Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2013-99112-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2013-99112-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2013-99112-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
8 de agosto de 2025
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Actor: CARBONE RODRÍGUEZ Y CIA. S.C.A. ITALCOL S.C.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN
Tesis: Son nulos, por haber desaparecido sus fundamentos
jurídicos, los actos administrativos por medio de los
cuales se formuló liquidación oficial de corrección a una
declaración de importación y se resolvió el recurso de
reconsideración, si con posterioridad a su expedición
fueron anulados los actos que establecían la clasificación
arancelaria que aplicaron a la mercancía.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación1 interpuesto por la
sociedad Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A., Italcol S.C.A., en contra de la
sentencia del 25 de julio de 20142, dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Oralidad, que denegó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A., Italcol S.C.A., en adelante
ITALCOL, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó
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Enlace el proceso
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100103
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20114, en contra
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la cual
formuló las siguientes pretensiones:
“3.1. Declare la nulidad de los siguientes Actos Administrativos proferidos por
la DIAN en el expediente administrativo RA-2008-2011-2797:
3.1.1. Resolución No. 1-03-241-201-639-1860 del 28 de noviembre de 2011,
expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se formula Liquidación Oficial de
Corrección a la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo No.
07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y a la Declaración de Importación
Anticipada con autoadhesivo No. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008,
por valor de CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE, ($114.645.000). (Anexo No. 3).
3.1.2. Resolución No. 1-00-223-10038 del 29 de marzo de 2012, expedida por
la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Bogotá, por medio de la cual se resuelven
desfavorablemente dos recursos de reconsideración interpuesto en contra de la
Liquidación Oficial. (Anexo No. 4).
3.2. En consecuencia de las deprecadas solicitudes de nulidad, se ordene a la
DIAN restablecer el derecho de la sociedad CARBONE RODRÍGUEZ & CIA S.C.A.
ITALCOL S.C.A. “lTALCOL”), así:
3.2.1. Se mantenga la firmeza de la Declaración de Importación inicial con
autoadhesivo No. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la
Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo No. 07925280112658
del 04 de octubre de 2008.
3.2.2. Se exonere de toda responsabilidad al importador lTALCOL.
3.2.3. Se archive el Expediente Administrativo RA-2008-2011-2797.
3.2.4. Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada de acuerdo
con el Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, En consecuencia, se solicita
expresamente la aplicación de los Artículos 387, 388 y 389 del Código de
Procedimiento Civil en concordancia con los Artículos 392 y 393 del mismo
ordenamiento procesal.
3.2.5. Si al momento de la sentencia se hubiese pagado suma alguna, se orden
su devolución junto con sus respectivos intereses, indexaciones, actualizaciones
y demás valores a los que haya lugar”.
1.2. Hechos
La parte actora fundamentó la demanda en los siguientes hechos:
3
Páginas 3 a 37 Ibidem
4
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
1.2.1. ITALCOL, en desarrollo de su objeto5, en el año 2008 importó
gluten de maíz o gluten de maíz forrajero y presentó la Declaración de
Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de
octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con
autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008,
utilizando la subpartida arancelaria 23.09.90.90.00.
1.2.2. A través de Memorando 651 del 5 de octubre de 2009, la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera informó a los directores
seccionales y subdirectores de gestión de comercio exterior y de
fiscalización que, por medio de las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, se
habían revocado las resoluciones que clasificaban el gluten de maíz o
gluten de maíz forrajero en la subpartida 23.09.90.90.00, por lo que para
dicho producto debía emplearse la subpartida 23.03.10.00.00.
1.2.3. La Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la DIAN
expidió la Instrucción 0000003 del 8 de marzo de 2010, por medio de la
cual ordenó dar inicio a diferentes programas de fiscalización, entre estos,
el denominado Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la
Subpartida Arancelaria 23.09.90.90.00, correspondiente al gluten de
maíz (Corn Gluten Meal, Corn Gluten Feed), de septiembre de 2008 a
diciembre de 2009.
1.2.4. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá expidió el Requerimiento Especial Aduanero 01-03-
01-03-238-419-434-2-004941 de 27 de septiembre de 2011, que señaló
que los documentos soporte6 de la Declaración de Importación inicial con
autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la
Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo núm.
07925280112658 del 04 de octubre de 2008, identificaban la mercancía
5
Que según la demanda consiste en: a) la importación, fabricación, transformación, distribución, venta y
exportación de alimentos con destino al consumo humano, b) la fabricación, distribución, venta y exportación
de alimentos para animales, y c) la importación de materias primas y maquinaria necesaria para la fabricación
de los alimentos a que se refieren los literales precedentes.
6
La factura, el certificado de origen y el certificado de calidad.
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como “GLUTEN MEAL”, que corresponde a la subpartida 23.03.10.00.00
del Arancel de Aduanas.
1.2.5. Mediante Resolución 1-03-241-201-639-1-1860 del 28 de
noviembre de 20117, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación oficial de corrección
a la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm.
07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de
Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04
de octubre de 2008, por valor de $114.645.000.
1.2.6. ITALCOL presentó recurso de reconsideración contra el anterior
acto administrativo, y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de
la Dirección de Gestión Jurídica lo resolvió mediante la Resolución 1-00-
223-10038 del 29 de marzo de 20128, confirmando el acto recurrido.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. La parte demandante alegó que los actos acusados vulneraron las
siguientes disposiciones:
“4.1.1. De carácter constitucional:
Artículos 2, 6, 13, 29, 58, 83, 95 numeral 9; artículos 121, 209, 224, 333, 363
y 365.
4.1.2. De carácter legal:
• Ley 170 de 1994.
• Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), artículos 3, 35,
35 a 44, 65, 66, 69, 93.
• Ley 489 de 1998, Artículo 119.
• Código de Régimen Político y Municipal, Artículo 52.
• Decreto Ley 2150 de 1995, Artículo 95.
• Decreto 2685 de 1999, Artículos 2° y 236. (Estatuto Aduanero, expedido
con base en Leyes marco 6 de 1971 y 7 de 1991).
• Decreto 4589 de 2006 (Arancel de Aduanas expedido con base en Leyes
marco 6 de 1971 y 7 de 1991).
4.1.3. De carácter reglamentario:
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Páginas 49 a 67 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- archivo denominado ED_C01_01
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Páginas 69 al 87 Ibidem.
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• Decreto 4048 de 2008, Artículo 20.
• Resolución DIAN 4240 de 2000, Artículo 156 y 157.
4.1.4. Conceptos de la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina los cuales
son vinculantes para la entidad:
• Concepto 61 del 15 de abril de 2002.
• Concepto 63 del 10 de noviembre de 2006.
4.1.5. Principios Generales de Derecho y Jurisprudencia
• Aplicación retroactiva de las Normas
• Principio de la Confianza Legítima
• Principio de la Seguridad Jurídica.
1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. “FALSA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DEMANDADOS, TODA VEZ QUE SE FUNDAMENTAN EN UNA
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA POSTERIOR A LA IMPORTACIÓN
(APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARANCEL DE ADUANAS).“9
Explicó que había existido indebida publicación de las resoluciones 4131
y 4951 de 2005 en el Diario Oficial y en esa medida, en el marco de la
normativa aduanera colombiana, las resoluciones de clasificación
arancelaria adquieren obligatoriedad frente a terceros solo cuando han
sido debidamente publicadas en el Diario Oficial. Adujo además que este
requisito se desprende tanto de la Ley 1437 de 2011 como de los artículos
304 y 305 del Decreto 1165 de 2019, entre otras disposiciones especiales,
que establecen que los actos administrativos de carácter general solo
surten efecto respecto de terceros a partir de su publicación íntegra en
dicho medio oficial.
Explicó que, para el caso concreto, las resoluciones de clasificación
arancelaria de 2005, que la DIAN pretendió aplicar a ITALCOL respecto
de importaciones realizadas en 2008, no fueron publicadas en debida
forma. Es decir, no se puso a disposición del público el texto completo,
los fundamentos y las motivaciones de tales actos, privando a los
9
Página 12 Ibidem
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afectados de la oportunidad efectiva de conocer el alcance y las razones
de dichas resoluciones y de ejercer los derechos que la ley les reconoce.
De otra parte, señaló que las resoluciones de calificación arancelaria de
2005 fueron expedidas a solicitud de un tercero ajeno al importador aquí
demandante y aunque se admitiera, solo a efectos argumentativos, que
las resoluciones de 2005 hubieran sido perfeccionadas mediante su
publicación, debe analizarse su alcance jurídico respecto de ITALCOL.
Insistió en señalar que era insuficiente la publicación de la subpartida y
denominación del producto, puesto que la mera mención en el Diario
Oficial de una subpartida arancelaria junto con la denominación genérica
de un producto no resulta suficiente para cumplir con las exigencias de
motivación y publicidad. La clasificación arancelaria se fundamenta, según
el propio manual técnico y normativa de la DIAN, en un análisis
exhaustivo de las características técnicas, físicas y químicas del producto
objeto de clasificación, y el hecho de omitir tales particularidades técnicas
con la simple inclusión de una subpartida y descripción superficial no
entrega a los terceros el verdadero criterio diferenciador del producto;
por ende, se debía realizar la publicación completa con el fin de conocer
esos detalles técnicos que no fueron reflejados ni fundamentados en la
publicación escueta.
En vista de lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados —liquidaciones oficiales de corrección fundamentadas en
resoluciones de clasificación arancelaria inadecuadamente publicadas y
expedidas a solicitud de terceros ajenos al importador— adolecen del vicio
de falsa motivación. Este vicio se configura no solo cuando la
administración fundamenta sus decisiones en hechos o normas
inexistentes o inaplicables, sino también cuando omite valorar o publicar
debidamente los elementos técnicos y jurídicos requeridos, privando al
particular de la posibilidad real de ejercer su derecho a la defensa y
contradicción.
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1.3.2.2. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS VIOLAN LA LEY 170 DE
1994 EN CUANTO TRANSPARENCIA, Y REQUISITOS PARA UNA
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.”10
Adujo que, por medio de la Ley 170 de 1994, se aprobó el Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que
implica que Colombia se encuentra obligada a cumplir con el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1947),
el cual constituye la matriz normativa internacional de todos los
desarrollos legales en materia de aranceles de los países pertenecientes
a la OMC.
Por lo tanto, la DIAN, al expedir clasificaciones arancelarias, se debe
someter a los parámetros generales establecidos en el instrumento
internacional. En particular, el artículo X11 del GATT de 1947 establece
que las clasificaciones arancelarias deben: (i) ser preexistentes a su
aplicación; (ii) estar contenidas en normas de carácter general; (iii) tener
aplicación o uso uniforme y consistente, y (iv) estar previamente
publicadas.
Estas reglas resultaron infringidas por la DIAN porque los aranceles
aplicados: (i) no son preexistentes, si se tiene en cuenta que las
Resoluciones 8570 y 8571 de 2009 solo fueron aplicables desde el 24 de
10
Página 19 Ibidem
11
“Artículo X: Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales
1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que
cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana
de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones,
restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a
la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la
transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos, serán publicados rápidamente a fin
de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos. Se publicarán también los acuerdos
relacionados con la política comercial internacional y que estén en vigor entre el gobierno o un organismo
gubernamental de una parte contratante y el gobierno o un organismo gubernamental de otra parte
contratante. Las disposiciones de este párrafo no obligarán a ninguna parte contratante a revelar informaciones
de carácter confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser
de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas
públicas o privadas.
2. No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial ninguna medida de carácter general adoptada por una
parte contratante que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre la
importación en virtud del uso establecido y uniforme, o que imponga una nueva o más gravosa prescripción,
restricción o prohibición para las importaciones o para las transferencias de fondos relativas a ellas.
3. a) Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos,
decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. (…)”.
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agosto de 2009, cuando se publicaron en el Diario Oficial; (ii) no están
contenidas en normas generales, pues la DIAN aplicó las Resoluciones
04131 y 04951 de 2005, que son de contenido particular y concreto, no
oponibles a otros importadores; (iii) no tenían un uso uniforme, pues solo
fueron unificadas a partir de agosto de 2009, y (iv) las Resoluciones
04131 y 04951 de 2005 no habían sido debidamente publicadas en el
Diario Oficial, y las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, que sí fueron
publicadas, solo son aplicables para las importaciones posteriores.
1.3.2.3. “VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA” 12
Arguyó que, en virtud del principio de confianza legítima, ITALCOL podía
y debía clasificar el producto bajo la subpartida 23.09.90.90.00, toda vez
que: (i) por muchos años había sido la subpartida aceptada por la DIAN
en más del 98% de los aforos y los levantes aduaneros del producto, (ii)
era la subpartida que tenía mayor reiteración por parte de la DIAN en las
clasificaciones arancelarias expedidas a solicitud del interesado, y (iii) es
una de las subpartidas que según la DIAN debían ser objeto de aclaración.
Advirtió que, de acuerdo con este principio, la DIAN no podía investigar
declaraciones de importación previas a las Resoluciones 8570 y 8571 de
2009, so pena de contrariar la buena fe, la Constitución y los principios
de la función administrativa.
1.3.2.4. “LOS ACTOS DEMANDADOS VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE
MORALIDAD ADMINISTRATIVA, IMPARCIALIDAD Y
TRANSPARENCIA Y OTROS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA.”13
Manifestó que los actos administrativos demandados violan la moralidad
administrativa porque citan exclusivamente las Resoluciones 04131 y
04951 de 2005, desconociendo las demás que ha expedido asumiendo la
12
Página 22 Ibidem
13
Página 26 Ibidem
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posición contraria. Es decir, que la entidad solo hizo uso de argumentos
que le resultaban favorables a la postura que en ese momento adoptó.
1.3.2.5. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS VIOLAN
EL PRINCIPIO DE JUSTICIA”14
Sostuvo que el principio de justicia, consagrado en el artículo 2 del
Estatuto Aduanero, establece que “la aplicación de las disposiciones
aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y
que el Estado no aspira a que al usuario aduanero se le exija más que
aquello que la misma Ley pretende”.
1.3.2.6. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS VIOLAN
EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.” 15
Reiteró que las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009 no eran aplicables a
las importaciones realizadas por el demandante en el 2008, y agregó que
solo le serían aplicables de manera retroactiva si le resultaran más
favorables.
1.3.2.7. “LA CLASIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES FUE
CORRECTA EN 2008.”16
Explicó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
fundamentó la clasificación del producto gluten de maíz bajo la subpartida
arancelaria 23.03.10.00.00 (referente a residuos de la industria del
almidón), adoptando una postura algo limitada, ya que descartó de
manera temprana y sin mayor argumentación la posible pertinencia de la
subpartida 23.09 (preparaciones del tipo utilizado para la alimentación de
animales). Este proceder omite el ejercicio riguroso que exige el Sistema
Armonizado, donde la aplicación de sus reglas de interpretación resulta
14
Página 28 Ibidem
15
Página 29 Ibidem
16
Página 31 Ibidem
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indispensable antes de seleccionar la subpartida definitiva para una
mercancía.
En el caso bajo estudio, la DIAN, a pesar de haber aceptado en el pasado
la presencia del gluten de maíz en la subpartida 23.09 (como se evidenció
en resoluciones oficiales previas a 2009)— pasó a excluirla abruptamente
de esta categoría con base en una interpretación de la Nota Explicativa
de la partida 23. Sin embargo, al hacerlo, la administración optó por una
lectura restrictiva y errónea, según la cual, cuando se trata de
desperdicios vegetales, estos deben siempre clasificarse bajo la
subpartida 23.03, incluso si tienen uso alimenticio para animales.
Explicó que el desconocimiento por parte de la DIAN del razonamiento del
importador implica una vulneración al principio de buena fe previsto en la
Constitución, máxime cuando la administración no ofreció argumentos
técnicos ni jurídicos suficientes para desvirtuar la presunción de buena fe
de la empresa importadora; además, señaló que la jurisprudencia ha
manifestado que no es admisible sustentar una liquidación oficial sobre
resoluciones de clasificación arancelaria insuficientemente motivadas o
técnicamente infundadas.
En síntesis, la decisión de la DIAN de reclasificar el gluten de maíz bajo la
subpartida 23.03.10.00.00 careció de un análisis interpretativo adecuado
y desconoció tanto la finalidad como las características técnicas y
económicas del producto, situación contraria a los principios del Sistema
Armonizado y a la garantía de la buena fe en las actuaciones
administrativas.
1.3.2.8. “CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS SE
INCURRIÓ EN UN DESVÍO DE PODER.”17
17
Página 32 Ibidem
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Arguyó que los actos demandados parecen estar guiados únicamente por
un afán de recaudo, lo que configura una flagrante desviación de poder,
pues se usa la facultad de fiscalización, no para hacer prevalecer la norma
aduanera, sino simplemente para recaudar tributos.
En tal sentido, reprochó que el Memorando 051 del 11 de febrero de 2011
determina el nivel de recaudo como criterio de evaluación del programa
de fiscalización Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la
Subpartida Arancelaria 23.09.90.90.00, y alegó que la DIAN usó la
facultad de fiscalización, que es legítima y legal, solo con el fin de imponer
un mayor arancel e IVA, es decir, obtener un recaudo indebido.
Tal finalidad también se evidencia en el hecho de que la entidad
únicamente citó en las resoluciones demandadas los actos que soportan
la postura que en ese momento le resultaba más favorable.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Oralidad, y, mediante auto del 17 de julio de 2013, el
despacho sustanciador la admitió18 y ordenó notificar a la DIAN.
2.2. La DIAN contestó la demanda por intermedio de apoderado y expuso
los siguientes argumentos19:
2.2.1. Adujo que la entidad se encuentra revestida de amplias facultades
de fiscalización y control posterior, establecidas en los artículos 469 y 470
del Decreto 2685 de 1999, y en ejercicio de las mismas y dentro del
término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria
consagrado en el artículo 478 del Estatuto Aduanero, y el término de
firmeza de la declaración de importación del artículo 131 ibidem, inició el
programa de fiscalización de las declaraciones de importación objeto de
18
Página 157 Ibidem
19
Páginas 166 a 182 Ibidem
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selección, entre las que se cuenta la declaración sobre la que descansa la
presente litis.
Alegó que no era cierto que los actos demandados se hubieran basado en
las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, pues lo cierto es que ni siquiera
las mencionaron. En todo caso, precisa que éstas clasificaron bajo la
subpartida arancelaria 23.03.10.00.00 el corn gluten feed, pero este
producto es distinto al gluten de maíz, que fue clasificado mediante las
Resoluciones 04131 y 04931 de 2005.
Adujo que las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 fueron publicadas
indicando los elementos primordiales de los actos de clasificación
arancelaria, esto es, los números de las resoluciones, las fechas, las
razones sociales, los NIT, los productos a clasificar, las descripciones y la
subpartida en la cual se clasificaron. Además, advirtió que dichas
resoluciones eran obligatorias, pues el artículo 157 de la Resolución 4240
de 2000, modificado por el artículo 51 de la Resolución 7002 de 2001,
señala que “Las clasificaciones arancelarias expedidas mediante
resolución, serán de carácter general y de obligatorio cumplimiento”.
Advirtió que los actos administrativos objeto de demanda tuvieron como
fundamento principal el análisis técnico del producto importado. En
efecto, la liquidación oficial de corrección atacada concluyó que éste
correspondía al subproducto gluten meal y no al gluten feed, como se
describió en la declaración de importación materia de litis, pues la factura,
el documento de transporte, el certificado de calidad, el certificado de
origen y el registro de importación así lo indicaban. Por lo tanto, de
conformidad con las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005, la clasificación
arancelaria que le correspondía era la subpartida 23.03.10.00.00.
Señaló que la Resolución de clasificación arancelaria 04951 de 2005, que
fue tenida en cuenta como prueba documental, para la época de los
hechos que se discuten era de carácter general y de obligatorio
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cumplimiento, conforme lo prevé el artículo 157 de la Resolución 4240 de
2000, modificado por el artículo 51 de la Resolución 7002 de 2001.
Además, advirtió que, si bien dicho acto fue anulado por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 25 de junio de 2012, ello
no afecta la legalidad de los actos administrativos atacados, pues el
fundamento primordial de éstos fue el análisis técnico del producto objeto
de importación, que se hizo de acuerdo con la valoración integral de los
documentos soporte de la declaración de importación y del Arancel de
Aduanas establecido en el Decreto 4589 de 2006.
2.2.2. En cuanto al segundo cargo de la demanda, alegó que la Ley 170
de 1994 y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del
30 de octubre de 1947 sí establecen que las clasificaciones arancelarias
deben tener un uso uniforme, un carácter general, ser objeto de
publicidad y ser aplicadas a situaciones futuras, y advirtió que todos estos
requisitos han sido cumplidos en el debate procesal que se ventila porque:
(i) conforme con el artículo 157 de la Resolución 4240 de 2000,
modificado por el artículo 51 de la Resolución 7002 de 2001, las
resoluciones de clasificación general que expida la DIAN son de obligatorio
cumplimiento y de carácter general, (ii) las Resoluciones 04131 y 04951
de 2005, que sustentan los actos administrativos demandados, fueron
debidamente publicados en el Diario Oficial, y (iii) dichas resoluciones se
aplicaron para una declaración de importación presentada en el año 2008.
2.2.3. Aseveró que el hecho de que el análisis técnico del producto
importado no hubiere sido realizado por el órgano competente de la
entidad no puede ser tenido en cuenta como argumento de la nulidad del
acto, pues la actora no lo expuso en sede de vía gubernativa con el acervo
probatorio correspondiente. No obstante, aseguró que ello no da lugar a
la nulidad de la decisión administrativa, pues ésta se fundamentó en el
análisis técnico del producto, en el análisis integral de los documentos
soporte de la declaración de importación y en la aplicación de las reglas
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generales de interpretación del Arancel de Aduanas que se encontraba
vigente en ese momento.
Afirmó que es incorrecta la interpretación que le da la actora a la Nota
Explicativa del Capítulo 23 del Arancel de Aduanas, y que, en todo caso,
el análisis técnico del subproducto objeto de importación llevó a concluir
que la subpartida a aplicar era la 23.03.10.00.00, que corresponde a
residuos de la industria del almidón.
Arguyó que la liquidación oficial de corrección demandada explicó de
manera detallada que el gluten feed, producto declarado por ITALCOL, es
muy usado en los concentrados para alimentos de vacas lecheras, ganado
vacuno y cerdos, que se comercializa normalmente con un porcentaje de
proteína de alrededor del 20%, mientras que la harina de gluten de maíz
(gluten meal), producto realmente importado por la actora, es un
concentrado con un porcentaje de proteína de alrededor del 60%. Adujo
que, entonces, el porcentaje de proteína distingue sustancialmente a los
dos subproductos, imposibilitándolos para ser declarados bajo una misma
subpartida arancelaria.
2.2.4. Alegó que la entidad no infringió el principio de confianza legítima
pues no es cierto que el importador debiera clasificar la mercancía bajo la
subpartida 23.09.90.90.00, si se tiene en cuenta que el acervo probatorio
recaudado en la vía gubernativa permitió concluir que se trataba del
subproducto gluten meal, el cual corresponde a la subpartida
23.03.10.00.00.
Agregó que los argumentos planteados por la sociedad demandante,
relativos a la indebida clasificación arancelaria y a la aplicación retroactiva
de resoluciones de clasificación arancelaria, carecen de peso probatorio,
pues se trata de productos distintos que deben ser declarados en
subpartidas arancelarias diferentes. Es decir, que la actora discute
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planteamientos totalmente diferentes a los que sirvieron de sustento
normativo a los actos administrativos objeto de demanda.
2.2.5. Arguyó que los actos acusados no infringieron la moralidad
administrativa, el principio de justicia ni incurrieron en desvío de poder,
pues, contra los argumentos de la demanda, no se basaron en las
Resoluciones 8570 y 8571 de 2005, sino únicamente en las Resoluciones
04131 y 04951 de 2005.
Advirtió además que las Resoluciones 4132 y 4235 de 2005, mencionadas
en la demanda, clasificaban en la subpartida 23.09.90.90.00 un producto
distinto al corn gluten meal, objeto de declaración de importación
presentada por la sociedad actora, por lo que dichos actos no sirven de
sustento a sus pretensiones. En todo caso, insistió en que el Arancel
Armonizado de Aduanas vigente para la fecha de la declaración, que es la
única norma que establece la clasificación arancelaria de las mercancías
en nuestro país, clasificaba el producto en la subpartida arancelaria
23.03.10.00.00.
2.2.6. Sostuvo que la DIAN no indujo a error a la comunidad importadora
en relación con la debida clasificación arancelaria del producto en
discusión. Por el contrario, de acuerdo con los artículos 469 y 470 del
Decreto 2685 de 1999, la entidad se encuentra revestida de amplias
facultades de fiscalización y control para revisar todas las actuaciones
administrativas aduaneras.
Enfatizó que el presente debate procesal gira en torno a la correcta
determinación de la subpartida arancelaria por parte de la demandante
en la declaración de importación, y no a la aplicación particular de unas
resoluciones de clasificación arancelaria que fueron dictadas por la DIAN
con fundamento en el artículo 236 del Decreto 2685 de 1999, que la
faculta para efectuar, a solicitud de particulares, clasificaciones
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arancelarias de conformidad con el Arancel de Aduanas, las cuales solo
son aplicables al peticionario.
Asimismo, precisó que dicha norma la faculta para armonizar de oficio,
mediante resolución motivada, los criterios que deban aplicarse en la
clasificación de mercancías, según el Arancel de Aduanas Nacional,
efectuando clasificaciones arancelarias de carácter general.
No obstante, dijo que, de acuerdo con los Conceptos 061 de 2002 y 063
de 2006, expedidos por la DIAN, para las operaciones adelantadas por
personas diferentes a las solicitantes de resoluciones de clasificación
arancelaria, procede aplicar directamente el Arancel de Aduanas, pero si
se trata del mismo producto, dicha clasificación es de carácter general y
de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios aduaneros.
2.3. La audiencia inicial
2.3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Oralidad, celebró audiencia inicial el 4 de diciembre de 201320, a la cual
asistieron las partes demandante y demandada. Agotadas las etapas de
saneamiento y decisión de excepciones previas, se fijó el litigio de la
siguiente manera:
“FIJACION DEL LITIGIO. (…) De conformidad, con el libelo introductorio,
debemos entender que la parte actora pretende la nulidad de la Resolución No.
1-03-241-201-639-1-1860 de noviembre 28 de 2011 expedida por la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá "Por
la cual se profiere una Liquidación Oficial de Corrección" y de la Resolución No.
1-00-223-10038- del 29 de marzo de 2012, expedida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, que resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto oportunamente por la demandante. Como restablecimiento del
derecho, pretende que se mantenga la firmeza de la Declaración de Importación
Inicial con autoadhesivo No. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de
la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo No.
07925280112658 del 4 de octubre de 2008, se exonere a ITALCOL, se archive
el expediente administrativo RA-2008-2011-2797 y si al momento de la
sentencia se hubiere pagado suma alguna, se ordene su devolución junto con
20
Página 207 a 214 Ibidem
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sus respectivos intereses, indexaciones, actualización y demás valores a que
haya lugar.
Entonces, el trámite de la demanda y su resolución, pasa por establecer la
legalidad de la actuación administrativa que determinó que la demandante
declaró y liquidó un porcentaje de arancel que no correspondía...", respecto de
mercancías ingresadas en esta ciudad, es decir, Barranquilla, generando "...un
menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles...." (léase fl. 47 del
expediente). En consecuencia, de encontrarse afectada la legalidad por algún
vicio o causal de anulación de las contenidas en la Ley 1437 de 2011, se proceda
al correspondiente restablecimiento del derecho. Ahí en esos términos está
circunscrito el debate, así se resolverá en la sentencia de instancia.”.
Seguidamente, se agotaron las etapas de intento de conciliación, decisión
sobre medidas cautelares y se decidió sobre las solicitudes probatorias de
las partes.
2.4. Mediante auto del 10 de julio de 201421, el Tribunal corrió traslado
para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio
Público para que rindiera concepto.
2.4.1. La demandante22 presentó a alegatos de conclusión en el cual
señaló que: “LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN
4951 DE 2005 PRODUCE EFECTOS EXTUNC: La propia jurisprudencia
del Consejo de Estado señala que la Nulidad de un Acto Administrativo
General produce efectos “ex tune” respecto de aquellos otros Actos que
lo tomaron de sustento. Para el caso sub-examine la Nulidad de la
Resolución de Clasificación Arancelaria 04591 de 2005, se transmite a
aquellas Liquidaciones Oficiales” y reiteró los demás argumentos de la
demanda.
2.4.2. La DIAN23 presentó a alegatos de conclusión en el cual reiteró lo
manifestado en la contestación de la demanda.
2.4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
21
Página 680 Ibidem
22
Páginas 694 a 712 Ibidem
23
Páginas 714 a 718 Ibidem
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 25 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Oralidad, denegó las pretensiones del demandante, con
base en los siguientes argumentos24:
3.1. En primer lugar, el Tribunal procedió a identificar los siguientes
cargos:
“1.- Falsa motivación de los actos administrativos demandados, toda vez que se
fundamentan en una clasificación arancelaria posterior a la importación
(aplicación retroactiva del arancel de aduanas).
2.- Los actos administrativos violan la Ley 170 de 19947 en cuanto transparencia,
y requisitos para la oponibilidad de una clasificación arancelaria.
3.- Violación al principio de confianza legítima.
4.- Los actos administrativos violan los principios de moralidad administrativa,
imparcialidad y transparencia y otros principios de la función administrativa.
5. - Los actos administrativos demandados violan el principio de justicia.
6. - Los actos administrativos demandados violan el principio de irretroactividad
de la ley.
7. - La clasificación de las declaraciones fue correcta en 2008.
8. - Con los actos administrativos demandados se incurrió en un desvío de poder.”
Al respecto señaló que los cargos 1, 2, 4, 5 y 6 atacaban las Resoluciones
de Clasificación Arancelaria en las que se fundamentaron, y no constituían
una impugnación directa contra las resoluciones acusadas y, en esa
medida, frente a esos cargos no hizo pronunciamiento alguno.
No obstante, el Tribunal, al analizar el caso, señaló que, mediante
sentencia dictada por la Sección Cuarta, se declaró la nulidad de la
Resolución 4951 de 17 de junio de 2005; en dicha providencia no
especificó si sus efectos tuviesen carácter retroactivo (ex tunc) o hacia el
futuro (ex nunc), quedando sin aclarar desde cuándo aplican sus
consecuencias. En relación con este vacío, explicó que la decisión
24
Páginas 723 a 734 ibidem
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proferida dentro de la acción de simple nulidad tiene los mismos efectos
que las sentencias de inexequibilidad emitidas en procesos de control
abstracto de constitucionalidad, puesto que se fundamenta en el principio
de buena fe y en el respeto de las situaciones jurídicas ya creadas y
consolidadas al amparo de las normas que han sido declaradas
inexequibles.
Por esta razón, adujo que los efectos de tales sentencias, por regla
general, son pro futuro, es decir, sólo aplican hacia adelante y no
revierten situaciones pasadas. En consecuencia, señaló que, al existir una
similitud material entre los actos administrativos generales y la ley, la
anulación de un acto administrativo de carácter general no debe producir
efectos distintos a los de la inexequibilidad de una ley formal; en ambos
casos, su inejecutabilidad opera solo para el futuro.
En ese orden, indicó que la anulación de la Resolución 4951 del 17 de
junio de 2005 —mediante la cual la Subdirección Técnica Aduanera de la
DIAN revocó la Resolución 3041 del 27 de abril de 2005 y clasificó el
producto Corn Gluten Meal en la subpartida arancelaria 23.03.10.00.00.—
produce efectos únicamente futuros; por ende, no se ven afectadas las
situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma anulada,
es decir, lo actuado durante su vigencia se mantiene intacto.
Concluyó señalando en este punto que el análisis a realizar en la sentencia
se limitaría a los demás cargos planteados en la demanda.
Posteriormente el Tribunal, al analizar el proceso, señaló que el Recurso
de Reconsideración interpuesto por la parte demandante contra la
Resolución núm. 1-03-241-201-639-1-1860 del 28 de noviembre de 2011
no incluyó los cargos que atacan de manera directa los actos acusados
expuestos en la demanda, y, al revisar dicho escrito, los únicos cargos
planteados por el recurrente en sede administrativa y judicial fueron dos:
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(i) el principio de confianza legítima, y (ii) la irretroactividad de los
conceptos emitidos por la DIAN.
Sobre este último cargo explicó que la irretroactividad está dirigida
exclusivamente contra actos administrativos generales y no contra actos
particulares acusados, por lo que, en este punto, no correspondía efectuar
reproche judicial alguno; es decir, no era procedente que la jurisdicción
se pronunciara.
Asimismo, el Tribunal identificó que los cargos relacionados con la
correcta clasificación arancelaria y la presunta desviación de poder no
fueron expuestos ni discutidos durante la etapa administrativa. Por lo
tanto, no era posible que la jurisdicción contencioso-administrativa
emitiera un pronunciamiento respecto de estos asuntos, ya que no se
agotó el debate previo ante la DIAN.
Respecto al cargo denominado “Violación al principio de confianza
legítima”, el Tribunal señaló que este argumento no es suficiente, por sí
solo, para justificar la anulación de los actos demandados, y destacó que
la DIAN actuó en todo momento conforme con la normatividad aplicable
al procedimiento administrativo.
Por último, decidió no condenar en costas, considerando que la parte
demandante no incurrió en ninguna conducta que justificara tal sanción,
como la temeridad, la irracionalidad absoluta en la pretensión, la dilación
del trámite o la deslealtad procesal.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de CARBONE RODRIGUEZ & CIA ITALCOL S.C.A. interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y expuso
los argumentos que la Sala pasa a sintetizar25.
25
Páginas 740 a 758 Ibidem
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4.1. Alegó que, en el proceso examinado, quedó claro que no se
controvirtió la legalidad de las Resoluciones de Clasificación Arancelaria;
lo que realmente se impugnó fue su utilización como fundamento en los
actos administrativos demandados. Para contextualizar, explicó que el
propio Consejo de Estado había sostenido desde 2006 que las
Resoluciones de Clasificación Arancelaria emitidas a petición de parte
tenían naturaleza de actos administrativos particulares, únicamente
oponibles a quien las solicitó y susceptibles de control judicial solo a través
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Bajo este
entendimiento, sostuvo que era razonable que los importadores ajustasen
sus actuaciones considerando esta restricción de efectos y alcance de
dichas resoluciones.
Adujo que en la sentencia recurrida se citó la decisión por la cual se
declaró la nulidad de la Resolución de Clasificación Arancelaria núm. 4951
de 2005 y se puntualizó que tal fallo no generó un restablecimiento del
derecho en el sentido de determinar la correcta clasificación del producto
y, en suma, explicó que solo a partir del año 2011 el propio Consejo de
Estado modificó su criterio, determinando que las resoluciones de
clasificación arancelaria debían considerarse actos administrativos de
carácter general y, por ende, oponibles a todos los administrados.
En consecuencia, el cambio jurisprudencial del 2011 tiene un impacto
relevante: para las operaciones e importaciones previas a ese año, como
las realizadas en 2008, que fueron objeto del presente litigio mediante la
Liquidación Oficial demandada, puesto que las resoluciones de
clasificación arancelaria de 2005 no eran vinculantes, exigibles ni
oponibles frente al demandante, dado que en ese entonces aún se
consideraban actos particulares. Por ello, la controversia se centró en el
uso de las Resoluciones núm. 4131 y 4951 de 2005 como soporte de la
liquidación oficial, y no en la nulidad de dichas resoluciones.
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Resaltó igualmente que la Resolución de Clasificación Arancelaria núm.
4951 de 2005, que fue declarada nula, había revocado de oficio la
Resolución núm. 3041 de 2005, la cual clasificaba el producto objeto del
caso bajo la subpartida 2309.90.90.00, al igual que figuró en las
importaciones discutidas en la actuación administrativa.
Finalmente, advirtió que resulta contrario al principio de buena fe que en
los actos administrativos demandados se transcriban literalmente los
números y datos básicos de las resoluciones de clasificación arancelaria,
pero que en su publicación oficial solo se presenten datos mínimos y se
omita el análisis técnico del producto.
4.2. Señaló que, el 25 de junio de 2012, el Consejo de Estado profirió
sentencia mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución de
Clasificación Arancelaria núm. 4951 de 2005, y en esa medida, explicó
que dicha resolución, de carácter general, constituía el principal soporte
legal de la Liquidación Oficial que había sido demandada en el caso
examinado.
En ese orden, a la luz de la declaratoria de nulidad de la Resolución de
Clasificación Arancelaria núm. 4951 de 2005, la actora solicitó que se
aplicaran los efectos de dicha nulidad sobre aquellos actos administrativos
que la tuvieron como fundamento, en reconocimiento de la doctrina
establecida por el propio Consejo de Estado, según la cual la declaratoria
de nulidad de un acto administrativo general despliega efectos “ex tunc”.
Es decir, la nulidad se retrotrae al momento mismo en que fue expedido
el acto anulado, lo que implica que sus efectos se consideraron
inexistentes desde su origen, y no simplemente desde la fecha de la
sentencia que lo invalida.
Adujo que, en el caso concreto, este efecto “ex tunc” significó que
cualquier acto administrativo particular –como la Liquidación Oficial
demandada– que hubiese tomado la Resolución 4951 de 2005 como
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fundamento, quedó sin base legal desde el mismo instante en que fue
emitida dicha resolución. Sin embargo, este efecto retroactivo encontró
un límite importante: la retroacción sólo impactó situaciones jurídicas que
aún no estuvieran consolidadas. Es decir, si alguna situación ya se
encontraba definida de manera firme antes de la nulidad, permanecía
protegida y no era alterada por la sentencia del Consejo de Estado.
4.3. Señaló que, en el caso analizado, en la demanda se planteó como
cargos la correcta clasificación arancelaria de las importaciones
cuestionadas y desviación de poder en la actuación administrativa,
destacando que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo
de Estado, al presentar una demanda en sede judicial, el actor está
habilitado para mejorar y precisar su argumentación respecto a lo
presentado previamente ante la administración, siempre y cuando no
introduzca hechos nuevos.
Al respecto, indicó que en el desarrollo del proceso quedó claro que estos
cargos no constituyeron nuevas pretensiones ni incorporaron hechos
distintos a los ya expuestos en sede administrativa, motivo por el cual
debía procederse a un examen de fondo por parte del juzgador en primera
instancia; así mismo, advirtió que en sede administrativa no es obligatoria
la intervención de un abogado —tal como ocurrió en este caso—, mientras
que en sede judicial sí lo es, lo que evidencia la inequidad de exigir el
mismo nivel de desarrollo argumentativo.
4.4. Explicó que en el desarrollo del proceso, se alegó que la nulidad de
los actos administrativos demandados tenía fundamento en la violación al
principio de confianza legítima, apoyándose en las pruebas materiales que
obraron en el expediente, entre las cuales se encontraba el Oficio núm.
030116 del 19 de mayo de 2014, en la que se reiteraba a las autoridades
judiciales que la subpartida arancelaria predominante para el producto
importado había sido 23.09.90.90.00, y no la 23.03.10.00.00, que fue
utilizada en la Liquidación Oficial impugnada.
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Adujo que la entidad, en vez de conservar coherencia con sus propios
actos, cambió abruptamente el criterio sobre la subpartida aplicable al
producto, sin permitir un periodo de transición adecuado, y, en suma, la
DIAN reconoció su propia incoherencia al expedir, en 2009, nuevas
resoluciones de clasificación arancelaria que revocaban las emitidas en
2002 y 2005 sobre el mismo producto, pese a no existir cambios
significativos en las características ni en el proceso de obtención del
producto importado.
Para evidenciar esta falta de coherencia, subrayó que, en septiembre de
2009, la DIAN expidió las Resoluciones de Clasificación Arancelaria núm.
8570 y 8571 y luego, mediante nuevas resoluciones, revocó de oficio las
decisiones administrativas tomadas en 2002 y 2005, donde ya se había
señalado como correcta la subpartida 2309.90.90.00. Así, el problema no
radicó en que la DIAN ejerciera sus competencias para expedir
resoluciones a petición de parte o de oficio, o actualizar criterios, sino en
la inseguridad jurídica que provocó la falta de consistencia a lo largo de
varios pronunciamientos respecto al mismo producto.
En ese contexto, la actora concluyó que existió inducción a error porque
la propia administración, al expedir numerosas resoluciones de
clasificación legítimas, no cumplió con la obligación de ser coherente con
sus actuaciones, pretendiendo aplicar resoluciones que desconocía en sus
propios actos. Todo lo anterior ya había sido puesto en conocimiento de
la entidad demandada, tanto en la respuesta al requerimiento especial
aduanero como en el recurso de reconsideración, dejando constancia
suficiente en el expediente administrativo para respaldar la solicitud de
nulidad.
4.5. Concluyó señalando que en el análisis sobre las importaciones
efectuadas en 2008 se constató que, para esa época, las Resoluciones de
Clasificación Arancelaria que regulaban la materia en particular, las núm.
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24
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
4131 y 4951 de 2005, no habían sido debidamente publicadas en el Diario
Oficial. Además, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado
vigente en 2008, dichos actos administrativos eran considerados de
carácter particular, solo oponibles a los solicitantes y sin efectos generales
frente a terceros.
En este contexto, la subpartida 23.03.10.00.00, fijada posteriormente
como obligatoria para clasificar el producto importado, solo empezó a ser
realmente exigible a partir de la publicación completa de las Resoluciones
núm. 8570 y 8571 de 2009 en el Diario Oficial núm. 47.451, del 24 de
agosto de 2009, y fue en ese momento cuando dichas resoluciones
adquirieron publicidad y, por ende, fuerza obligatoria y general para todos
los importadores de la mercancía en cuestión.
No obstante, evidenció que las autoridades aduaneras aplicaron de
manera retroactiva las Resoluciones núm. 8570 y 8571 de 2009 a las
importaciones realizadas en 2008. Tal actuación desconoció que, para ese
año, la utilización de la subpartida 23.03.10.00.00 no era exigible, pues
no existía la obligación legal ni se había dado la publicación formal y
general de las nuevas resoluciones de clasificación arancelaria. La
consecuencia de esta aplicación retroactiva fue que a los importadores
que actuaron conforme a los criterios vigentes en 2008 (cuando utilizaban
la subpartida 23.09.90.90.00), se les pretendió exigir el cumplimiento de
criterios y obligaciones establecidos casi un año después, violando
principios fundamentales como la seguridad jurídica y la Buena fe.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de enero
de 201526.
26
Página 760 Ibidem
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Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido mediante proveído de 24 de agosto
de 201627.
5.1. Posteriormente, a través de auto28, el despacho sustanciador ordenó
correr traslado a las partes por el término de diez días para que
presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
5.1.1. ITALCOL presentó escrito de alegatos de conclusión29, mediante
los cuales reitero los argumentos presentados en el recurso de apelación.
5.1.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión30 mediante el
cual reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
5.1.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
5.2. Mediante escrito radicado el 3 de mayo de 201631, la demandante
solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, de acuerdo
con los artículos 161 y 162 del CGP y 306 del CPACA, con fundamento en
la existencia del proceso de simple nulidad promovido contra la Resolución
04131 de 2005, que cursaba ante la Sección Cuarta de esta corporación
bajo el radicado 11001-03-27-000-2016-00006-00, de cuya decisión de
fondo dependería la suerte del sub lite.
Sin embargo, mediante escrito radicado el 13 de octubre de 201732, la
demandante solicitó que se desestimara la solicitud, indicando que,
mediante sentencia del 26 de junio de 2017, el Consejo de Estado,
27
Página 5 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- documento denominado ED_C03_01 OTROS-
CUADERNO 03 APELACIÓN SENTENCIA (.pdf) NroActua 48
28
Páginas 418 a 422 ibidem
29
Páginas 428 a 446 Ibidem
30
Páginas 447 a 452 Ibidem
31
Páginas 43 a 54 Ibidem.
32
Páginas 196 a 202 Ibidem
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26
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Milton Chávez García, había
declarado la nulidad del referido acto administrativo.
Por lo anterior, mediante auto del 11 de noviembre de 201833, el despacho
sustanciador entendió desistida dicha solicitud. Además, denegó las
solicitudes de “unificación jurisprudencial” elevadas por la demandante
mediante memoriales del 2 de diciembre de 2015, 9 de marzo de 2018 y
17 de abril de 2018.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 34 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de
esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos administrativos demandados
6.2.1. Resolución 1-03-241-201-639-1-1860 del 28 de noviembre de
201135, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación oficial de
corrección a la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm.
07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de
Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04
de octubre de 2008, por valor de $114.645.000.
33
Páginas 418 a 422 Ibidem
34
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se
modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
35
Páginas 49 a 67 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- archivo denominado ED_C01_01
OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48
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27
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
6.2.2. Resolución 1-00-223-10038 del 29 de marzo de 201236, por medio
de la cual la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Bogotá resolvió desfavorablemente
el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación oficial
de corrección.
6.3. Planteamiento del problema jurídico a resolver
Como primer cargo se alegó que los actos administrativos demandados
se fundamentaron en las Resoluciones de clasificación arancelaria 04131
y 04951 de 2005, que establecían que el gluten de maíz y el gluten de
maíz forrajero estaban clasificados en la subpartida 23.03.10.00.00, pero
que el segundo de los actos mencionados había sido declarado nulo por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 25 de junio
de 201237. Asimismo, mediante escrito radicado el 13 de octubre de 2017,
manifestó que, a través de sentencia del 26 de junio de ese año, la misma
Sala había declarado la nulidad de la primera de las resoluciones
señaladas.
Siendo así, el problema que la Sala deberá resolver consiste en
determinar si son nulos los actos por medio de los cuales se formuló
liquidación oficial de corrección a una declaración de importación y se
resolvió el recurso de reconsideración, si con posterioridad a su expedición
fueron anulados los actos que establecían la clasificación arancelaria que
la administración aplicó a la mercancía.
De acuerdo con la respuesta a lo anterior, la Sala decidirá si son nulos los
actos demandados y, en caso afirmativo, determinará el restablecimiento
del derecho correspondiente, en atención a lo solicitado por la parte
actora; o, de lo contrario, se pronunciará sobre los demás cargos
formulados contra la sentencia de primera instancia.
36
Páginas 69 al 87 Ibidem.
37
Radicado: 1100-10-327-000-2009-00027-00 (17742), magistrada ponente: Martha Teresa Briceño de
Valencia.
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28
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
6.4. Análisis del asunto
6.4.1. De acuerdo con los antecedentes planteados por las partes y las
pruebas allegadas al proceso, la Sala observa que la actora presentó la
Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm.
07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de
Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04
de octubre de 2008, por el producto gluten de maíz o gluten de maíz
forrajero, utilizando la subpartida arancelaria 23.09.90.90.00.
Luego, en ejercicio del programa de fiscalización denominado Control
Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la Subpartida Arancelaria
23.09.90.90.0038, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá expidió el Requerimiento Especial
Aduanero 01-03- 01-03-238-419-434-2-004941 de 27 de septiembre de
201139, en el que señaló que, en los documentos soporte de la
declaración40, la mercancía era identificada como gluten meal, producto
al que, conforme con las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005, le
corresponde la subpartida 23.03.10.00.00 del Arancel de Aduanas. En esa
oportunidad la administración manifestó:
“AI respecto, este grupo observa que por el importador CARBONE RODRIGUEZ
& CIA S.C.A. ITALCOL S.C.A a través de la AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE
S.A. NIVEL 1 en su calidad de declarante autorizado, presentó las Declaraciones
de Importación tipo anticipada e inicial con autoadhesivos No.
07925280112658-del 4 de octubre de 2008 y 07925280117745 de! 21 del
octubre de 2008 (folios 50-51) con el fin de nacionalizar la mercancía descrita
como GLUTEN DE MAIZ FORRAJERO, es de aclarar que el tipo de-gluten que
recibe de manera comercial este nombre es el “GLUTEN FEED” por cuanto es
muy usado como forraje para alimentos de vacas lecheras y ganado vacuno, y
que se comercializa con un porcentaje de proteína de alrededor del 20%.
Ahora bien si se observan los documentos soportes de la mencionada
declaración, tenemos:
38
Mediante memorando núm. 0000051 de 11 de febrero de 2011, la Subdirección de Gestión de Fiscalización
Aduanera del Nivel Central de la DIAN fijó los lineamientos de auditoría del programa de fiscalización
denominado Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la Subpartida Arancelaria 23.09.90.90.00.
Páginas 94 al 99 del Índice 64 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- archivo denominado
031ED_C01_01Demanda
39
Páginas 122 al 131 del Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- archivo denominado
ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48
40
En la factura, en el certificado de origen y en el certificado de calidad.
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29
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
• El registro de importación No. LIC-203,60748-17092008 en la casilla de
descripción relaciona el producto como “GLUTEN DE MAIZ FORRAJERO”
• La Factura No. 013923-U703/B (Fe lio 55) describe el producto como “DE
GLUTEN DE MAÍZ A GRANEL”
• El BL No. 3 (Folio 56) describe el producto como “CORN GLUTEN MEAL,
IN BULK
• El Certificado de Origen de fecha 25 de septiembre de 2008 (Folio 58),
describe la mercancía como “CORN GLUTEN MEAL, IN BULK”
• El Certificado de Calidad de fecha 25 de septiembre de 2008 describe la
muestra del producto para su análisis como “CORN GLUTEN MEAL, IN
BULK” con una humedad del 8.73% y proteína del 65.1%.
Es así como, observa el despacho que conforme al análisis integral efectuado el
gluten de maíz importado definitivamente corresponde al subproducto “GLUTEN
MEAL” y no a “GLUTEN FEED O FORRAJERO” conforme se describe en la
declaración de importación mencionada, máxime que así lo establece el
documento de transporte, el certificado de origen y el certificado de calidad,
donde es claro que el porcentaje de proteína es del 65.1%, es decir, con un
porcentaje de proteína alrededor del 60% y un porcentaje de humedad de 8.73
% es un porcentaje de proteína alrededor del 60% y un porcentaje de humedad
de 8.73 %, es decir, entre un 7 y 13%, por ende y en cumplimiento de la
Resolución Número 04131 del 25 de mayo de 2005 y la Resolución
Número 04951 del 17 de junio die 2005 publicadas en el Diario Oficial
No. 45952 del 27 de junio de 2005 y Diario oficial No. 45974 del 19 de
julio de 2005 expedidas por el Jefe de la División de Arancel de la
Subdirección Técnica Aduanera, la clasificación’ arancelaria de la
mercancía en cuestión es la subpartida 2303.10.00.00
(…)
Teniendo en cuenta la anterior información y de conformidad con las Reglas
Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, este Despacho concluye
que la subpartida arancelaria para la mercancía amparada en las declaraciones
de importación Nos. 07925280112658 y 07925280117745 del 4 y-21 de octubre
de 2008, respectivamente, (Gluten de Maíz) es la subpartida arancelaria
2303.10.00.00 (Folio 50 y 51).
(…)
De ésta forma tenemos que el texto de la subpartida que describe
específicamente la mercancía en estudio es la que se transcribe a continuación:
“2303.10.00.00- Residuos de la industria del almidón y residuos similares”
Subpartida frente a la cual el Arancel de Aduanas establece unos tributos a
pagar del 15% de arancel y 16% de IVA, valores estos diferentes a los
cancelados con las declaraciones de importación con autoadhesivos Nos.
07925280112658 y 07925280117745 del 4 y 21 de octubre de 2008,
respectivamente, (folios 51 y 52) como consecuencia de la incorrecta
clasificación realizada”. (Negrillas de la Sala).
6.4.2. En este orden, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá expidió la Liquidación Oficial de
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30
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
Corrección 1-03-241-201-639-1-1860 del 28 de noviembre de 201141, en
la que señaló que, aunque en la declaración de importación la mercancía
era identificada como gluten de maíz forrajero, “GLUTEN FEED”, producto
muy usado como forraje para alimentos de vacas lecheras y ganado
vacuno, y que se comercializa con un porcentaje de proteína de alrededor
del 20%, lo cierto era que los documentos soporte de la declaración, esto
es, la factura, el certificado de origen y el certificado de calidad,
identificaban la mercancía como “GLUTEN MEAL”, producto que
corresponde a un residuo de la industria del almidón42 y que, de acuerdo
con las Resoluciones de clasificación arancelaria 04131 y 04951 de 2005,
estaba clasificado en la subpartida 23.03.10.00.00 del Arancel de
Aduanas, con un gravamen arancelario del 15% e IVA del 16%, y no en
la 23.09.90.90.00, que tiene un gravamen del 0%.
En consecuencia, en los términos del artículo 513 del Decreto 2685 de
1999, formuló liquidación oficial de corrección a la Declaración de
Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de
octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con
autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008, por
valor de $114.645.000, por concepto del arancel, el IVA y la sanción del
10% de que trata el numeral 2.2 del artículo 482 ibidem.
6.4.3. Ahora, resultando claro que los actos demandados se
fundamentaron en la clasificación arancelaria adoptada en las
Resoluciones 04131 y 04951 de 2005, es pertinente tener en cuenta que,
como lo manifestó la parte actora, el segundo de dichos actos fue
41
Páginas 49 a 67 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI- archivo denominado ED_C01_01
OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48
42
El acto manifestó que: “De esta manera podemos observar que de forma extraña tanto el importador como
la agencia de aduanas ‘cambiaron’ la denominación de la mercancía o la naturaleza de este producto, habida
cuenta que de los primeros documentos soporte expedidos en el exterior, se desprende que la mercancía que
fue objeto de negociación consistente en un ‘gluten meal’, sin embargo, al tramitar la documentación en
Colombia se consignó otro producto diferente como lo es el ‘gluten de maíz forrajero’, hecho que tiene una
especial relevancia dentro de la presente investigación y que ocasionó que se formulara la liquidación oficial
de corrección objeto de la presente discusión”.
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31
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
declarado nulo por la Sección Cuarta de esta corporación, mediante
sentencia del 25 de junio de 201243, la cual expuso lo siguiente:
“La nueva clasificación arancelaria que efectuó la DIAN del producto “Corn
Gluten Meal” en la subpartida 23.03.10.00.00 implica que pertenece a la partida
arancelaria 23.0344, como residuo de la industria del almidón y residuos
similares (10.00.00).
(…)
Cabe anotar, que al comparar la resolución revocada y la que la revocó se
advierte que para clasificar la mercancía en dos subpartidas arancelarias
distintas, la demandada tuvo en cuenta motivos idénticos, esto es, la
información suministrada por la actora, con base en la cual “la mercancía
corresponde a un concentrado de proteína altamente digestible para todas las
especies animales en forma de sólido de color amarillo, con olor característico a
cereal, densidad 0.5-0.6g/ml, insoluble en agua y con una granulometría tal que
el 80% pasa a través (sic) un tamiz de malla 20”.
Así, de acuerdo con los considerandos del acto demandado, la única nueva
“razón” que tuvo la DIAN para revocar la Resolución 3041 de 2005 y reclasificar
el “Corn Gluten Meal” en la subpartida 23.03.10.00.00 del Arancel de Aduanas,
fue la “nueva información consultada” por ésta.
No obstante, al revisar los antecedentes administrativos del acto acusado no
existe prueba de cuál fue la nueva información consultada por la DIAN, ni, por
ende, puede determinarse qué valor probatorio debía dársele.
Tampoco se advierte cómo esa “nueva información” que la DIAN dijo consultar,
condujo a que la misma mercancía, que se insiste, según las Resoluciones 3041
y 4951 de 2005, corresponde a un concentrado de proteína altamente digestible
para los animales, con el mismo análisis nutricional, dejara de ser “un producto
obtenido en el fraccionamiento del grano de maíz por vía húmeda” y se
convirtiera en un “subproducto en el proceso de obtención de almidón de maíz
por vía húmeda”.
Así las cosas, no existe prueba de la nueva información que, según el acto
acusado, consultó la DIAN para reclasificar arancelariamente el producto “Corn
Gluten Meal”.
(…)
Tampoco resulta claro qué es la “literatura técnica” para efectos de la
clasificación arancelaria de una mercancía y cuál sería el valor probatorio de
ésta.
Todo lo anterior corrobora que el acto demandado está viciado de nulidad
porque fue falsamente motivado. En efecto, según la Resolución 4951 de 2005,
la reclasificación de la partida arancelaria obedeció a la información que había
suministrado la actora -cuando se expidió la Resolución 3041 de 2005-, que no
podía dar lugar al cambio de la subpartida arancelaria de la mercancía, pues,
llevaba a concluir que el producto “Corn Gluten Meal” es un concentrado de
43
Radicación: 11001-03-27-000-2009-00027-00 (17742), consejera ponente: Martha Teresa Briceño de
Valencia.
44
Cita original: “Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña
de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería,
incluso en ‘pellets’”.
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32
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
proteína altamente digerible para todas las especies animales, que se obtiene
por el fraccionamiento del grano de maíz por vía húmeda.
(…)
Correlativamente, al reclasificar la mercancía sin que existiera una información
clara y fidedigna que permitiera la modificación de la subpartida arancelaria, el
acto también incurrió en falsa motivación dado que “la Administración omitió
tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido
considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.” En
este caso, está demostrado que, según la información existente en el proceso,
esto es, la suministrada por la actora, el producto “Corn Gluten Meal” no podía
ser reclasificado arancelariamente como lo hizo la demandada (…)”. (Subrayas
de la Sala).
6.4.4. Asimismo, se advierte que, como lo manifestó la demandante en
los alegatos de conclusión de segunda instancia, la Resolución 04131 de
2005 fue anulada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
decisión del 26 de julio de 201745, de acuerdo con los siguientes
argumentos:
“Todo lo anterior corrobora que el acto demandado está viciado de nulidad por
falta o ausencia de motivación. En efecto, en la Resolución 4131 de 2005 no
aparece una justificación válida de la reclasificación de la partida arancelaria del
producto “gluten de maíz”, pues si bien la DIAN manifiesta que obedeció a la
información que había suministrado la solicitante, no argumentó ni fundamentó
los hechos relevantes y las razones por las que influye de forma determinante
el porcentaje de los componentes de la mercancía que podían dar lugar al
cambio de la subpartida arancelaria, pues, en ambas resoluciones se concluye
que el “gluten de maíz” es un producto que se utiliza para la fabricación o
elaboración de alimentos para animales.
Sobre el particular, reitera la Sala que existe falta o ausencia de motivación del
acto demandado cuando la Administración prescinde de la motivación e impide
que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho
de defensa y contradicción. En este caso, la DIAN no explicó las razones y los
motivos determinantes de la reclasificación arancelaria de acuerdo con la
información suministrada por la solicitante ni tampoco está probado en el
proceso el estudio técnico que presuntamente la DIAN analizó”. (Subrayas de la
Sala).
6.4.5. Es claro, pues, que los actos administrativos que dieron sustento a
las resoluciones que aquí se controvierten fueron anulados por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sobre el particular, en la
sentencia T-121 de 201646, la Corte Constitucional sostuvo que:
45
Radicación: 11001-03-27-000-2016-00006-00 (22326), consejero ponente: Milton Chaves García.
46
Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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33
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
“[…] los fallos de nulidad proferidos por el Consejo de Estado tienen efectos ex
tunc, es decir, retrotraen la situación a cómo se encontraba antes de haberse
proferido el acto anulado, sin afectar las situaciones jurídicas que se
consolidaron, las cuales, conforme la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo, son aquellas que han quedado en firme, o han sido objeto de
pronunciamiento judicial, es decir, que han hecho tránsito a cosa juzgada, por
tanto, no son susceptibles de debatirse ni jurídica ni administrativamente.
Frente a situaciones jurídicas consolidadas (...). (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, las sentencias por medio de las cuales el
Consejo de Estado declara la nulidad de actos administrativos tienen
efectos ex tunc —‘desde entonces’ o ‘desde el inicio’—, lo que quiere decir
que retrotraen las cosas al estado en que se encontraban antes del
momento en el que fueron expedidos, aunque no afectan las situaciones
jurídicas consolidadas, es decir, las que no hubieren sido oportunamente
controvertidas ante la respectiva autoridad administrativa o ante la
jurisdicción, o ya han sido decididas en esas instancias.
6.4.6. En este orden, la Sala estima pertinente precisar que, cuando se
anula a través de sentencia un acto administrativo que a su vez es
fundamento de otro acto de carácter particular, este último decae, en
tanto desaparecen los fundamentos de derecho en los cuales se
sustentaba. Bajo ese entendido, si en el momento en que se dicta la
sentencia de nulidad, el acto administrativo particular no se ha ejecutado,
no será posible ejecutarlo; pero si ya fue ejecutado, deberá analizarse si
se trata de una situación jurídica consolidada, es decir, si fue
controvertida oportunamente y con el cumplimiento de los requisitos
legales ante la administración y, de ser necesario, ante la jurisdicción.
6.4.7. Ahora bien, en atención a la declaratoria de nulidad de la
Resolución 04951 de 2005, esta Sección, en la sentencia del 15 de
diciembre de 201747, resolvió una demanda en la que ITALCOL también
atacaba actos por medio de los cuales la DIAN había efectuado liquidación
oficial de corrección a una declaración de importación del producto gluten
de maíz forrajero, en la que se había empleado la subpartida
47
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00378-01, consejera ponente: María Elizabeth García
González.
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
23.09.90.90.00, para ajustarlo a la subpartida 23.03.10.00.00. En esa
oportunidad la Sección advirtió que, por haber desaparecido los
fundamentos jurídicos del acto acusado, se entendía que la demandante
había clasificado correctamente el producto y, por tanto, lo anuló y
declaró la firmeza de la declaración:
“Los actos administrativos objeto de demanda tuvieron como fundamento
principal el análisis técnico del producto importado, señalando que corresponde
al subproducto “GLUTEN MEAL” y no a “GLUTEN FOOD O FORRAJERO” como
se describe en las declaraciones de importación, porque así lo establecen la
factura comercial, el registro de importación, las declaraciones de importación,
el documento de transporte, el certificado de origen y el certificado de calidad,
según los cuales es claro que el porcentaje de proteína es de 61.88%, es decir,
un porcentaje de proteína alrededor del 61% y un porcentaje de humedad de
9.37% (entre un 7% y un 13%), por lo cual la Autoridad Aduanera dedujo que
se trataba de un producto derivado de la industria del almidón.
Observa la Sala que el producto GLUTEN MEAL derivado del maíz, que según la
DIAN fue el que se importó mediante las declaraciones de importación
cuestionadas, había sido clasificado mediante la Resolución nro. 3041 de 27
de abril de 2005 (folio 88 del cuaderno principal) en la subpartida
2309.90.90.00 que fue la que la actora consignó en sus Declaraciones y
así lo establecieron las resoluciones nros. 11843 de 5 de diciembre de 2002,
(folio 84 idem) y otras de 2002 que se expidieron a solicitud suya.
Al respecto, afirma la DIAN que la Resolución nro. 3041 de 2005 fue
modificada por la nro. 4951 de 17 de junio de 2005, que para el producto
“GLUTEN MEAL” señaló la subpartida arancelaria 2303.10.00.00. Sin embargo,
como lo alega la actora, la Resolución nro. 4951 de 17 de junio de 2005
fue declarada nula por la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante
sentencia de 25 de junio de 2012 (Expediente nro. 2009-00027-00 [17742],
Consejera ponente: doctora Martha Teresa Briceño de Valencia), porque la
nueva subpartida que fijó la DIAN para el GLUTEN MEAL derivado del maíz, fue
falsamente motivada, ya que las razones que tuvo la DIAN para cambiar la
subpartida arancelaria del CORN GLUTEN MEAL, fueron soportadas en las
mismas características que tenía conforme a la clasificación anterior, como lo
ilustra la Sala, en el siguiente cuadro:
CORN GLUTEN MEAL CORN GLUTEN MEAL
RESOLUCIÓN nro. 3041 DE 2005 RESOLUCIÓN nro. 4951 DE 2005
“Preparación utilizada para la “Residuo de la industria de almidón y
alimentación de los animales, no residuos similares”
expresada en otra parte.
SUBPARTIDA: 2303.10.00.00
SUBPARTIDA: 23.09.90.90.00
CONSIDERACIONES: CONSIDERACIONES:
“Que con la información suministrada “Que revisada la información
se establece que la mercancía suministrada y con base en nueva
corresponde a un concentrado de información consultada, se establece
proteina altamente digestible (sic) para que la mercancía corresponde a un
todas las especies animales, en forma de concentrado de proteina (sic) altamente
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35
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
sólido de color amarillo, con olor digestible para todas las especies
característico a cereal, densidad 0.5- animales, en forma de sólido color
0.6f/ml, insoluble en agua y con una amarillo, con olor característico a
granulometría tal que el 80% pasa a cereal, densidad 0.5-0.6g/ml, insoluble
través (sic) un tamiz de malla 20”. en agua y con una granulometría tal
que el 80% pasa a través (sic) un tamiz
de malla 20”.
Este producto es obtenido por el
fraccionamiento del grano de maíz Se obtiene como subproducto en el
por vía húmeda y responde al siguiente proceso de obtención de almidón de
análisis nutricional: humedad 7 a 13%, maíz por vía húmeda y responde al
grasa cruda 5% máx, fibra cruda 2% siguiente análisis nutricional: humedad
máx, cenizas 3% máx, proteína 59% 7 a 13%, grasa cruda 5% máx, fibra
mín, almidón 20% máx, nutrientes cruda 2% máx, cenizas 3% máx,
digestibles totales 89% mín. Se utiliza en proteína 59% mín, almidón 20% máx,
la preparación de alimentos para nutrientes digestibles totales 89% mín.
animales y se presenta en sacos de 50 kg Se utiliza en la preparación de
y a granel” (Resaltó la Sala en su alimentos para animales y se presenta
sentencia) en sacos de 50 kg y a granel” (Resaltó
la Sala en su sentencia)
De lo anterior, concluyó la citada sentencia de 25 de junio de 2012 que:
(…)
Se tiene pues que, de conformidad con las consideraciones anotadas en la
sentencia transcrita, al producto con las características mencionadas por la
DIAN -CORN GLUTEN MEAL-, como subproducto utilizado en la alimentación
animal, le correspondía la subpartida 2309.90.90.00. De ahí que las
declaraciones de importación fueron clasificadas correctamente por la sociedad
importadora”. (Resaltados del texto original).
6.4.8. De igual manera, en sentencia de 5 de abril de 201848, la Sección
Cuarta de esta corporación resolvió otra demanda análoga interpuesta
por ITALCOL, y declaró la nulidad de los actos demandados con
fundamento en los siguientes motivos:
“Teniendo en cuenta que las Resoluciones 4131 del 25 de mayo y 04951 del 17
de junio, ambas de 2005, fundamento de los actos demandados, fueron
anuladas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por falta o
ausencia de motivación, se hace necesario hacer las siguientes precisiones:
Como lo ha precisado la Sala, los efectos de los fallos de nulidad de los actos de
carácter general son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de debatirse
ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y
concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta
inaplicable porque fue anulada.
Es de anotar que los efectos de las sentencias de nulidad de esta Sección, de
fechas 25 de junio de 2012, [expediente 17742] y 26 de julio de 2017
[Expediente 22326], son aplicables al caso concreto, pues no existe situación
jurídica consolidada. Ello, porque las resoluciones acusadas son objeto del
presente debate judicial.
48
Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicación: 08001-23-33-000-2013-00367-01(21715), consejero
ponente: Milton Chaves García.
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
En esas condiciones, es claro que desapareció el fundamento jurídico de los
actos demandados en relación con la corrección de la clasificación arancelaria
del producto Gluten de Maíz en la declaración de importación con autoadhesivo
23873012435514 de 15 de diciembre de 2008, presentada por el declarante
autorizado ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAGRARIO S.A. a nombre
del importador ITACOL.
En consecuencia, procede la declaratoria de nulidad de los actos cuestionados,
toda vez que los efectos de la nulidad de las Resoluciones 4131 del 25 de mayo
y 04951 del 17 de junio de 2005, se extienden a los actos particulares que se
expidieron con ocasión de los actos de carácter general”. (Subrayas de la Sala).
6.4.9. En igual sentido, en sentencia del 17 de junio de 202249, esta
Sección resolvió una demanda en la que la sociedad Contegral S.A.
formulaba un debate análogo al sub lite, esto es, atacaba la liquidación
oficial de corrección emitida frente a una declaración importación del
gluten de maíz, y al respecto, realizó las siguientes consideraciones:
“En tratándose de estos particulares asuntos aduaneros que giran en torno al
debate de legalidad de actos mediante los cuales se profiere Liquidación Oficial
de Corrección de declaraciones de importación de ‘gluten de maíz’ o ‘corn gluten
meal (CGM)’, la Sección Cuarta ha considerado, en repetidas ocasiones, que los
efectos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general son inmediatos
frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se
debaten o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se
define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en
cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada.
(…)
La Sala, en consonancia con lo anterior, pone de relieve que los efectos de las
referidas sentencias de nulidad de la Sección Cuarta, de fechas 25 de junio de
2012 y 26 de julio de 2017, son aplicables al caso concreto habida cuenta que
no existe una situación jurídica consolidada a favor de la DIAN, esto es, que las
resoluciones acusadas, en lo que se refieren al producto ‘gluten de maíz’ o ‘corn
gluten meal (CGM)’, aun son objeto del presente debate judicial.
Surge incontrovertible la desaparición del fundamento jurídico de los actos
demandados en relación con la corrección de la clasificación arancelaria en la
declaración de importación identificada con autoadhesivo núm.
01204100956745 de 22 de mayo de 2009, que a su vez corrigió la declaración
de importación con formulario núm. 062008100158287 de 26 de junio de 2008
con la que se introdujo ‘gluten de maíz’ o ‘corn gluten meal (CGM)’, y a la que
le corresponde la clasificación dispuesta en las resoluciones núms. 9005 de 2002
y 03041 de 2005, con subpartida arancelaria núm. 23.09.90.90.00 del Arancel
de Aduanas”. (Subrayas fuera de texto).
49
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación: 05001-23-31-000-2011-01899-01, consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
6.4.10. En sentencia más reciente del 12 de septiembre de 202450, esta
Sección resolvió una demanda, la cual contaba con las mismas partes y
donde se formulaba un debate idéntico al sub lite, esto es, atacaba la
liquidación oficial de corrección emitida frente a una declaración
importación del gluten de maíz, y al respecto, realizó las siguientes
consideraciones, las cuales serán prohijadas, así:
“6.4.11. A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que la
nulidad de las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 produce efectos respecto de
este caso concreto, teniendo en cuenta que la liquidación oficial de corrección
practicada por la DIAN respecto de la Declaración de Importación con
autoadhesivo 23800012738243 del 5 de diciembre de 2008, contenida en
Resolución 1-03-241-201-639-1-0422 del 17 de febrero de 2012, fue discutida
por ITALCOL en sede administrativa mediante el recurso de reconsideración, que
fue desatado a través de la Resolución 1-00-223-10088 del 31 de mayo de 2012;
y en sede judicial, a través de la demanda que aquí se resuelve, la cual fue
oportuna y debidamente presentada.
Como lo sostuvo esta corporación en pronunciamientos ya citados, los efectos de
la sentencia de nulidad son inmediatos frente a situaciones no consolidadas, lo
que conlleva a que, al momento de dictarse la sentencia que decide el asunto
particular, “la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta
inaplicable porque fue anulada”51.
En tal sentido, al haber sino anulados por falsa motivación y falta de motivación
los actos administrativos que clasificaron el producto gluten de maíz o corn gluten
meal en la subpartida 23.03.10.00.00, la Sala concluye que las resoluciones aquí
demandadas resultan ser también nulas por las mismas causales, comoquiera
que se basaron en aquellos para practicar la liquidación oficial de corrección
demandada, reemplazando la subpartida 23.09.90.90.00, que había sido utilizada
por la importadora ITALCOL. Dicho de otro modo, los actos demandados son nulos
porque no había lugar a practicar la liquidación oficial de corrección en la que se
aplicara una subpartida que, a su vez, carecía de sustento.
6.4.12. Finalmente, conviene precisar que, contra lo alegado por la DIAN en el
escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia, los efectos de las
sentencias de nulidad del 25 de junio de 2012 y del 26 de julio de 2017 no se
encontraban condicionados a que éstas determinaran cuál era la subpartida
arancelaria aplicable al producto, comoquiera que tales decisiones se dictaron en
asuntos de simple nulidad, es decir, de manera impersonal y abstracta, por lo
que sólo les correspondía definir si los actos administrativos acusados cumplían
o no con los presupuestos de validez.
En todo caso, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia, la consecuencia
de la nulidad de las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 resulta ser que la
subpartida arancelaria aplicable al gluten de maíz o corn gluten meal para la
Declaración de Importación con autoadhesivo 23800012738243 del 5 de
diciembre de 2008 es la que estaba vigente antes de la expedición de dichos
50
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación: 08001233300020130008901, consejero ponente: Oswaldo
Giraldo López.
51
Cita de cita: Así se manifestó esta Sección en las sentencias del 24 de mayo de 2019 y del 17 de junio de
2022, y la Sección Cuarta en la sentencia del 5 de abril de 2018, ya citadas.
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
actos, esto es, la subpartida 23.09.90.90.00, fijada por la DIAN para ITALCOL en
la Resolución 8998 de 2002.
6.4.11. En ese orden, resulta claro que en los distintos pronunciamientos
emitidos por esta corporación que resolvieron asuntos semejantes al
presente, se estableció que las decisiones adoptadas por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado el 25 de junio de 2012 y el 26 de julio de
2017, mediante las cuales se anularon las Resoluciones 04951 y 04131
de 2005, impactaron de manera decisiva la legalidad de las liquidaciones
oficiales de corrección aquí demandadas, correspondientes a la
Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm.
07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de
Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04
de octubre de 2008, teniendo en cuenta que fueron discutidas por la
actora en sede administrativa mediante el recurso de reconsideración y
en sede judicial, a través de la demanda que aquí se resuelve, la cual fue
oportuna y debidamente presentada.
Ahora bien, tal como lo ha señalado esta Corporación en las decisiones
citadas previamente, los efectos de una sentencia que declara la nulidad
se aplican de forma inmediata cuando se trata de situaciones jurídicas
que aún no se han consolidado o finalizado. Esto significa que, cuando se
profiere una sentencia para resolver un caso específico, debe tenerse en
cuenta que “la disposición que originalmente era aplicable al caso deja de
surtir efectos porque ha sido anulada por una decisión judicial”. Por lo
tanto, al haber sido anuladas las resoluciones fundamento de los actos
acusados, estas ya no pueden ser utilizadas como fundamento para
decidir sobre situaciones que están en trámite o que aún no han quedado
plenamente definidas al momento de dictarse la sentencia.
En otras palabras, dado que se anularon los actos administrativos que
clasificaron el producto gluten de maíz o corn gluten meal en la
subpartida 23.03.10.00.00, debido a que fueron considerados como
decisiones con falsa motivación o falta de motivación, la Sala determina
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
que las resoluciones que ahora se demandan también deben ser
declaradas nulas por las mismas razones. Esto se debe a que estas
resoluciones se apoyaron en esos actos anulados para llevar a cabo la
liquidación oficial de corrección reclamada, sustituyendo la subpartida
23.09.90.90.00, que originalmente fue utilizada por la demandante.
6.4.12. Por último es necesario señalar que, conforme a lo expuesto
supra, la anulación de las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 –
fundamento de los actos acusados - tiene como efecto principal que la
subpartida arancelaria que debe utilizarse para el gluten de maíz o corn
gluten meal en la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo
núm. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de
Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04
de octubre de 2008 es la que estaba en vigor antes de que se dictaran
dichos actos. Es decir, se debe aplicar la subpartida 23.09.90.90.00, la
cual fue establecida por la DIAN para ITALCOL en la Resolución 8998 de
2002.
6.4.13. Finalmente, es pertinente precisar que, ante la prosperidad del
cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar
los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta
Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de
febrero de 201652.
6.4.14. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada, que
denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la
nulidad de los actos administrativos demandados y la firmeza de la
declaración de importación objeto de debate.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de
2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. En dicha providencia
se dijo: “Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070
de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que
consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten
desconocidos sus derechos”.
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40
Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
6.5. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 4 del artículo 365 del CGP, “Cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias (…)”
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, el recurso fue resuelto de manera favorable a quien lo
propuso y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos
procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra
parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte la intervención de la demandante en (i) primera instancia con la
presentación de la demanda, alegatos de conclusión y presentación del
recurso de apelación y en (ii) segunda instancia con la radicación del
memorial de alegatos de conclusión por parte de su apoderado.
Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del
artículo 366 del CGP53, se condenará en costas a la DIAN, por concepto
de agencias en derecho, así: (i) en primera instancia al pago de la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y, (ii) en
segunda instancia al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el
53
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
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41
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Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de
2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de julio de 2014, dictada por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad. En su lugar,
DECLARAR la nulidad de la Resolución 1-03-241-201-639-1-1860 del 28
de noviembre de 2011 y la Resolución 11-00-223-10038 del 29 de marzo
de 2012 expedidas por la DIAN.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de
restablecimiento del derecho, DECLARAR en firme la Declaración de
Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de
octubre de 2008 y la Declaración de Importación Anticipada con
autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008, cuyo
importador es Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Italcol S.C.A. Si, como
consecuencia de los actos que se anulan, el demandante hubiere realizado
algún pago, se ordena a la demandada su devolución, debidamente
indexada desde la fecha en que el demandante realizó el pago y hasta el
momento en que quede ejecutoriada esta sentencia. Una vez
ejecutoriada, se reconocerán los intereses de ley, de conformidad con lo
establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA.
54
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
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Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01
Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
TERCERO: CONDENAR en costas a la DIAN, por concepto de agencias
en derecho, así: (i) en primera instancia al pago de la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, y (ii) en segunda instancia
al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor de Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclaración de voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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