Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2006-00364-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Demandada: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Tercero con interés: Servicios Ambientales S.A. E.S.P.
Tema: Confirma sentencia de primera instancia. Falsa motivación de los actos
acusados mediante los cuales se otorga una licencia ambiental. No
correspondencia entre los fundamentos de hecho y la normativa del Plan de
Ordenamiento Territorial aplicable para el uso del suelo en el desarrollo de la
actividad de disposición final de residuos sólidos. Recurso de apelación.
Nuevos cargos. Competencia y límites del Juez de Segunda Instancia.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el
tercero con interés contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 30 de enero
de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C” en Descongestión.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Eduardo Marcelino Castro Pérez, a través de apoderado judicial, en adelante
la parte demandante, presentó demanda1 contra la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - CAR, en adelante la parte demandada o CAR, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante, Código Contencioso Administrativo
o CCA, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 408 de 9 de marzo
de 20053, 1582 de 12 de septiembre de 20054, 1843 de 4 de octubre de 20055, 2013
de 28 de octubre de 20056, 2606 de 22 de diciembre de 20057 y 897 de 1 de marzo
de 20068, expedidas por la Directora General de la CAR.
Las pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones9:
“[…]
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución 408 del 9 de marzo de 2005
expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, “por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones”, autorizando “únicamente la disposición de residuos sólidos
domésticos provenientes de los siguientes municipios: Girardot, Ricaute, Nariño y
Agua de Dios.”
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución 1582 del 12 de septiembre
de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, mediante la cual se decidieron unos recursos de reposición,
confirmando la resolución anterior.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1843 del 4 de octubre de
2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, por la cual se aclara la resolución 1582 del 12 de septiembre
de 2005.
1 Folios 2 a 22 del cuaderno núm. 1 del expediente.
2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
3 “(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones)”.
4 “(Por la cual se resuelven unos recursos de reposición)”.
5 “(Por la cual se aclara una resolución)”.
6 “(Por la cual se autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de otros municipios a la
Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.)”.
7 “(Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 2013 del 28 de octubre de 2005)”.
8 “(Por la cual se autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes del municipio de la Mesa
• Cund. a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.)”.
9 Folios 754 a 755 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
CUARTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 2013 del 28 de octubre de
2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, por la cual se modificó la resolución 408 del 9 de marzo de 2005
expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, autorizando, fuera de lo inicialmente contemplado, la
disposición de residuos sólidos provenientes de los siguientes municipios:
• San Antonio del Tequendama
• Beltrán
• Puli
• Jerusalén
• Guataqui
• Apulo
• Tocaima
• Viotá
• Nilo
• Fusagasugá
• Arbeláez
• Pandi
• San Bernardo
• Venecia
• Centro poblado de Cambao del municipio de Sanjuán de Rio Seco
• Anapoima
• Pasca
• Tibacuy
• Cabrera
• Espinal (Tolima)
QUINTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 2606 del 22 de diciembre de
2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, por la cual se resolvió recurso de reposición interpuesto por el
hoy demandante contra la resolución 2013 del 28 de octubre de 2005.
SEXTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 897 del 1º de marzo de 2006
expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, por la cual se adicionó la resolución 408 del 9 de marzo de 2005
expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, autorizando la disposición de residuos sólidos provenientes del
municipio de La Mesa.
SEPTIMA: Que a manera de restablecimiento del derecho, se ordene a la
demandada proceder a la clausura del relleno sanitario objeto de los actos
administrativos impugnados y realizar todas las obras necesarias para restablecer
las condiciones ambientales.
OCTAVA: Que a manera de restablecimiento del derecho, se condene a la
demandada al pago de la indemnización por los perjuicios materiales y morales
causados al actor con motivo de los actos impugnados.
NOVENA: Que se condene en costas al demandado y se ordene dar cumplimiento
a las (sic) Sentencia en los términos de los artículos 176 y s.s del C.C.A.
[…]”. (Negrilla de texto original).
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4. Mediante la escritura pública 296 de 21 de diciembre de 1990, registrada en
el folio de matrícula inmobiliaria 307-984 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Girardot, adquirió el derecho de dominio del inmueble rural denominado
“La Frontera”.
5. La sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., solicitó a la parte demandada,
licencia ambiental para el proyecto de “[…] diseño, construcción, puesta en marcha,
operación, clausura y post clausura de un Relleno Sanitario para la disposición de
residuos sólidos […]”, en cinco (5) municipios: Girardot, Agua de Dios, Ricaute (sic),
Nariño y Carmen de Apicalá, el cual se desarrollaría en el lote “Balconcitos”, que
forma parte del predio de mayor extensión “Bellavista”, ubicado en la vereda
Acapulco del municipio de Girardot, que colinda con el inmueble “La Frontera” de
propiedad del actor.
6. A través de los escritos de 7 de diciembre de 2004 y 28 del mismo mes y año,
solicitó a la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, como colindante “[…] y principal afectado con el proyecto en
curso, […]”, que no concediera la licencia ambiental, por cuanto el daño ambiental
era inminente y su otorgamiento desconocería el Plan de Ordenamiento Territorial
de Girardot (Acuerdo 29 de 2000), así como la Ley 388 de 18 de julio de 199710 y
los artículos 58, 78, 79 y 80 de la Constitución Política.
7. La Procuraduría 27 Agraria y Ambiental mediante oficio 111036-174840 PJA
27 “[…] de febrero 28 de 2005, […]”, expuso a la Directora General de la CAR unas
consideraciones técnicas y jurídicas, las cuales serían suficientes para negar la
licencia ambiental solicitada por Servicios Ambientales S.A. E.S.P.; transcribió
algunos textos y conclusiones del oficio.
8. Mediante la Resolución 408 de 2005, la CAR concedió la licencia ambiental
para “[…] el desarrollo de un proyecto consistente en el diseño, construcción, puesta
10 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
[…]”.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
en marcha, operación, clausura y post clausura de un relleno Sanitario. […]”, que en
su parte resolutiva autorizó únicamente la disposición de residuos sólidos
domésticos provenientes de los municipios de: Girardot, Ricaurte, Nariño y Agua de
Dios y excluyó al municipio de Carmen de Apicalá.
9. Mediante la Resolución 1582 de 2005, se resolvieron los recursos de
reposición presentados por “[…] la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios; el señor Sergio Alfonso Gallego Rodríguez; el señor José
Luís Hernández Reyes; y el señor Héctor Hernández Albarracín. […]” y se confirmó
la resolución impugnada.
10. En razón a que la parte demandante también había interpuesto recurso de
reposición contra la Resolución 408 de 2005, que no fue resuelto en la Resolución
1582 de 2005, la CAR expidió, a petición de la misma parte, la Resolución 1843 de
2005.
11. Servicios Ambientales S.A. E.S.P. solicitó a la CAR, el 25 de octubre de 2005,
que se modificara la licencia ambiental otorgada en la Resolución 408 de 2005, para
que pudiera prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos a los
municipios de “[…] San Antonio del Tequendama, Beltrán, Puli, Jerusalem,
Guataquí, Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasuga, Arbeláez, Pandi, San Bernardo,
Venecia, centro poblado de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco, Pasca,
Tibacuy, Cabrera, y Anapoima y del departamento del Tolima, el municipio de el
Espinal”. […]”, cuando la solicitud inicial fue para cuatro (4) municipios, con estudio
de impacto ambiental, audiencia pública y unas condiciones, y con esta nueva
petición sin ninguna justificación ambiental se pide su modificación aumentando en
un quinientos por ciento (500%) el número de municipios cuya disposición final de
sus residuos sólidos se efectuaría en el mismo lote.
12. La Directora General de la CAR, mediante la Resolución 2013 de 28 de
octubre de 2005, dos (2) días después de la solicitud, accedió a la misma, sin
procedimiento ni actuación administrativa, sustento técnico alguno, ni convocar a los
interesados y a la Procuraduría General de la Nación.
13. Mediante la Resolución 2606 de 2005, la parte demandada resolvió los
recursos de reposición interpuestos por Sergio Alfonso Gallego, la Empresa
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Regional de Aseo ERAS y la parte demandante, contra la Resolución 2013 de la
misma anualidad, los cuales fueron negados y se confirmó la resolución impugnada.
14. La CAR efectuó unos requerimientos a Servicios Ambientales S.A. E.S.P., a
través del Auto OTTYAM 044 de 19 de enero de 2006, en razón a que acorde con
el concepto técnico 1224 de 21 de diciembre de 2005, la información suministrada
por esta sociedad en acatamiento de las resoluciones citadas previamente, “[…] “se
presenta incompleta o en su defecto no acoge a cabalidad las consideraciones
realizadas por la Corporación.” […]”.
15. La Directora General de la CAR, mediante la Resolución 897 de 2006, “[…]
sin actuación administrativa alguna, sin convocar a los interesados, ni permitir la
participación de la comunidad en asuntos ambientales […]” y sin motivación “[…]
seria y cierta, […]”, modificó nuevamente la licencia ambiental concedida a Servicios
Ambientales S.A. E.S.P. y autorizó la disposición final de “[…] residuos sólidos
ORDINARIOS provenientes del municipio de La Mesa.” […]”. (Negrilla de texto
original).
16. Con oficio radicado el 16 de febrero de 2006, en ejercicio del derecho de
petición solicitó a la parte demandada copia auténtica de las resoluciones expedidas
con las respectivas notificaciones, sufragando el costo respectivo.
Normas violadas
17. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 1, 2, 4, 6, 23, 29, 79, 115, 116, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución
Política.
• Artículos 3, 14, 28, 34, 35, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo.
• Numerales 6, 11 y 12 del artículo 1 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199311.
• Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot (Acuerdo 29 de 2000)
• Decreto 838 de 23 de marzo de 200512.
11 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”.
12 “[…] por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan
otras disposiciones. […]”.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Concepto de Violación
18. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
Primer cargo: Falta de competencia
19. Adujo que en el marco del Estado Social de Derecho tiene especial relevancia
la aplicación efectiva del principio de legalidad contenido en los artículos 1, 2, 6, 121,
122 y 123 de la Constitución, el que determina que “[…] los servidores públicos sólo
pueden actuar dentro del estricto marco de competencia expresamente establecido
en la ley. […]”.
20. Expresó que la competencia es uno de los elementos esenciales del acto
administrativo y su ausencia constituye una causal de nulidad; y tiene varios factores
como son: funcional, jerárquico, territorial y temporal.
21. Manifestó que, en el presente asunto, se expidieron las Resoluciones 2013 y
2606 de 2005 y 897 de 2006 por la Directora General de la CAR, sin tener
competencia funcional, por cuanto ninguna norma legal autoriza “[…] expresamente
a las autoridades ambientales para adicionar el objeto de las Licencias Ambientales.
[…]”. En la literalidad de las disposiciones indicadas “[…] se guarda total silencio
respecto de las normas legales expresamente habilitantes. […]”.
22. Señaló que la legalidad de la función de la administración impide que ésta se
auto habilite funcionalmente, y por ello, aunque se establezca “[…] en el parágrafo
segundo de la resolución 408 de 2005: […]”, que en el evento que la empresa
requiera prestar el servicio en un municipio distinto de los allí mencionados, deberá
dar aviso a la parte demandada para su aprobación, no puede entenderse que la
inclusión de este texto origina la facultad de modificar la licencia ambiental; además,
que se efectúa “[…] a espaldas de la comunidad, de los interesados, de la
Procuraduría, y sin ninguna motivación ni jurídica, ni ambiental. […]”. Con esto, se
violan los artículos 29, 79 y 209 de la Constitución y 3, 14, 28 y 35 del CCA.
23. Precisó que también se vulnera el artículo 1 de la Ley 99, en cuanto a los
principios generales ambientales: precaución (numeral 6), los estudios de impacto
ambiental (numeral 11) y el manejo ambiental será democrático y participativo
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(numeral 12). Afirmó que, si se solicita una licencia ambiental para disponer los
residuos “domésticos” de cuatro (4) municipios y sobre esta premisa se elabora el
estudio de impacto ambiental y una vez se otorga la licencia ambiental se incluyen
veintiún (21) nuevos municipios, sin ningún estudio técnico y ajustar el estudio
anotado supra, también se transgreden los principios indicados.
Segundo cargo: Violación al derecho constitucional fundamental al debido
proceso
24. Manifestó que el derecho constitucional fundamental al debido proceso,
aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, el cual incluye el
derecho “[…] a ser convocado en el curso de la actuación administrativa, […]”, lo
que significa que antes de expedir el acto poder participar en ella, pedir y aportar
pruebas, controvertir las recaudadas, y en general, hacer valer sus derechos.
25. Indicó que las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005 y 897 de 2006, fueron
expedidas de plano por la parte demandada, sin convocar a los interesados y “[…]
violando además el Principio Constitucional de participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar el medio ambiente (art. 79 superior y numeral 12 del
artículo 1º de la ley 99 de 1993.) […]”.
Tercer cargo: Desviación de poder
26. Expresó que los actos acusados fueron expedidos con desviación de poder
por parte de los funcionarios de la CAR, según los “[…] siguientes indicios […]”: i) la
desatención de las irregularidades expuestas por la Procuraduría Ambiental antes
de la expedición de la Resolución 408 de 2005; ii) la excesiva motivación de los
actos administrativos iniciales, estos son la resolución indicada y la que resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra ella, indicio que la doctrina y la
jurisprudencia han relacionado con la expedición de actos administrativos con fines
diferentes a los previstos en el ordenamiento jurídico; iii) todos los recursos de
reposición presentados fueron negados; iv) la expedición de la Resolución 408 de
2005, pocos días antes de la expedición del Decreto 838 de 2005, “[…] que haría
jurídicamente imposible otorgar la Licencia solicitada por SERVICIOS
AMBIENTALES S.A. […]”; v) la celeridad con que la CAR resolvió favorablemente,
mediante la Resolución 2013 de 2005, la solicitud de Servicios Ambientales S.A.
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E.S.P. de pasar de cuatro (4) a veinticuatro (24) municipios (sic); vi) la falta de
motivación “[…] real y seria […]” de las Resoluciones 2013 de 2005 y 897 de 2006;
vii) expedir públicamente la licencia ambiental inicialmente para la disposición final
en cuatro (4) municipios, y posteriormente, sin participación alguna, ampliarla a “[…]
VEINTICINCO (25) (sic) municipios. […]”.
Cuarto cargo: Falsa motivación y falta de motivación
27. Expuso que la jurisprudencia de manera reiterada ha señalado que para que
la motivación como elemento esencial para la validez del acto administrativo se
entienda debidamente incorporado, ésta debe ser cierta y seria13.
28. Afirmó que en el caso sub examine, los actos acusados “[…] se encuentran
viciados algunos por falsa motivación, otros por falta de motivación. […]”.
29. Precisó que el Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot contenido en el
Acuerdo 29 de 29 de diciembre de 200014, en adelante POT, no prevé como uso del
suelo del predio para el cual la parte demandada otorgó la licencia ambiental en la
Resolución 408 de 2005, “[…] el de disposición final de residuos sólidos, […]”, como
si lo están otros inmuebles dentro del mismo plan.
30. Explicó que el predio para el cual se concedió la licencia ambiental por parte
de la CAR, así como el colindante de propiedad de la parte demandante, se
encuentran parcialmente afectados como “[…] AREAS DE REFSERVA FORESTAL
PROTECTORA de conformidad con lo establecido en los artículos 47 a 50 del POT
de Girardot. […]”.
31. Adujo que al expedir la licencia ambiental y los actos administrativos
siguientes que fueron ampliando el objeto de la misma, no “[…] se tuvieron real y
seriamente en cuenta las intervenciones y oposiciones técnicas y jurídicas
presentadas por la comunidad, por los afectas (sic) y por la Procuraduría en la
Audiencia Pública convocada a iniciativa de esta. […]” y que dicha audiencia si bien
13 “[…] En el primer evento la motivación fáctica o jurídica, no concuerda con la realidad, y se presenta la
denominada Falsa Motivación. En el segundo caso la motivación si bien aparentemente existe en el acto
administrativo, es tan solo un comodín que no guarda relación lógica, ni jurídica con el asunto medular de la
motivación, esto es, porqué se expide el acto administrativo, su elemento causal. En este evento existe realmente
una Falta de Motivación. […]”.
14 “[…] POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT […]”.
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no es decisoria, en criterio de la Procuradora Ambiental antes de la expedición de la
licencia ambiental, según la doctrina “[…] En caso que la autoridad Ambiental no
tenga en cuenta en los considerandos del acto administrativo que decide, podrá dar
lugar a una acción de nulidad por falsa motivación.15” (Destacamos) […]”. (Negrilla
de texto original).
32. Manifestó que las Resoluciones 2013 de 2005 mediante la cual la CAR
incorporó veinte (20) municipios al objeto de la licencia ambiental y 897 de 2006 que
incluyó un municipio más, adolecen de falta de motivación seria, por las razones16
que expone la parte demandante.
33. Concluyó que, el concepto de violación de este capítulo es suficiente para
decretar la nulidad de los actos acusados.
Contestación de la demanda
Parte demandada
34. La parte demandada contestó la demanda17 y se opuso a todas las
pretensiones, así:
Falta de competencia
35. Mencionó que los actos administrativos expedidos por la Directora General
de la CAR se encuentran soportados en la Constitución y la ley y transcribió los
artículos 31 numeral 9, 49 y 53 de la Ley 99.
36. Citó el Decreto 1180 de 10 de mayo de 200318 y transcribió el artículo 9
referente a la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, en
especial su numeral 1019.
15 Guhl Nanneti y otros, Guía para la Gestión Ambiental y Local, Fonade.
16 i) se describen los antecedentes sin especificar ningún estudio ambiental nuevo ni modificatorio del inicial,
para que se permita disponer residuos, en el mismo lote, de otros municipios diferentes a los determinados en
el objeto de la licencia ambiental; ii) se presentan unas consideraciones que de manera resumida refieren al
objeto de la Resolución 408 de 2005 y a la solicitud de Servicios Ambientales S.A. E.S.P. y en un solo párrafo,
en criterio de la parte demandante, aparece lo más aproximado a una motivación.
17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 286 del cuaderno núm. 1 del expediente.
18 “[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. […]”.
19 “[…] Artículo 9°. Competencia de las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sontenible (sic), los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
37. Señaló que la competencia para decidir sobre la licencia ambiental, se
sustenta en que el predio “[…] se pretende ubicar en el Municipio de Girardot […]”,
entidad territorial que forma parte de la jurisdicción de la CAR.
38. Indicó que el mandato legal conferido a las Corporaciones Autónomas
Regionales, las faculta para expedir licencias ambientales, y para mayor claridad, se
expidió el Decreto 1180 de 2003 en el que se especificó que podían otorgar licencia
para la construcción y operación de rellenos sanitarios.
39. Sostuvo que la CAR, a través de su Directora General, estaba facultada para
“[…] expedir licencias ambientales y en especial para la construcción y operación de
rellenos sanitarios, como se ha establecido en el trámite administrativo objeto de
estudio. […]”.
40. Concluyó que los actos administrativos “[…] expedidos por la Corporación en
proceso (sic) de adjudicación de la licencia ambiental, se encuentran ajustados a
derecho y gozan de la presunción de legalidad. […]”.
Violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso
41. Expresó que “[…] Como se puede observar en la demanda y en los
documentos aportados como pruebas, el proceso administrativo constó (sic) con
todas las prerrogativas constitucionales y jurídicas, es así, como el actor y la
comunidad en compañía del Ministerio Público, participo (sic) de manera activa en
todas las etapas que dieron origen a la licencia ambiental. […]” y los actos
administrativos fueron debidamente motivados y notificados “[…] en forma oportuna
y controvertidos antes de la decisión final. […]”.
Falsa motivación y falta de motivación
42. Señaló que la motivación ha sido definida como “[…] la declaración de cuales
son los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho, que han llevado a la
expedición de un acto administrativo, […]” y en cada una de las resoluciones
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción: […]
10. La construcción y operación de rellenos sanitarios.
[…]”.
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acusadas se encuentran los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la
expedición de la licencia ambiental.
43. Afirmó que la Resolución 408 de 2005 en su parte considerativa definió un
capítulo referido a la compatibilidad del proyecto con el POT de Girardot.
44. Argumentó que el parágrafo del artículo 53 del Acuerdo 29 de 2000, establece
que “[…] los usos para esta zona son entre otros son (sic): usos condicionados tales
como cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de
comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales […]; y dicho
uso condicionado significa que se puede utilizar el predio para los fines allí
mencionados, en este caso infraestructura de servicios, bajo condiciones
específicas que pueden determinarse en la licencia que expida la autoridad territorial
o la ambiental. (Negrilla y subrayado de texto original)
45. Explicó que las manifestaciones realizadas por la Procuraduría y la
comunidad están en los considerandos de la Resolución 408 de 2005.
46. Aclaró que, en cuanto a la falta de motivación de la Resolución 2013 de 2005,
ésta se expidió con fundamento en los estudios técnicos que soportaron la
Resolución 408 de 2005.
47. Indicó que acorde con las definiciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre
la falsa motivación, la aseveración de la parte demandante no tiene sustento jurídico
y es contraria a derecho, porque todos los actos administrativos expedidos por la
CAR están justificados en “[…] hechos reales estudios verídicos (sic) y expedidos
con todo rigor jurídico. […]”.
48. Manifestó respecto de la falta de motivación que, “[…] el hecho de que la
administración no haya desplegado el contenido de (sic) general de los estudios
técnicos que soportan la licencia ambiental […]”, no implica que los actos
administrativos acusados se hayan expedido con falta de motivación.
49. Arguyó que los estudios técnicos y jurídicos que soportan la licencia ambiental
para el diseño, construcción y puesta en marcha, operación, clausura y post clausura
de un relleno sanitario, reposan en el expediente 23442.
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50. La parte demandada propuso las siguientes excepciones, así.
Excepciones
Indebida aplicación de la acción incoada
51. Anotó que en la demanda instaurada por la parte actora se observa que el
único interés expuesto por “[…] el señor EDUARDO MARCELIANO CASTRO, es el
de la desvalorización de su predio, en ningún momento hace referencia al derecho
vulnerado […]” por los actos administrativos enjuiciados, “[…] en este caso las
Resoluciones que autorizan el relleno sanitario. […]”; además, que tampoco
manifiesta ni presenta los elementos de juicio que demuestren que se le debe
reparar el daño.
52. Adujo que de la lectura de la demanda se deriva “[…] más una demanda de
reparación que una de nulidad y restablecimiento, […]”, pues el único interés que
pretende la parte demandante es la reparación por la desvalorización del predio y
en ningún momento alude al derecho amparado en la norma jurídica que pudo
habérsele vulnerado.
53. Señaló que los actos administrativos expedidos por la CAR tienen el carácter
de generales y no individuales, por lo que la vía no es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; por ello, cuando la parte demandante manifiesta que
el daño es la desvalorización de su predio, “[…] se podría pensar en otra acción
diferente. […]”.
Falta de legitimación por activa
54. Reiteró que las resoluciones “[…] que dieron origen a (sic) Licencia Ambiental
[…]”, para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación, clausura y post
clausura, son actos administrativos de carácter general y no particular; la parte
demandante carece de cualquier derecho y su demanda no cuenta con fundamentos
que demuestren el perjuicio y la afectación por un supuesto daño.
Caducidad de la acción
55. Transcribió parcialmente el artículo 136 del CCA y anotó que la CAR expidió
la Resolución 408 de 9 de marzo de 2005, que fue impugnada y resuelta mediante
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la Resolución 1582 de 12 de septiembre de 2005. Continuó exponiendo que la parte
demandante en escrito de 20 de septiembre de 2005, solicitó a la CAR la adición de
la Resolución 1582 citada supra, en razón a que no existió un pronunciamiento en
la parte resolutiva, por lo que la parte demandada expidió la Resolución 1843 de 4
de octubre de 2005, con la cual aclaró la Resolución 1582 de 2005, y dispuso en su
artículo sexto que contra la misma no procede recurso alguno conforme al CCA.
56. Manifestó que conforme con lo expuesto en el numeral anterior, “[…] el trámite
administrativo terminó con la expedición de la resolución 1843 […]”, agotándose la
vía gubernativa; y según lo previsto en el artículo 136 del CCA, la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho caduca a los cuatro (4) meses de la notificación de
la Resolución 1843 de 2005, que vencieron el 4 de febrero de 2006 y según el
expediente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se instauró ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de abril de 2006, cuando había
caducado la acción.
Indebida acumulación de pretensiones
57. Indicó que “[…] no es coherente […]” la parte actora con lo demandado en el
numeral 7º de las pretensiones, en el que solicitó a manera de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte demandada proceder a la clausura del relleno sanitario
y ejecutar las obras necesarias para restablecer las condiciones ambientales; y en
el numeral 8º, en el que pidió que se condene a la parte demandada al pago de la
indemnización por los perjuicios materiales y morales causados con la expedición
de los actos acusados.
58. Solicitó que se desestime la pretensión del numeral 8º de la demanda, en la
que se pide el pago de la indemnización.
No estimación razonada de la cuantía
59. Expresó que la parte demandante estimó la cuantía en mil millones de pesos
($1.000.000.000), “[…] suma equivalente a los daños materiales, relacionados con
la desvalorización del predio y morales sufridos a raíz de los actos administrativos.
[…]”, cuando en ninguna parte de la demanda se fundamentan “[…] los hechos
materiales y mucho menos los morales los cuales son tazados en más de mil
millones, valor desproporcionado y desviado de toda realidad. […]”.
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Genérica
60. Finalizó solicitando que se declare cualquier otra excepción que se encuentre
probada, de conformidad con el inciso segundo del artículo 164 del CCA.
61. Formuló a manera de conclusión, los siguientes fundamentos técnicos y
jurídicos: i) la CAR para la expedición de los actos administrativos acusados que
dieron origen a la licencia ambiental, contó con estrictos estudios técnicos20 que
fueron la base que los soportó, lo que desvirtúa los argumentos de la parte
demandante de falta de motivación y falsa motivación; ii) según las normas
constitucionales y legales, en especial los artículos 31 numeral 9, 49 y 53 de la Ley
99, en concordancia con el artículo 9 numeral 10 del Decreto 1180, la CAR es la
autoridad competente para estudiar, tramitar y decidir sobre la construcción y
operación de rellenos, los cuales requieren licencia ambiental; iii) las normas citadas
supra son el sustento para que la Directora General de la CAR expida esta clase de
licencias; iv) la parte actora impetró la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, “[…] por la desvalorización de su predio, […]” y no se demuestra otro
interés diferente o de violación de un derecho protegido por una norma jurídica; y,
v) con la expedición de la Constitución, se estableció “[…] como principio
fundamental del estado de derecho, el interés general sobre el interés particular.
[…]”.
Servicios Ambientales S.A. E.S.P.
62. Servicios Ambientales S.A. E.S.P. contestó la demanda21 y se opuso a la
totalidad de las pretensiones, así:
Falta de competencia
63. Adujo que el propósito de las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005 y 897 de
2006, no fue el de adicionar el objeto de la Resolución 408 de 2005, sino que estos
actos se limitaron, en algunos casos, a resolver los recursos de reposición
20 “[…] 1) Localización del Proyecto, 2) Objetivos y Justificación, 3) Lineamientos de Participación, 4) Descripción
del Proyecto, 5) Caracterización Ambiental del Área del Proyecto, 6) Componentes geosférico - geológicos -
geomorfología - suelo - geotecnia - atmosféricos - hidrosférico – biótico - social; 7) Zonificación Ambiental; 8)
Identificación y Evaluación de Impactos; 9) Análisis de Riesgo; 10) Zonificación de Manejo de la Actividad; 11)
Plan de Manejo Ambiental - Sistema de Manejo Ambiental. […]”.
21 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 189 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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interpuestos, entre otros, por la parte demandante, y en otros, a conceder la
autorización a las solicitudes presentadas legítimamente por esta sociedad, dentro
del contexto fijado en la licencia ambiental.
64. Precisó que la Resolución 408 de 2005, en su parágrafo segundo del artículo
primero, previó la posibilidad de recibir en el relleno sanitario residuos sólidos
provenientes de otros municipios diferentes a los establecidos inicialmente, sin que
se requiriera la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental; por tanto,
reiteró que no se puede entender que las resoluciones posteriores adicionaron la
anotada supra, por cuanto el objeto de las mismas era diferente.
No aplicación del artículo 26 del Decreto 1220 de 21 de abril de 200522
65. Argumentó que no se configuran los supuestos del artículo 26 del Decreto
1220 de 2005, para lo cual transcribió su contenido y explicó que al momento de
expedirse las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005 y 897 de 2006 no se presentaba
ninguna variación de las condiciones existentes cuando se otorgó la licencia
ambiental. En tal virtud, no existió una modificación de la licencia ambiental, y no se
requería adelantar dicho procedimiento legalmente previsto para esos casos
particulares.
66. Resaltó las características propias del estudio de impacto ambiental que se
presentó como requisito para la autorización de la licencia ambiental; y que dicho
estudio se realizó según los lineamientos dados por la Autoridad Ambiental y
enunció algunos aspectos de su contenido.
67. Manifestó que el estudio indicado supra, incluyó los recursos renovables
potencialmente afectables con la ejecución del proyecto, los cuales no variaron o se
vieron impactados con la recepción de residuos sólidos provenientes de otros
municipios.
68. Reiteró que tanto la CAR como Servicios Ambientales S.A. E.S.P.
identificaron los recursos naturales que podrían afectarse con la operación del
relleno sanitario y la autoridad ambiental estipuló unas medidas preventivas para
evitar cualquier tipo de afectación al medio ambiente, imponiendo unas obligaciones
para tal fin, las que, independientemente del número de municipios que dispongan,
22 “[…] por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. […]”.
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se debe dar cumplimiento a todas las exigencias establecidas en el artículo 4 de la
Resolución 408 de 2005. En tal medida, la licencia ambiental se encuentra
condicionada a un solo requisito y es la vida útil del relleno que está ligada al
volumen de residuos sólidos dispuestos, sin que ello implique una variación en los
recursos naturales renovables.
69. Afirmó que las medidas contenidas en el estudio de impacto ambiental y las
obligaciones impuestas por la CAR en la licencia ambiental permiten el manejo de
residuos sólidos de diferentes municipios, lo que se ve reflejado en la vida útil del
relleno sanitario que está determinada por la capacidad de disposición y no por las
condiciones propias de la operación.
Obligatoriedad de cumplimiento de la Resolución 1390 de 27 de septiembre de
200523
70. Indicó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió
la Resolución 1390 de 2005, que en su artículo 6 reguló lo concerniente al libre
acceso al servicio de disposición final de residuos sólidos, y bajo este escenario y lo
previsto en el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 408 de 2005,
la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P. solicitó a la CAR la autorización de
recepción de residuos sólidos de varios municipios, que fue atendida con la
Resoluciones 2013 de 2005 y 1564 de 2006.
71. Anotó que la Resolución 1390 de 2005 es de obligatorio cumplimiento y su
contenido no puede ser desconocido por la CAR, ni por Servicios Ambientales S.A.
E.S.P., ni por ninguna otra entidad y menos se puede dejar de acatar sus
disposiciones.
Alegatos de conclusión
72. El Despacho sustanciador24, agotada la etapa probatoria, mediante el auto
proferido el 19 de febrero de 201425, dispuso correr traslado a las partes por el
23 “[…] Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación
técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en la misma.
[…]”.
24 Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en
Descongestión.
25 Cfr. Folio 655 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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término común de diez (10) días para que alegaran de conclusión, sin perjuicio que
el Procurador Judicial solicitara traslado especial.
La parte demandada
73. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
La parte demandante
74. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Servicios Ambientales S.A. E.S.P.
75. Manifestó que, de acuerdo con las pruebas recabadas en el expediente,
cumple con los requisitos que la habilitan para mantener la licencia ambiental, sin
que haya existido temeridad ni mala fe, como, en su criterio, lo afirma la parte
demandante.
76. Indicó que la CAR “[…] efectúo con eficiencia sus trámites y procedimientos
legales exigidos por el competente para hacerse acreedor a la licencia que ostenta
y desarrolla técnicamente. […]”.
Concepto del Ministerio Público
77. Guardó silencio en esta etapa procesal.
Sentencia proferida en primera instancia
78. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“C” en Descongestión mediante sentencia proferida el 30 de enero de 201526,
resolvió lo siguiente:
“[…]
26 Cfr. Folios 783 a 834 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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PRIMERO: NEGAR las excepciones formuladas por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR.
SEGUNDO: Declarar la NULIDAD de las Resoluciones 408 del 9 de marzo de 2005,
1582 del 12 de septiembre de 2005, 1843 del 4 de octubre de 2005, 2013 del 28 de
octubre de 2005, 2606 del 22 de diciembre de 2005 y 897 del 1º de marzo de 2006,
todas expedidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, acorde
con los (sic) expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena la clausura del relleno
sanitario denominado “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, mandato que debe
cumplirse por parte de la empresa Servicios Ambientales S.A. ESP, en un término
máximo de un (1) año siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, proceso
que debe contar con el acompañamiento y supervisión de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, dentro del ámbito de sus competencias, para efectos de
adelantar todas las medidas conducentes a restablecer las condiciones ambientales
en las que se encontraba la zona intervenida antes de la concesión de la respectiva
licencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: La presente sentencia deberá cumplirse en los términos previstos en el
artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Sin lugar a costas en esta instancia.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, archívese el proceso.
[…]”. (Negrilla de texto original).
Consideraciones del Tribunal
Sobre las excepciones
79. Manifestó que la CAR propuso las excepciones de: i) indebida aplicación de
la acción incoada por el demandante; ii) falta de legitimación en la causa por activa;
iii) caducidad de la acción; iv) indebida acumulación de pretensiones; y v) no
estimación de la cuantía.
80. Precisó respecto de las dos primeras excepciones, que corresponde a una
indebida escogencia de la acción, por tratarse de actos administrativos generales
por lo que no debió presentarse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho;
y también expuso que la parte demandante no acreditó que sufriera daño alguno
con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados; frente a las
cuales, citó y transcribió el artículo 85 del CCA referente a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y anotó que, acorde con dicha norma, toda persona
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que se crea lesionada en un derecho está facultada para solicitar la nulidad de un
acto administrativo que la afecta y que se le restablezca su derecho.
81. Afirmó que la Resolución 408 de 2005, de la cual surgen los restantes actos
administrativos, mediante la cual se otorga a la sociedad Servicios Ambientales S.A.
E.S.P. una licencia ambiental para un proyecto de relleno sanitario a desarrollarse
en el predio “Balconcitos”, vereda Acapulco del municipio de Girardot, no es un acto
administrativo general por cuanto está dirigido a la sociedad citada supra, por tanto
es de naturaleza particular y fue objeto de recursos.
82. Concluyó que no se configuró una indebida escogencia de la acción o una
falta de legitimación en la causa por activa, en razón a que con la expedición de los
actos acusados se pudo generar un eventual perjuicio para la parte demandante.
83. Resaltó que, según la CAR, la Resolución 1843 de 2005 fue notificada el 4 de
octubre, por lo que se colige que la parte demandante disponía hasta el 4 de febrero
de 2006 para presentar la demanda.
84. Transcribió parcialmente el artículo 136 del CCA y refirió al artículo 121 del
Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA,
según el cual “[…] los términos de meses y de años se contarán conforme al
calendario […]”, y relacionó los seis (6) actos administrativos demandados, respecto
de los cuales consideró que son una proposición jurídica completa que forman parte
de la misma actuación administrativa y deben ser demandados todos.
85. Manifestó que como todos los actos administrativos acusados están
vinculados en su contenido, la caducidad se empieza a contar a partir de la
notificación, publicación o ejecución de la más reciente, esto es, la Resolución 897
de 1 de marzo de 2007; este acto administrativo fue notificado por edicto fijado entre
el 24 de marzo de 2006 y 7 de abril del mismo año, “[…] fecha que incluso es anterior
a la presentación de la demanda, 6 de abril de 2006, […]”, lo que significa que fue
anterior al inicio del término de caducidad de cuatro (4) meses, razón por la cual
negó esta excepción.
86. Aseveró sobre la indebida acumulación de pretensiones propuesta por la
CAR, según la cual se configura por la incongruencia de las peticiones 7 y 8 de la
demanda, en las que se pide, en la primera, la clausura del relleno sanitario, y en la
segunda, el pago de los perjuicios materiales y morales, que de conformidad con el
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artículo 82 del CPC, aplicable por remisión, las pretensiones indicadas cumplen con
los requisitos para su acumulación, con mayor razón cuando se solicitan a título de
restablecimiento del derecho y están sujetas al éxito de la eventual nulidad de los
actos enjuiciados, citando para sustentar este argumento un pronunciamiento de
esta Corporación.
87. Afirmó que “[…] no carece de razón que se pida el cerramiento del relleno
sanitario, […]”, en virtud a que es la consecuencia lógica en caso que se demuestre
que la licencia ambiental que autorizó su montaje y operación estaba viciada de
nulidad; y, de igual manera, “[…] no resulta extraño a la presente acción que se
solicite indemnización de perjuicios materiales, […]”, como los solicitados por la
parte demandante en este asunto, por la presunta desvalorización del predio por la
instalación cercana del relleno sanitario a su propiedad, o que se solicite el
reconocimiento de los daños morales; de tal manera que, esta excepción es
denegada.
88. Acotó sobre la excepción de “no estimación razonada de la cuantía” que, la
estimación razonada de la cuantía es un requisito de la demanda según el numeral
6º del artículo 137 del CCA, por lo que fue objeto de estudio al momento de su
admisión en el auto de 28 de septiembre de 2006, decisión que no generó reparo
alguno por parte de la CAR al no presentar recurso; y además, la parte demandante
efectuó dicha estimación “[…] quien se (sic) aclaró a qué tipo de perjuicios
correspondía. […]” y se allegó prueba sumaria de que la parte actora era propietaria
del inmueble denominado “La Frontera”, conforme a la matrícula inmobiliaria núm.
307-984 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Girardot; En
consecuencia, es denegada.
Sobre los cargos de nulidad
Falsa motivación
89. Destacó que la motivación se constituye en todas aquellas razones que
conducen a la Administración a expedir una determinada decisión; en otras palabras,
es lo que motiva para proceder de cierta manera, por lo que al momento de decidir
se deben contemplar los hechos ocurridos y los fundamentos de derecho que sean
del caso con la valoración adecuada. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado
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sobre la motivación y los elementos que debe observar la autoridad al expedir el
acto administrativo.
90. Manifestó que, según el Consejo de Estado, la falsa motivación se configura
cuando no existe correspondencia entre la decisión y los motivos que se aducen en
el acto como fundamento de la misma, o cuando los motivos que se expresan no
son reales o no existen27.
91. Indicó que la parte demandante asevera que, con el otorgamiento de la
licencia ambiental por parte de la CAR, para la construcción y operación del relleno
sanitario, se vulneró el POT de Girardot, por la implementación en un área de uso
que no era compatible, por lo que se requiere revisar lo regulado en el Acuerdo 029
de 2000 el cual lo aprobó.
92. Transcribió el artículo 18 del acuerdo anotado supra, y señaló que ante la
clausura del “[…] botadero California […]”, se afectó el predio “La Calera” identificado
con matrícula inmobiliaria 307-0002258, ubicado en la vereda San Lorenzo; no
obstante, la CAR expidió el auto 128 el 29 de abril de 2004 a través del cual admitió
la solicitud de licencia ambiental presentada por Servicios Ambientales S.A. E.S.P.,
para poner en marcha un relleno sanitario en el predio “Balconcitos”, ubicado en la
vereda Acapulco del municipio de Girardot.
93. Resaltó que el predio sobre el cual se pretendía obtener la licencia ambiental
para la construcción y operación del relleno sanitario, denominado “Balconcitos”, es
diferente al inmueble definido en el POT de Girardot que era “La Calera”; y que el 1º
de marzo de 2004 el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación certificó que “[…]
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 029 del 29 de diciembre del 2000, Plan de
Ordenamiento Territorial de Girardot, el bien denominado Balconcitos, se
encontraba dentro de un sector definido para área de reserva forestal, forestal
protectora; territorio para la protección de fauna; y zona agropecuaria semi –
mecanizada o de uso semi- intensivo (fol. 283, C1). […]”, aclarando que dicha
certificación se emitió con base en los artículos 50, 51 y 53 del POT, los cuales
también transcribió.
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 10 de julio de 2002, radicación núm. 11001-03-27-000-2000-
1151-01 (11629); C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
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94. Consideró que el 2 de noviembre de 2004 la Oficina Territorial Tequendama
y Alto Magdalena de la CAR, expidió el concepto técnico 326, señalando que acorde
con el “[…] certificado de uso del suelo, el lugar donde se proyectaba disponer de
los residuos se encontraba inmersa en una área de reserva forestal y como zona
agropecuaria semi – mecanizada: […]”, y en tal medida, la mayor parte de la
superficie que se afectaría con el relleno sanitario, según el uso del suelo, es
incompatible con la actividad que se pretende desarrollar, debido a que está
catalogada como área forestal protectora.
95. Expresó que la comunidad se opuso al proyecto del relleno sanitario, debido
a su preocupación por la contaminación que podría generar por su cercanía al río
Magdalena y su incompatibilidad con el uso del suelo acorde con lo previsto en el
POT de Girardot; y la Procuraduría General de la Nación se pronunció en similar
sentido, resaltando que el POT citado supra había afectado al inmueble “Calera
Baja” para destinarlo para la disposición de residuos sólidos.
96. Señaló que la CAR, pese a las advertencias aludidas previamente, expidió la
Resolución 408 de 2005 mediante la cual otorgó a Servicios Ambientales S.A. E.S.P.
licencia ambiental para el desarrollo del proyecto del relleno sanitario en el predio
“Balconcitos”, vereda Acapulco de Girardot, por un plazo de dieciséis (16) años, la
que en su parte motiva sobre la compatibilidad de dicho proyecto con el POT, indicó
que según los planos 22 y 23 el inmueble se “[…] encontraba en una zona
agropecuaria semi – mecanizada o de uso semi – intensivo, pero que del contenido
del artículo 53 del Acuerdo 029 del 2000 se extraía que en tal área podía erigirse
“infraestructura de servicios” como uso condicionado, según lo había certificado la
Oficina de Planeación el “10 de marzo de 2004”; […]”, además que la afectación del
predio “La Calera Baja” era una alternativa pero no un impedimento para considerar
otro sitio diferente para la disposición de residuos sólidos.
97. Mencionó que, el asunto bajo examen, se contrae en dilucidar, en primer
lugar, si el uso del suelo donde opera el relleno sanitario es incompatible con la
actividad que se desarrolla, acorde con la normativa contenida en el POT de
Girardot; y en segundo término, si el predio “Balconcitos” es “[…] propicio para el
funcionamiento de un relleno sanitario. […]”.
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98. Anotó que, conforme a la constancia expedida por la Oficina Asesora de
Planeación, el 1º de marzo de 2004, se certificó que en el predio anotado supra “[…]
confluían tres clases de usos del suelo: […]”, estas son: i) áreas de reserva forestal
y áreas forestales protectoras; ii) territorio para protección de la fauna; y iii) zona
agropecuaria semi – mecanizada o de uso semi – intensivo; y resaltó que si dicho
predio tiene los usos de áreas de reserva forestal y forestales protectoras, no se
pueden adelantar actividades de disposición de residuos sólidos, en virtud a que,
según lo previsto en los artículos 50 y 51 del Acuerdo que aprobó el POT para
Girardot, estas áreas solo son compatibles con los usos relacionados con “[…] “la
recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada” y el
“repoblamiento con especies propias del territorio, rehabilitación ecológica,
recreación contemplativa e investigación controlada” […]”, respectivamente.
99. Manifestó que la CAR aunque había advertido la incompatibilidad referida
previamente en el concepto técnico 326 de 2 de noviembre de 2004, en la
Resolución 408 de 2005 actuó de manera diferente y justificó dicha decisión de
otorgar la licencia ambiental, al señalar que el bien inmueble respecto del cual se
pide la autorización, no está afectado por el uso de reserva forestal, en razón a que
no se encuentra dentro de los bienes enlistados en el artículo 50 del Acuerdo que
contiene el POT, olvidando que con anterioridad esta misma entidad había
manifestado que el 80% del área de afectación se encontraba en una zona
montañosa delimitada por área de reserva forestal, según el informe técnico 352 de
2 de noviembre de 2004, lo que denota una contradicción de la parte demandada.
100. Señaló que la Resolución 408 de 2005, en su parte considerativa, concluyó
que conforme a los planos 22 y 23 que forman parte del POT de Girardot, el predio
“Balconcitos” se encontraba en la zona agropecuaria semi – mecanizada o de uso
semi – intensivo, y acorde con el artículo 51 ibidem, se permitía como uso
condicionado la “infraestructura de servicios”, por tanto, se podía autorizar la
actividad de disposición de residuos sólidos.
101. Consideró que no comparte la apreciación de que en la zona de afectación
solamente se da el uso de tipo agropecuario, por cuanto según las pruebas
aportadas al expediente “[…] no es claro que así sea para todo el predio, […]”, con
mayor razón cuando la Administración Municipal había afirmado que se encontraba
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dentro de un área de protección forestal y de fauna; y aún, de admitirse que el relleno
sanitario se ubica en una zona que no es de protección o reserva sino que su uso
es agropecuario semi – mecanizado o semi – intensivo, la actividad de disposición
de residuos sólidos es incompatible, por cuanto según el artículo 53 del Acuerdo 029
de 2000, si bien se permiten los usos indicados, la posibilidad de que se presente
un uso condicionado para “infraestructura de servicios”, no incluye la disposición de
residuos sólidos, “[…] sino de otra clase de servicios públicos, como los domiciliarios
de acueducto, energía o gas, indispensables para el desarrollo agropecuario. […]”.
102. Expuso que por ser la disposición de residuos sólidos una actividad altamente
contaminante, la norma que permita su desarrollo expresamente debe señalar como
uso permitido el referido a la “infraestructura de saneamiento y sistemas de
tratamiento de residuos sólidos”; por tal razón, si el artículo 53 del Acuerdo 029
hubiera tenido como finalidad permitir en la zona agropecuaria semi – mecanizada
o semi – intensiva la construcción de instalaciones “[…] para el depósito de basuras,
[…]”, condicionada a la expedición de licencias ambientales, lo habría realizado de
manera expresa y clara, y no de manera general refiriendo a “infraestructura de
servicios”.
103. Adicionó que de acuerdo con el artículo 97 del POT, se prohíbe que en
cercanías de cauces de ríos, quebradas y arroyos se adelanten actividades
vinculadas a la disposición de residuos sólidos; y conforme al informe técnico
rendido el 10 de enero de 2010, el relleno sanitario se ubica en cercanías de fuentes
hídricas, lo cual esta prohibido por las normas complementarias del POT, en el
artículo citado supra.
104. Consideró que le asiste razón a la parte demandante, cuando señaló que la
autoridad ambiental incurrió en falsa motivación al otorgar la licencia ambiental para
“[…] la construcción, puesta en marcha, operación, clausura y post - clausura de un
relleno sanitario en el predio denominado “Balconcitos”, […]”, en razón a que es un
lugar “[…] incompatible y se prohíbe la actividad de disposición de residuos […]”, de
acuerdo con lo dispuesto en el POT, sus normas complementarias y las pruebas
practicadas.
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105. Manifestó que la falsa motivación se configuró por la falta de correspondencia
entre la realidad y las consideraciones expuestas por la parte demandada en la
licencia ambiental conferida, “[…] por cuanto no es cierto que dicho relleno se ubique
en una zona donde la actividad para la disposición de residuos sólidos este
autorizada por el Plan de Ordenamiento Territorial. […]”.
106. Concluyó que, por la configuración de dicha causal de nulidad “[…] no es
necesario analizar los demás cargos de la demanda por sustracción de materia.
[…]”, y accedió a declarar la nulidad de la Resolución 408 de 2005 y de los actos
administrativos que fueron expedidos con base en ella y fueron demandados, estos
son: Resoluciones 1582, 1843, 2013 y 2606 de 2005 y 897 de 2006.
Sobre el restablecimiento del derecho
107. Indicó que en estas pretensiones la parte demandante pidió la clausura del
relleno sanitario, “[…] cuya construcción y funcionamiento se autorizó en las
resoluciones que serán anuladas, […]”, y que se realizaran las obras requeridas para
restablecer las condiciones ambientales.
108. Señaló que las mencionadas pretensiones son procedentes, en la medida que
la anulación de los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento del
relleno sanitario implica que desaparecen de la vida jurídica, por lo que, al no existir
la licencia ambiental que permitía la operación de dichas instalaciones, no queda
otra vía que ordenar su clausura.
109. Adujo que corresponde a la empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P. llevar
a cabo las actividades tendientes a la clausura y post clausura del relleno sanitario
y también adelantar las medidas dirigidas a restablecer el equilibrio ecológico de la
zona intervenida “[…] en las condiciones existentes en el instante previo de la
concesión de la respectiva licencia […]”, bajo la supervisión de la CAR.
110. Resaltó que los perjuicios materiales pretendidos por la parte demandante,
no fueron probados, lo cual se infiere del dictamen pericial de 5 de febrero de 2013;
por el contrario, que el predio se valorizó “[…] 20 veces más en proporción al valor
de adquisición. […]”.
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111. Mencionó que los perjuicios morales también se encuentran bajo ausencia de
prueba, por cuanto “[…] no se allegó ningún medio de convencimiento […]” que
acreditara algún daño psíquico del afectado reflejado en padecimientos o dolores
afligidos por la existencia y operación del relleno sanitario, menos por la
desvalorización del inmueble.
Modulación de los efectos del fallo
112. Aludió a la necesidad de modular los efectos de un fallo, para lo cual, citó y
transcribió apartes de una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la que se “[…] articuló los efectos de la declaratoria de nulidad para evitar lesionar
los intereses de los ciudadanos y conservar el interés colectivo, […]”.
113. Destacó que los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo se “[…] remontan a la época de su expedición, o “desde entonces”,
para que las cosas retrotraigan al estado en el que se encontraban antes de que se
dictara la decisión de la autoridad. […]”.
114. Consideró que los efectos anotados supra, pueden ser modificados por la
autoridad judicial para proteger el interés general o cuando se advierta la imposición
de una carga excesiva e irracional.
115. Expresó que, en el presente asunto, la declaratoria de nulidad de los actos
acusados conduce a la orden de clausura del relleno sanitario, la cual de ejecutarse
sin un plazo podría afectar el interés general, en razón a que los veinticinco (25)
municipios que disponen sus residuos sólidos en sus instalaciones no tendrían un
sitio para adelantar esta actividad, situación que generaría eventualmente una
emergencia sanitaria y afectaciones al medio ambiente. Manifestó que, con la
finalidad de evitar una situación de esta magnitud, era conveniente otorgarle a la
empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P. un plazo de un (1) año, a partir de la
ejecutoria del fallo, para “[…] la clausura total y progresiva del mencionado relleno,
[…]”, bajo la supervisión de la CAR; también, para que la administración se adapte
a esta nueva situación y encuentre un sitio “[…] donde depositar las basuras. […]”.
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Recursos de apelación
Parte demandada
116. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación28 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
Excepción de caducidad
117. Indicó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encontraba
caducada, por cuanto al instaurarse dicha acción contra las Resoluciones 408 de
2005, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental a la sociedad Servicios
Ambientales S.A. E.S.P. y 1582 de 2005, mediante la cual se resolvieron los
recursos de reposición interpuestos, quedando agotada la vía gubernativa, en su
criterio, estos actos administrativos podían ser demandados en nulidad y
restablecimiento del derecho dentro de los cuatro meses siguientes a su firmeza y
ejecutoria, “[…] situación que comenzó a operar a partir del día 05 de octubre del
año 2005, por lo tanto la acción contra estos actos administrativos, CADUCÓ EL
DÍA 05 DE FEBRERO DE 2006, y la acción o demanda, fue radicada el 06 de
abril de 2006, es decir por fuera del término legal […]”. (Negrilla de texto original)
118. Precisó que según el alcance de la licencia ambiental previsto en el artículo
50 de la Ley 99, en armonía con el artículo 223 de la Ley 1450 de 16 de junio de
201129, la cual tiene su fundamento en el estudio de impacto ambiental cuya
evaluación radica en el impacto ambiental del proyecto en los elementos abióticos,
bióticos y socioeconómicos que puedan sufrir deterioro por la obra o actividad, estos
fueron evaluados en las Resoluciones 408 de 2005, 1582 y 1843 del mismo año.
Por tanto, las resoluciones posteriores de autorización de disposición de residuos
sólidos ordinarios de otros municipios, no implicaba la modificación de las
condiciones ambientales, abióticas, bióticas y demás analizadas por la parte
demandada al expedir la licencia ambiental.
28 Cfr. Folios 836 a 841 del cuaderno núm. 2 del expediente.
29 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]”.
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119. Manifestó que en las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005, y 897 de 2006, se
determina porque no se presentan los presupuestos para que se modificara la
licencia ambiental y respecto de estas, que “[…] quedaron notificadas y en firme el
día 07 de abril de 2006, su ejecutoria comenzó a correr a partir del 08 de abril
de 2006, por lo tanto al haberse presentado la demanda el 06 de abril de ese año,
la acción es extemporánea […]”. (Negrilla y subrayado de texto original).
120. Anotó que los actos administrativos posteriores a la Resolución 408 de 2005,
a través de los cuales se autorizó a otros municipios la disposición de residuos
sólidos en el relleno sanitario, son independientes y si la parte demandante estaba
en desacuerdo con ellos, debió demandar, pero no como un todo, en razón a que al
momento de presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, había
operado el fenómeno de la caducidad frente a las Resoluciones 408, 1582 y 1843
de 2005.
Frente al cargo de falsa motivación
121. Mencionó que las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de 2005, no se encuentran
viciadas de nulidad por falsa motivación, en virtud a que el a quo sustenta esta
causal en situaciones que “[…] clasifica como hipotéticas y además producto de su
propia interpretación […]”.
122. Adujo que acorde con los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 y sus
reglamentos contenidos en los Decretos 1753 de 1994, 1180 de 2003 y 1220 de
2005, se estableció que en el trámite para otorgar o negar la licencia ambiental, el
único instrumento para adoptar esta decisión es el estudio de impacto ambiental.
123. Sostuvo que en el trámite de licenciamiento ambiental de que trata este
asunto, se siguieron todas las “ritualidades” requeridas, concluyendo previo
concepto de la Subdirección de Planeación de la CAR, que el proyecto era viable, al
permitir en el sector la infraestructura de servicios públicos, condicionada a la
valoración previa ambiental, conforme al artículo 12 del Acuerdo 029 de 2000.
124. Argumentó que en la Resolución 408 de 2005 se efectúa un análisis de los
artículos 18 y 21 del Acuerdo 029 de 2000, y que, de acuerdo con dicho análisis y
conclusión contenida en el acto acusado, se establecen cuatro (4) posibilidades para
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la infraestructura de servicios públicos, para luego decidir que el predio objeto de
construcción y operación del relleno sanitario era viable y por tanto, otorgarle la
licencia ambiental. También que, todos los aspectos “[…] relacionados con el Plan
de Ordenamiento Territorial, fueron expresamente analizados y resueltos en el acto
administrativo […]”.
125. Indicó que en la Resolución 1582 de 2005, mediante la cual se resolvieron los
recursos de reposición, se realizó un nuevo análisis sobre el uso del suelo, y que la
decisión adoptada por la CAR se sustentó técnica y jurídicamente, “[…] en hechos
reales y ciertos […]”, y las normas que fueron su fundamento se encontraban
vigentes y aplicables al caso concreto, por lo que no es posible cuestionar los actos
acusados por el vicio de falsa motivación.
126. Expresó que, en las Resoluciones 408 y 1582 de 2005, están plasmados
abundantes fundamentos para el otorgamiento de la licencia ambiental y se “[…]
analizaron uno a uno tanto los artículos del POT, como fue el caso del artículo 50
del Acuerdo 029 de 2000, […]”, no estando dentro de los predios cobijados bajo la
figura de Reserva Forestal el que fue objeto de licencia ambiental. Asimismo, que el
predio Balconcitos, en especial, el área donde se autorizó la construcción y
operación del relleno sanitario, tampoco se encuentra bajo la figura de “[…]
Territorio para la protección de fauna (F), […]”. (Negrilla de texto original).
127. Afirmó que en el artículo 13 del Acuerdo 029 de 2000, está la clasificación de
los usos del suelo, y su parágrafo 11 señala que en la zona agropecuaria semi -
mecanizada o de uso semi - intensivo, “[…] dentro de los usos condicionados está
permitida la infraestructura de Servicios Públicos, sin que se establezca condición
alguna para algún servicio público en particular, […]”.
128. Precisó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una
aplicación equivocada, al interpretar que el proyecto de construcción del relleno
sanitario, está sujeto al artículo 97 del Acuerdo 029 de 2000, teniendo en cuenta que
en los actos acusados se estudiaron todas las variables ambientales sobre el tema
hídrico, siendo claro que dentro del área del proyecto no hay ningún cuerpo de agua
y que tampoco existe “[…] ni a 100 metros, para el caso de un nacimiento de agua,
ni a 30 o 60 metros de las zonas de rondas de los ríos o quebradas, ni a 100 metros
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de los ríos Magdalena o Bogotá o cualquier otro cuerpo de agua debidamente
identificado en la zona y en el POT, […]”.
129. Reiteró que las distancias de los cuerpos de agua, se encuentran definidas
en el concepto técnico 030 de 2005, “[…] mientras que las afirmaciones del H.
Tribunal, no tienen ningún sustento probatorio, solo es una situación de
interpretación. […]”.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso
130. El tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó, dentro del
término legal, recurso de apelación30 contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en
Descongestión, el cual sustentó con los siguientes argumentos:
Caducidad de la acción
131. Manifestó que la acción del sub lite está caducada en lo que refiere a la
Resolución 408 de 2005 y contrario a lo expuesto por el Tribunal, no se puede hablar
de proposición jurídica completa por cuanto los actos administrativos demandados,
“[…] no hacen una relación inescindible ni se trata de una misma actuación
administrativa. […]”.
132. Citó respecto de la proposición jurídica completa unas providencias de la
Corte Constitucional y de esta Corporación y coligió que para que exista dicha
proposición se requiere una relación inescindible entre los actos administrativos
demandados, lo cual no se presente en este asunto; esta relación se configura entre
la decisión de la Administración y la de los recursos que contra la primera se
interpongan, la que se agota cuando se surte la vía gubernativa. Por tanto, se podría
aludir a la proposición jurídica completa “[…] respecto de los tres primeros actos
administrativos […]”, estos son las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de 2005, siendo
la primera en la que se decide acerca de la solicitud de licencia ambiental, la
30 Cfr. Folios 842 a 869 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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segunda decide los recursos interpuestos contra la primera, y la tercera, que aclara
la segunda.
133. Indicó que se presenta una sola actuación administrativa cuya caducidad
empieza a contar desde la notificación de la Resolución 1843 de 2005; respecto de
los otros actos administrativos no existe esa relación debido a que forman parte de
otra actuación administrativa diferente a la primera, relativa a la modificación de la
licencia ambiental, cuya regulación se encontraba contenida al momento de
expedirse las resoluciones demandadas, en los Decretos 1180 de 2003 (artículos
19 y 20), 1220 de 2005, 2820 de 2010 y 2041 de 2014, los cuales preveían dicha
figura, estableciendo los casos, requisitos y procedimientos.
134. Expresó que permitir otra interpretación conduciría a que los actos
administrativos que otorgan licencias ambientales nunca quedarían en firme y
tampoco operaría la caducidad, pues su firmeza estaría sujeta a las modificaciones
que se pudieran presentar en estos casos. Además, sería permitir que los
interesados sean quienes determinen cuando opera la caducidad, al solicitar la
modificación de la licencia ambiental.
135. Adujo que en el sub examine la parte actora debía presentar la demanda
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación o publicación, según el
caso, de la Resolución 1843 de 2005, “[…] es decir, que tenía hasta el mes de
febrero de 2006 para interponer la demanda, lo que no hizo sino hasta el 6 de abril
de 2006. […]”.
136. Concluyó que la acción dirigida contra las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de
2005, “[…] se encuentra más que caducada. […]”.
137. Expuso que si bien contra los demás actos administrativos la acción se
presentó de manera oportuna, las pretensiones de la demanda se dirigieron
principalmente, hacia la nulidad de la resolución por la cual se otorgó la licencia
ambiental y no frente a las modificaciones que se adelantaron, motivo por el que
procede revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda por haber operado la caducidad.
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Falta de vinculación de todos los interesados afectados con la decisión
138. Manifestó que, en caso de no acceder a la caducidad de la acción, se proceda
a decretar la nulidad de todo lo actuado por cuanto “[…] no se vincularon todos los
interesados o afectados con la decisión. […]”.
139. Arguyó que en el trámite de la primera instancia, no se vinculó a todos los
interesados con la decisión del proceso, en razón a que no se “[…] llamó al proceso
a ninguno de los Municipios que entregan sus residuos al relleno sanitario y que
ahora, con la decisión adoptada por el H. Juez de primera instancia no van a poder
continuar disponiéndolos allí. […]”.
Solicitud de prueba en la segunda instancia
140. Citó y transcribió el artículo 214 del CCA, sobre pruebas en segunda
instancia, señalando que en el sub examine estaría presentándose el evento del
numeral segundo en razón a que la prueba hace referencia al nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial expedido por el Municipio de Girardot en el Acuerdo 024
de 16 de diciembre de 201131, “[…] en el cual se determina al relleno sanitario
PARQUE ECOLÓGICO PRADERAS DEL MAGDALENA operado por mi
representada como el área con el uso de suelo permitido para la disposición final de
residuos sólidos en el municipio de Girardot, […]”.
Problema jurídico abordado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
141. Mencionó que el problema jurídico considerado y desarrollado por el a quo,
se centró en determinar si debió otorgarse la licencia ambiental para la construcción
y operación del relleno sanitario, en un lugar, que según el POT del municipio de
Girardot, el uso del suelo no estaba habilitado para la disposición final de residuos
sólidos y estaba afectado como área de reserva forestal.
31 “[…] ACUERDO POR EL CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL “POT” MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA NOVIEMBRE DE 2.011 […]”.
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142. Señaló que en razón de lo anterior, presentaba las consideraciones que, en
su criterio, demuestran la legalidad de la licencia ambiental otorgada al relleno
sanitario.
143. Expuso aspectos sobre la licencia ambiental, en cuanto a que se trata de un
instrumento de manejo y control para la ejecución de obras, establecimiento de
industrias y realización de cualquier actividad; y que su desarrollo normativo se
encuentra en los artículos 49 y 50 de la Ley 99: Citó, además, unos
pronunciamientos de la Corte Constitucional relativos a la licencia ambiental, que
aluden a que es una categoría de protección de los derechos individuales y
colectivos y sobre su esencia y efectos.
144. Afirmó que la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 408 de
2005, es “[…] la materialización de un análisis juicioso y altamente especializado
[…]”, que le permito a la CAR evaluar todos los impactos que se podrían ocasionar
por el establecimiento de un relleno sanitario en el municipio de Girardot, y por
conducto de esta autorización brindar una seguridad jurídica frente a este proyecto.
145. Aseguró que el proceso de licenciamiento ambiental del relleno sanitario,
surtió cada una de las etapas procesales que estaban a su cargo y que la CAR,
previa evaluación de los impactos, confirió la licencia ambiental; y respecto del
sustento legal para su otorgamiento, que para la fecha en que se expidió la
autorización, se encontraba vigente el Decreto 1180 de 2003, que en su artículo 9º.
reguló lo concerniente a la construcción de rellenos sanitarios, razón por la cual este
proyecto, además de estar avalado por la autoridad ambiental, estaba dentro de las
actividades objeto de licencia ambiental.
146. Indicó que acorde con lo considerado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el lugar del proyecto del relleno sanitario confluyen tres áreas
establecidas en el POT del municipio de Girardot: i) reserva forestal; ii) protección
de la fauna; y iii) agropecuaria semi – mecanizada, lo que constituye un yerro técnico
y jurídico respecto de la ubicación del predio, en razón a que la certificación de uso
del suelo se dio sobre la totalidad del mismo y no sobre el área específica del relleno
sanitario, “[…] que por su ubicación y porcentaje de ocupación únicamente se
traslapa con la zona agropecuaria semi-mecanizada y no con la reserva forestal o la
zona de protección de fauna, […]”.
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147. Adujo que en la demanda se argumentó “[…] la existencia de una reserva
forestal protectora que se traslapa con el relleno sanitario […]”, tesis que fue
apoyada por el a quo, por lo que es necesario precisar que, conforme con la Ley 99,
la competencia para “[…] reservar y alinderar y sustraer las reservas forestales del
orden nacional […]” está en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, hoy de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la de reservar y alinderar las de orden regional
la tienen las Corporaciones Autónomas Regionales.
148. Expresó que de ninguna manera se puede atribuir la competencia citada
supra a las entidades territoriales, como sucedió con el Acuerdo 029 de 2000,
desconociendo disposiciones normativas de la Ley 99 y afectando algunos predios
en la jurisdicción del municipio de Girardot como “[…] áreas de reserva forestal y
zonas protectoras […]”.
149. Manifestó que según el artículo 12, numeral 2, 2.2. de la Ley 388 sobre el
contenido de los POT, el señalamiento de las áreas de reserva refiere a incorporar
en el POT las menciones necesarias a las áreas protegidas como reservas
forestales previamente definidas y declaradas según las competencias previstas en
la Ley 99; por tanto, la determinación de áreas de reserva forestal por el Acuerdo
029 de 2000 y la afectación de algunos predios como zonas de reserva protectora
“[…] carecen de todo fundamento legal, […]”, lo cual constituye una extralimitación
de funciones y competencias asignadas por la ley al Municipio, por lo que solicitó la
aplicación de la excepción de ilegalidad.
150. Indicó que el Acuerdo 029 de 2000 es un acto lesivo del orden jurídico
superior y debe ser inaplicado en el presente asunto.
151. Arguyó que no existe razón jurídica para excluir la posibilidad de establecer
infraestructura de servicios para la disposición final de residuos como actividad
condicionada en la zona agropecuaria semi – mecanizada, porque en el artículo 18
del POT se estableció de igual manera y los demás servicios públicos también se
incluyeron en dicho artículo. En esta medida, el uso condicionado de infraestructura
de servicios “[…] debe entenderse en su expresión más general que abarca todo
tipo de servicios públicos, incluyendo la disposición final de residuos. […]”.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
152. Afirmó que según el Acuerdo 029 de 2000, el predio para un proyecto de
disposición final de residuos, para el año 2005, se encontraba en proceso de
clausura y restauración ambiental, es decir, “[…] había llegado a su final […]”, y la
entidad territorial debía acudir a otras zonas para el establecimiento del nuevo
proyecto que evitara el colapso “[…] en la prestación del servicio público de aseo y
disposición final de residuos. […]”.
153. Reiteró que el predio “[…] La Calera Baja, […]” que fue “[…] impulsado por el
Plan de Ordenamiento Territorial del 2000, era inepto […]”, para seguir siendo el
área para la ubicación de la infraestructura para la disposición final de residuos; no
obstante, el a quo consideró dicho predio como la única área permitida para este
tipo de proyectos, desconociendo que el POT del municipio de Girardot permitía el
uso condicionado en la zona agropecuaria semi - mecanizada para nuevos
proyectos, para el caso particular del relleno sanitario ubicado en el predio
Balconcitos, “[…] vereda Zumbambicos (sic) […]”, avalado por la Secretaria de
Planeación municipal y la autoridad ambiental.
154. Mencionó que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado en el
Acuerdo 024 de 2011, “[…] reconoció el relleno sanitario […] ubicado en la Vereda
Zumbambicos como la nueva zona de disposición final de residuos sólidos por
excelencia […]”.
Pruebas
155. Solicitó con fundamento en el artículo 214 del CCA, el decreto de las
siguientes pruebas: i) sustitución de poder del abogado Oscar Andrés González
Sierra al doctor Alex Javier Flórez Cerchiaro; ii) Acuerdo 024 de 2011; iii) Resolución
1897 de 18 de octubre de 2005; iv) Resolución 1147 de 19 de abril de 2006; y v)
plano de ubicación del relleno sanitario PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL
MAGDALENA, dentro de la zona agropecuaria semi - mecanizada.
Audiencia de conciliación
156. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 201532, citó a
audiencia de conciliación para el 25 de marzo de 2015.
32 Cfr. Folios 872 y 873 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
157. El 25 de marzo de 2015, se realizó la audiencia de conciliación33 que fue
declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio y se concedieron los recursos de
apelación interpuestos por los apoderados de la CAR y de la sociedad Servicios
Ambientales S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en
Descongestión.
Actuaciones en segunda instancia
158. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 201534, admitió
los recursos de apelación interpuestos por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Servicios Ambientales S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida el
30 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C” en Descongestión.
Solicitud de pruebas
159. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de septiembre de 201535,
negó la práctica de las pruebas solicitadas por la parte demandante y Servicios
Ambientales S.A. E.S.P.
160. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 25 de
agosto de 201636, confirmó el auto de 23 de septiembre de 2015.
Alegatos de conclusión
161. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 4 de septiembre de
201737, corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que
presentaran sus alegatos de conclusión, y una vez vencido dicho término, al
Ministerio Público por diez (10) días para que emitiera concepto.
33 Cfr. Folios 879 a 881 del cuaderno núm. 2 del expediente.
34 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 3 del expediente.
35 Cfr. Folios 26 a 36 del cuaderno núm. 3 del expediente.
36 Cfr. Folios 55 a 62 del cuaderno núm. 3 del expediente.
37 Cfr. Folio 64 del cuaderno núm. 3 del expediente.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Tercero con interés
162. El tercero con interés reitero los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en especial el atinente a la caducidad de la acción.
Parte demandada
163. La parte demandada reitero los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
Parte demandante
164. En el escrito de alegatos presentó los siguientes argumentos, encaminados a
que se desestimen los recursos de apelación interpuestos.
165. Manifestó que los seis (6) actos administrativos acusados conforman una
proposición jurídica completa y de su lectura se deriva “[…] la íntima relación que
existe entre ellos. […]”; y que todos “[…] giran en torno a la licencia ambiental
concedida a Servicios Ambientales S.A. E.S.P. para un relleno sanitario denominado
“Parque Ecológico Praderas del Magdalena”. […]”. De esta manera, la Resolución
408 de 2005 otorgó la licencia ambiental y los siguientes actos administrativos
modificaron, adicionaron o dieron firmeza desestimando los recursos presentados.
166. Afirmó que esta proposición jurídica completa, a su juicio, se perfeccionó con
la notificación de la Resolución 897 de 2006, mediante edicto que se fijó el 24 de
marzo de 2006 y desfijó el 7 de abril del mismo año; a partir del 8 de abril de 2006
empezó a correr el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, que es de cuatro (4) meses, y por ello, la parte demandante tenía hasta
el 7 de agosto de 2006, para instaurarla.
167. Señaló que la demanda se presentó el 6 de abril de 2006, antes del 7 de
agosto de 2006, fecha límite que tenía la parte demandante para ejercer la acción
de nulidad y restablecimiento; incluso se impetró antes de empezar a contar el
término de caducidad, por estar pendiente la notificación de la Resolución 897 de
2006, que quedó notificada el 7 de abril de dicha anualidad.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
168. Argumentó que aceptándose el planteamiento de que la proposición jurídica
quedó integrada con los tres (3) primeros actos administrativos, estos son las
Resoluciones 408, 1582 y 1843 de 2005, la demanda también se presentó en
tiempo, en razón a que la última resolución fue notificada a la parte demandante por
conducta concluyente el 6 de diciembre de 2005, “[…] cuando presentó un recurso
de reposición en el que la mencionaba […]”, por lo que tenía hasta el 6 de abril de
2006, para ejercer la acción, fecha en la que efectivamente instauró la demanda.
169. Indicó que el tercero con interés, en el recurso de apelación, solicitó revocar
la sentencia de primera instancia, con base en una nulidad procesal surgida de la
falta de notificación a todos aquellos terceros con interés en el proceso; dicha
solicitud de nulidad procesal, es extemporánea según lo dispuesto en el artículo 142
del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 165 del CCA,
en virtud del cual las nulidades se pueden alegar en cualquiera de las instancias,
antes que se dicte sentencia, o en actuación posterior a esta si ocurrieron en ella,
por lo que la que se propone en el recurso de apelación si es anterior a la sentencia,
debió ser realizada la solicitud respectiva antes de esta y no a través del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia; además que, quienes tendrían
interés para solicitar la nulidad serían los terceros interesados que debieron ser
notificados, y no “[…] la contraparte. […]”.
170. Expuso que la parte demandada incurrió en falsa motivación al conferir la
licencia ambiental, en razón a que el artículo 18 del Acuerdo 029 de 2000 estableció
que el nuevo relleno sanitario del Municipio de Girardot se ubicara en el predio “La
Calera Baja”, no obstante, la CAR desconociendo dicha disposición, expidió la
Resolución 408 de 2005, otorgando a Servicios Ambientales S.A. E.S.P. una licencia
ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario en el predio
“Balconcitos”, que denominó “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”.
171. Precisó que el parágrafo 1º. del artículo 50 del Acuerdo 029 de 2000, señaló
que los predios situados en la vereda “Acapulco” y otras más serían “Áreas de
Reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras” a partir de los 450 metros sobre el
nivel del mar (en adelante m.s.n.m.), y el predio donde se ubicó el relleno sanitario
“Parque Ecológico Praderas del Magdalena” forma parte de la vereda “Acapulco”, y
“[…] buena parte del predio se encuentra por encima de los 450 metros sobre el
nivel del mar, […]”; en tal medida, se violó el artículo citado supra, al construirse en
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dicho predio un relleno sanitario siendo incompatible con las “Áreas de Reserva
Forestal. Áreas Forestales Protectoras”.
172. Adujo que conforme con el artículo 51 del Acuerdo 029 de 2000, se constituyó
sobre todo el territorio del municipio de Girardot un “Territorio para la Protección de
Fauna”, y la parte demandada avaló el incumplimiento de esta disposición al expedir
una licencia ambiental para que en el predio “Balconcitos” se construyera el relleno
sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”.
173. Refirió al concepto técnico 326 de 2 de noviembre de 2004, expedido en el
trámite de la licencia ambiental cuestionada, en el que se señaló que el predio
“Balconcitos” era un Área de Reserva Forestal. Área Forestal Protectora, en la que
un relleno sanitario no está permitido. Manifestó que, a pesar de que la parte
demandada en dicho concepto había advertido la incompatibilidad anotada, actuó
de manera diferente al justificar su decisión de otorgar la licencia ambiental.
174. Argumentó que aun cuando se llegare a aceptar que el predio “Balconcitos”
no era un Área de Reserva Forestal o un Territorio para la Protección de Fauna, pero
si una zona agropecuaria semi - mecanizada o de uso semi – intensivo, según el
artículo 53 del Acuerdo 029 de 2000, su uso continua siendo incompatible con el de
un relleno sanitario, en razón a que si bien dicho artículo permitía el uso
condicionado de una zona agropecuaria semi - mecanizada o de uso semi -
intensivo, para “infraestructura de servicios”, un relleno sanitario no se puede
considerar que tenga esta connotación; y citó algunos apartes de la sentencia
recurrida que aluden a este planteamiento.
175. Expresó que si la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo 029 de 2000, diferenciaron
entre “infraestructura de servicios” o “sistemas de provisión de servicios públicos
domiciliarios”, e “infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento de
residuos sólidos y líquidos” o “disposición de tratamiento de residuos sólidos y
líquidos”, excluyendo la “disposición y tratamiento de residuos sólidos, líquidos,
tóxicos y peligrosos” de lo que se entiende por servicios públicos domiciliarios, el
artículo 53 del Acuerdo indicado supra, en su uso condicionado para “infraestructura
de servicios” se refería a “infraestructura de servicios públicos domiciliarios”, siendo
estos, acueducto, energía eléctrica, telefonía y gas, y no a “infraestructura para la
disposición y tratamiento de residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos”.
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176. Manifestó que el relleno sanitario no podía ubicarse “[…] tan cerca del Río
Magdalena y de sus dos afluentes […]”; y refirió a los artículos 47 del Acuerdo 029
de 2000 y 97 de las normas complementarias del mismo acuerdo, que prohibieron
la disposición de residuos sólidos en zonas periféricas y en cauces de ríos o
quebradas y a las consideraciones del a quo en la sentencia de primera instancia
atinentes a este argumento. Y agregó las restricciones de ubicación y operación de
rellenos sanitarios, contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 88 del Decreto
1713 de 6 de agosto de 200238. (Negrilla de texto original).
177. Arguyó respecto de los argumentos sustanciales esgrimidos por el tercero
con interés en su recurso de apelación, fundamentados en el Acuerdo 024 de 2011,
las resoluciones y el plano que fueron denegados como pruebas en segunda
instancia, por lo que lo procedente es que se declaren no probados dichos
argumentos.
178. Explicó que las entidades territoriales si tienen competencia para crear zonas
o áreas de protección, para lo cual relacionó disposiciones de la Constitución, Ley
388 y del Acuerdo 029 de 2000.
Ministerio Público
179. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo
Giraldo López
180. El Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, mediante escrito
presentado el 25 de mayo de 2023, manifestó su impedimento en los siguientes
términos:
“[…] me permito manifestarle a la Sala de la Sección Primera, que el suscrito
podría estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6º del
artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión expresa
38 "[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con
la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos […]".
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
dispuesta en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo39, cuyo texto
es del siguiente tenor:
“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación
las siguientes:
(…)
6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y
cualquiera de las partes, su representante o apoderado.”
Lo anterior, como quiera que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR, que funge como demandada en el proceso de la
referencia, a través de auto del 28 de abril de 2022, suscrito por María Fernanda
Zuluaga Martínez en su calidad de Directora Encargada Regional Bogotá – La
Calera, dio apertura a un proceso ambiental sancionatorio en mi contra dentro
del expediente administrativo identificado con el número 87833, el cual me fue
notificado el 27 de enero de 2023.
Asimismo, es pertinente señalar que en contra de ese acto administrativo
impetré acción de tutela bajo el número de radicado 25377 4089 001 2023
00046 00, en la que solicité la protección a mi derecho fundamental al buen
nombre. Sin embargo, fue negada por improcedente por el Juzgado Promiscuo
Municipal de la Calera, a través de sentencia del 24 de febrero de 2023,
decisión que impugné. El recurso fue resuelto el 30 de marzo de 2023, por el
Juzgado 46 del Circuito de Bogotá quien confirmó el fallo de primera instancia.
A la fecha se encuentra pendiente de que se surta el trámite de revisión ante la
Corte Constitucional.
[…]”.
II. CONSIDERACIONES
181. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la cuestión previa; iii) los actos administrativos
acusados; iv) el problema jurídico y, v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
182. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo40, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
39 “Artículo 160. causales y procedimiento. Serán causales de recusación e impedimento para los Consejeros,
Magistrados y Jueces Administrativos, además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Civil, las siguientes: (…)”
40 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
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del artículo 30841 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201142, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
183. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandada y el tercero con interés en los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia proferida el 30 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, teniendo en
cuenta que de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso43,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo44, se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contraen dichos recursos.
184. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.
Cuestión Previa
Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo
Giraldo López
185. Visto el artículo 160 del CCA, sobre causales y procedimiento que dispone lo
siguiente:
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.
41[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
42 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
43 “[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
[…].”
44 “[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
en lo contencioso administrativo […]”.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
“[…] ARTÍCULO 160. Causales y procedimiento. Serán causales de recusación
e impedimento para los consejeros, magistrados y jueces administrativos,
además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil,
las siguientes:
[…]”.
186. Visto el numeral 6.° del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201245,
sobre las causales de recusación, que previó:
ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación
las siguientes:
[…]
6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente
o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las
partes, su representante o apoderado.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
187. Los impedimentos y las recusaciones establecidas en la ley son mecanismos
jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
imparcialidad, independencia y transparencia.
188. La causal anterior requiere para su configuración que se prueben dos
supuestos objetivos, a saber: por un lado, la existencia de un pleito pendiente; y, por
el otro, que el pleito sea entre el juez o los parientes indicados por la norma y
cualquiera de las partes del proceso, su representante o apoderado.
189. El Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, manifestó que se
encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6.º del artículo
141 de la Ley 1564 porque, por un lado, “[…] la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR, que funge como demandada en el proceso de la referencia, a
través de auto del 28 de abril de 2022, suscrito por […] [la] Directora Encargada
Regional Bogotá – La Calera, dio apertura a un proceso ambiental sancionatorio en
[..] [su] contra dentro del expediente administrativo identificado con el número 87833,
el cual […] [le] fue notificado el 27 de enero de 2023 […]”; y, por el otro, contra ese
acto administrativo presentó una acción de tutela en la que solicitó la protección a
45 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
su derecho fundamental al buen nombre. Agrega que, dicha acción fue negada por
improcedente, mediante sentencia de 24 de febrero de 2023 proferida, en primera
instancia, la cual fue confirmada el 30 de marzo del mismo año, “[…] por el Juzgado
46 del Circuito de Bogotá […]” y a la fecha se encuentra pendiente el trámite de
revisión ante la Corte Constitucional.
190. La Sala observa que, en el caso, sub examine, la demanda fue presentada
por el señor Eduardo Marcelino Castro Pérez contra la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
191. Por lo expuesto, y ante la manifestación de impedimento referida supra, la
Sala considera fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por cuanto cumple con los supuestos establecidos
en el numeral 6.° del artículo 141 de la Ley 1564, citado supra, comoquiera que en
la actualidad el Consejero de Estado tiene un pleito pendiente con una de las partes
del proceso de la referencia; por lo que se le aceptará, en los términos del artículo
131 de la Ley 1437.
Actos administrativos acusados
192. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
193. La Resolución núm. 408 de 9 de marzo de 2005 “[…] “(Por la cual se otorga
una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones)” […]”, expedida por la
Directora General de la CAR, que en su parte resolutiva señaló:
“[…] ARTICULO PRIMERO.- Otorgar a la Sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
E.S.P., identificada con Nit. No. 830.131.031-1, representada legalmente por el señor JUAN
CARLOS TORRES BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11´220.686 de
Girardot, Licencia Ambiental para el desarrollo de un proyecto consistente en el Diseño,
construcción, puesta en marcha, operación, clausura y post-clausura de un relleno sanitario
a desarrollarse en el lote denominado Balconcitos, que hace parte del predio de mayor
extensión, denominado Bellavista, identificado con número catastral 00-00-0004-0065-000,
ubicado en la vereda Acapulco comúnmente conocida como sector Zumbamicos, del
municipio de Girardot, Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
[…]”.
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194. La Resolución núm. 1582 de 12 de septiembre de 2005 “[…] (Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición) […]”, expedida por la Directora General de
la CAR, que en su parte resolutiva dispuso:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Negar los Recursos de Reposición, interpuestos por la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y por los señores Sergio
Alfonso Gallego Rodríguez, José Luis Hernández Reyes y Héctor Hernández Albarracín y
en consecuencia.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No.
408 del 9 de marzo de 2005, por la cual otorga a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES
S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 830.131.031-1, representada legalmente por el señor
JUAN CARLOS TORRES BUSTOS, Licencia Ambiental para el desarrollo de un proyecto
consistente en el diseño, construcción, puesta en marcha, operación, clausura y post-
clausura de un relleno sanitario a desarrollarse en el lote denominado Balconcitos que hace
parte del predio de mayor extensión denominada (sic) Bella Vista (sic) identificado con
número catastral 00-00-0004-0065-000, ubicado en la vereda Acapulco, comúnmente
conocida como Sector Zumbamicos, del municipio de Girardot-Cundinamarca, de
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
[…]”.
195. La Resolución núm. 1843 de 4 de octubre de 2005 “[…] (Por la cual se aclara
una resolución) […]”, expedida por la Directora General de la CAR, que en su parte
resolutiva decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 1582
del 12 de septiembre de 2005, el cual quedará así:
ARTICULO PRIMERO: Negar los Recursos de Reposición, interpuestos por la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y por los señores Sergio Alfonso Gallego
Rodríguez, José Luis Hernández Reyes y Eduardo Marcelino Castro Pérez.
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución No. 1582 del 12 de
septiembre de 2005, no son objeto de ninguna aclaración o modificación, por lo tanto
quedarán en los términos contemplados en la misma providencia.
[…]”.
196. La Resolución núm. 2013 de 28 de octubre de 2005 “[…] (Por la cual se
autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de otros
municipios a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.) […]”, expedida por la
Directora General de la CAR, que en su parte resolutiva estableció:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
E.S.P., la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de los municipios de San
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Antonio del Tequendama, Beltrán, Pulí, Jerusalén, Guataqui, Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo,
Fusagasuga, Arbelaez, Pandi, San Bernardo, Venecia, centro poblado de Cambao del
municipio de San Juan de Rioseco, Anapoima, Pasca, Tibacuy, Cabrera, y del municipio del
Espinal-Tolima en el relleno sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, ubicado
en la vereda Zumbamicos en jurisdicción del municipio de Girardot-Cund y operado por la
empresa SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.
[…]”.
197. La Resolución núm. 2606 de 22 de diciembre de 2005 “[…] (Por la cual se
resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 2013 del 28 de octubre
de 2005) […]”, expedida por la Directora General de la CAR, que en su parte
resolutiva señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de reposición, interpuesto por Sergio Alfonso
Gallego Rodríguez, Empresa Regional de Aseo ERAS S.A. E.S.P., y Eduardo Marcelino
Castro Pérez contra la Resolución No. 2013 del 28 de octubre de 2005, con fundamento en
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en consecuencia se confirma en todas
y cada una de sus partes.
[…]”.
198. La Resolución núm. 897 de 1 de marzo de 2006 “[…] (Por la cual se autoriza
la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes del municipio de la Mesa
• Cund. a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.) […]”, expedida por la
Directora General de la CAR, que en su parte resolutiva previó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
E.S.P., la disposición final de residuos sólidos ordinarios provenientes del municipio de la
Mesa-Cund. en el relleno sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, ubicado en
la vereda comúnmente conocida como Zumbamicos en jurisdicción del municipio de
Girardot-Cund, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
[…]”.
Problema jurídico
199. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, sus contestaciones,
la decisión del a quo y los recursos de apelación, determinar si: i) se configuró o no
la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; y ii) los actos
administrativos acusados están o no viciados de falsa motivación.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
200. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.
Análisis del caso concreto
201. La Sala abordará el análisis del caso concreto sobre los siguientes aspectos:
i) análisis de los recursos de apelación; ii) conclusión; iii) reconocimiento de
personería; y, iv) la condena en costas.
Análisis de los recursos de apelación
Parte demandada
Excepción de caducidad
202. La parte demandada reiteró en el recurso de apelación la ocurrencia, en el
asunto sub examine, de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en razón a que con la Resolución 1582 de 12 de septiembre de 2005 se
resolvieron los recursos y se agotó la vía gubernativa, la cual fue aclarada por
conducto de la Resolución 1843 de 4 de octubre de 2005, por lo que, a su juicio,
estos actos administrativos podían ser demandados en la acción indicada supra,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su firmeza y ejecutoria, que “[…]
comenzó a operar a partir del día 05 de octubre del año 2005, por lo tanto la acción
contra estos estos actos administrativos, CADUCÓ EL DÍA 05 DE FEBRERO DE
2006, […]” y la demanda fue presentada el 6 de abril de 2006, por fuera del término
legal para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que debe
declararse probada esta excepción. (Negrilla de texto original).
203. Indicó que el juez de primera instancia se equivocó al concluir que en el
presente caso no ha comenzado a correr el término de caducidad, y transcribió la
parte pertinente; además, en relación con las Resoluciones 2013 de 28 de octubre
de 2005, 2606 de 22 de diciembre de 2005 y 897 de 1 de marzo de 2006, quedaron
notificadas y en firme el 7 de abril de 2006, su ejecutoria empezó a correr el 8 de
abril del mismo año, “[…] por lo tanto al haberse presentado la demanda el 06 de
abril de ese año, la acción es extemporánea y en tal sentido no podría haberse
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
tramitado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”. (Negrilla y
subrayado de texto original).
204. La Sala, sobre este planteamiento del recurrente, para efectos de determinar
si operó o no la caducidad de la acción en el sub lite, considera, en primer lugar, que
los seis (6) actos acusados en el sub lite, constituyen la proposición jurídica
completa; y, en segundo término, es a partir del último acto administrativo, esto es
la Resolución 891 de 2006 que se cuenta el plazo de los cuatro (4) meses de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 13646 del CCA., conforme con los argumentos que se desarrollan
seguidamente.
205. Mediante la Resolución 408 de 2005 se otorgó licencia ambiental a la
sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., para el diseño, construcción,
puesta en marcha, operación, clausura y post-clausura de un relleno sanitario, en el
lote “Balconcitos”, que forma parte del inmueble de mayor extensión, denominado
Bellavista, en el municipio de Girardot, Cundinamarca, la que en los parágrafos
primero y segundo del artículo primero, dispuso en su orden, que dicha licencia: i)
tendrá una vigencia equivalente a la vida útil del proyecto, que cobija las etapas de
adecuación y operación por un tiempo de dieciséis (16) años; de clausura con un
término de trescientos sesenta y cinco (365) días y de post clausura de veinte (20)
años; y ii) “[…] autoriza únicamente la disposición de residuos sólidos
domésticos provenientes de los siguientes municipios Girardot (sic), Ricaurte,
Nariño y Agua de Dios. En el evento en que la empresa requiera prestar el servicio
a un municipio diferentes de los anteriores, deberá dar aviso a la Corporación para
su aprobación. […]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
206. El acto administrativo citado supra, en su artículo décimo sexto previó la
notificación de su contenido al representante legal de Servicios Ambientales S.A.
E.S.P. y a los señores José Luís Hernández Reyes, Héctor Hernández Albarracín y
46 ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998. Caducidad de las acciones.
“[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe.
[…]” (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Sergio Alfonso Gallego Rodríguez; y en su artículo “[…] DECIMO DECIMO (sic) […]”
estableció que contra dicha resolución procedía el recurso de reposición, el que se
debería presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o
a la desfijación del edicto.
207. La Resolución 1582 de 2005, decidió los recursos de reposición interpuestos
por los señores Sergio Alfonso Gallego Rodríguez, José Luís Hernández Reyes, la
doctora Lucely Diez Bernal, en su condición de Procuradora Judicial, Ambiental y
Agraria y el señor Eduardo Marcelino Castro Pérez47 contra la Resolución 408 de
2005 que otorgó licencia ambiental al proyecto de un relleno sanitario que se
identificó en precedencia. En su artículo primero negó los recursos de reposición
impetrados por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y
por los señores Gallego Rodríguez, Hernández Reyes y Héctor Hernández
Albarracín; y en su artículo segundo, confirmó en todas y cada una de sus partes, el
acto administrativo recurrido, en el cual, como se mencionó, concedió licencia
ambiental a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., “[…] para el
desarrollo de un proyecto consistente en el diseño, construcción, puesta en marcha,
operación, clausura y post-clausura de un relleno sanitario a desarrollarse en el lote
denominado Balconcitos que hace parte del predio de mayor extensión denominada
(sic) Bella Vista (sic) […] ubicado en la vereda Acapulco, […] del municipio de
Girardot-Cundinamarca, […]”. Esta resolución ordenó notificar su contenido a la
Procuradora 27 Agraria y Ambiental, señora Lucely Diez Bernal, a los señores Sergio
Alfonso Gallego Rodríguez, José Luís Hernández Reyes, Eduardo Marcelino Castro
Pérez y a los demás terceros intervinientes reconocidos “[…] dentro del presente
asunto administrativo ambiental de carácter permisivo […]”, Héctor Hernández
Albarracín, empresa ERAS S.A. E.S.P. al Comité Cívico de Nariño - Cundinamarca
y a la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., indicando que contra la misma
no procede recurso alguno, porque con esta quedaba agotada la vía gubernativa.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
208. La Resolución 1843 de 4 de octubre de 2005, aclaró la Resolución 1582 de
la misma anualidad, en el sentido de negar los recursos de reposición interpuestos
por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y por los
señores Sergio Alfonso Gallego Rodríguez, José Luís Hernández Reyes y Eduardo
47 Cfr. Folio 89 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
Marcelino Castro Pérez, consistiendo la aclaración en que el recurso negado
corresponde al señor Castro Pérez y no al señor Hernández Albarracín; y previó que
los demás artículos de la Resolución 1582 de 2005 no son objeto de ninguna
modificación ni aclaración y en su artículo sexto que contra la misma no procede
recurso alguno, “[…] de conformidad con lo preceptuado en el Código Contencioso
Administrativo. […]”.
209. Posteriormente, la Resolución 2013 de 28 de octubre de 2005, en su parte
motiva estableció que: i) la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., titular de la
licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 408 de 2005, solicitó con
radicados 6050007955 de 21 de octubre de 2005 y 6050007999 de 25 del mismo
mes y año, a la parte demandada, aprobación para que una vez entrara en operación
el relleno sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, se le autorice
prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos a los siguientes
municipios: San Antonio del Tequendama, Beltrán, Pulí, Jerusalén, Guataquí, Apulo,
Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasuga, Arbelaez, Pandi, San Bernardo, Venecia, centro
poblado de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco, Pasca, Tibacuy,
Cabrera y Anapoima y del departamento del Tolima, el municipio del Espinal; ii) estos
municipios son adicionales a los autorizados en la licencia ambiental conferida en la
Resolución 408 de 2005; y iii) la petición que originó esta decisión administrativa, se
“[…] fundamenta en el parágrafo segundo del artículo primero […]” de la Resolución
408 de 2005.
210. En la parte resolutiva del acto administrativo 2013 de 2005, se decidió: i)
autorizar a la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., la disposición de
residuos sólidos domésticos provenientes de los municipios relacionados en el
numeral anterior, en el relleno sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”,
ubicado en el municipio de Girardot; y ii) notificar su contenido a la Procuradora 27
Agraria y Ambiental, señora Lucely Diez Bernal, a los terceros intervinientes “[…]
debidamente reconocidos dentro del presente asunto administrativo ambiental
de carácter permisivo […]”, señores José Luís Hernández Reyes, Eduardo
Marcelino Castro Pérez, Héctor Hernández Albarracín, a la empresa ERAS S.A.
E.S.P., al Comité Cívico de Nariño - Cundinamarca y a la sociedad Servicios
Ambientales S.A. E.S.P., indicando en su artículo séptimo que contra este procede
el recurso de reposición, el que se debe interponer dentro de los cinco (5) días
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
siguientes a la notificación personal o por edicto. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).
211. La Resolución 2606 de 22 de diciembre de 2005, resolvió los recursos de
reposición instaurados por los señores Sergio Alfonso Gallego Rodríguez y Eduardo
Marcelino Castro Pérez y la Empresa Regional de Aseo ERAS S.A. E.S.P. contra la
Resolución 2013 de 2005, “[…] terceros debidamente reconocidos dentro de la
presente actuación administrativa de carácter ambiental, […]”48. Esta resolución
en su artículo primero negó el recurso de reposición interpuesto por los señores y la
empresa mencionadas en precedencia y confirmó en todas y cada una de sus partes
la resolución recurrida. También dispuso su notificación a los señores Gallego
Rodríguez y Castro Pérez, a la Empresa Regional de Aseo ERAS S.A. E.S.P., a la
Procuradora 27 Agraria y Ambiental, señora Lucely Diez Bernal, a la sociedad
SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. y a los demás terceros intervinientes “[…]
debidamente reconocidos dentro del presente asunto administrativo ambiental
de carácter permisivo, […]”, indicando que contra la misma no procede recurso
alguno por agotamiento de la vía gubernativa. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
212. En la parte considerativa de la Resolución 897 de 1 de marzo de 2006, se
señala que el municipio de la Mesa es una entidad territorial adicional a los
municipios adicionales autorizados en “[…] la licencia ambiental No. 408 del 09 de
marzo de 2005 y en la Resolución No. 2013 de 28 de octubre de 2005, confirmada
mediante Resolución No. 2606 del 22 de diciembre de 2005. […]”49 y que la petición
efectuada por la sociedad titular de la licencia ambiental, de adicionar este municipio
dentro de dicha licencia, se realiza en el contexto del parágrafo segundo del artículo
primero “[…] de la Resolución No. 408 del 09 de marzo de 2005. […]”50.
213. En la Resolución 897 de 2006, se decidió: i) autorizar a la sociedad
SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., la disposición final de residuos sólidos
ordinarios provenientes del municipio de la Mesa, Cundinamarca, en el relleno
sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, ubicado en el municipio de
Girardot; y ii) su notificación a SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., a la
Procuradora 27 Ambiental y Agraria y a los terceros intervinientes “[…] debidamente
48 Cfr. Folio 128 del cuaderno núm. 1 del expediente.
49 Cfr. Folio 153 del cuaderno núm. 1 del expediente.
50 Ibidem.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
reconocidos dentro del presente asunto administrativo ambiental de carácter
permisivo […]”51 indicando en su artículo séptimo que contra la misma procede el
recurso de reposición, el que se debe interponer dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal o por edicto. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).
214. De lo expuesto se observa que: i) el otorgamiento de la licencia ambiental a
la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., se realizó mediante la Resolución
408 de 2005; ii) desde el inicio de este asunto administrativo ambiental de
carácter permisivo, se encuentran unos terceros intervinientes debidamente
reconocidos, quienes fueron notificados de las decisiones administrativas de la parte
demandada, sobre el mismo asunto de la licencia ambiental y ejercieron su derecho
de interponer recurso de reposición en la vía gubernativa; iii) todas las resoluciones
posteriores a la 408 de 2005, estas son: 1582, 1843, 2013 y 2606 de 2005 y 897 de
2006, en sus partes motivas y resolutivas, contienen el mismo tema administrativo -
ambiental del otorgamiento de la licencia ambiental para el relleno sanitario que se
denominó “Parque Ecológico Praderas del Magdalena” en el municipio de Girardot;
iv) todas inician su parte motiva con la referencia a la Resolución 408 citada supra;
y v) del estudio de las seis (6) resoluciones acusadas se evidencia que tratan sobre
el mismo procedimiento y materia administrativa - ambiental, consistente en la
licencia ambiental otorgada para el diseño, construcción, puesta en marcha,
operación, clausura y post-clausura de un relleno sanitario, en el municipio de
Girardot, Cundinamarca, denominado “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”,
en el que se autorizó inicialmente la disposición final de residuos sólidos
provenientes de Girardot, Ricaurte, Nariño y Agua de Dios, luego se extendió la
autorización a los provenientes de los municipios de San Antonio del Tequendama,
Beltrán, Pulí, Jerusalén, Guataquí, Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasuga,
Arbelaez, Pandi, San Bernardo, Venecia, centro poblado de Cambao del municipio
de San Juan de Rioseco, Pasca, Tibacuy, Cabrera, Anapoima y el Espinal en el
Departamento del Tolima, para finalmente, adicionar el municipio de la Mesa,
Cundinamarca, siendo siempre bajo la misma licencia ambiental concedida en la
Resolución 408 de 2005.
51 Cfr. Folios 154 a 155 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
215. Además, se precisa que la parte demandada en el escrito de alegatos de
conclusión en segunda instancia, señaló que las autorizaciones posteriores a las
Resoluciones 408, 1582 y 1843 de 2005, contenidas en las Resoluciones 2013 y
2606 de 2005 y 897 de 2006, para la disposición de residuos sólidos ordinarios de
otros municipios en el relleno sanitario, no implicaban la modificación de los tres
primeros actos administrativos ni de las “[…] condiciones ambientales, abióticas,
bióticas y demás […]”, y que en los tres posteriores actos administrativos se
evidencia porque no se presenta dicha modificación de la licencia ambiental, y es en
razón a que, como se indicó previamente, estas autorizaciones siguientes se dieron
en desarrollo de lo previsto en el parágrafo segundo del artículo primero de la
Resolución 408 de 2005, que previó la posibilidad de prestar la actividad de
disposición final de residuos sólidos provenientes de otros municipios diferentes a
los autorizados inicialmente. Es decir que la entidad demandada reconoció que
existe una unidad jurídica inescindible entre estos actos administrativos.
216. Para la Sala, todas las resoluciones posteriores a la Resolución 408 de 2005,
que otorgó la licencia ambiental para el relleno sanitario, hacen parte intrínseca de
la primera decisión administrativa, razón por la que dichas resoluciones, no obstante
son actos administrativos independientes, constituyen jurídicamente una unidad
inescindible en la decisión de otorgar la licencia ambiental para el relleno sanitario
de Girardot y autorizar a la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., titular de
dicha licencia, la disposición final de residuos sólidos provenientes de cuantos y
cuales municipios en el citado relleno, imponiendo a quien tenga inconformidades o
cuestionamientos frente a las mismas, demandarlas de forma conjunta y explicita,
como se procedió en el asunto sub examine.
217. En este orden de ideas, es con la Resolución 897 de 1 de marzo de 2006,
que se definió la totalidad de municipios cuyos residuos sólidos serían dispuestos
en el relleno sanitario cuya licencia ambiental se otorgó en la Resolución 408 de
2005, y es a partir de este acto administrativo que se contabilizaría el plazo legal
para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
218. La Resolución 897 de 2006, fue notificada por edicto que fue fijado el 24 de
marzo de 2006 y desfijado el 6 de abril del mismo año52, en la misma fecha que fue
52 Cfr. Folio 157 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
interpuesta la demanda en el presente asunto, sin que hubiere empezado a contar
el término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en el artículo 136 del CCA.
219. En consecuencia, no se configuró la excepción de caducidad alegada por la
parte demandada.
Falsa motivación
220. La parte demandada argumentó que las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de
2005, no se encuentran viciadas de nulidad por falsa motivación, por cuanto: i) el a
quo sustenta esta causal en situaciones hipotéticas y derivadas de su interpretación;
ii) los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 y los Decretos reglamentarios 1753 de
1994, 1180 de 2003 y 1220 de 2005, establecieron que en el trámite de
licenciamiento ambiental, el único instrumento para adoptar la decisión es el estudio
de impacto ambiental; iii) en el trámite de licenciamiento ambiental se cumplieron las
formalidades requeridas, concluyendo la viabilidad del proyecto, conforme con el
artículo 12 del Acuerdo 029 de 2000; iv) en la Resolución 408 de 2005 se realizó un
análisis de todos los aspectos relacionados con el POT de Girardot, en especial de
los artículos 18 y 21 del Acuerdo 029 de 2000, concluyendo la existencia de cuatro
(4) posibilidades para la infraestructura de servicios públicos, para luego decidir que
el predio objeto de construcción y operación del relleno sanitario era viable,
concediendo la licencia ambiental solicitada; v) en la Resolución 1582 de 2005, se
efectuó un nuevo análisis sobre el uso del suelo, que la decisión adoptada fue
sustentada técnica y jurídicamente y la normativa en que se fundamentó era la
vigente y aplicable a la petición particular formulada; y vi) en las Resoluciones 408
y 1582 de 2005, se encuentran copiosos fundamentos para el otorgamiento de la
licencia ambiental y fueron estudiadas las disposiciones del POT, específicamente
su artículo 50, no encontrándose dentro de los predios acogidos bajo Reserva
Forestal el que fue objeto de licencia ambiental, y el área específica donde se
autorizó la construcción y operación del relleno sanitario, tampoco estaba bajo la
figura de Territorio para la protección de fauna (F).
221. De igual manera, expuso como alegato que, en el artículo 13 del Acuerdo 029
de 2000, sobre clasificación de los usos del suelo, el parágrafo 11 establece que en
la zona agropecuaria semi -mecanizada o de uso semi - intensivo, dentro de los usos
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01
Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
condicionados está el de infraestructura de servicios públicos, sin condición alguna
respecto de algún servicio público.
222. Precisó que el juez de primera instancia, interpretó erradamente la normativa
aplicable, al considerar que el proyecto de construcción del relleno sanitario, estaba
sujeto al artículo 97 del Acuerdo 029 de 2000, teniendo en cuenta que en los actos
acusados se estudiaron todas las variables ambientales sobre el tema hídrico,
quedando claro que en la zona del proyecto no hay ningún cuerpo de agua y que
tampoco a otras distancias como son: 100 metros, de un nacimiento de agua, 30 o
60 metros de las zonas de rondas de los ríos o quebradas, ni a 100 metros de los
ríos Magdalena o Bogotá o cualquier otro cuerpo de agua identificado en la zona y
en el POT. Igualmente, que las distancias de los cuerpos de agua, están definidas
en el concepto técnico 030 de 2005, mientras que las consideraciones del a quo
obedecen a su interpretación.
223. Esta Sección sobre la ocurrencia del vicio de falsa motivación, consideró que
se presenta “[…] cuando la sustentación fáctica del acto carece de veracidad o de
coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es decir, o no es cierto lo que
se afirma en las razones de hecho, o no hay correspondencia entre tales razones y
los supuestos de derecho que se aducen para proferir el acto. […]”53.
224. La Sala, respecto de esta alegación del recurrente, considera que los actos
administrativos acusados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación,
por cuanto el otorgamiento de la licencia ambiental mediante dichos actos se
fundamentó en que, acorde con las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial de Girardot (Acuerdo 029 de 2000) vigente para época de los hechos, de
acuerdo a los usos del suelo, se permitía en el predio en el cual se localizó el relleno
sanitario, desarrollar la actividad de disposición final de residuos sólidos, cuando una
vez efectuado el análisis de las normas, que se precisan como transgredidas y de
las pruebas arrimadas al asunto sub examine, se evidenció que, no se podía
autorizar dicha actividad en el terreno en el cual se otorgó la licencia ambiental para
la construcción, operación, clausura y post-clausura de un relleno sanitario, por las
razones que pasan a exponerse.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de diciembre
2018; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00328-00.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
225. En la Resolución 408 de 2005, la parte demandada justificó la compatibilidad
del proyecto con el POT en los siguientes términos: i) que se “[…] realizó el análisis
sobre la posibilidad de usar el lote Balconcitos ubicado dentro de la finca Bellavista,
[…]”; ii) se identificó el lote con el número predial 00-004-0065, ubicado en la zona
rural, vereda Acapulco, conocida comúnmente como sector Zumbamicos; iii) según
el parágrafo 1 del artículo 50 del POT, los predios ubicados en la vereda Acapulco,
expresamente relacionados en dicho artículo, están afectados en la categoría de
zona protectora, a partir de la cota 450 m.s.n.m.; iv) aclaró que el predio no está
incluido en el listado del artículo 50 indicado, “[…] aún cuando cuenta con áreas por
encima de los 450 m.s.n.m. […]”; v) del análisis efectuado al POT y sus planos 22 y
23, el proyecto del relleno sanitario esta ubicado en una zona agropecuaria semi -
mecanizada o de uso semi – intensivo, que conforme con el artículo 53 del POT,
dentro de los usos para esta zona, se encuentra que la infraestructura de servicios
es un uso condicionado para dicho predio, por lo que es posible utilizarlo para los
fines contenidos en el artículo citado, entre ellos, el de infraestructura de servicios;
vi) citó y transcribió los artículos 18 y 21 literal B. Planes de los servicios públicos en
el numeral 2°. sobre aseo, y señaló que si bien dicho POT afectó el predio la Calera
Baja como un área de protección para “[…] infraestructura de servicios públicos […]”,
como alternativa para la disposición final de residuos sólidos municipales, ante el
cierre del “Botadero California”, ello no es impedimento para considerar otro sitio del
municipio de Girardot, para ubicar el relleno sanitario, señalando las alternativas que
quedaron plasmadas, según el acto acusado, en el POT.
226. En este sentido, se consideró en la resolución supra, que la ubicación de este
tipo de proyectos en zonas rurales para desarrollo agropecuario semi - mecanizado
o de uso semi - intensivo, y una vez “[…] comprobada su conformidad con las
disposiciones del POT entrar a analizar de fondo las acciones que se proponen para
prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales
[…]”.
227. También citó los artículos 10 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 54, sobre
libertad de empresa; 5.1. ibidem relativo a la competencia de los municipios de
asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos
domiciliarios, entre ellos el de aseo, que como actividad complementaria prevé la
54 “[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones. […]”.
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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez
disposición final de residuos (artículo 14.24 ibidem). De igual manera, aludió a que
los municipios están facultados para prestar los servicios de su competencia, según
lo previsto en el artículo 6 ibidem.
228. Este acto administrativo enjuiciado, determinó que existen las siguientes
restricciones en el POT, que se deben tener en cuenta para la compatibilidad del
proyecto con los usos del suelo: i) acorde con el parágrafo 2 del artículo 47 del
Acuerdo 029 de 2000, la zona de protección de la ronda del río Magdalena, es de
100 metros para la zona rural; y ii) el documento denominado “[…] NORMAS
INTEGRALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GIRARDOT
[…]”, en su artículo 85 parágrafo 2°. establece que “[…] “El Manejo de basuras en el
área rural será por medio de rellenos sanitarios en cada predio y por ninguna razón
estos estarán ubicados a una distancia inferior a 3.000 mts. lineales, de cualquier
corriente o nacimiento de agua destinada o no al consumo humano, a partir del nivel
máximo de inundación.” […]”. Por tanto, destacó que el proyecto está fuera de la
zona de protección para la ronda del río Magdalena y el artículo 85 citado, no aplica
en el presente caso. (Negrilla de texto original).
229. Procede la Sala a analizar los artículos del POT de Girardot para verificar si
el predio en el cual se ejecutaría el proyecto de relleno sanitario, al cual se le otorgó
licencia ambiental mediante la Resolución 408 de 2005, cumplía con la normativa
de uso del suelo, en consideración a que en el mismo tendría lugar la disposición
final de residuos sólidos provenientes de varios entes municipales.
230. La licencia ambiental se otorgó, según la Resolución 408 de 2005, para el
proyecto desde el diseño, hasta la clausura y post – clausura de un relleno sanitario,
el cual se desarrollaría en el predio denominado Balconcitos, que forma parte de
uno de mayor extensión denominado Bellavista, identificado con el número predial
00-004-0065 y la cédula catastral 00-00-0004-0065-000, vereda Acapulco del
municipio de Girardot, el cual se bien no quedo dentro del listado de los predios que
conforme con el artículo 50 del Acuerdo 029 de 2000, quedaron afectados como
Áreas de reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras, el parágrafo primero de la
misma disposición previó que “[…] Los predios en las veredas Acapulco, Santa
Helena, Aguablanca, Guabinal Plan, Guabinal Cerro, Barzalosa, Piamonte,
Presidente y Berlín relacionados en el artículo anterior serán afectados dentro de la
categoría de ZONA PROTECTORA a partir de la cota 450 msnm. […]”.
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231. En la certificación expedida el 1 de marzo de 200455, por la Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación del Municipio de Girardot, se indica que conforme con el
Acuerdo 029 de 2000, en el cual se adoptó el POT de dicho municipio y sus normas
integrales, “[…] el predio ubicado en la Vereda Zumbamicos e identificado con el
numero catastral 00-00-0004-0065-000, denominado Balconcitos de este
Municipio, se encuentra dentro de un sector definido para desarrollarse de la
siguiente manera: […]”, y cita y transcribe los artículos del acuerdo anotado supra:
50, 51 y 53, sobre Áreas de reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras,
Territorio para protección de fauna (F) y zona agropecuaria semi – mecanizada o de
uso semi – intensivo, respectivamente. (Negrilla fuera de texto).
232. En la comunicación 002219 de 1 de julio de 200456, dirigida por la Jefe Oficina
Territorial Tequendama y Alto Magdalena a la Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación de Girardot, se señala que la empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P
presentó una solicitud de licencia ambiental para el proyecto denominado “[…]
“Diseño, Construcción, puesta en marcha de un Relleno Sanitario”; actividad que se
pretende desarrollar en el predio denominado Balconcitos, identificado con el N°
catastral 00-00-0004-0065-000, ubicado en la vereda Zumbamicos; […]”, y que
dentro de los requisitos exigidos se anexó el certificado del uso del suelo expedido
por esa dependencia, “[…] donde no aparece específicamente este tipo de
actividad, solamente como uso condicionado menciona la infraestructura de
servicios, entre otros. […]”; en consecuencia, le solicitó que aclarara y
complementara para continuar con el trámite de la licencia ambiental. (Negrilla fuera
de texto).
233. En el informe técnico 326 de 2 de junio de 200457, con asunto licencia
ambiental, la dependencia Gestión Ambiental Compartida de la Oficina territorial
Tequendama y Alto Magdalena de la parte demandada, señaló:
“[…] De acuerdo a lo observado y al concepto técnico se concluye y recomienda lo siguiente:
➢ El área de afectación presentada en la plancha IGAC numero 245-IV-A-3 del año
1968 a escala 1:10000, por los solicitantes donde se proyecta disponer de los
55 Cfr. Folio 283 del cuaderno núm. 1 del expediente.
56 Cfr. Folio 282 del cuaderno núm. 1 del expediente.
57 Cfr. Folio 12 del cuaderno núm. 3 del expediente.
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residuos se encuentra inmersa según el certificado del uso del suelo como área
de reserva forestal, áreas forestales protectoras y como zona agropecuaria semi
– mecanizada o de uso semi – intensivo.
➢ Aproximadamente un 80% del área de afectación se encuentra ubicada en la zona
montañosa donde puede estar delimitada el área de reserva forestal, áreas forestales
protectoras en el esquema de ordenamiento territorial.
➢ Aproximadamente un 15% del área de afectación se encuentra ubicada a 500 metros
de distancia respecto al río Magdalena.
➢ Por lo anterior el solicitante debe ubicar exactamente el área donde va a desarrollar
el proyecto georreferenciando (sic), cada uno de los componentes del proyecto como
son vía de acceso, puesto de pasaje y lugar donde se van a disponer los residuos
sólidos, esto a escala 1:2000, como también plasmar el proyecto en una plancha
topográfica escala 1:10000 donde se delimiten los diferentes usos del suelo y
presentar en una plancha catastral escala 1:10000 donde se ubique el predio, esto
con el propósito de definir si el proyecto se puede desarrollar en el sitio seleccionado
por el solicitante, ya que en áreas forestales protectoras no permite establecer este
tipo de actividad.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
234. En el informe técnico SGAC-030 de 5 de febrero de 200558, expedido por la
Oficina Territorial Tequendama y Alto Magdalena, en el numeral 4.7 respecto del
uso del suelo se indicó:
“[…]
Realizada la consulta ante la Subdirección de Información y Planeación de la Corporación,
conforme a lo establecido en el Acuerdo 029 de 2000 por el cual se adopta el POT de
Girardot, el uso del suelo del inmueble distinguido con el número predial 00-004-0065,
en la zona agropecuaria semimecanizada (sic) o de uso semiintensivo (sic) (Artículo
53), que corresponde al sitio donde se pretende desarrollar el proyecto de relleno sanitario,
contempla dentro de los usos condicionados, infraestructura de servicios públicos.
[…]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
58 Cfr. Folio 67 del cuaderno núm. 3 del expediente.
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235. La Sala observa que con la certificación, comunicación y dos informes
técnicos reseñados en los numerales anteriores, se acredita que: i) se certificó, con
fundamento en el Acuerdo 029 de 2000, que el predio se encontraba dentro de un
sector definido como Áreas de reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras,
Territorio para protección de fauna (F) y zona agropecuaria semi - mecanizada o de
uso semi - intensivo; ii) en la solicitud de licencia ambiental presentada para el
proyecto del relleno sanitario, en el cual se desarrollaría la actividad de disposición
final de residuos sólidos, en el certificado del uso del suelo anexado a la misma, no
aparece específicamente dicha actividad, solamente se menciona el uso
condicionado para infraestructura de servicios; iii) en el informe técnico 326, se
reitera que, el área de afectación donde se proyecta disponer de los residuos
sólidos, se encuentra, según el certificado del uso del suelo, dentro del área de
reserva forestal, áreas forestales protectoras y zona agropecuaria semi –
mecanizada o de uso semi – intensivo; y iv) en el informe técnico SGAC-030, se
limita a una consulta realizada entre dependencias de la misma parte demandada,
conforme a la cual, según el Acuerdo 029 de 2000, el uso del suelo del lugar donde
está ubicado el proyecto es de zona agropecuaria semi - mecanizada o de uso semi
– intensivo, y que como uso condicionado en la misma está infraestructura de
servicios públicos.
236. Por su parte, la Resolución 408 de 2005, respecto del artículo 50 del Acuerdo
029 de 2000 previó lo siguiente:
“[…] CON RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LOS MANDATOS
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GIRARDOT.
Que la Subdirección de Información y Planeación de esta Corporación, realizó el análisis
sobre la posibilidad de usar el lote Balconcitos ubicado dentro de la finca Bellavista […].
Que en este ejercicio se logró establecer que al lote le corresponde el número predial 00-
004-0065 y se encuentra ubicado en la zona rural del municipio, concretamente en la vereda
Acapulco (Plano No 40 “Veredal” del POT), que comúnmente es conocida como sector
Zumbamicos.
Que según el parágrafo 1 del artículo 50 del POT, los predios ubicados en la vereda
Acapulco expresamente identificados en dicho artículo, son afectados dentro de la categoría
de zona protectora, a partir de la cota 450 m.s.n.m.
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Que es de aclarar que el predio no se encuentra explícitamente incluido dentro del listado
que se establece en el citado artículo 50, aún cuando cuenta con áreas por encima de los
450 m.s.n.m. […]”. (Negrilla fuera de texto).
237. De esta manera, si bien en el acto administrativo demandado, se aclara que
según el parágrafo 1°. del artículo 50 del POT, los predios ubicados en la vereda
Acapulco e identificados en dicha disposición, están afectados como zonas
protectoras, el predio donde se desarrollaría el proyecto de relleno sanitario, no se
encuentra incluido dentro del listado del artículo 50 del POT, aun cuando cuenta con
áreas por encima de los 450 m.s.n.m., no corresponde con el acervo probatorio
recabado en el curso de la actuación administrativa y que fue relacionado
anteriormente, documentos según los cuales el inmueble se encuentra ubicado en
Áreas de reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras y Territorio para protección
de fauna (F), donde no está permitida la actividad de relleno sanitario (disposición
final de residuos sólidos), demostrando una evidente contradicción entre el supuesto
normativo citado y la realidad probatoria acopiada dentro del expediente.
238. Posteriormente, el acto acusado, establece que acorde con los planos 22 y
23, que forman parte del POT, el proyecto materia de la solicitud de licencia
ambiental, está dentro de la zona agropecuaria semi – mecanizada o de uso semi –
intensivo y transcribe el parágrafo del artículo 53 del Acuerdo 029 de 2000, que
señala los usos para esta zona, llegando a la conclusión que la infraestructura de
servicios es un uso condicionado en dicho predio. En este supuesto alude a que lo
anterior, es respaldado en la certificación “[…] expedida por la Jefe de la oficina
asesora de Planeación del Municipio de Girardot de fecha 10 (sic) de marzo de 2004.
[…]”, que es la misma en la que se certificó también que el predio donde se llevaría
a cabo el proyecto del relleno sanitario, está afectado dentro de las Áreas de reserva
Forestal. Áreas Forestales Protectoras y Territorio para protección de fauna (F) y
que fue explicado en párrafos anteriores.
239. La Sala frente a este sustento de compatibilidad del uso del suelo en esta
zona, condicionado para infraestructura de servicios, considera que no
corresponde a la actividad de disposición final de residuos sólidos, como actividad
complementaria del servicio público domiciliario de aseo, a la luz de la definición de
dicho servicio prevista en el artículo 14.24 de la Ley 142: “[…] SERVICIO PÚBLICO
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DE ASEO. <Numeral modificado por el artículo 1 de la Ley 689 de 2001. El nuevo
texto es el siguiente:> Es el servicio de recolección municipal de residuos,
principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final
de tales residuos. […]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
240. En efecto, el POT del municipio de Girardot, cuando reguló lo relacionado con
el relleno sanitario y la actividad de disposición final de residuos sólidos, lo hizo de
manera expresa y concreta, sin que pueda entenderse que la denominación
“infraestructura de servicios”, en la que se permite el uso condicionado, contiene
dicha actividad.
241. Lo anterior tiene respaldo en el artículo 18 del Acuerdo 029 de 2000, que
previó de manera específica la afectación del predio denominado “la Calera baja”,
para llevar a cabo allí la actividad de disposición final de residuos sólidos; y también
respecto de la actividad la identificó como de disposición final de residuos sólidos,
en sus dos primeros incisos. Esta norma dispuso:
“[…] ARTICULO 18. AREAS DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
SERVICIOS PÚBLICOS. Corresponde a las unidades territoriales identificar y se deben
prever para la instalación de obras de infraestructura para el aprovisionamiento y prestación
de servicios públicos domiciliarios y para la disposición final de residuos sólidos y
líquidos. Ubicados en el Plano de clasificación general del suelo número 22.
Para la disposición final de residuos sólidos y ante el cierre del botadero California, se
afecto (sic) del (sic) predio la Calera baja con matricula inmobiliaria 307-0002258 y con
el número de cédula catastral 00-00-0020-001-000 el cual se localiza en la vereda San
Lorenzo.
Para la disposición final de residuos líquidos se tiene ubicadas unas zonas donde se
construirían las Plantas de tratamiento por parte de ACUAGYR, estas zonas corresponden
temporalmente a la concentración de disposiciones finales de los distritos sanitarios.
Uso principal. Cementerios, sistemas de tratamiento de aguas potable, residuales, plaza
de ferias y exposiciones.
Usos compatibles. Infraestructura necesaria para el establecimientos (sic) del uso
principal.
Usos Condicionados. Embalses, Infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento
de residuos sólidos y líquidos, frigoríficos, terminales y transporte de pasajeros y
polideportivos municipales.
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Usos Prohibido. Industria, minería, agropecuarios y vivienda. […]”. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
242. En la misma línea, el artículo 21, literal B, numeral 2 - del POT, sobre
determinación de las características básicas, dimensiones y localización de los
sistemas estructurantes del territorio municipal, planes de los servicios públicos,
específicamente aseo, señala que frente al problema se dirigen dos dimensiones:
la primera, de tipo regional que es el proyecto de ERAS, que permite plantear una
solución de largo plazo para el problema de los residuos sólidos de la ciudad y de la
región, en el municipio de Suárez; la segunda, de tipo local, en consonancia con el
artículo 18 ibidem, frente a la situación inmediata de la disposición final de residuos
sólidos y ante el cierre del botadero California, se reitera como una solución la
afectación del predio la Calera baja, y establece que “[…] los trámites para su
licencia ambiental se están adelantando por parte de ERAS. […]”.
243. En este sentido, el POT de Girardot, previó como una solución pronta y local
para el servicio de aseo, en su actividad de disposición final de residuos sólidos, la
afectación del predio la Calera baja, para la ubicación del relleno sanitario; y en su
contenido, como se adujo previamente, cuando reguló lo concerniente a la actividad
de disposición final de residuos sólidos, lo hizo de forma expresa y precisa, y
además, dentro del marco del concepto de los servicios públicos.
244. En este orden de ideas, en el lote Balconcitos del predio de mayor extensión
Bellavista, vereda Acapulco del municipio de Girardot, en el que se desarrollaría el
proyecto de relleno sanitario al cual se le otorgó la licencia ambiental mediante la
Resolución 408 de 2005, que acorde con el POT (Acuerdo 029 de 2000), se
encuentra localizado en una Zona Agropecuaria semi - mecanizada o de uso semi -
intensivo, no se puede desarrollar la actividad de disposición final de residuos
sólidos por cuanto dentro de los usos autorizados no se encuentra ésta. En
consecuencia, cuando en la resolución supra se establece que conforme con el
parágrafo del artículo 53 del POT de Girardot, la infraestructura de servicios es un
uso condicionado permitido en dicho predio, no es ajustado dicho supuesto con el
POT porque como se explicó, la infraestructura de servicios no incluye la actividad
de disposición final de residuos sólidos.
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245. Frente al argumento del recurrente referido a que el a quo incurrió en una
errada aplicación, al considerar que el proyecto del relleno sanitario está sujeto al
artículo 97 del Acuerdo 029 de 2000; y al planteamiento según el cual en los actos
acusados se estudiaron todas las variables ambientales sobre el tema hídrico y es
claro que dentro del área del proyecto no hay ningún cuerpo de agua y que tampoco
existe ni a 100 metros, para el caso de un nacimiento de agua, ni a 30 o 60 metros
de las zonas de rondas de los ríos o quebradas, ni a 100 metros de los ríos
Magdalena o Bogotá o cualquier otro cuerpo de agua debidamente identificado en
la zona y en el POT, la Sala del estudio realizado evidenció que: i) no existió una
equivocada interpretación del artículo mencionado supra por parte del Tribunal, toda
vez que dicho artículo aplica al suelo del predio donde está ubicado el relleno
sanitario “[…] Parque Ecológico Praderas del Magdalena […]”, que es en el área
rural del municipio de Girardot; y ii) está acreditado que, conforme a dicho artículo,
en la zona donde está ubicado el predio, estaba prohibido el uso para disposición
de residuos sólidos.
246. El artículo 97, capítulo 259 de las normas integrales del POT, de los usos del
suelo en zona rural, establece:
“[…] Zonas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos,
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general. Los usos para
estas zonas son:
[…]
Uso prohibido. Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteos y
construcción de vivienda, minería, disposición de residuos sólidos, tala y roce de
la vegetación. […]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
247. En la inspección judicial60 adelantada en el relleno sanitario “[…] Parque
Ecológico Praderas del Magdalena […]”, el 6 de noviembre de 2009, con la
asistencia de la perita Ingeniera Ambiental y Sanitaria, especialista en planeación
ambiental quien en el informe técnico de diciembre de 200961, reseñó sobre la
ubicación lo siguiente: “[…] LOCALIZACIÓN
59 “[…] DE LOS USOS DEL SUELO EN ZONA RURAL […]”.
60 Cfr. Folios 459 a 464 del cuaderno núm. 1 del expediente.
61 Cfr. Folios 749 a 772 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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El Relleno Sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena” se encuentra
ubicado en el Municipio de Girardot (Cundinamarca) vereda Acapulco
(Zumbamicos), sobre la margen derecha de la vía pavimentada que conduce desde
Girardot hacia el Municipio de Nariño a una distancia aproximada de 13.5 Km, en el
sector El Buche, en donde se encuentran las Microcuencas de las quebradas
El Buche y Los Mangos, afluentes del Río Magdalena (véase Figura 1).
[…]”.
248. En consecuencia, se evidencia que el relleno sanitario “[…] “Parque Ecológico
Praderas del Magdalena […]”, se encuentra ubicado en una zona rural cercana a las
quebradas El Buche y Los Mangos, donde está prohibida la disposición final de
residuos sólidos, acorde con lo previsto en el artículo 97 de las normas integrales
del POT.
249. Según lo anteriormente expuesto, la falsa motivación se configuró, como
acertadamente lo consideró el juez de la primera instancia, por no existir
correspondencia entre la realidad y los fundamentos expuestos en la licencia
ambiental otorgada, en razón a que no es cierto que el inmueble donde se
desarrollaría el proyecto de relleno sanitario, se encuentra ubicado en una zona
donde este autorizado, conforme al Acuerdo 029 de 2000 (POT de Girardot), el uso
del suelo para realizar la actividad de disposición final de residuos sólidos.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso
Caducidad de la acción
250. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, al igual que la parte
demandada, expuso que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho estaba
caducada respecto de la Resolución 408 de 2005 y no se puede hablar de
proposición jurídica completa por cuanto los actos administrativos demandados no
forman una relación inescindible ni se trata de una misma actuación administrativa.
251. Señaló que se podría referir a la proposición jurídica completa solo frente a
las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de 2005, siendo la primera en la que se decide
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sobre la solicitud de licencia ambiental, la segunda resuelve los recursos
interpuestos contra la primera, y la tercera, que aclara la segunda.
252. Precisó que es una sola actuación administrativa cuya caducidad empieza a
contar desde la notificación de la Resolución 1843 de 2005 y en relación con los
restantes actos administrativos no existe relación debido a que forman parte de otra
actuación administrativa diferente a la primera, relativa a la modificación de la
licencia ambiental, cuya normativa sobre esta figura estaba contenida al momento
de expedirse las resoluciones demandadas, en unos decretos que preveían y
regulaban la misma.
253. Indicó que, en el caso bajo estudio, la parte demandante debía presentar la
demanda dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación o publicación,
según el caso, de la Resolución 1843 de 2005, lo que significa que tenía hasta el
mes de febrero de 2006 para interponer la demanda, lo que solamente hizo hasta el
6 de abril de 2006; por tanto, la acción contra las Resoluciones 408, 1582 y 1843 de
2005, se encontraba caducada.
254. Aceptó que, no obstante la acción contra los demás actos administrativos se
instauró oportunamente, las pretensiones de la demanda se dirigieron
principalmente hacia la nulidad de la resolución que otorgó la licencia ambiental y
no frente a las modificaciones que, en su criterio, se realizaron.
255. La Sala, respecto a este argumento, se remite al análisis y a los
planteamientos expuestos en los numerales 195 a 208 de esta providencia, y reitera
que en el sub lite no operó la caducidad de la acción impetrada.
Falta de vinculación de todos los interesados afectados con la decisión
256. El tercero con interés, dentro de los argumentos del recurso de apelación,
manifestó que “[…] En caso de no haberse aceptado el anterior argumento en cuanto
a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, rogamos
proceder a Decretar la nulidad de todo lo actuado en la medida en que no se
vincularon todos los interesados o afectados con la decisión. […]”62.
62 Cfr. Folio 848 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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257. Para la Sala no tiene vocación de prosperidad este motivo de impugnación,
en razón a que: i) la nulidad se formuló de manera condicionada en el evento que
no prosperara el argumento de la caducidad, es decir de forma subsidiaria, cuando
las nulidades procesales tienen naturaleza principal; ii) quien la alega, el tercero con
interés, no tiene legitimación para proponer esta causal, en razón a que, conforme
a la ley63, solamente puede ser alegada por la persona afectada; y iii) en criterio del
tercero con interés, los supuestamente afectados, los municipios que no se llamaron
al proceso y que entregan sus residuos al relleno sanitario “[…] y que ahora, con la
decisión adoptada por el H. Juez de primera instancia no van a poder continuar
disponiendo allí. […]”64, conduce a asumir que la causal se originó por la decisión
del a quo y no por un supuesto normativo. Adicionalmente, se resalta que la licencia
ambiental fue otorgada mediante los actos acusados a la sociedad SERVICIOS
AMBIENTALES S.A. E.S.P., quien interviene en este asunto como tercero con
interés.
Problema jurídico abordado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
258. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, respecto del
problema jurídico planteado y desarrollado por el a quo, referido a si debió otorgarse
la licencia ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario, en un
lugar que según el POT del municipio de Girardot, el uso del suelo no estaba
habilitado para la disposición final de residuos sólidos y estaba afectado como área
de reserva forestal, presentó las razones, que a su juicio, demostraban la legalidad
de la licencia ambiental otorgada al relleno sanitario.
259. Indicó que la licencia ambiental concedida a través de la Resolución 408 de
2005, derivó de un análisis juicioso y especializado, que le permitió a la CAR evaluar
todos los impactos que se podrían ocasionar por el relleno sanitario y mediante esta
autorización brindar una seguridad jurídica frente a este proyecto, previo el
agotamiento de un proceso que surtió cada una de las etapas requeridas.
260. Expresó que lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
señalar que en el lugar del proyecto del relleno sanitario confluyen tres áreas
establecidas en el POT del municipio de Girardot: i) reserva forestal; ii) protección
63 Código de Procedimiento Civil. Artículo 143. Requisitos para alegar la nulidad.
64 Ibidem.
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de la fauna; y iii) agropecuaria semi – mecanizada, es un error técnico y jurídico
respecto de la ubicación del predio, en razón a que la certificación de uso del suelo
se dio sobre la totalidad del mismo y no sobre el área específica del relleno sanitario,
que solamente coincide con la zona agropecuaria semi - mecanizada y no con la
reserva forestal o la zona de protección de fauna.
261. Argumentó que no existe razón jurídica para excluir la posibilidad de
establecer infraestructura de servicios para la disposición final de residuos como
actividad condicionada en la zona agropecuaria semi – mecanizada, por cuanto en
el artículo 18 del POT se estableció de igual manera y los demás servicios públicos
también se incluyeron en dicho artículo. En tal virtud, el uso condicionado de
infraestructura de servicios debe entenderse en sentido amplio incluyendo la
disposición final de residuos.
262. Adujo que según el Acuerdo 029 de 2000, el predio La Calera Baja había
llegado a su final, estaba en etapa de clausura y restauración ambiental, siendo, en
su criterio, inepto para continuar manteniendo la infraestructura para la disposición
final de residuos, pero el a quo consideró dicho predio como la única área permitida
para este tipo de proyectos, desconociendo que el POT permitía el uso condicionado
en la zona agropecuaria semi - mecanizada para nuevos proyectos, como el del
relleno sanitario al cual se le otorgó la licencia ambiental cuestionada.
263. La Sala frente a las anteriores razones de impugnación, se remite a las
consideraciones de los numerales 219 a 239 de esta providencia, que conducen a
reiterar la configuración de la falsa motivación de los actos administrativos acusados.
264. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, presentó como
planteamientos adicionales, los que se dirigen a atacar la legalidad del Acuerdo 029
de 2000 y que se sintetizan en los siguientes términos:
265. Manifestó que conforme con la Ley 99, la competencia para reservar y
alinderar y sustraer las reservas forestales del orden nacional la tiene el Ministerio
del Medio Ambiente, hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la de reservar y
alinderar las de orden regional la tienen las Corporaciones Autónomas Regionales;
por tanto, no se puede atribuir dicha competencia a los entes municipales, como
aconteció con el Acuerdo 029 de 2000.
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266. Adujo que según la Ley 388 sobre el contenido de los POT, la determinación
de áreas de reserva forestal por el Acuerdo 029 de 2000 y la afectación de algunos
predios como zonas de reserva protectora carecen de sustento legal, lo cual
constituye una extralimitación de funciones y competencias asignadas por la ley al
Municipio, y pidió la aplicación de la excepción de ilegalidad.
267. Afirmó que el acuerdo anotado supra es un acto lesivo del orden jurídico
superior y debe ser inaplicado en el presente asunto.
268. La Sala65, en lo relativo a estos motivos de desacuerdo con la sentencia
recurrida, considera que se trata de nuevos argumentos que aparecen en el recurso
de apelación, que no fueron alegados en la contestación de la demanda por parte
del tercero con interés, tampoco materia de análisis y decisión por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la primera instancia, razón por la cual de
llegarse a estudiar y resolver en esta instancia implicaría la transgresión de los
derechos al debido proceso, de contradicción y defensa de la parte demandante y
de los principios de lealtad procesal y de congruencia.
269. También expuso en el recurso de apelación, que el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado en el Acuerdo 024 de 2011, reconoció el relleno
sanitario ubicado en la Vereda Zumbambicos (sic) como la nueva zona de
disposición final de residuos sólidos, motivo de inconformidad que, además de ser
nuevo, y por ello, se tienen las mismas consideraciones anteriores, refiere a una
norma posterior a los actos administrativos acusados, no vigente para la época de
los hechos materia del sub lite.
65 “[…] 48. Asimismo, esta Sección ha considerado que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos
que la sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo
para fundamentar su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad
procesal y la garantía de la doble instancia . […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 18 de octubre de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación 68001-23-31-000-2011-01021-01. “[…] La Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia que debe existir entre el recurso, la sentencia censurada,
el concepto de violación de la demanda y los argumentos expuestos en la contestación de la misma, imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio
de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa de la contraparte en el proceso. […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
08001-23-31-000-2009-01122-01.
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270. En consecuencia, la Sala no examinará estos cargos de apelación planteados
por el tercero con interés, porque se trata de nuevos argumentos que se traen al
proceso por primera vez, en sede del recurso de apelación, cuando debieron haber
sido expuestos en la contestación de la demanda.
271. La Sala observa finalmente que, respecto de la modulación de los efectos de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C” en Descongestión, no se presentaron argumentos sobre
este tema en los recursos de apelación.
Conclusión
272. La Sala, por lo expuesto anteriormente, considera que los actos
administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación; en consecuencia,
procederá a confirmar la sentencia proferida, en primera instancia, el 30 de enero
de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C” en Descongestión.
Reconocimiento de personería
273. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564, respectivamente, sobre poderes
y la designación y sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y
complementarias.
274. Atendiendo a que el abogado Iván Andrés Páez Páez, identificado con la
cédula de ciudadanía núm. 80.137.244 y con la tarjeta profesional de abogado núm.
143.149, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura allegó sustitución de
poder66 para actuar en calidad de apoderado de la sociedad Servicios Ambientales
S.A. E.S.P., y considerando que cumple con los requisitos de ley, esta Sala le
reconocerá personería.
66 Cfr. Folio 52 del cuaderno núm. 3 del expediente.
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Condena en costas
275. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá
de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: ACEPTAR la manifestación de impedimento del Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 30 de
enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C” en Descongestión, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Iván Andrés Páez Páez, para
actuar en calidad de apoderado de la sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P.,
en los términos y para los efectos de la sustitución conferida que obra en el
expediente.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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