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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00442-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2016-00442-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2016-00442-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación núm.: 11001-03-24- 000-2016-00442-00
Actor: Luz Elena Arbeláez Velásquez
Demandado: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare (CORNARE)
Tema: Ambiental – Modificación del permiso de vertimientos
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda de nulidad instaurada por la señora Luz Elena
Arbeláez Velásquez (en adelante la parte demandante) contra la Resolución núm. 112-
3743 del 12 de agosto de 2015, expedida por la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), por medio de la cual “se resuelve un
recurso de reposición, se modifica un permiso de vertimientos y se adoptan otras
determinaciones”; asociado a la actividad porcícola desarrollada por la sociedad Criadero
San Silvestre La Ceja Ltda.

I. DEMANDA

1.1. Pretensión

La demanda1 tiene la siguiente pretensión:

Solicito se declare la nulidad de la Resolución Nro. 112-3743 del 12 de agosto de 2015,
expedida por la Subdirección de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional
de las cuencas de los Rios Negro-Nare - CORNARE2.

1.2. Acto acusado

CORNARE

1 El expediente se encuentra digitalizado en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 2, folio 812. La

demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró su falta de competencia y
remitió el expediente al Consejo de Estado, donde fue admitida por auto de 30 de septiembre de 2016. La
reforma de la demanda se limitó a incorporar pruebas documentales adicionales relativas a una acción
popular promovida en 2016 por la Junta de Acción Comunal del Sector La Maná contra las sociedades
vinculadas y CORNARE, su auto admisorio y un informe técnico de la Unidad de Gestión Ambiental sobre
afectaciones a la comunidad Alto de los Pinos. La reforma fue admitida por auto de 31 de octubre de 2018.
2 Visible en el índice 106 del SAMAI Cuaderno Principal 2, folio 381.

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

RESOLUCIÓN. No. 112 3743

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN,
SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO – NARE
“CORNARE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y DELEGATARIAS

Y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución núm. 112-3383 del 2 de septiembre de 2013 se
RENOVÓ EL PERMISO DE VERTIMIENTOS al CRIADERO SAN SILVESTRE LA
CEJA LTDA., con NIT 800.208.294-5, a través de su Representante Legal, el señor
JOSÉ LIBARDO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número
8.394.362, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
generadas por la actividad porcícola desarrollada en el predio identificado con FMI
018-25580, ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral.

[…]

Que en atención a las pruebas Decretadas y a la información que presento la parte
interesada con motivo del Recurso de Reposición de que trata el presente acto
administrativo, funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar las pruebas
documentales y a realizar visita tecina (sic) a la granja el día 14 de julio del - 2015,
en virtud de lo cual se generó el informe técnico con radicado 112-1464 del 04 de
agosto del 2015, en el que se establecieron unas observaciones las cuales hacen
parte integral de la presente actuación y se concluyo (sic) lo siguiente:

(...)

27. CONCLUSIONES:

La Granja Porcícola san Silvestre La Ceja Ltda, presentó recurso de
reposición a la Resolución núm. 112-1679 del 29 de abril de 2015,
mediante la cual se niega la modificación del permiso de vertimientos
vigente, en el cual aporta una propuesta de reestructuración del proyecto
de ampliación de la actividad porcícola, de modo que se cumpla con los
retiros establecidos en e/ EOT municipal, además de la implementación de
medidas que minimicen los posibles impactos ambientales y a la
comunidad circundante, tales como.

a) Utilización del producto natural MICRO- AID, el cual se adiciona
directamente en el concentrado de los cerdos y se obtienen beneficios
como:
• Reduce la producción de gases de amonio entre un 20 % y un 50 %
• Reduce producción de gases hasta un 90 %
• Mejora la absorción de minerales (Ca, P, Co; Zn, Mg}, reduciendo la
presencia en las heces fecales en un 9.5 %
• Disminuye e/ porcentaje de lechones nacidos muertos, implicando menos
material de mortalidad en la inclusión en sistemas de manejo de residuos
anatomopalógicos (fosas y compost).
• Implementación de Biodigestores: Se contará con un sistema de 3
biodigestores tipo Taiwan de sentido horizontal, construido en tierra, con
membrana flexible y correctamente techados, los cuales tienen las
siguientes ventajas.

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Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

b) Reducción de DBO y SST en un 60-90 % y el olor
prácticamente se elimina
• La reducción de patógenos en mayor a 99 % en 20 días de tiempo de
retención hidráulica (TRH) de digestión mesófila.
• Valoración agronómica del efluente (fertilizante), la mitad o más de
nitrógeno orgánico se convierte en amoniaco (NH-N), una pequeña
cantidad de fósforo (P) y potasio (K) se sedimenta como Iodo en la
mayoría de digestores.
• Obtención de energía (Biogás) que puede usarse como cualquier otro
combustible
• El estiércol digerido es más fácil de almacenar y bombear
• Reducción del contenido de materia orgánica
• El efluente fermentado puede usarse como abono orgánico

c) Establecimiento de barreras vivas: Para el caso de la granja San
Silvestre se tienen barreras desde hace más de ocho (8) años, en
diferentes estratos de altura, a modo de cercos perimetrales alrededor de
la granja de ceba. En los alrededores de las nuevas instalaciones y en los
linderos del predio se dará continuidad a las barreras vivas.

[…]

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR;

Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito
con radicado No. 112-2025 del 15 de mayo del 2015, cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011, es procedente pronunciarse
de fondo sobre el asunto:

Una vez analizada la documentación aportada por el recurrente, se evidenció que,
si bien es cierto la razón por la cual se negó la solicitud de modificación del permiso
de vertimientos fue, entre otras, que no era viable el proyecto de ampliación de la
actividad porcícola por no dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el
POT municipal, en dicha información se propuso una reestructuración del proyecto
de ampliación de la actividad porcícola, de modo que se cumpla con los retiros
establecidos en el EOT municipal, además de la implementación de medidas que
minimicen los posibles impactos ambientales y a la comunidad circundante, tal y
como se vislumbra en el Informe Técnico 112-1464 del 04 de agosto de 2015.

Ahora bien, teniendo en cuenta que con ocasión de la acción popular interpuesta
en contra de la porcícola se firmó un pacto de cumplimiento, el cual es de
obligatorio cumplimiento y hace tránsito a cosa juzgada, tal y como lo establece el
artículo 35 de la Ley 472 de 1998, la Corporación verificó que dentro de las
obligaciones asumidas por los accionados no se encontraba la de no aumentar la
población de cerdos; no obstante, esto no implica que con la propuesta de
ampliación de la porcícola no se deban implementar las respectivas medidas de
manejo que disminuyan los impactos ambientales que genera dicha actividad.

Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico 112-1464 del 04 de agosto de 2015, este
Despacho considera procedente reponer la Resolución núm. 112-1679 del 29 de
abril de 2015 y, en consecuencia, acceder a la solicitud de modificación del permiso
de vertimientos otorgado mediante Resolución núm. 112-3383 del 02 de
septiembre de 2013 a la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA.,
representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO HENAO, lo cual se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente actuación.

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto
y, en mérito de lo expuesto, …

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el recurso de reposición interpuesto mediante
radicado 112-2025 del 15 de mayo de 2015, en contra de la Resolución núm. 112-
1679 del 29 de abril de 2015, por la sociedad denominada CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA., con NIT 800.208.294-5, a través de su apoderada
especial, señora LISA MARÍA RIVERA LÓPEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.036.625.730, con tarjeta profesional No. 228.826 del C.S. de
la J., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente actuación.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada mediante los
radicados 112-2966 del 14 de julio de 2015 y 112-3313 del 3 de agosto de 2015,
relacionada con el Plan de Gestión de Olores de la empresa, cuyas actividades
deberán ser desarrolladas conjuntamente con las actividades de ampliación,
así como la información sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con Cornare el día 3 de junio de 2015, presentada por la sociedad
denominada CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA.

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución núm.
112-3383 del 02 de septiembre de 2013, en los siguientes términos:

1. APROBAR Y ADICIONAR dos nuevos sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas a generarse en el CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA
LTDA., representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO HENAO TEJADA,
los cuales se encuentran conformados por los siguientes aspectos técnicos:

• Tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, prefabricados, con
volumen de 1.500 litros.

Los sistemas de tratamiento que hacen parte del permiso de vertimientos se
describen a continuación:

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Demandado: CORNARE

2. ACOGER los planes de fertilización de Pastos y de Crisantemos,
elaborados en función de la ampliación de la actividad Porcicola, para el siguiente
inventario de cerdos:

Plan de fertilización de pastos:

Plan de fertilización de crisantemos

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad denominada CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA., a través de su representante legal, señor JOSE
LIBARDO HENAO TEJADA, que deberá respetar los retiros (a fuentes de aguas
y linderos) establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio,
para el desarrollo de la actividad porcícola, tanto para la adecuación de estructuras
como para la actividad de fertirriego.

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad denominada CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA., a través de su representante legal, señor JOSE
LIBARDO HENAO TEJADA, para que, a partir de la notificación de la presente
actuación, cumpla con las siguientes obligaciones:

1. Caracterizar anualmente los tres sistemas de tratamiento de aguas
residuales (el aprobado en la Resolución núm. 112-3383 del 02 de
septiembre de 2013 y los dos aprobados mediante la presente actuación),
siempre y cuando sean utilizados por un número de usuarios igual o
superior a diez (10).
2. Con el fin de verificar posibles efectos de la actividad de fertirriego, realizar
caracterización anual a las fuentes de agua de influencia del proyecto
porcícola, tomando muestras antes y después del área o zona del
fertirriego, un día después de dicha actividad, analizando los parámetros
de: pH, DBO, DQO, SST, ST, OD, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal y
nitratos, y enviar el respectivo informe a la Corporación. Con ocho (8) días
de antelación a la toma de muestras deberá informarse a Cornare para lo
pertinente. Además, deberá tener en cuenta lo siguiente:
a. El fertirriego de pastos se debe realizar en horas de la mañana o al
finalizar la tarde, cumpliendo con las restricciones del predio.
b. Realizar protección a las fuentes de agua que se encuentran en el
predio mediante barreras vivas.
c. Los tanques estercoleros deberán contar con techos para evitar el
ingreso de aguas lluvias y con estructuras perimetrales que
permitan atender posibles contingencias.

3. Presentar de forma anual un informe que contenga:

a. Evidencias del mantenimiento de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales y del manejo ambientalmente adecuado de lodos

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Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

y natas (registro fotográfico, certificados de disposición final
ambientalmente segura, entre otros), donde se especifique
claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final de
estos.
b. Registros y certificados de la disposición final de los residuos
hospitalarios y peligrosos.
c. Evidencias del manejo, tratamiento y aprovechamiento de la
mortalidad.
d. Registros y evidencias de la implementación de los dos planes de
fertilización, así como de la implementación del plan de gestión de
olores.

4. En un término de tres (3) meses presentar:

a. Informe de actividades desarrolladas en el proceso de ampliación
de la granja, con evidencias de la implementación de las actividades
contempladas en el plan de gestión de olores.
b. Plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, donde
se incluyan contingencias tanto de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales como de las estructuras para el manejo de
porcinaza que no se tengan contempladas en el plan de gestión de
olores.
c. Memorias de cálculo y planos de los campos de infiltración que se
implementarán para disponer el efluente de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, con los resultados de las pruebas
de percolación realizadas para su dimensionamiento.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad denominada CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA., a través de su representante legal, señor JOSE
LIBARDO HENAO TEJADA, que las demás disposiciones de la Resolución núm.
112-3383 del 02 de septiembre de 2013 continúan vigentes y en igualdad de
condiciones.
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la sociedad denominada CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA., a través de su representante legal, señor JOSE
LIBARDO HENAO TEJADA, que el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente actuación administrativa dará lugar a la imposición de
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles
a que haya lugar.
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo
a la sociedad denominada CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA., a
través de su representante legal, señor JOSE LIBARDO HENAO TEJADA, o
quien haga sus veces en el momento.
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará
conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo
en la página web de la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de
la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el
artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

1.3. Fundamentos de hecho

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

La parte actora manifestó que la actividad porcícola que se desarrolla en la finca San
Silvestre, vereda Aguas Claras del municipio del Carmen de Viboral (Antioquia), opera
desde hace varias décadas en el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
núm. 018-25580, de propiedad de Flores Silvestres S.A. Señaló que la actividad fue
inicialmente ejercida por la sociedad Tecniagro y, con posterioridad, asumida por
Criadero San Silvestre La Ceja Ltda. Indicó que, en 2003, vecinos colindantes
promovieron una acción popular ante el Juez Civil del Circuito de Rionegro contra
Tecniagro, en la que se celebró un pacto de cumplimiento que incluyó compromisos
relacionados con el manejo de olores, la disposición de residuos y la no afectación de los
predios aledaños.

La demandante expuso que, mediante la Resolución núm. 112-3383 de 2 de septiembre
de 2013, CORNARE renovó a Criadero San Silvestre La Ceja Ltda. el permiso de
vertimientos para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales de la
actividad porcícola, por un término de diez (10) años contados desde la notificación,
surtida el 10 de septiembre de 20133. Indicó que el 24 de febrero de 2015 la sociedad
solicitó a CORNARE la modificación del permiso para ampliar el inventario de cerdos de
1.600 a 3.126 animales. Precisó que, mediante la Resolución núm. 112-1679 de 29 de
abril de 2015, CORNARE negó la modificación con apoyo en seis observaciones técnicas
relacionadas con el área del proyecto, la autorización del propietario, los retiros del
Esquema de Ordenamiento Territorial, el plan de fertilización, el manejo de residuos y los
impactos sobre la comunidad aledaña4.

La solicitante interpuso recurso de reposición el 15 de mayo de 2015 5, en el que aportó
información adicional, propuso la reestructuración del proyecto para ajustarse a los retiros
exigidos, presentó nuevos planes de fertilización para el inventario ampliado, propuso la
instalación de tres biodigestores tipo Taiwán, el uso del producto MICRO-AID para
reducción de amonio, y un plan de gestión de olores. Refirió que CORNARE practicó
visita técnica al predio el 14 de julio de 2015 y, mediante el informe técnico núm. 112-
1464 de 4 de agosto de 20156, evaluó la información aportada y recomendó acoger el
recurso. Mediante la Resolución núm. 112-3743 de 12 de agosto de 20157, hoy
demandada, CORNARE repuso la decisión de negativa, modificó el permiso de
vertimientos y autorizó la ampliación de la actividad porcícola a 3.126 cerdos, con
sujeción al plan de gestión de olores, a los retiros del ordenamiento territorial, a la
presentación de informes anuales de seguimiento y a la caracterización periódica de las
fuentes hídricas.

Finalmente, la actora afirmó que la comunidad del sector tuvo conocimiento del trámite
administrativo solo después de la expedición del acto, lo que originó la presente demanda
en contra de la modificación del citado permiso de vertimientos.

1.4. Normas vulneradas y concepto de la violación

3 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 184.
4 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 253.
5 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 265.
6 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 371.
7 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 378.

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución núm. 112-3743 de 12 de agosto
de 2015, expedida por CORNARE, por considerar que el acto administrativo incurre en
falsa motivación, fue expedido con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
y vulnera las normas superiores en que debía fundarse. Los fundamentos de nulidad se
estructuraron en tres cargos.

1.4.1. Falsa motivación del acto administrativo

La actora invocó como vulnerados el artículo 164 del Código General del Proceso, que
consagra el principio de necesidad de la prueba; el artículo 2200 del Código Civil, sobre
la definición y perfeccionamiento del contrato de comodato; el artículo 260 del Código de
Comercio, sobre subordinación societaria; y el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sobre
la obligatoriedad de inscripción de la situación de control en el registro mercantil.

La demandante sostuvo que la Resolución núm. 112-3743 de 2015, que modifica el
permiso de vertimientos para la actividad porcícola, se encuentra falsamente motivada
porque la autoridad ambiental dio por acreditadas dos circunstancias determinantes que
no fueron demostradas en la actuación administrativa.

La primera, relativa al contrato de comodato suscrito el 16 de marzo de 2012 entre Flores
Silvestres S.A., en calidad de comodante, y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., en
calidad de comodatario8. El objeto contractual recaía expresamente sobre una franja de
terreno de aproximadamente 7.300 m² del bien inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 018-25580, mientras que el formulario único nacional de solicitud de
permiso refería como área del proyecto la totalidad del predio (51,4 hectáreas) y el folio
real de matrícula daba cuenta, conforme a la escritura pública núm. 157 de 15 de marzo
de 1985, de una cabida de 88 hectáreas y 2.420,5 m².

Esa inconsistencia, advertida inicialmente en la Resolución núm. 112-1679 de 29 de abril
de 2015, no era una imprecisión menor. Conservaba relevancia para la individualización
de responsabilidades ambientales hacia el futuro, pues el ejercicio de funciones de policía
administrativa por parte de la autoridad ambiental presupone identificar con precisión el
área afectada por los vertimientos. Ante la confusión entre comodato y unidad productiva,
las sociedades involucradas podrían trasladarse mutuamente las responsabilidades,
alegando cada una explotar solo un fragmento distinto del terreno.

La actora agregó dos elementos contractuales que reforzaban la exigencia de claridad.
La cláusula décima cuarta del comodato preveía que el contrato requería para su
perfeccionamiento la entrega real y material del área por parte del comodatario, mediante
acta de recibo y entrega. La cláusula cuarta, numeral 11°, imponía al comodatario la
obligación de no realizar mejoras o construcciones adicionales sin permiso escrito del
comodante. Esta restricción tornaba indispensable esclarecer si el comodatario estaba
autorizado para adelantar las obras propias de la ampliación porcícola.

Pese a esas exigencias, afirma la demandante, CORNARE se conformó con la afirmación
simple de la apoderada de la solicitante, según la cual las autorizaciones contractuales
comprenderían la integralidad del predio para efectos del desarrollo del proyecto, sin
esfuerzo alguno por allegar al expediente esas autorizaciones contractuales.

8 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 223.

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

La segunda circunstancia se refería a la calidad de vinculado económico de Criadero San
Silvestre La Ceja Ltda. respecto de Flores Silvestres S.A., alegada por la apoderada de
la solicitante en el recurso de reposición para suplir las inconsistencias del comodato.
Esa calidad debe acreditarse mediante documento privado inscrito en el registro
mercantil, conforme al artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En la actuación administrativa
no obraba ese documento ni mención alguna a esa condición en los certificados de
existencia y representación de las dos sociedades. La afirmación de la abogada en el
sentido de que "las estipulaciones contractuales que rigen las relaciones entre las partes
serán suministradas en el momento oportuno" nunca se materializó.

La demandante añadió que la subordinación societaria, aun de haberse probado, no
habría justificado las imprecisiones del comodato. La responsabilidad ambiental sigue
radicando en quien causa el daño, y la escasa claridad del clausulado contractual
distorsionaría la imputación de cualquier consecuencia jurídica.

1.4.2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

La parte actora invocó como vulnerados los artículos 1, 2, 29 y 79 de la Constitución
Política; el artículo 2, numerales 6, 8 y 9, y el artículo 37 del CPACA; y los artículos 31,
numeral 1, 69 y 72 de la Ley 99 de 1993. La actora hizo énfasis en el mandato del artículo
79 superior, según el cual "la ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo", y en el deber de las corporaciones autónomas
regionales de promover y desarrollar la participación comunitaria, previsto en el numeral
1 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

La demandante sostuvo que el permiso de vertimientos es un acto de discrecionalidad
reglada. Dada la localización del proyecto, los antecedentes documentados de quejas
comunitarias y la existencia de una acción popular previa promovida por habitantes del
sector Alto de los Pinos, CORNARE estaba obligada a socializar la solicitud de ampliación
con la comunidad carmelitana y a propiciar mecanismos de información y participación
que permitieran a los habitantes conocer el trámite, intervenir en él y controvertir la
solicitud.

Los antecedentes que, a juicio de la demandante, hacían exigible esa convocatoria fueron
de dos órdenes. En primer lugar, el informe técnico núm. 112-0684 de 17 de abril de
2015, en el que la propia Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio
del Carmen de Viboral advirtió la importancia de socializar la ampliación del proyecto con
los habitantes del sector, el desarrollo acelerado de urbanizaciones cercanas como Villa
María, Alto de las Palmas y Las Mercedes, y la consideración municipal de ampliar la
zona de expansión urbana.

Para la actora, esa solicitud de socialización no obedecía a un capricho de los
funcionarios municipales sino a la realidad fáctica del predio. La finca está rodeada de
varios barrios del municipio y, además, de una zona rural densamente poblada por
veredas cercanas al casco urbano, como La Palma y Cristo Rey.

En segundo lugar, la actora invocó la existencia documentada de quejas comunitarias
por olores ofensivos asociados a la actividad porcícola y la tramitación previa de una
acción popular promovida por habitantes del sector Alto de los Pinos, dirigida a solucionar

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el impacto ambiental que la porcícola venía causando. Esos antecedentes, según la
actora, eran conocidos por la autoridad ambiental.

Pese a tales elementos, la actora afirmó que la entidad demandada citó únicamente a los
funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal y guardó silencio frente a la
comunidad. No le informó del trámite, no le indagó sobre la situación ambiental en el
sector ni buscó canales con los líderes comunitarios.

Esa conducta, en su criterio, infringió el derecho de la comunidad a participar en
decisiones que pueden afectar su derecho al ambiente sano (artículo 79 superior), la
obligación de las corporaciones autónomas regionales de promover la participación
comunitaria (artículo 31, numeral 1, de la Ley 99 de 1993), el derecho de cualquier
persona a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (artículo 69 de la
misma ley) y el deber de comunicar la actuación a los terceros directamente afectados
(artículo 37 del CPACA).

En este último punto invocó como apoyo jurisprudencial la sentencia de esta Sección del
26 de abril de 1990, expediente núm. 783, conforme a la cual el concepto de parte se liga
a los titulares de derechos adquiridos o de intereses legítimos que puedan verse
afectados de manera desfavorable por el contenido del acto administrativo.

Para la actora, el silencio de la autoridad ambiental frente a la comunidad no fue una
formalidad omitida sino una infracción sustancial. Al impedirle el acceso al trámite, la
entidad terminó favoreciendo un interés particular y allanando el camino libre de cualquier
oposición comunitaria. De haber existido, esa oposición habría informado a la autoridad
sobre la persistencia de los daños al medio ambiente, especialmente por la permanencia
de olores ofensivos.

La actora añadió que la visita técnica practicada por la CORNARE no podía suplir esa
convocatoria, pues en una visita puntual no se evidencian los olores que la comunidad
debe soportar día a día.

1.4.3. Expedición del acto con infracción de las normas en que debía fundarse

La parte actora invocó como vulnerados el artículo 80 de la Constitución Política; el
artículo 31, numerales 12 y 25, de la Ley 99 de 1993; y los artículos 42 y 47 del Decreto
3930 de 2010.

Hizo énfasis especial en el mandato del artículo 80 superior, según el cual el Estado debe
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental"; en las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
atribuye a las corporaciones autónomas regionales sobre los usos del agua, el suelo y el
aire; y en la facultad reconocida por el numeral 23 del artículo 42 del Decreto 3930 de
2010 a la autoridad ambiental para exigir "los demás aspectos que […] considere
necesarios para el otorgamiento del permiso".

La demandante sostuvo que la autoridad ambiental omitió aplicar las disposiciones que
le imponían un deber de prevención, evaluación y control frente a posibles afectaciones
ambientales antes de autorizar la modificación del permiso. El reproche no recaía sobre
las actuaciones formalmente realizadas (información documental, visita e informe

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técnicos), sino sobre la insuficiencia material de la verificación adelantada frente a los
antecedentes concretos del caso.

Para la demandante, la autoridad ambiental no podía limitarse a recibir planes de manejo
y propuestas de mitigación proyectadas hacia el futuro. Debía constatar el estado real del
entorno ambiental al momento de decidir, máxime cuando en la Resolución núm. 112-
1679 de 29 de abril de 2015, CORNARE reconoció la cercanía con los barrios Alto Los
Pinos y La María como limitante para la ampliación y aludió a antecedentes
documentados de quejas comunitarias por contaminación atmosférica.

A juicio de la actora, ese deber concreto de constatación se traducía en tres exigencias
específicas. La primera, practicar toma de muestras de gases y análisis por olfatometría
dinámica, en los términos de la Resolución núm. 1541 de 20139, que establece los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión y el procedimiento para la evaluación de
actividades que generan olores ofensivos, y de la Resolución núm. 2087 de 2014 10, que
adopta el protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos.

La segunda, determinar el área de influencia de la actividad mediante la caracterización
de la población adyacente, prestando especial atención a personas en situación de
debilidad manifiesta, como adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y
niños del sector.

La tercera, adelantar censos poblacionales del sector circundante, habida cuenta de la
ubicación del predio prácticamente en el casco urbano del municipio del Carmen de
Viboral y de la cercanía de instituciones educativas y veredas densamente pobladas.

Para la actora, esas verificaciones constituían precisamente los "hechos y circunstancias"
que el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010 exige tener en cuenta al otorgar o negar el
permiso de vertimiento, junto con la evaluación de la información aportada por el
solicitante y el informe técnico.

En esa medida, la facultad reconocida a la autoridad ambiental por el numeral 23 del
artículo 42 del mismo decreto, para exigir los aspectos adicionales necesarios para el
otorgamiento del permiso, se transformaba, ante los antecedentes concretos del caso,
en un deber inexcusable de actuación.

CORNARE, según la demandante, prefirió sustentar su decisión en estudios abstractos
y proyectados hacia el futuro, ignorando el deterioro ambiental ya documentado y la
magnitud del incremento autorizado. Una producción porcícola de aproximadamente mil
seiscientos cerdos, con un aumento a más del doble del inventario previo, conlleva
necesariamente emisiones de amoniaco y metano y procesos de degradación biológica
de las sustancias contenidas en las excretas. Su impacto en una zona densamente
poblada no podía pronosticarse razonablemente sin las verificaciones técnicas omitidas.

9 Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para
la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones.
10 Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos.

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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

2.1. CORNARE

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
(CORNARE) se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso tres excepciones de
mérito orientadas a sostener la legalidad del acto acusado11:

2.1.1. Inexistencia de falsa motivación

CORNARE sostuvo que el acto acusado se encuentra debidamente motivado y
sustentado en el informe técnico núm. 112-1464 de 4 de agosto de 2015, en el que se
recomendó acoger el recurso de reposición y modificar el permiso. Replicó que el cargo
de falsa motivación parte de un supuesto que el acto no acoge: ni la extensión del predio
ni la posibilidad jurídica de ocuparlo fueron tomadas en consideración para la
modificación del permiso, y el informe técnico y el acto demandado se centran en la
viabilidad ambiental del vertimiento, no en el alcance del contrato de comodato ni en la
vinculación entre las sociedades.

Precisó que la normativa aplicable no exige acreditar dominio del predio ni definir la
extensión exacta del área utilizada. Cuando el solicitante es mero tenedor, basta con la
autorización del propietario, conforme al numeral 4 del artículo 42 del Decreto 3930 de
2010, condición que en el presente caso se satisfizo. La autoridad ambiental, añadió, no
tiene competencia para analizar las relaciones contractuales entre comodante y
comodatario, asuntos por completo ajenos al trámite ambiental que deben resolverse
entre las partes.

2.1.2. Respeto de los derechos de audiencia y de defensa

La autoridad ambiental sostuvo que las normas constitucionales invocadas por la
demandante (artículos 1, 2, 29 y 79 superiores) no imponen el deber concreto de
convocar a la comunidad en el trámite de modificación de un permiso de vertimientos. El
artículo 69 de la Ley 99 de 1993 permite la participación de cualquier persona en
actuaciones administrativas ambientales, pero ello supone que el interesado solicite
intervenir, y en este caso nadie lo hizo. El artículo 72 de la misma ley, por su parte, exige
solicitud previa para la celebración de audiencias públicas, sin que se hubiera promovido
alguna.

Respecto del artículo 37 del CPACA, la entidad afirmó que esa disposición solo exige
comunicar la actuación a terceros directamente afectados. Toda actividad humana afecta
de alguna manera a quienes se hallan en su entorno, pero el supuesto normativo no se
satisface con un mero interés indirecto: exige una afectación directa que, en este caso,
no se configuraba.

11 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 2, folio 883. La contestación a la reforma de la

demanda se limitó a indicar que, dado que la reforma se circunscribió a la incorporación de pruebas
documentales y no modificó hechos, pretensiones ni fundamentos jurídicos, no ameritaba contestación
adicional.

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CORNARE cuestionó el presupuesto fáctico del cargo. La demanda afirma que la
actividad porcícola se ubica "en medio de la zona urbana del municipio", pero esa premisa
es inexacta. El concepto de ubicación y usos del suelo expedido por la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territorial del municipio del Carmen de Viboral clasifica el predio
en zona de competitividad de turismo y servicios, zona de competitividad industrial, y
zona de fomento y desarrollo agropecuario. Añadió que el trámite no autorizaba una
actividad nueva, sino que modificaba un permiso previamente otorgado sobre una
explotación porcícola en funcionamiento desde décadas atrás.

2.1.3. Respecto de las normas de fondo

CORNARE solicitó desestimar el cargo de infracción de las normas en que debía
fundarse el acto. Sostuvo que la demanda no estructuró un verdadero concepto de
violación: las disposiciones invocadas por la actora consagran potestades de apreciación
técnica y márgenes de valoración, con conceptos jurídicos indeterminados y criterios que
se ponderan caso a caso, y no obligaciones automáticas o inexcusables.

La facultad reconocida por el numeral 23 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 para
exigir "los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios"
no se transforma en un deber imperativo de realizar todas las actuaciones sugeridas por
la demandante. Ninguna norma impone la realización de censos poblacionales ni la
práctica obligatoria de pruebas de olfatometría dinámica en este trámite, por lo que la
omisión de esas actuaciones no configura el vicio alegado.

La entidad añadió que sí evaluó los impactos ambientales y ejerció su competencia
conforme a la normativa aplicable, al punto que inicialmente negó la modificación del
permiso. Solo accedió a ella cuando el solicitante acreditó medidas de mitigación
consideradas suficientes en el análisis técnico, plasmadas en biodigestores, barreras
vivas, planes de fertilización ajustados y plan de gestión de olores.

2.2. Terceros con interés directo

Mediante el auto admisorio de la demanda12 fueron vinculados como terceros con interés
directo las sociedades Flores Silvestres S.A., en calidad de propietaria del predio en el
que se desarrolla la actividad porcícola, y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., en calidad
de solicitante y beneficiaria del permiso. Representadas por apoderada común, ambas
sociedades formularon tres excepciones de mérito13.

2.2.1. Inexistencia de la falsa motivación

Los terceros sostuvieron que la Resolución núm. 112-3743 del 12 de agosto de 2015 está
debidamente motivada y sustentada en el informe técnico núm. 112-1464 del 4 de agosto
de 2015, en el cual se evaluó la nueva información presentada por la sociedad solicitante
y la propuesta de reestructuración del proyecto, y se recomendó acoger el recurso de
reposición y modificar el permiso.

12 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 2, folio 856.
13 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 2 folio 897.

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Afirmaron que la autorización del propietario, requisito previsto en el numeral 4 del artículo
42 del Decreto 3930 de 2010, se encontraba acreditada con el contrato de comodato
celebrado entre ambas sociedades, cuyo objeto contractual definía expresamente el uso
del bien inmueble para la explotación porcícola. La autoridad ambiental no estaba
obligada a analizar el clausulado del comodato ni la relación interna entre las sociedades:
el permiso se concede al solicitante (Criadero San Silvestre La Ceja Ltda.) y la
responsabilidad ambiental futura recae sobre quien obtuvo el permiso, con independencia
de las relaciones jurídico-privadas que existan respecto del predio.

Los terceros precisaron que el área del predio solo era relevante para definir la zona de
impacto directo por la construcción de galpones, aspecto que fue aclarado durante el
trámite y que, sumado al cumplimiento de los demás requisitos, modificó sustancialmente
el análisis técnico del impacto. Reconocieron, en cuanto a la afirmación sobre la
vinculación económica entre las dos sociedades, que esa vinculación efectivamente
existe, pero sostuvieron que su acreditación no era necesaria para el otorgamiento o
modificación del permiso ambiental, por tratarse de un asunto ajeno a las competencias
de la autoridad ambiental.

2.2.2. Trámite ajustado a la ley

Los terceros sostuvieron que el trámite de modificación del permiso de vertimientos se
ajustó a las normas aplicables en materia de publicidad y participación, en particular a los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. CORNARE cumplió con la publicación del Auto
núm.112-0267 del 6 de marzo de 2015, mediante el cual se dio inicio al trámite, así como
con la notificación y publicación de los Autos núm. 112-0466 del 29 de abril de 2015 y
núm. 112-0714 del 25 de junio de 2015, expedidos en el curso de la actuación.

Los terceros afirmaron que la normativa aplicable no impone a la autoridad ambiental la
obligación de citar o vincular a los vecinos o a la comunidad en actuaciones de
modificación de un permiso de vertimientos, a diferencia de lo que ocurre con las
solicitudes de licencia de construcción. La autoridad debe tener como interesado a
cualquier persona que así lo manifieste, pero en este caso ninguna persona solicitó
intervenir en el trámite. Destacaron, además, que sí se efectuaron reuniones con
representantes de la comunidad, conforme consta en el informe técnico núm. 112-0684
de 17 de abril de 2015 y en la comunicación dirigida el 8 de abril de 2015 por el
Subdirector General de Recursos Naturales de CORNARE al Secretario de Planeación y
Desarrollo Territorial del municipio del Carmen de Viboral.

Respecto del cargo por infracción de las normas en que debía fundarse el acto, los
terceros adujeron que las disposiciones invocadas por la demandante, en particular los
artículos 42 y 47 del Decreto 3930 de 2010, contienen criterios técnicos y conceptos
jurídicos indeterminados que requieren valoración por parte de la autoridad ambiental, lo
que implica un margen de apreciación en la decisión. La cláusula residual del numeral 23
del artículo 42 confiere una facultad, no impone una obligación inexcusable, y las
acciones desplegadas por CORNARE en ejercicio de sus facultades para acceder a la
modificación solicitada fueron objetivas y razonables, fundadas en el cumplimiento de los
requisitos legales y en la suficiencia de las medidas de mitigación propuestas.

2.2.3. Consideración adicional sobre la actividad económica prioritaria

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Los terceros invocaron el carácter prioritario de la actividad porcícola conforme al artículo
65 de la Constitución Política, que reconoce la prioridad de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, en concordancia con el artículo 333
superior, que consagra la libertad de actividad económica y de iniciativa privada dentro
de los límites del bien común.

La actividad porcícola se desarrolla en zona rural del municipio del Carmen de Viboral,
en un sector de dedicación esencialmente agrícola y pecuaria conforme al plan básico de
ordenamiento territorial, y que los asentamientos de vivienda en el área llegaron con
posterioridad a la instalación de la actividad. Para los terceros, cualquier aproximación al
control judicial de la decisión debía partir de esa prioridad constitucional y de la realidad
fáctica del entorno en el que se ejerce la actividad.

III. FIJACIÓN DEL LITIGIO

Por medio de providencia del 29 de noviembre de 201914 se fijó el litigio en los siguientes
términos:

7.1. En lo atinente al cargo de falsa motivación la Sala deberá estudiar lo siguiente:

7.1.1. Si es cierto que existía un contrato de comodato celebrado entre Flores
Silvestre S.A. (comodante) y Criadero San Silvestre Ltda. (comodatario),
sobre una franja de terreno de aproximadamente 7.300 metros cuadrados
para el desarrollo de un proyecto de explotación porcícola, que no le
permitía al comodatario realizar mejoras o construcciones adicionales a las
existentes sin permiso expreso y escrito del comodante.

7.1.2. Si es cierto que CORNARE aceptó, con el dicho de la apoderada de la
sociedad 'Criadero San Silvestre Ltda.' y sin prueba idónea, que existía vínculo
económico entre el comodatario y el comodante.

7.1.3. Si es cierto que CORNARE aceptó, con el dicho de la apoderada de la
sociedad 'Criadero San Silvestre Ltda.', y sin prueba idónea, que las autorizaciones
contractuales del comodante al comodatario derivadas del vínculo económico
comprendían la integralidad del predio para efectos del desarrollo del proyecto
porcícola.

7.1.4. Si es cierto que las consideraciones anteriores constituyeron el motivo por
el cual CORNARE repuso la Resolución núm. No. 112-1679 del 29 de abril de
2015, a través del acto demandado.

7.1.5. Y, si como consecuencia de lo expresado, hay falsa motivación en el acto
demandado que conlleve su nulidad.

7.2. En cuanto al cargo de desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
la Sala deberá definir lo que a continuación se enuncia:

7.2.1. Si es cierto que la modificación del permiso de vertimientos y la consecuente
ampliación del proyecto porcícola autorizado en el acto enjuiciado no fue
socializado con los habitantes del sector en el que se ubica.

14 Visible en el índice 243 del SAMAI. Cuaderno 3, folio 1164.

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7.2.2. De responderse afirmativamente la anterior cuestión, deberá analizarse si
con fundamento en ello hay lugar a decretar la nulidad del acto enjuiciado, por
haberse expedido irregularmente y con desconocimiento del derecho de audiencia
y de defensa, al infringir los artículos 1, 2, 29 y 79 de la Constitución Política;
numeral 1° del artículo 31, 69 y 72 de la Ley 99 de 1993 y los numerales 6, 8 y 9
del artículo 2 y 37 de la Ley 1437 de 2011.

7.3. En relación con la infracción de normas superiores

7.3.1. La Sala deberá resolver si la Resolución núm. 112-3743 del 12 de agosto de
2015, expedida por CORNARE, infringe uno, varios o todas las siguientes
disposiciones: artículos 80 de la Constitución Política; artículos 42 (numeral 23) y
47 del Decreto 3930 de 2010, artículos 31 (numerales 12 y 25), de la Ley 99 de
1993, en la medida que la autoridad ambiental acusada no adelantó las acciones
necesarias tendientes a establecer la existencia o no de afectaciones al medio
ambiente por parte de la porcícola, para el tiempo en que fue solicitada la
modificación del permiso de vertimientos por parte de la sociedad Criadero San
Silvestre La Ceja Ltda.

7.3.2. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad.

Adicionalmente, en la misma oportunidad procesal se decretó de oficio la práctica de una
inspección judicial con apoyo de perito experto en ingeniería ambiental15.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En la oportunidad procesal correspondiente, las partes y los terceros con interés directo
presentaron sus alegatos de conclusión, reiterando y precisando las posiciones
expuestas durante el proceso, e incorporando consideraciones sobre la prueba
practicada en sede judicial.

4.1. Parte demandante

La parte actora reiteró que el acto acusado debe anularse por configurarse los tres cargos
formulados en la demanda16.

Sobre la falsa motivación, la demandante sostuvo que durante el proceso quedó
confirmada la ausencia del documento privado inscrito en el registro mercantil exigido por
el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 para acreditar la vinculación económica entre las dos
sociedades. La apoderada de los terceros no negó la falta de esa prueba, sino que
defendió que no era legalmente requerida. Reiteró, asimismo, que las inconsistencias del
contrato de comodato sobre la franja de terreno autorizada y la prohibición de mejoras

15 En aplicación del artículo 213 del CPACA, en la audiencia inicial celebrada el 29 de noviembre de 2019,

el Despacho sustanciador ordenó la práctica de la inspección judicial dirigida a establecer (i) el impacto
positivo o negativo generado por la actividad porcícola en la comunidad circunvecina desde los ángulos
ambiental, social y económico, comparando la situación existente antes y después de la expedición del
acto demandado; y (ii) la eventual afectación al entorno ambiental por olores derivados de la actividad, en
igual perspectiva comparativa.
16Visible en el índice 102 del SAMAI.

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sin permiso escrito eran circunstancias que CORNARE estaba obligada a esclarecer, no
a despachar con la afirmación simple de la apoderada de la solicitante.

Sobre el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, insistió en que la
participación de la comunidad no podía reducirse a un formalismo, que CORNARE
conocía los antecedentes de inconvenientes con los habitantes del sector y que, pese a
ello, optó por citar únicamente a los funcionarios municipales sin abrir espacio de diálogo
con la sociedad civil.

La actora invocó diversos hechos posteriores al acto demandado. En particular, la
sentencia de primera instancia de 13 de marzo de 2018 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, proferida dentro de la acción popular radicada con el núm. 05001-23-33-000-
2016-02234-0017, en la que se declaró la responsabilidad de CORNARE "por omitir el
seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las personas
jurídicas demandadas, a fin de evitar la afectación al medio ambiente y a los recursos
naturales, acorde con las funciones que le fueron impuestas por el artículo 31 de la Ley
99 de 1993".

Sostuvo que ese fallo, junto con el auto de suspensión de la actividad, proferido el 11 de
agosto de 2017 por el señalado Tribunal, sumado a las visitas técnicas posteriores de la
Unidad de Gestión Ambiental municipal, evidencia el carácter sistemático de la omisión
de la autoridad ambiental frente a las quejas comunitarias. En esa misma línea, cuestionó
la eficacia del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO) acogido
por CORNARE mediante la Resolución núm. 112-7536-2017 del 26 de diciembre de
2017.

Sobre la infracción de las normas en que debía fundarse el acto, la actora insistió en que
la discrecionalidad de la autoridad operaba en el caso, dadas las circunstancias del
entorno, y en que el artículo 80 de la Constitución Política y las demás normas que
sustentaron el cargo imponían a CORNARE actuar de manera más proactiva frente a los
antecedentes documentados de deterioro ambiental en el sector. Concluyó que las
verificaciones técnicas omitidas por la autoridad ambiental (olfatometría dinámica,
caracterización de la población adyacente y censos poblacionales) eran exigibles al
momento de expedir el acto y que su omisión vicia su legalidad.

Finalmente, en relación con el informe que resultó de la inspección judicial que se
adelantó en el curso del proceso, la parte actora resaltó que “la misma profesional se
limita a realizar una inspección ocular del caso y una revisión del expediente de los
hechos más importantes”. Y más adelante destacó que el “informe indica que no se ha
aumentado la actividad porcícola, pero nada dice sobre el impacto de aumentarla en casi
el doble que es lo que pretende las sociedades vinculadas y la autoridad ambiental, lo
que resulta altamente problemático si se tiene en cuenta que el PRIO actualmente vigente
ha sido cuestionado por la comunidad hasta el punto de que existe demanda”.

4.2. CORNARE

CORNARE sostuvo que la cuestión de fondo del proceso, conforme al decreto de la
prueba de oficio, era determinar el impacto positivo o negativo de la actividad porcícola

17 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno II, folio 1099.

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en la comunidad circunvecina, y que la prueba técnica practicada permitía concluir que
ese impacto es mínimo18.

La autoridad ambiental apoyó esa conclusión en el peritaje rendido por la ingeniera
ambiental designada. Según el dictamen, la actividad porcícola, al haber implementado
sistemas de mejora como el biodigestor y mejores prácticas técnicas, tiende a tener un
menor impacto negativo ambiental, y la problemática social no es ocasionada por la
Resolución núm. 112-3743 de 2015, sino que se documenta en quejas constantes desde
la acción popular del año 2003, sin que con la expedición del acto demandado se
presenten variaciones en el componente social.

Destacó, asimismo, que casi la totalidad del terreno se halla rodeado de barrera viva de
distintas especies en tres estratos, que no se percibieron olores nauseabundos ni
extraños en ninguna parte del sitio inspeccionado, que las viviendas más cercanas se
encuentran a aproximadamente 800 metros y que no se observaron vertimientos a
fuentes hídricas. En su entender, el aspecto técnicamente ambiental quedó
"absolutamente claro" en favor de la legalidad del acto. Sobre el aspecto social reconoció
que han existido quejas, pero precisó que ellas no tienen un fundamento objetivo de
impacto ambiental y que la presión urbanística posterior ha ido reduciendo una distancia
que originalmente era mucho mayor entre la actividad y las viviendas.

Por las razones anteriores, solicitó negar las pretensiones de nulidad.

4.3. Terceros con interés directo

Los terceros reiteraron en sus alegatos los argumentos de su contestación19. Sostuvieron
que la Resolución núm. 112-3743 de 2015 se encuentra debidamente motivada y
sustentada en el informe técnico de 4 de agosto de 2015, y que CORNARE no estaba
obligada a analizar el contrato de comodato ni la relación interna entre las sociedades.
Reconocieron expresamente que sí existe vinculación económica entre Flores Silvestres
S.A. y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., pero sostuvieron que esa circunstancia no
era relevante para el otorgamiento del permiso ambiental.

Sobre el cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, reiteraron que
la normativa aplicable no impone a la autoridad ambiental el deber de citar a los vecinos
al trámite de modificación de un permiso de vertimientos, y que CORNARE cumplió con
los deberes de publicidad mediante la notificación y publicación de los actos del trámite.

Sobre el cargo por infracción de las normas en que debía fundarse el acto, los terceros
sostuvieron que el numeral 23 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 reconoce una
facultad discrecional, no un deber inexcusable, y que las acciones desplegadas por
CORNARE fueron objetivas.

Con apoyo en la inspección judicial practicada, los terceros argumentaron que se logró
determinar que el área de retiro entre la porcícola y las viviendas vecinas es de
aproximadamente 800 metros, y que el manejo de aguas residuales y de cadáveres de
animales es correcto. Con base en ello, solicitaron negar la declaratoria de nulidad del
acto demandado.

18 Visible en el índice 100 del SAMAI.
19 Visible en el índice 101 del SAMAI.

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18

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto solicitando
que no se accediera a las pretensiones de la demanda20.

El agente del Ministerio Público sostuvo que el acto demandado se ajusta a las normas
superiores y legales que le sirvieron de sustento. En particular, invocó los numerales 4, 5
y 23 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010, y destacó que el numeral 4 exige, cuando
el solicitante es mero tenedor, la autorización del propietario o poseedor del predio.
Conceptuó que ese requisito se satisface con el contrato de comodato celebrado entre
Flores Silvestres S.A. y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., cuyo objeto contractual es
la explotación porcícola, sin que la autoridad ambiental estuviera obligada a exigir un
documento contractual adicional.

En sustento de su concepto, invocó las consideraciones de la Corte Constitucional
contenidas en la sentencia C-094 de 2015 sobre el principio de desarrollo sostenible, la
responsabilidad del Estado en la planificación y aprovechamiento de los recursos
naturales y el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales en la materia.

El Ministerio Público concluyó que no existen elementos de juicio para declarar la nulidad
del acto demandado.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con los artículos 137 y 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 (modificado
por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia del presente asunto.

7.2. Planteamiento

El debate planteado por las partes en este proceso se concentra en tres frentes,
correspondientes a los cargos formulados en la demanda y a las preguntas fijadas en la
audiencia inicial. La controversia se delimita a continuación cargo por cargo, en los
términos en los que efectivamente fue planteada.

20 Visible en el índice 99 del SAMAI.

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19

Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

En el primer cargo, las partes coinciden en que existía un contrato de comodato
celebrado entre Flores Silvestres S.A. y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda. sobre una
franja de terreno de aproximadamente 7.300 metros cuadrados, y en que ese contrato
contenía una cláusula conforme a la cual el comodatario no podía realizar mejoras o
construcciones adicionales sin autorización expresa y escrita del comodante. La
discrepancia recae sobre los fundamentos de la decisión administrativa. La parte
demandante sostiene que CORNARE fundó la modificación del permiso en la aceptación,
sin prueba idónea, de un vínculo económico entre las sociedades y de que las
autorizaciones contractuales comprendían la integralidad del predio para el desarrollo del
proyecto porcícola. CORNARE y los terceros vinculados sostienen que el acto no se
construyó sobre esos supuestos, y que el motivo determinante de la reposición fue la
verificación técnica de la subsanación de los seis aspectos por los que inicialmente se
había negado la modificación.

En el segundo cargo, es un hecho no controvertido en el proceso que CORNARE no
convocó específicamente a los habitantes del sector vecino al trámite de modificación,
sino que se limitó a la publicación del auto de inicio en su página web. La discrepancia
recae sobre si esa actuación era jurídicamente exigible. La parte demandante sostiene
que las normas constitucionales y legales invocadas en el cargo imponían a la autoridad
ambiental el deber de convocar a la comunidad, y que su inobservancia configura el
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. CORNARE y los terceros sostienen
que ninguna de esas disposiciones impone tal deber a la autoridad ambiental en este tipo
de trámites, y que el régimen especial del Decreto 3930 de 2010 regula de manera
completa los mecanismos de participación procedentes.

En el tercer cargo, también es un hecho no controvertido que CORNARE no adelantó,
antes de modificar el permiso, las verificaciones técnicas específicas reclamadas por la
actora (olfatometría dinámica, censos poblacionales y caracterización del área de
influencia). La discrepancia recae sobre si esas verificaciones eran jurídicamente
exigibles. La parte demandante sostiene que de las normas constitucionales y legales
invocadas en el cargo se desprendía para la autoridad ambiental el deber inexcusable de
adelantar esas acciones técnicas como condición de validez del acto. La entidad
demandada y los terceros sostienen que las disposiciones invocadas consagran
facultades de apreciación técnica y márgenes de valoración, no obligaciones automáticas
de método, y que el procedimiento administrativo para la modificación del permiso de
vertimientos cumplió el marco normativo previsto en el Decreto 3930 de 2010 con base
en la información aportada por el solicitante, la visita técnica practicada y el informe
técnico correspondiente.

7.3. Análisis de la Sala

7.3.1. Sobre la sentencia de acción popular

En el escrito de alegatos de conclusión la parte actora aportó la sentencia de 13 de marzo
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
Oral, en la acción popular radicada con el núm. 05001-23-33-000-2016-02234-00. La
Sala evidencia que la existencia de ese proceso judicial se adujo por primera vez en el

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20

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Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

actual trámite mediante la reforma de la demanda, con alusión al auto admisorio de la
acción constitucional21.

Siendo ello así, debe precisarse que los medios de control de nulidad y de protección de
los derechos e intereses colectivos responden a objetos sustancialmente diferentes. La
acción popular, regulada por la Ley 472 de 1998, protege derechos e intereses colectivos
y ordena medidas para su restablecimiento. Mientras que, conforme al artículo 137 del
CPACA, la nulidad simple controla en abstracto la legalidad del acto administrativo. Así,
lo decidido en el fallo popular no resulta vinculante para el estudio de la legalidad de la
Resolución núm. 112-3743 de 2015, que ocupa la atención de la Sala en este
pronunciamiento, dada la diferencia entre uno y otro juicio.

7.3.2. Sobre el cuestionamiento del PRIO

También en el escrito de alegatos de conclusión, la parte actora trajo a colación el Plan
para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), acogido por CORNARE
mediante la Resolución núm. 112-7536 de 26 de diciembre de 2017.

Al respecto, la Sala estima que la etapa de alegatos de conclusión no es la oportunidad
procesal idónea para introducir nuevos argumentos y/o pruebas como sustento de las
pretensiones, pues, conforme a la jurisprudencia de esta Sección, no podrían ser objeto
de contradicción al no haber sido sometidos oportunamente a consideración de la
contraparte22. Por lo anterior, la Sala no se pronunciará sobre los asuntos formulados por
la parte actora en sus alegatos de conclusión en relación con el PRIO.

7.3.3. Naturaleza jurídica y requisitos del permiso de vertimientos

El permiso de vertimientos es una autorización administrativa de carácter particular y
técnico, mediante la cual la autoridad ambiental competente habilita a una persona
natural o jurídica cuya actividad genera descargas líquidas a aguas superficiales, marinas
o al suelo, para realizar dichos vertimientos bajo las condiciones técnicas y ambientales
que se establezcan en la respectiva resolución. Su régimen se encuentra contemplado
en el Decreto 3930 de 2010, compilado posteriormente en el Decreto Único
Reglamentario 1076 de 201523.

Esta naturaleza jurídica distingue al permiso de vertimientos de la licencia ambiental.
Conforme al artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la licencia ambiental es "la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad,
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada". El permiso de vertimientos,
en cambio, conforme al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, es la autorización particular
que toda persona cuya actividad genere vertimientos a aguas superficiales, marinas o al
suelo debe solicitar ante la autoridad ambiental competente.

21 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno II, folio 929.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero

de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 08001-23-31-000-2011-01120-01.

23Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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Demandado: CORNARE

El permiso de vertimientos constituye, por tanto, una autorización técnica singular,
acotada a la evaluación específica de las condiciones del vertimiento concreto. Su
otorgamiento o modificación no presupone una valoración integral de la viabilidad
ambiental del proyecto en su conjunto, sino el establecimiento de las condiciones técnicas
bajo las cuales el vertimiento es ambientalmente viable.

El otorgamiento o modificación del permiso de vertimientos se rige por el procedimiento
y los requisitos previstos en el Decreto 3930 de 2010. El artículo 42 de dicho decreto
establece el listado de la información que el interesado debe aportar ante la autoridad
ambiental competente, así:

Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener
un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una
persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero
tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados
sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual
pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica
a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y
diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de
tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728 de 2010.
22. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso
de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré
necesarios para el otorgamiento del permiso. (Énfasis de la Sala).

A su turno, el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010 fija el marco decisorio. La autoridad
ambiental, "con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la
información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las

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visitas técnicas practicadas y en el informe técnico", otorga o niega el permiso mediante
resolución. La misma disposición dispone que el permiso se otorga por un término no
mayor a diez (10) años.

7.3.4. Sobre el cargo de falsa motivación

La parte demandante sostiene que el acto acusado incurrió en la causal de falsa
motivación prevista en el artículo 137 del CPACA, por haber sustentado la modificación
del permiso de vertimientos en consideraciones relativas al contrato de comodato
celebrado entre Flores Silvestres S.A. y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., así como
en un supuesto vínculo económico entre esas sociedades que, para la actora, fue
aceptado por la autoridad ambiental sin prueba idónea. CORNARE y los terceros
vinculados sostienen, en sentido contrario, que el acto no se construyó sobre esos
supuestos y que el motivo determinante de la reposición fue la verificación técnica de la
subsanación de los aspectos por los que inicialmente se había negado la modificación.

La falsa motivación, como causal de nulidad, supone que los hechos invocados por la
administración como sustento de la decisión sean inexistentes, hayan sido tergiversados
o no correspondan a la realidad fáctica del expediente administrativo; o que, siendo
ciertos, no guarden relación con la decisión adoptada. La carga de demostrar el vicio
recae sobre quien lo alega, en aplicación de la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos24.

Sobre la existencia y el contenido del contrato de comodato

Está acreditado en el expediente administrativo que, entre Flores Silvestres S.A., en
calidad de propietaria del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm.
018-25580, y Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., en calidad de comodataria, se celebró
un contrato de comodato sobre una franja de terreno de aproximadamente 7.300 metros
cuadrados, destinada al desarrollo de la actividad porcícola25. El contrato contiene,
además, una cláusula conforme a la cual el comodatario no puede realizar mejoras o
construcciones adicionales a las existentes sin autorización expresa y escrita del
comodante.

La Sala evidencia que la controversia no recae sobre la existencia del comodato ni sobre
el contenido de su cláusula, hechos que CORNARE no ha negado, sino sobre si la
autoridad ambiental dio por probados, sin elementos de juicio suficientes, ciertos
supuestos derivados de ese contrato y si los tomó como fundamento de la decisión
demandada. Esos dos extremos se examinarán en los apartados siguientes.

Sobre el alcance de las autorizaciones contractuales y la verificación del área

24Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de

diciembre de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, expediente núm. 25000-23-41-000-2019-
00319-02; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
agosto de 2025, expediente núm. 08001-2333-000-2013-99112-01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, expediente núm. 11001-03-24-000-2017-00131-00.
25 Visible a índice 106 del SAMAI. Cuaderno 1, folio 223.

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La actora sostiene que CORNARE aceptó, sin prueba idónea, que las autorizaciones del
comodato comprendían la integralidad del predio, pese a que el contrato recae sobre una
franja de aproximadamente 7.300 m² y prohíbe construcciones adicionales sin
autorización escrita del comodante. El examen del reproche exige distinguir dos planos:
la verificación técnica del área del proyecto y la definición del alcance de las cláusulas
del comodato.

En el primer plano, la autoridad ambiental sí verifica el área del proyecto. Los numerales
6 y 10 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 le imponen identificar el predio y la
localización georreferenciada de las descargas. Así lo hizo: el solicitante aportó planos
georreferenciados de las instalaciones reformuladas y la visita técnica de 14 de julio de
2015 constató su localización in situ, según se analizará en el acápite relativo a los
motivos de la reposición.

En el segundo plano, el numeral 4 del mismo artículo exige que el mero tenedor aporte
la autorización del propietario. La norma impone constatar la existencia de esa
autorización, no definir si las cláusulas del comodato cubren la totalidad del área en la
que se emplaza el proyecto26. Esa correspondencia pertenece a la relación contractual
entre comodante y comodatario.

De lo anterior se sigue que no existe la contradicción que el reproche supone. CORNARE
verificó el área técnica del proyecto y constató que el solicitante aportó la autorización del
propietario exigida por el numeral 4. La Sala advierte que la motivación se desarrolla
sobre seis ejes técnicos relativos a la subsanación de las observaciones consignadas en
la negativa inicial. Así, la caracterización de la relación entre las sociedades no aparece
como premisa de la decisión ni como factor ponderado por la autoridad ambiental al
evaluar la viabilidad de la modificación del permiso.

En esos términos, el reproche de la actora parte de un supuesto que el acto no acoge.
CORNARE no dio por probado el vínculo económico entre las sociedades ni lo invocó
como fundamento de la modificación. Lo que el informe técnico y el acto recogen es la
constatación de que el solicitante acreditó la autorización del propietario exigida por la
normativa, sin pronunciarse sobre la naturaleza interna de la relación entre las dos
sociedades.

Así, la legitimación del solicitante de la modificación del permiso de vertimientos
(comodataria) no se encuentra circunscrita a la franja entregada en comodato. La
autorización que exige el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 no establece
una equivalencia en hectáreas entre el contrato y el área del proyecto. El acto demandado
no aprobó un área de uso del suelo, sino que modificó el permiso de vertimientos. El
objeto de esa modificación lo determina el aumento de la carga contaminante asociado
al incremento del inventario porcino. Así, dicho aumento es el que define la validación
técnica de la modificación del permiso, y no la extensión del derecho de uso del suelo.

26 Así lo sistematiza la doctrina especializada, que ubica la autorización del propietario entre la información
dirigida a identificar y verificar la legitimación del solicitante, diferenciada de la información técnica relativa
al vertimiento, y que subraya que el permiso de vertimientos es personal e intransferible. Cfr. García
Pachón, María del Pilar. (2016) Régimen jurídico de los vertimientos en Colombia. 1.ª ed. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, pp. 266 y 267.

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En otras palabras, la modificación decidida mediante la Resolución núm. 112-3743 de
2015 no tuvo por finalidad autorizar la ocupación de una determinada extensión del
predio, definir áreas de aprovechamiento ni reconocer facultades de uso del suelo a favor
de la sociedad solicitante. Su objeto se circunscribió a evaluar la viabilidad ambiental de
una modificación del permiso de vertimientos previamente otorgado y a determinar si las
medidas técnicas propuestas permitían manejar adecuadamente el incremento de la
carga contaminante derivado de la ampliación del inventario porcino.

Desde esa perspectiva, la autoridad ambiental no estaba llamada a establecer si la
totalidad de las instalaciones asociadas a la actividad productiva se encontraba
comprendida dentro del área específica descrita en el contrato de comodato, ni a definir
las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de una eventual discrepancia entre
la extensión material del proyecto y el alcance de las autorizaciones contractuales.

Por lo mismo, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que existiera controversia
acerca del alcance espacial del comodato, ello no conduciría por sí solo a desvirtuar la
legalidad del acto acusado. La autoridad ambiental verificó el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 42 del Decreto 3930 de 2010, especialmente el
relacionado con la autorización del propietario cuando el solicitante actúa como mero
tenedor. Cumplido ese presupuesto, el juicio técnico y jurídico que correspondía realizar
se concentraba en la actividad objeto del permiso, en la localización de las descargas, en
los sistemas de tratamiento y en los impactos ambientales asociados al vertimiento.

En consecuencia, la Sala concluye que la legitimación del solicitante para promover la
modificación del permiso de vertimientos no dependía de demostrar una correspondencia
exacta entre el número de hectáreas comprendidas en el comodato y la extensión física
del proyecto evaluado por la autoridad ambiental. Lo jurídicamente relevante para el
trámite era la acreditación de la autorización exigida por la normativa ambiental y la
verificación técnica de las condiciones del vertimiento sometido a control, aspectos que
fueron efectivamente constatados por CORNARE.

Sobre la aceptación del alcance integral de las autorizaciones contractuales sin
prueba idónea

Bajo la misma estructura, la actora sostiene que CORNARE habría aceptado, sin prueba
idónea, que las autorizaciones contractuales derivadas del comodato comprendían la
integralidad del predio para el desarrollo del proyecto porcícola, no obstante que el
contrato recae expresamente sobre una franja de aproximadamente 7.300 metros
cuadrados y prohíbe construcciones adicionales sin autorización escrita del comodante.
La verificación de esta hipótesis exige examinar dos cuestiones: si el régimen aplicable
al trámite imponía a la autoridad ambiental el deber de pronunciarse sobre el alcance
espacial de las autorizaciones contractuales, y si la motivación del acto contiene una
afirmación en ese sentido.

Respecto del régimen aplicable, el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010
prevé que, cuando el solicitante del permiso de vertimientos es mero tenedor del

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inmueble, basta con que aporte la autorización del propietario27. La norma exige la
existencia de la autorización, no la verificación del alcance de las cláusulas contractuales
en relación con el área que efectivamente cubrirá el proyecto. La autoridad ambiental
carece, además, de competencia para definir el alcance de las obligaciones de un
contrato civil celebrado entre particulares, materia que pertenece al ámbito del derecho
privado y cuya interpretación corresponde, en su caso, al juez ordinario.

En cuanto a la motivación del acto, ni el informe técnico 112-1464 ni la Resolución 112-
3743 contienen una afirmación según la cual las autorizaciones contractuales
comprendieran la integralidad del predio. La autoridad ambiental verificó que el comodato
existía, que provenía del propietario del inmueble y que cumplía la función de legitimación
exigida por la normativa. El examen técnico que precedió a la modificación recayó sobre
la viabilidad ambiental del vertimiento y sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas
previstas en el ordenamiento, esto es, sobre los retiros establecidos en el ordenamiento
territorial, las medidas de mitigación de impactos por olores, los planes de fertilización
compatibles con el inventario porcícola ampliado y las demás exigencias contenidas en
el informe técnico de soporte.

Las eventuales discusiones sobre si el alcance del comodato cubría la totalidad de las
obras proyectadas no inciden, en consecuencia, en la legalidad del permiso ambiental.
Pertenecen al ámbito de la relación contractual entre las partes del comodato y son
ajenas al trámite ambiental.

Sobre el motivo determinante de la reposición

Establecido que las consideraciones sobre el vínculo económico y sobre el alcance
integral del comodato no constituyeron el fundamento del acto, corresponde identificar
cuál fue el motivo determinante de la decisión de reponer la negativa inicial. La respuesta
a esta cuestión se desprende del propio expediente administrativo y, en particular, del
contraste entre la Resolución 112-1679 del 29 de abril de 2015, que negó inicialmente la
modificación del permiso y la Resolución 112-3743 del 12 de agosto de 2015, que la
acogió en sede de reposición. El elemento articulador entre ambas decisiones es el
informe técnico 112-1464 del 4 de agosto de 2015, en el que CORNARE verificó la
subsanación, por parte del solicitante, de los seis aspectos que habían sustentado la
negativa inicial.

El siguiente cuadro permite contrastar, frente a cada uno de los seis motivos consignados
en la Resolución 112-1679 del 29 de abril de 2015, la respuesta aportada por el solicitante
en el recurso de reposición y la verificación técnica adelantada por CORNARE en el
informe 112-1464 del 4 de agosto de 2015:

Núm. Motivo de la Respuesta de la solicitante Verificación de CORNARE Resultado
negativa (Res. (recurso de reposición de (Informe 112-1464 de 4 de
112-1679 de 29 de 15 de mayo de 2015) agosto de 201528)
abril de 2015)

27 “Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento,

deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la
siguiente información: […] 4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero
tenedor”.
28 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 1, folio 371.

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i Insuficiencia y falta Se aportaron planos La visita técnica de 14 de Subsanado
de claridad sobre el actualizados con delimitación julio de 2015 constató in situ
área del proyecto georreferenciada de las la localización de las
instalaciones del proyecto instalaciones y validó la
reformulado, incluyendo los información de los planos
sitios de cría, precebo y ceba aportados
ii Ausencia de Se acreditó la existencia del CORNARE constató que Subsanado
autorización clara contrato de comodato obraba en el expediente la
del propietario para vigente entre Flores autorización del propietario
la ampliación Silvestres S.A. y Criadero exigida por el numeral 4 del
solicitada San Silvestre La Ceja artículo 42 del Decreto 3930
Ltda29., conforme al numeral de 2010
4 del artículo 42 del Decreto
3930 de 2010
iii Posible Se propuso la El informe 112-1464 verificó Subsanado
incumplimiento de reestructuración de la que el proyecto reformulado
los retiros localización de las cumplía los retiros exigidos.
establecidos en el instalaciones para ajustarse El artículo 4° de la
ordenamiento a los retiros del Esquema de Resolución núm. 112-3743
territorial Ordenamiento Territorial del impone expresamente la
municipio del Carmen de obligación de respetarlos
Viboral, con planos de detalle
por sitio
iv Inconsistencias en Se aportaron planes de CORNARE acogió ambos Subsanado
el plan de fertilización ajustados para planes mediante el artículo
fertilización frente pastos (1.326 cabezas) y 3°, numeral 2, de la
al incremento de la crisantemos (1.800 Resolución núm. 112-3743
carga cabezas), compatibles con el y exigió su implementación
contaminante nuevo inventario aprobado y reporte anual (artículo 5°,
numeral 3.d)
v Deficiencias en la Se presentó propuesta El informe 112-1464 evaluó Subsanado
información técnica técnica con uso del producto técnicamente las medidas
sobre manejo de MICRO-AID para reducción propuestas y las consideró
residuos e de amonio; instalación de adecuadas. Se aprobaron
impactos de la tres biodigestores tipo dos nuevos sistemas de
actividad Taiwán con reducción de tratamiento (tanque séptico
DBO/SST entre 60% y 90%; más FAFA) mediante el
y sistema de artículo 3°, numeral 1, de la
aprovechamiento del Resolución núm. 112-3743
efluente como fertilizante
vi Posibles impactos Se aportó plan de gestión de CORNARE acogió el plan Subsanado
sobre la olores (radicados 112-2966 y de gestión de olores
comunidad 112-3313) con medidas de (artículo 2° de la Resolución
aledaña, por mitigación, y se propuso núm. 112-3743) y
cercanía a barrios continuidad de barreras vivas condicionó la ampliación a
del entorno perimetrales en distintos su implementación, con
estratos de altura informes anuales y
caracterización de fuentes
hídricas (artículo 5°,
numerales 2 y 3)

Las actuaciones documentadas en el cuadro muestran que la decisión de reponer la
negativa inicial obedeció a la constatación objetiva de la subsanación de las deficiencias
identificadas, expresada en el examen del proyecto reformulado, en los planos
georreferenciados aportados por el solicitante, en la información sobre las medidas de
mitigación propuestas (utilización del producto MICRO-AID, implementación de

29 Visible en el índice 106 del SAMAI. Cuaderno Principal 1, folio 134.

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biodigestores y establecimiento de barreras vivas) y en los hallazgos de la visita técnica
del 14 de julio de 2015. Ese conjunto probatorio, valorado técnicamente por la autoridad
ambiental, fue lo que llevó a concluir que era factible acoger el recurso de reposición y
aprobar la modificación del permiso. El motivo determinante de la decisión no fue, en
consecuencia, las consideraciones contractuales reprochadas por la demandante, sino
la verificación técnica de la subsanación de los seis aspectos por los que inicialmente se
había negado la modificación.

Sobre la configuración del vicio de falsa motivación

La falsa motivación supone, como se indicó, que los hechos invocados por la
administración como sustento de la decisión sean inexistentes, hayan sido tergiversados
o no correspondan a la realidad fáctica del expediente, o que, siendo ciertos, no guarden
relación con la decisión adoptada. Ninguno de esos supuestos concurre en el presente
caso.

Los hechos que CORNARE invocó como fundamento de la decisión, esto es, la
subsanación técnica de las observaciones por las que inicialmente se había negado la
modificación, son hechos que el expediente administrativo respalda, sin que la parte
demandante haya aportado elemento probatorio alguno que desvirtúe las conclusiones
del informe técnico 112-1464 del 4 de agosto de 2015. Las consideraciones que la
demandante atribuye al acto, sobre el vínculo económico y sobre el alcance integral del
comodato, no integraron el fundamento de la decisión, conforme se mostró en los
apartados anteriores. El reproche se orienta, en consecuencia, a proponer una valoración
distinta de los mismos elementos que la autoridad ambiental ponderó en ejercicio de su
competencia técnica especializada.

Esa discrepancia sobre el método o sobre el alcance de la valoración técnica realizada
por la autoridad ambiental no configura el vicio de falsa motivación. Como ha precisado
esta Sección, esta causal se presenta cuando “la sustentación fáctica del acto carece de
veracidad o de coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho, esto es, cuando no
es cierto lo que se afirma en las razones de hecho”, o “cuando no hay correspondencia
entre tales razones y los supuestos de derecho que se aducen para proferir el acto” 30.

En consecuencia, el cargo de falsa motivación no prospera.

7.3.5. Sobre el cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

La parte demandante sostiene que el acto acusado se expidió con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa al haberse modificado el permiso de vertimientos sin
socializar el trámite con los habitantes del sector vecino a la actividad porcícola, en
particular con los pobladores de los barrios Alto Los Pinos, La María y Villa María del
municipio de El Carmen de Viboral, así como con los residentes de la vereda La Palma.
CORNARE y los terceros vinculados sostienen, en sentido contrario, que ninguna
disposición del régimen ambiental o del procedimiento administrativo común imponía a la

30 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

junio de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 25000-23-24-000-2006-00364-01.

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autoridad ambiental el deber de convocar a la comunidad al trámite, y que las cargas de
notificación y publicación previstas en la normativa fueron cumplidas.

Así, conforme a la fijación del litigio definida en la audiencia inicial, la Sala debe
establecer, en primer lugar, si la modificación del permiso fue efectivamente socializada
con la comunidad vecina y, en caso de que la respuesta sea negativa, si esa circunstancia
configura la causal de nulidad invocada.

Sobre la socialización del trámite con la comunidad vecina

La socialización a la que se refiere el cargo, entendida como convocatoria específica a
los habitantes del sector vecino al trámite de modificación del permiso, debe distinguirse
de las cargas generales de publicidad previstas en el régimen ambiental.

Del examen del expediente administrativo se desprende que CORNARE adelantó la
notificación y publicación previstas en la normativa para el trámite de modificación del
permiso. En particular, mediante el Auto 112-0267 del 6 de marzo de 2015 se ordenó
publicar el contenido del acto en la página web de la autoridad ambiental, en aplicación
de lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 199331. En cambio, no obra en el
expediente registro alguno de actuaciones adicionales dirigidas a convocar de manera
específica a los habitantes del sector vecino a la actividad porcícola, ni a llamarlos a
intervenir en el trámite de modificación.

La respuesta a esta primera cuestión es, en consecuencia, afirmativa: es cierto que la
modificación del permiso de vertimientos no fue socializada con los habitantes del sector
en el que se ubica el proyecto.

Ahora, corresponde determinar si esa circunstancia configura la causal de nulidad
invocada.

Sobre la configuración del vicio de desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa

El examen del cargo exige establecer si las disposiciones invocadas por la actora
imponían a CORNARE la obligación de convocar a la comunidad vecina al trámite de

31 “Artículo 70. Del trámite de las peticiones de intervención. La entidad administrativa competente al

recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un
acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su
correspondiente identificación y dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el
presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.

Artículo 71. De la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente. Las decisiones que pongan
término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una
licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se
notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos
del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el
artículo anterior”.

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modificación del permiso, o si, por el contrario, no resultaba aplicable a esta clase de
actuación administrativa.

Para el efecto, la Sala examinará separadamente el régimen especial del Decreto 3930
de 2010, el régimen de participación previsto en la Ley 99 de 1993 y la aplicación
supletoria del artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

El régimen especial del Decreto 3930 de 2010.

La modificación del permiso de vertimientos se rige por el procedimiento especial del
Decreto 3930 de 2010. Conforme al artículo 49 de ese decreto, el trámite de modificación
se sujeta al procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso, con términos
reducidos a la mitad32.

Ese procedimiento prevé, en lo pertinente, la publicación del auto de inicio en los términos
de los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la posibilidad de audiencia pública ambiental
conforme al parágrafo 3 del artículo 4533, y la intervención de cualquier persona, natural
o jurídica, en los términos del artículo 69 de la Ley 99 de 199334.

Ninguno de esos mecanismos impone a la autoridad ambiental el deber de convocar
oficiosamente a los vecinos del proyecto: la publicación del auto de inicio satisface la
carga de publicidad de la actuación; la audiencia pública procede a solicitud de los
interesados o por decisión motivada de la autoridad; y la intervención del artículo 69 opera
a solicitud de quien manifieste interés en hacerse parte del trámite.

En este punto, es necesario advertir que no obra en el expediente administrativo solicitud
alguna de los habitantes del sector, de las juntas de acción comunal o de cualquier otra
persona interesada, dirigida a hacerse parte del trámite o a promover audiencia pública.

El régimen de participación previsto en la Ley 99 de 1993.

Los artículos 69 y 72 de la Ley 99 de 1993, invocados por la actora, regulan,
respectivamente, el derecho de las personas a intervenir en las actuaciones
32 “Artículo 49. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar
aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso,
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. La autoridad
ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la necesidad
de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el
artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. El trámite de la modificación del
permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de
vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45”.

33 “Artículo 45. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. (…) Parágrafo 3°. Las

audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso de vertimiento se realizaran conforme a lo
previsto en el Decreto 330 de 2007 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

34 “Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales.
Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición
o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

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administrativas ambientales y la audiencia pública ambiental. El numeral 1 del artículo
31, también invocado, asigna a las corporaciones autónomas regionales la función de
ejecutar las políticas ambientales en su área de jurisdicción.

Ninguna de esas disposiciones impone a la autoridad ambiental el deber concreto y
exigible de convocar de oficio a la comunidad vecina al trámite de modificación de un
permiso de vertimientos previamente otorgado.

La intervención de cualquier persona en las actuaciones ambientales, conforme al
artículo 69, opera a solicitud del interesado, no por convocatoria oficiosa; la audiencia
pública, conforme al artículo 72, procede en los términos del reglamento (Decreto 330 de
2007) y, en el caso de los trámites del Decreto 3930, conforme a la regla específica del
parágrafo 3 del artículo 45 de ese decreto.

La aplicación supletoria del artículo 37 del CPACA.

El artículo 37 del CPACA impone a la autoridad administrativa la carga de comunicar la
iniciación de la actuación a los terceros que puedan resultar directamente afectados. Esta
disposición integra el régimen general del procedimiento administrativo y opera, en los
términos del artículo 2 ibidem, de manera supletoria respecto de los procedimientos
administrativos especiales35.

Conforme a esa regla, los procedimientos regulados por leyes especiales se rigen por
sus propias disposiciones, y solo en lo no previsto en ellas se aplican las normas
generales del CPACA.

Sobre ese particular, en sentencia del 5 de junio de 201436, esta Sección precisó que “los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas,
razón por la cual los procedimientos que les corresponde adelantar a las empresas
prestadoras de servicios públicos se regirá por la Ley 142 de 1994, y en los aspectos no
regulados por dicha ley se aplicarán las normas de la primera parte del C.C.A.”.

Ello significa que el régimen especial desplaza al régimen general en aquello que regula,
y este último opera solo por defecto.

Así, el régimen del Decreto 3930 de 2010, como se mostró en los dos apartados
anteriores, contiene su propio catálogo de mecanismos de participación: la publicación
del auto de inicio prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la audiencia

35 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los

organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y
niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Las disposiciones de esta
Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran
decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos
de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se
aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción. Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos
regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este
Código”.

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de junio

de 2014. Radicación: 25000-23-24-000-2003-01130-01. M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno.

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pública ambiental del parágrafo 3 del artículo 45 del Decreto 3930 y la intervención
prevista en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993. Ese catálogo configura la previsión
específica del régimen especial sobre el modo en que la comunidad puede participar en
el trámite de un permiso de vertimientos. Cuando los sujetos legitimados no han activado
los mecanismos del régimen especial, el deber de comunicación del artículo 37 del
CPACA no se proyecta de oficio sobre el procedimiento ambiental para imponer a la
autoridad cargas adicionales.

Bajo esas consideraciones, la omisión de socializar específicamente el trámite con la
comunidad vecina no configura la causal de nulidad invocada. CORNARE cumplió con la
publicación del auto de inicio prevista en el régimen ambiental, no recibió solicitudes de
intervención que activaran los mecanismos de participación del Decreto 3930 de 2010, y
la disposición del artículo 37 del CPACA invocada por la actora opera de manera
supletoria frente al régimen especial aplicable. Las disposiciones constitucionales
invocadas en el cargo consagran principios y derechos cuya aplicación concreta en cada
actuación administrativa requiere el desarrollo normativo específico que regule la materia,
desarrollo que en este caso no contenía la obligación de convocatoria oficiosa que la
actora reclama.

La Sala no desconoce la especial relevancia constitucional del principio de participación
ambiental, ni el deber de las autoridades ambientales de propiciar escenarios de
información y participación ciudadana en asuntos con potencial incidencia ambiental. Sin
embargo, la efectividad de ese principio debe examinarse conforme al diseño normativo
concreto previsto para cada procedimiento administrativo. Y como quedó explicado de
forma suficiente, en el presente caso, el régimen especial aplicable al trámite de
modificación del permiso de vertimientos no imponía a CORNARE, para la época de
expedición del acto acusado, una obligación específica de convocatoria oficiosa a los
habitantes del sector, distinta de los mecanismos de publicidad y participación previstos
en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 3930 de 2010

En consecuencia, el cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa no
prospera.

7.3.6. Sobre el cargo por infracción de las normas en que debía fundarse el acto

La parte demandante sostiene que CORNARE incurrió en vulneración de norma superior
al haber modificado el permiso de vertimientos sin adelantar, como condición previa a la
decisión demandada una serie de verificaciones relacionadas con la toma de muestras
de gases con análisis por olfatometría dinámica, la caracterización de la población
adyacente al proyecto y censos poblacionales del sector circundante, así como la
determinación del área de influencia de la explotación porcícola. Entiende que esas
verificaciones técnicas resultaban exigibles debido a lo dispuesto por el artículo 80 de la
Constitución Política, de los numerales 12 y 25 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y del
numeral 23 del artículo 42 y del artículo 47 del Decreto 3930 de 2010, dada la cercanía
de la actividad con la zona urbana y los antecedentes documentados de quejas por olores
en el sector.

CORNARE y los terceros vinculados sostienen, en sentido contrario, que las
disposiciones invocadas no establecen tales obligaciones, y que el acto demandado se
sustentó en el informe técnico y en las visitas practicadas.

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Sobre las normas invocadas como infringidas

El deber constitucional general de protección ambiental

El artículo 80 de la Constitución Política impone al Estado el deber de prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados. Esta disposición consagra un mandato general dirigido al Estado
en su conjunto, cuya traducción en obligaciones específicas para cada autoridad
administrativa depende del desarrollo normativo legal y reglamentario que regule la
materia particular. No prescribe metodologías técnicas concretas ni impone a las
corporaciones autónomas regionales un catálogo cerrado de verificaciones que deban
adelantar como condición de validez de cada trámite ambiental.

La competencia técnica de la autoridad ambiental

Los numerales 12 y 25 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuyen potestades a la
entidad demandada. El numeral 12 asigna a las corporaciones autónomas regionales las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, e incluye expresamente los
vertimientos, emisiones o incorporaciones de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos37. El numeral 25, por su parte, regula la facultad de imponer, distribuir y
recaudar contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble
por razón de la ejecución de obras públicas38.

La materia regulada por esta última disposición es ajena al reproche formulado en el
cargo, comoquiera que no se cuestiona un acto de naturaleza fiscal o de contribución de
valorización, sino la modificación de un permiso de vertimientos.

Ahora bien, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asigna competencias
generales a las corporaciones para ejercer evaluación, control y seguimiento ambiental
sobre los usos del agua, el suelo y el aire, incluido el régimen de vertimientos. De su tenor
no se desprende una obligación procedimental específica que imponga a la autoridad una
serie de actuaciones técnicas como condición de validez de cada trámite individual de
permiso.

El régimen específico del trámite de modificación del permiso

37 “Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…] 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

38 “25. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la
propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación; fijar los demás
derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley”.

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Los artículos 42 y 47 del Decreto 3930 de 2010 regulan, respectivamente, los requisitos
del trámite de permiso de vertimientos y el marco decisorio de la autoridad ambiental.

El numeral 23 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010 faculta a la autoridad ambiental
a exigir, además de los requisitos taxativos previstos en los demás numerales, "los demás
aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el
otorgamiento del permiso". La fórmula normativa remite inequívocamente al criterio
técnico de la autoridad. Es una habilitación que permite a la entidad ampliar el examen
cuando lo considere necesario, no una imposición automática que obligue a practicar
todas las verificaciones que un administrado pueda sugerir.

Por su parte, el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010 fija el marco decisorio del trámite:
dispone que el otorgamiento o la negación del permiso se funda en la evaluación de la
información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las
visitas técnicas practicadas y en el correspondiente informe técnico 39. Esta disposición
define los soportes en los que la decisión debe fundarse y, al hacerlo, sienta el método
decisorio que la autoridad debe seguir.

La pregunta, entonces, es si CORNARE cumplió con ese marco al expedir el acto
demandado.

Del expediente administrativo se desprende que CORNARE adelantó las actuaciones
previstas en el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010. La autoridad ambiental no ignoró
los antecedentes de impacto ambiental: los identificó expresamente en el informe técnico
112-0684 del 17 de abril de 2015, que documentó las quejas de la comunidad de los
barrios Alto Los Pinos, La María y Villa María por olores ofensivos asociados a la actividad
porcícola, así como los acuerdos celebrados en 2003 y 2004 entre la granja y la
comunidad.

Esos antecedentes fueron el fundamento de la negativa inicial de la modificación,
plasmada en la Resolución 112-1679 del 29 de abril de 2015. Con ocasión del recurso
de reposición, CORNARE practicó visita técnica al predio el 14 de julio de 2015, evaluó
la documentación adicional aportada por el solicitante y elaboró el informe técnico 112-
1464 del 4 de agosto de 2015, en el que verificó la subsanación de las observaciones
que sustentaron la negativa inicial y, en particular, la inclusión en el proyecto reformulado
de medidas concretas de mitigación: biodigestores, barreras vivas, utilización del
producto MICRO-AID y plan de gestión de olores. La autorización final, contenida en la
Resolución 112-3743 del 12 de agosto de 2015, condicionó la modificación al
cumplimiento de esas medidas y al monitoreo anual de su implementación.

Ese conjunto de actuaciones se corresponde con el marco decisorio que el artículo 47
del Decreto 3930 de 2010 prevé. CORNARE evaluó la información aportada, dedujo
hechos y circunstancias de la visita técnica practicada, y plasmó las conclusiones
técnicas en el informe correspondiente. La actora reclama que esas actuaciones debieron
complementarse con olfatometría dinámica, caracterización poblacional y censos. Pero
el artículo 47, leído por sí solo y en concordancia con el numeral 23 del artículo 42, no

39 “Artículo 47. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en
los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará
o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El permiso de vertimiento se otorgará por un
término no mayor a diez (10) años”.

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impone esas metodologías concretas como condición de validez del acto: define el marco
decisorio en términos de información, visitas e informe técnico, y deja al criterio técnico
de la autoridad la determinación del grado de profundidad de cada uno de esos soportes
en función de las particularidades del caso.

Con todo, de las disposiciones invocadas en el cargo no se desprende, en consecuencia,
el deber jurídicamente concreto y exigible de practicar las verificaciones específicas que
la actora reclama como condición previa a la modificación del permiso.

En definitiva, el cargo no prospera.

Sobre la inspección judicial con apoyo de perito experto en ingeniería ambiental

Como quedó consignado en los antecedentes del presente pronunciamiento, en
aplicación del artículo 213 del CPACA, con el objeto de descartar cualquier duda respecto
de las valoraciones técnicas adelantadas por la entidad demandada en el marco del
procedimiento administrativo que culminó con la modificación al permiso de vertimientos,
en la audiencia inicial celebrada el 29 de noviembre de 2019, el Despacho sustanciador
decretó la práctica de una inspección judicial con apoyo de perito experto en ingeniería
ambiental, dirigida a establecer el impacto positivo o negativo generado por la actividad
porcícola en la comunidad circunvecina y la afectación al entorno ambiental por olores,
comparando la situación existente antes y después de la expedición del acto
demandado40.

La inspección judicial41 se practicó el 6 de julio de 2021, con apoyo de la ingeniera
ambiental Leydi Johana García Cardona, y se complementó con una segunda visita el 28
de julio del mismo año.

40 Dando cumplimiento a la mencionada decisión, el 20 de febrero de 2020, la Secretaría de la Sección
Primera de esta Corporación libró el Despacho Comisorio número 3 al Tribunal Administrativo de
Antioquia, adjuntando copia de la demanda, su reforma y anexos, los respectivos autos admisorios y el
acta de audiencia inicial.
41 Del desarrollo de la diligencia da cuenta el acta resultado de la inspección judicial: “Enseñó cómo está
distribuido el terreno en potreros, se inspeccionó el sitio donde funciona la granja porcícola y la estercolera;
enseñó al despacho y a la perito el manejo que se le da a los residuos líquidos y sólidos de la porcícola
(los sólidos se utilizan como abono o fertilizante y los líquidos como insumo para el riego de potreros
después de un proceso de separación de líquidos y de secado de excrementos). Indicó el manejo que se
le da a los gases que generan los residuos (se procesan en un biodigestor y posteriormente se queman y
los líquidos se esparcen en los potreros como fertilizante) y se constató, por parte del magistrado, que casi
la totalidad del terreno se halla rodeado de seto vivo de distintas especies en tres estratos que, según
indicó la señora Ríos Rendón, sirven como barrera para los olores. Se constató, además, que la totalidad
de la granja está rodeada de árboles de bambú. No se percibieron olores nauseabundos o intolerables a
los alrededores de la porcícola; de hecho, no se percibieron olores extraños en ninguna parte del sitio de
la inspección e, incluso, en la estercolera los olores eran bastante tolerables. Las viviendas más cercanas
a la porcícola se hallan a unos 800 metros aproximadamente y al acercarnos al lindero no se percibieron
olores fuertes y tampoco se vieron moscos en exceso, por lo menos a la hora precisa en que se llevó a
cabo la diligencia. La totalidad de los linderos están rodeados de barrera viva, aunque en algunas partes
no tan frondosa, pues algunas especies se hallan recién sembradas. Las aguas residuales domésticas que
salen de los sistemas sanitarios que utilizan las personas que trabajan en la granja (tres personas en total
laboran en ese específico sitio) son enviados a un pozo séptico hincado en medio de especies arbóreas.
No se observó que los residuos líquidos o sólidos fueran a dar a fuentes hídricas como ríos, quebradas,
etc. Se enseñó al despacho y al perito el proceso que se cumple con los cadáveres de los animales que
mueren en el proceso de ceba”.

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

Mediante correo electrónico del 1° de octubre de 2021, Leidy Johana García Cardona
allegó la experticia encomendada.

Por medio de auto del 3 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia
dio por terminada la comisión, por estar satisfecho el objeto de esta, y remitió el
expediente a esta Corporación42.

La Sala considera necesario señalar que en el informe allegado al proceso de la
referencia se aclaró “que la perito designada por el Tribunal, no cuenta con dictámenes
realizados a la fecha (…) es la primera vez que participa de un peritaje y por lo tanto,
no cuenta con los equipos, exámenes, métodos, ni experimentos para realizar
análisis estadísticos o experimentos sobre el mismo; por lo tanto se limita a realizar
una inspección ocular del caso y una revisión del expediente de los hechos más
importantes”. (Énfasis de la Sala).

Con ese panorama, lo aportado no es un dictamen pericial sino el informe de una
inspección judicial.

En efecto, aunque la prueba fue decretada con el propósito de obtener una valoración
técnica especializada que permitiera establecer los impactos ambientales derivados de
la actividad porcícola y contrastar las condiciones existentes antes y después de la
expedición del acto acusado, el informe allegado no satisface las exigencias mínimas que
el ordenamiento procesal demanda para que el juez aprecie el medio probatorio.

La propia profesional designada reconoció expresamente que no contaba con
experiencia previa en la elaboración de peritajes, ni con los equipos, métodos, exámenes
o herramientas técnicas para efectuar mediciones, análisis estadísticos, experimentos o
verificaciones especializadas relacionadas con el objeto de la prueba. Asimismo, indicó
que, debido a tales limitaciones, su intervención se restringiría a una inspección ocular y
a la revisión de la documentación obrante en el expediente.

Lo anterior resulta particularmente relevante si se tiene en cuenta que la prueba fue
ordenada con apoyo de un perito experto en ingeniería ambiental, precisamente para
que, desde un conocimiento técnico y especializado, aportara elementos objetivos que
permitieran valorar aspectos complejos relacionados con la afectación ambiental por
olores, el impacto de la actividad porcícola sobre la comunidad circundante y las
condiciones ambientales del área. Sin embargo, las conclusiones consignadas en el
informe no provienen de la aplicación de metodologías técnicas propias de la disciplina
ambiental, ni de mediciones o verificaciones científicas que permitan corroborar
objetivamente los fenómenos sometidos a examen.

42 De forma posterior, con auto del 1° de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador ordenó devolver
el Despacho Comisorio al Tribunal Administrativo de Antioquia, al advertir que no reposaba la constancia
del resultado de la inspección y de los demás elementos que debían ser detallados en la diligencia.

El 26 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió
que se encontraban cargados en el Sistema Judicial Samai el acta y el video de la inspección judicial, así
como informe pericial de la Ingeniera Leydi Johana García Cardona.

Notificadas y ejecutoriadas las anteriores actuaciones, con auto del 4 de noviembre de 2022, el Despacho
sustanciador corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, término dentro del cual se pronunciaron
sobre el informe que resultó luego de adelantada la inspección judicial.

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00442 00
Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

En esas condiciones, el informe de la inspección ocular realizada con el juez comisionado
carece de la solidez necesaria para ser apreciada como una prueba técnica
especializada, pues no ofrece fundamentos metodológicos suficientes que respalden sus
conclusiones ni proporciona elementos objetivos que permitan verificar la validez de
estas.

Por consiguiente, dado que el informe se limitó a exponer las observaciones derivadas
de una inspección ocular y de la revisión documental del expediente, sin desarrollar una
evaluación técnica ambiental que permitiera aportar conocimientos especializados útiles
para la resolución de la controversia, la Sala concluye que dicha prueba no reúne las
condiciones requeridas para su valoración y, en consecuencia, no será tenida en cuenta.

En síntesis, la Sala concluye que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad que ampara el acto acusado, pues no acreditó que la modificación del
permiso de vertimientos se hubiera sustentado en hechos inexistentes, que el
procedimiento administrativo hubiera desconocido garantías de participación previstas en
el régimen aplicable, ni que CORNARE hubiera omitido actuaciones técnicas obligatorias
conforme al marco normativo vigente.

Con todo lo expuesto, la Sala negará la pretensión de nulidad de la demanda.

7.4. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA43, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
junio de 2026.

43 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.

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Demandante: LUZ ELENA ARBELÁEZ VELÁSQUEZ
Demandado: CORNARE

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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