Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: GELACIO SANTACRUZ MORA
TESIS: SE REVOCA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA QUE DENEGÓ LAS
SÚPLICAS DE LA DEMANDA. SE ESTABLECIÓ QUE EL ACTO GENERAL
FUNDAMENTO DE LOS ACTOS CUESTIONADOS SE DECLARÓ NULO POR
ESTA JURISDICCIÓN. EFECTOS DE LA DECLARATORIA EN LAS
SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el señor GELACIO SANTACRUZ MORA contra la sentencia de 9
de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que denegó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El actor, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
2
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
1ª: La nulidad del acto administrativo contenido en el fallo de
11 de noviembre de 1998, emitido por el Comandante del
Batallón de Fusileros de Infantería Marina nro. 2 de la
Armada Nacional, con sede en la ciudad de Tumaco
(Nariño), por medio del cual se condenó al demandante y a
otros dos militares a pagar la suma de $12.076.000.oo por el
daño ocasionado al vehículo Camión Ford 600 asignado al
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina nro. 2.
2ª: La nulidad del acto administrativo contenido en el fallo de
segunda instancia de 29 de abril de 1999, proferido por el
Comandante de la Segunda Brigada de Infantería
Marina de la Armada Nacional, por medio del cual se
resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación
interpuesto, dejando en firme la decisión anterior.
3ª: A título de restablecimiento del restablecimiento del
derecho, solicitó que en caso de que se le haya descontado
suma alguna de su sueldo en virtud de los actos acusados, se
ordene su devolución debidamente indexada.
1.2. Fundamentos fácticos
La parte actora, en síntesis, fundó su demanda en los siguientes
hechos, que de manera resumida son:
Fue vinculado a la Armada Nacional mediante la Resolución núm.
240 de 21 de julio de 1982, expedida por el comandante de dicha
institución, en el cargo de «adjunto Tercero Chofer» para el
Apostadero Naval ARC de Tumaco (Nariño).
Indicó que luego se desempeñó como mecánico del Batallón de
Fusileros de Infantería núm. 2 con sede en la ciudad de
Tumaco.
3
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
Señaló que el 1o. de abril de 1997 se produjo un incendio en el
Camión Ford 600 de la Armada Nacional adscrito al servicio del
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina núm. 2 de la
ciudad de Tumaco, el cual en el momento del siniestro estaba
siendo conducido por el señor SEGUNDO ARROYO TORRES.
Sostuvo que, en virtud de lo anterior, el comandante del Batallón
de Fusileros de Infantería Marina núm. 2 dio apertura a la
investigación administrativa, con apoyo en una unidad conformada
por un funcionario de instrucción y un fiscal.
Expresó que la referida unidad de investigación procedió a recibirle
la versión de los hechos en su calidad de mecánico del batallón, así
como la del conductor del camión, señor SEGUNDO ARROYO
TORRES y del Sargento Segundo de Infantería de Marina EDWIN
RENTERÍA MENA - jefe de Transportes -.
Afirmó que se designaron a dos peritos para que determinaran el
valor y la causa de los daños ocasionados al automotor. Tales
peritajes fueron claros en sostener que el incendio no se originó
debido a la falla o descuido humano, sino al deterioro y
antigüedad del vehículo.
Manifestó que actuó como perito y que determinó el valor de los
4
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
daños causados por el incendio del automotor.
Afirmó que tanto su actuación como la de los señores SEGUNDO
ARROYO TORRES y EDWIN RENTERÍA MENA se redujo a
presentar su versión sobre los hechos investigados.
Arguyó que durante la investigación no se vinculó a ningún militar
o civil ni se formularon cargos por estos hechos a ninguna persona
y, en consecuencia, no se rindieron descargos ni se controvirtieron
pruebas.
Expresó que, no obstante, lo anterior, el comandante del
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina núm. 2, expidió
acto administrativo de 11 de noviembre de 1998, contentivo del
fallo de primera instancia.
Por su parte, el comandante de la Segunda Brigada de
Infantería Marina, el 29 de abril de 1999, profirió fallo en
segunda instancia, por medio del cual confirmó la decisión apelada,
por la cual se le declaró responsable administrativamente del
incendio, junto con los señores SEGUNDO ARROYO TORRES y
EDWIN RENTERÍA MENA.
Como consecuencia de la anterior declaración, fue condenado a
5
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
pagar los daños causados por el incendio y para ello se tomó como
real y verdadero el concepto más oneroso rendido en el “seudo-
proceso”, equivalente a $12.176.000 1 , suma que supera el precio
del citado vehículo.
1.3. Fundamentos de derecho
En apoyo de sus pretensiones, el actor estimó como vulnerados los
artículos 2°, 3°, 29 y 58 de la Constitución Política; y 2°, 3°, 5°, 6°,
17 y 28 del Código Contencioso Administrativo 2. En síntesis, adujo:
Que el debido proceso y el derecho de defensa son garantías
fundamentales en la organización del Estado; y que el concepto del
debido proceso se originó inicialmente en el procedimiento
jurisdiccional, pero se extendió a las actuaciones administrativas y
disciplinarias, y devela que la validez y legitimidad del trámite que
se adelante depende del cumplimiento estricto de las normas que
regulan el caso de manera especial y de la notificación al interesado
o afectado para que haga valer sus derechos en la debida
oportunidad.
Manifestó que el artículo 29 de la Carta Política prevé que nadie
puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio,
1
Indicó que esta suma se ordenó descontar de la asignación de retiro de los responsables, para lo
cual se libró el oficio correspondiente a la Dirección de Personal de la Armada Nacional, el que fue
comunicado mediante Oficio núm. 0907 de 21 de junio de 1999, sin precisar el monto
correspondiente.
2
En adelante CCA.
6
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
es decir, que le otorga al particular la oportunidad de intervenir en
el pleito con la posibilidad de controvertir las pruebas e impugnar la
decisión. Igualmente, el artículo 2º ibidem establece como
obligación del Estado la de “facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan”.
Alegó que el artículo 29 ibídem determina que el sometimiento de
una persona a juicio y a la imposición de una sanción debe reunir
cabalmente los siguientes requisitos: i) ejecución material de un
acto típico, esto es, previsto en la ley como infracción; ii) ley pre-
existente que haya consagrado su tipicidad y la sanción
correspondiente; iii) funcionario competente; y iv) observancia de
las formalidades propias del juicio.
Precisó que en la actuación administrativa acusada no fue citado
como inculpado, por lo que no pudo ejercer la defensa de sus
derechos e intereses.
Argumentó que las decisiones que cuestiona no corresponden a la
realidad, pues ni la conducta por él desplegada ni las funciones que
desarrolló en cumplimiento de su cargo de mecánico fueron la única
causa en la provocación del incendio del camión.
Explicó que es innegable que influyeron factores externos y ajenos
7
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
distintos a su voluntad, pues en el momento del incendió no se
encontraba presente en el sitio de los acontecimientos,
circunstancia que evidencia que no le era viable imputarle esta
responsabilidad.
Precisó que los actos administrativos demandados atentan contra el
debido proceso, por cuanto la Armada Nacional, en este caso el
Batallón de Fusileros de Infantería Marina y la Segunda
Brigada de Infantería de Marina son incompetentes para
imponer condenas y resarcir eventuales daños que puedan
ocasionar sus funcionarios o servidores, como tampoco puede la
Armada Nacional a través de los citados organismos convertirse
en juez y parte al obligar a sus subalternos a indemnizar perjuicios
que eventualmente le hubieran infligido.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La demanda se admitió por auto de 7 de septiembre de 1999, el
cual ordenó las notificaciones al Ministerio de Defensa Nacional y al
comandante de la Armada Nacional y al agente del Ministerio
Público. Mediante providencia de 27 de enero de 2000, se abrió el
proceso a pruebas 3.
3
Folio 80 C. 1 Principal
8
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
2.1. Contestación de la demanda
La Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, por conducto
de apoderada, contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones de
la demanda, bajo los siguientes razonamientos:
Que tal como lo demuestran las providencias proferidas en primera
y segunda instancia dentro de la investigación administrativa
adelantada por el incendio del citado automotor, no es cierto que al
actor no se le hubiese citado como inculpado en la referida
actuación.
Precisó que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA actuó como
vinculado en el procedimiento que cuestiona, pues obra constancia
de la exposición de sus descargos, de la notificación personal de las
providencias demandadas y de la interposición del recurso de
apelación, del que hizo uso por conducto de apoderado, el cual se
tramitó y resolvió.
Explicó que no es admisible la argumentación según la cual en el
sub-lite se transgredieron los artículos 2°, 3°, 29 y 58 de la
Constitución Política, puesto que estas normas prevén principios
generales que no pueden ser objeto de violación directa sino a
través de las normas legales que les dan concreción y desarrollo.
9
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
Agregó que, al respecto, el Consejo de Estado ha expresado que:
«[…] las normas constitucionales que consagran principios generales no
pueden ser violadas sino mediante el desconocimiento de disposiciones
legales a través de las cuales se les da concreción y desarrollo. Los
artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 121, 209 y 217 de la Carta Política que se
invocan como violados en el escrito demandatorio, contienen principios
generales […]»4.
Alegó que el planteamiento de violación contra el artículo 3º de la
Constitución Política que prevé la «[…] Soberanía Popular […]» y el
artículo 58 ibidem, relativo al derecho de «[…] la propiedad privada
[…]», es impreciso y no tiene desarrollo.
Señaló que el actor olvidó que los Tribunales Administrativos no son
superiores jerárquicos de los falladores que intervienen en los
procesos disciplinarios o administrativos que se adelantan por parte
del Ejercito Nacional o la Armada Nacional en contra de sus
miembros para sancionarlos por la comisión de faltas de esta
naturaleza.
Explicó que el proceso administrativo tiene como objeto el examen
de legalidad del informativo disciplinario o administrativo
adelantado, sin entrar a hacer una valoración del acervo probatorio
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de
octubre de 1990, C.P. doctor JOAQUIN BARRETO RUIZ (no se indicó núm. de radicación).
10
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
recaudado por los funcionarios competentes para tomar decisiones,
al momento de emitir sus providencias.
Indicó que la afirmación contra el oficio librado, como consecuencia
del fallo condenatorio, no tiene el defecto que alegó el actor por
cuanto cada uno de los sancionados debe pagar una tercera parte
del total de la sanción que se fijó.
Aseveró que el demandante olvidó que el artículo 31 del Decreto
791 de 5 de abril de 19795, norma aplicable para el adelantamiento
de los procedimientos administrativos 6, preceptúa lo siguiente:
“[…] Artículo 31 DESCUENTOS.
a) Generalidades:
1) Los descuentos a que haya lugar por
responsabilidad administrativa deben hacerse por
cuotas mensuales sin que éstas sobrepasen una
quinta parte del sueldo básico mensual.
B) Procedimientos:
1) Una vez notificado el fallo de segunda instancia y si
éste da lugar a descuento, la oficina de personal de
la respectiva Fuerza, Unidad u Organismo
descentralizado adelantará el trámite para su
ejecución así:
-Publicación del fallo de segunda instancia en la
Orden Administrativa de Personal o de los Servicios.
-Elaboración y envío de la solicitud de descuento a la
División de Sistematización de Datos del Ministerio
de Defensa para su ejecución, anexándole copia del
fallo de la segunda instancia.»
5
«Por el cual se aprueba el Reglamento de Procesos Administrativos por pérdidas o daños de los
bienes destinados al servicio del Ramo de Defensa Nacional»
6
Folios 49 a 52 del expediente.
11
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
2.2. Alegatos de conclusión
La parte demandante guardó silencio.
La entidad accionada reiteró los argumentos de defensa
expuestos en la contestación.
III. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 9 de
marzo de 2001, denegó las súplicas de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Explicó que el Juzgador confronta la decisión de la administración
con las normas superiores que el demandante señaló como
infringidas, circunscribiéndose al concepto de violación que se
desarrolló en la demanda, por cuanto tal como lo ha expresado la
Sala Plena del Consejo de Estado, las normas violadas y su
concepto de violación constituyen un aspecto sustancial de la
controversia.
Manifestó que al prever que las normas constitucionales -principios
generales del derecho- no pueden ser objeto de violación directa
por los actos administrativos que se expidan, sino a través de las
12
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
leyes que le dan concreción o desarrollo, excepcionalmente, serían
materia de análisis en la confrontación correspondiente.
En ese orden, explicó que en el caso sub lite, para el juzgamiento
que ha de efectuarse, ninguna utilidad prestan los artículos 2°, 3° y
58 de la Carta Política en vista de que establecen principios
generales referidos a materias no relacionadas directamente con la
controversia planteada y, por ello, tendría en cuenta únicamente el
artículo 29 de ibidem y el concepto de violación concerniente.
Expresó que, frente a las disposiciones de carácter legal citadas por
el actor, se observa que integran la normativa reguladora del
procedimiento ordinario administrativo previsto en la primera parte
del CCA, las cuales solamente le son aplicables cuando se
presentan vacíos en los procedimientos reguladores por leyes
especiales.
Precisó que los actos acusados se expidieron al culminar un
procedimiento administrativo regulado en el Decreto 791 de 5 de
abril de 1979, expedido por el presidente de la República, los
cuales son de preferente aplicación tanto en su ritualización como
en su definición.
13
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
Agregó que el Decreto citado prevé las diferentes etapas que han
de agotarse para adoptar las determinaciones relativas a pérdidas o
daños de los bienes de propiedad del ramo de la Defensa Nacional o
bienes particulares vinculados a su servicio, es decir, en esta norma
se regula el debido proceso al cual debe sujetarse la administración
por mandato del artículo 29 Superior.
Sostuvo que no es de recibo la falta de competencia alegada por el
actor, por cuanto el mencionado Decreto 791 de 5 de abril de 1979,
al reglamentar el procedimiento en los eventos de pérdidas o daños
de bienes de propiedad del ramo de la Defensa Nacional y de bienes
de particulares que se encuentren al servicio de este, estableció
que la autoridad competente para conocer de este tipo de
controversias se determina por la cuantía de los bienes en cuestión.
Arguyó que el numeral 10° del artículo 1º ibidem, en armonía con
la Resolución núm. 1578 de 15 de octubre de 1993, expedida por el
Ministerio de la Defensa Nacional, preceptúa que para este tipo de
procedimientos administrativos adelantados ante las Unidades
Tácticas del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea,
cuando la cuantía de los daños esté comprendida entre 1 y 123
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en primera instancia,
serían de conocimiento de sus comandantes.
14
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
Precisó que para la fecha de ocurrencia de los hechos el salario
mínimo legal vigente ascendía a la suma de $172.005, por lo que
los comandantes de las Unidades Tácticas mencionadas, como lo es
el Batallón de Fusileros de Infantería Marina núm. 2 de
Tumaco, tenía competencia para conocer de dichos procedimientos
en primera instancia.
Indicó que en el caso sub lite fue el comandante del Batallón citado
quien falló en primera instancia el procedimiento administrativo en
cuestión y, a su inicio, designó al funcionario de instrucción y al
fiscal. De la segunda instancia, conoció el comandante de la
Segunda Brigada de Infantería Marina, ajustándose así la
competencia de las autoridades que adelantaron dicha actuación.
Señaló que, de conformidad con el material probatorio allegado al
expediente, carecen de veracidad las manifestaciones elevadas por
el actor, por cuanto si bien es cierto que en un principio se le
recibió declaración sobre los hechos investigados en calidad de
perito, también lo es que luego fue oído en descargos, diligencias
cuyas actas obran en copias a folios 14 y 43 del cuaderno de
antecedentes.
Adujo que tuvo la oportunidad de defenderse, pues una vez se le
notificó al actor el fallo de primera instancia este le confirió poder a
15
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
un profesional del derecho, para que interpusiera recurso de
apelación contra la providencia mencionada, resuelto en
oportunidad, de manera desfavorable.
Afirmó que al demandante se le brindaron todas las oportunidades
para ejercer el derecho de defensa, para controvertir pruebas y
para impugnar las decisiones proferidas en la actuación
administrativa.
IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado del actor manifestó su inconformidad con el fallo
apelado, por los siguientes razonamientos:
Se opuso a la conclusión de que sí fue vinculado al proceso
administrativo en calidad de inculpado y debido a ello insiste en que
en el curso de la primera instancia no tuvo la oportunidad plena de
ejercer el derecho de defensa.
Precisó que la documentación obrante en el plenario da cuenta de
que simplemente intervino como testigo de los hechos investigados
y como perito avaluador de los daños que sufrió el vehículo tras el
incendio.
16
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
Manifestó que el militar que conoció del proceso en primera
instancia no podía proferir sanción en su contra sin la formulación
previa de un pliego de cargos con todos los requisitos de fondo y de
forma establecidos en la ley que llevara al convencimiento de que
su situación en el proceso había cambiado de manera dramática y
radical, es decir, de testigo y perito, a inculpado, pues no es
entendible que sin esta formulación expresa y clara de cargos, el
militar de conocimiento de la primera instancia entrara a deducir
responsabilidad y a sancionar al testigo/perito y lo que el superior,
en segunda instancia confirmara dicho proceder irregular.
Alegó que una vez formulado el pliego de cargos era indispensable
notificar al inculpado y concederle el término para que rindiera sus
descargos y la oportunidad para pedir o aportar pruebas, lo que
asegura no sucedió.
Indicó que al observar el auto de apertura de investigación de fecha
23 de abril de 1997, se advierte claramente que en su numeral 3 se
ordenó escucharlo en declaración, pero en calidad de tercero
declarante, condición en la que compareció al proceso y
posteriormente no se expidió acto alguno que lo vinculara como
inculpado.
Explicó que si bien a los dictámenes periciales sobre los daños
17
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
sufridos por el camión y el valor de las consiguientes reparaciones
se le dio traslado a los inculpados para efectos de su objeción,
complementación y aclaración, lo cierto es que en el caso sub
examine no fue posible correr dicho traslado, por cuanto, insiste, no
tuvo la condición de inculpado en tal momento.
Señaló que aunque le otorgó poder a un profesional del derecho
para que lo representara en el proceso, ello ocurrió precisamente
después del fallo de primera instancia, cuando las causales de
nulidad ya se habían configurado.
Afirmó que la documentación del procedimiento administrativo que
se censura demuestra que el fallo de primera instancia se emitió el
11 de noviembre de 1998, mientras que el poder se confirió el 1o.
de diciembre de dicha anualidad, por lo que no es dable aceptar
que el hecho de haberse otorgado poder para apelar el fallo de
primera instancia se hayan brindado todas las oportunidades para
ejercer su derecho de defensa.
V. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA
Esta etapa procesal se inició con la concesión del recurso de
apelación, lo que ocurrió el 30 de marzo de 2001 7.
7
Folio 147 del C. 2 expediente físico.
18
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
El reparto de este asunto se realizó ante la Sección Tercera según
sello que así lo acredita8 y por auto de 14 de junio se admitió por el
Despacho al que le correspondió su trámite.
Surtido el traslado para alegar de conclusión, únicamente la parte
actora presentó memorial en tal sentido 9.
El Ministerio Público guardó silencio.
Posteriormente, el Magistrado conductor del proceso en la Sección
Tercera ordenó por auto de 25 de enero de 2011, remitir el proceso
de la referencia por competencia a esta Sección.
Avocado el conocimiento de este asunto, en aplicación del artículo
169 del CCA, dispuso por auto de 17 de julio de 2011, la orden al
Ministerio de Defensa para que remitiera copia de la Resolución
1578 de 1993, necesaria para adoptar la decisión de segunda
instancia, requerimiento que se realizó bajo los apremios legales en
cuatro (4) 10 oportunidades por el Despacho conductor.
8
Folio 150 del C. 2 expediente físico.
9
Folios 156-157 del C. 2 expediente físico.
10
Según autos de 17 de octubre de 2013, 25 de agosto de 2014, 17 de julio de 2017 y 21 de febrero
de 2018. El ultimo auto aclaró que la norma que debía remitirse era el Decreto 791 de 1979 (fl. 77
Cuaderno núm. 2), en razón a las explicaciones rendidas por la entidad que debía enviar copia de
dicho acto.
19
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
Esta Sección es competente para proferir la sentencia en este
asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la
C.P.; 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, 129 del CCA y 13 del Acuerdo 080 de 2019 11 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación.
6.2. Problema jurídico
En el presente asunto corresponde determinar si se confirma,
modifica o revoca el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Nariño, para lo cual corresponde examinar los motivos que se
aluden en el recurso de apelación, los cuales se concretan en
establecer si al actor se le respetó el debido proceso y el derecho a
la defensa durante la actuación acusada, y examinar; i) si se le
vinculó al proceso y ii) si se le permitió el ejercicio de las garantías
procesales que le corresponden, para en ese orden, si tuvo la
oportunidad de defenderse.
No obstante lo anterior, y de manera previa a la decisión de fondo,
es necesario que la Sala determine si estos actos acusados vía
judicial son nulos al haber desaparecido del mundo jurídico, por la
11
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.
20
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
declaratoria de nulidad, el Decreto núm. 791 de 5 de abril de
1979, “Por medio del cual se aprueba el reglamento de procesos
administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados al
servicio del ramo de la defensa nacional”, previa determinación si el
procedimiento y los actos administrativos acusados se fundaron en
esta disposición que se anuló, según da cuenta el fallo de 9 de
diciembre de 2010, proferido por esta Corporación.
6.3 La decisión
6.3.1. Cuestión previa
Para resolver sobre la incidencia y los efectos del fallo anulatorio del
citado Decreto 791 de 5 de abril de 1979 en los actos acusados,
es conveniente identificar el procedimiento adelantado y las normas
que las autoridades invocaron para expedir los actos acusados, a
efectos de establecer si se regularon por esta disposición, así:
• En la decisión de primer grado de 11 de noviembre de 1998, el
comandante del Batallón de Fusileros de Infantería Marina N° 2, -en
su condición de fallador de primera instancia, por competencia
atribuida por el Decreto 791 de 5 de abril de 1979, según se lee
del acto acusado-, dispuso:
21
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
“[…] Sin mas consideraciones el suscrito Comandante,
Fallador de primera instancia, en uso de sus facultades
legales y reglamentaria de conformidad con los parámetros
establecidos en el Reglamento de Procesos
Administrativos, Decreto 791 de 1979, numeral 1012,
literal a.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable
por el daño en el vehículo Ford 600 perteneciente al
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina N° 2 a los
señores: […] DHCM SANTA CRUZ MORA GELACIO […]
SEGUNDO: CONDENAR a los señores Sargento Segundo
de Infantería de Marina […] DMCHO SANTACRUZ MORA
GELACIO […] a cancelar la suma de […] $ 12.176.000
como daño del vehículo Camión Ford 600 asignado al
Batallón de Fusileros de Infantería Marina N° 2 […]”
• Decisión de segunda instancia 13 , por medio de la cual se
deniegan los recursos interpuestos 14. En los apartes pertinentes de
esta decisión se destaca frente a las normas que se invocan para el
ejercicio de esta competencia, lo siguiente:
12
“[…] 10. Determinase las siguientes autoridades para conocer, calificar, analizar y fallar en
primera instancia LOS INFORMATIVOS POR PÉRDIDAS O DAÑOS DEL MATERIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS Y DEMÁS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA, O AL
SERVICIO DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA, de la Secretaría General, del
comando general de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los Institutos
Descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional, puestos bajo su
responsabilidad.
[…]
En el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea:
Comandante de la respectiva Fuerza.
[…]
En los casos no previstos en este capítulo conocerán y fallarán, el Secretario General del
Ministerio de Defensa, los Comandantes de Fuerza, el Inspector de la Policía Nacional o el Gerente
o Director del Instituto Descentralizado.
En caso de concurrencia de Comandantes o autoridades competentes para fallar estos informativos,
o en caso de impedimento de parte de algún comandante, Gerente, Director o Jefe, conocerá y
fallará el Oficial que designe el Secretario General del Ministerio de Defensa o el Comandante General
de las Fuerzas Militares, o el respetivo Comandante de Fuerza, o el Director de la Policía, o el Gerente
o Director, según sea la entidad en donde se presente tal evento.
PARAGRAFO.- Las cuantías consideradas en este capítulo podrán ser actualizadas por el Ministerio
de Defensa Nacional por medio de Resolución. […]”
13
Folios 163 a 168 Cuaderno de antecedentes.
14
Se refiere a los interpuestos por los señores D3CHO GELACIO SANTACRUZ MORA y el SSCIM
RENTERIA MENA EDWIN.
22
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
“[…] Por último, estudiado en todas sus partes la
investigación administrativa contra los señores […] DMCHO
SANTACRUZ MORA GELACIO […] como lo exige la
disposición legal N° 791 del 05 de abril/79 . El Comando
de la segunda Brigada Infantería de Marina en uso de sus
facultades legales que le confiere la norma antes
mencionada en su capítulo V, numeral 10, capítulo VIII,
numeral 28, así se pronunciara:
[…]
Que dentro del informativo Administrativo si existió la
competencia y la jurisdicción adecuada para fallar por parte
del Comando del Batallón de Fusileros de L.M. N° 2, e
igualmente no se incurrió en errores relativos al nombre y
apellidos de los acusados. Por tal razón no se dio nulidad
alguna de las que se encuentran taxativamente descritas en
el Numeral 30, Capítulo VII del Decreto 791 de 1979.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Nieguese con (sic) efecto se niega,
lo solicitado en el memorial de apelación elevado por el
doctor […], abogado defensor del señor D3CHO GELANCIO
SANTACRUZ MORA […]
[…]
ARTÍCULO TERCERO: Confirmar como en efecto se
confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia,
proferido por el señor Comandante del Batallón de Fusileros
de LM N° 2, el once (11) de noviembre de 1998 […] contra
los señores […] D3CHO SANTACRUZ MORA GELACIO […]”
De la anterior transcripción se tiene que las autoridades que
expidieron los actos acusados lo hicieron invocando
exclusivamente el procedimiento administrativo fijado en el
citado Decreto 791 de 1979, esto es, en la norma que fue anulada
mediante la sentencia de 11 de octubre de 2006, en relación con la
expresión “prescribe en dos años”, contenida en el numeral 34 y el
resto del decreto, por la sentencia de 9 de diciembre de 2010,
como se lee de la parte resolutiva, así:
23
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
“[…] Primero. De oficio, se declara probada la excepción
de cosa juzgada con relación a la expresión “prescribe en
dos años”, contenida en el numeral 34 del Decreto 791 de 5
de abril de 1979, proferido por el Gobierno Nacional, “Por
medio del cual se aprueba el reglamento de procesos
administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados
al servicio del ramo de la defensa nacional”. En consecuencia,
estése a lo resuelto por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia de 11 de octubre de 2006, dictada dentro del
proceso de nulidad radicado con el No. 2002-00414, con
ponencia del H. Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Segundo. DECLÁRASE la nulidad de todas las demás
disposiciones contenidas en el Decreto mencionado en
el numeral anterior […]” (Destacado fuera de texto)
Conviene traer a colación, que el fundamento de esta decisión se
soportó en las siguientes consideraciones:
6.2.2.Falta de competencia del Gobierno Nacional para
establecer la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos por vía administrativa.
En el capítulo anterior se concluyó que el decreto acusado
reguló una forma de responsabilidad administrativa derivada
de la conducta de los servidores públicos, distinta de la
responsabilidad fiscal.
Por ello se puede concluir que al expedirlo el Gobierno
Nacional no violó las normas constitucionales que reservan a
la Contraloría y excepcionalmente a los particulares el
ejercicio del control fiscal.
Pero no puede concluirse que el Gobierno Nacional
tuviera competencia para regular la responsabilidad
administrativa de los servidores del ramo de la defensa
nacional de que trata el decreto demandado.
En efecto, el artículo 62 de la Constitución de 1886, vigente
cuando se expidió el decreto demandado, establecía: “La ley
determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y
modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes
necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de
24
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o
militares que dan derecho a pensión del Tesoro público”.
La norma comentada establecía sin duda una reserva
legal sobre con relación a la responsabilidad de los
funcionarios y el modo de hacerla efectiva. Reserva que
consagró igualmente el artículo 124 de la Carta de 1991 al
establecer: “La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”.
Como el Decreto demandado no tiene rango legal, es
evidente que viola la disposición constitucional que
estableció la reserva de ley y de contera el principio
constitucional de legalidad, de acuerdo con el cual, las
autoridades sólo pueden ejercer las competencias que
la constitución y la ley les asignan expresamente,
fundamento del Estado de Derecho.
En el encabezamiento del decreto demandado, el Gobierno
Nacional pretendió justificar su expedición invocando sus
“facultades legales” sin precisar cuáles.
En el CAPITULO 1 – GENERALIDADES – (…) 3.FUNDAMENTOS
LEGALES, señaló lo siguiente: “a) Decreto No. 2335 de 1971,
Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. b) Decreto No.
1415 del 24 de junio de 1977, por el cual se determina el
material de guerra de las Fuerzas Militares. c) Estatuto de
Control Fiscal para el Ministerio de Defensa Nacional. d).
Código de Justicia Penal Militar. e) Reglamento de Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares y el de la Policía
Nacional. f. Reglamento de Procesos Administrativos por
pérdidas o daños de material de guerra, FF-MM. 4-001,
público. g). Reglamento de “Procesos Administrativos
por pérdidas o daños de material automotor terrestre
de las Fuerzas Militares”, FF-MM. 4-13, Público”.
Aparte de que el decreto acusado no señala específicamente
la norma de los estatutos invocados que habrían
facultado al Gobierno Nacional para reglamentar la
responsabilidad del personal al servicio del ramo de la
Defensa Nacional por la pérdida o daño de los bienes a
su servicio, es evidente que dichos estatutos no hubieran
podido facultarlo pues constitucionalmente esa materia estaba
sujeta a la reserva de ley, y continúa estándolo.
Conviene agregar a las breves consideraciones anteriores que
el tema materia de estudio fue objeto de consulta ante la Sala
de Consulta y Servicio Civil, quien en sus conceptos ha
predicado la inconstitucionalidad del Decreto
demandado. En el último de ellos, el No. 1668 de 22 de
septiembre de 2005, señaló:
25
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
“…El decreto en especial fija los procedimientos para
investigar, conocer, calificar y fallar los
“informativos administrativos”, entendidos éstos
como “(...) el conjunto de diligencias que se
llevan a cabo para establecer las causas de la
novedad, el responsable o responsables y el grado
de responsabilidad, considerándose como el
fundamento de los fallos de primera y segunda
instancia en donde se exonera o declara
administrativamente la responsabilidad del acusado” –
artículo 1.1.d) y 1.20.b) -. El artículo 1.9.b) precisa que
“(...) todo informativo que se adelante en razón del
presente Reglamento, se tramitará independientemente
de la investigación penal a que hubiere lugar, o de la
acción disciplinaria (...)”.
Además precisa que: (i) todo miembro de las entidades
a que se refiere “responde” personalmente por
los bienes que le hayan sido encomendados para
uso, custodia, administración o transporte; (ii) las
personas pertenecientes a las entidades a que se
refiere el reglamento, que usen, administren, custodien
o transporten los bienes allí aludidos, “son responsables
de la pérdida o daño que sufran”, cuando no provengan
del deterioro natural, de su uso normal o legítimo, o de
otra causa justificada; (iii) “La responsabilidad fiscal
de los empleados de manejo de bienes se limita a
los que bajo cualquier título tengan en existencia
en sus almacenes y los que les hayan sido
entregados para su servicio o el de su oficina”;
(iv) “el valor de los daños o pérdidas que administrativa
15
o fiscalmente se declaren a cargo de una persona,
será descontado de su sueldo o prestaciones, conforme
al fallo administrativo proferido por el superior
jerárquico, sin perjuicio de la acción disciplinaria o
penal a que haya lugar” – art. 1.7 –
[…]
Las anteriores reglamentaciones no eran compatibles
con las disposiciones de la Constitución de 1886, pues
para la fecha de expedición del decreto 791 de 1979 el
artículo 62 de la misma disponía: “la ley determinará
los casos particulares de (…) responsabilidad de los
funcionarios y modo de hacerla efectiva…”, mandato
que consagraba la reserva legal sobre la materia.
En igual sentido, el artículo 124 de la Carta de 1991
mantuvo la competencia exclusiva del legislador
ordinario o extraordinario para determinar “la
responsabilidad de los servidores públicos y la manera
de hacerla efectiva” 16. Así las cosas, corresponde a la
15
El Reglamento entiende por acción administrativa “(...) la facultad que tiene el Estado a través de los
comandantes o autoridades competentes para adelantar un informativo, a fin de conocer y establecer si
se han infringido los Reglamentos, bajo que circunstancias de modo, tiempo y lugar, por quien, quienes o
en qué forma debe sancionarse a los responsables, determinando los perjuicios causados.”
16
Ver arts. 88 , 91, 210 ibídem
26
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
ley delimitar la potestad punitiva del Estado, consagrar
los procedimientos, las instancias, las autoridades
competentes para conocer de los respectivos procesos,
las garantías derivadas del derecho fundamental al
debido proceso contemplado en el artículo 29 de la C.
P., normatividad que resulta contrariada por los
decretos 791 de 1979 y 1932 de 2000, en los apartes
que tocan con la consulta.
Así, atendiendo la finalidad de los decretos en mención
y la reserva legal a que están sujetas las materias a
que se hizo referencia, debe precisar la Sala: a) las
normas relativas a la gestión fiscal y a los procesos de
responsabilidad derivada de ella, deben entenderse
derogadas por la ley 610 de 2000, que regula
íntegramente el tema; b) respecto de las disposiciones
que reglamentan actividades distintas a las de gestión
fiscal, atinentes a la recuperación de los bienes
dañados o perdidos, cuya custodia, uso,
administración o transporte haya sido
encomendado a servidores públicos del ramo de
Defensa Nacional, procede su inaplicación por ser
contrarias a la Carta. No obstante para asegurar la
protección del patrimonio público convendría tramitar
una ley que establezca este tipo de responsabilidad y
un procedimiento expedito – con plena garantía del
derecho de defensa – a fin de obtener la reparación del
daño.
[…]
La Sala concluye que el Decreto acusado fue expedido sin
competencia por parte del Gobierno Nacional, porque
cuando lo profirió regía el artículo 62 de la Constitución
de 1886 que establecía la reserva de ley en materia de
responsabilidad de los funcionarios y el modo de hacerla
efectiva; reserva de ley que fue reiterada por el artículo 124
de la Carta Política de 1991.
La falta de competencia del Gobierno Nacional para regular
cualquier forma de responsabilidad de los servidores públicos
constituye motivo suficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda […]
6.3.2. Efectos de la sentencia anulatoria en las situaciones
jurídicas no consolidadas
Precisado lo anterior, es decir, verificado que el trámite
administrativo que derivó en los actos cuestionados se adelantó en
27
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
ejercicio de las competencias atribuidas a las autoridades allí
identificadas y en observancia de las sanciones que se delimitaron,
resulta necesario que la Sala identifique qué efectos produce tal
declaratoria de nulidad en las situaciones jurídicas no
consolidadas, a fin de establecer cuál es la decisión que
corresponde adoptar.
Con tal fin, la Sala identifica la tesis que la Corporación propugna
en esta materia 17, así:
“4.4.1 Efectos «ex nunc» y «ex tunc» en la sentencia
que declara la nulidad de un acto administrativo
general
44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un
acto administrativo de carácter general, demandado a través
del medio de control previsto en el artículo 137 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), el artículo 189 ibidem no señala
ningún efecto en el tiempo que deba dársele a esa decisión;
tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta
Corporación, a partir de las diferencias que existen entre
declaración de nulidad y de inexequibilidad18.
45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una
consecuencia restitutoria, como lo señala el artículo 1746 del
Código Civil: La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la
fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido
sobre el objeto o causa ilícita.
46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia
contenciosa administrativa, que los efectos de los fallos que
17
Consejo De Estado Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo Sala Novena Especial De Decisión
Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radicación número: 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación
explica que, la primera figura, «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia
jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la segunda, «no
desconoce la realidad de la vigencia anterior de la norma inexequible», lo que conlleva a que no se
desconozcan las situaciones jurídicas constituidas.
28
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc19, ya
que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento
jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario
que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia
queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera
podrían restituirse las cosas a su estado anterior.
47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden
predicarse de situaciones jurídicas particulares que no
están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se
han definido, porque se encuentran cuestionadas en
sede administrativa o judicial.
48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones
consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en
vía administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos de nulidad
no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc20.
49. Respecto de lo anterior, la Sala Especial de Decisión No.
4, en sentencia de 4 de diciembre de 201821, puntualizó:
En esas condiciones, se considera que la unificación más
adecuada, de cara a lo expuesto, es indicar que ambas
tesis son complementarias, como lo ha esbozado la
Sección Cuarta desde la siguiente consideración: "El
fallo de nulidad de un acto de carácter general no
afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir,
que sus efectos ex nunc, pero sí afecta las no
consolidadas, lo que significa que en este caso sus
efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en
relación con estos últimos actos PRODUCE EFECTOS
RETROACTIVOS". El alcance de dicho predicado
jurisprudencial no es otro que los efectos de un fallo de
nulidad del acto general son ex nunc, respecto de las
situaciones jurídicas consolidadas debido a su
connotación de certeza, firmeza y de imposibilidad de ser
discutidas. En contraste, las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten
ante las autoridades administrativas o ante la
autoridad jurisdiccional, que son sub júdice y, por
ende, pasibles de ser judicializadas, debatidas,
analizadas y decididas, el efecto de la nulidad es
inmediato, lo que quiere decir que para el
momento en que se define la situación particular
debe tenerse en cuenta que el juez ya no puede
aplicar la norma o el acto administrativo anulado
dada su inexistencia derivada de la declaratoria de
nulidad con efectos ab initio.
19
«desde el origen» o «desde siempre».
20
«en adelante» o «desde ahora»
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 4 de diciembre de
2018, expediente 66001-33-31-002-2007-00107-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez.
29
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
50. Esta decisión también indicó que los actos administrativos
particulares derivados, subsisten por sí mismos con todos sus
atributos 22 sin que se vean afectados por la decisión de
anulación del acto general en que se fundamentaron, pues no
existe la figura de la «nulidad consecuencial o por
consecuencia» o «nulidad ex officio». En otras palabras, la
anulación del acto general no conlleva la nulidad de los
actos particulares derivados, pues es indispensable que
sean cuestionados en sede administrativa y judicial.
[…]
51. Así las cosas, la declaración de nulidad de un acto
administrativo general no necesariamente afecta las
decisiones particulares o derivadas, por cuanto ello pende
de si están o no consolidadas y, mucho menos, conlleva su
invalidación automática, consecuencial o exoficio […]”
De manera que la declaratoria de nulidad del acto general y la
aplicación de los efectos ex tunc a los actos de contenido
particular que se han cuestionado judicialmente, imponen para el
juez contencioso una única decisión, que es la de declarar también
su nulidad porque al ser una situación jurídica no consolidada, es
claro que dicha nulidad afecta de manera directa su legalidad,
independientemente de que los motivos de cuestionamiento
coincidan o se hayan solicitado como inaplicación de la norma
general.
Ciertamente, tales efectos son el resultado del fallo anulatorio 23 y
han de considerarse al momento del estudio de legalidad de los
actos particulares que se expidieron con fundamento en aquel, esto
22
Entiéndase como atributos los de: validez, presunción de legalidad, publicidad, ejecutividad,
ejecutoriedad, obligatoriedad y estabilidad. Ver: C1436 de 2000, T-475 de 1992; Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017.
Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00152-01
23
Esto a pesar de que no se expresen en la decisión judicial.
30
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
es, debe preceder a un estudio de verificación y que son el
resultado del acto general anulado.
Esta Sección de manera reciente y en aplicación de estas reglas
jurisprudenciales tuvo la oportunidad de pronunciarse en los
siguientes términos:
“[…] 6.4.5. Es claro, pues, que los actos administrativos que
dieron sustento a las resoluciones que aquí se controvierten
fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Sobre el particular, en la sentencia T-121 de 201624, la Corte
Constitucional sostuvo que: “[…] los fallos de nulidad
proferidos por el Consejo de Estado tienen efectos ex tunc,
es decir, retrotraen la situación a cómo se encontraba
antes de haberse proferido el acto anulado, sin afectar
las situaciones jurídicas que se consolidaron, las cuales,
conforme la jurisprudencia de lo contencioso administrativo,
son aquellas que han quedado en firme, o han sido objeto de
pronunciamiento judicial, es decir, que han hecho tránsito a
cosa juzgada, por tanto, no son susceptibles de debatirse ni
jurídica ni administrativamente. Frente a situaciones jurídicas
consolidadas (...). (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, las sentencias por medio de
las cuales el Consejo de Estado declara la nulidad de
actos administrativos tienen efectos ex tunc —‘desde
entonces’ o ‘desde el inicio’—, lo que quiere decir que
retrotraen las cosas al estado en que se encontraban
antes del momento en el que fueron expedidos, aunque no
afectan las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, las
que no hubieren sido oportunamente controvertidas ante la
respectiva autoridad administrativa o ante la jurisdicción, o ya
han sido decididas en esas instancias. […]”25.
24
Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de
agosto de 2025. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 08001-2333-000-
2013-99112-01. Actor: CARBONE RODRÍGUEZ Y CIA. S.C.A. ITALCOL S.C.A. Demandado: DIAN M.P.
Oswaldo Giraldo López.
31
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
También se precisó 26:
“[…] 64. Además, la jurisprudencia ha señalado que el fallo
que declara la nulidad de un acto de carácter general surte
efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas
o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, esta Sección, en sentencia de 24 de mayo de
201927, abordó este asunto en los siguientes términos:
“[…] 77. En ese sentido, es preciso indicar que esta
Corporación judicial, de forma mayoritaria, ha advertido
que los efectos retroactivos de las sentencias de
nulidad de los actos de carácter general, son
inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, “[…] aquellas que se debaten ante
las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, toda vez que cuando se
define la situación jurídica particular y concreta, la norma
que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta
inaplicable porque fue declarada nula […].
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de
mayo de 2025. Radicación núm.: 08001 2331 000 2012 00361 01. Demandante: Transportes
Monterrey Ltda. Demandada: Área Metropolitana de Barranquilla. M.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez
Sánchez, radicación: 11001-03-15-000-2019-01321-00, sentencia de 24 de mayo de 2019.
En igual sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, CP: María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 11 de diciembre de 2014, radicación
número: 76001-23-31-000-2005-05532-02. “[…] Resulta de gran importancia aclarar que los actos
administrativos demandados son de carácter general y fueron demandados en acción de nulidad,
consagrada en el artículo 84 del C.C.A. que busca reparar el orden jurídico general; sin embargo, el
Consejo de Estado reiteradamente ha considerado que los efectos de la nulidad de los actos
administrativos de carácter general, son retroactivos, es decir que las cosas deben volver al estado
anterior; pero también ha limitado los resultados retroactivos a casos en los que no haya situaciones
jurídicas consolidadas, es decir aquellas que dejaron de ser susceptibles de controversia o
impugnación. En efecto esta Corporación ha sido reiterativa en este sentido: “Respecto a los efectos
de la declaratoria de nulidad, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala, al precisar que éstos son
“ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el moment o en que se profirió el acto anulado.
Igualmente se ha indicado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general,
afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto, que al momento de producirse el fallo
de nulidad, se encontraban impugnadas ante las autoridades administrativas o estaban demandadas
ante la jurisdicción contencioso administrativa.” También se consideró en jurisprudencia reciente:
“Respecto del efecto de esta sentencia que declara la nulidad de un acuerdo que reguló una amnistía
tributaria a favor de los contribuyentes, se precisa que no es distinto al previsto para aquellos
acuerdos que imponen obligaciones tributarias. Lo anterior por cuanto los actos jurídicos normativos o
actos generales de tipo regla, al igual que la ley, una vez se publican y rigen causan un efecto: el
efecto de estar ya en el ordenamiento jurídico. Es el efecto de formar parte del ordenamiento jurídico.
Pero todavía por ese solo hecho no necesariamente causan un efecto particular y concreto.
Dependerá de cada situación. Una vez se declara la inexequibilidad, la nulidad o la invalidez de un
acto general, de un acto regla, de una ley, deja de producir el efecto esperado, esto es, deja de ser
parte del ordenamiento jurídico. […]”.
En igual sentido, se puede consultar el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 5 de marzo
de 2019, Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403), CP: Germán Alberto Bula
Escobar, en el cual se abordó el alcance de los efectos de la declarat oria de la nulidad declarada por
el Consejo de Estado sobre el Decreto 3366 de 2003. En esta oportunidad se dijo: “[…] No obstante,
precisa la Sala, al retrotraerse las cosas al estado anterior a la expedición del acto, solo se afectarán
aquellas situaciones no consolidadas o las que al tiempo de producirse el fallo eran objeto de debate o
susceptibles de ser controvertidas ante las autoridades judiciales o administrativas. […]”.
32
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
78. Ello significa que los efectos ex tunc, no afectan las
situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales
las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular
y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede
administrativa ni en sede judicial. […]”. (Negrilla fuera del
texto)
De las decisiones transcritas se aprecia con claridad que ante la
existencia de un fallo declaratorio de la nulidad del acto general,
las actuaciones jurídicas no consolidadas adquieren de inmediato
los efectos que tal determinación producen, las que para el caso
equivale a que desaparecen los fundamentos jurídicos que se
invocaron en su expedición.
Conviene aclarar y reiterar que aunque el reproche planteado
contra los actos particulares y concretos que aquí se debaten no se
dirigió de manera concreta al cargo de incompetencia en el que
se fundó la declaratoria de nulidad del acto general, es deber del
juez de lo contencioso aplicar los efectos anulatorios de la
norma general, por cuanto: i) tal decisión irradia el ordenamiento
jurídico y prevalece de manera objetiva sobre los asuntos que se
encuentran pendientes de decisión judicial, como ocurre en este
caso, toda vez que no se ha resuelto la segunda instancia; ii) al
juez le está vedado aplicar una disposición que ha sido declarada
nula bajo los efectos ex tunc, pues en el contexto jurídico esta
norma "nunca existió"; y, iii) como excepción al principio de la
justicia rogada, la declaratoria de nulidad de la norma general es
un hecho jurídico nuevo, posterior y vinculante que el juez
33
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
debe integrar y considerar en su decisión para que no sea contraria
al derecho vigente.
Entonces, de acuerdo con los razonamientos en precedencia, se
tiene que al desaparecer el fundamento legal del acto particular
con ocasión de la nulidad de la norma general el juez debe declarar
la nulidad del acto administrativo particular para restablecer la
legalidad objetiva, sin que el principio de justicia rogada resulte ser
un obstáculo para proferir tal decisión, al estar los actos acusados
fundados en normas que para el momento de la definición de esta
controversia resultan inexistentes.
6.3.2 Caso concreto
Advertida la declaratoria de nulidad del Decreto 791 de 5 de
abril de 1979, decisión adoptada por el Consejo de Estado en las
sentencias de 11 de octubre de 2006 y 9 de diciembre de 2010, en
razón a que el Gobierno Nacional lo expidió sin competencia y
transgredió el principio de reserva de ley que rige en esta materia,
es claro que tal declaratoria debe considerarse en el examen de
legalidad que se efectúe.
Para la Sala, de acuerdo con el análisis previo que se realizó, los
actos acusados se fundaron en el Decreto 791 de 1979, sustento
de la decisión de responsabilidad que se le impuso al actor. De ahí
34
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
que en virtud de los efectos inmediatos que se produjeron al
declarar la nulidad de dicho decreto y que no se estaba ante una
situación jurídica consolidada debido a que aún no se había
definido esta controversia ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, resulta procedente declarar la nulidad de los actos
acusados y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Ahora, es oportuno reiterar que si bien es cierto el cargo de
incompetencia no fue planteado como argumento de violación en
los cargos de nulidad de los actos acusados, también lo es que para
este momento en el que se profiere el fallo de segunda instancia
el Decreto 791 de 1979 ha desaparecido del mundo jurídico por
cuanto fue anulado, decisión que irradia la situación que cuestiona
el actor en cuanto se define luego de tal declaratoria.
Se insiste en que las situaciones jurídicas no consolidadas son
aquellas que son susceptibles o están siendo discutidas en la
instancia administrativa o ante la jurisdicción contenciosa, de
ahí que en estos actos acusados recaigan los efectos inmediatos de
la nulidad.
Entonces, ante la declaratoria de nulidad de los actos aquí
acusados, a título de restablecimiento del derecho, se declarará
35
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA no está obligado al
pago que se le ordenó por la declaratoria de responsabilidad por el
daño del vehículo Ford 600 perteneciente al Batallón de Fusileros
de Infantería de Marina; y en caso de que la misma se haya hecho
efectiva a través de descuento por nómina, habrá de ordenarse el
reintegro únicamente del valor que le correspondió asumir al actor,
con su debida indexación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172 del CCA.
Por todo lo expuesto, concluye la Sala que en este caso se logró
desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan los actos
cuestionados, por la declaratoria de nulidad del Decreto 791 de
1979, lo cual impone revocar la sentencia de 9 de marzo de 2001,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual
se denegaron las súplicas de la demanda por las razones que
anteceden.
6.4 Condena en costas
Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se
promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de
conformidad con lo previsto en el artículo 171 28 del CCA, que no
28
“[… ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998 Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil […]”.
36
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
hay lugar a condenar en costas, por cuanto no se acreditó conducta
temeraria por la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de marzo de 2001,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo de 11 de
noviembre de 1998, expedido por el Comandante del Batallón
de Fusileros de Infantería Marina, por medio del cual se
condenó al señor al pago del daño ocasionado al vehículo Camión
Ford 600 asignado al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina
núm. 2; y del fallo de segunda instancia de 29 de abril de 1999,
emanado del Comandante de la Segunda Brigada de
Infantería Marina de la Armada Nacional, por medio del cual
se resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación
interpuesto, por las razones expuestas en esta providencia.
37
Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA
que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA no está obligado al
pago ordenado en los actos administrativos identificados en el
numeral anterior. En caso de que el pago se haya hecho efectivo a
través de descuento por nómina, se ordena el reintegro del valor
que fue asumido por el actor, con su debida indexación.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por
Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Salva voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.