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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone: SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo de 11 de noviembre de 1998, expedido por el Comandante del Batallón de Fusileros de Infantería Marina, por medio del cual se condenó al señor al pago del daño ocasionado al vehículo Camión Ford 600 asignado al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina núm. 2; y del fallo de segunda instancia de 29 de abril de 1999, emanado del Comandante de la Segunda Brigada de Infantería Marina de la Armada Nacional, por medio del cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto, por las razones expuestas en esta providencia. 37 Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01 Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Actor: Gelacio Santacruz Mora TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA no está obligado al pago ordenado en los actos administrativos identificados en el numeral anterior. En caso de que el pago se haya hecho efectivo a través de descuento por nómina, se ordena el reintegro del valor que fue asumido por el actor, con su debida indexación. CUARTO: NO CONDENAR en costas. QUINTO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 52001-23-31-000-1999-00869-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: GELACIO SANTACRUZ MORA

TESIS: SE REVOCA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA QUE DENEGÓ LAS
SÚPLICAS DE LA DEMANDA. SE ESTABLECIÓ QUE EL ACTO GENERAL
FUNDAMENTO DE LOS ACTOS CUESTIONADOS SE DECLARÓ NULO POR
ESTA JURISDICCIÓN. EFECTOS DE LA DECLARATORIA EN LAS
SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el señor GELACIO SANTACRUZ MORA contra la sentencia de 9

de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de

Nariño, que denegó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El actor, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

2

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

1ª: La nulidad del acto administrativo contenido en el fallo de
11 de noviembre de 1998, emitido por el Comandante del
Batallón de Fusileros de Infantería Marina nro. 2 de la
Armada Nacional, con sede en la ciudad de Tumaco
(Nariño), por medio del cual se condenó al demandante y a
otros dos militares a pagar la suma de $12.076.000.oo por el
daño ocasionado al vehículo Camión Ford 600 asignado al
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina nro. 2.

2ª: La nulidad del acto administrativo contenido en el fallo de
segunda instancia de 29 de abril de 1999, proferido por el
Comandante de la Segunda Brigada de Infantería
Marina de la Armada Nacional, por medio del cual se
resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación
interpuesto, dejando en firme la decisión anterior.

3ª: A título de restablecimiento del restablecimiento del
derecho, solicitó que en caso de que se le haya descontado
suma alguna de su sueldo en virtud de los actos acusados, se
ordene su devolución debidamente indexada.

1.2. Fundamentos fácticos

La parte actora, en síntesis, fundó su demanda en los siguientes

hechos, que de manera resumida son:

Fue vinculado a la Armada Nacional mediante la Resolución núm.

240 de 21 de julio de 1982, expedida por el comandante de dicha

institución, en el cargo de «adjunto Tercero Chofer» para el

Apostadero Naval ARC de Tumaco (Nariño).

Indicó que luego se desempeñó como mecánico del Batallón de

Fusileros de Infantería núm. 2 con sede en la ciudad de

Tumaco.

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

Señaló que el 1o. de abril de 1997 se produjo un incendio en el

Camión Ford 600 de la Armada Nacional adscrito al servicio del

Batallón de Fusileros de Infantería de Marina núm. 2 de la

ciudad de Tumaco, el cual en el momento del siniestro estaba

siendo conducido por el señor SEGUNDO ARROYO TORRES.

Sostuvo que, en virtud de lo anterior, el comandante del Batallón

de Fusileros de Infantería Marina núm. 2 dio apertura a la

investigación administrativa, con apoyo en una unidad conformada

por un funcionario de instrucción y un fiscal.

Expresó que la referida unidad de investigación procedió a recibirle

la versión de los hechos en su calidad de mecánico del batallón, así

como la del conductor del camión, señor SEGUNDO ARROYO

TORRES y del Sargento Segundo de Infantería de Marina EDWIN

RENTERÍA MENA - jefe de Transportes -.

Afirmó que se designaron a dos peritos para que determinaran el

valor y la causa de los daños ocasionados al automotor. Tales

peritajes fueron claros en sostener que el incendio no se originó

debido a la falla o descuido humano, sino al deterioro y

antigüedad del vehículo.

Manifestó que actuó como perito y que determinó el valor de los

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

daños causados por el incendio del automotor.

Afirmó que tanto su actuación como la de los señores SEGUNDO

ARROYO TORRES y EDWIN RENTERÍA MENA se redujo a

presentar su versión sobre los hechos investigados.

Arguyó que durante la investigación no se vinculó a ningún militar

o civil ni se formularon cargos por estos hechos a ninguna persona

y, en consecuencia, no se rindieron descargos ni se controvirtieron

pruebas.

Expresó que, no obstante, lo anterior, el comandante del

Batallón de Fusileros de Infantería de Marina núm. 2, expidió

acto administrativo de 11 de noviembre de 1998, contentivo del

fallo de primera instancia.

Por su parte, el comandante de la Segunda Brigada de

Infantería Marina, el 29 de abril de 1999, profirió fallo en

segunda instancia, por medio del cual confirmó la decisión apelada,

por la cual se le declaró responsable administrativamente del

incendio, junto con los señores SEGUNDO ARROYO TORRES y

EDWIN RENTERÍA MENA.

Como consecuencia de la anterior declaración, fue condenado a

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Actor: Gelacio Santacruz Mora

pagar los daños causados por el incendio y para ello se tomó como

real y verdadero el concepto más oneroso rendido en el “seudo-

proceso”, equivalente a $12.176.000 1 , suma que supera el precio

del citado vehículo.

1.3. Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones, el actor estimó como vulnerados los

artículos 2°, 3°, 29 y 58 de la Constitución Política; y 2°, 3°, 5°, 6°,

17 y 28 del Código Contencioso Administrativo 2. En síntesis, adujo:

Que el debido proceso y el derecho de defensa son garantías

fundamentales en la organización del Estado; y que el concepto del

debido proceso se originó inicialmente en el procedimiento

jurisdiccional, pero se extendió a las actuaciones administrativas y

disciplinarias, y devela que la validez y legitimidad del trámite que

se adelante depende del cumplimiento estricto de las normas que

regulan el caso de manera especial y de la notificación al interesado

o afectado para que haga valer sus derechos en la debida

oportunidad.

Manifestó que el artículo 29 de la Carta Política prevé que nadie

puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio,

1
Indicó que esta suma se ordenó descontar de la asignación de retiro de los responsables, para lo
cual se libró el oficio correspondiente a la Dirección de Personal de la Armada Nacional, el que fue
comunicado mediante Oficio núm. 0907 de 21 de junio de 1999, sin precisar el monto
correspondiente.
2
En adelante CCA.

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

es decir, que le otorga al particular la oportunidad de intervenir en

el pleito con la posibilidad de controvertir las pruebas e impugnar la

decisión. Igualmente, el artículo 2º ibidem establece como

obligación del Estado la de “facilitar la participación de todos en las

decisiones que los afectan”.

Alegó que el artículo 29 ibídem determina que el sometimiento de

una persona a juicio y a la imposición de una sanción debe reunir

cabalmente los siguientes requisitos: i) ejecución material de un

acto típico, esto es, previsto en la ley como infracción; ii) ley pre-

existente que haya consagrado su tipicidad y la sanción

correspondiente; iii) funcionario competente; y iv) observancia de

las formalidades propias del juicio.

Precisó que en la actuación administrativa acusada no fue citado

como inculpado, por lo que no pudo ejercer la defensa de sus

derechos e intereses.

Argumentó que las decisiones que cuestiona no corresponden a la

realidad, pues ni la conducta por él desplegada ni las funciones que

desarrolló en cumplimiento de su cargo de mecánico fueron la única

causa en la provocación del incendio del camión.

Explicó que es innegable que influyeron factores externos y ajenos

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distintos a su voluntad, pues en el momento del incendió no se

encontraba presente en el sitio de los acontecimientos,

circunstancia que evidencia que no le era viable imputarle esta

responsabilidad.

Precisó que los actos administrativos demandados atentan contra el

debido proceso, por cuanto la Armada Nacional, en este caso el

Batallón de Fusileros de Infantería Marina y la Segunda

Brigada de Infantería de Marina son incompetentes para

imponer condenas y resarcir eventuales daños que puedan

ocasionar sus funcionarios o servidores, como tampoco puede la

Armada Nacional a través de los citados organismos convertirse

en juez y parte al obligar a sus subalternos a indemnizar perjuicios

que eventualmente le hubieran infligido.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

La demanda se admitió por auto de 7 de septiembre de 1999, el

cual ordenó las notificaciones al Ministerio de Defensa Nacional y al

comandante de la Armada Nacional y al agente del Ministerio

Público. Mediante providencia de 27 de enero de 2000, se abrió el

proceso a pruebas 3.

3
Folio 80 C. 1 Principal

8

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Actor: Gelacio Santacruz Mora

2.1. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, por conducto

de apoderada, contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones de

la demanda, bajo los siguientes razonamientos:

Que tal como lo demuestran las providencias proferidas en primera

y segunda instancia dentro de la investigación administrativa

adelantada por el incendio del citado automotor, no es cierto que al

actor no se le hubiese citado como inculpado en la referida

actuación.

Precisó que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA actuó como

vinculado en el procedimiento que cuestiona, pues obra constancia

de la exposición de sus descargos, de la notificación personal de las

providencias demandadas y de la interposición del recurso de

apelación, del que hizo uso por conducto de apoderado, el cual se

tramitó y resolvió.

Explicó que no es admisible la argumentación según la cual en el

sub-lite se transgredieron los artículos 2°, 3°, 29 y 58 de la

Constitución Política, puesto que estas normas prevén principios

generales que no pueden ser objeto de violación directa sino a

través de las normas legales que les dan concreción y desarrollo.

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Actor: Gelacio Santacruz Mora

Agregó que, al respecto, el Consejo de Estado ha expresado que:

«[…] las normas constitucionales que consagran principios generales no

pueden ser violadas sino mediante el desconocimiento de disposiciones

legales a través de las cuales se les da concreción y desarrollo. Los

artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 121, 209 y 217 de la Carta Política que se

invocan como violados en el escrito demandatorio, contienen principios

generales […]»4.

Alegó que el planteamiento de violación contra el artículo 3º de la

Constitución Política que prevé la «[…] Soberanía Popular […]» y el

artículo 58 ibidem, relativo al derecho de «[…] la propiedad privada

[…]», es impreciso y no tiene desarrollo.

Señaló que el actor olvidó que los Tribunales Administrativos no son

superiores jerárquicos de los falladores que intervienen en los

procesos disciplinarios o administrativos que se adelantan por parte

del Ejercito Nacional o la Armada Nacional en contra de sus

miembros para sancionarlos por la comisión de faltas de esta

naturaleza.

Explicó que el proceso administrativo tiene como objeto el examen

de legalidad del informativo disciplinario o administrativo

adelantado, sin entrar a hacer una valoración del acervo probatorio

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de
octubre de 1990, C.P. doctor JOAQUIN BARRETO RUIZ (no se indicó núm. de radicación).

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recaudado por los funcionarios competentes para tomar decisiones,

al momento de emitir sus providencias.

Indicó que la afirmación contra el oficio librado, como consecuencia

del fallo condenatorio, no tiene el defecto que alegó el actor por

cuanto cada uno de los sancionados debe pagar una tercera parte

del total de la sanción que se fijó.

Aseveró que el demandante olvidó que el artículo 31 del Decreto

791 de 5 de abril de 19795, norma aplicable para el adelantamiento

de los procedimientos administrativos 6, preceptúa lo siguiente:

“[…] Artículo 31 DESCUENTOS.

a) Generalidades:

1) Los descuentos a que haya lugar por
responsabilidad administrativa deben hacerse por
cuotas mensuales sin que éstas sobrepasen una
quinta parte del sueldo básico mensual.

B) Procedimientos:

1) Una vez notificado el fallo de segunda instancia y si
éste da lugar a descuento, la oficina de personal de
la respectiva Fuerza, Unidad u Organismo
descentralizado adelantará el trámite para su
ejecución así:

-Publicación del fallo de segunda instancia en la
Orden Administrativa de Personal o de los Servicios.

-Elaboración y envío de la solicitud de descuento a la
División de Sistematización de Datos del Ministerio
de Defensa para su ejecución, anexándole copia del
fallo de la segunda instancia.»

5
«Por el cual se aprueba el Reglamento de Procesos Administrativos por pérdidas o daños de los
bienes destinados al servicio del Ramo de Defensa Nacional»
6
Folios 49 a 52 del expediente.

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2.2. Alegatos de conclusión

La parte demandante guardó silencio.

La entidad accionada reiteró los argumentos de defensa

expuestos en la contestación.

III. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 9 de

marzo de 2001, denegó las súplicas de la demanda, con

fundamento en los siguientes argumentos:

Explicó que el Juzgador confronta la decisión de la administración

con las normas superiores que el demandante señaló como

infringidas, circunscribiéndose al concepto de violación que se

desarrolló en la demanda, por cuanto tal como lo ha expresado la

Sala Plena del Consejo de Estado, las normas violadas y su

concepto de violación constituyen un aspecto sustancial de la

controversia.

Manifestó que al prever que las normas constitucionales -principios

generales del derecho- no pueden ser objeto de violación directa

por los actos administrativos que se expidan, sino a través de las

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leyes que le dan concreción o desarrollo, excepcionalmente, serían

materia de análisis en la confrontación correspondiente.

En ese orden, explicó que en el caso sub lite, para el juzgamiento

que ha de efectuarse, ninguna utilidad prestan los artículos 2°, 3° y

58 de la Carta Política en vista de que establecen principios

generales referidos a materias no relacionadas directamente con la

controversia planteada y, por ello, tendría en cuenta únicamente el

artículo 29 de ibidem y el concepto de violación concerniente.

Expresó que, frente a las disposiciones de carácter legal citadas por

el actor, se observa que integran la normativa reguladora del

procedimiento ordinario administrativo previsto en la primera parte

del CCA, las cuales solamente le son aplicables cuando se

presentan vacíos en los procedimientos reguladores por leyes

especiales.

Precisó que los actos acusados se expidieron al culminar un

procedimiento administrativo regulado en el Decreto 791 de 5 de

abril de 1979, expedido por el presidente de la República, los

cuales son de preferente aplicación tanto en su ritualización como

en su definición.

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Agregó que el Decreto citado prevé las diferentes etapas que han

de agotarse para adoptar las determinaciones relativas a pérdidas o

daños de los bienes de propiedad del ramo de la Defensa Nacional o

bienes particulares vinculados a su servicio, es decir, en esta norma

se regula el debido proceso al cual debe sujetarse la administración

por mandato del artículo 29 Superior.

Sostuvo que no es de recibo la falta de competencia alegada por el

actor, por cuanto el mencionado Decreto 791 de 5 de abril de 1979,

al reglamentar el procedimiento en los eventos de pérdidas o daños

de bienes de propiedad del ramo de la Defensa Nacional y de bienes

de particulares que se encuentren al servicio de este, estableció

que la autoridad competente para conocer de este tipo de

controversias se determina por la cuantía de los bienes en cuestión.

Arguyó que el numeral 10° del artículo 1º ibidem, en armonía con

la Resolución núm. 1578 de 15 de octubre de 1993, expedida por el

Ministerio de la Defensa Nacional, preceptúa que para este tipo de

procedimientos administrativos adelantados ante las Unidades

Tácticas del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea,

cuando la cuantía de los daños esté comprendida entre 1 y 123

salarios mínimos legales mensuales vigentes, en primera instancia,

serían de conocimiento de sus comandantes.

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Precisó que para la fecha de ocurrencia de los hechos el salario

mínimo legal vigente ascendía a la suma de $172.005, por lo que

los comandantes de las Unidades Tácticas mencionadas, como lo es

el Batallón de Fusileros de Infantería Marina núm. 2 de

Tumaco, tenía competencia para conocer de dichos procedimientos

en primera instancia.

Indicó que en el caso sub lite fue el comandante del Batallón citado

quien falló en primera instancia el procedimiento administrativo en

cuestión y, a su inicio, designó al funcionario de instrucción y al

fiscal. De la segunda instancia, conoció el comandante de la

Segunda Brigada de Infantería Marina, ajustándose así la

competencia de las autoridades que adelantaron dicha actuación.

Señaló que, de conformidad con el material probatorio allegado al

expediente, carecen de veracidad las manifestaciones elevadas por

el actor, por cuanto si bien es cierto que en un principio se le

recibió declaración sobre los hechos investigados en calidad de

perito, también lo es que luego fue oído en descargos, diligencias

cuyas actas obran en copias a folios 14 y 43 del cuaderno de

antecedentes.

Adujo que tuvo la oportunidad de defenderse, pues una vez se le

notificó al actor el fallo de primera instancia este le confirió poder a

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un profesional del derecho, para que interpusiera recurso de

apelación contra la providencia mencionada, resuelto en

oportunidad, de manera desfavorable.

Afirmó que al demandante se le brindaron todas las oportunidades

para ejercer el derecho de defensa, para controvertir pruebas y

para impugnar las decisiones proferidas en la actuación

administrativa.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del actor manifestó su inconformidad con el fallo

apelado, por los siguientes razonamientos:

Se opuso a la conclusión de que sí fue vinculado al proceso

administrativo en calidad de inculpado y debido a ello insiste en que

en el curso de la primera instancia no tuvo la oportunidad plena de

ejercer el derecho de defensa.

Precisó que la documentación obrante en el plenario da cuenta de

que simplemente intervino como testigo de los hechos investigados

y como perito avaluador de los daños que sufrió el vehículo tras el

incendio.

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Actor: Gelacio Santacruz Mora

Manifestó que el militar que conoció del proceso en primera

instancia no podía proferir sanción en su contra sin la formulación

previa de un pliego de cargos con todos los requisitos de fondo y de

forma establecidos en la ley que llevara al convencimiento de que

su situación en el proceso había cambiado de manera dramática y

radical, es decir, de testigo y perito, a inculpado, pues no es

entendible que sin esta formulación expresa y clara de cargos, el

militar de conocimiento de la primera instancia entrara a deducir

responsabilidad y a sancionar al testigo/perito y lo que el superior,

en segunda instancia confirmara dicho proceder irregular.

Alegó que una vez formulado el pliego de cargos era indispensable

notificar al inculpado y concederle el término para que rindiera sus

descargos y la oportunidad para pedir o aportar pruebas, lo que

asegura no sucedió.

Indicó que al observar el auto de apertura de investigación de fecha

23 de abril de 1997, se advierte claramente que en su numeral 3 se

ordenó escucharlo en declaración, pero en calidad de tercero

declarante, condición en la que compareció al proceso y

posteriormente no se expidió acto alguno que lo vinculara como

inculpado.

Explicó que si bien a los dictámenes periciales sobre los daños

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sufridos por el camión y el valor de las consiguientes reparaciones

se le dio traslado a los inculpados para efectos de su objeción,

complementación y aclaración, lo cierto es que en el caso sub

examine no fue posible correr dicho traslado, por cuanto, insiste, no

tuvo la condición de inculpado en tal momento.

Señaló que aunque le otorgó poder a un profesional del derecho

para que lo representara en el proceso, ello ocurrió precisamente

después del fallo de primera instancia, cuando las causales de

nulidad ya se habían configurado.

Afirmó que la documentación del procedimiento administrativo que

se censura demuestra que el fallo de primera instancia se emitió el

11 de noviembre de 1998, mientras que el poder se confirió el 1o.

de diciembre de dicha anualidad, por lo que no es dable aceptar

que el hecho de haberse otorgado poder para apelar el fallo de

primera instancia se hayan brindado todas las oportunidades para

ejercer su derecho de defensa.

V. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA

Esta etapa procesal se inició con la concesión del recurso de

apelación, lo que ocurrió el 30 de marzo de 2001 7.

7
Folio 147 del C. 2 expediente físico.

18

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El reparto de este asunto se realizó ante la Sección Tercera según

sello que así lo acredita8 y por auto de 14 de junio se admitió por el

Despacho al que le correspondió su trámite.

Surtido el traslado para alegar de conclusión, únicamente la parte

actora presentó memorial en tal sentido 9.

El Ministerio Público guardó silencio.

Posteriormente, el Magistrado conductor del proceso en la Sección

Tercera ordenó por auto de 25 de enero de 2011, remitir el proceso

de la referencia por competencia a esta Sección.

Avocado el conocimiento de este asunto, en aplicación del artículo

169 del CCA, dispuso por auto de 17 de julio de 2011, la orden al

Ministerio de Defensa para que remitiera copia de la Resolución

1578 de 1993, necesaria para adoptar la decisión de segunda

instancia, requerimiento que se realizó bajo los apremios legales en

cuatro (4) 10 oportunidades por el Despacho conductor.

8
Folio 150 del C. 2 expediente físico.
9
Folios 156-157 del C. 2 expediente físico.
10
Según autos de 17 de octubre de 2013, 25 de agosto de 2014, 17 de julio de 2017 y 21 de febrero
de 2018. El ultimo auto aclaró que la norma que debía remitirse era el Decreto 791 de 1979 (fl. 77
Cuaderno núm. 2), en razón a las explicaciones rendidas por la entidad que debía enviar copia de
dicho acto.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

Esta Sección es competente para proferir la sentencia en este

asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la

C.P.; 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de

Justicia, 129 del CCA y 13 del Acuerdo 080 de 2019 11 expedido por

la Sala Plena de esta Corporación.

6.2. Problema jurídico

En el presente asunto corresponde determinar si se confirma,

modifica o revoca el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de

Nariño, para lo cual corresponde examinar los motivos que se

aluden en el recurso de apelación, los cuales se concretan en

establecer si al actor se le respetó el debido proceso y el derecho a

la defensa durante la actuación acusada, y examinar; i) si se le

vinculó al proceso y ii) si se le permitió el ejercicio de las garantías

procesales que le corresponden, para en ese orden, si tuvo la

oportunidad de defenderse.

No obstante lo anterior, y de manera previa a la decisión de fondo,

es necesario que la Sala determine si estos actos acusados vía

judicial son nulos al haber desaparecido del mundo jurídico, por la
11
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.

20

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

declaratoria de nulidad, el Decreto núm. 791 de 5 de abril de

1979, “Por medio del cual se aprueba el reglamento de procesos

administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados al

servicio del ramo de la defensa nacional”, previa determinación si el

procedimiento y los actos administrativos acusados se fundaron en

esta disposición que se anuló, según da cuenta el fallo de 9 de

diciembre de 2010, proferido por esta Corporación.

6.3 La decisión

6.3.1. Cuestión previa

Para resolver sobre la incidencia y los efectos del fallo anulatorio del

citado Decreto 791 de 5 de abril de 1979 en los actos acusados,

es conveniente identificar el procedimiento adelantado y las normas

que las autoridades invocaron para expedir los actos acusados, a

efectos de establecer si se regularon por esta disposición, así:

• En la decisión de primer grado de 11 de noviembre de 1998, el

comandante del Batallón de Fusileros de Infantería Marina N° 2, -en

su condición de fallador de primera instancia, por competencia

atribuida por el Decreto 791 de 5 de abril de 1979, según se lee

del acto acusado-, dispuso:

21

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

“[…] Sin mas consideraciones el suscrito Comandante,
Fallador de primera instancia, en uso de sus facultades
legales y reglamentaria de conformidad con los parámetros
establecidos en el Reglamento de Procesos
Administrativos, Decreto 791 de 1979, numeral 1012,
literal a.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable
por el daño en el vehículo Ford 600 perteneciente al
Batallón de Fusileros de Infantería de Marina N° 2 a los
señores: […] DHCM SANTA CRUZ MORA GELACIO […]

SEGUNDO: CONDENAR a los señores Sargento Segundo
de Infantería de Marina […] DMCHO SANTACRUZ MORA
GELACIO […] a cancelar la suma de […] $ 12.176.000
como daño del vehículo Camión Ford 600 asignado al
Batallón de Fusileros de Infantería Marina N° 2 […]”

• Decisión de segunda instancia 13 , por medio de la cual se

deniegan los recursos interpuestos 14. En los apartes pertinentes de

esta decisión se destaca frente a las normas que se invocan para el

ejercicio de esta competencia, lo siguiente:

12
“[…] 10. Determinase las siguientes autoridades para conocer, calificar, analizar y fallar en
primera instancia LOS INFORMATIVOS POR PÉRDIDAS O DAÑOS DEL MATERIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS Y DEMÁS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA, O AL
SERVICIO DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA, de la Secretaría General, del
comando general de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los Institutos
Descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional, puestos bajo su
responsabilidad.
[…]
En el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea:
Comandante de la respectiva Fuerza.
[…]
En los casos no previstos en este capítulo conocerán y fallarán, el Secretario General del
Ministerio de Defensa, los Comandantes de Fuerza, el Inspector de la Policía Nacional o el Gerente
o Director del Instituto Descentralizado.
En caso de concurrencia de Comandantes o autoridades competentes para fallar estos informativos,
o en caso de impedimento de parte de algún comandante, Gerente, Director o Jefe, conocerá y
fallará el Oficial que designe el Secretario General del Ministerio de Defensa o el Comandante General
de las Fuerzas Militares, o el respetivo Comandante de Fuerza, o el Director de la Policía, o el Gerente
o Director, según sea la entidad en donde se presente tal evento.
PARAGRAFO.- Las cuantías consideradas en este capítulo podrán ser actualizadas por el Ministerio
de Defensa Nacional por medio de Resolución. […]”
13
Folios 163 a 168 Cuaderno de antecedentes.
14
Se refiere a los interpuestos por los señores D3CHO GELACIO SANTACRUZ MORA y el SSCIM
RENTERIA MENA EDWIN.

22

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

“[…] Por último, estudiado en todas sus partes la
investigación administrativa contra los señores […] DMCHO
SANTACRUZ MORA GELACIO […] como lo exige la
disposición legal N° 791 del 05 de abril/79 . El Comando
de la segunda Brigada Infantería de Marina en uso de sus
facultades legales que le confiere la norma antes
mencionada en su capítulo V, numeral 10, capítulo VIII,
numeral 28, así se pronunciara:
[…]
Que dentro del informativo Administrativo si existió la
competencia y la jurisdicción adecuada para fallar por parte
del Comando del Batallón de Fusileros de L.M. N° 2, e
igualmente no se incurrió en errores relativos al nombre y
apellidos de los acusados. Por tal razón no se dio nulidad
alguna de las que se encuentran taxativamente descritas en
el Numeral 30, Capítulo VII del Decreto 791 de 1979.

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Nieguese con (sic) efecto se niega,
lo solicitado en el memorial de apelación elevado por el
doctor […], abogado defensor del señor D3CHO GELANCIO
SANTACRUZ MORA […]

[…]

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar como en efecto se
confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia,
proferido por el señor Comandante del Batallón de Fusileros
de LM N° 2, el once (11) de noviembre de 1998 […] contra
los señores […] D3CHO SANTACRUZ MORA GELACIO […]”

De la anterior transcripción se tiene que las autoridades que

expidieron los actos acusados lo hicieron invocando

exclusivamente el procedimiento administrativo fijado en el

citado Decreto 791 de 1979, esto es, en la norma que fue anulada

mediante la sentencia de 11 de octubre de 2006, en relación con la

expresión “prescribe en dos años”, contenida en el numeral 34 y el

resto del decreto, por la sentencia de 9 de diciembre de 2010,

como se lee de la parte resolutiva, así:

23

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

“[…] Primero. De oficio, se declara probada la excepción
de cosa juzgada con relación a la expresión “prescribe en
dos años”, contenida en el numeral 34 del Decreto 791 de 5
de abril de 1979, proferido por el Gobierno Nacional, “Por
medio del cual se aprueba el reglamento de procesos
administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados
al servicio del ramo de la defensa nacional”. En consecuencia,
estése a lo resuelto por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia de 11 de octubre de 2006, dictada dentro del
proceso de nulidad radicado con el No. 2002-00414, con
ponencia del H. Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Segundo. DECLÁRASE la nulidad de todas las demás
disposiciones contenidas en el Decreto mencionado en
el numeral anterior […]” (Destacado fuera de texto)

Conviene traer a colación, que el fundamento de esta decisión se

soportó en las siguientes consideraciones:

6.2.2.Falta de competencia del Gobierno Nacional para
establecer la responsabilidad patrimonial de los
servidores públicos por vía administrativa.

En el capítulo anterior se concluyó que el decreto acusado
reguló una forma de responsabilidad administrativa derivada
de la conducta de los servidores públicos, distinta de la
responsabilidad fiscal.

Por ello se puede concluir que al expedirlo el Gobierno
Nacional no violó las normas constitucionales que reservan a
la Contraloría y excepcionalmente a los particulares el
ejercicio del control fiscal.

Pero no puede concluirse que el Gobierno Nacional
tuviera competencia para regular la responsabilidad
administrativa de los servidores del ramo de la defensa
nacional de que trata el decreto demandado.

En efecto, el artículo 62 de la Constitución de 1886, vigente
cuando se expidió el decreto demandado, establecía: “La ley
determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y
modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes
necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de

24

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o
militares que dan derecho a pensión del Tesoro público”.

La norma comentada establecía sin duda una reserva
legal sobre con relación a la responsabilidad de los
funcionarios y el modo de hacerla efectiva. Reserva que
consagró igualmente el artículo 124 de la Carta de 1991 al
establecer: “La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”.

Como el Decreto demandado no tiene rango legal, es
evidente que viola la disposición constitucional que
estableció la reserva de ley y de contera el principio
constitucional de legalidad, de acuerdo con el cual, las
autoridades sólo pueden ejercer las competencias que
la constitución y la ley les asignan expresamente,
fundamento del Estado de Derecho.

En el encabezamiento del decreto demandado, el Gobierno
Nacional pretendió justificar su expedición invocando sus
“facultades legales” sin precisar cuáles.

En el CAPITULO 1 – GENERALIDADES – (…) 3.FUNDAMENTOS
LEGALES, señaló lo siguiente: “a) Decreto No. 2335 de 1971,
Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. b) Decreto No.
1415 del 24 de junio de 1977, por el cual se determina el
material de guerra de las Fuerzas Militares. c) Estatuto de
Control Fiscal para el Ministerio de Defensa Nacional. d).
Código de Justicia Penal Militar. e) Reglamento de Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares y el de la Policía
Nacional. f. Reglamento de Procesos Administrativos por
pérdidas o daños de material de guerra, FF-MM. 4-001,
público. g). Reglamento de “Procesos Administrativos
por pérdidas o daños de material automotor terrestre
de las Fuerzas Militares”, FF-MM. 4-13, Público”.

Aparte de que el decreto acusado no señala específicamente
la norma de los estatutos invocados que habrían
facultado al Gobierno Nacional para reglamentar la
responsabilidad del personal al servicio del ramo de la
Defensa Nacional por la pérdida o daño de los bienes a
su servicio, es evidente que dichos estatutos no hubieran
podido facultarlo pues constitucionalmente esa materia estaba
sujeta a la reserva de ley, y continúa estándolo.

Conviene agregar a las breves consideraciones anteriores que
el tema materia de estudio fue objeto de consulta ante la Sala
de Consulta y Servicio Civil, quien en sus conceptos ha
predicado la inconstitucionalidad del Decreto
demandado. En el último de ellos, el No. 1668 de 22 de
septiembre de 2005, señaló:

25

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

“…El decreto en especial fija los procedimientos para
investigar, conocer, calificar y fallar los
“informativos administrativos”, entendidos éstos
como “(...) el conjunto de diligencias que se
llevan a cabo para establecer las causas de la
novedad, el responsable o responsables y el grado
de responsabilidad, considerándose como el
fundamento de los fallos de primera y segunda
instancia en donde se exonera o declara
administrativamente la responsabilidad del acusado” –
artículo 1.1.d) y 1.20.b) -. El artículo 1.9.b) precisa que
“(...) todo informativo que se adelante en razón del
presente Reglamento, se tramitará independientemente
de la investigación penal a que hubiere lugar, o de la
acción disciplinaria (...)”.

Además precisa que: (i) todo miembro de las entidades
a que se refiere “responde” personalmente por
los bienes que le hayan sido encomendados para
uso, custodia, administración o transporte; (ii) las
personas pertenecientes a las entidades a que se
refiere el reglamento, que usen, administren, custodien
o transporten los bienes allí aludidos, “son responsables
de la pérdida o daño que sufran”, cuando no provengan
del deterioro natural, de su uso normal o legítimo, o de
otra causa justificada; (iii) “La responsabilidad fiscal
de los empleados de manejo de bienes se limita a
los que bajo cualquier título tengan en existencia
en sus almacenes y los que les hayan sido
entregados para su servicio o el de su oficina”;
(iv) “el valor de los daños o pérdidas que administrativa
15
o fiscalmente se declaren a cargo de una persona,
será descontado de su sueldo o prestaciones, conforme
al fallo administrativo proferido por el superior
jerárquico, sin perjuicio de la acción disciplinaria o
penal a que haya lugar” – art. 1.7 –

[…]

Las anteriores reglamentaciones no eran compatibles
con las disposiciones de la Constitución de 1886, pues
para la fecha de expedición del decreto 791 de 1979 el
artículo 62 de la misma disponía: “la ley determinará
los casos particulares de (…) responsabilidad de los
funcionarios y modo de hacerla efectiva…”, mandato
que consagraba la reserva legal sobre la materia.

En igual sentido, el artículo 124 de la Carta de 1991
mantuvo la competencia exclusiva del legislador
ordinario o extraordinario para determinar “la
responsabilidad de los servidores públicos y la manera
de hacerla efectiva” 16. Así las cosas, corresponde a la

15
El Reglamento entiende por acción administrativa “(...) la facultad que tiene el Estado a través de los
comandantes o autoridades competentes para adelantar un informativo, a fin de conocer y establecer si
se han infringido los Reglamentos, bajo que circunstancias de modo, tiempo y lugar, por quien, quienes o
en qué forma debe sancionarse a los responsables, determinando los perjuicios causados.”
16
Ver arts. 88 , 91, 210 ibídem

26

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

ley delimitar la potestad punitiva del Estado, consagrar
los procedimientos, las instancias, las autoridades
competentes para conocer de los respectivos procesos,
las garantías derivadas del derecho fundamental al
debido proceso contemplado en el artículo 29 de la C.
P., normatividad que resulta contrariada por los
decretos 791 de 1979 y 1932 de 2000, en los apartes
que tocan con la consulta.

Así, atendiendo la finalidad de los decretos en mención
y la reserva legal a que están sujetas las materias a
que se hizo referencia, debe precisar la Sala: a) las
normas relativas a la gestión fiscal y a los procesos de
responsabilidad derivada de ella, deben entenderse
derogadas por la ley 610 de 2000, que regula
íntegramente el tema; b) respecto de las disposiciones
que reglamentan actividades distintas a las de gestión
fiscal, atinentes a la recuperación de los bienes
dañados o perdidos, cuya custodia, uso,
administración o transporte haya sido
encomendado a servidores públicos del ramo de
Defensa Nacional, procede su inaplicación por ser
contrarias a la Carta. No obstante para asegurar la
protección del patrimonio público convendría tramitar
una ley que establezca este tipo de responsabilidad y
un procedimiento expedito – con plena garantía del
derecho de defensa – a fin de obtener la reparación del
daño.

[…]

La Sala concluye que el Decreto acusado fue expedido sin
competencia por parte del Gobierno Nacional, porque
cuando lo profirió regía el artículo 62 de la Constitución
de 1886 que establecía la reserva de ley en materia de
responsabilidad de los funcionarios y el modo de hacerla
efectiva; reserva de ley que fue reiterada por el artículo 124
de la Carta Política de 1991.

La falta de competencia del Gobierno Nacional para regular
cualquier forma de responsabilidad de los servidores públicos
constituye motivo suficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda […]

6.3.2. Efectos de la sentencia anulatoria en las situaciones
jurídicas no consolidadas

Precisado lo anterior, es decir, verificado que el trámite

administrativo que derivó en los actos cuestionados se adelantó en

27

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

ejercicio de las competencias atribuidas a las autoridades allí

identificadas y en observancia de las sanciones que se delimitaron,

resulta necesario que la Sala identifique qué efectos produce tal

declaratoria de nulidad en las situaciones jurídicas no

consolidadas, a fin de establecer cuál es la decisión que

corresponde adoptar.

Con tal fin, la Sala identifica la tesis que la Corporación propugna

en esta materia 17, así:

“4.4.1 Efectos «ex nunc» y «ex tunc» en la sentencia
que declara la nulidad de un acto administrativo
general

44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un
acto administrativo de carácter general, demandado a través
del medio de control previsto en el artículo 137 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), el artículo 189 ibidem no señala
ningún efecto en el tiempo que deba dársele a esa decisión;
tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta
Corporación, a partir de las diferencias que existen entre
declaración de nulidad y de inexequibilidad18.

45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una
consecuencia restitutoria, como lo señala el artículo 1746 del
Código Civil: La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la
fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido
sobre el objeto o causa ilícita.

46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia
contenciosa administrativa, que los efectos de los fallos que

17
Consejo De Estado Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo Sala Novena Especial De Decisión
Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radicación número: 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación
explica que, la primera figura, «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia
jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la segunda, «no
desconoce la realidad de la vigencia anterior de la norma inexequible», lo que conlleva a que no se
desconozcan las situaciones jurídicas constituidas.

28

Número único de radicación: 52001-23-31-000-1999-00869-01
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc19, ya
que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento
jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario
que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia
queden como estaban ab initio, ya que no de otra manera
podrían restituirse las cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden
predicarse de situaciones jurídicas particulares que no
están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se
han definido, porque se encuentran cuestionadas en
sede administrativa o judicial.

48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones
consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en
vía administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos de nulidad
no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc20.

49. Respecto de lo anterior, la Sala Especial de Decisión No.
4, en sentencia de 4 de diciembre de 201821, puntualizó:

En esas condiciones, se considera que la unificación más
adecuada, de cara a lo expuesto, es indicar que ambas
tesis son complementarias, como lo ha esbozado la
Sección Cuarta desde la siguiente consideración: "El
fallo de nulidad de un acto de carácter general no
afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir,
que sus efectos ex nunc, pero sí afecta las no
consolidadas, lo que significa que en este caso sus
efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en
relación con estos últimos actos PRODUCE EFECTOS
RETROACTIVOS". El alcance de dicho predicado
jurisprudencial no es otro que los efectos de un fallo de
nulidad del acto general son ex nunc, respecto de las
situaciones jurídicas consolidadas debido a su
connotación de certeza, firmeza y de imposibilidad de ser
discutidas. En contraste, las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten
ante las autoridades administrativas o ante la
autoridad jurisdiccional, que son sub júdice y, por
ende, pasibles de ser judicializadas, debatidas,
analizadas y decididas, el efecto de la nulidad es
inmediato, lo que quiere decir que para el
momento en que se define la situación particular
debe tenerse en cuenta que el juez ya no puede
aplicar la norma o el acto administrativo anulado
dada su inexistencia derivada de la declaratoria de
nulidad con efectos ab initio.

19
«desde el origen» o «desde siempre».
20
«en adelante» o «desde ahora»
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 4 de diciembre de
2018, expediente 66001-33-31-002-2007-00107-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez.

29

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

50. Esta decisión también indicó que los actos administrativos
particulares derivados, subsisten por sí mismos con todos sus
atributos 22 sin que se vean afectados por la decisión de
anulación del acto general en que se fundamentaron, pues no
existe la figura de la «nulidad consecuencial o por
consecuencia» o «nulidad ex officio». En otras palabras, la
anulación del acto general no conlleva la nulidad de los
actos particulares derivados, pues es indispensable que
sean cuestionados en sede administrativa y judicial.

[…]

51. Así las cosas, la declaración de nulidad de un acto
administrativo general no necesariamente afecta las
decisiones particulares o derivadas, por cuanto ello pende
de si están o no consolidadas y, mucho menos, conlleva su
invalidación automática, consecuencial o exoficio […]”

De manera que la declaratoria de nulidad del acto general y la

aplicación de los efectos ex tunc a los actos de contenido

particular que se han cuestionado judicialmente, imponen para el

juez contencioso una única decisión, que es la de declarar también

su nulidad porque al ser una situación jurídica no consolidada, es

claro que dicha nulidad afecta de manera directa su legalidad,

independientemente de que los motivos de cuestionamiento

coincidan o se hayan solicitado como inaplicación de la norma

general.

Ciertamente, tales efectos son el resultado del fallo anulatorio 23 y

han de considerarse al momento del estudio de legalidad de los

actos particulares que se expidieron con fundamento en aquel, esto

22
Entiéndase como atributos los de: validez, presunción de legalidad, publicidad, ejecutividad,
ejecutoriedad, obligatoriedad y estabilidad. Ver: C1436 de 2000, T-475 de 1992; Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017.
Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00152-01
23
Esto a pesar de que no se expresen en la decisión judicial.

30

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es, debe preceder a un estudio de verificación y que son el

resultado del acto general anulado.

Esta Sección de manera reciente y en aplicación de estas reglas

jurisprudenciales tuvo la oportunidad de pronunciarse en los

siguientes términos:

“[…] 6.4.5. Es claro, pues, que los actos administrativos que
dieron sustento a las resoluciones que aquí se controvierten
fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Sobre el particular, en la sentencia T-121 de 201624, la Corte
Constitucional sostuvo que: “[…] los fallos de nulidad
proferidos por el Consejo de Estado tienen efectos ex tunc,
es decir, retrotraen la situación a cómo se encontraba
antes de haberse proferido el acto anulado, sin afectar
las situaciones jurídicas que se consolidaron, las cuales,
conforme la jurisprudencia de lo contencioso administrativo,
son aquellas que han quedado en firme, o han sido objeto de
pronunciamiento judicial, es decir, que han hecho tránsito a
cosa juzgada, por tanto, no son susceptibles de debatirse ni
jurídica ni administrativamente. Frente a situaciones jurídicas
consolidadas (...). (Subrayas de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, las sentencias por medio de
las cuales el Consejo de Estado declara la nulidad de
actos administrativos tienen efectos ex tunc —‘desde
entonces’ o ‘desde el inicio’—, lo que quiere decir que
retrotraen las cosas al estado en que se encontraban
antes del momento en el que fueron expedidos, aunque no
afectan las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, las
que no hubieren sido oportunamente controvertidas ante la
respectiva autoridad administrativa o ante la jurisdicción, o ya
han sido decididas en esas instancias. […]”25.

24
Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de
agosto de 2025. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 08001-2333-000-
2013-99112-01. Actor: CARBONE RODRÍGUEZ Y CIA. S.C.A. ITALCOL S.C.A. Demandado: DIAN M.P.
Oswaldo Giraldo López.

31

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

También se precisó 26:

“[…] 64. Además, la jurisprudencia ha señalado que el fallo
que declara la nulidad de un acto de carácter general surte
efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas
o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, esta Sección, en sentencia de 24 de mayo de
201927, abordó este asunto en los siguientes términos:

“[…] 77. En ese sentido, es preciso indicar que esta
Corporación judicial, de forma mayoritaria, ha advertido
que los efectos retroactivos de las sentencias de
nulidad de los actos de carácter general, son
inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, “[…] aquellas que se debaten ante
las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, toda vez que cuando se
define la situación jurídica particular y concreta, la norma
que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta
inaplicable porque fue declarada nula […].

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de
mayo de 2025. Radicación núm.: 08001 2331 000 2012 00361 01. Demandante: Transportes
Monterrey Ltda. Demandada: Área Metropolitana de Barranquilla. M.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez
Sánchez, radicación: 11001-03-15-000-2019-01321-00, sentencia de 24 de mayo de 2019.
En igual sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, CP: María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 11 de diciembre de 2014, radicación
número: 76001-23-31-000-2005-05532-02. “[…] Resulta de gran importancia aclarar que los actos
administrativos demandados son de carácter general y fueron demandados en acción de nulidad,
consagrada en el artículo 84 del C.C.A. que busca reparar el orden jurídico general; sin embargo, el
Consejo de Estado reiteradamente ha considerado que los efectos de la nulidad de los actos
administrativos de carácter general, son retroactivos, es decir que las cosas deben volver al estado
anterior; pero también ha limitado los resultados retroactivos a casos en los que no haya situaciones
jurídicas consolidadas, es decir aquellas que dejaron de ser susceptibles de controversia o
impugnación. En efecto esta Corporación ha sido reiterativa en este sentido: “Respecto a los efectos
de la declaratoria de nulidad, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala, al precisar que éstos son
“ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el moment o en que se profirió el acto anulado.
Igualmente se ha indicado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general,
afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto, que al momento de producirse el fallo
de nulidad, se encontraban impugnadas ante las autoridades administrativas o estaban demandadas
ante la jurisdicción contencioso administrativa.” También se consideró en jurisprudencia reciente:
“Respecto del efecto de esta sentencia que declara la nulidad de un acuerdo que reguló una amnistía
tributaria a favor de los contribuyentes, se precisa que no es distinto al previsto para aquellos
acuerdos que imponen obligaciones tributarias. Lo anterior por cuanto los actos jurídicos normativos o
actos generales de tipo regla, al igual que la ley, una vez se publican y rigen causan un efecto: el
efecto de estar ya en el ordenamiento jurídico. Es el efecto de formar parte del ordenamiento jurídico.
Pero todavía por ese solo hecho no necesariamente causan un efecto particular y concreto.
Dependerá de cada situación. Una vez se declara la inexequibilidad, la nulidad o la invalidez de un
acto general, de un acto regla, de una ley, deja de producir el efecto esperado, esto es, deja de ser
parte del ordenamiento jurídico. […]”.
En igual sentido, se puede consultar el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 5 de marzo
de 2019, Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00217-00(2403), CP: Germán Alberto Bula
Escobar, en el cual se abordó el alcance de los efectos de la declarat oria de la nulidad declarada por
el Consejo de Estado sobre el Decreto 3366 de 2003. En esta oportunidad se dijo: “[…] No obstante,
precisa la Sala, al retrotraerse las cosas al estado anterior a la expedición del acto, solo se afectarán
aquellas situaciones no consolidadas o las que al tiempo de producirse el fallo eran objeto de debate o
susceptibles de ser controvertidas ante las autoridades judiciales o administrativas. […]”.

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

78. Ello significa que los efectos ex tunc, no afectan las
situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales
las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular
y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede
administrativa ni en sede judicial. […]”. (Negrilla fuera del
texto)

De las decisiones transcritas se aprecia con claridad que ante la

existencia de un fallo declaratorio de la nulidad del acto general,

las actuaciones jurídicas no consolidadas adquieren de inmediato

los efectos que tal determinación producen, las que para el caso

equivale a que desaparecen los fundamentos jurídicos que se

invocaron en su expedición.

Conviene aclarar y reiterar que aunque el reproche planteado

contra los actos particulares y concretos que aquí se debaten no se

dirigió de manera concreta al cargo de incompetencia en el que

se fundó la declaratoria de nulidad del acto general, es deber del

juez de lo contencioso aplicar los efectos anulatorios de la

norma general, por cuanto: i) tal decisión irradia el ordenamiento

jurídico y prevalece de manera objetiva sobre los asuntos que se

encuentran pendientes de decisión judicial, como ocurre en este

caso, toda vez que no se ha resuelto la segunda instancia; ii) al

juez le está vedado aplicar una disposición que ha sido declarada

nula bajo los efectos ex tunc, pues en el contexto jurídico esta

norma "nunca existió"; y, iii) como excepción al principio de la

justicia rogada, la declaratoria de nulidad de la norma general es

un hecho jurídico nuevo, posterior y vinculante que el juez

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Actor: Gelacio Santacruz Mora

debe integrar y considerar en su decisión para que no sea contraria

al derecho vigente.

Entonces, de acuerdo con los razonamientos en precedencia, se

tiene que al desaparecer el fundamento legal del acto particular

con ocasión de la nulidad de la norma general el juez debe declarar

la nulidad del acto administrativo particular para restablecer la

legalidad objetiva, sin que el principio de justicia rogada resulte ser

un obstáculo para proferir tal decisión, al estar los actos acusados

fundados en normas que para el momento de la definición de esta

controversia resultan inexistentes.

6.3.2 Caso concreto

Advertida la declaratoria de nulidad del Decreto 791 de 5 de

abril de 1979, decisión adoptada por el Consejo de Estado en las

sentencias de 11 de octubre de 2006 y 9 de diciembre de 2010, en

razón a que el Gobierno Nacional lo expidió sin competencia y

transgredió el principio de reserva de ley que rige en esta materia,

es claro que tal declaratoria debe considerarse en el examen de

legalidad que se efectúe.

Para la Sala, de acuerdo con el análisis previo que se realizó, los

actos acusados se fundaron en el Decreto 791 de 1979, sustento

de la decisión de responsabilidad que se le impuso al actor. De ahí

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

que en virtud de los efectos inmediatos que se produjeron al

declarar la nulidad de dicho decreto y que no se estaba ante una

situación jurídica consolidada debido a que aún no se había

definido esta controversia ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, resulta procedente declarar la nulidad de los actos

acusados y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Ahora, es oportuno reiterar que si bien es cierto el cargo de

incompetencia no fue planteado como argumento de violación en

los cargos de nulidad de los actos acusados, también lo es que para

este momento en el que se profiere el fallo de segunda instancia

el Decreto 791 de 1979 ha desaparecido del mundo jurídico por

cuanto fue anulado, decisión que irradia la situación que cuestiona

el actor en cuanto se define luego de tal declaratoria.

Se insiste en que las situaciones jurídicas no consolidadas son

aquellas que son susceptibles o están siendo discutidas en la

instancia administrativa o ante la jurisdicción contenciosa, de

ahí que en estos actos acusados recaigan los efectos inmediatos de

la nulidad.

Entonces, ante la declaratoria de nulidad de los actos aquí

acusados, a título de restablecimiento del derecho, se declarará

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA no está obligado al

pago que se le ordenó por la declaratoria de responsabilidad por el

daño del vehículo Ford 600 perteneciente al Batallón de Fusileros

de Infantería de Marina; y en caso de que la misma se haya hecho

efectiva a través de descuento por nómina, habrá de ordenarse el

reintegro únicamente del valor que le correspondió asumir al actor,

con su debida indexación, de conformidad con lo establecido en el

artículo 172 del CCA.

Por todo lo expuesto, concluye la Sala que en este caso se logró

desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan los actos

cuestionados, por la declaratoria de nulidad del Decreto 791 de

1979, lo cual impone revocar la sentencia de 9 de marzo de 2001,

proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual

se denegaron las súplicas de la demanda por las razones que

anteceden.

6.4 Condena en costas

Atendiendo al resultado del proceso, la clase de acción que se

promovió y la instancia en la que se tramitó, la Sala considera, de

conformidad con lo previsto en el artículo 171 28 del CCA, que no

28
“[… ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998 Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil […]”.

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

hay lugar a condenar en costas, por cuanto no se acreditó conducta

temeraria por la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de marzo de 2001,

proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,

se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo de 11 de

noviembre de 1998, expedido por el Comandante del Batallón

de Fusileros de Infantería Marina, por medio del cual se

condenó al señor al pago del daño ocasionado al vehículo Camión

Ford 600 asignado al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina

núm. 2; y del fallo de segunda instancia de 29 de abril de 1999,

emanado del Comandante de la Segunda Brigada de

Infantería Marina de la Armada Nacional, por medio del cual

se resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación

interpuesto, por las razones expuestas en esta providencia.

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Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Gelacio Santacruz Mora

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA

que el señor GELACIO SANTACRUZ MORA no está obligado al

pago ordenado en los actos administrativos identificados en el

numeral anterior. En caso de que el pago se haya hecho efectivo a

través de descuento por nómina, se ordena el reintegro del valor

que fue asumido por el actor, con su debida indexación.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: Una vez quede en firme la presente sentencia, por

Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Salva voto

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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