RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2014-00073-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2014-00073-01

Fecha
1 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2014-00073-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. 12 Así ha procedido la Sala cuando se declara la caducidad en esta instancia. Entre otras, ver: Sentencias del 3 de febrero de 2023, exp. 58.248, M.P. José Roberto Sáchica Méndez y del 20 de noviembre de 2023, exp. 63.192, M.P. María Adriana Marín. 13 La estimación razonada de la cuantía de la demanda fue por $579.952.507,46 (fl. 121, c. ppal, 1ª instancia). 13 Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442) Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Demandado: Municipio de Chimichagua Referencia: Contractual-revoca SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR de oficio la caducidad del medio de control, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: En consecuencia, NEGAR todas las pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la parte demandante, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a favor del municipio de Chimichagua. En primera instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos ($2.899.763). En esta instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos ($2.899.763). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-000-2014-00073-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Controversias contractuales

Temas: Naturaleza de los convenios interadministrativos de apoyo financiero.
Régimen jurídico. Necesidad de pacto para la procedencia del trámite liquidatorio.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes en
contra de la sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del César, mediante la cual se resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE (sic) el incumplimiento por parte del municipio de
Chimichagua-Cesar, a las obligaciones adquiridas en virtud del convenio de
apoyo financiero n.° 78 de 2007, suscrito con el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

SEGUNDO: CONDÉNESE (sic) al municipio de Chimichagua, a que devuelva
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el valor de los recursos no
ejecutados del aporte efectuado por la Nación al proyecto, esto es la suma de
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($154.724.072,66) M/CTE, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Así mismo, el municipio deberá pagar al Ministerio, por concepto de cláusula
penal por incumplimiento del convenio referido previamente, la suma de
CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS
M/CTE ($170.955.498,2).

Estas sumas deberán ser canceladas debidamente indexadas, de conformidad
con la siguiente fórmula:

R=R.H. Índice final
Índice inicial (…)

TERCERO: DECLÁRESE (sic) liquidado judicialmente el convenio de apoyo
financiero n.° 78 de 2007, celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

municipio de Chimichagua, en los términos y condiciones de las declaraciones
que anteceden.

CUARTO: CONDÉNESE (sic) en costas y agencias en derecho al municipio de
Chimichagua. En firme la presente providencia, por la secretaría de la
Corporación, realícese la liquidación correspondiente en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.

A. SÍNTESIS DEL CASO

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pide que se declare el incumplimiento
del municipio de Chimichagua y, como consecuencia, la devolución total de los
dineros que aportó para la optimización del sistema de acueducto del corregimiento
de Candelaria y el reconocimiento de los perjuicios causados.

B. ANTECEDENTES

I. Demanda

1. El 3 de marzo de 2014 (fl. 122, c. 1, 1ª instancia), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio demandó al municipio de Chimichagua, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (fls. 114 a 115, c. 1, 1ª instancia):

PRIMERA: Que se declare la responsabilidad del municipio de CHIMICHAGUA
(CESAR), por el incumplimiento del convenio n.° 78 de 2007 celebrado entre
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio) y el municipio de Chimichagua (Cesar), cuyo
objeto era aunar esfuerzos entre el MINISTERIO y el MUNICIPIO para “apoyar
financieramente al municipio con recursos de la Nación para la ejecución del
proyecto de optimización del sistema de acueducto del corregimiento de
Candelaria a ejecutarse en el municipio de Chimichagua, departamento de
Cesar”.

SEGUNDA: Que como consecuencia de dicha declaración el MUNICIPIO
deberá devolver al Ministerio, el valor total de los recursos ejecutados del aporte
efectuado por la Nación al proyecto, esto es la suma de (…) ($579.952.507,46)
M/CTE, suma esta que deberá ser indexada y/o actualizada a valor presente.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de la primera pretensión
principal, el MUNICIPIO deberá pagar al Ministerio, por concepto de cláusula
penal por incumplimiento del convenio, la suma [de] ($170.955.498,2). (…).

CUARTA: Que se liquide el convenio de apoyo financiero n.° 78 de 2007,
celebrado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -hoy
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Chimichagua
(Cesar), en los términos y condiciones de las declaraciones que anteceden.

2. En los hechos (fls. 115 a 120, c. 1, 1ª instancia), se consignó que el 26 de junio de
2007 se firmó el convenio n.° 78 para que la parte actora apoyara financieramente

2

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

al municipio demandado, con el fin de financiar el proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA”.

2.1. El valor total del proyecto fue de $854.777.491, los cuales eran aportados por
el Ministerio demandante.

2.2. El convenio se prorrogó hasta el 30 de junio de 2011.

2.3. La ejecución total del proyecto fue de $579.952.507,46, por lo que quedó un
saldo por ejecutar de $274.824.983,54.

2.4. A pesar de que el municipio fue citado para liquidar el convenio, no compareció
a dicho trámite.

2.5. Según el informe de la interventoría del convenio del 21 de agosto de 2013,
que fue contratada por el Ministerio demandante con Fonade, se determinó que el
avance físico del proyecto fue del 53.37%, al tiempo que el avance financiero
alcanzó el 71.42%. Igualmente, se consignó que este resultado se debió al
incumplimiento del municipio demandado en la tramitación del permiso con
Electricaribe para la construcción de un pozo, la conexión y demás actividades del
componente eléctrico, cuyo cumplimiento fue requerido de manera sistemática por
la actora durante la ejecución contractual.

II. Trámite de primera instancia

3. El 17 de julio de 2014, el a quo rechazó la demanda por caducidad del medio de
control, por cuanto al tratarse de un convenio de ejecución sucesiva, no de
ejecución instantánea, como se indicó en el clausulado de dicho acuerdo, lo
entendió sometido al trámite de liquidación bilateral, para lo cual se tenía hasta el
30 de octubre de 2011 y, desde el día siguiente, dos años más para presentar la
demanda, es decir, hasta el 31 de octubre de 2013; sin embargo, la demanda se
radicó el 3 de marzo de 2014, por lo que fue extemporánea. Precisó que el trámite
de conciliación, presentado el 9 de diciembre de 2013, no suspendió el término de
caducidad y esta ya estaba verificada cuando fue radicado (fls. 131 a 138, c. 2, 1ª
instancia).

3

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

4. El 29 de abril de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación (fls. 157 a 162, c. 2, 1ª instancia), al resolver el recurso de apelación, revocó
el auto referido, por considerar que el convenio era de ejecución sucesiva, por estar
destinado a la financiación de una obra pública y, en los términos de ley, sometido
al trámite liquidatorio. Por lo tanto, inaplicó la estipulación del convenio que lo
sustraía del trámite de liquidación, al contrariar el ordenamiento jurídico.

4.1. En consecuencia, computó el término de caducidad desde la finalización del
plazo máximo para liquidar el convenio, bilateral y unilateralmente, contados seis
meses después de la terminación del convenio, esto es, hasta el 31 de diciembre
de 2011. Teniendo en cuenta esta última fecha, consideró que el término máximo
para presentar la demanda fue el 31 de diciembre de 2013.

4.2. Precisó que en atención a la suspensión del término de caducidad, entre el 9
de diciembre de 2013 y el 27 de febrero de 2014, como consecuencia del trámite
conciliatorio, la oportunidad para presentar la demanda se extendió hasta 21 de
marzo de 2014, por lo que su radicación el 3 de marzo del mismo año, lo fue en
tiempo.

5. El 24 de septiembre de 2015, el a quo admitió la demanda y ordenó notificar
personalmente a la demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (fls. 167 a 169, c. 2, 1ª instancia).

6. El municipio de Chimichagua (fls. 187 a 190, c. 2, 1ª instancia) sostuvo que se debía
hacer “un balance y un estudio técnico de la ejecución de la obra y los recursos
invertidos en la misma” (fl. 187, c. 2, 1ª instancia).

7. El 24 de mayo de 2016 (fls. 226 a 233, c. 2, 1ª instancia) se llevó a cabo la audiencia
inicial, en la que asistieron todas las partes y el Ministerio Público. El a quo descartó
la necesidad de medidas de saneamiento, al observar que no existían
irregularidades. Se desestimó la excepción de caducidad del medio de control, con
base en lo ya expuesto.

7.1. El litigio se fijó en determinar el incumplimiento del municipio de Chimichagua,
en el marco del convenio de apoyo financiero suscrito con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

4

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

7.2. Se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y se fijó fecha para su
realización el 6 de julio de 2016.

7.3. Las anteriores decisiones fueron notificadas a las partes y al Ministerio Público,
pero guardaron silencio.
8. El 6 de julio de 2016 se llevó a cabo la audiencia de pruebas. Se prescindió de
la audiencia de alegaciones y se ordenó a las partes presentar sus alegatos por
escrito dentro de los 10 días siguientes (fls. 455 a 459, c. 2, 1ª instancia).

9. En las alegaciones finales, las partes reiteraron los argumentos de sus
intervenciones (fls. 463 a 466, c. 2, 1ª instancia).

III. La sentencia de primera instancia

10. El 22 de septiembre de 2016, el Tribunal a quo dictó sentencia (fls. 470 a 498, c.
3, 2ª instancia), en la que declaró el incumplimiento del municipio de Chimichagua y

ordenó el pago del saldo insoluto y de la cláusula penal pecuniaria.

10.1. El a quo, con base en las pruebas aportadas, concluyó que el Ministerio
demandante cumplió con lo pactado, en tanto giró los recursos del proyecto y
contrató la gerencia e interventoría del mismo; sin embargo, el municipio
demandado no realizó los trámites requeridos ante Electricaribe, con el fin de
conseguir los permisos para implementar el componente eléctrico del proyecto.

10.2. Frente a la devolución de los dineros, precisó que como los mismos se
ejecutaron en un porcentaje, se ordenaría la devolución del saldo restante, pero no
en su totalidad, como se pidió en la demanda.

IV. Recurso de apelación

11. La parte actora (fls. 507 y 508, c. 3, 2ª instancia) solicitó la devolución de la totalidad
de los dineros entregados al municipio, puesto que la obra no se terminó en un
100% y, por lo tanto, no es funcional. En esa medida, estimó que se deben
reintegrar la totalidad de los recursos, pues de lo contrario se perderían.

5

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

12. La parte demandada (fls. 511 a 513, c. 3, 2ª instancia) sostuvo que no incumplió el
convenio, en la medida que adelantó todas las gestiones necesarias para
ejecutarlo.

12.1. Aseguró que fue Fonade el incumplido, toda vez que “tuvo la oportunidad legal
y técnica para determinar si dicho convenio podría ser ejecutado en el tiempo y el
espacio, de lo cual se infiere que el incumplimiento no fue parte de la entidad
territorial sino de FONADE, toda vez que eran ellos la entidad encargada de realizar
la respectiva interventoría”.

12.2. Sostuvo que las gestiones fueron realizadas y se informaron las dificultades
para obtener los permisos a la interventoría y al Ministerio, por lo que estimó que la
responsabilidad era solidaria entre los diferentes actores del convenio.

13. Después declarar fallida la audiencia de conciliación (fl. 522 a 524, c. 3, 2ª instancia),
el a quo concedió los referidos recursos de apelación (fl. 525, c. 3, 2ª instancia).

V. Trámite en segunda instancia

14. Una vez admitidos los recursos (fls. 532 y 533, c. 3, 2ª instancia), se corrió traslado
para alegar de conclusión (fl. 535, c. 3, 2ª instancia), oportunidad en el que las partes
reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 538 a 542, c. 3, 2ª instancia).

C. CONSIDERACIONES

VI. Jurisdicción y competencia

15. Atendiendo a la naturaleza pública de las partes del convenio en estudio,
corresponde a esta jurisdicción decidir frente a la controversia planteada, en los
términos del artículo 104 del CPACA.

16. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia, en atención a su cuantía1, en los términos de los artículos 150
y 152.4 del CPACA.

1
La estimación razonada de la cuantía de la demanda fue por $579.952.507,46 (fl. 121, c. ppal, 1ª
instancia).
6

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

VII. La legitimación en la causa

17. Las partes se encuentran legitimadas, en tanto son parte de la relación
contractual que genera las controversias demandadas.

VIII. Ejercicio oportuno del medio de control

18. Aunque sobre el particular ya se pronunció la Corporación, al resolver sobre la
apelación en contra del auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de
control, en tratándose de presupuestos procesales, se ha admitido la posibilidad de
volver sobre su estudio.

19. Este ejercicio oficioso, encuentra su fundamento en la facultad que le permite
al juez decidir “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada” (inciso 2º del artículo 187 del CPACA), la cual también puede
ejercerse en la segunda instancia2.

20. El medio de control no fue presentado oportunamente. Para el efecto, conviene
hacer las siguientes precisiones:

21. La naturaleza jurídica del convenio en estudio

21.1. El convenio n.° 78 del 26 de junio de 2007 tuvo por objeto que el ministerio
demandante apoyara al municipio demandado, para financiar el proyecto
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
CANDELARIA” (cláusula primera).

21.2. En este marco, el ministerio se comprometió a entregar todos los recursos del
apoyo financiero; contratar, a nombre del municipio, un encargo fiduciario para la
administración de dichos dineros, así como a contratar la interventoría, y supervisar
la ejecución del convenio (cláusula segunda, fl. 5, c. 1, 1ª instancia).

2
En sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Bethancourt, la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el ámbito de competencia del ad
quem frente a los presupuestos procesales. Si bien este pronunciamiento se hizo en vigencia de las
normas del CCA y el CPC, tiene su fundamento en disposiciones similares a la que en el CPACA
autoriza al juez a decidir sobre todas las excepciones, tanto las propuestas, como las que encuentre
probadas.
7

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

21.3. Por su parte, el municipio se obligó a incorporar dentro de su presupuesto los
recursos entregados; destinarlos al proyecto referido; aceptar la administración a
través de un encargo fiduciario y la selección del contratista respectivo, por
intermedio del ministerio; abstenerse de adelantar cualquier proceso de
contratación, sin la autorización de la gerencia del proyecto; en caso de encontrarse
algún proceso en curso para las obras del proyecto, hacer la adición presupuestal
correspondiente, y acatar la supervisión e interventoría establecidas por el
ministerio (cláusula tercera, fl. 6, c. 1, 1ª instancia).

21.4. De la anterior descripción se tiene que el convenio fue de asociación entre
entidades públicas, en tanto carece de un fin retributivo y/o patrimonial, sino que se
celebró para cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas que les
competían. Por consiguiente, se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 95 de
la Ley 489 de 1998.

22. El régimen jurídico de los convenios interadministrativos del artículo 95
de la Ley 489 de 1998

22.1. Aunque la Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de
2007, tan solo refiere a la denominación de contrato interadministrativo, el artículo
2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015, al regular la forma de
selección de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y los
equipara.

22.2. Sin embargo, la jurisprudencia los ha distinguido. Efectivamente, los
convenios interadministrativos se han en entendido como3:

[A]quellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de
derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de
objetivos comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido patrimonial,
en términos generales y en ellos no se persigue un interés puramente
económico. Con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos de
carácter general, ya sean estos sociales, culturales o de colaboración
estratégica.

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de 2012, exp.
22.828, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
8

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

22.3. Por su parte, el contrato administrativo es4:

[A]quel negocio jurídico celebrado entre dos entidades públicas, mediante el
cual una de las dos partes se obliga para con la otra a una prestación (suministro
de un bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por la que, una
vez cumplida, obtendrá una remuneración o precio.

22.4. Esta diferencia, ha llevado a considerar que no es posible la aplicación
automática de la Ley 80 de 1993 para los convenios interadministrativos. En esta
dirección, se ha explicado5:

[E]s preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los
principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado
(transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios
de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad,
economía, celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los
mismos, dentro del contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el
plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa
ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada
la naturaleza jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenidas
en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no
resultan de aplicación automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto
lo que esencialmente regula son relaciones contractuales de contenido
patrimonial y oneroso. En tal sentido, en cada caso concreto deberá analizarse,
de conformidad con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se pretende
cumplir o desarrollar con el respectivo convenio, si la disposición
correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable o no (subrayado fuera del
texto original).

22.5. En esa dirección, esta Subsección ha destacado que por la naturaleza
asociativa de los convenios interadministrativos regulados por el artículo 95 de la
Ley 489 de 1998, estos deben “autorregularse por sus propias estipulaciones,
producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes,
sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas
incompatibles con dicha finalidad”6.

4
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, exp. 2.257,
M.P. Álvaro Namén Vargas.
5
Ibíd. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
14 de junio de 2019, exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01 (AP), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, exp. 66.594,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
9

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

23. De la necesidad de pacto expreso para que proceda el trámite liquidatorio
de los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 19987

23.1. Quedó visto que en atención a la naturaleza asociativa de los convenios del
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, son las partes las que definen las reglas a las
que quedan sometidas, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de
regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad.

23.2. El inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que no fue derogado
por la Ley 1150 de 20078, impone la liquidación en los contratos que, entre otros,
se extiendan en el tiempo.

23.3. Para el caso particular de los convenios que aquí se estudian, se ha entendido
que la liquidación “resulta válida, siempre que sea acordada por las partes -de
manera clara e inequívoca-, y no sea el resultado del ejercicio de una posición
dominante”. Lo anterior, como quiera que en “este tipo de acuerdos, al igual que en
los regidos por el derecho privado, las partes gozan de una posición horizontal o
igualitaria, relacionándose en un paralelismo de intereses bajo un ámbito de
equivalencia”9.

23.4. Así, se ha entendido procedente recurrir incluso a la liquidación unilateral,
siempre que exista un acuerdo expreso, esto es, la anuencia previa de los
contratantes o el respectivo consentimiento pleno10:

No se discute que en los convenios interadministrativos resulta válido que una
de las partes adopte la decisión unilateral de liquidarlo, siempre y cuando ello
esté expresamente pactado -pues de ahí se desprende la anuencia previa o el
respectivo consentimiento pleno-, cuya precisión en la redacción permita
entender, sin equívocos, que una de las partes autorizó a la otra la facultad de
liquidarlo de manera unilateral mediante un procedimiento convencionalmente
pactado.

7
Para el desarrollo del presente acápite se ha tomado las consideraciones de la Subsección, en la
sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 60.434, M.P. María Adriana Marín.
8
Ver el artículo 32 de la referida ley.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
60.434, M.P. María Adriana Marín.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, exp. 66.594,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
10

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

23.5. En la misma dirección, la Subsección C ha considerado válidos los acuerdos
que estipulan la liquidación unilateral, en el entendido de que no comportan el
ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común11:

Ahora teniendo en cuenta que la liquidación de los contratos se encuentra
regulada por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, se entiende que la
liquidación unilateral del contrato si bien es una facultad legal, no es de aquellas
que implican el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho
común, ya que la Ley 80 no la enlista como tal en sus artículos 14 y siguientes
que se refieren al ejercicio de dichas potestades.

Bajo ese entendido de que la liquidación unilateral no es de aquellas que la Ley
enlista como potestades o facultades excepcionales al derecho común, nada
impide que las partes en un convenio interadministrativo convengan su ejercicio,
pues en esa tipología de contratos la ley sólo prohíbe el ejercicio de las
denominadas potestades excepcionales, naturaleza que no comparte la
liquidación unilateral.

Con otras palabras, resulta totalmente válido que en un convenio
interadministrativo las partes convengan que ante la falta de acuerdo para
liquidar el contrato, una de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente,
pues su pacto no comporta el ejercicio de una facultad o potestad excepcional
al derecho común.

Luego, si lo que ocurre es que en un convenio interadministrativo las partes
convienen que ante la falta de acuerdo la entidad lo liquide unilateralmente, esa
estipulación es válida, así como también los diferentes actos que se expidan
para hacerlo

23.6. Por lo tanto, aunque los anteriores pronunciamientos refieren a la posibilidad
de liquidación unilateral, lo cierto es que ponen de relieve que son las partes las
que definen las reglas a las cuales están sometidos los convenios de que trata el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación
de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”. Esto significa que no se
puede imponer el trámite liquidatorio, no sólo el unilateral, sino también el bilateral,
si las partes no lo han pactado expresamente.

24. Del cómputo de la caducidad en el caso concreto

24.1. En atención a lo expuesto, en el presente asunto se tiene que las partes en la
cláusula décima tercera manifestaron que por “tratarse de un convenio de ejecución
instantánea no requiere liquidación” (fl. 7, c. 1, 1ª instancia). Aunque la prolongación
del tiempo es evidente, como se verá más adelante, y la correlativa subsistencia de
obligaciones de las partes, tales como la vigilancia y supervisión, para el Ministerio,
y la ejecución del proyecto, para el Municipio, lo cierto es que esto no desdice la

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp.
55.836, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
11

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

voluntad de las partes de no someter el convenio al trámite liquidatorio, acuerdo
que el juez no está llamado a desconocer o reemplazar, sino a respetarlo, en
atención a la libertad configurativa que se impone en estos acuerdos, tal como
quedó explicado.

24.2. En esos términos, teniendo en cuenta las prórrogas sucesivas del convenio
en estudio, cuatro en total (fls. 9 a 13, c. 1, 1ª instancia), llevaron su plazo máximo de
ejecución hasta el 30 de junio de 2011 (fl. 13, c. 1, 1ª instancia), desde el día siguiente
comenzó a correr el término de caducidad del presente medio de control, es decir,
el 1 de julio de 2011, en atención a que el convenio no quedó sometido al trámite
liquidatorio, como se expuso.

24.3. En esa medida, el bienio que se tenía para demandar vencía el 1 de julio de
2013, por lo que la demanda presentada el 3 de marzo de 2014 (fl. 122, c. 1, 1ª
instancia), lo fue de forma extemporánea. Además, vale precisar que la conciliación

prejudicial tan sólo se presentó el 9 de diciembre de 2013 (fl. 113, c. 1, 1ª instancia),
por lo que tampoco tuvo el efecto suspensivo de que trata el artículo 21 de la Ley
640 de 2001.

24.4. No está probado que las partes, durante la ejecución, acordaron la liquidación
o una modificación en tal sentido del convenio. Aunque la parte actora citó a su
contraparte para el efecto (fls. 107 a 109, c. 1, 1ª instancia), nunca se obtuvo respuesta
de esta última (fl. 119, c. 1, 1ª instancia, hechos de la demanda) , lo cual descarta de plano
un acuerdo sobre el particular, ni su comportamiento puede interpretarse en tal
sentido. Incluso, en gracia de discusión, ni siquiera si se agregara el plazo para
liquidar bilateralmente, que cuando no existe término pactado, corresponde al de
cuatro meses, la demanda estaría en tiempo. Es preciso reiterar que el acuerdo
sobre la liquidación unilateral también se echa de menos en esta oportunidad.

24.5. Por lo expuesto, se revocará la decisión del a quo, para en su lugar declarar
de oficio, la caducidad del medio del control.

IX. Condena en costas

25. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365.4 del CGP, se
condenará en costas a la parte actora en ambas instancias, debido a la revocatoria

12

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

de la sentencia de primera instancia12. La liquidación de las costas la hará de
manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.

26. En relación con las agencias en derecho correspondientes, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366.4 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiera.

27. En el presente caso, en ambas instancias, se encuentra acreditada que la
gestión de la parte demandada fue continúa, consistente y coherente, pues alegó
de conclusión e interpuso recurso de apelación contra el fallo de primer grado y,
además, intervino en la segunda instancia, por lo que atendió el proceso de manera
diligente y oportuna a través de su apoderado judicial.

28. Ahora bien, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció́ que
para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho,
debían fijarse, en primera instancia, hasta el 20% del valor de las pretensiones
negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en segunda instancia, hasta
el 5% sobre el mismo concepto.

29. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, tanto en primera como
en segunda instancia, la suma de $2.899.763, para un total de $5.799.526,
correspondientes al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la demanda 13,
monto que deberá pagar la parte actora a favor del municipio de Chimichagua.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar.

12
Así ha procedido la Sala cuando se declara la caducidad en esta instancia. Entre otras, ver:
Sentencias del 3 de febrero de 2023, exp. 58.248, M.P. José Roberto Sáchica Méndez y del 20 de
noviembre de 2023, exp. 63.192, M.P. María Adriana Marín.
13
La estimación razonada de la cuantía de la demanda fue por $579.952.507,46 (fl. 121, c. ppal, 1ª
instancia).
13

Radicación número: 20001233300020140007301 (58.442)
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Demandado: Municipio de Chimichagua
Referencia: Contractual-revoca

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR de oficio la caducidad del medio de control,
en los términos de la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: En consecuencia, NEGAR todas las pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la parte demandante,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a favor del municipio de Chimichagua.

En primera instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos millones
ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos ($2.899.763).

En esta instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos millones
ochocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos ($2.899.763).

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.