan sometidas, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de
regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad.
23.2. El inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que no fue derogado
por la Ley 1150 de 200715 , impone la liquidación en los contratos que, entre otros,
se extiendan en el tiempo.
23.3. Para el caso particular de los convenios que aquí se estudian, se ha
entendido que la liquidación “resulta válida, siempre que sea acordada por las
partes -de manera clara e inequívoca-, y no sea el resultado del ejercicio de una
posición dominante”. Lo anterior, como quiera que en “este tipo de acuerdos, al
igual que en los regidos por el derecho privado, las partes gozan de una posición
horizontal o igualitaria, relacionándose en un paralelismo de intereses bajo un
ámbito de equivalencia”16 .
23.4. Así, se ha entendido procedente recurrir incluso a la liquidación unilateral,
siempre que exista un acuerdo expreso, esto es, la anuencia previa de los
contratantes o el respectivo consentimiento pleno17:
No se discute que en los convenios interadministrativos resulta válido que
una de las partes adopte la decisión unilateral de liquidarlo, siempre y cuando
ello esté expresamente pactado -pues de ahí se desprende la anuencia
previa o el respectivo consentimiento pleno-, cuya precisión en la redacción
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, expediente
66.594, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de 2023, expediente
58442, C.P. María Adriana Marín.
14
[7] “Para el desarrollo del presente acápite se ha tomado las consideraciones de la Subsección, en la
sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 60.434, M.P. María Adriana Marín”.
15
[8] “Ver el artículo 32 de la referida ley”
16
[9] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
60.434, M.P. María Adriana Marín”.
17
[10] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, exp.
66.594, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico”.
18
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permita entender, sin equívocos, que una de las partes autorizó a la otra la
facultad de liquidarlo de manera unilateral mediante un procedimiento
convencionalmente pactado.
23.5. En la misma dirección, la Subsección C ha considerado válidos los acuerdos
que estipulan la liquidación unilateral, en el entendido de que no comportan el
ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común18:
Ahora teniendo en cuenta que la liquidación de los contratos se encuentra
regulada por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, se entiende que la
liquidación unilateral del contrato si bien es una facultad legal, no es de
aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional
al derecho común, ya que la Ley 80 no la enlista como tal en sus artículos 14
y siguientes que se refieren al ejercicio de dichas potestades. Bajo ese
entendido de que la liquidación unilateral no es de aquellas que la Ley enlista
como potestades o facultades excepcionales al derecho común, nada impide
que las partes en un convenio interadministrativo convengan su ejercicio,
pues en esa tipología de contratos la ley sólo prohíbe el ejercicio de las
denominadas potestades excepcionales, naturaleza que no comparte la
liquidación unilateral. Con otras palabras, resulta totalmente válido que en un
convenio interadministrativo las partes convengan que ante la falta de
acuerdo para liquidar el contrato, una de ellas pueda proceder a liquidarlo
unilateralmente, pues su pacto no comporta el ejercicio de una facultad o
potestad excepcional al derecho común. Luego, si lo que ocurre es que en
un convenio interadministrativo las partes convienen que ante la falta de
acuerdo la entidad lo liquide unilateralmente, esa estipulación es válida, así
como también los diferentes actos que se expidan para hacerlo.
23.6. Por lo tanto, aunque los anteriores pronunciamientos refieren a la posibilidad
de liquidación unilateral, lo cierto es que ponen de relieve que son las partes las
que definen las reglas a las cuales están sometidos los convenios de que trata el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación
de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”. Esto significa que no
se puede imponer el trámite liquidatorio, no sólo el unilateral, sino también el
bilateral, si las partes no lo han pactado expresamente.
54. El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 25 de enero
de 2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre
de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad con
lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería dentro de
los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no se acordó
nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de alguna
de las entidades firmantes (f. 1 a 28, c. 3).
55. Teniendo en cuenta que las partes acordaron liquidar el convenio de común
acuerdo, para efectos de la contabilización del término de caducidad resulta aplicable
lo dispuesto en el numeral iv) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA,
razón por la cual el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del negocio jurídico.
18
[11] “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp.
55.836, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
19
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
56. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución fue
prorrogado en seis oportunidades, en la última de las cuales el mismo se extendió
hasta el 30 de junio de 2011 (f. 36, c. 3).
57. Así mismo que, en la prórroga cuarta, suscrita por las partes el 10 de junio de
2009, se estipuló (f. 32, c. 3):
CUARTA.- MODIFICACIÓN. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE APOYO
FINANCIERO. Se modifica la cláusula décima sexta del Convenio de Apoyo
Financiero No. 2060151, la cual quedará así: “El presente convenio de apoyo
financiero deberá liquidarse de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, dentro de los ocho (8) meses
siguientes, contados a partir de la terminación del mismo”.
58. Y en su cláusula sexta se dispuso que en lo demás, las cláusulas del convenio
principal y de las demás prórrogas y modificaciones conservaban su vigencia y
alcance.
59. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del
convenio -según su última prórroga- era el día 30 de junio de 2011 y que las partes
tenían 8 meses a partir de ese momento para liquidar de común acuerdo el negocio
jurídico, término que empezaba a correr, por lo tanto, a partir del día siguiente a dicha
terminación -1º de julio de 2011-, el plazo para ello vencía el 1º de marzo de 2012,
hecho que no sucedió y dio lugar, por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda
en la que se pidió su liquidación judicial.
60. A partir del día siguiente, es decir del 2 de marzo de 2012, empezó a correr el
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que, por lo
tanto, vencía el 2 de marzo de 2014.
61. Toda vez que la demanda fue presentada el 26 de febrero de 2014, resulta
evidente que la misma fue oportuna.
El problema jurídico
62. Teniendo en cuenta los hechos probados y los términos de la apelación, le
corresponde a la Sala establecer si el departamento del Amazonas incumplió el
Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 celebrado con Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- (luego Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, por
no haber gestionado los recursos necesarios y no haber entregado completas y en
funcionamiento las obras de construcción de los acueductos y alcantarillados de los
corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica y si, por lo tanto, está en la
20
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
obligación de pagar a las entidades demandantes las cantidades reclamadas en las
pretensiones de la demanda, por concepto de la devolución de la totalidad de los
recursos ejecutados del aporte que hizo la Nación al Proyecto, a través de FONADE,
debidamente indexados y/o actualizados y el pago de la cláusula penal o, en subsidio,
de los perjuicios establecidos mediante dictamen pericial.
Hechos probados
63. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, procederá la Sala a referir los
hechos probados más relevantes.
63.1. El 25 de enero de 2006 se celebró el Convenio de Apoyo Financiero No.
2060151 entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
FONADE y el departamento del Amazonas19 cuyo objeto fue “(…) aunar esfuerzos
entre el MINISTERIO, FONADE y EL DEPARTAMENTO para apoyar la ejecución de
las obras correspondientes al proyecto ‘CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE TARAPACÁ,
LA PEDRERA Y PUERTO ARICA, AMAZONAS”, por un valor de $3.100’000.000, de
los cuales $3.000’000.000 serían aportados por el ministerio y $100’000.000 por la
entidad territorial (f. 24 a 28, c. 3).
63.1.1. Las principales obligaciones a cargo del departamento fueron, entre otras -
cláusula tercera-: 1) aportar las sumas indicadas en el convenio como contrapartida;
3) obtención de las licencias, permisos y servidumbres necesarios y garantizar la
disponibilidad de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto; 4) realizar los
procesos de selección y contratación necesarios para la realización del proyecto de
acuerdo con los modelos y esquemas establecidos por el ministerio y FONADE y con
las normas de la Ley 80 de 1993; 10) gestionar, si fuere necesario, la obtención de
recursos de aporte local y/o regional para asegurar la terminación del objeto del
convenio, cuando por ajustes o actividades no programadas, costos adicionales de
interventoría originados por causas no atribuibles a las partes o cualquier otro valor
adicional no establecido en el proyecto inicial, sea imposible cubrir tales erogaciones
con la partida de imprevistos que se haya definido en el plan financiero aprobado; 12)
destinar los recursos de apoyo financiero a las obras definidas en el plan financiero
19
En las consideraciones previas del acuerdo de voluntades se consignó, entre otras cosas, que el 22
de octubre de 2004 FONADE y el ministerio habían celebrado un convenio interadministrativo de
gerencia de proyectos [mencionado en la Cláusula Segunda como “convenio marco No. 27 (194048
numeración FONADE)”] cuyo objeto fue la prestación, por parte de FONADE, de los servicios técnicos,
jurídicos y administrativos y la realización de todas las acciones necesarias para ejecutar la gerencia de
la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado “Proyecto de Agua Potable
y Saneamiento Básico Ambiental que utilicen recursos de la Nación, financiados a través del mecanismo
de ventanilla única”, así como suscribir y realizar los pagos a que hubiera lugar en desarrollo de los
convenios interadministrativos de apoyo financiero del mencionado proyecto.
21
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
del proyecto y adelantar su contratación de acuerdo con el plan acordado con el
ministerio, bajo su entera responsabilidad y dirección; 13) adoptar y coordinar todas
las acciones para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la
sostenibilidad del proyecto y su buen servicio; 14) cumplir oportunamente las
recomendaciones y solicitudes que realice el ministerio y/o FONADE sobre el
desarrollo del objeto del convenio; 15) desarrollar el objeto del convenio de
conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado, que
fue debidamente viabilizado y aprobado por el ministerio. “En el evento en que se
presenten modificaciones técnicas que impliquen la reprogramación total o parcial de
actividades o cantidades de obra aprobadas en el proyecto al cual se le dio viabilidad
y aprobación, antes de iniciar la ejecución se deberá obtener el nuevo concepto de
viabilidad del MINISTERIO”; 18) garantizar que las obras que se ejecuten cumplan
con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y de
ingeniería establecidas en el reglamento técnico del sector de agua potable y
saneamiento básico vigente.
63.1.2. A cargo de FONADE se hallaban como obligaciones, principalmente, -cláusula
cuarta- la designación y contratación de la interventoría necesaria para las obras
derivadas del convenio y coordinar esa labor, por lo que también le correspondía
informar al ministerio y al departamento de cualquier situación de incumplimiento que
se presentara respecto del convenio o de los contratos resultantes suscritos por la
entidad territorial o los operadores; así mismo, le correspondía emitir los conceptos
jurídicos, técnicos y financieros que en desarrollo del convenio y/o los contratos
resultantes, fueran requeridos al ministerio en su función de supervisión; la realización
de los pagos derivados de la ejecución de los contratos previa verificación del
cumplimiento de los requisitos para ello y, una vez liquidados los contratos derivados
del convenio, elaborar y suscribir la liquidación de este último y de los contratos de
interventoría.
63.1.3. Por su parte, el ministerio, además de su obligación de aportar los recursos,
realizaría labores de supervisión, efectuando el seguimiento a la ejecución del
convenio con base en los informes de interventoría, sin perjuicio de las obligaciones a
cargo de FONADE de acuerdo con lo estipulado en el convenio marco No. 27 (194048
numeración FONADE) del 22 de octubre de 2004; efectuaría así mismo, el
seguimiento a la destinación de los recursos, concertaría las modificaciones y ajustes
que fueran necesarios y, también sin perjuicio de las obligaciones a cargo de
FONADE, resolvería las consultas formuladas por el departamento, pudiendo solicitar
informes a través de aquella entidad, realizar visitas y formular las recomendaciones
necesarias para la ejecución del proyecto -cláusulas segunda y décima primera-.
22
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
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63.1.4. Se pactó cláusula penal pecuniaria “a título de pena” y a cargo del
departamento en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el
convenio, por una suma equivalente al 10% del valor del aporte hecho por el
ministerio, pudiendo éste procurar la indemnización total de los perjuicios sufridos -
cláusula décima segunda-.
63.2. El Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 fue prorrogado en seis
oportunidades, siendo su fecha de finalización definitiva el 30 de junio de 2011 (f. 29
a 36, c. 3).
63.3. El 17 de agosto de 2006, el departamento del Amazonas celebró el que
denominó “Convenio Interadministrativo No. 0024” con la Administración Cooperativa
Solidaria de Oriente “COOP-SOLDEORIENTE”20, cuyo objeto fue “LA
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, EN
LOS CORREGIMIENTOS DE LA PEDRERA, TARAPACÁ Y PTO. ARICA EN EL
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS (…) de acuerdo a las especificaciones técnicas
y económicas presentadas por él en su propuesta y de acuerdo a los Términos de
Referencia fijados por EL CONTRATANTE”, por valor de $2.722’216.640,64 y una
duración de 6 meses contados a partir del acta de iniciación (f. 43, c. 3); la fecha de
inicio del contrato fue el 10 de mayo de 2007 y su fecha de terminación el 31 de junio
de 2011, según consta en el acta de liquidación bilateral del contrato, suscrita el 1º de
octubre de 201221.
63.4. El 17 de mayo de 2007 se suscribió acta de suspensión del contrato, con el fin
de que la gobernación del Amazonas realizara una verificación de la topografía
ejecutada en los tres corregimientos, para validar las condiciones de diseño de los tres
proyectos en ejecución. La reiniciación se produjo el 27 de febrero de 2008, se volvió
a suspender el 29 de febrero de este año, por cuanto a esa fecha no se había
legalizado el otrosí en el que se oficializaban las cantidades de obra resultantes de la
reformulación del proyecto aprobada por el MAVDT, por lo que no se podían ejecutar
actividades inherentes al negocio jurídico; se reanudó nuevamente el 22 de mayo de
2008, se volvió a suspender el 24 de mayo del mismo año, se reinició el 27 de agosto
siguiente, nuevamente se suspendió el 3 de octubre de 2008 por la dificultad en el
20
En el expediente obra certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro
Corporación Corposol de Oriente identificada con NIT 822005926-1, expedido por la Cámara de
Comercio de Villavicencio el 19 de noviembre de 2012, en el cual consta que dicha entidad fue
constituida por acta No. 0000001 del 9 de octubre de 2002 otorgada en asamblea constitutiva, inscrita
en esa cámara de comercio el 28 de noviembre de 2002 bajo el número 00007245 del Libro I de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro, con el nombre Administración Cooperativa Solidaria del Oriente;
y que por Resolución No. 00000020123500009695 del 12 de junio de 2012, otorgada por la
Superintendencia de Economía Solidaria e inscrita en dicha cámara de comercio, se autorizó su
transformación y cambio de nombre por el de Corporación Corposol de Oriente, entidad sin ánimo de
lucro sometida a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria
(PARTE 1, CD visible a folio 61, c. 1).
21
PARTE 1, CD visible a folio 61, c. 1.
23
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
transporte de los materiales a los sitios de las obras y se reinició el 21 de enero de
2009 para Puerto Arica, el 28 de enero para Tarapacá y el 28 de febrero para La
Pedrera; el 26 de mayo de 2009 se volvió a suspender la ejecución del contrato por
problemas ocasionados por la época invernal y se reinició el 23 de diciembre del
mismo año; se suscribió nueva suspensión el 29 de diciembre siguiente, pues no se
había definido lo correspondiente al cumplimiento de la meta física prevista, dado que
se requerían recursos adicionales que permitieran su terminación22.
63.5. En relación con el plazo de ejecución del convenio, se observa que el gobernador
del departamento del Amazonas presentó una solicitud de prórroga del convenio
interadministrativo de apoyo financiero, sobre la cual FONADE, en comunicación del
24 de marzo de 2011 (recibida por el departamento el 1 de abril del mismo año), le
manifestó que dicho convenio vencía el 30 de junio de 2011 y la decisión de su
prórroga debía tomarla el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pero
que así mismo le informaba que “(…) el convenio marco, bajo el cual se desarrolla
actualmente el convenio de apoyo financiero 2060151 vence igualmente el 30 de junio
de 2011 por lo cual en un principio no sería posible dicha ampliación” (fl. 84 de la PARTE
6, CD visible a folio 61, c. 1).
63.6. En el mes de abril de 2011 (no obra la fecha exacta) se expidió el Acta No. 11
de seguimiento de contrato del “Convenio” 0024 de 2006, suscrita entre otros, por el
gobernador del Amazonas y el Interventor Euco Ltda.
63.6.1. En los temas tratados, se consignó que “La reunión se basó en las alternativas
posibles para la terminación de las obras en los tiempos contractuales vigentes y las
implicaciones económicas de cada una de estas alternativas”, y las alternativas
evaluadas fueron las siguientes (f. 58, c. 3):
● DESTINACIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS POR $827.157.401:
Sobre esta alternativa se evaluaron las implicaciones tanto de
disponibilidad presupuestal de la Gobernación, como las posibilidades de
cumplir con los objetos contractuales, siendo esta la opción ideal; sin
embargo se determinó que al considerar que la obra por ejecutar en su
mayor parte está representada en la P.T.A.R del corregimiento de
Tarapacá, y bajo las consideraciones de localización del corregimiento,
tiempos para acopio y transporte de materiales y condiciones climáticas no
se consideró esta como viable ya que no se cuenta con los recursos
requeridos por parte de la Gobernación y no se garantiza la culminación de
las obras en los tiempos requeridos.
● LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EL ESTADO ACTUAL:
Durante el análisis de esta alternativa se consideró un balance presentado
por el ingeniero Jairo Morales B. residente de la Interventoría quien realizó
un ejercicio con las obras ejecutadas a la fecha y los recursos
desembolsados, haciendo claridad que aun hay un acta parcial de obra
ejecutada sin cancelar; pero sin embargo se rechazó esta opción por no
22
Según consta en actas adjuntas al Informe Final de Interventoría, obrante en CD, f. 25, c. 1.
24
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
considerar la funcionalidad de las obras; ya que no consideraba los equipos
de bombeos de los sistemas de acueducto de los tres corregimientos y la
culminación de las redes de alcantarillado finales del corregimiento de
Tarapacá y su respectiva P.T.A.R., quedando recursos por invertir.
● FUNCIONALIDAD PROVISIONAL DEL SISTEMA:
Esta alternativa fue presentada por el ingeniero Jairo Morales
representante de la Interventoría y el supervisor, el arquitecto Jesús David
Velásquez la cual consiste en la culminación de los sistemas de acueducto
de los tres corregimientos de acuerdo a las consideraciones iniciales del
Proyecto (no se consideró la opción de potabilización de agua), realizando
la optimización de los equipos de bombeo de los tres (3) corregimientos
(que se hace necesaria en consideración a la actualización de las
condiciones finales de Altura Dinámica requerida en cada uno de los
mismos y la mejora de la capacidad de bombeo), y las respectivas
correcciones a las anomalías encontradas en las obras; en cuanto a los
sistemas de alcantarillado quedarían en funcionamiento según las
especificaciones iniciales en los Corregimientos de Pedrera y Arica y para
el Corregimiento de Tarapacá se optará por una solución provisional debido
a que no se podrá realizar la P.T.A.R por las condiciones antes
mencionadas. La propuesta consiste en culminar todas las redes de
alcantarillado hasta el sitio de ubicación de la P.T.A.R y ejecutar una obra
que permita realizar un pre tratamiento de aguas negras para no realizar
las descargas de manera directa.
Esta opción se consideró viable por los asistentes al comité, mas sin
embargo se consideró necesario especificar con mayor claridad qué tipo de
obra provisional se ejecutará, para lo cual la Gobernación se compromete
a presentar al Ministerio a la mayor brevedad para la aprobación de este
cambio en el alcance del proyecto.
Para esta opción la Gobernación (…) se compromete a realizar los trámites
respectivos para la consecución de los recursos necesarios para
desarrollar esta alternativa con miras a culminar las obras de manera
funcional en los tiempos contractuales. Paralelo a esto se iniciarán los
trámites por parte de PDA para que se realicen los estudios requeridos para
garantizar el acceso a agua potable a estos tres corregimientos bajo una
óptica de sostenibilidad y paralelo a esto se buscará que por medio de PDA
se garantice la construcción de la P.T.A.R para el corregimiento de
Tarapacá.
El ingeniero Morales hace aclaración que esta propuesta deberá ser
sometida a consideración por parte de la firma contratista de obra. Para lo
cual hará comunicación de esta determinación a esperas de su respectiva
respuesta.
63.6.2. En esas condiciones, se anotó que “[s]e tomó la decisión de optar como la más
conveniente para las partes implicadas la opción de dotar al sistema de una
funcionalidad provisional, y se realizará por parte de la Gobernación una solicitud al
Ministerio en torno a esta opción, aportando los documentos y/o diseños requeridos
para la aprobación”. Y en los compromisos pactados, se registró que el arquitecto
Jesús David Velásquez en colaboración con la gerencia PDA, tendría a cargo la
elaboración de planos y diseños de cárcamo desarenador provisional, con una fecha
propuesta para el inicio de la ejecución de este compromiso para el 8 de abril de 2011.
63.7. Mediante oficio 20122330101961 del 30 de abril de 2012 del gerente del
Convenio 194048 (FONADE) y enviado al gobernador del Amazonas, se le imputó al
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
departamento el incumplimiento del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151
relativo a la construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los
corregimientos de Tarapacá, La Pedrera y Puerto Arica (f. 60 vto. a 68, c. 3). En dicha
comunicación, se hizo un recuento de las incidencias de la ejecución del referido
convenio desde su celebración en el año 2006 hasta su terminación, y que se
tradujeron en el incumplimiento del departamento respecto de sus obligaciones
consagradas en la cláusula tercera del convenio, debido a que no se terminaron las
obras y éstas no quedaron en estado funcional; no se gestionaron recursos de aporte
local y/o regional para terminarlas y por lo tanto, no se aseguró su operación y
funcionalidad; no se atendieron las recomendaciones del ministerio y de FONADE de
manera oportuna para terminar el proyecto, ni se conocía la liquidación del contrato
de obra (f. 60 vto. a 68, c. 3).
63.7.1. Allí se advirtió la necesidad que surgió de reformular el proyecto, pues
inicialmente se había considerado un sistema de pretratamiento individual, que debía
ser cambiado a un sistema de tratamiento convencional, pues debido a la topografía
que se encontró en el terreno, distinta a la que se presentó con los diseños iniciales,
aquel no resultaba aconsejable por razones de tratamiento y operación en las
condiciones de los corregimientos.
63.7.2. FONADE presentó ante el ministerio la propuesta para su viabilización, la cual
requería recursos adicionales por $78’279.746 -sin tener en cuenta la solicitud de
reajuste de precios presentada por el contratista-, la cual fue aprobada por dicha
entidad en comité técnico del 17 de enero de 2008, por lo que FONADE envió a la
Gobernación del Amazonas la actualización de las nuevas cantidades y precios
viabilizados en la reformulación, para efectos de que se oficializara tal situación
mediante el otrosí correspondiente. Como se generaron ítems no previstos, el
contratista presentó los APU y el presupuesto resultante requirió la gestión de recursos
adicionales por la suma antes indicada para la ejecución total de la meta física
prevista. El 23 de mayo el departamento del Amazonas suscribió la adición al contrato
0024/06 por valor de $78’279.746, con recursos aportados por la entidad contratante.
A partir de ese momento, se dieron múltiples suspensiones y reinicio de obras por
diversas causas, como las climatológicas, el aumento del nivel freático y del nivel del
río Putumayo, etc.
63.7.3. El 29 de diciembre de 2009 se suspendió nuevamente el contrato, “(…) a fin
de definir las directrices a seguir en cuanto a los recursos adicionales que se requerían
para la terminación de las obras contratadas (…)” y según el balance que se hizo, en
ese momento las obras presentaban una ejecución con los siguientes avances:
26
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Demandado: Departamento del Amazonas
• Corregimiento de Puerto Arica: Sistema de acueducto terminado con algunos
pendientes, con avance final del 79%; sistema de alcantarillado terminado, con avance
final del 98%.
• Corregimiento de Tarapacá: Sistema de acueducto terminado con algunos
pendientes, con un avance final del 97%; sistema de alcantarillado en ejecución, con
un avance final del 90% y el avance de la construcción de la PTAR era de 0%.
• Corregimiento de La Pedrera: Sistema de acueducto terminado con algunos
pendientes, con un avance final del 88%; el sistema de alcantarillado terminado, con
un avance final del 92%.
63.7.4. En visita realizada el 1º de marzo de 2010 por funcionarios de Planeación
Departamental, representantes del corregimiento, contratista e interventoría, se
constató la necesidad de ejecutar ítems no previstos y mayores cantidades de obra
para la terminación del proyecto.
63.7.5. El 11 de mayo de 2010 se realizó reunión entre el ministerio, FONADE y la
Gobernación del Amazonas, en la que se acordó llevar a cabo una visita conjunta para
verificar las calidad de las obras y ofrecer alternativas de terminación y funcionalidad
de las mismas; se determinó que se requería que el contratista suministrara e instalara
los equipos de bombeo (actualizados), dejar los alcantarillados de Puerto Arica y La
Pedrera con PTAR y el de Tarapacá vertiendo directamente al río Putumayo,
postergando para una segunda etapa a cargo de la Gobernación del Amazonas, la
construcción de esa PTAR que ya contaba con el acero de refuerzo por cuanto había
sido puesto en el sitio de las obras por el contratista. Y se anotó que se requerían
$149’710.496 para dejar las obras en una etapa funcional, sin incluir la conexión a los
usuarios de los sistemas, pues el alcance del proyecto no contemplaba la construcción
de las conexiones domiciliarias dentro de los predios privados de los usuarios. El
interventor informó, entre otras cosas, que le había recordado al departamento que
entre sus obligaciones se hallaba la de gestionar los recursos adicionales necesarios
para terminar la obra.
63.7.6. A continuación, se enunciaron múltiples comunicaciones intercambiadas entre
los firmantes del convenio interadministrativo de apoyo financiero y la interventoría,
sobre las obras faltantes y su ejecución y sobre la consecución de los recursos por
parte del departamento; así, el 16 de junio de 2010 la interventoría envió oficio a
FONADE en el que propuso, en consideración a que el departamento no contaba con
los recursos para la terminación de las obras, que se estudiara la posibilidad de dejar
en funcionamiento los tres acueductos, con el suministro e instalación por parte del
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
contratista de los equipos de bombeo y dejar en funcionamiento los tres
alcantarillados, el de Puerto Arica y La Pedrera con PTAR y el de Tarapacá vertiendo
directamente al río Putumayo, dejando para una segunda etapa a cargo de la
gobernación la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales; el 23 de
agosto de 2010, la interventoría nuevamente le informó a la gobernación las obras
faltantes, de acuerdo con las condiciones de ejecución y alcance expresadas en
comunicado del mes de junio anterior; el 9 de noviembre de 2010, la gobernación del
Amazonas informó que los recursos destinados por esta entidad para la terminación
de las obras provenían del Plan Departamental de Aguas, regido por el Decreto 3200,
que obligaba a que todo sistema de acueducto debía garantizar el agua potable a la
población beneficiada; el 16 de noviembre siguiente, FONADE presentó al ministerio
un balance definitivo de las obras y los costos requeridos para la terminación del
proyecto, teniendo en cuenta que el convenio vencía el 31 de diciembre de 2010, con
el objeto de que aquella entidad definiera si se procedía a su liquidación o se buscaban
alternativas para la terminación de las obras a través de recursos del Plan
Departamental de Aguas; el 29 de diciembre de 2010, la interventoría remitió a
FONADE un presupuesto actualizado para la terminación de las obras incluyendo la
cotización de las tres plantas de tratamiento de agua potable requeridas según las
políticas del Plan Departamental de Aguas (PDA) y según lo solicitado por la
gobernación en noviembre, para que se gestionaran los recursos por medio del PDA;
el 4 de enero de 2011, FONADE solicitó a la gobernación del Amazonas que evaluara
la propuesta del presupuesto actualizado del valor de las obras necesarias para la
terminación de los acueductos y alcantarillados de los tres corregimientos presentado
por la interventoría, con el fin de que se gestionaran los recursos por medio PDA23; el
16 de febrero de 2011, FONADE solicitó al departamento un pronunciamiento
definitivo acerca de la disponibilidad presupuestal para financiar las obras faltantes; el
23
En el plenario obra comunicación remitida por el interventor Euco Ltda. el 29 de diciembre de 2010
al gobernador del Amazonas, en la que le manifestó que, en consideración a que los recursos
destinados por la gobernación del departamento para la terminación de las obras provenían del Plan
Departamental de Aguas, que se regía por el Decreto 3200, el cual obligaba a que todo sistema de
acueducto debía garantizar el suministro de agua potable a la población beneficiada, le estaba enviando
la valoración remitida por el contratista sobre el suministro, montaje y puesta en marcha de PTAP
compactas; y que con base en esto, se realizó nueva actualización de las obras pendientes por ejecutar
para dejar los sistemas de acueducto y alcantarillado en los tres corregimientos totalmente funcionales
y los usuarios conectados; que en la valoración efectuada se había tenido en cuenta la manifestación
del contratista sobre la necesidad de actualizar los precios de algunos ítems contractuales, pero que
esto debía ser revisado por las partes y la interventoría del contrato de obra; que así mismo, se había
incluido el suministro, montaje y puesta en marcha de las PTAP compactas, la optimización de los
equipos de bombeo de los tres corregimientos, necesaria en consideración a la actualización de las
condiciones finales de Altura Dinámica requerida en cada uno de ellos y a la mejora de la capacidad de
bombeo, situaciones que se traducirían en unos menores costos de operación de estos equipos;
igualmente se incluyó la conexión a los usuarios hasta la unidad sanitaria de cada vivienda tanto en
acueducto como en alcantarillado, en razón a que el alcance inicial del proyecto no contempló las
construcción de las conexiones domiciliarias dentro de los predios privados de los usuarios, todo lo cual
conducía al requerimiento de recursos adicionales por valor de $1.313’470.371; aparte de esto, se
necesitaría contemplar, una vez reiniciadas las obras, un periodo aproximado de 45 días para que el
contratista volviera a retomar la infraestructura y dispusiera de los elementos y el personal necesario
para la terminación de las obras y una prórroga del plazo del contrato de 3 o 4 meses, dependiendo de
las condiciones climáticas de los sitios de ejecución de las obras (f. 138, c. 1).
28
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Actor: FONADE y otro
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8 de marzo de 2011, la gobernación manifestó que revisada la propuesta presentada
por la interventoría, se requería conocer las especificaciones técnicas de las PTAP
compactas presentadas por el contratista, sus presupuestos detallados, análisis de
precios unitarios, y tres ofertas de diferentes proveedores que se ajustaran a los
requerimientos técnicos del proyecto, para determinar la coherencia del adicional; que
además la posición de la gobernación sobre esa adición de recursos dependía
también de una visita que realizaría un funcionario delegado, para disipar las dudas
frente a algunas quejas que se presentaron en el corregimiento de La Pedrera, y que
en reunión sostenida el 4 de marzo con el PDA, el contratista y el interventor, se
trataron temas de disponibilidad presupuestal por parte de la gobernación para darle
trámite a la adición y se concluyó que ese trámite no estaba condicionado a la visita a
las obras pero sí se requería de la información solicitada a la interventoría referente a
los equipos para su respectiva revisión, indicando, finalmente, que se habían
acordado tiempos de reinicio con el fin de ajustar el plazo de ejecución del contrato,
teniendo en cuenta que se requerían 60 días para el transporte de equipos a los
corregimientos, y por lo tanto se necesitaba prorrogar el plazo del convenio de apoyo
financiero con el fin de realizar las acciones necesarias para culminar las obras; el 24
de marzo de 2011, FONADE le responde a la gobernación su comunicación del 13 de
marzo y le dice que la información solicitada ya fue suministrada por aquella entidad
y la interventoría y le solicita nuevamente un pronunciamiento definitivo para la
financiación de las obras faltantes.
63.7.7. Se registró, además, que el 4 de abril de 2011 FONADE informó al ministerio
que el departamento aún no había dado razón sobre los recursos faltantes para la
terminación de la Planta de Tratamiento Agua Residual de Puerto Arica y las obras
complementarias que requerían los acueductos y alcantarillados de los corregimientos
intervenidos, por lo que no era posible terminar la ejecución del proyecto; por esto, al
día siguiente, el ministerio ofició al departamento informándole que entendía esa
ausencia de pronunciamiento frente al comunicado del 9 de febrero de 2011 en el que
se le había solicitado definir el monto de los recursos necesarios para llevar a buen
término las obras, como una falta de interés para continuar con la ejecución del
proyecto, por lo que le solicitaría a FONADE iniciar el proceso para su liquidación, sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
63.7.8. Y que el 12 de abril de 2011, la gobernación informó al FONADE sobre reunión
entre el departamento, representantes del PDA y la interventoría, para procurar una
solución conjunta a los inconvenientes presentados en las obras contratadas,
encontrando que no se podían instalar las PTAP debido al alto costo de operación de
las mismas y la falta de recursos para la terminación de las obras incluyendo la PTAR
del corregimiento de Tarapacá, antes del 31 de junio de 2011, dado que la temporada
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
de creciente del río Putumayo dificultaría la ejecución; que acordaron, para dar
funcionalidad al sistema, la alternativa de poner en funcionamiento los sistemas de
acueducto incluyendo los cambios de equipos de bombeo y en cuanto al sistema de
alcantarillado, la ejecución de los de Arica y La Pedrera y en Tarapacá se optaría por
la funcionalidad provisional consistente en el cambio de PTAR por un sistema
alternativo que permitiera ejecutar los recursos con que contaba la administración
departamental. Y que la gobernación, dispuso de su equipo de trabajo para realizar el
diseño del sistema provisional y alternativo que reemplazaría la PTAR, adquiriendo el
compromiso de viabilizar y desembolsar los recursos adicionales para esa alternativa;
que posteriormente, el PDA realizaría los estudios requeridos para la construcción de
una PTAR definitiva para el corregimiento; así mismo, que iniciaría el proceso de
incorporación de los recursos referenciados en CDP 752 y RP 2653 de diciembre de
2008.
63.7.9. A lo que FONADE, el 26 de abril de 2011, respondió informándole al
departamento que, si bien era correcta la propuesta anterior, la asignación de los
recursos necesarios por parte de la gobernación para tal fin no se había dado con la
celeridad deseada, por lo que se concluyó, por parte del ministerio, que la única
alternativa era la liquidación de convenio de apoyo financiero a partir del vencimiento
de su plazo de ejecución.
63.7.10. Agregó que el 5 de mayo de 2011, el ministerio pide a la Gobernación del
Amazonas la liquidación del contrato de obra e “(…) informar sobre alternativas
planteadas por parte de la Gobernación para terminar el proyecto teniendo en cuenta
que el porcentaje de ejecución de proyecto alcanzó el 97%”.
63.7.11. La solicitud de liquidación del contrato de obra fue reiterada en varias
ocasiones, y se le advirtió al contratista, además -el 11 de mayo de 2011-, que si no
informaba sobre las acciones que tenía previsto adelantar para culminar el proyecto,
y no liquidaba el contrato de obra, con la devolución de los recursos del anticipo no
amortizado, se solicitaría la devolución total de los recursos desembolsados y se haría
efectiva la cláusula penal. Más adelante, se da cuenta de que el anticipo fue finalmente
amortizado en su totalidad durante el mes de abril de 2012, mediante el cobro del Acta
Parcial de Obra y Final No. 424.
24
También se informó que, mediante comunicado del 30 de septiembre de 2011, la interventoría le
manifestó al PDA que no era posible atender el requerimiento sobre el informe de las actividades y
productos ejecutados con recursos de la Gobernación por valor de $78’279.145, ya que las obras se
venían ejecutando como un proyecto global de $2.800’496.386, destacando que las obras que se
ejecutaron en el proyecto fueron solamente con recursos de la Nación y que la última cuenta se
tramitaría en FONADE para amortizar el anticipo que se encontraba pendiente, de manera que los
aportes de la gobernación no serían requeridos para pago al contratista.
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
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Demandado: Departamento del Amazonas
63.7.12. Se anotó también, que el 14 de diciembre de 2011 se realizó reunión en la
que se presentó la ejecución del proyecto y el estado de las obras, y que el ministerio
manifestó su interés por terminarlas y el hecho de que se contaba con recursos
aprobados para su ejecución en el marco del PDA, por lo que había suministrado la
totalidad de la información al departamento para que el proyecto pudiera ser
presentado para su viabilización, y se anotaron los compromisos adquiridos en dicha
reunión, algunos atinentes a la liquidación final del contrato de obra y en particular, el
departamento adquirió el compromiso de someter al último comité directivo del PDA,
a celebrarse en el mismo mes de diciembre, la aprobación de la contratación de los
nuevos estudios y diseños para la culminación de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de los corregimientos de Tarapacá, La Pedrera y Puerto Arica.
63.7.13. Y, finalmente, se concluyó que a la fecha de esta comunicación, 30 de abril
de 2012, no se había liquidado el contrato de obra ni se tenía evidencia del
cumplimiento de los compromisos acordados en la reunión del 14 de diciembre de
2011, ni se habían atendido las recomendaciones de FONADE y el ministerio frente a
la liquidación del contrato, la terminación y funcionalidad de las obras ni la consecución
de recursos locales para la terminación del proyecto, por lo que se configuraba el
incumplimiento de las obligaciones pactadas en los numerales 10, 13, 14 y 22 de la
cláusula tercera del convenio, razón por la cual procedía la aplicación de la cláusula
penal pecuniaria y, en consecuencia, el departamento debía presentar sus descargos
dentro de los 5 días siguientes.
63.8. El 31 de julio de 2013, el gobernador del departamento del Amazonas y el
director del D.A.P. le informaron al FONADE que mediante oficio 00105 del 12 de
marzo de ese año la administración departamental le remitió el acta de liquidación del
convenio interadministrativo No. 024 de 2006 debidamente firmada por las partes25, la
cual se requería a su vez para liquidar el convenio de apoyo financiero 2060151, pero
que a la fecha no habían recibido comunicación al respecto. Le informó así mismo,
que la administración departamental había contratado los estudios y diseños de obras
complementarias de acueducto y alcantarillado para los corregimientos de La Pedrera,
Arica y Tarapacá, contrato que se hallaba en ejecución (f. 72, c. 3).
63.9. Informe Final de la “Interventoría Técnica, Administrativa y financiera para los
proyectos que se ejecuten en virtud de los convenios de apoyo financiero suscritos
25
Esta acta fue suscrita por el director del Departamento Administrativo de Planeación Departamental,
el representante legal de Coop-Sol de Oriente y el director de interventoría de Euco Ltda., el 1º de
octubre de 2012 y es visible en la PARTE 1, del CD obrante a folio 61, c. 1. De acuerdo con su contenido,
el valor inicial fue de $2.722’216.640,64, tuvo un contrato adicional por $78’279.746, para un valor total
de $2.800’496.386,64. El anticipo entregado y amortizado fue de $1.361’108.320, el valor de la obra
ejecutada fue de $2.597’506.810, con un saldo a favor de la gobernación de $202’989.577. En la
enunciación de las actas suscritas, la última que se relaciona es el acta de suspensión 6, suscrita el 29
de diciembre de 2009.
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- y los municipios beneficiarios del
Grupo 13, departamento de Amazonas – Convenio No. 2060151 - Convenio
Interadministrativo No. 0024 de 2006 – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE”, presentado por la firma Euco Ltda., en enero de 2012 (CD, f. 25, c. 1) y que
corresponde a la ejecución del contrato de obra llevado a cabo para dar cumplimiento
al convenio interadministrativo de apoyo financiero celebrado por las referidas
entidades del orden nacional con el departamento del Amazonas; en la descripción
del proyecto, dice que “(…) contempla la construcción de tanques elevados de
Almacenamiento, redes de distribución y la construcción y optimización de sistemas
de Alcantarillado con la nueva tecnología de PAVCO, sistema Novacam, cámaras
herméticas para el manejo de aguas residuales y la construcción de plantas de
tratamiento para minimizar y controlar los vertimientos de aguas residuales a las
riveras de los ríos Putumayo y Caquetá en los corregimientos de Tarapacá, Puerto
Arica y La Pedrera” en el departamento del Amazonas, sitios en los que se llevaron a
cabo las obras.
63.9.1. En dicho informe se consignó que “En términos generales las obras ejecutadas
se ajustaron a los diseños y especificaciones suministrados para el desarrollo del
objeto contractual, resultantes de la reformulación aprobada por el MAVDT en el mes
de enero de 2008, durante el desarrollo del proyecto debieron efectuarse algunos
ajustes en varios alineamientos, para optimizar cantidades de obra y superar las
dificultades topográficas”. Y que, dadas las condiciones particulares que finalmente se
encontraron en la construcción de las obras reformuladas por el MAVDT para el
desarrollo del proyecto, fue necesaria la ejecución de actividades correspondientes a
ítems no previstos.
63.9.2. Se anotó que las obras se ejecutaron parcialmente, dando cuenta de los ítems
y cantidades de obra ejecutada en cada uno de los corregimientos destinatarios de
las mismas. Igualmente, se hizo un relato de las incidencias que se presentaron a lo
largo de la ejecución contractual, anotando que el 26 de mayo de 2009 debió
suspenderse la ejecución del contrato 0024, ya que no se podían adelantar las obras
en razón al elevado nivel freático que presentaba el sitio de ubicación de la PTAR y
los últimos tramos de la tubería del sistema de alcantarillado en el corregimiento de
Tarapacá, generado por el incremento del nivel del río Putumayo ocasionado por la
época invernal que atravesaba el departamento del Amazonas, por lo que se debía
disponer de un tiempo que permitiera la disminución del nivel del río para adelantar
actividades significativas en seco, inherentes al desarrollo del objeto del contrato.
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63.9.3. Como resultado de una audiencia pública explicativa llevada a cabo en
septiembre de 2009 en la que se revisó el estado de las obras ejecutadas y las obras
por ejecutar a la fecha de la suspensión del contrato, se le envió a la Gobernación del
Amazonas, el 11 de noviembre de 2009, la proyección del balance correspondiente,
advirtiendo que el contrato seguía suspendido mientras se definían conjuntamente las
directrices a seguir en cuanto a los recursos adicionales ($605’641.138) que se
requerían para la terminación de las obras contratadas.
63.9.4. A partir de lo anterior, el informe dio cuenta de que ante la manifestación del
gobernador del Amazonas de que no contaba con los recursos para la terminación
total de las obras, la Interventoría, el 16 de junio de 2010, sugirió estudiar la posibilidad
de dejar en funcionamiento los tres acueductos con el suministro e instalación de los
equipos de bombeo por parte del contratista, y dejar en funcionamiento los tres
alcantarillados dejando el de Puerto Arica y La Pedrera con PTAR y el de Tarapacá
vertiendo el efluente directamente al río Putumayo, dejando para una segunda etapa
a cargo de la Gobernación la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales, que ya contaba con el acero de refuerzo ubicado en el corregimiento por
cuanto había sido suministrado por el contratista. Y que, en estas condiciones, se
requerirían recursos adicionales por valor de $149’710.496.
63.9.5. Se registró que el 21 de octubre de 2010, a solicitud del ministerio, se
actualizaron nuevamente las obras pendientes por ejecutar para dejar los sistemas
totalmente funcionales y la totalidad de los usuarios conectados hasta un punto
localizado en cada una de las viviendas (incluyendo las PTAR en los tres
corregimientos), lo que daba como resultado la necesidad de recursos adicionales por
$766’819.131.
63.9.6. El 29 de diciembre de 2010, se le informó al Gobernador del Amazonas que
teniendo en cuenta la solicitud del contratista de actualización de los precios de
algunos de los ítems para las obras faltantes, e incluyendo el suministro, montaje y
puesta en marcha de las PTAP compactas, la optimización de los equipos de bombeo
de los tres corregimientos y la conexión de los usuarios hasta la unidad sanitaria de
cada vivienda tanto de acueducto como de alcantarillado, para dejar en
funcionamiento los tres acueductos y los tres alcantarillados se requerirían recursos
adicionales por $1.313’470.371 y que se debía tramitar una prórroga al plazo del
contrato de 3 a 4 meses para la terminación de las obras.
63.9.7. Que el 4 de abril de 2011 se dirigió comunicación a la Gobernación del
Amazonas informándole que, atendiendo la solicitud del ministerio, se realizó una
nueva actualización de las obras pendientes por ejecutar para dejar los sistemas
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funcionales en concordancia con el proyecto reformulado por el MAVDT sin incluir la
conexión a los usuarios hasta la unidad sanitaria de cada vivienda -que no hacía parte
del proyecto reformulado-, con lo cual los recursos adicionales requeridos ascendían
a $593’735.589.
63.9.8. En el mes de mayo de 2011, la entidad contratante solicitó que se citara al
contratista de obra con el fin de iniciar los trámites de liquidación del contrato, lo que
la interventoría informó a aquel mediante comunicación del 31 de mayo de 2011; no
obstante, a la fecha del informe final y a pesar de que se habían entregado todos los
documentos necesarios para ello por parte del contratista y la interventoría, aún no se
había liquidado el contrato de obra.
63.9.9. En las conclusiones y recomendaciones, reiteró que “Se cumplió parcialmente
con el alcance de la meta física prevista, según la viabilización y reformulación
aprobada por el MAVDT, dentro del marco presupuestal dispuesto para tal fin, ya que
no fue posible apropiar recursos adicionales a cargo de la Gobernación del Amazonas
que permitiera cumplir con las metas físicas establecidas”.
63.9.10. Respecto de los aspectos financieros, se informó que la inversión total
programada era de $2.800’496.386, siendo la inversión total ejecutada acumulada de
$2.597’506.809, por lo que, a la fecha de corte del periodo correspondiente al informe,
la obra presentaba un avance en valor acumulado de 92,75%, según el Acta No. 4
(final) de recibo parcial de obra tramitada con fecha de corte el 25 de mayo de 2009.
63.9.11. Que desde el mes de noviembre de 2009 se le informó a la Gobernación del
Amazonas sobre la necesidad de incorporar recursos adicionales para la terminación
del proyecto viabilizado, pero ante la falta de estos recursos y luego, atendiendo a la
solicitud de la entidad contratante, se procedió a elaborar la liquidación del contrato
de obra.
63.10. El 30 de junio de 2011, se suscribieron tanto el Acta de Terminación como el
Acta de Entrega del Contrato 0024 de 200626, suscritas por los representantes de las
partes y de la interventoría (anexa a Informe Final de Interventoría, pgs. 303 y 315, del CD
visible a fl. 25, c. 1). De acuerdo con estas actas, se entregaron las siguientes obras:
26
El 20 de septiembre de 2011 las partes y la interventoría suscribieron el Acta No. 01 de Entrega y
Recibo Final de los productos objeto del contrato, en la que se discriminaron los ítems ejecutados, con
descripción de los mismos, unidades, valores unitarios, cantidades ejecutadas y valor total de cada uno
(pg. 318, CD del Informe Final de Interventoría, fl. 25, c. 1).
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63.10.1. Corregimiento de Puerto Arica:
Acueducto:
1. Tanque de almacenamiento capacidad 30 m3.
2. Impulsión agua cruda 10 ml de tubería 2” RDE 21.
3. Red de distribución acueducto 420 ml de tubería 2” RDE 32,5
4. Red de distribución acueducto 2.345 ml de tubería 3” RDE 32,5
5. Acometidas domiciliarias 95 unidades.
6. Construcción de viaductos de 35 y 138 ml
Alcantarillado:
1. Sistema de alcantarillado 1.572 ml de tubería PVC D=200mm
2. Acometidas domiciliarias de alcantarillado 95 unidades.
3. Sistemas de tratamiento pozo séptico 20 unidades.
4. Pozos de inspección nuevo sistema Cámara Novacam de 600 mm de PAVCO
17 unidades.
5. PTAR 1 unidad (sin lechos filtrantes).
63.10.2. Corregimiento Tarapacá:
Acueducto:
1. Tanque de almacenamiento capacidad 30 m3.
2. Impulsión agua cruda 864 ml de tubería 3” RDE 32,5.
3. Red de distribución acueducto 615 ml de tubería 2” RDE 32,5
4. Red de distribución acueducto 4.450 ml de tubería 3” RDE 32,5
5. Acometidas domiciliarias 240 unidades.
Alcantarillado:
1. Sistema de alcantarillado 2.464,24 ml de tubería PVC D=200mm
2. Acometidas domiciliarias de alcantarillado 129 unidades.
3. Pozos de inspección nuevo sistema Cámara Novacam de 1000 mm de
PAVCO 1 unidad.
4. Pozos de inspección nuevo sistema Cámara Novacam de 600 mm de
PAVCO 26 unidades.
63.10.3. Corregimiento de La Pedrera:
Acueducto:
1. Red de distribución de acueducto 1.732 ml de tubería 3” RDE 32,5
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
2. Red de distribución de acueducto 570 ml de tubería 2” RDE 21
3. Acometidas domiciliarias 160 unidades
Alcantarillado:
1. Sistema de alcantarillado 1.915 ml de tubería PVC D=200mm
2. Acometidas domiciliarias de alcantarillado 110 unidades
3. Pozos de inspección nuevo sistema Cámara Novacam de 1000 mm de PAVCO
5 unidades.
4. Pozos de inspección nuevo sistema Cámara Novacam de 600 mm de PAVCO
23 unidades.
5. PTAR 1 unidad
63.11. Mediante oficio del 5 de febrero de 2014, cuyo asunto fue la liquidación de los
proyectos enmarcados en el convenio 2060151, el Gobernador del Amazonas le
informó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que la administración
departamental, “en procura de garantizar acceso a la población Amazonense servicios
de Agua Potable y Saneamiento básico con calidad”, había priorizado recursos y
suscribió el contrato de consultoría No. 578 del 6 de mayo de 2013 con la firma
Consorcio Amazonas por valor de $1.307’435.500, cuyo objeto fue la “CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS -TOPOGRAFÍA-MEMORIAS
DE CÁLCULOS-PRESUPUESTO- PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS”, con el fin de dar cobertura y procurar el funcionamiento de las obras
que se desarrollaron en administraciones anteriores buscando su operatividad y
funcionabilidad”, y que entre los productos de esta consultoría para los corregimientos
de Tarapacá, La Pedrera y Puerto Arica, se encontraban los estudios y diseños de las
obras complementarias para la optimización de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de cada uno de los referidos corregimientos (f. 59, c. 1).
63.11.1. Agregó que, al obtener estos productos en el desarrollo de la consultoría, se
debían realizar los trámites pertinentes ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico con el fin de obtener el concepto técnico favorable, citar al comité directivo para
la viabilización financiera del proyecto y luego proceder a efectuar el proceso
contractual, que la Gobernación adelantaría en un tiempo prudente con el fin de lograr
el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta las características especiales en cuanto
a vías de comunicación, zonas de difícil acceso y las lejanías que se presentan en el
departamento, y que se haría uso de todos los componentes de los sistemas
existentes o construidos.
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Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
63.11.2. Así mismo, se informó que en el Consorcio FIA, que administraba los recursos
de SGP de agua potable y saneamiento básico del departamento del Amazonas
contaban con recursos para financiar o cofinanciar las cantidades de obra que fueran
necesarias para la operatividad de los sistemas, como se visibilizaba en el cuadro
consignado a continuación, en el que figuraban recursos disponibles para los
corregimientos en las siguientes cantidades: La Pedrera $492’694.279,29; Puerto
Arica $422’613.473,75 y Tarapacá $451’709.820,29, por lo que le informaba que, la
Gobernación del Amazonas, en un tiempo estimado de 18 meses, realizaría los
estudios y diseños correspondientes a la ejecución del contrato de consultoría y los
demás trámites explicados con el fin de garantizar la operatividad y funcionalidad de
la obra.
63.12. Consta en el plenario un registro fotográfico de la ejecución de los proyectos
en los corregimientos de La Pedrera, Puerto Arica y Tarapacá, en el que se pueden
apreciar las obras adelantadas por Coopsol del Oriente, el cual hace parte del Informe
Técnico EU-CT003-864 de junio de 2009 presentado por Euco Ltda., firma
interventora del proyecto -Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No.
2060151 y Convenio interadministrativo No. 0024 de 2006- (INFORME JUNIO Parte 2,
f. 23 a 39, CD visible en fl. 61, c. 1).
Dictamen pericial
64. La parte actora pidió en su demanda la práctica de un peritazgo técnico para que
absolviera las preguntas allí formuladas (f. 21, c. 1) y el tribunal decretó el dictamen
pericial, el cual fue rendido el 28 de octubre de 2016 por el ingeniero civil Enrique
Rodríguez Niño, quien manifestó que contaba con la formación y la experiencia
necesarias, pues había actuado por más de 30 años como ingeniero contratista del
Estado en ejecución de obras públicas y más de 7 como auxiliar de la justicia (f. 253,
c. 2).
65. El auxiliar de la justicia anunció que emitiría su dictamen con fundamento en la
documentación que reposa en el expediente y la suministrada por la parte
demandante, en especial por FONADE. En cuanto a las preguntas que le fueron
formuladas, manifestó:
a. Que determine las obras ejecutadas, entregadas y no ejecutadas por la
Administración Cooperativa Solidaria del Oriente, en ejecución del Contrato
de Obra No. 0024 de 2006:
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
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66. El perito respondió que se cumplió en un alto porcentaje con la ejecución de las
obras programadas según la reformulación aprobada por el MAVCT, y respecto de las
no ejecutadas, entre otras, terminación en su totalidad de las plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), instalación de algunas tuberías, construcción de
domiciliarias de acueducto y alcantarillado, instalación de bombas para mejorar la
altura dinámica de distribución de agua potable, que no se pudieron ejecutar
principalmente por falta de presupuesto, pero también por la presentación de obras
no previstas, que incrementaron los costos de ejecución de cada proyecto.
67. En cuanto a los costos de lo ejecutado entregado y lo no ejecutado, estableció en
primer lugar el valor inicial del contrato, que fue de $2.722’216.640, el valor de las
adiciones que fue por $78’279.746 y el valor total del contrato: $2.800’496.386. Y que
de acuerdo con el Acta No. 4 de Recibo Parcial de Obra (Final) del 20 de septiembre
de 2011, se estableció que la obra total ejecutada por el contratista Coop-sol de
Oriente tuvo un costo de $2.597’506.809, lo que daba como resultado un valor de obra
no ejecutada de $ 202’989.577.
b. Que determine el porcentaje de ejecución de las obras del Convenio de
Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, a 31 de junio de 2011:
68. El perito manifestó que con base en los valores que arrojó la anterior respuesta,
se podía determinar que el porcentaje de ejecución de las obras fue del 92,75%.
c. Que cuantifique, actualizados a la fecha del dictamen, los costos en que
deberá incurrirse para poner en funcionamiento las obras del proyecto:
69. Frente a este requerimiento, el perito refirió dos posibles soluciones que fueron
planteadas por la interventoría y con colaboración del contratista para la terminación
total del proyecto:
70. Una -que en su momento fue comunicada a la gobernación del Amazonas-, que
incluía la construcción de las domiciliarias de acueducto y alcantarillado, externas e
internas para cada predio y el mejoramiento de la altura dinámica, y demás obras
requeridas, con un costo total de $1.546’893.182, que actualizado desde diciembre de
2010 hasta octubre de 2016 con el índice de costos de construcción pesada, daba un
total de $1.923’621.265.
71. La otra solución, según el perito, sería la resultante de actualizar la diferencia de
obra total ejecutada vs. condiciones actualizadas; para lo cual se toma el valor total
de la obra requerida establecida en el cuadro de mayores y menores cantidades e
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ítems no previstos, que es de $3.394’231.975 y se le resta el valor total de obra
ejecutada, que fue de $2.597’506.809, lo que daba un valor de $796’725.166, que
constituía el valor o costo total a actualizar, aunque este valor no incluía la
construcción de las domiciliarias internas de cada predio en acueducto y
alcantarillado. Al actualizar dicha cifra, llegó al monto de $945’948.329, como valor o
costo en que debería incurrirse para poner en funcionamiento las obras del proyecto
que fueron ejecutadas a 30 de junio de 2011.
72. No obstante, advirtió a continuación que el valor necesario para la terminación de
las obras podía verse afectado así mismo por las condiciones actuales de las obras
ejecutadas, el estado general de las vías de acceso a los corregimientos y los medios
de transporte de materiales y su consecución, los costos de interventoría que se
requerirían, etc.
73. El anterior dictamen pericial fue objeto de contradicción en audiencia de pruebas
llevada a cabo el 8 de noviembre de 2016 (f. 279 y CD f. 282, c. 2), en la cual se le
plantearon al perito los siguientes interrogantes:
73.1. El magistrado ponente:
73.1.1. Preguntó por qué, si de acuerdo con lo establecido en el dictamen, restaba un
7,25% por ejecutar de las obras, se proponían dos soluciones, a lo que el perito
respondió que tuvo en cuenta la valoración que el interventor había presentado por un
monto de $1.546’000.000 para terminar todos los trabajos, pero así mismo consideró
necesario hacer el segundo cálculo, que arrojó la suma de $945’948.329, excluyendo
el valor de las acometidas internas, ya que éstas no deben hacer parte del contrato
de obra, pues le corresponde hacerlas a cada usuario.
73.1.2. Preguntó qué obras materiales no habían sido ejecutadas por el contratista y
habían quedado pendientes, a lo cual el auxiliar de la justicia respondió que no podía
determinar ese aspecto con exactitud, pero que de acuerdo con los documentos
consultados, pudo observar que quedó pendiente una planta de tratamiento de aguas
residuales y las bombas requeridas por la altura dinámica, que no estaban en el
proyecto inicial, obras que fueron incluidas en el nuevo presupuesto que se hizo y que
serían las que correspondía ejecutar para poner a funcionar los acueductos y
alcantarillados. Sin embargo, aclaró que no podía afirmar que el valor antes
mencionado sería el preciso para llevarlas a cabo, porque se desconocía el estado
actual de las tuberías y por ello era necesario hacer una inspección ocular para
determinar cómo estaban y si funcionaban o no.
39
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
73.2. El apoderado del ministerio:
73.2.1. Preguntó si la obra era o no funcional en ese momento, a lo que el perito
respondió que no, porque la obra no estaba terminada como ya se mencionó y estaban
pendientes la planta de tratamiento y las bombas.
73.2.2. Preguntó si en ese momento se podían retomar las obras por el departamento
para dejarlas funcionales al 100%. El perito manifestó que indudablemente sí, y que
se debía hacer, pues no tenía sentido efectuar una inversión de casi tres mil millones
de pesos para dejarla abandonada. En todo caso, reiteró que era necesario valorar el
estado actual de las obras construidas y calcular nuevamente los costos de su
terminación.
73.3. La apoderada de FONADE:
73.3.1. Preguntó si de acuerdo a lo observado consideraba el perito que era necesaria
la inspección ocular de lo construido, a lo que el auxiliar de la justicia respondió que
sí, como ya se había dicho, era necesario que quienes fueran a emprender las obras
faltantes inspeccionaran lo ya construido para verificar su estado, así como las
condiciones de las vías de acceso, los costos de transporte de materiales por vía
fluvial, etc.
73.3.2. Preguntó si se podía concluir que el proyecto era funcional o no, a lo que el
perito reiteró que no lo era, porque las obras no estaban operando y por lo tanto los
destinatarios no contaban con los servicios de acueducto y alcantarillado.
Consideraciones de la Sala:
74. Lo primero que cabe advertir es que la controversia gira en torno al cumplimiento
o incumplimiento del Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 2060151
por parte del departamento del Amazonas y no del negocio jurídico celebrado por esta
entidad con la Administración Cooperativa Solidaria de Oriente -Coopsol de Oriente-
para dar cumplimiento al referido convenio; no obstante lo cual, dado que este último
fue celebrado y ejecutado por el departamento para dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas a través de aquel negocio jurídico, las incidencias que se
presentaron en relación con el contrato de obra, tienen sin lugar a dudas directa
repercusión en la ejecución que se dio al convenio interadministrativo por parte de la
entidad territorial.
40
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
75. Y lo segundo que vale la pena aclarar es que, a pesar de que este último acuerdo
de voluntades fue denominado convenio interadministrativo No. 0024 de 2006, por
una parte, no consta que la naturaleza de Coopsol de Oriente sea la de una entidad
pública, toda vez que sólo obra el certificado de cámara de comercio que da cuenta
de que se trata de una entidad sin ánimo de lucro vigilada por la Superintendencia de
Economía Solidaria; y por otra parte, independientemente de la naturaleza jurídica de
tal cooperativa, lo cierto es que el contenido obligacional del negocio jurídico celebrado
entre el departamento y dicha persona jurídica no corresponde en manera alguna a
un convenio interadministrativo -si se tiene en cuenta que en esa clase de negocios
jurídicos confluyen las voluntades de dos o más entidades públicas, dirigidas a la
obtención de una finalidad de común interés para ellas-, sino que se trató de un
verdadero contrato de obra pública, en el que una de las partes -el departamento- se
comprometió a pagar un determinado valor a cambio de la construcción de unas obras
a cargo de su contratista. En consecuencia, en la medida en que se haga referencia
a ese negocio jurídico, será denominándolo el contrato de obra.
76. Ahora bien, en relación con el asunto de fondo y a partir del análisis del anterior
acervo probatorio, la Sala encuentra que los argumentos planteados por las
demandantes en sus recursos de alzada no están llamados a prosperar, en cuanto
efectivamente se constató la inejecución parcial del proyecto objeto del convenio, que
se hallaba a cargo del departamento del Amazonas, pero ese hecho no conduce a la
concesión de las pretensiones de la demanda.
77. Al respecto, resulta necesario recordar, ante todo, que la controversia en el
presente caso no gira en torno a un contrato, en el que las partes buscan la
satisfacción de intereses contrapuestos y del que se derivan prestaciones y
contraprestaciones a cargo de cada una de ellas que se puedan ver como
equivalentes, en tanto el cumplimiento de las obligaciones radicadas en cabeza de
cada parte, pueda mirarse como necesario para la obtención del fin individual y
subjetivo perseguido por contratante y contratista, quienes se hallan, por lo tanto, en
una contraposición de intereses disímiles, que se busca satisfacer mediante la
celebración del acuerdo de voluntades.
78. Por el contrario, como ya se dijo, se trata de un convenio interadministrativo de los
regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “figura concebida por el
ordenamiento jurídico como pasible de ser utilizada por las entidades estatales con el
objeto de aunar esfuerzos en aras de la obtención de un resultado de interés común
para ellas, que apunta al logro de una misma finalidad perseguida por las entidades
involucradas en el acuerdo de voluntades y que converge, en últimas, en la
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
satisfacción del interés público o general, a la que apunta toda la actividad
administrativa del Estado”27.
79. Esta distinción ya la ha efectuado la Sala, al sostener que “(…) como lo ha
señalado la Subsección28, el contrato interadministrativo, a diferencia del convenio
interadministrativo, es un acuerdo de contenido patrimonial, característicamente
oneroso, donde existe una prestación y una contraprestación en función del interés de
cada una de las partes, y que se expresa a través de la estipulación de obligaciones
recíprocas que se miran como equivalentes, según las previsiones iniciales acordadas
al momento de proponer o contratar29”30 .
80. Así lo ha reconocido también la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación, al sostener que “[l]ógicamente, en los convenios interadministrativos
propiamente dichos, es posible que cada entidad incurra en costos y gastos, y en
ejecución de su propio presupuesto para cumplir sus funciones y los compromisos
adquiridos para con la otra, razón por la cual bien pueden comprender la asunción de
aportes económicos o financieros, pero sin que su objeto esencial lo constituyan
prestaciones propias de los contratos interadministrativos, o el pago de un precio o
una remuneración por un servicio prestado o por un bien adquirido o por una obra
realizada por una a favor de la otra, pues en tales eventos se estará en presencia de
verdaderos contratos…” (Se subraya)31. Y, recientemente, la Sala ha reiterado en
relación con los convenios interadministrativos:
Se ha dicho que estas relaciones, por tener un carácter cooperativo y asociativo,
siguen primordialmente lo pactado por el acuerdo de voluntades suscrito entre las
partes, como expresión de la regulación autónoma de las entidades que concurren
a su celebración. De allí que, solo por manifestación expresa de las partes, se
habrá de acudir al régimen general de contratación estatal, siempre que no se
contraríe aquello que caracteriza a este tipo de convenciones: la finalidad de
alcanzar mancomunadamente un determinado propósito común. En efecto, como
lo ha desarrollado igualmente la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación, “dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios
interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 11 de octubre de 2024, expediente 58883, C.P. María Adriana Marín.
28
[37] “Este [se refiere al convenio interadministrativo], con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 de la
Ley 489, se ha definido como una forma de gestión cooperada de competencias administrativas que
asume el ropaje de un negocio jurídico en el cual se regulan intereses convergentes de, al menos, dos
entidades estatales. Se trata de una manifestación de la llamada actividad negocial de la administración
pública que se basa en el principio de cooperación administrativa y, por tanto, allí no existe una posición
prevalente de una parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés remuneratorio entre ellas
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 20 de noviembre de 2019, radicación 66001-23-33-000-2015-00131-01(61429), Consejera Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico)”.
29
[38] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. (58623), C.P. José Roberto Sáchica Méndez”.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 05001-23-33-000-2016-00392-01 (70.771), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
31
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 26 de julio de 2016, Rad. 11001-
03-06-000-2015-00102-00 (2257), C.P. Álvaro Namén Vargas.
42
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales convenios,
toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son relaciones
contractuales de contenido patrimonial y oneroso32”33 .
81. De acuerdo con lo expuesto, no se puede afirmar que, mediante el convenio de
apoyo objeto de la presente controversia, el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y FONADE se hayan comprometido a pagar unos recursos, a título de
contraprestación, a cambio de obtener, de parte del departamento del Amazonas, la
construcción de una determinada obra, sino que se trató de la colaboración pactada
entre las tres entidades, desde el ámbito de sus propias competencias y cometidos,
en virtud de la cual se repartieron las distintas responsabilidades de conformidad con
las funciones y posibilidades de acción de cada una de ellas, con la finalidad de
satisfacer una necesidad de interés público, como lo era dotar de acueducto y
alcantarillado a tres corregimientos del departamento del Amazonas.
82. Desde esta perspectiva, se probó en el plenario que, en cumplimiento de la
obligación contraída mediante el convenio de apoyo financiero suscrito con las
entidades del orden nacional, el departamento del Amazonas celebró el contrato de
obra requerido para la realización de los trabajos de construcción y optimización de
los acueductos y alcantarillados en los corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y
Puerto Arica, con unas especificaciones técnicas que inicialmente fueron aprobadas
por el MAVDT pero que, posteriormente, fueron objeto de una modificación, en virtud
de la reformulación del proyecto, que se hizo necesaria al mismo inicio de la ejecución
del contrato y luego de una verificación de la topografía, llevada a cabo en los tres
corregimientos.
83. También se probaron las dificultades que surgieron con ocasión de las condiciones
climatológicas de la región, que impidieron el transporte de los materiales a los sitios
de las obras que debía llevarse a cabo vía fluvial y que encarecieron su ejecución,
todo lo cual condujo a que la reformulación del proyecto implicara, así mismo, la
necesidad de adicionar los recursos requeridos para la correcta finalización de los
trabajos de acueducto y alcantarillado en los tres corregimientos.
84. Ahora bien, observa la Sala que en relación con los recursos adicionales que se
debían aportar para la culminación de las obras, siempre se partió de la premisa de
que le correspondía al departamento del Amazonas su consecución, por ser ésta una
32
[25] “Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Rad.
11001-03-06- 000-2015-00102-00 (2257). C.P. Álvaro Namén Vargas”.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
43
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
obligación a su cargo estipulada en el convenio de apoyo financiero suscrito con el
ministerio y con FONADE.
85. También se advierte que no hubo claridad en cuanto al monto exacto que se
requería, toda vez que el mismo variaba dependiendo de la propuesta de modificación
de las obras que se planteara en el momento, pues unas veces se incluían unos ítems
y otras veces se excluían, como sucedió, por ejemplo, con los usuarios de los sistemas
de acueducto y alcantarillado, en cuanto a la construcción o no de las conexiones
domiciliarias, por lo que en un principio se dijo que el departamento debía aportar
$78’279.746, luego que eran $149’710.496 los recursos requeridos para dejar las
obras en una etapa funcional, pero después resultó que era necesaria una cifra de
$1.313’470.371 y, finalmente, se anunció que la suma faltante era de $593’735.589.
86. De lo anterior, consta que el departamento aportó los $78’279.746 que en principio
se habían mencionado -párrafo 63.7.2-; pero que, en relación con las otras cifras,
siempre manifestó que carecía de recursos para asumirlas y que debía adelantar
gestiones para su consecución, que implicaban tiempo y, por lo tanto, la necesidad de
adicionar el plazo del convenio interadministrativo de apoyo financiero, lo cual fue
manifestado por el gobernador del departamento del Amazonas el 8 de marzo de
2011, es decir antes de la finalización de dicho convenio, informando, el 12 de abril
del mismo año, sobre las gestiones que estaba adelantando con el PDA -Plan
Departamental de Aguas- para dar solución a los trabajos faltantes.
87. No obstante, como lo registró el mismo FONADE en el oficio en el que le imputó
el incumplimiento de obligaciones al departamento del Amazonas -párrafo 63.7.9-, a
pesar de estas manifestaciones del departamento, la respuesta fue que la asignación
de los recursos necesarios por parte de la Gobernación para tal fin no se había dado
con la celeridad deseada, por lo que se concluyó, por parte del ministerio, que la única
alternativa era la liquidación del convenio de apoyo financiero a partir del vencimiento
de su plazo de ejecución.
88. Fue así como el convenio de apoyo financiero no fue prorrogado en esa ocasión,
sino que finalizó por vencimiento de su plazo el 30 de junio de 2011 -párrafo 56-, sin
que se hubieran culminado el 100% de las obras objeto del contrato celebrado por el
departamento del Amazonas para dar cumplida ejecución al convenio suscrito con el
ministerio y FONADE.
89. No obstante, consta en el plenario que el departamento del Amazonas cumplió
con la obligación de invertir los recursos recibidos de la Nación Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en la ejecución de las obras de construcción de los acueductos y
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
alcantarillados de los corregimientos La Pedrera, Puerto Arica y Tarapacá, las cuales
fueron aprobadas por la interventoría y recibidas por el departamento en el porcentaje
de ejecución que se logró en cada uno de estos corregimientos y que, de acuerdo con
lo establecido en el dictamen pericial, correspondió al 92,75% del valor total del
proyecto, aunque según lo dicho por el ministerio, el porcentaje de ejecución del
mismo alcanzó el 97% -párrafo 63.7.10-.
90. Lo anterior significa que, efectivamente, para la época de presentación de la
demanda en febrero de 2014, los sistemas de acueducto y alcantarillado de los
corregimientos La Pedrera, Puerto Arica y Tarapacá en el departamento del
Amazonas, no estaban terminados y en funcionamiento, como también lo corroboró
el perito en la audiencia de pruebas en la que se surtió la contradicción de su dictamen,
al manifestar que, en ese momento, la obra no era funcional, puesto que no se había
terminado y estaban pendientes las bombas y la planta de tratamiento -párrafo 73.2.1-
91. Ahora bien, a pesar de que el negocio jurídico del que se predica el incumplimiento
del departamento del Amazonas es un convenio y no un contrato interadministrativo,
se trata de un acuerdo de voluntades generador de obligaciones a cargo de sus
firmantes, por lo que también puede surgir, respecto de este tipo de negocio jurídico,
la responsabilidad de las partes por el incumplimiento de los compromisos adquiridos
mediante la suscripción del acuerdo de voluntades.
92. No obstante, como sucede en los contratos, debe analizarse la causa que impidió
la consecución del objeto del convenio interadministrativo de apoyo financiero, para
determinar si el mismo fue debido o no al incumplimiento culposo de una de las partes
y si, por lo tanto, da lugar a predicar su responsabilidad, sin desconocer el ámbito
propio de las obligaciones que surgen para las entidades estatales en esta clase de
negocios jurídicos.
93. De acuerdo con lo expuesto y lo que resultó probado en el proceso, considera la
Sala que, en el presente evento, no se logró la realización total del objeto del Convenio
de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, por causas que no provinieron
exclusivamente de la entidad territorial.
94. Según lo establecido en la Cláusula Tercera del convenio, entre las obligaciones
que asumió el departamento del Amazonas se encontraba la de gestionar, si fuere
necesario, la obtención de recursos de aporte local y/o regional para asegurar la
terminación del objeto del convenio -numeral 10-; la de adoptar y coordinar todas las
acciones para asegurar la operación y mantenimiento y, en general, la sostenibilidad
del proyecto y su buen servicio -numeral 13- y cumplir oportunamente las
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
recomendaciones y solicitudes que realizaran el ministerio y/o FONADE sobre el
desarrollo del objeto del convenio -numeral 14-. Como se puede apreciar, todas estas
eran obligaciones de hacer, a cargo del departamento, incluso la que tenía que ver
con la consecución de los recursos adicionales necesarios para la culminación del
proyecto, pues a su cargo estaba gestionar su obtención, es decir que, además, se
trató de una obligación de medio.
95. De los anteriores compromisos, se advierte que si bien el departamento adelantó
gestiones y celebró contratos para la solución de las obras inconclusas, tales labores
se llevaron a cabo cuando ya había vencido el plazo de ejecución del convenio
interadministrativo de apoyo financiero, tal y como lo informó el gobernador en julio de
2013 -párrafo 63.8-, lo que significa que, efectivamente, la entidad territorial no
consiguió los recursos necesarios ni celebró los contratos requeridos ni entregó las
obras de acueducto y alcantarillado al 100% de su realización y en funcionamiento en
vigencia del referido convenio. No obstante, resulta necesario recordar que, en esta
clase de negocios jurídicos, las entidades firmantes empeñan su voluntad de
colaboración en aras de la consecución de un fin común y, por lo tanto, sus
obligaciones son de medio; en consecuencia, si bien debía dedicar todos sus
esfuerzos a lograr el objetivo propuesto, no estaba a cargo del departamento una
obligación de resultado respecto de la finalización de las obras de acueducto y
alcantarillado como tampoco en cuanto a la obtención de los recursos adicionales
requeridos para cubrir el déficit generado por las condiciones sobrevenidas durante la
ejecución. En estos términos, considera la Sala que lo sucedido no obedeció a una
omisión culposa de la entidad respecto de sus obligaciones como firmante del
convenio interadministrativo, toda vez que no desconocieron los deberes de conducta
que le asistían en el ámbito de esta clase de convenios, los cuales difieren
sustancialmente de los que recaen sobre el contratista de obra -que, en este caso, lo
fue la Administración Cooperativa Solidaria de Oriente-; pues al paso que de éste sí
se predica la obligación de entregar la obra terminada y en funcionamiento, a la
entidad contratante, que actuó en desarrollo del convenio interadministrativo, le
corresponde adelantar las gestiones que estén en su poder para facilitar este
resultado, más no está a su cargo garantizarlo, pues no adelantó las labores de
construcción. En este contexto, el departamento debía cumplir de forma adecuada y
oportuna sus competencias administrativas y las obligaciones de colaboración, las
cuales incluían convocar los procesos de contratación, celebrar el contrato de obra,
ejercer la dirección sobre el contratista y procurar, aunque no garantizar, la obtención
de recursos para financiar actividades adicionales, todas las cuales, consta en el
plenario que fueron adelantadas por el departamento del Amazonas. Por lo tanto, solo
si se hubiera demostrado que el incumplimiento de estos deberes de conducta fue la
causa directa de la no finalización de la obra —resultado que no estaba garantizado
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
por el ente territorial, sino que era el objetivo común de todas las partes y que se
pretendía alcanzar con su concurso— habría lugar a declarar su responsabilidad, lo
cual no se acreditó en este caso.
96. Por otra parte, se advierte que la inejecución parcial del proyecto dentro del plazo
estipulado, según lo probado en el plenario, obedeció además, a que se presentaron
circunstancias en torno a las condiciones técnicas de construcción de las obras que
llevaron a que el MAVDT aprobara la reformulación del proyecto, lo que se tradujo así
mismo en un incremento de su valor, el cual, de acuerdo con lo estipulado en el
acuerdo de voluntades, debía ser asumido por el departamento. Pero se probó así
mismo, que esta entidad territorial, estuvo dispuesta a honrar su compromiso y se
evidenció su permanente disposición en la búsqueda de soluciones tendientes a lograr
la culminación de las obras, razón por la cual, con suficiente anticipación a su
terminación, pidió que se prorrogara una vez más el convenio interadministrativo de
apoyo financiero, en vista de que las gestiones requeridas para la consecución de los
recursos faltantes lo hacían necesario, petición a la cual el ministerio y FONADE no
accedieron.
97. Teniendo en cuenta la actitud de las entidades demandantes y concretamente su
negativa a la prórroga del convenio interadministrativo de apoyo financiero, la Sala
considera que sus reclamaciones fundadas en la no consecución de los recursos
necesarios para su finalización y, por ende, la no entrega, por parte del departamento,
de las obras del proyecto en perfecto estado de funcionamiento, resultan atentatorias
de la buena fe objetiva con la que se debe obrar en los negocios jurídicos34, toda vez
que las decisiones sobre la modificación del proyecto a lo largo de la ejecución del
convenio fueron discutidas por las partes y variaron en múltiples ocasiones por las
diferentes alternativas que se fueron concibiendo con el tiempo, dificultando con ello
una certeza sobre el valor real y definitivo que se requería para la culminación de las
obras; pero además, una vez hubo claridad sobre los cambios que se adoptarían para
dejar funcionales los respectivos acueductos y alcantarillados de los corregimientos
de Tarapacá, La Pedrera y Puerto Arica, el departamento del Amazonas solicitó
prorrogar el plazo del convenio interadministrativo, teniendo en consideración las
distintas diligencias que debían adelantarse para poder contar con la disponibilidad de
los recursos requeridos, y en vista de que el vencimiento de tal plazo estaba cerca.
98. Las pruebas demuestran que hasta principios del año 2011, tanto el MAVDT como
FONADE seguían exigiendo del departamento el aporte de los recursos faltantes para
culminar las obras y que la entidad territorial se encontraba presta a emprender su
34
La cual rige no sólo para los contratos sino también en los convenios interadministrativos: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio
de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2016-01499-01 (61655, C.P. Martín Bermúdez Muñoz
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Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
gestión así como a tramitar las contrataciones que fueran necesarias; por ello, no
entiende la Sala que, tratándose de un acuerdo de voluntades en el que el interés de
las partes firmantes era el de obtener la construcción de unas obras funcionales que
finalmente satisficieran las necesidades de acueducto y alcantarillado en esas
localidades remotas del departamento del Amazonas, las entidades del orden nacional
hubieran decidido negar su prórroga y optaran más bien por su inmediata liquidación,
a sabiendas de que era mínimo el porcentaje de obras que aún se hallaba pendiente,
por lo que, en aras de la obtención de la finalidad perseguida, era esperable y hasta
exigible un esfuerzo adicional de su parte, sobre todo cuando no les implicaría, de
acuerdo con lo estipulado en el convenio, un aporte económico adicional.
99. Como lo ha dicho la Sala:
82.En efecto, la vulneración del principio de buena fe contractual puede observarse
a partir del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho en torno a este mandato.
Así, esta Corporación ha señalado que “el principio de la buena fe contractual es
de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su
esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar la
ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra
parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y
ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe
cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección
de la conducta propia35”.36 (La Sala resalta).
100. Es así como siendo del conocimiento de las entidades demandantes que la
construcción de la obras faltantes resultaba crucial para el funcionamiento de todo el
proyecto de acueducto y alcantarillado en los tres corregimientos destinatarios de los
mismos, que era el objeto del convenio, no resulta de recibo que, a pesar de haber
sido su propia decisión la liquidación del convenio sin la obtención de ese resultado,
pretendan atribuir la responsabilidad a la entidad territorial y obtener su condena a la
restitución de todos los recursos recibidos y el pago de la pena estipulada, cuando,
además, tales recursos fueron debidamente invertidos en las obras en cuestión.
101. Por lo tanto, a pesar de que se constató que el proyecto para la época de
presentación de la demanda no estaba funcionando, las circunstancias que dieron
lugar a esta consecuencia impiden imputarle responsabilidad patrimonial a la entidad
territorial demandada y, por lo tanto, no había lugar a acceder a la pretensión de
devolución del 100% de los recursos entregados por el ministerio para la ejecución del
referido convenio ni la tendiente a obtener la efectividad de la cláusula penal
pecuniaria, por lo que la decisión del tribunal merece ser confirmada.
35
[78] “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C.
Sentencia del 22 de junio de 2011 Rad. 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836). C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa”.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 30 de agosto de 2024, rad.: 73001-23-33-000-2018-00169-01 (70.786), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
48
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
Conclusión
102. Las disposiciones del fallo impugnado serán confirmadas, en la medida en que
no se encontró en los recursos de apelación interpuestos en su contra por las
entidades demandantes argumento alguno que condujera a desvirtuar la decisión del
a-quo de liquidar el convenio interadministrativo de apoyo financiero y negar las demás
pretensiones de la demanda, dirigida a obtener la declaratoria de incumplimiento del
departamento del Amazonas y su condena al reembolso total de los recursos
entregados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del convenio de
apoyo financiero celebrado entre esta entidad, el FONADE y dicha entidad territorial,
así como al pago de la cláusula penal estipulada en el mismo, puesto que se constató
que tales recursos fueron debidamente invertidos en las respectivas obras, las cuales
si bien al momento de presentación de la demanda no estaban funcionando en debida
forma, dicha circunstancia no le era imputable exclusivamente a la entidad territorial.
Condena en costas
103. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 1437 de 201137, en
la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General
del Proceso38 establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte
vencida en el juicio y a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación
que haya interpuesto. Por lo tanto, en el presente caso se condenará en costas a la
parte demandante, por cuanto no prosperaron los argumentos de su recurso de
apelación, teniendo en cuenta además que, bajo las reglas del Código en cita, la
condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual ese
concepto se determina con fundamento en un criterio puramente objetivo.
104. Por otro lado, se advierte que las costas serán liquidadas de manera concentrada
en la Secretaría del Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo
366 del CGP.
105. En relación con las agencias en derecho correspondientes a la segunda
instancia, el artículo 366, numeral 4, del CGP, establece que en su fijación se
deben aplicar las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en
37
Por la fecha de presentación de la demanda -26 de febrero de 2014- y del recurso de apelación
-9 de julio de 2018-, no es aplicable al caso concreto la reforma incluida en el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021.
38
“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
49
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
cuenta, además, “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales”, sin que pueda exceder el máximo de las indicadas
tarifas.
106. Atendiendo a estos parámetros, se tiene que el presente caso corresponde
a un proceso de controversias contractuales en el que la mayor de las
pretensiones se estableció en dos mil ochocientos setenta y cinco millones
doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte
($2.875’284.587), por concepto de la devolución de la totalidad de los recursos
ejecutados del aporte efectuado por la Nación al proyecto objeto del Convenio
Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006.
107. Se aprecia además que, después de interpuesta y concedida la alzada, el
proceso cursó ante esta Corporación sin que la entidad demandada hubiera
presentado alegatos de conclusión. Por lo anterior, y en aplicación de lo
dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo N° 1887 de
2003 -vigente para la fecha en que se presentó la demanda-, se estima
procedente la fijación de agencias en derecho en tres millones ciento setenta y
cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($3’175.28439), a cargo del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONADE y a favor del Departamento
del Amazonas. Lo anterior, por cuanto el artículo 6 del indicado Acuerdo N° 1887
de 200340 establece como tarifa para las agencias en derecho, causadas en
segunda instancia en asuntos de lo contencioso administrativo, “hasta el cinco
por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
39
0,1% de las pretensiones negadas.
40
“Artículo. 6—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…):
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
3.1.2. Primera instancia.
Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia”.
50
Radicación número: 250002336000201400242-01 (62155)
Actor: FONADE y otro
Demandado: Departamento del Amazonas
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la
Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
FONADE por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser
liquidadas de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera
instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FÍJENSE las agencias en derecho en tres millones ciento setenta y cinco
mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($3’175.28441) a favor del Departamento del
Amazonas, suma que corresponde al 0,1% del valor de las pretensiones y que deberá
ser pagada por partes iguales por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
FONADE.
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo
de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el siguiente
link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.as
px .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
41
0,1% de las pretensiones negadas.
51
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