Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01120-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-000-2011-01120-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-31-000-2011-01120-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
22 de febrero de 2024
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Radicado: 08001-2331-000-2011-01120-01
Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Radicación: 08001-23-31-000-2011-01120-01
Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
Demandado: SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO
Tesis: No es nula la circular 0006 del 12 de abril de 2011
emitida por la Secretaría de Hacienda de la
Gobernación del Atlántico por cuanto el funcionario
que la expidió tenía competencia para expedirla.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Departamento
del Atlántico, en su condición de parte demandada, contra la sentencia
de 13 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se
declaró la nulidad de la circular 0006 del 12 de abril de 2011, expedida
por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Atlántico.
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Radicado: 08001-2331-000-2011-01120-01
Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
I. ANTECEDENTES
1.1. La Demanda
1.1.1. Pretensiones
La señora Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca, en ejercicio de la acción
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo- CCA,
en nombre propio, formuló demanda con el fin de que se declare la
nulidad de la circular 0006 del 12 de abril de 2011, proferida por la
Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, cuyo texto es
el siguiente:
“SECRETARIA DE HACIENDA
SUBCRETARIA DE RENTAS DEPARTAMENTAL
CIRCULAR EXTERNA No. 0006 de 2011
DE: SUBSECRETARIA DE RENTAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PARA: IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE LICORES EXTRANJEROS.
ASUNTO: CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS
DE LICORES EXTRANJEROS
FECHA: Abril 12 de 2011.
De acuerdo a decisión adoptada por la Asamblea General de la Federación
Nacional de Departamentos celebrada el 19 de enero de 2011, a partir de la
fecha además de los documentos de que habla el artículo 88-1 de Estatuto
Tributario Departamental, se incorporarán en cada autorización que se
otorgue y en cada contrato que se celebre o prorrogue por parte de los
departamentos las nuevas “Condiciones Mínimas para la Introducción y
Distribución de Licores Extranjeros en los Territorios de los Departamentos”,
así:
A) Presentar solicitud dirigida al Secretario de Hacienda Departamental en la
que se expresen las cantidades mínimas a distribuir por mes anexando la
siguiente documentación:
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Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
1. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor
a treinta (30) días expedida por la Cámara de Comercio donde se encuentre
ubicada la empresa.
2. Fotocopia de RUT.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la
empresa.
4. Carta de autorización del fabricante del producto, Importador o del
Departamento introductor, si es producto de fábrica oficial.
5. Registro Sanitario de los licores a introducir.
6. Etiquetas de los productos a distribuir.
7. Diligenciar formato de registro.
8. Cancelar bono por registro único de contribuyentes ($32.604.00)
B) Certificados del revisor fiscal o en caso de no ser necesario el revisor fiscal
por normatividad, del representante legal donde se acredite el pago de los
aportes a los sistemas de salud y riesgos profesionales. Esto en cumplimiento
a lo ordenado en el artículo 50 de la Ley 789/2002 y artículo 1° de la Ley
828/2003.
Las certificaciones expedidas por los revisores fiscales deben tener en cuenta
los siguientes parámetros:
• El revisor fiscal no emite paz y salvos de ninguna naturaleza, pues sus
declaraciones corresponden a testimonios sustentados en los libros de
contabilidad.
• La certificación del revisor fiscal debe estar dirigida a la empresa a la
cual presta sus servicios.
• Para la preparación y firma de las certificaciones, el revisor fiscal, en
ellas debe incluir el título “Certificación del revisor fiscal” y estar dirigidas
a quien contrató los servicios profesionales del contador, para evitar sean
utilizadas por personas no autorizadas.
• Toda certificación expedida por el revisor fiscal tiene que llevar su
firma, acompañada del número de su tarjeta profesional, y de ser el caso,
se expresará que se actúa en representación de una asociación o firma de
contadores.
C) Certificado no inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por
la Contraloría General de la Nación Calle 70 Cra. 53 Esq. Piso 2.
D) Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del
representante legal de la entidad.
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E) Declaración juramentada de la empresa.
NUEVAS CONDICIONES MÍNIMAS
a. Condiciones legales y financieras
i. Información del importador
• Existencia y representación legal
• Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior
• Garantía de cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
de los contratos que lleguen a suscribirse o de las autorizaciones que
se les lleguen a otorgar, incluida la del pago del impuesto al consumo.
i. Información de los fabricantes de todos y cada uno de los productos
que pretende distribuir
ii. Autorización expresa de esos fabricantes para introducir y distribuir
esos productos en Colombia, otorgada mediante la suscripción de un ‘Acuerdo
Base con Fabricantes’ para autorizar la introducción y distribución de sus
productos en el territorio de los departamentos
iii. Información de los proveedores de quienes el importador adquiere los
productos pretende distribuir, si dichos proveedores son distintos de los
fabricantes
iv. Manifestación de conocimiento de esos proveedores acerca del
propósito de introducir y distribuir esos productos en Colombia, otorgada
mediante comunicación suscrita por el representante legal, debidamente
apostillada o autenticada ante cónsul colombiano, dirigida a la Federación
Nacional de Departamentos
v. Información de los transportadores, agentes e intermediadores
aduaneros que intervienen regularmente en la importación de los productos
vi. Información de los distribuidores que utiliza en el territorio nacional.
b. Condiciones técnicas
i. Registro Sanitario de los productos pretende distribuir
ii. Análisis de mercado que respalda el interés en introducir y distribuir
esos productos
iii. Análisis de los contenidos de dichos productos, que permita detectar
casos de adulteración
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iv. Identificación de las marcaciones en los envases y en las etiquetas que
garanticen una trazabilidad completa de cada botella
v. Identificación de las bodegas autorizadas
vi. Identificación de los medios de transporte autorizados para la
movilización de los productos en el territorio nacional, con indicación precisa
de las condiciones técnicas mínimas de tales medios de transporte para
garantizar la seguridad de los productos.
c. Colaboración requerida en caso de incautación de productos
genuinos
i. Notificación y solicitud de información a los fabricantes, proveedores,
transportadores y distribuidores de esos productos.
ii. Suministro de información sobre las últimas importaciones de esos
productos, en los casos y en la forma en que sea requerida.
iii. Suministro de información obtenida de los fabricantes, proveedores,
transportadores y distribuidores.
• Lugar y fecha de fabricación de esos productos.
• Factura de venta de esos productos.
• Registros de pago de esos productos.
• Mercado de destino de esos productos.
iv. Aceptación de la posible exclusión de productos de la autorización para
introducción y distribución, en caso de reincidencia.
v. Aceptación de la exclusión de distribuidores que hayan facilitado o
tolerado transacciones comerciales que hayan determinado la introducción o
distribución ilegal de productos, o que hayan tenido o debido tener
conocimiento de las mismas sin haber dado aviso al importador y a las
autoridades colombianas competentes.
d. Colaboración requerida en caso de incautación de productos no
genuinos
i. Notificación y suministro de información a los fabricantes sobre
envases y contenidos
ii. Atención oportuna a los requerimientos de información de las
autoridades de rentas, sanitarias y de policía
En cuanto a los literales a. Condiciones legales y financieras y b. Condiciones
técnicas, estas condiciones deben ser aportadas con la solicitud de suscripción
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del contrato y los literales c. Colaboración requerida en caso de incautación de
productos genuinos y d. Colaboración requerida en caso de incautación de
productos no genuinos, se pactarán en el texto de los contratos que se
suscriban.
[…]”
1.1.2. Hechos en que se funda la demanda
La parte actora fundamenta la demanda en los siguientes hechos:
1.1.2.1. El Departamento del Atlántico, por intermedio del
Subsecretario de Rentas de la Secretaría de Hacienda, expidió la
circular 0006 del 12 de abril de 2011, dirigida a los importadores y
distribuidores de licores extranjeros, con el propósito de comunicarle a
éstos las “condiciones mínimas para la suscripción de contratos de
licores extranjeros”, en la que se establecen condiciones y requisitos
adicionales a los previamente fijados mediante el Estatuto de Rentas
del Departamento del Atlántico. El citado funcionario invocó como
fundamento de la expedición de la circular 006 de 2011, una “decisión
adoptada por la Asamblea General de la Federación Nacional de
Departamentos celebrada el 19 de enero de 2011”1.
1.1.2.2. Para el ejercicio del monopolio sobre licores destilados, los
Departamentos están sujetos a las condiciones establecidas por el
artículo 336 de la Constitución Política, el cual remite su ejercicio a una
ley de régimen propio.
1.1.2.3. Para la fecha en la que se presentó la demanda no se había
expedido la ley de régimen propio a que hace referencia el artículo 336
y, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, se ha enfatizado que, hasta que dicha ley se expida,
1
Folio 2 del expediente.
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para el ejercicio del monopolio los Departamentos se sujetarán a lo
determinado en la Ley 14 de 1983, compilada por el Decreto 1222 de
1986.
1.1.2.4. El artículo 61 de la Ley 14 de 1983, que fue incorporado en el
Decreto 1222 de 1986 mediante el artículo 121, estableció que la
producción, introducción y venta de licores destilados constituye un
monopolio de los Departamentos como arbitrio rentístico y que, en
consecuencia, las Asambleas Departamentales regularán el monopolio
o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene.
1.1.2.5. Por su parte, el artículo 63 de la misma Ley 14 de 1983,
compilado en el artículo 123 del Decreto 1222, determinó que, en
desarrollo del monopolio sobre producción, introducción y venta de
licores destilados, los Departamentos podrán celebrar contratos de
intercambio con personas de derecho público o derecho privado y todo
tipo de convenios dentro de las normas de contratación vigentes, para
lo cual únicamente será necesario obtener previamente su permiso.
Dicha autorización sólo se otorgará una vez se celebren los convenios
económicos con las firmas productoras, introductoras o importadoras
en los que se establezca la participación porcentual del Departamento
en los términos de la Ley 788 de 2002, esto es, por grado
alcoholimétrico y sin que sea inferior a la tarifa del impuesto.
1.1.2.6. En los términos del artículo 336 de la Constitución, en
consonancia con las Leyes 14 de 1983 y 788 de 2002, la regulación del
ejercicio del monopolio sobre licores destilados compete a las
Asambleas Departamentales y debe realizarse sobre los aspectos
relativos a las formalidades para la suscripción de convenios
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económicos con apego a las normas de contratación, a la escogencia
entre el impuesto al consumo o una participación y a la definición de
la tarifa aplicable a la participación, en caso de escoger esta modalidad.
Por lo anterior, a las Asambleas no les es permitido establecer
requisitos adicionales a los dispuestos en las leyes que constituyen el
régimen propio para el ejercicio del monopolio.
1.1.2.11. La circular 0006 de 2011 estableció requisitos adicionales y
obligatorios para el ejercicio del monopolio de licores destilados que
exceden los definidos en la ley de régimen propio, tal como en ella se
reconoce al decir que, “además de los documentos de que habla el
artículo 88-1 del Estatuto Tributario Departamental, se incorporarán
en cada autorización que se otorgue y en cada contrato que se celebre
o prorrogue por parte de los Departamentos las nuevas “Condiciones
Mínimas para la Introducción y Distribución de Licores Extranjeros en
los territorios de los Departamentos”.
1.1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de
violación
La parte actora estima que la circular 0006 de 2011 acusada vulnera
las siguientes normas:
Constitución Política: artículos 6º, 84, 121, 122 inciso primero, 333
inciso primero y 336;
Ley 962 de 2005, artículo 1°;
Ley 14 de 1983: artículos 61, 62 y 63 (compilados en los artículos 121,
122 y 123 del Decreto 1222 de 1986 respectivamente).
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La accionante expuso como concepto de la violación de las normas
invocadas los siguientes argumentos:
1.1.3.1. Competencia para regular el monopolio de licores
destilados
La actora señaló que la competencia es un presupuesto imprescindible
para determinar la validez de un acto administrativo. El cumplimiento
de dicho presupuesto, además de materializar los principios de
legalidad y seguridad jurídica, garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales de los destinatarios que pueden llegar a verse afectados
por la expedición del acto administrativo.
En ese contexto, afirmó que, conforme al artículo 61 de la Ley 14 de
1983, compilado por el artículo 121 del Decreto Extraordinario 1222 de
1986, la competencia para la regulación del monopolio de licores
destilados corresponde únicamente a las Asambleas Departamentales,
por lo que ninguna otra autoridad estaría facultada para expedir actos
administrativos orientados a regular dicho monopolio. En ese sentido,
trajo a colación que, en sentencias de 19 de febrero de 20092 y 28 de
junio de 20103, la Sección Cuarta de esta Corporación señaló que
corresponde a las Asambleas Departamentales regular el monopolio
sobre la “producción, introducción y venta” de licores destilados o el
gravamen de consumo.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 19 de febrero
de 2009, radicado 50001-23-31-000-2001-00526-01 (C.P. Héctor J. Romero Díaz).
3
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 28 de junio de
2010, radicación: 19001-23-31-000-2001-04311-01 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).
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Indicó que, al haberse proferido la circular por parte del Subsecretario
de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Atlántico sin contar con la
competencia correspondiente, éste excedió la órbita de sus facultades
y trasgredió de manera protuberante los mandatos de los artículos 6º,
121 y 122 de la Constitución Política y 61 de la Ley 14 de 1983,
compilado en el 121 del Decreto 1222. En criterio de la parte actora,
el acto administrativo acusado estaría incurso en el vicio más grave de
todas las formas de ilegalidad, por lo que se debe declarar su nulidad.
1.1.3.2. Ausencia de facultad de la Secretaría de Hacienda del
Departamento del Atlántico para establecer requisitos
adicionales para suscripción de contratos de participación, en
ejercicio del monopolio sobre los licores destilados
Además de lo anterior, la accionante indicó que el artículo 336 de la
Constitución determinó que ningún monopolio podrá establecerse sino
como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público social y en
virtud de la ley. Así, a pesar de que el monopolio sobre licores
destilados existe por autorización constitucional, su establecimiento,
así como su organización, administración, control y explotación exige
un régimen propio fijado por ley.
En ese orden afirmó que, aunque no se ha dictado (para la época de la
demanda) una ley que regule el régimen de control del monopolio de
licores destilados con posterioridad a la expedición de la Constitución
de 1991, de acuerdo con las interpretaciones, tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, el Decreto 1222 de 1986
mantiene su vigencia en la materia y deberá aplicarse por las
Asambleas Departamentales. Ello, teniendo en cuenta además que a la
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fecha (de la demanda) tampoco se ha expedido alguna Ley que otorgue
facultades a los Departamentos para establecer o modificar las
condiciones establecidas por la Constitución y la Ley 14 de 1983.
De otra parte, señaló que, de conformidad con los artículos 121 y 123
del Decreto 1222, así como el artículo 51 de la Ley 788 de 2002, la
elección entre ejercer el monopolio sobre la producción, introducción y
venta de licores destilados, o gravar con el impuesto al consumo dichas
actividades al interior de un Departamento, es una decisión que le
corresponde al mismo Departamento y que dependerá de las
condiciones y circunstancias particulares que se presenten en su
jurisdicción.
En ese orden, indicó que, en caso de optar por el monopolio sobre los
licores destilados, su establecimiento y la reglamentación para su
ejercicio corresponden exclusivamente a la Asamblea Departamental a
través de ordenanza. Para esto, el Departamento está facultado para
celebrar los convenios económicos que permitan regular la producción,
introducción y venta de los productos monopolizados, conforme a la
reglamentación que se haya adoptado por la Asamblea Departamental
y las normas que regulan la contratación administrativa vigente.
Con todo, insistió en que la facultad de la Asamblea debe ejercerse con
sujeción a la ley de régimen propio (Decreto 1222 de 1986) y aludió a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual las
actuaciones y funciones de los órganos con facultades de regulación
deben sujetarse a lo que establece el legislador dentro de su amplio
margen de configuración, y a los límites constitucionales.
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Radicado: 08001-2331-000-2011-01120-01
Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
Ahora bien, destacó que el Decreto 1222 de 1986 y la Ley 788 de 2002
no hacen referencia “al sinnúmero de requisitos y condiciones mínimas
que se pretenden imponer mediante la expedición de la Circular 006
de 2011”4, de manera que las condiciones para el ejercicio del
monopolio consisten en la obtención del permiso del Departamento,
previa suscripción de los convenios económicos en los cuales se
establezca la tarifa de participación.
Así las cosas, afirmó que, si la Asamblea Departamental está limitada
por la Ley para el ejercicio de su competencia de regulación del
monopolio, “con mayor razón ha de estar limitado el Subsecretario de
Rentas para establecer requisitos y condiciones mínimas adicionales
para el ejercicio del monopolio de licores destilados”5. Por ende, estimó
que, al establecer requisitos adicionales para la suscripción de
contratos de participación en la circular 0006 demandada, los cuales
no estaban previstos en la ley de régimen propio que regula el ejercicio
del monopolio de licores destilados, se vulneraron los artículos 84, 333
y 336 de la Constitución Política, así como el artículo 1° de la Ley 962
de 2005, y los artículos 121 y 123 del Decreto 1222 de 1986 en los
que se compilaron los artículos 61 y 63 de la Ley 14 de 1983.
Por lo anterior, a juicio de la demandante en este punto debe concluirse
que “no está facultado el subsecretario de rentas de la Secretaría de
Hacienda del Atlántico para establecer, en ejercicio del monopolio
sobre licores destilados, requisitos adicionales para la suscripción de
4
Folio 18 del expediente.
5
Ibídem.
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Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
los contratos o convenios que desarrollen, más allá de los establecidos
por la ley de régimen propio”6.
1.2. Contestación de la demanda
La parte accionada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Se refirió a la circular como un acto administrativo y señaló que ésta
se expidió dando estricto cumplimiento a directrices impartidas por la
Asamblea General de la Federación de Departamentos, en la cual se
adoptaron nuevas condiciones mínimas para la introducción y
distribución de licores extranjeros en el territorio de los
Departamentos. Así mismo, resaltó que, si bien la entidad expidió el
acto administrativo acusado, la circular no había sido aplicada.
Afirmó que la circular es el desarrollo y cumplimiento de las
disposiciones previstas en el Estatuto Tributario Departamental, en
particular los artículos 48 y 49, que señalan:
“ARTÍCULO 48.- Principios del régimen de monopolio. El ejercicio del
monopolio de licores destilados y/o alcoholes en el departamento del
Atlántico, se fundamenta en los principios de autonomía, legalidad, economía
y reciprocidad (ordenanza No. 00041/2002).
ARTÍCULO 49.- Autonomía. Es la adopción plena de los parámetros
normativos y sustantivos del régimen de monopolio de licores y/o alcoholes
consagrado en la Constitución y las Leyes, que proporcionan al departamento
del Atlántico, la facultad discrecional y absoluta de regular y reglamentar este
régimen. (ordenanza No. 00041/2002)”
Manifestó que, en desarrollo del artículo 49, el Departamento del
Atlántico, a través de la Secretaría de Hacienda Departamental -
6
Folio 21 del expediente.
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Radicado: 08001-2331-000-2011-01120-01
Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
Subsecretaría de Rentas, atendió la decisión adoptada por la Asamblea
General de la Federación Nacional de Departamentos celebrada el 19
de enero de 2011 y exigió a los importadores y distribuidores de licores
extranjeros incluir en cada contrato que se celebre o prorrogue, las
“nuevas condiciones mínimas” explícitamente señaladas en la circular
acusada, además de las condiciones previstas en el artículo 88-1 del
Estatuto Tributario Departamental.
Agregó que, si bien es cierto que el artículo 121 del Decreto 1222 de
1986 establece que las Asambleas Departamentales regularán el
monopolio o gravarán la producción, introducción y venta de licores
destilados, también es cierto que el Departamento, a través de la
Secretaría de Hacienda, está plenamente facultado para establecer
condiciones y parámetros para dar cumplimiento a los contratos de
distribución de licores. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 46, 47,
52, 53 y siguientes del Estatuto Tributario Departamental, cuyo tenor
indica:
“Artículo 46.- Base legal y definición. Se entenderá por régimen de
monopolio de licores departamental, la figura jurídica de carácter
rentístico que discrecionalmente adopta el Departamento del Atlántico
mediante la cual, la producción, introducción y distribución de licores,
destilados y/o alcoholes está reservada a este a título de arbitrio. El
Departamento del Atlántico dentro de los parámetros establecidos en los
artículos 336 de la Constitución Nacional, 63 de la Ley 14 de 1983, Decreto
1222 de 1986, 35 del Decreto Ordenanza 000513 de 1993 y 5° de la
Ordenanza 000011 de 2001, puede celebrar contratos de distribución de
licores destilados nacionales y/o importados con personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, así como suscribir convenios de
intercambio, que dentro de las normas constitucionales y legales vigentes,
permitan agilizar el comercio de licores y alcoholes en su jurisdicción.
Artículo 47.- Campo de Aplicación. Los lineamientos definidos en el
presente Estatuto, tendrán plena aplicación en los procesos y operaciones
de producción, introducción, distribución, comercialización venta de licores
destilados y/o alcoholes de origen nacional o extranjero, que se
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Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
desarrollen al interior del Departamento de Atlántico y que se formalicen
a través de la suscripción de los correspondientes contratos de
distribución.
Artículo 53.- Definición de Contrato de distribución de licores. Es el
acto jurídico a través del cual el departamento del Atlántico en uso de sus
facultades monopolísticas, autoriza con o sin exclusividad a una persona
natural o jurídica de derecho público o privado, para que introduzca,
distribuya y comercialice en su jurisdicción, licores destilados de origen
nacional o extranjero. Como contraprestación el ente territorial
departamental recibirá el pago de participación, en los términos señalados
en el presente Estatuto.”
En ese orden afirmó que, conforme a las disposiciones citadas, el
departamento del Atlántico ha adoptado directrices como una facultad
discrecional y absoluta de regular y reglamentar el régimen de
monopolio, comprendiendo en éste la distribución de licores
extranjeros.
Finalmente, manifestó que, de la confrontación entre la circular
atacada y las disposiciones transcritas, se advierte que la norma
adoptada responde al cumplimiento de los objetivos del Departamento
del Atlántico, y que las condiciones para la suscripción de contratos de
licores extranjeros atienden a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto
Tributario Departamental.
A su juicio, lo anterior evidencia que no se configuró la falta de
competencia, ni la extralimitación de funciones que se alega en la
demanda, de manera que la circular no incurrió en la violación las
normas invocadas.
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II. SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de
junio de 2014, declaró la nulidad de la circular externa núm. 0006 de
2011, expedida por la Subsecretaría de Rentas Departamental de la
Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, con apoyo en
las siguientes consideraciones:
El Tribunal estableció, en primer lugar, que el problema jurídico por
resolver consistía en determinar si el acto acusado debía declararse o
no nulo, al haber sido expedido por un funcionario sin competencia
para ello. Al respecto señaló que, de conformidad con el artículo 336
de la Constitución Política, ningún monopolio podrá establecerse sino
como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y
en virtud de la ley. Igualmente, indicó que el artículo 121 del Código
de Régimen Departamental confirió a los Departamentos el monopolio
sobre la producción, introducción y venta de licores destilados y facultó
a las asambleas departamentales para regular el monopolio o gravar
esa industria y actividades, si el monopolio no conviene. Así mismo,
destacó que el artículo 127 ibidem prohibió a los Departamentos
establecer gravámenes adicionales distintos al de consumo, sobre la
fabricación, introducción, distribución y venta de licores, vinos, vinos
espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y
extranjeros, sin perjuicio de lo determinado en el artículo 123 del
mismo Código.
Seguidamente señaló que, conforme al criterio establecido por el
Consejo de Estado en sentencia de 28 de junio de 20107, la circular
7
Consejo de Estado; Sección Cuarta; Sentencia del 28 de junio de 2010; Radicado 19001-23-
31-000-2001-04311-01 (14858) C.P. Martha Teresa Briceño Valencia
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demandada está viciada de nulidad al haber sido expedida por un
funcionario sin competencia. Ello, por cuanto “la competencia para la
regulación de los monopolios en este aspecto radica exclusivamente en
las asambleas departamentales, más no en la Federación Nacional de
Departamentos o en las gobernaciones del respectivo Departamento”8.
Frente al argumento expuesto por la parte demandada según el cual
no es posible declarar la nulidad de la circular porque ésta no ha sido
aplicada, el Tribunal se refirió a las características de ejecutividad y
ejecutoriedad de los actos administrativos. En cuanto a la primera,
señaló que se refiere a la fuerza normativa del acto administrativo, que
lo hace de obligatorio cumplimiento para la autoridad administrativa y
para los afectados. Tal presupuesto hace referencia a la obligatoriedad
del acto y requiere como única condición la firmeza del mismo, “esto
es, son de imperioso cumplimiento mientras no pierdan su fuerza
ejecutoria”9. Sobre la ejecutoriedad o fuerza ejecutoria, explicó que se
trata de la aptitud que tiene el acto administrativo en firme, para que
la administración pueda ejecutarlo o adelantar las actuaciones
tendientes a lograr su cumplimiento. Conforme a lo anterior, concluyó
que el hecho de haber comunicado la decisión adoptada a los
importadores y distribuidores de licores extranjeros, según se probó
en el proceso, provocó que el contenido de la circular demandada se
hiciera obligatorio para sus destinatarios, independientemente de que
la entidad demandada decidiera dar o no cumplimiento a la misma a
través de medios coactivos.
8 Folio 97, vto., del cuaderno de primera instancia.
9
Folio 98 del cuaderno de primera instancia.
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III. EL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la Gobernación del Departamento del Atlántico
interpuso en forma oportuna recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia y solicitó revocar la decisión adoptada aduciendo
que, contrario a lo concluido por el a quo, el Departamento sí tenía la
competencia para proferir la circular acusada.
Reiteró que, si bien es cierto que el artículo 121 del Decreto 1222 de
1986 estableció que las Asambleas Departamentales regularían el
monopolio o gravarían la producción, introducción y venta de licores
destilados, también es cierto que el Departamento, a través de la
Secretaría de Hacienda, está plenamente facultado para establecer las
condiciones y los parámetros para dar cumplimiento a los contratos de
distribución de licores, pues así lo admiten los artículos 46, 47, 53 y
siguientes del Estatuto Tributario Departamental10.
Así mismo, insistió en que el Departamento ha adoptado directrices
como una facultad discrecional y absoluta de regular y reglamentar ese
régimen, que incluye la distribución de licores extranjeros.
Conforme a lo anterior, a juicio del apelante, no es de recibo la tesis
del Tribunal según la cual la competencia para regular el monopolio de
licores destilados está atribuida expresa y privativamente a las
Asambleas Departamentales, pues no resulta acorde con la realidad de
las facultades de las que goza el Departamento, en ejercicio del
principio de autonomía que le asiste.
10
Página 114 del expediente de primera instancia digitalizado, disponible en SAMAI.
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Por otra parte, adujo que las medidas incluidas en la circular
demandada no resultan extrañas ni opuestas al régimen que gobierna
la suscripción de contratos de licores extranjeros, ni a la regulación de
las conductas que deben asumir los actores involucrados en los
mismos. Además, dichas directrices encuadran dentro de los objetivos
y funciones que debe cumplir el Departamento del Atlántico, en el
marco del régimen contractual relativo a la distribución de licores, para
ejercer un efectivo control y vigilancia.
Así mismo, reiteró que la circular anulada por el Tribunal se expidió
dándole estricto cumplimiento a directrices impartidas por la asamblea
general de la Federación de Departamentos, en la que se adoptaron
nuevas condiciones mínimas para la introducción y distribución de
licores extranjeros en los territorios de los Departamentos. Ello, con el
fin de implementar medidas y condiciones para la comercialización de
licores en la lucha adelantada contra el contrabando. Así las cosas,
afirmó que las condiciones establecidas en la circular no son más que
el desarrollo y cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Estatuto Tributario Departamental, en particular los artículos 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 85, 86, 87, 88, 88-1,
entre otras.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 25 de junio de
2015. Por medio del auto del 22 de febrero de 2016, se ordenó correr
traslado a las partes por el término común de diez días para que
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presentaran los respectivos alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que, si así lo consideraba, formulara su concepto.
4.1. Alegatos de conclusión
4.1.1. La parte actora
La demandante señaló11 que la circular demandada se motivó en la
“decisión adoptada por la Asamblea General de la Federación de
Departamentos celebrada el 19 de enero de 2011”, a pesar de que en
esa fecha no se llevó a cabo asamblea general de gobernadores, tal
como consta en la certificación expedida por la Federación Nacional de
Departamentos, en respuesta al requerimiento efectuado en el trámite
del proceso en primera instancia. Por tal razón afirmó que, “más anejo
a los vicios de nulidad planteados en la demanda, nos encontramos en
presencia de un evidente caso de falsa motivación del acto
administrativo”12, por lo que, a su juicio, se impone decretar la nulidad
del acto demandado, al encontrarse objetivamente probado en el
proceso que el fundamento para su expedición es inexistente.
En ese sentido, afirmó que, incluso sin tener en cuenta lo anterior, no
podría esgrimirse una decisión adoptada por la Asamblea General de
la Federación de Departamentos como sustento para la imposición de
nuevos requisitos, ya que dicha entidad no tiene competencia para
establecer exigencias o requisitos para el ejercicio del monopolio.
11
Folios 8 a 12 del cuaderno de segunda instancia
12 Folio 8 del cuaderno de segunda instancia.
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Señaló que la parte demandada parte de un supuesto errado al afirmar
que el artículo 49 del Estatuto de Rentas Departamental le otorga a la
Secretaría de Hacienda una “facultad discrecional y absoluta de regular
y reglamentar este régimen”. En su criterio, la misma disposición
señala que la referida autonomía se encuentra sujeta “a lo consagrado
en la Constitución y las leyes”, esto es, las normas que señala el
artículo 46 del mismo estatuto (artículos 336 de la Constitución, 63 de
la Ley 14 de 1983 y 123 del Decreto 1222 de 1986). Por ende, debe
entenderse dentro de los límites que las normas que rigen el monopolio
imponen, pues no existe una soberanía absoluta para su regulación.
Así las cosas, reiteró que la Ley no autoriza a autoridades
administrativas distintas a las Asambleas Departamentales para
regular el ejercicio del monopolio de licores destilados a través de la
fijación de requisitos adicionales.
Con todo, manifestó que si, en gracia de discusión, se considerara que
existe autorización de la Asamblea Departamental del Atlántico para
que la Secretaría de Hacienda interviniera en la regulación del ejercicio
del monopolio, ello debería constar de manera expresa en el Estatuto
de Rentas Departamental o en otra ordenanza, y lo cierto es que no
existe ninguna norma que así lo establezca. Finalmente, reiteró los
argumentos expuestos en la demanda.
4.1.2. El Departamento del Atlántico reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
13 de junio de 201413.
4.1.3. El Ministerio Público guardó silencio.
13
Folios 13-17 del cuaderno de segunda instancia.
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V. CONSIDERACIONES
5.1. El acto acusado
Se pretende la nulidad de la circular 0006 del 12 de abril de 2011,
proferida por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico,
por medio de la cual se establecieron las condiciones mínimas para la
suscripción de contratos sobre licores extranjeros, dirigida a los
importadores y distribuidores de licores extranjeros.
5.2. Cuestión previa: competencia funcional del juez de
segunda instancia
Examinadas las actuaciones surtidas en el presente proceso, se tiene
que, en los alegatos de conclusión presentados en el trámite de la
segunda instancia, la actora se refirió a la falsa motivación del acto
acusado como otro de los vicios que lo afectaría, adicional al planteado
en la demanda.
Al respecto, conviene recordar que la etapa de alegatos en esta
instancia tiene por objeto proporcionar una oportunidad procesal para
que la parte controvierta los argumentos del recurso de apelación, con
apoyo en las pruebas practicadas en el proceso. En ese orden, no es
procedente que en el curso de esa actuación se planteen nuevos
aspectos como sustento de las pretensiones, ya que éstos no podrían
ser objeto de contradicción al no haber sido sometidos oportunamente
a consideración de la contraparte.
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Por lo anterior, la Sala advierte que en este pronunciamiento no se
tendrán en consideración lo expuesto por la demandante en sus
alegatos de conclusión en torno a la supuesta falsa motivación de la
Circular 006 de 2011.
5.3. Problema jurídico
Atendiendo a la decisión adoptada en primera instancia y a los motivos
expuestos en el recurso de alzada, la Sala deberá determinar, en
primer término, si es nula por haber sido expedida sin competencia, la
circular externa emitida por una Secretaría de Hacienda
Departamental, que indica las condiciones y parámetros para la
suscripción de contratos que tienen por objeto la distribución de licores
extranjeros.
En ese orden, en caso de concluirse que no se configuró el vicio de falta
de competencia, y teniendo en cuenta que al considerar probado este
aspecto el pronunciamiento del Tribunal no abordó el cargo adicional
de la demanda, en cumplimiento de los artículos 280, 282 y 287 del
Código General del Proceso14 le corresponde a la Sala determinar si, al
señalar las condiciones para la suscripción de contratos de licores
extranjeros en el Departamento del Atlántico en la circular 006 de
2011, la Secretaría de Hacienda de esa entidad territorial vulneró las
normas superiores que supeditan el ejercicio del monopolio sobre
licores destilados a los requisitos señaladas expresamente en la Ley.
14
Las señaladas normas indican, por un lado, que “[...] si el juez encuentra probada una excepción que
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes.
En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien
la alegó no haya apelado de la sentencia. [...]”, y por otro que “[...] el juez de segunda instancia deberá
complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero
si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria. [...]”.
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5.4. Análisis del recurso de apelación
Para resolver los problemas jurídicos enunciados, la Sala se
pronunciará sobre la competencia para regular y gravar el monopolio
sobre licores destilados. Para el efecto, se analizará el contenido de las
disposiciones que regulan la materia, así como aquellas que la actora
considera infringidas por los actos acusados15, a saber, los artículos 84,
121, 122, 333 y 336 de la Constitución, los artículos 61 a 72 de la Ley
14 de 1983, compilados en el Decreto 1222 de 1986, artículos 121 a
132, y el artículo 1º de la Ley 952 de 2005.
Dilucidado lo anterior, se determinará si se debe o no declarar la
nulidad del acto administrativo acusado, con base en los cargos
formulados en la demanda.
5.4.1. Del monopolio rentístico de licores y la competencia para
regularlo
5.4.1.1. De conformidad con el artículo 336 de la Constitución
Política16, “Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio
15
En este punto debe anotarse que, durante el curso de este proceso, las normas de carácter legal sobre
el monopolio de licores y el impuesto al consumo que la actora invocó como vulneradas por el acto acusado,
todas anteriores a la Constitución de 1991 hoy vigente, fueron derogadas y reemplazadas por otras. Así,
mediante la Ley 1816 de 2016, se fijó el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y
se modificó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, a partir de lo cual se
derogaron, entre otros, los artículos 61, 62, 63, 65, 66, 69 y 70 de la Ley 14 de 1983, relacionados con el
impuesto al consumo de licores, lo mismo que las normas del Decreto Ley 1222 de 1986, en las que los
primeros fueron compilados. No obstante, teniendo en cuenta que esas eran las normas vigentes al
momento de expedirse el acto acusado, y que en tal medida se invocaron como infringidas por éste, la
Sala decidirá sobre su legalidad a la luz de tales normas.
16
ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad
de interés público o social y en virtud de la ley.
La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados
los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.
La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a
un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.
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rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de
la ley”. Entre los monopolios establecidos a favor del Estado o de sus
entidades territoriales se encuentra el de los licores, cuya titularidad
corresponde a los Departamentos.
Adicionalmente, el artículo 336 establece que la actividad económica
objeto de un monopolio rentístico puede ser desarrollada por el Estado
directamente o a través de los particulares, por medio de una
autorización o la celebración de un contrato de concesión y a cambio
de una contraprestación representada en los denominados derechos de
explotación.
Esta Corporación se ha referido al monopolio rentístico de licores en
los siguientes términos:
“La normativa que regula lo referente al monopolio de licores está contenida en el
Decreto Ley 1222 de 1986, Código de Régimen Departamental que tomó como base
lo estipulado en la Ley 14 de 1983.
El artículo 61 de la Ley 14 de 1983 estableció el monopolio departamental de la
producción, introducción y venta de licores destilados, como arbitrio rentístico, en los
términos del artículo 31 de la Constitución Política de 1886 y dispuso que las Asambleas
Departamentales debían regular el monopolio o gravar esas industrias y actividades,
si el monopolio no convenía.
En virtud del monopolio, los Departamentos se reservan la exclusividad en la
producción, introducción y venta de licores destilados, de modo que quienes quieran
realizar alguna de dichas actividades deben obtener previamente su permiso, el cual
sólo se otorga una vez celebrados los contratos con las firmas productoras,
introductoras o importadoras, en los que se establezca la participación porcentual del
ente territorial sobre el precio de venta del producto.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente
a los servicios de salud.
Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los
servicios de salud y educación.
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente
en los términos que establezca la ley.
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el
desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine
la ley.
En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.
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Se mantuvo, así, la opción dada a los departamentos para fijar el monopolio por las
actividades de producción, introducción y venta de licores destilados o para gravar
tales actividades, de manera que si el departamento escogía fijar el monopolio, no
podía gravar esas actividades dentro de su territorio.”17
Ahora bien, en cuanto a la facultad de regular dicha actividad, la Ley
14 de 1983, por medio de la cual “se fortalecen los fiscos de las
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, en el Capítulo
V, artículos 61 a 72, reguló el impuesto al consumo de licores, renta
de carácter nacional cedida a los Departamentos. Las disposiciones
referidas se compilaron en el Decreto 1222 de 198618, Título VI, De los
bienes y rentas departamentales, Capítulo II De las rentas, Aparte II,
específicamente en los artículos 121 a 132, normas vigentes para la
época en que expidió el acto administrativo acusado.
El artículo 121 del Decreto 1222 de 198619 determinó que la
producción, introducción y venta de licores destilados constituyen un
monopolio de los Departamentos como arbitrio rentístico en los
términos del artículo 31 de la Constitución Política entonces vigente,
norma de contenido equivalente a los dos primeros incisos del artículo
336 de la actual Constitución. Así mismo, facultó a las Asambleas
Departamentales para regular el monopolio o gravar a esta industria y
actividades, si el monopolio no conviene.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta (C. P. Julio
Roberto Piza Rodríguez), sentencia del 12 de octubre de 2017; Radicado Nro. 17001-23-31-
000-2012-00191-01.
18
Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.
19
ARTÍCULO 121. De conformidad con la Ley 14 de 1983, la producción, introducción y venta de licores
destilados constituyen monopolios de los Departamentos como arbitrio rentístico en los términos del
artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las Asambleas Departamentales
regularán el monopolio o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a
lo dispuesto en los artículos siguientes.
Las Intendencias y Comisarías cobrarán el impuesto de consumo que determina esta ley para los licores,
vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros.
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Respecto a la facultad otorgada por esas normas a las Asambleas
Departamentales, esta Corporación ha señalado que:
“[…] La opción de escoger entre el monopolio o el gravamen a las
actividades de producción, introducción y venta de licores destilados
embriagantes se mantuvo en la Ley 4 de 1913, al asignar a las
Asambleas Departamentales la función de monopolizar, en beneficio de
su tesoro, si lo estima conveniente y de conformidad con la ley, las
actividades en mención, o, gravar esas industrias en la forma en que lo
determine la ley, si el monopolio no conviene.
Por tanto, si el departamento escogía fijar el monopolio sobre la
producción, introducción y venta de licores destilados, legalmente no
podía gravar tales actividades dentro de su jurisdicción.
El artículo 61 de la Ley 14 de 1983 estableció el monopolio
departamental de la producción, introducción y venta de licores
destilados, como arbitrio rentístico, en los términos del artículo 31 de la
Constitución Política de 1886. Y, dispuso que las Asambleas
Departamentales debían regular el monopolio o gravar esas industrias y
actividades, si el monopolio no convenía.
Con fundamento en lo establecido en la Ley 14 de 1983, el artículo 121
del Decreto Extraordinario 1222 de 1986, Código de Régimen
Departamental, vigente para la fecha de expedición de la Ordenanza
demandada, dispuso que «De conformidad con la Ley 14 de 1983, la
producción, introducción y venta de licores destilados constituyen
monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los
términos del artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En
consecuencia, las Asambleas Departamentales regularán el monopolio o
gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene,
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. […]”20
En este mismo sentido, se pronunció en otra sentencia así:
“[…] En el caso que ocupa la atención de la Sala, la Asamblea
Departamental de Nariño, delegó en el Gobernador la facultad de regular
el monopolio de licores destilados en dicho departamento. Dicha función
se encuentra prevista en el artículo 61 de la Ley 14 de 1983, en los
siguientes términos:
20
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Cuarta; Sentencia del 26 de julio de
2017; Radicado No. 25000-23-37-000-2011-00169-01; C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto.
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“Art. 61… las Asambleas Departamentales regularán el monopolio o
gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene,
conforme a lo dispuesto en esta Ley.” (las negrillas y subrayas no son
del texto original).
La disposición transcrita establece para las Asambleas Departamentales
dos facultades diferentes, una consistente en regular el monopolio sobre
la producción, introducción y venta de licores destilados y la otra,
consistente en gravar la actividad cuando el monopolio no conviene.
En este caso, se repite, la función delegada es la de regular no la de
gravar el citado monopolio que, como se dijo, no es pasible de
delegación por expresa prohibición del artículo 338 de la Constitución
Política. […]”21.
5.4.1.2. Ahora bien, conforme el artículo 63 de la Ley 14 de 1983,
compilado en el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986, norma vigente
para la época en que el acto acusado fue expedido, el desarrollo del
monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores
destilados tiene lugar gracias a la celebración de contratos de
intercambio entre los Departamentos y personas de derecho público o
de derecho privado, así como de cualquier tipo de convenio que
permita agilizar el comercio de estos productos, dentro de los límites
de las normas de contratación entonces vigentes.
La misma disposición señala que, para la introducción y venta de
licores destilados sobre los cuales se ejerza el monopolio será necesario
obtener previamente el permiso de la entidad territorial, y que dicha
autorización se otorgará una vez se celebren los convenios económicos
con las firmas productoras, introductoras o importadoras en los cuales
se establezca la participación porcentual del Departamento en el precio
de venta del producto. Así entonces, corresponderá al Gobernador del
respectivo Departamento adelantar las etapas precontractual,
21
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de junio de 2008, radicado 52001-23-31-000-
2002-00685-01 (C. P. Martha Sofía Sanz Tobón).
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contractual y post-contractual del proceso en ejercicio del monopolio
en la modalidad en la que haya sido adoptado.
En particular, para el análisis del presente asunto es necesario tener
en cuenta que la Asamblea Departamental del Atlántico adoptó el
régimen de monopolio de licores a través del artículo 46 del Estatuto
Tributario Departamental (Ordenanza 41 de 2002, compilada en la
Ordenanza 823 de 2003), norma conforme a la cual la producción,
introducción y distribución de licores destilados y/o alcoholes se
encuentra reservada al Departamento, a título de arbitrio rentístico.
La misma disposición señaló que el Departamento podrá “celebrar
contratos de distribución de licores destilados nacionales y/o
importados con personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado, así como suscribir convenios de intercambio, que dentro de
las normas constitucionales y legales vigentes, permitan agilizar el
comercio de licores y alcoholes en su jurisdicción”.
En consonancia con lo anterior, en el artículo 52 del referido Estatuto
se estableció que el ejercicio del monopolio de licores únicamente
podría desarrollarse a través de la modalidad de contratos de
distribución, a suscribirse entre el Departamento del Atlántico y
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que
introduzcan y comercialicen licores no provenientes de fábricas
oficiales o concesionarios de éstas, para el caso de los nacionales o de
origen extranjero, o entre el Departamento del Atlántico y personas
naturales o jurídicas de derecho público o privado que introduzcan
dicho producto proveniente de fábricas oficiales o concesionarias de
éstas, en desarrollo de los convenios de intercambio
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interdepartamentales. Así entonces, en desarrollo del aludido vínculo
contractual, el Departamento autoriza, con o sin exclusividad, a la
persona natural o jurídica para desarrollar la actividad en cuestión, y
en contraprestación el ente territorial recibirá el pago de participación.
El artículo 59 del Estatuto Tributario del Departamento del Atlántico
indica el procedimiento para la suscripción del contrato de distribución
de licores en los siguientes términos:
ARTÍCULO 59.- Procedimiento para la suscripción de contrato de distribución
de licores. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la suscripción de
contrato de distribución de licores con el Departamento del Atlántico deben
cumplir el siguiente tramite:
Presentar solicitud dirigida al Secretario de Hacienda Departamental en la que
se expresen las cantidades mínimas a distribuir por mes, anexando la
siguiente documentación:
• Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor
a treinta (30) días expedida por la Cámara de Comercio donde se
encuentra ubicada la empresa.
• Fotocopia del Nit.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la
empresa.
• Carta de autorización del fabricante del producto o del Departamento
introductor, si es producto de fábrica oficial.
• Registro sanitario de los licores a introducir.
• Etiquetas de los productos a distribuir.
Radicada la solicitud del interesado, la Secretaría de Hacienda
Departamental dispondrá́ de quince (15) días para verificar el
cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, así como la
viabilidad y conveniencia económica de suscribir el contrato.
Cumplido lo anterior, se remitirá́ a Secretaría Jurídica de la Gobernación para
que este despacho conceptúe sobre la procedencia legal del contrato y elabore
la correspondiente minuta dentro de los quince (15) días siguientes al recibo
de la documentación aportada por la Secretaría de Hacienda. (Ordenanza No.
000011/2003. Modificado por el artículo 6, Ordenanza No. 000002/2004).
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Así mismo, en el artículo 88-1 del Estatuto Tributario Departamental
se dispuso que los productores, importadores y distribuidores
responsables de participación a favor del Departamento deberán “[…]
registrarse ante la Secretaría de Hacienda Departamental, en el
Registro Único de Contribuyentes, para lo cual deberán aportar los
siguientes documentos:
• Formato de registro diligenciado.
• Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor
de treinta (30) días. Fotocopia del Nit.
• Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal
• Registro sanitario de los productos a producir, distribuir o importar.
• Original de etiquetas de los productos a producir, distribuir o importar.
• Carta de autorización del importador o distribuidor.
• Bono de pago por concepto de registro único de contribuyentes.”
5.4.1.3. Del recuento normativo expuesto se tiene que, tal como lo ha
reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, el legislador le asignó
a las Asambleas Departamentales la posibilidad de elegir entre las
opciones de: (i) ejercer el monopolio sobre la producción, introducción
y venta de licores destilados y en consecuencia cobrar la participación
económica en el marco de un contrato de distribución; o (ii) gravar
dichas actividades con el impuesto al consumo de licores, en el evento
en que dicha Corporación estime que no conviene el monopolio.
Ahora bien, las disposiciones citadas dan cuenta igualmente de que a
dichas Corporaciones se les asignó la función de regular los parámetros
o condiciones en los que se desarrollaría el ejercicio del monopolio de
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licores. Con todo, contrario a la interpretación expuesta por la actora,
lo cierto es que de las normas analizadas no se desprende que dicha
facultad consista en una atribución de reglamentación exhaustiva y
exclusiva en cabeza de ese cuerpo colegiado.
En realidad, la actividad normativa de la Asamblea Departamental se
refiere a la adopción del modelo de explotación y la determinación de
los lineamientos generales en los que se desarrollará el monopolio,
correspondiendo al Gobernador del Departamento lo relativo a la
celebración de los contratos de intercambio para la ejecución del
monopolio de licores, al ser la autoridad encargada de dirigir la acción
administrativa y contractual del Departamento (artículo 305 superior)
en desarrollo de la autorización general para contratar que se deriva
del artículo 11, numeral 3º, literal b, de la Ley 80 de 199322.
Ahora bien, en torno a este específico aspecto, el Gobernador podrá
ejercer su facultad reglamentaria, bien directamente, bien a través de
las secretarías y entidades que integran la administración
departamental, de manera residual y conforme a las normas de
contratación vigentes y en el ámbito de sus competencias.
En ese sentido, la Sala advierte que, en el caso del Departamento del
Atlántico, la misma Asamblea Departamental determinó que el
procedimiento para la suscripción del contrato de distribución de licores
22
“ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA
CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.:
[…]
3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:
[…] b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y
de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales,
y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los
territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las
normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.”
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se adelantaría ante la Secretaría de Hacienda Departamental y que esa
dependencia estaría a cargo de la verificación del cumplimiento de los
requisitos exigidos, así como de evaluar la viabilidad y conveniencia
económica de suscribir cada contrato.
Dicha atribución, en consonancia con el principio de autonomía que
inspira la regulación del régimen de monopolio de licores en el
Departamento (artículo 49 del Estatuto Tributario Departamental),
habilita a la Gobernación, por conducto de la Secretaría de Hacienda,
a regular los demás aspectos que resulten necesarios para hacer
posible el ejercicio del monopolio, todo esto con el fin de ejecutar la
elección adoptada por el cuerpo colegiado territorial y sin que ello
implique un exceso respecto de lo primeramente regulado por la
Asamblea Departamental. Ello teniendo en cuenta que las condiciones
específicas para la celebración de los contratos de participación no
estaban delimitadas por la Constitución ni por la Ley, ya que esta
última apenas indicaba que los aludidos convenios económicos
constituyen el prerrequisito para conceder el permiso por parte de los
Departamentos para la introducción y venta de licores destilados.
5.4.2. Del caso concreto
5.4.2.1. Sobre la falta de competencia para regular el monopolio
de licores destilados
En el caso sub examine, la parte actora argumentó que la Secretaría
de Hacienda del Departamento del Atlántico no tenía competencia para
proferir la circular 0006 del 12 de abril de 2011, por cuanto la Ley 14
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de 1983, compilada por el Decreto 1222 de 1986, estableció que las
asambleas departamentales tienen la facultad de regular el monopolio
de la venta de licores destilados. Dicha tesis fue acogida por el a quo,
que declaró la nulidad del acto administrativo acusado por considerar
que el mismo fue expedido por funcionario sin competencia. A su juicio,
la facultad de regular los monopolios de licores destilados radica
exclusivamente en las Asambleas Departamentales y no en la
gobernación del respectivo Departamento, menos aún en la Federación
Nacional de Departamentos.
Al respecto, la parte demandada manifestó en su recurso de apelación
que, si bien el artículo 121 del Decreto 1222 de 1986 estableció que
son las Asambleas Departamentales las que regulan el monopolio sobre
la producción, introducción y venta de licores destilados, también es
cierto que el Departamento, a través de su Secretaría de Hacienda,
está facultado para establecer las condiciones y parámetros para dar
cumplimiento a los contratos de distribución de licores, de conformidad
con lo determinado en los artículos 46, 47, 52, 53 y siguientes del
Estatuto Tributario Departamental.
A efectos de resolver el primer problema jurídico planteado resulta
pertinente evaluar el contenido y alcance de las disposiciones de la
circular 006 de 2011 demandada. Al respecto, se tiene que mediante
dicho acto la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico
determinó que, en lo sucesivo, a las autorizaciones y contratos de
distribución de licores extranjeros se les incorporaría un conjunto de
condiciones, las cuales se exigirían, además de los documentos
señalados en el artículo 88-1 del Estatuto Tributario, como necesarios
para el Registro Único de Contribuyentes que deben realizar los
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productores, importadores y distribuidores responsables ante la
Secretaría de Hacienda Departamental.
Las denominadas nuevas “condiciones mínimas para la introducción y
distribución de licores extranjeros en los territorios de los
Departamentos” se presentaron en el acto acusado bajo las siguientes
cuatro categorías:
(a) Condiciones legales y financieras. Relativas a la acreditación
de información sobre la existencia e idoneidad financiera del
importador, así como a la identificación de los fabricantes y
proveedores de los productos, de los transportadores e
intermediadores aduaneros que intervengan en su importación, y
de distribuidores que utilice el importador en el territorio nacional.
(b) Condiciones técnicas. Relativas al suministro de la información
necesaria para la verificación de la aptitud de los productos que
se pretenden distribuir y el desarrollo de estrategias para la
prevención y vigilancia de eventos de adulteración.
(c) Colaboración requerida en caso de incautación de productos
genuinos. Alusivas a compromisos que se pactarán en los
contratos que se suscriban, tales como el deber del contratante
de notificar los eventos de incautación a los fabricantes,
proveedores, transportadores y distribuidores y la solicitud de
información sobre la fabricación del producto, su compra e
importación.
(d) Colaboración requerida en caso de incautación de productos
no genuinos. Referidas a la obligación de notificar y suministrar
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información a los fabricantes de los productos y atender las
peticiones de información que efectúen las autoridades fiscales,
sanitarias y de policía. Conforme el inciso final de la circular,
igualmente se tiene que estas condiciones “se pactarán en el texto
de los contratos que se suscriban”.
Para la Sala, la revisión de la circular 006 de 2011 pone de presente
que las nuevas reglas que en ella se señalan evidencian el interés de
la Gobernación del Atlántico de dotar de claridad el proceso de
suscripción de los contratos de distribución de licores y el otorgamiento
de autorizaciones, en desarrollo de los principios de transparencia,
eficiencia y responsabilidad propios de la contratación pública.
Desde esta perspectiva, se advierte que las señaladas nuevas
condiciones mínimas para la suscripción de contratos de licores
extranjeros en nada contradicen el desarrollo normativo hecho por la
Asamblea Departamental del Atlántico para el ejercicio del monopolio
de licores y, por el contrario, concretan aspectos de índole propiamente
contractual, necesarios para la adecuada y cumplida ejecución de los
actos del cuerpo colegiado.
En efecto, conviene recordar que, ni las disposiciones legales, ni las
ordenanzas departamentales, agotaron la reglamentación del ejercicio
del monopolio de licores, al punto de establecer las minucias del
proceso propio de suscripción del contrato de distribución de licores.
Además, debe tenerse en cuenta que la misma Asamblea
Departamental le encargó a la Secretaría de Hacienda Departamental
la función de verificar que se hubieren aportado los documentos
señalados en el artículo 59 del Estatuto Tributario dentro del
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procedimiento para la suscripción de contrato de distribución de licores,
así como la tarea de evaluar la viabilidad y conveniencia económica de
suscribir el contrato de distribución de licores. En esa medida, resulta
razonable que la Secretaría de Hacienda identifique y requiera la
información que estime necesaria para asegurar la utilidad y viabilidad
del contrato, pues en tal contexto es precisamente la llamada a
determinar las condiciones y los parámetros en los cuales los
suscribirá.
Conforme a lo anterior, la Sala concluye que no se encuentra
demostrado el cargo de falta de competencia formulado en la
demanda, toda vez que la Secretaría de Hacienda del Departamento
del Atlántico sí tenía competencia para establecer las condiciones y
parámetros para la suscripción de contratos que tienen por objeto la
distribución de licores extranjeros. En consecuencia, en relación con
este aspecto, no comparte lo dicho en la sentencia apelada.
Sin embargo, ante la conclusión advertida, le corresponde entonces a
la Sala pronunciarse sobre el segundo cargo de la demanda, en el cual
se alegó que la Secretaría de Hacienda Departamental habría
vulnerado las normas superiores al establecer requisitos para la
suscripción de los convenios de participación, que exceden los
establecidos en la Ley de régimen propio.
5.4.2.2. Sobre la facultad de la Secretaría de Hacienda del
Departamento del Atlántico para señalar los requisitos para
suscripción de contratos de participación, en ejercicio del
monopolio sobre los licores destilados
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En este punto la demandante planteó que en la circular 006
demandada la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico
estableció requisitos adicionales para la suscripción de contratos de
participación adicionales a los previstos en la Ley, razón por la que
afirma que violó los artículos 84, 333 y 336 de la Constitución Política23,
así como el artículo 1° de la Ley 962 de 200524, y los artículos 121 y
123 del Decreto 1222 de 198625 en el que se compilaron los artículos
61 y 63 de la Ley 14 de 1983.
23
“ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las
autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio.”
“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La
libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá
que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de
interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes
de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados
del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de
los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa
gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas
exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores,
estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de
rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca
la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el
desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine
la ley. En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.”
24
“ARTÍCULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por objeto facilitar las
relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban
surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen
de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En
tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de
racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a
los administrados: 1. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de actividades, derechos o
cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que
estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta. En tales
casos las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias. Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio de
actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados
por la ley; ni tampoco podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades
[…]”. 25
“Artículo 121. De conformidad con la Ley 14 de 1983, la producción, introducción y venta de licores
destilados constituyen monopolios de los Departamentos como arbitrio rentístico en los términos del
artículo 31 de la Constitución Política de Colombia.
En consecuencia, las Asambleas Departamentales
regularán el monopolio o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a
lo dispuesto en los artículos siguientes. Las Intendencias y Comisarías cobrarán el impuesto de consumo
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La demandante sustenta su alegato en la tesis conforme la cual, como
el Decreto 1222 de 1986 no hace referencia “al sinnúmero de requisitos
y condiciones mínimas que se pretenden imponer mediante la
expedición de la Circular 006 de 2011”26, los requisitos para el ejercicio
del monopolio son los siguientes: (1) obtener previamente el permiso
del Departamento, y (2) celebrar los convenios económicos con las
firmas productoras, introductoras o importadoras en los cuales se
establezca la participación porcentual del Departamento en el precio
de venta del producto, ya que esto último es a su vez condición para
que se conceda el permiso antes referido.
Ahora bien, en este punto la Sala advierte que tampoco le asiste razón
a la parte actora pues, conforme se explicó al analizar el cargo sobre
la supuesta falta de competencia de la Secretaría de Hacienda del
Departamento del Atlántico para dictar el acto acusado, lo cierto es que
en los artículos 121 y 123 del Decreto 1222 de 1986 no se señalaron
de forma exhaustiva ni taxativa los requisitos específicos para la
celebración de los contratos en los que se determina el porcentaje de
participación del Departamento del Atlántico con ocasión del consumo
de licores destilados en su jurisdicción.
Por el contrario, como se ha explicado, el sentido normativo del artículo
123 en realidad apunta a imponer dos condiciones como necesarias
para el ejercicio del monopolio sobre licores destilados, esto es,
(1) la celebración del contrato de participación entre el productor o
que determina esta ley para los licores, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales
y extranjeros.
26
Folio 18 del expediente.
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introductor y el ente territorial, y (2) que el Departamento otorgue
permiso respectivo, una vez completado lo primero.
Así, cotejando el contenido normativo del artículo 123 y la tesis que
expone la demandante a partir de su interpretación de esa disposición,
advierte la Sala que el cargo relativo a la ausencia de facultades de la
Secretaría de Hacienda se funda en una premisa equivocada, pues la
accionante confunde los requisitos establecidos por el legislador para
la explotación del monopolio sobre licores destilados en el
Departamento del Atlántico, con las condiciones que deben acreditarse
en la suscripción de los contratos de participación, pese a que estas
últimas no fueron señaladas en las normas superiores que la
demandante invoca como infringidas.
Por lo demás, valga reiterar que, como se dijo anteriormente, las
condiciones mínimas para la suscripción de contratos de licores
extranjeros consignadas en la circular demandada no son contrarias a
los términos en que la Asamblea Departamental del Atlántico adoptó el
régimen de monopolio de licores en ese ente territorial.
Tampoco constituyen exigencias desmedidas que impliquen la
anulación del derecho a ejecutar la actividad económica privada de
forma libre y, como no es cierto que la cuestión relativa al proceso de
suscripción del contrato de distribución de licores haya sido
reglamentada de manera detallada en la Constitución o la Ley, no hay
lugar a afirmar que la Secretaría de Hacienda del Departamento del
Atlántico impuso exigencias adicionales para el ejercicio de una
actividad en contravía de los artículos 84 y 333 la Constitución Política,
ni 1° de la Ley 962 de 2005.
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Así las cosas, para la Sala no constituye una extralimitación funcional
el ejercicio de facultades de reglamentación por parte de la
Gobernación del Atlántico, por conducto de su Secretaría de Hacienda,
como tampoco la exigencia de información objetiva sobre los contratos
a celebrar, que le permita al Departamento tomar decisiones en
relación con la posible suscripción de específicos negocios de
participación para la producción, distribución y comercialización de
licores extranjeros y sin perjuicio de que deban cumplirse con las
normas de contratación vigentes.
6. CONCLUSIÓN
Conforme a las anteriores consideraciones la Sala encuentra fundadas
las razones de desacuerdo planteadas por la parte demandada en
contra de las consideraciones esgrimidas en la sentencia de primera
instancia, que en su momento acogió el primer cargo de la demanda.
En sentido semejante, analizado el segundo cargo de la demanda,
relativo a una supuesta extralimitación funcional por parte de la
Secretaría de Hacienda del Atlántico, que no fue estudiado por el a quo,
concluye también que no se presentó tal situación, razón por la cual
tampoco prospera ese cargo
Así las cosas, la Sala revocará el fallo apelado para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, al no haberse desvirtuado la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado.
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7. Otros pronunciamientos
7.1. El despacho tendrá por terminado el poder conferido por el
Departamento del Atlántico al abogado Luis Alberto Mendoza
Consuegra, en aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 76 del CGP, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación
en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro
apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para
recursos o gestiones determinadas en el proceso”.
7.2. En consonancia con lo anterior, habida cuenta del poder que obra
en la anotación número 23 del historial de actuaciones del proceso de
SAMAI, se reconocerá personería a la abogada Andrea Carolina Rojas
Acuña como apoderada del Departamento del Atlántico, pues tal
documento cumple con los requisitos legales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de junio de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, DENEGAR
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por el
Departamento del Atlántico al abogado Luis Alberto Mendoza
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Demandante: CLAUDIA ELIZABETH CÁRDENAS FONSECA
Consuegra, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 76 del Código General del Proceso.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Andrea Carolina
Rojas Acuña como apoderada del Departamento del Atlántico, en los
términos y para los fines establecidos en el poder judicial a ella
conferido.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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