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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-00554-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-00554-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de septiembre de 2014, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 43 Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01 Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ TERCERO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-000-2011-00554-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de junio de 2023

|CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA APELADA. SE CONFIGURA LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. PROPIETARIOS DE
VEHÍCULOS CON CONTRATO DE VINCULACIÓN NO ESTÁN
LEGITIMADOS PARA DEMANDAR ACTOS QUE REESTRUCTURAN RUTAS
Y MODIFICAN PERMISOS DE OPERACIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

parte actora contra la sentencia de 19 de septiembre de 2014,

proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1,

mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por activa y se denegaron las pretensiones

de la demanda.

1
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana MARGARITA MEJÍA PÉREZ, actuando a través

de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo2, presentó demanda tendiente a obtener la

declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 326-10, “por

medio de la cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de

transporte público colectivo de la ruta Soledad 2000 - Calle 72 -

Zoológico autorizado a TRANSPORTES LOLAYA LTDA”; 327-10, “por

medio de la cual se ordena la reestructuración oficiosa del servicio de

transporte público colectivo de la ruta Valle Silencio autorizado a

TRANSPORTES LOLAYA LTDA.”; 328-10, “por medio de la cual se

revoca el permiso de operación de transporte público colectivo de la

ruta Prado Porvenir autorizado a TRANSPORTES LOLAYA LTDA.”;

329-10 de 12 de julio de 2010, “ por medio de la cual se revoca

el permiso de operación de transporte público colectivo de la ruta

Murillo - Soledad 2000 - Gran Abastos autorizado a TRANSPORTES

LOLAYA LTDA.”; y 463-10 de 4 de octubre de 2010, “por medio

de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa contra las

2
En adelante CCA.

3

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Resoluciones metropolitanas núms. 326-10 y 327-10”, expedidas por

el Director del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó:

“[…]

2. Al declarar la nulidad de las resoluciones 326,10 del 12
de julio del 2010; la 327,10 del 12 de julio del 2010;
328,10 del 12 de julio del 2010; la 329,10 del 12 de julio
del 2010; y la 463,10 del 4 de octubre del 2010, ordene
restablecer el derecho devolviéndole la vigencia a las
resoluciones que fueron REESTRUCTURADAS,
REVOCADAS Y MODIFICADAS señaladas a continuación:

• Resolución número 0177 de fecha 24 de FEBRERO DEL
2003 EMANADA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANQUILLA que
autorizó el servicio de la Ruta soledad 2000, calle 72,
zoológico.

• Resolución número 0252 de fecha 6 de MAYO DEL 2002
EMANADA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE BARRANQUILLA que autorizó el servicio
de la ruta SOLEDAD 2.000 GRAN ABASTOS, CARRERA 44.

• Resolución número 0018 de fecha 2 DE ENERO DEL AÑO
2007 EMANADA DE METROTRÁNSITO que autorizó el
servicio de la ruta Mercado Valle Silencio.

• Resolución número 3107 de fecha 18 DE DICIEMBRE DEL
2003 EMANADA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANQUILLA que
autorizó el servicio de la ruta Prado Porvenir.

• Resolución número 002 del 9 de Enero DEL AÑO 2003
EMANADA DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO DE
SOLEDAD.

Para que vuelvan a ser vigentes tales resoluciones para la
empresa TRANSPORTES LOLAYA LIMITADA y para la
demandante señor VIDAL RAMIREZ BERNAL (Sic), A
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, como lo

4

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

venían prestando antes de las resoluciones REVOCADAS,
REESTRUCTURADAS Y MODIFICADAS por el Área
Metropolitana de Barranquilla.

3. Al restablecer el derecho les solicito que ordenen al ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA el pago de:

Los perjuicios materiales causados; en moneda legal
colombiana.

Daño Emergente (Envilecimiento 63.000.000
Patrimonial)
Lucro Cesante (Ingresos dejados de 40.950.000
percibir)
Perjuicios Morales (equivalentes a 1000 535.000.000
S.M.L.M.V.)
TOTAL 638.950.000

Todo aquello con los incrementos legales.

4. La liquidación de las anteriores condenas adaptadas a lo
establecido en los artículos 176, 177; 179 del Código
Contencioso Administrativo en concordancia con los artículos
334 y 339 del Código de Procedimiento Civil para la ejecución
y cumplimiento del pago de la condena.3[…]” (Negrillas del
original)

I.2- La actora expuso, en síntesis, los siguientes hechos:

Señaló que es propietaria de dos vehículos de transporte público

colectivo, vinculados a la empresa de TRANSPORTE LOLAYA LTDA.

con contratos de vinculación núms. 110-445 y 223-407.

3
Cfr. folios 2 y 3 del cuaderno del Tribunal.

5

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Indicó que la mencionada empresa prestaba el servicio público de

transporte en las rutas Soledad – Calle 72 – Zoológico, Valle Silencio,

Prado – Porvenir y Murillo – Soledad 2000 – Granabastos.

Manifestó que el AMB, a través de las resoluciones acusadas, revocó

el permiso de operación y reestructuró de manera oficiosa el servicio

de transporte público colectivo de las mencionadas rutas autorizadas

a la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., modificando

intervalos de servicio operacionales y su capacidad transportadora.

Mencionó que tal cambio implicó menos frecuencia en las rutas y, por

ende, menos utilización de los automotores de la empresa y

disminución de los ingresos por vehículo.

I.3.- La demandante citó como violados los artículos 1°, 2°, 4°, 29,

58, 209, 333, 334 y 365 de la Constitución Política; 140, numeral 2,

del Código de Procedimiento Civil, 1° 3°, 14, 15, 28, 35, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 73, 84 y 135 del CCA; 1° de la Ley 57 de 1985;

5°, 13, 18, 26, de la Ley 128 de 23 de febrero de 19944; 81 de la

Ley 136 de 2 de junio de 19945; 897 del Código de Comercio; 9°, 11

4
“Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas”.
5
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

6

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y 119 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19986; 40 y 41 de la Ley

734 de 2002; 7°, 8°, 28, 32 y 34 del Decreto 170 del 2001; y 25,

numeral 10, del Acuerdo Metropolitano núm. 008-01 de 20017.

Para sustentar el concepto de violación, se refirió a los siguientes

cargos de nulidad8: (i) violación del debido proceso y del derecho a

la defensa; (ii) falta de competencia por inexistencia del cargo; (iii)

violación de las causales de delegación; (iv) falta de publicación de

los actos de contenido general y (v) vulneración del principio non bis

in idem.

Primer cargo: violación del debido proceso y del derecho a la

defensa

Adujo la actora que las resoluciones acusadas no le fueron

comunicadas ni informadas por parte del AMB.

6
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
7
“Por el cual se expiden los Estatutos del Área Metropolitana de Barranquilla”.
8
Correspondientes al acápite de la demanda denominado “FUNDAMENTACIÓN EN DERECHO PARA
DEMOSTRAR LOS VICIOS DE NULIDAD”, folios 19 a 29.

7

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Manifestó que, a su juicio, el AMB actuó de mala fe pues teniendo a

su alcance toda la información de los propietarios de los vehículos

automotores, lo que incluye el domicilio y la dirección de residencia

para recibir citaciones y notificaciones, no se allanó a comunicarles

las decisiones cuestionadas, vulnerando los artículos del CCA que

establecen el procedimiento para dar a conocer las actuaciones de la

Administración.

Aseguró que el AMB le informó que los actos demandados se

publicaron en la página web de la entidad y por edicto; sin embargo,

reprochó que ello no sucedió dentro de los diez (10) días siguientes

a su expedición, sino un año después, lo que desconoció el artículo

81 de la Ley 136, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 4ª de

1913.

Estimó que la falta de comunicación de los actos le impidió interponer

los recursos procedentes y, por tanto, se trata de decisiones que son

ineficaces, ya que no surtieron efectos legales, en los términos de los

artículos 48 del CCA y 897 del Código de Comercio.

8

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Segundo cargo: falta de competencia por inexistencia del

cargo

En este cargo, la actora se refirió a las causales de nulidad de los

procesos judiciales, específicamente la contenida en el artículo 140,

numeral 2, del CPC, dado que, en su criterio, el director del AMB y

el alcalde de Barranquilla actuaron sin competencia al expedir los

actos administrativos demandados.

Al respecto, alegó que el artículo 18 de la Ley 128 establece para las

áreas metropolitanas el cargo de gerente, mientras que las

resoluciones demandadas fueron suscritas por el “director”, lo que

significa que no fueron firmadas por el representante legal del AMB

y, por tanto, son inexistentes.

Resaltó que las disposiciones del Decreto 785 de 2005 no pueden ser

aplicadas en el presente asunto, para determinar la creación de la

figura del “Director” de las áreas metropolitanas, dado que esa

norma está prevista para las entidades territoriales, aunado a que no

puede contradecir lo dispuesto en la Ley 128 que es una norma de

rango superior, como lo establece el artículo 5° de la Ley 57 de 1887.

9

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Tercer cargo: falta de competencia por violación de las

causales de delegación

Expresó que la facultad para expedir actos administrativos de

carácter general, impersonal y abstracto es indelegable, según lo

establece el artículo 11 de la Ley 489 y, en consecuencia, la

expedición de la Resolución 051 del 23 de febrero del 2010 no se

podía delegar, pues la Junta Metropolitana ya le había asignado al

alcalde la facultad de organizar y reglamentar el transporte público

en general, en el Acuerdo 008-01 del año 2001.

Que, por tal razón, el Acuerdo Metropolitano núm. 007 de 2002 no

podía derogar lo dispuesto en el citado Acuerdo 008-01 de 2001 y

delegar por parte del Alcalde en la Autoridad Única de Transporte

Público Metropolitano, funciones de transporte público.

Cuarto cargo: falta de publicación de los actos de contenido

general

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Aseguró que los Acuerdos Metropolitanos 008-01, 013-01 de 2001,

007-01 de 2002 y 004-03 de 2003, que le dieron origen a la Junta

Metropolitana y al Sistema de Transporte Masivo, no fueron

publicados y, por lo tanto, son ineficaces, por lo cual deben ser

declarados nulos.

Quinto cargo: vulneración del principio non bis in idem

En este cargo expresó:

“[…] El ÁREA METROPOLITANA (…) no solo violó el debido
proceso y el derecho de defensa, porque juzgó por
reestructuración de ruta y al mismo tiempo por revocación de
ruta y de permiso de operación; las rutas PRADO PORVENIR,
mediante la Resolución 328.10 y la ruta MURILLO SOLEDAD
2000 CARRERA 44, mediante la Resolución 329.10 de 12 de
julio de 2010, como lo estoy demostrando con la notificación
del edicto (…) aunque había notificado por edicto de fecha de
23 de junio de 2010, sin embargo volvió a notificar la misma
resolución por edicto pero esta vez con fecha de fijación de 23
de julio de 2010 (…). Lo mismo ocurrió con la Resolución
329.10 […]”

I. ACTUACION PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante proveído de 22 de junio de 2011, el Tribunal inadmitió la

demanda con el fin de que el actor precisara los actos acusados, el

11

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

concepto de violación y aportara copia de aquellos con constancia de

notificación9.

Con escrito de 7 de julio de 201110, el actor subsanó la demanda, la

cual fue admitida en el auto de 16 de agosto de 201111.

II.1.- Contentación

II.1.1. El AMB12 aseguró que la actora no se encuentra legitimada

en la causa por activa, por cuanto las resoluciones acusadas

resolvieron una situación jurídica particular derivada de la relación

existente entre la autoridad de transporte y la empresa

TRANSPORTES LOLAYA LTDA. como beneficiaria del otorgamiento

del permiso de operación de transporte público colectivo de

pasajeros, de manera tal que la única legitimada para actuar en el

proceso es dicha sociedad.

Se refirió a la competencia del AMB y de su director para expedir las

resoluciones cuestionadas, para luego manifestar que la entidad está

9
Cfr. Folio 255.
10
Cfr. Folio 258.
11
Cfr. Folio 379.
12
Cfr. Folios 466 a 495.

12

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

formalmente constituida como una autoridad de transporte colectivo

y masivo para la jurisdicción de los municipios de Soledad, Galapa,

Puerto Colombia, Malambo y el Distrito Especial, Industrial y

Portuario de Barranquilla, cuyas alcaldías, a través de los Acuerdos

Metropolitanos núms. 013-01 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003,

definieron como hecho cierto el transporte público en el Área

Metropolitana y delegaron las funciones de autoridad de transporte,

así como las de planificación, coordinación, gestión, vigilancia y

control, correspondientes al manejo integral del transporte público

del Área Metropolitana.

Precisó que la expedición de las resoluciones enjuiciadas respondió a

las recomendaciones del CONPES 3539 de 2008, consistentes en

ejecutar los procedimientos de reposición y desintegración del

parque automotor en los municipios participantes del proyecto de

transporte masivo, así como la pérdida de vigencia de los permisos

de operación de transporte colectivo, la reducción de la capacidad

transportadora y la restricción de la circulación del transporte masivo

urbano e intermunicipal por las troncales del sistema masivo.

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Enfatizó que no es cierto que las resoluciones metropolitanas hayan

sido expedidas por autoridad incompetente, bajo falsa motivación y

con violación de las normas en que debía fundarse, pues, por el

contrario, la actividad administrativa del AMB se ajustó a la

normativa vigente en materia de transporte público colectivo, con

miras a implementar el nuevo Sistema Integrado de Transporte

Masivo, lo cual es una prioridad legal y constitucional que efectiviza

los servicios públicos a cargo del Estado y mejora la calidad de vida

de sus asociados.

Indicó que no es cierto que la nomenclatura del cargo de Director del

Área Metropolitana sea atípica o inexistente, toda vez que los

artículos 3º, 4º y 8° del Decreto 1569 de 199813 determinaron que

los empleos públicos se clasifican en niveles jerárquicos, según la

naturaleza de sus funciones, dentro de los cuales se encuentra el

nivel directivo, así como el cargo de “Director de Área Metropolitana”

con el Código 060.

Advirtió que las Áreas Metropolitanas se rigen por la Ley 128; sin

embargo, en materia del régimen de personal se sujetan a lo reglado

13
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades
territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras
disposiciones”. Derogado por el artículo 34 del Decreto 785 de 2005.

14

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

en las leyes 443 de 11 de junio de 199814 y 909 de 23 de septiembre

de 200415, esta última reglamentada por el Decreto 1569 de 1998,

con fundamento en el cual se expidió el Acuerdo número 001-99 de

20 de agosto de 1999, que estableció en el nivel directivo el cargo

de “Director”.

Resaltó que si bien el aludido Decreto 1569 de 1998 fue derogado

por el Decreto 785 de 2005, esta normativa mantuvo el cargo de

Director de Área Metropolitana como un empleo del nivel directivo,

como consta en los artículos 2°, 3°, 4°, 15, 16 y 27.

Destacó que los actos administrativos demandados procuran el

interés general en la prestación del servicio público de trasporte, lo

cual permite que la iniciativa privada quede supeditada a decisiones

proporcionales y razonables, basadas en estudios técnicos de

movilidad que permitan el mejoramiento del servicio, tal como lo

señala la ley, pues existe una prelación de intereses entre el

transporte colectivo tradicional y el sistema integral de transporte

masivo.

14
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
15
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.

15

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Añadió que, según lo dispuesto en los artículos 5° y 18 de la Ley 336,

en materia de transporte público prima el interés general sobre el

particular cuando esté de por medio el beneficio del conglomerado

social, aunado a que los permisos de operación pueden ser

revocados, siempre que lo imponga la necesidad del servicio.

Explicó que los permisos de operaciones de las rutas metropolitanas,

las licencias y habilitaciones son actos administrativos de

autorización otorgados por el Estado a los particulares en ejercicio

del poder de policía administrativa para que cumplidos ciertos

requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del

bien común y de la seguridad jurídica, desarrollen una actividad

amparada por el ordenamiento jurídico.

Que, por lo anterior, es deber del Estado proteger los intereses de la

comunidad de los posibles perjuicios que la ejecución indiscriminada

e incontrolada de la actividad de los particulares pueda generar. De

ahí que la intervención de la autoridad no deba limitarse a la decisión

inicial de conceder el permiso o licencia, sino que implica vigilar el

surgimiento de nuevas situaciones que pudieran comprometer los

16

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

derechos de la colectividad, con miras a velar por la garantía de la

prevalencia del interés público.

Que, siendo ello así, es completamente ajustado a los fines del

Estado no solo la posibilidad de revocar el permiso de operación, sino

también de adecuarlo, en forma razonada y justa, a las

circunstancias sobrevinientes a su expedición y que hubieran sido

determinantes para concederlo de haber existido en su oportunidad.

Adicionalmente, frente a los perjuicios reclamados en la demanda,

indicó que no fueron acreditados, dado que no se demostró que el

actor se encontrara en una situación de urgencia, gravedad e

impostergabilidad, teniendo en cuenta que la empresa

TRANSPORTE LOLAYA cuenta con los respectivos permisos para la

operación de otras rutas y, además, dicha empresa está afiliada al

grupo de accionistas del Grupo Empresarial Metrocaribe, que es

adjudicatario del cuarenta por ciento (40%) de la operación del

sistema de transporte masivo Transmetro.

Formuló las siguientes excepciones:

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

“Falta de legitimación en la causa por activa”: advirtió que los

actos acusados resolvieron una situación particular en cabeza de la

empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA., por lo cual es la única

legitimada para demandar los eventuales perjuicios que pudieran

derivarse de los mismos.

“Inexistencia de violación de las normas de publicación de los

actos administrativos”: aseguró que los actos acusados fueron

notificados a los representantes legales de las empresas

transportadoras en debida forma.

“Inexistencia de violación de los términos de publicación”:

mencionó que no existe norma que expresamente indique el término

de publicación de los actos administrativos que expide el Director del

Área Metropolitana.

“Inexistencia de violación por firma de funcionario

incompetente”: indicó que los actos acusados fueron firmados por

el Alcalde Metropolitano, en su condición de Presidente de la Junta

Metropolitana, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8°, parágrafo

1°, de la Ley 128.

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

“Inexistencia de violación por delegación no permitida":

argumentó que en ninguno de los actos administrativos demandados

se ejerció competencias por delegación, ya que todas las

resoluciones acusadas fueron expedidas por quienes ostentaban las

competencias de acuerdo con los empleos descritos en la ley.

“Inexistencia de violación por carencia de competencia”:

insistió en que los actos fueron expedidos por las autoridades que

ostentaban las competencias necesarias para su otorgamiento.

“Caducidad de la acción”: manifestó que desde el momento en que

quedaron en firme las resoluciones cuestionadas y hasta la

presentación de la demanda, transcurrieron cinco (5) meses y veinte

(20) días, superando el término que la ley tiene previsto para incoar

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

II.1.2.- El MUNICIPIO DE GALAPA16 formuló la excepción de

“inexistencia del hecho generador o existencia no imputable al

16
Cfr. Folio 396.

19

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municipio de Galapa” y arguyó que los hechos aducidos por la

demandante no son atribuibles al ente territorial.

II.1.3.- El MUNICIPIO DE SOLEDAD17 formuló las excepciones de

caducidad de la acción, falta de legitimación en la causa por activa y

pasiva, inexistencia de violación de los términos de publicación,

inexistencia de violación por delegación no permitida e inexistencia

de violación por carencia de competencia, con argumentos similares

a los expuestos por la AMB, en su escrito de contestación.

II.1.4.- El DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

DE BARRANQUILLA18, por conducto de apoderado judicial, contestó

la demanda bajo argumentos similares a los planteados en la

contestación de la demanda por el Área Metropolitana de

Barranquilla.

II.1.5.- El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.

17
Cfr. Folio 433.
18
Cfr. Folio 407.

20

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Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

III. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 19 de septiembre de 201419, el TRIBUNAL

declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

activa y denegó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, arguyó que de conformidad con el

artículo 85 del CCA la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho es ejercida no solamente en interés de la legalidad en

abstracto, sino también persiguiendo un interés particular, razón por

la que solo puede promoverla el perjudicado por el acto

administrativo acusado. Es decir, que quien se encuentra legitimado

materialmente para demandar es el directamente afectado en su

derecho subjetivo.

Indicó que, revisadas las pruebas aportadas, se acreditó que la

actora es propietaria de dos automotores identificados con placas

UYO-315 y UYN-957; y que celebró con la empresa TRANSPORTES

LOLAYA LTDA. los contratos de vinculación núms. 110-445 y 223-

407, a efectos de que tales vehículos prestaran el servicio público

19
Cfr. Folios 549 a 560.

21

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

urbano de transporte e hicieran parte de la capacidad transportadora

de la empresa.

Precisó que la demandante no se encontraba legitimada

materialmente en la causa por activa, pues el interés y la afectación

al derecho reclamado, consistente en la modificación,

reestructuración y revocatoria de las rutas asignadas a

TRANSPORTES LOLAYA LTDA. y su capacidad transportadora,

radicaba en dicha sociedad y no en la accionante, habida cuenta que

las resoluciones demandadas resolvieron situaciones jurídicas

referidas única y exclusivamente a la capacidad transportadora de la

empresa de transporte.

Agregó que las decisiones contenidas en las resoluciones enjuiciadas

no estaban dirigidas ni a los vehículos ni a los propietarios, dado que

la autorización de las rutas fue otorgada a la persona jurídica, de ahí

que la operatividad del vehículo de propiedad del demandante

estuviera supeditada a la capacidad y rutas autorizadas a la empresa

por parte del AMB, de conformidad con el contrato de vinculación.

22

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Mencionó que el Consejo de Estado, en asuntos similares al

estudiado, ha resaltado que los propietarios de los vehículos de

servicios públicos adscritos a la empresa TRANSPORTES LOLAYA

LTDA. no se encuentran legitimados para demandar los actos que le

autoricen o nieguen la operación de las rutas a esa sociedad, pues

aunque en principio podrían tener un interés en las decisiones de la

Administración que afecten las rutas asignadas a la empresa, lo cierto

es que ello no los habilita para fungir como parte demandante, por

lo que, a lo sumo, podrían intervenir en los procesos promovidos por

aquella como terceros adhesivos.

Con fundamento en lo expuesto, declaró probada la excepción de

falta de legitimación en la causa por activa y denegó las pretensiones

de la demanda.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora, oportunamente, interpuso recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia y adujo, en síntesis, que20:

20
Cfr. Folios 562 a 594.

23

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

La sentencia interpretó erróneamente el artículo 85 del CCA, habida

cuenta que de su tenor se desprende que “toda persona” está

legitimada para demandar en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, de manera que “si la empresa no quiso

o no pudo demandar, esto no deslegitima a quien teniendo interés

jurídico como sujeto perjudicado por la acción violatoria” pueda

hacerlo, máxime cuando se prueba la lesión de los derechos, los

perjuicios causados con los actos administrativos y la relación jurídica

contractual con la empresa.

Adujo que no permitir la participación de los propietarios de los

vehículos afiliados a la empresa desconoce el acceso a la

administración de justicia.

Aseguró que una es la autonomía de la empresa para demandar y

otra la del propietario del vehículo automotor, debido a que la

relación jurídica existente entre ambos deriva de un contrato de

vinculación y no de un contrato de mandato, en virtud del cual el

propietario hubiese otorgado facultad a la empresa para que lo

representara en procesos judiciales y/o administrativos.

24

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Por último, indicó que “el juez de primera instancia incurrió en error

in judicando por violación directa de la ley”, al no tener en cuenta

que los actos acusados afectaron los intereses jurídicos de los

propietarios de los vehículos vinculados a la empresa, así como

también desconocieron “ el usufructo de prestación del servicio

público de transporte a los cuales tiene derecho el demandante como

propietario”.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- En el término del traslado para alegar de conclusión, el

apoderado del AMB y del DISTRITO DE BARRANQUILLA reiteró

los argumentos señalados en la contestación de la demanda y solicitó

confirmar la sentencia apelada.

IV.2.- El actor y las otras entidades demandadas guardaron silencio

en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

25

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso

Administrativo21 y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido

por la Sala Plena de esta Corporación.

V.1. Actos acusados

El contenido de los actos acusados es del siguiente tenor:

“[…] RESOLUCIÓN METROPOLITANA NO. 326.10
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACIÓN
OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
DE LA RUTA SOLEDAD 2000 – CALLE 72 – ZOOLÓGICO
AUTORIZADO A TRANSPORTES LOYOLA LTDA NIT.890.101.414-9

(…)
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reestructurar el servicio autorizado de
la ruta SOLEDAD 2000 – CALLE 72 – ZOOLÓGICO a
TRANSPORTES LOLAYA LTDA NIT. 890.101.414-9 de
conformidad con lo establecido en los artículos 34 del Decreto
170 de 2001, artículos 2 y 10 de la Regulación 051 de 2010 y,
en consecuencia, modificar el permiso de operación de la
siguiente manera:

El servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a
continuación una vez el Área Metropolitana de Barranquilla le

21
“Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el
artículo 184 de este Código”.

26

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

informe, situación que obedece al Plan de Implantación de la
Fase I del Sistema de Transporte Masivo Transmetro y su
sistema de alimentación:

Ruta Código D8
Denominación MANUELA BELTRÁN – CALLE 72 – LA
(Origen – CONCEPCIÓN – CIRCULAR
Destino)
Recorrido
TERMINAL (CARRERA 5 A No. 51 - 35) saliendo de la terminal por la
CALLE 51 por esta hasta la TRANSVERSAL 5 E por esta hasta la
CARRERA 5 por esta hasta la CALLE 37 por esta hasta la CALLE 30 por
esta hasta la CARRERA 8 por esta hasta la CALLE 36B por esta hasta
la CARRERA 14 por esta hasta la CALLE 53D por esta hasta la CARRERA
16 por esta hasta la CALLE 53D por esta hasta la CARRERA 30 por esta
hasta la CALLE 56 por esta hasta la CARRERA 27 por esta hasta la
CALLE 72 por esta hasta la CARRERA 35 por esta hasta la CALLE 72
por esta hasta la VÍA 40 por esta hasta la CALLE 76 por esta hasta la
CARRERA 60 por esta hasta la CALLE 72 por esta hasta la CARRERA 35
por esta hasta la CALLE 72 por esta hasta la CARRERA 27 por esta
hasta la CALLE 56 por esta hasta la CARRERA 30 por esta hasta la
CALLE 53 D por esta hasta la CARRERA 16 por esta hasta la CALLE 53D
por esta hasta la CARRERA 14 por esta hasta la CALLE 36B por esta
hasta la CARRERA 8 por esta hasta la CALLE 30 por esta hasta la
CARRERA17 por esta hasta la CALLE 41 por esta hasta la CARRERA 14
por esta hasta la CALLE 43 por esta hasta la CARRERA 11 por esta
hasta la CALLE 37 por esta hasta la CARRERA 5 por esta hasta la
TRANSVRSAL 5 E por esta hasta la CALLE 51 por esta hasta la
TERMINAL fin del recorrido.
Características Técnicas de la Ruta
Radio de Metropolitano
Acción
Clase de BUSETA - MICROBUS
Vehículo
Modalidad Pasajeros
Horario de 00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las
Servicio necesidades de demanda ajustadas a los
requerimientos de la comunidad, evaluadas por
la empresa.
Intervalo de 3 minutos
despacho
hora pico
Intervalo de 5 minutos
despacho
hora valle
Capacidad Transportadora de la Ruta
Mínima 37 vehículos
Máxima 45 vehículos

27

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución para todos los
efectos legales y administrativos, se constituye el único título
por medio del cual TRANSPORTES LOLAYA LTDA se encuentra
autorizada para prestar el servicio de transporte público
colectivo de la forma aquí descrita, en consecuencia quedan
derogadas todas aquellas resoluciones anteriores por medio de
las cuales se había autorizado a la empresa la prestación del
servicio en la ruta aquí señalada.

ARTÍCULO TERCERO. TRANSPORTES LOLAYA LTDA será la
responsable ante las Autoridades de Tránsito, Transporte y de
Policía del cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, y su incumplimiento conllevará a la imposición de
las sanciones establecidas en la legislación vigente en materia
de transporte público, tránsito y espacio público.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición de conformidad con lo
señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige y entrará a
operar con el recorrido descrito en el artículo primero una vez
el Área Metropolitana de Barranquilla le informe a la empresa
la obligatoriedad de Cumplimiento de la misma, lo anterior

28

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

ajustado al inicio de la operación del sistema de transporte
masivo Transmetro.

(…)”22 .

“(…)

“RESOLUCIÓN METROPOLITANA NO. 328.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL PERMISO DE OPERACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA PRADO
PORVENIR AUTORIZADO A TRANSPORTES LOYOLA LTDA
NIT.890.101.414-9

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR el permiso de operación de
la ruta denominada PRADO PORVENIR, prestada por
TRANSPORTES LOLAYA LTDA., de conformidad con lo
establecido en la Resolución 051 de 2010, Documento CONPES
3538 de 2008, el estudio denominado “Investigación Aplicada
en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio
Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan
integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para
mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del
Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana”.

1604
Denominación: PRADO PORVENIR
Resolución 3107 de 18 de diciembre de 2003
de Metrotránsito

ARTÍCULO SEGUNDO: La ruta denominada PRADO PORVENIR
prestada por TRANSPORTES LOYOLA LTDA, perderá su vigencia
una vez entre en operación el Sistema de Transporte Masivo
Transmetro; decisión que una vez notificada y debidamente
ejecutoriada le impone la obligación al representante legal de
la misma de suspender la prestación del servicio de la ruta
descrita a continuación de acuerdo con el cronograma de
implantación del sistema, situación que será comunicada por el
Área Metropolitana de Barranquilla.

22
Cfr. Folios 313 a 317 del cuaderno del Tribunal.

29

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deroga todas
aquellas resoluciones anteriores por medio de las cuales se
autorice a la empresa la prestación del servicio de la ruta antes
señalada.

ARTÍCULO CUARTO: TRANSPORTES LOLAYA LTDA será
responsable entre las autoridades de tránsito y Transporte del
cumplimiento de los dispuesto en la presente resolución, y su
incumplimiento conllevará a la imposición de sanciones
establecidas en la legislación vigente en materia de transporte
público, tránsito y espacio público.

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición para ante este de conformidad
con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a que se surta la notificación.
(…)”23.

(…)”

“RESOLUCIÓN METROPOLITANA NO. 329. 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL PERMISO DE OPERACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA MURILLO –
SOLEDAD 2000 – GRANABASTOS AUTORIZADO A TRANSPORTES
LOYOLA LTDA NIT.890.101.414-9

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR el permiso de operación de
la ruta denominada MURILLO – SOLEDAD 2000 –
GRANABASTOS, prestada por TRANSPORTES LOLAYA LTDA.,
de conformidad con lo establecido en la Resolución 051 de
2010, Documento CONPES 3538 de 2008, el estudio
denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación
del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el
Diseño de Rutas que permitan integrar el Transporte Colectivo
con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de
operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y
del Área Metropolitana”.

23
Cfr. Folios 322 a 324 idem.

30

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

1602
Denominación: MURILLO – SOLEDAD 2000 -
GRANABASTOS
Resolución 0018 de 4 de enero de 1998 de
IDTTB

ARTÍCULO SEGUNDO: La ruta denominada MURILLO –
SOLEDAD 2000 – GRANABASTOS prestada por TRANSPORTES
LOYOLA LTDA, perderá su vigencia una vez entre en operación
el Sistema de Transporte Masivo Transmetro; decisión que una
vez notificada y debidamente ejecutoriada le impone la
obligación al representante legal de la misma de suspender la
prestación del servicio de la ruta descrita a continuación de
acuerdo con el cronograma de implantación del sistema,
situación que será comunicada por el Área Metropolitana de
Barranquilla.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deroga todas
aquellas resoluciones anteriores por medio de las cuales se
autorice a la empresa la prestación del servicio de la ruta antes
señalada.

ARTÍCULO CUARTO: TRANSPORTES LOLAYA LTDA será
responsable entre las autoridades de tránsito y Transporte del
cumplimiento de los dispuesto en la presente resolución, y su
incumplimiento conllevará a la imposición de sanciones
establecidas en la legislación vigente en materia de transporte
público, tránsito y espacio público.

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición para ante este de conformidad
con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a que se surta la notificación.
(…)”24 .

V.2. Problema jurídico

24
Cfr. folios 325 a 327 idem.

31

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal declaró probada la

excepción de falta de legitimación en la causa por activa y denegó

las pretensiones de la demanda, al estimar que el interés y la

afectación al derecho reclamado, consistente en la modificación,

reestructuración y revocatoria de las rutas asignadas a la empresa

TRANSPORTES LOLAYA LTDA. y su capacidad transportadora,

radica en dicha sociedad y no en la demandante, habida cuenta que

las resoluciones acusadas resolvieron situaciones jurídicas en cabeza

de la aludida empresa de transporte.

La actora solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar,

acceder a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que

la decisión del a quo interpretó indebidamente el artículo 85 del CCA

y no tuvo en cuenta que los actos acusados afectaron a los

propietarios de los vehículos vinculados a la empresa de transporte.

De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación, la Sala

debe establecer si la actora está legitimada en la causa para

promover la presente acción de nulidad y restablecimiento del

derecho contra los actos administrativos que dispusieron la

32

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

reestructuración de unas rutas y la revocatoria de unos permisos de

operación a la empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA.

V.3. Legitimación en la causa por activa

Sobre la legitimación en la causa, esta Sección25 ha señalado lo

siguiente:

“[…] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la
Corte Constitucional, «es la idoneidad jurídica que tiene una
persona para discutir el objeto sobre que versa un litigio». En tal
sentido, puede ser entendida como la calidad que tiene una
persona para formular o contradecir las pretensiones de la
demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial
que se plantea en el proceso y respecto de la cual gira la
controversia. La legitimación en la causa por activa debe
entenderse como la facultad que tiene el demandante como
titular de un derecho subjetivo, para reclamarlo a través de los
medios de control creados para el efecto y, de otro lado, la
legitimación por pasiva, es la capacidad del demandado para
satisfacer tal derecho […]”.

Se entiende entonces por legitimación en la causa la idoneidad

jurídica que tiene una persona para formular la demanda o

contradecir las pretensiones de ella, por ser el sujeto activo o pasivo

de la relación jurídica sustancial que plantea el proceso.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado:
44001-23-31-000-2009-00022-01. C.p. Guillermo Vargas Ayala.

33

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación ha diferenciado entre

la legitimación de hecho que hace referencia a la circunstancia de

obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado,

una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y

en virtud de la correspondiente pretensión procesal; y la

legitimación material referida a la participación o relación que

existe entre las personas naturales o jurídicas -sean o no partes del

proceso-, con los hechos que originaron la demanda26.

Ahora, acerca de la legitimación en la causa para demandar actos

que resuelven sobre la capacidad transportadora de las empresas de

transporte público o sobre la habilitación de rutas y revocatoria de

permisos, entre otros, la Sección Primera se ha pronunciado en

reiteradas oportunidades, como bien lo puso de presente el Tribunal

en la sentencia de primera instancia.

En efecto, al resolver los recursos de apelación interpuestos contra

autos mediante los cuales el Tribunal Administrativo del Atlántico

rechazó la demanda por caducidad, la Sección sostuvo:

26
Cfr. Entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. sentencia de 28 de junio de
2019, número único de radicación: 05001-23-33-000-2015-00397-01 (57565). C.p. Ramiro Pazos
Guerrero.: y Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020; número
único de radicación 52001-23-31-000-2010-00653-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

34

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

“[…] Como primera medida, debe señalarse, en cuanto a la
naturaleza de los actos demandados, que su contenido es
particular y concreto, por cuanto resuelven una situación
jurídica en cabeza de la Empresa TRANSPORTES LOLAYA
LTDA., de manera que la acción procedente para enjuiciarlos
es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

De conformidad con el artículo 85 del C.C.A., son presupuestos
procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho: a) que el demandante tenga capacidad jurídica y
procesal para actuar, b) que la acción no se haya extinguido
por caducidad, y c) que se haya agotado la vía gubernativa,
salvo que la Administración no haya permitido ese
agotamiento. Adicionalmente, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 1285 de 200927, si el asunto versa sobre
conflictos de carácter particular y contenido económico de que
conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo (Ley 446 de 1998, artículo 70), deberá agotarse
el requisito previo de la conciliación extrajudicial.
En consecuencia, corresponde a la Sala verificar si en el
presente caso se reúnen o no los mencionados requisitos para
la admisibilidad de la acción.
Como ya se indicó, el actor actúa en su condición de propietario
de dos vehículos de servicio público colectivo de transporte de
pasajeros que tiene vinculados al parque automotor de la
Empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA.
Para la Sala, tal circunstancia no le confiere la condición de
parte que en este proceso únicamente recae sobre la empresa
destinataria de los actos administrativos acusados.

Si bien es cierto que los propietarios de vehículos
vinculados al parque automotor de una empresa de
transporte podrían eventualmente tener un interés en
que a ésta le autoricen la operación de las rutas
solicitadas por ella, no lo es menos que ese interés no
los faculta para sustituirla en su condición de parte
demandante. A lo sumo les daría derecho a que pudiesen
intervenir en el proceso como terceros adhesivos.

De tal manera que al no haber alegado el actor una condición
diferente a la de ser propietario de vehículos, no está

27
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996.

35

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

legitimado para actuar en el proceso de la referencia y
es por esta razón que se confirmará el proveído que
rechazó la demanda, pues es evidente que ello incide en
la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción,
en la medida en que en quien recae el verdadero interés
dejó transcurrir el término para el ejercicio oportuno de
la misma […]”.28 (Resaltado fuera del texto original).

De igual manera, al resolver los recursos de apelación contra las

sentencias que declararon probada la excepción de falta de

legitimación en la causa, la Sección concluyó:

“[…] Para resolver, la Sala recuerda que la exigencia de la
legitimación en la causa alude a la aptitud que debe reunir la
persona – natural o jurídica – para acudir al proceso para
demandar un acto o en contra de quien se dirige la demanda
para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el actor
esgrime.

En ese orden, no basta con acudir al proceso como actor o ser
sujeto pasivo de demanda para concurrir legítimamente a un
juicio, dado que es imperioso estar debidamente legitimado
para ello.

En el caso de autos, de la revisión de los actos acusados[29] y
como bien lo consideró el a quo, la Sala advierte que las
resoluciones demandadas resuelven una situación jurídica
particular y concreta en cabeza de la empresa de Transportes
Lolaya Ltda., en tanto deciden sobre la autorización para operar
como empresa de servicio público de transporte en unas rutas
determinadas (Soledad 2000, Calle 72 Zoológico - Valle

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 2 de
febrero de 2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00388-01, C.p. María Elizabeth
García González. Postura reiterada en las providencias de 26 de julio de 2012, número único de
radicación 08001-23-31-000-2011-00468-01, C.p. María Elizabeth García González; 31 de julio de
2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00423-02, C.p. María Elizabeth García
González; y 1o. de noviembre de 2012, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00517-
01, C.p. María Claudia Rojas Laso.
[29] Resoluciones 326-10 de 12 de julio de 2010, 327-10 de 12 de julio de 2010, 328-10 de 12 de julio
de 2010, 329 de 12 de julio de 2010, 463-10 de 4 de octubre de 2010 y 051-10 de 23 de febrero de
2010, expedidas por el Director del Área Metropolitana de Barranquilla.

36

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Silencio - Prado Porvenir - Murillo Soledad 2000, Granabastos)
y regulan lo ateniente a su capacidad transportadora[30].

Al respecto, la Sala resalta que el señor Paulino Triana Triana
es propietario de los vehículos automotores de placas UYW 414
y UYS 179, los cuales se encuentran vinculados a la Empresa
de Transporte Lolaya Ltda, mediante los contratos 0310 – 182
y 0447 – 218.

En este sentido, si bien es cierto que la parte actora puede
llegar a tener un eventual interés en que se declare la nulidad
de los actos demandados y, por ende, se le autorice continuar
prestando el servicio público de transporte urbano de
pasajeros, también lo es que ello no lo habilita para
sustituir a dicha empresa en su condición de parte
legitimada para incoar la acción de la referencia.

En efecto, la situación jurídica particular se encuentra
radicada en la persona jurídica en mención y no en los
propietarios de los vehículos automotores vinculados,
quienes procesalmente pueden acudir al proceso como
coadyuvantes […]”.31 (Resaltado fuera del texto original).

Y en la sentencia de 26 de noviembre de 202032, la Sala sostuvo:

“[…] [S]iguiendo el criterio de la Sala en los casos citados
supra, como los actos administrativos acusados: i) son de
contenido particular y concreto, por cuanto modificaron la
capacidad transportadora de la empresa Transportes Lolaya

[30] La Sala de Decisión de la Sección Primera en reiterada jurisprudencia ha sostenido que la Resolución
051 de 23 de febrero de 2010, a pesar de tratarse de un acto de contenido general tiene la virtud de
modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares respecto de aquéllos a quienes les han sido
asignadas rutas de transporte público colectivo que circulan por el corredor de la Troncal de Transmetro
y que con ocasión de ello perdieron tal habilitación. En efecto, se consideró que dicho acto
administrativo reguló lo ateniente a la “pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte
público colectivo por la implantación del sistema de transmetro”, luego su eventual declaratoria de
nulidad daría lugar al restablecimiento automático del derecho de las empresas en comento. En este
sentido, la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 es pasible de control jurisdiccional por la vía de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no por la vía de la acción de nulidad. Sentencia de
2 de marzo de 2017. Rad.: 2011 – 00660. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 6 de abril de 2017. Rad.: 2011 – 00658. Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2017, número único de radicación 08001-33-31-004-2011-00556-01, C.p. ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
noviembre de 2020, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00369-01, C.p. Hernando
Sánchez Sánchez.

37

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

Ltda., en su condición de persona jurídica, encargada de la
prestación del servicio público de trasporte, y reestructuraron
y revocaron rutas que le habían sido asignadas directamente a
dicha empresa; ii) tienen un destinatario específico, por
cuanto se dirigen directamente hacia la empresa
Transportes Lolaya Ltda.; y, adicionalmente, iv) como el
servicio de transporte público se presta a través de empresas
organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado, la Sala
considera que la única legitimada en la causa para
demandar era la empresa Transportes Lolaya Ltda. y no
el señor Ceferino Ramírez Bernal quien se encuentra
legitimado de hecho pero no de forma material
[…]”.(Resaltado fuera del texto original).33

De acuerdo con la postura de la Sección, quienes se encuentran

legitimados para demandar los actos que resuelven sobre

reestructuración de rutas o revocan permisos de operación de rutas

habilitadas a las empresas de transporte público, son precisamente

dichas empresas y no los propietarios de los vehículos vinculados,

quienes eventualmente pueden acudir al proceso como

coadyuvantes, más no pueden sustituir a la empresa en su condición

de parte.

V.4. Caso concreto

33
Sobre el mismo asunto puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación 08001-33-31-
004-2011-00556-01, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de 2018, número único de radicación 08001-
23-31-004-2011-00559-01, C.p. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

38

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

La actora, en calidad de propietaria de los vehículos automotores

identificados con placas UYO-315 y UYN-957, vinculados a la

empresa TRANSPORTES LOLAYA LTDA. mediante contratos de

vinculación núms. 110-445 y 223-40734, acude en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho a perseguir la

nulidad resoluciones núms. 326-10, 328-10 y 329-10 de 12 de julio

del año 2010, por medio de las cuales el Director del ÁREA

METROPOLITANA DE BARRANQUILLA reestructuró unas rutas y

revocó unos permisos de operación a dicha empresa.

Revisadas las resoluciones demandadas, se advierte que definen

situaciones particulares y concretas para la empresa

TRANSPORTES LOLAYA LTDA., en tanto reestructuran o revocan

permisos de operación de rutas que le fueron habilitadas como titular

de los permisos y concesiones otorgados por la Administración. Así

pues, los actos acusados tienen un destinatario específico, en este

caso, la empresa habilitada para la prestación del servicio de

transporte público, la cual resulta ser la única legitimada para

promover la demanda que busca obtener la nulidad de los actos

34
Cfr. Folios 38 a 44 del cuaderno del Tribunal.

39

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

acusados con el consecuente restablecimiento del derecho, tal como

lo concluyó el a quo en la sentencia de primera instancia.

Es por esta razón que la Sala advierte que no le asiste razón a la

recurrente al sostener que según el artículo 85 del CCA cualquiera

que se crea lesionado en un derecho puede acudir en ejercicio de

este medio de control para obtener una indemnización de perjuicios,

pues lo cierto es que la citada norma establece que: (i) cualquier

persona que se “crea lesionada en un derecho amparado por una

norma jurídica” está legitimada, por activa, para pedir la nulidad de

un acto particular, con el fin de (ii) obtener la nulidad de ese acto y

(iii) la pretensión consecuencial de restablecimiento u otra, siempre

que se establezca el daño antijurídico sufrido por el demandante y

el nexo de causalidad de aquel con el acto declarado nulo.

Al respecto, cabe traer a colación la sentencia de 1o. de noviembre

de 2012, en la que la Sección precisó, en torno a la aplicación del

artículo 85 del CCA, que:

“[…] Sea lo primero señalar, que la Sala no comparte la
interpretación expuesta por la apoderada de la firma
recurrente, según la cual basta con que una persona tenga la
simple creencia subjetiva de haber sido afectada con la
expedición de un acto administrativo que ha creado, modificado

40

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

o extinguido una situación jurídica particular y concreta, para
que, por el sólo prurito de abrigar dicha creencia, deba
entenderse que se encuentra legitimada para controvertir su
legalidad tanto en sede administrativa como judicial, pues esa
creencia debe estar cimentada necesariamente en una base
cierta, objetiva, fundada, plausible y demostrable, pues de
llegar a admitirse que cualquier persona puede
cuestionar por la vía de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho un acto de tal naturaleza,
invocando creencias infundadas no susceptibles de
comprobación, puede ponerse en entredicho la
seguridad jurídica de aquellos sujetos que han resultado
beneficiados con ese tipo de decisiones, al quedar
expuestas a que cualquier individuo, bajo el pretexto de creerse
lesionado, entre a cuestionar la legalidad de las mismas, sin
haber sufrido en realidad ninguna afectación en la esfera
subjetiva de sus derechos e intereses jurídicamente protegidos.

Observa la Sala que por esa vía los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho perderían su razón de ser
como procesos contenciosos de carácter subjetivo, para
convertirse en procesos de carácter objetivo, al abrirse
la posibilidad de que los mismos puedan ser promovidos
por cualquier persona que en realidad no tenga un
interés personal, cierto y directo en el asunto.

A propósito del tema, resulta oportuno traer a colación el
siguiente pronunciamiento de la Sala, en donde se dijo lo
siguiente:

“[…] En las acciones de simple nulidad, la legitimación
en la causa la tiene cualquier persona, en razón del
carácter público de la acción. Precisamente por ello, el
artículo 84 del C.C.A., subrogado por el artículo 14 del
Decreto 2304 de 1989, establece que “Toda persona
podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos.” (El
subrayado es de la Sala).

En las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho, por el contrario, la legitimación en la causa la
tiene “Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, [la cual]
podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La

41

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen
una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de
lo que pagó indebidamente.”, tal como lo establece el
artículo 85 de la misma codificación (El subrayado y la
expresión encerrada entre corchetes son propias de la
Sala).

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que al no haber
demostrado el actor que un derecho suyo haya sido
lesionado por el acto demandado, se infiere que las
razones consignadas en el fallo apelado, relativas a su
falta de legitimación en la causa, se ajustan por
completo a la verdad procesal y al ordenamiento jurídico
[35]. […]”36.(Negrillas fuera del texto original).

De manera que aunque la actora atribuya las pretensiones de su

demanda a la entidad demanda y, por esa vía, pretenda establecer

su legitimación en la causa, tal sería a lo sumo una legitimación de

hecho, mas no así material, debido a que no es la llamada a formular

la pretensión de anulación de las resoluciones demandadas, habida

cuenta que no participó realmente en la causa que dio origen al

escrito demandatorio.

En este orden de ideas, para la Sala, asistió razón al Tribunal al

declarar que la señora MARGARITA MEJÍA PÉREZ carece de

legitimación en la causa por activa para actuar como demandante en

[35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2010, número único de radicación 17001-23-31-000-2005-00674-01, Consejero ponente
Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
noviembre de 2012, número único de radicación 17001-23-31-000-2006-00126-01, C.p. Guillermo
Vargas Ayala.

42

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

el proceso de la referencia, motivo por el cual se confirmará la

sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Condena en costas

Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta

Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que

no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que

no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de septiembre de 2014,

proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

43

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00554-01
Actora: MARGARITA MEJÍA PÉREZ

TERCERO: Sin condena en costas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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